Brumadinho 70 días después: Infinitas realidades de un mismo crimen

Reportaje publicado en  Agencia Latinoamerica y Caribeña de Comunicación (ALC) – A 23 de abril de 2019 

Rodrigo Zaim R.U.A/Christian Aid BRASIL-

Más de dos meses pasaron desde el 25 de enero. Hace más de dos meses que la vida de las personas de la región de Brumadinho (MG), se estacionó en el crimen cometido por la minera Vale do Rio Doce, de la represa Córrego do Feijão. Dos meses después del “alboroto” de la prensa tradicional y su cobertura cuantitativa: Número de muertos, desaparecidos, supervivientes, inversiones que cayeron, “dineros” perdidos.

  

De acuerdo con el informe de la SOS Mata Atlántica, divulgado en el último día 22 de marzo, el rompimiento colocó casi 13 millones de metros cúbicos de desechos de minería en el río Paraopeba, dejando el ecosistema local devastado, muerto.

Se detectó la concentración de hierro, manganeso, cromo y cobre, además del nivel de turbidez del agua sobrepasando los límites legales establecidos por el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama).

Alzira de Fátima, residente de la región cuenta que en los primeros días después de la ruptura, era posible ver pedazos de cuerpos humanos y muchos animales pasando por el curso del río. Ahora pregunta lo que será de ella, que cocinaba para los pescadores y se quedó sin ninguna renta. Al mostrar el cultivo de mandioca que tiene en el patio, pregunta: ¿Crees que puedo comer eso? No tengo el coraje… Está tan cerca de ese río contaminado. Debe estar contaminado también”.

En el caso del río Paraopeba, hay muchas personas cuyo sustento dependía de él. Pescadores, habitantes del lecho del río que vivían de la economía local generada por la pesca o plantaban su propio alimento, ahora aguardan los desdoblamientos.

Por medio de un Fondo de Respuesta Rápida de ACT Alianza, desde finales de abril el Foro Ecuménico ACT Brasil (FEACT), con la coordinación de KOINONIA, está actuando junto al Movimiento de Afectados por Represas (MAB), con apoyo psicosocial, distribución de agua y alimentos para familias afectadas.

Además, el trabajo también se dio en alianzas con el Ministerio Público (MPF), la sección local de Minas Gerais de la oficina del Defensor del Pueblo (DPU), la Iglesia Católica y el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC-MG).

Débora Matte es psicóloga de formación y actuó como orientadora y monitora de los equipos de atención psicosocial de la articulación MAB/FEACT – KOINONIA.

En cuanto a la naturaleza, Débora cuenta como se sintió al ver aquellos árboles de guayaba en el patio de una de las casas que fue a visitar durante el trabajo del grupo del apoyo psicosocial, “será que la gente no va a acabar comiendo esa guayaba en alguno tiempo? ¿Tiene una huerta llena de lechuga en el patio, ellas no van a nunca más poder tomar una hoja para colocar en el plato? “.

El MAB acompaña, denuncia y auxilia a las personas afectadas por el crimen en Brumadinho desde el 25 de enero, por medio de los equipos de voluntarios/as que se desplazaron a toda la cuenca del río Paraopeba y lo largo del río São Francisco, donde el lodo y la contaminación comienzan a llegar, dos meses después de la ruptura.

Desde enero, cerca de 760 familias están siendo acompañadas con apoyo psicosocial por medio de visitas a las casas; en el amparo a los habitantes en necesidades de emergencia, como para mantener la unidad de las comunidades y ayudar a la acción de los comités comunitarios locales; apoyo en asambleas para acceder a informaciones sobre desaparecidos, entre otras demandas específicas.

En la distribución de alimentos y agua potable fue posible alcanzar un número de 1390 familias atendidas, sumando las alianzas con las iglesias.

Considerando lo que sucedió en Mariana, es fundamental la presencia de organizaciones sociales, entre ellas las ecuménicas, para sumar y garantizar que la población no quede desamparada y vulnerable a los acuerdos propuestos por la Vale. La presencia de las Iglesias, del Movimiento de Afectados por Represas, Foro Ecuménico, entre otras, garantiza un equilibrio en la región y un apoyo para el protagonismo de las personas afectadas luchando por reparaciones y compensaciones.

Una de las conquistas fue la negociación junto a las comunidades y al Ministerio Público para indemnizaciones y medidas compensatorias por la Vale en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais.

Después de la decisión judicial, Vale deberá pagar:

  • Para las personas del Municipio de Brumadinho, mensualmente por 12 meses – Un salario mínimo para cada adulto;
  • – Medio salario mínimo ( sm) para cada joven o adolescente;
  • – y 1/4 de salario mínimo para cada niño/niña.
  • Para las personas a lo largo del Paraopeba, que viven en un radio de 1 km, a cada lado del canal de río:
  • – Las mismas indemnizaciones provisionales decididas para Brumadinho: 1 s.m. por adulto, 1/2 s.m por joven o adolescente y 1/4 s.m. por niño, mensualmente por 12 meses.

Los crímenes como lo que ocurrió en Brumadinho no son aislados ya que la lista de impactos y amenazas provocadas por grandes empresas en relación al uso de bienes comunes no es pequeña en Brasil ni en otros países de América Latina. Mientras estos países sean tratados y legitimados como quintal de empresas como la Vale, crímenes como Brumadinho y Mariana, continuarán ocurriendo.

¿Y las vidas que quedan?

Débora y otros socios relataron que se hizo común en la región oír historias de niños dibujando cuerpos, sangre y helicópteros, en una señal clara de la experiencia vivida. La moradora Sara de Souza Silva cuenta sobre el trauma en sus hijos, que ya no pueden dormir solos.

“Para mí, Vale tenía que sacar todo el mundo de aquí. ¿Cómo los niños van a crecer con ese recuerdo? ¿Cómo va a quedar la cabeza de ellas en medio de ese fango? “. La región presenta escenarios distintos y complejos. En el centro de Brumadinho, la vida intenta mantener una normalidad, y las familias de la región de la Córrego do Feijão piensan en cómo seguir de aquí en adelante.

La relación con el gobierno local y la compañía Vale hace las cosas más difíciles, ya que ambos demostraron intereses mutuos en el debilitamiento de las negociaciones de mitigación. La población afectada está participando en comités (10 comités con una media de 100 familias cada uno) formados con la ayuda de la articulación del MAB/FEACT – KOINONIA desde la primera semana después del desastre.

Se comprobó que la minera responsable se infiltró con falsas víctimas en comités familiares, utilizó control digital ilegal, movilizó móviles donde había un trabajo del equipo psicosocial con niños y contrataron profesionales psicosociales. Ocasionando un flujo de voluntarios externos muy grande, con la propia comunidad relatando incomodidad con la situación.

La articulación MAB/FEACT – KOINONIA no sólo mejora la acción de coordinar las listas de familias atendidas y servicios de abogacía libre, pero también procura garantizar una contribución más sostenible a largo plazo, ya que con la experiencia adquirida en casos semejantes, la reconstitución y garantía de derechos puede tardar años.

Débora cuenta que se conocieron como “el personal de la casita”, pues se acabó estableciendo un círculo de confianza con la comunidad. “La gente acaba creando un vínculo con las personas. Las familias querían que la gente fuese en los velorios con ellas, se sentían seguras cuando veían al personal con nuestra camiseta. Llamaban a la gente a ir en las casas. Entonces ellos ven a la gente y ya saben que son personas con quienes ellos pueden conversar”.

Es necesario oír el dolor de las personas, y nosotros estamos allí para eso

Escuchar con empatía. Este es el verbo más utilizado por Débora cuando cuenta sobre el trabajo realizado por el equipo del apoyo psicosocial. Un dolor que no puede medirse, pero puede ser escuchado.

“Y cuando las operaciones terminen y la gente se olvide?, era una pregunta que Débora dice haber escuchado con frecuencia. No sólo ella, sino otras personas del equipo.

El apoyo psicosocial del MAB está allí para oír y dejar que aquellas personas sientan ese dolor. El momento es de dolor, y ellas necesitan sentir eso, estamos allí para sentir eso con ellos. Si no va a convertirse en un síntoma psíquico en algún momento después, no tiene como abrazar ese momento. Estamos allí para animar a la gente a hablar de sus dolores, ¿como ellos, como comunidad pueden organizarse para enfrentarlo juntos? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las demandas?

Incomoda aquel discurso que dice que la persona tiene que dar gracias a Dios porque no murió. Ella no murió, pero su vida está destruida. Perdió prima, tío, abuela, perro, la casa, la tierra. No es sólo dar “gracias a Dios”.

Nuestro papel es dar protagonismo a lo alcanzado. Porque normalmente son personas que no están acostumbradas a ser protagonistas. Es el mayor apoyo psicosocial que podemos colaborar con ellos. Hay muchas entidades que quieren colocar a esas personas en el papel de débiles. Y ese papel no favorece a la persona, ella necesita hablar y entender lo que está pasando.

La ciudad respira, despierta, duerme, almuerza y cena el crimen

El centro de operaciones de rescate está en la ciudad de Brumadinho. Entonces no tiene pausa, los helicópteros no paraban, usted estaba en la misa y los cuerpos sobrevolaban sobre usted; usted estaba hablando con las personas en la calle y pasabs otro cuerpo volando. Porque aunque estén en las bolsas, sabes lo que es. Y la gente está a la sombra de eso.

Otra cosa frecuente allí eran las sirenas. De madrugada, llovía, tocaba una sirena. Y nadie sabía el motivo de la sirena, no tiene ningún tipo de preparación para huir si otra cosa sucediera, no tiene entrenamiento de ruta de fuga, por otra parte, la otra minera vecina, de la MIB, continuó funcionando hasta que la justicia bloqueó su operación.

Hubo una noche que fui a conversar con un bombero, yo y un periodista, porque la gente escuchó un ruido extraño. Y la población allí, a la merced de las otras represas, de la falta de información. Es lo que me parece más cruel, la falta de información de Vale para con las personas.

Familias que perdieron cuatro, cinco personas. Es una situación que no tiene pausa. La vida de las personas hoy es la ruptura. Se detuvo el día 25. Todo el mundo conoce a alguien que murió. De dos a cinco velorios al día. El olor de la muerte está allí, aquel olor de pudrición.

Usted se lava el pelo y el pelo no se limpia

El agua que llega a la casa de la gente, nadie sabe de dónde viene. La Vale daba una noticia, pero de ahí nadie tenía confirmación de qué tipo de agua estaba siendo distribuida. Nadie veía el tal del camión abastecer.

No sabía si el agua era buena o mala, entonces el pedido era no beber ni cocinar, para eso sólo con agua mineral.

Yo me ensucié una parte de mi piel con el fango en uno de los días, y no salía. Me quedé tratando de sacar la mancha por más de 4 días. ¿Y quién vive allí? Eso está en el patio de su casa. Incluso tiene familia en el Córrego do Feijão que está viviendo sobre el lodo. Porque no quiso salir de allí, y es un derecho de ella. ¿Usted toma una familia entera y pone en un hotel, y después? El hotel es para una situación provisional. No es una cosa para que te quedes un mes, dos meses.

Las raíces de las personas fueron invadidas por el lodo, es el bien material e inmaterial

Para la Vale, quien es alcanzado es el agricultor. O las personas que perdieron un familiar o las que perdieron una casa. Pero hay alcanzados visibles y también los invisibles. Por ser una comunidad de interior, las personas viven mucho de subsistencia.

Prácticamente todas las casas tienen gallinas, huertas, frutas, y todo eso queda prohibido para el consumo. ¿Y cómo quedan esas familias y esos alimentos que son de ellas y ellas ya no pueden consumir? Porque eso es un tipo de renta que no es posible de ser comprobado.

Por ejemplo, un señor vino a buscar a la gente porque estaba teniendo problemas en el trabajo. El jefe estaba amenazándolo porque no estaba consiguiendo ir a trabajar por la falta de transporte.

Con el rompimiento de la represa, la carretera que conecta el Córrego do Feijão al centro de Brumadinho quedó prohibida. La gente tardaba dos horas en llegar al centro. Se quedaron aislados. No tenía autobuses, y no todo el mundo tiene coche.

Y tuvo una pelea en la justicia para que Vale suministrara transporte a la población. Siempre decimos a las personas que pueden exigir este tipo de cosas. Es un derecho de ellas. Porque en la cultura brasileña tiene una cosa que parece que la gente no conoce sus derechos. Entonces la persona se queda a merced.

Incluso explicarles que no necesitan un abogado, pueden contar con la defensa pública. Ellas pueden hacer una comisión, recurrir colectivamente, porque el colectivo tiene más fuerza que el individual. Y eso acaba protegiendo.

Foto: Rodrigo Zaim R.U.A/Christian Aid

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[MAPA] ¡Esto no Vale!

Mapa temático producido por el grupo de investigación ENVJUSTICE – EJAtlas del Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona 

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

«¡Esto no Vale! Isso não Vale! Operaciones de Vale S.A. y conflictos socioambientales» un mapa temático de los conflictos socio-ambientales en el mundo causados por los proyectos mineros y de infraestructura de la empresa Vale S.A. Estos incluyen explotaciones mineras y represas de relaves como los que se rompieron en Mariana (2015) y Brumadinho (enero 2019) provocando la muerte a centenares de personas y dejando un panorama desolador de contaminación de tierras y ríos.

 

Este mapa fue coproducido por alrededor de treinta académico-activistas, investigadores independientes y activistas locales. Los autores de las fichas de los casos en EJAtlas se indican al final de cada ficha. Agradecemos a las organizaciones y colectivos que compartieron sus datos sobre los casos y que se movilizan y luchan todos los días en sus territorios, en los tribunales y en sus hogares. Un agradecimiento especial al Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens (MAB), Articulação Internacional da Atingidos e Atingidas pela Vale, Movimento Aguas de Gandarela, FASE, Jubileu Sul Brasil, Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) e o grupo de pesquisa de Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, Mining Watch Canada, JATAM Indonesia. 

El 25 de enero de 2019, un mar de lodo barrió edificios administrativos, el comedor de de la mina Córrego do Feijão y parte de la comunidad de Vila Ferteco en Brumadinho, Brasil, provocando el enterramiento y la muerte de más de 300 personas. Una tragedia humana y ambiental, inconmensurable y anunciada. Una vez más, la rotura de una represa de desechos en Minas Gerais, después del desastre de Mariana en 2015. Una vez más, la minera Vale estaba involucrada.

Esta compañía posee, en Brasil y en los demás países donde opera, una colección importante de casos de conflicto (la empresa opera en 27 países; en diez tiene oficinas, en catorze tiene proyectos activos y en tres países opera extracción de recursos naturales). Los conflictos se deben a violaciones de derechos humanos, procesos de licitación ambiental y compensaciones cuestionadas, multas ambientales no pagadas, daños irreversibles al medio ambiente y la destrucción de modos de vida de poblaciones indígenas y comunidades locales.  

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

En el presente trabajo, con la contribución de investigadores y miembros de movimientos sociales de diferentes países, se han recopilado alrededor de 30 casos de conflictos ambientales donde la empresa Vale tiene sus operaciones. Éstos muestran cómo las negligencias, los descuidos y el terror vivido por la poblaciones afectadas por las tragedias de Brumadinho y Mariana, son sufridas y se repiten sistemáticamente dentro y fuera de Brasil. Esta muestra de casos incluye las voces de los que dicen: “No fue un accidente. Fue un crimen”.

Hace poco más de tres años, en Mariana, Brasil, la región de Río Doce fue completamente destruida por los desechos que bajaron de la represa del Fundão y que recorrieron más de 700 kilómetros hasta llegar al mar. Diecinueve personas murieron y decenas de familias perdieron sus casas por quedar completamente destruidas (Ver el mapa de las afectaciones de los accidentes de Brumadinho y Mariana).

Curiosamente, de Río Doce proviene el nombre originario de la Vale: Compañía Vale do Rio Doce (CVRD). En esta región del Estado de Minas Gerais, donde la empresa estatal CVRD surgió en 1942, es también la región donde ha crecido el miedo y la inseguridad debido a la instalación de numerosas represas. Otras poblaciones próximas, por ejemplo, a la Sierra de Gandarela y en Nova Lima, MG, también sufren los graves impactos en contra de la vida por los proyectos mineros y hoy en día, luchan contra la expansión de los proyectos de la Vale.

Este mapa ha sido creado gracias a la coordinación, investigación y trabajo gráfico del grupo de investigación EJAtlas en la Universitat Autónoma de Barcelona (Daniela Del Bene, Sara Mingorría, Grettel Navas, Lucrecia Wagner, Raquel Neyra, Max Stoisser), de Yannick Deniau del colectivo Geocomunes de Mexico y de Beatriz Saes de la Universidad Federal Fluminense. El texto aquí arriba es de Beatriz Saes.

>>Visita el mapa: ¡Esto no vale¡ Isso ñao Vale! Operaciones de Vale S.A y conflictos sociambientales<<

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Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?

Comunicado la Red Mexicana de Afectados y Afectados por la Minería (REMA)- A 6 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<


El lunes 18 de marzo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de varios días en los que la incertidumbre del sector minero ponderó, a causa de las declaraciones que salieron desde la dirección de minas, en las que se anunció la revocación de concesiones mineras que presentaran irregularidades, finalmente, descartó la revocación de concesiones mineras, incorporando a su discurso la solicitud para que las empresas mineras canadienses cumplan con los mismos estándares que siguen en su país de origen.

“Lo único que pedimos es que actúen igual, como están obligados a hacerlo en Canadá. Que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen”, (AMLO conferencia de prensa matutina).

Nos impresiona que quien conduce este país tenga tanta ignorancia sobre un tema que lleva años generando serios problemas y gravísimos daños a la salud y al ambiente, un problema que se impone con sangre y ocasiona despojo y desplazamiento forzado, no sólo en México, sino en toda Latinoamérica y por supuesto, también en Canadá.

Los asesores que usted tenga, si es que los tiene, también deberían prepararse para que lo orientaran mejor y evitar que quede totalmente expuesto por el gran desconocimiento que deja ver con las palabras con las cuales, de “manera sencilla y simplista” expuso la temática minera.

Los daños, el despojo, el desplazamiento forzado están plenamente documentados en todo el mundo y, por si fuera poco, más allá de quienes desde la inversión protegen sus intereses, está claro que la minería no es un modelo de desarrollo para los pueblos, ni aquí ni en Canadá. En consecuencia, ¿De dónde saca usted Sr. presidente de México, que la minería en Canadá es un Modelo a seguir?

Canadá, a través de sus embajadas en el mundo, es quien pregona e impone leyes mineras a modo para que esta industria, inscrita en las bolsas de valores de Canadá, florezca a costa del saqueo y despojo que ocasiona en los países del mundo. De ese país también surge la retórica de la minería socialmente responsable, la “verde”, y la “sustentable”, todos criterios, que en la práctica no sólo son falsos, sino son una ofensa para quienes sufren las consecuencias de esta mal llamada industria de progreso y desarrollo.

Ese país igualmente es promovente de un marco 100% voluntario para las empresas mineras canadienses que operan en más de 100 países en el mundo, partiendo desde las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de “Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”, atiende a los estándares creados por las mismas empresas sobre “oro libre de violencia”, de buen manejo del cianuro, y ha instrumentalizado las universidades y académicos como un brazo de la política exterior de Canadá a través del Instituto Internacional de Canadá para Recursos y Desarrollo, y a partir de todo ello, construye un discurso lleno de barbaridades y retóricas que son un insulto cuando se les compara o contrasta con la verdadera dimensión de los daños que ocasiona. Ese país protege a sus empresas del no pago de dobles tributos fiscales, algo que, ya debería saberlo usted Sr. Presidente, está inscrito en los tratados comerciales.

Además, Canadá ha sido un fuerte promotor de los tratados y acuerdos para la protección de inversionistas extranjeras que les permite a las empresas mineras recurrir a tribunales supranacionales para demandar a los estados cuando hay medidas que afectan sus inversiones y ganancias y, por si fuera poco, llevan algunos años tratando de crear una figura denominada “Ombudsperson”, la cual demuestra que el gobierno canadiense no sabe qué hacer con la cantidad de quejas internas e internacionales que tienen por las terribles violaciones ocasionadas por las empresas mineras canadienses, de tal manera que, están en la antesala de abrir una oficina de atención, que será igual como muchas otras que hay en el mundo, no tendrá carácter vinculatorio para ni siquiera garantizar que se implementa sus posibles recomendaciones a las empresas o el estado, mucho menos servirá para meter a la cárcel a los dueños de esta industria que atenta contra la vida. Por lo tanto, estamos seguros será una oficina en donde se maquillarán, con respuestas laxas y débiles, la atención de casos y se sumará a las ya mencionadas estrategias de administración de conflictos. 

En 2017, Canadá ya tenía 63 minas metálicas en operación y la enorme cifra de más de 1,800 proyectos mineros en fases preliminares hasta 2018 (de acuerdo al Departamento de Recursos Naturales de Canadá), además de la descomunal cifra estimada de 10 mil minas abandonadas…sí…10 mil minas abandonadas, aunque vale la pena mencionar que ni siquiera en Canadá hay total exactitud sobre esta inmensa cifra, porque varias provincias, tal como sucede en México, no comparten la información como debería de ser.

El mayor desastre ambiental de la historia minera en Canadá ocurrió no hace muchos años, justo cuando le presumían al mundo que utilizaban la más alta tecnología del planeta. El 4 de agosto de 2014, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (propiedad de la empresa Imperial Metals), la cual arrojó 25 mil millones de litros de desechos tóxicos quedando destruida y para siempre, la quebrada Hazeltine y vertiéndose en el lago Quesnel, en el centro de la provincia de Columbia Británica, zona prioritaria para la reproducción de salmón e importante para los pueblos indígenas y las comunidades no indígenas que viven en la zona. Casi cinco años después, ni el gobierno provincial ni el gobierno federal ha aplicado ninguna sanción, multa o castigo a la empresa.

¿Otro ejemplo? La mina Gigante, que operó de 1948 a 2004 en el territorio noroeste de Canadá. Durante su proceso de explotación dejó un “producto secundario” altamente tóxico en cantidades absurdamente grandes: 237 mil toneladas de arsénico trióxido que mantienen congeladas y bajo tierra, lo cual es suficiente para acabar con toda la población del planeta. La empresa ya se marchó, así que es el estado canadiense, y en este caso, la población de Canadá con sus contribuciones, quienes deben pagar el mantenimiento de esta bomba de tiempo que supera $1 mil millones de dólares.

Tampoco es casualidad que, tal como sucede en México, en Canadá la legislación ambiental sea laxa y permisiva. En la provincia de Ontario, una jurisdicción principal para la minería en Canadá, no es obligatorio una revisión ambiental antes de construir una mina o iniciar actividades de exploración minera.

También las minas en Canadá operan protegidas a pesar de las resistencias y la oposición de la población; la mina Malartic (propiedad de Yamana Gold y de Agnico Eagle), una gran mina de oro a tajo abierto en medio de un centro urbano, tan sólo en el periodo que va del 2008 al 2015, ha cometido más de 171 violaciones a las leyes ambientales y más de 2,000 incumplimientos de las normas ambientales oficiales.

En Canadá las empresas que han dejado más de 10 mil minas abandonadas, en teoría legalmente están obligadas a hacer “remediaciones” en aquellos sitios que explotaron minerales, sin embargo, casi nunca realizan la remediación. Se estima que el costo de remediación para los miles de lugares contaminados por la minería, entre ellos sitios activos, suspendidos y abandonados, costaría arriba de $9.1 miles de millones de dólares canadienses, por lo tanto, sólo hacen pequeñas acciones que son toleradas por el estado y que están muy pero muy lejanas del costo real. Basta ver lo sucedido con la mina Tulsequah Chief, en el norte de la provincia de Columbia Británica, que ha generado drenaje ácido por décadas y contaminación con metales pesados en el río Tulsequah, fuente importante abasto para la pesca de salmón comercial y tradicional. A pesar de múltiples órdenes por el gobierno provincial para remediar este sitio y múltiples estudios pagados desde el presupuesto público, la contaminación persiste. El gobierno provincial no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política, para asumir el problema, prefiriendo depender de las empresas. Sin embargo, las empresas involucradas han entrado en la bancarrota sin la capacidad económica para operar una planta para el tratamiento de aguas, lo cual sería necesario para atender la contaminación que este sitio genera permanentemente.

Ante la voracidad de la minería moderna y los métodos empleados para la extracción de recursos, la idea de “remediación” de las zonas explotadas, es una burla al intelecto humano, es algo que no hay forma de que pueda ser considerado serio, menos aun científicamente posible, sobre todo por los costos significativos que ello implicaría. Los programas de remediación y cierre son expresiones cosméticas.

En Canadá las empresas mineras tampoco respetan a las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. Bajo el concepto legal de “libre entrada” las empresas prácticamente pueden explorar cualquier zona (tal como ocurre en México). Hasta ahora, es la organización y la movilización social en defensa del territorio lo único que ha logrado detener los proyectos mineros a lo largo de nuestro continente. Se puede citar la lucha ejemplar para la defensa del territorio de las hermanas y hermanos del pueblo indígena Tsilqot’in y pueblos vecinos, y su lucha para defender el lago ‘Tetzan Biny’ (traducido ‘el Lago de Peces’), en el oeste de Canadá quienes, tras 20 años de lucha, lograron detener un proyecto minero. No fue con la ley, como supone debe ser, sino con lucha, con resistencia, con ejercicio y defensa de los derechos desde los propios pueblos, construyendo unidad y peleando durante repetidos procesos de revisión ambiental, porque el estado canadiense, al igual que el mexicano, se basa en un marco legal y político colonialista que aún facilita el despojo y la destrucción ambiental.

Al igual que sucede en México, en Canadá las empresas aportan una miseria a la economía del país. Según una investigación, en 2018 de los pagos a gobiernos reportados por las empresas mineras canadienses, y debido a muchos mecanismos en Canadá para minimizar impuestos y regalías sobre las operaciones mineras, las autoridades canadienses recaudan un porcentaje del valor del mineral extraído mucho menor comparado con otros gobiernos en el mundo. No por nada nueve provincias y territorios de Canadá son dentro de las veinte jurisdicciones más atractivas para la inversión en la minería según el último informe del Fraser Institute

La Asociación Minera de Canadá destaca que el aporte de la minería al PIB en Canadá ha variado entre 2.7 a 4.5%, siendo 3.3% en 2017, lo cual incluye el procesamiento de minerales y la fabricación de productos secundarios. Considerando únicamente el valor de la extracción de minerales metálicos sería 1%. Además, es también falso que estas empresas generen tantos empleos aquí o en Canadá. En 2017, la extracción minera y servicios relacionados generó apenas el 0.7% del empleo total.

Cerramos diciendo que, hace apenas unos días se hizo público que el estado canadiense enfrenta la primera demanda sobre la responsabilidad que tiene por su diplomacia minera en contexto de conflicto y el aumento de peligro para las comunidades afectadas por la minería fuera de Canadá. 

Es una pena que las y los políticos de nuestro país sean porristas de quienes son los principales artífices de la depredación minera en el mundo. Canadá no es un ejemplo a seguir, es todo lo contrario, es de donde nace, se refresca y se impone el modelo mundial de extracción de minerales.

La responsabilidad del estado mexicano es proteger y resguardar a su gente, los bienes naturales y nuestro territorio. Para ello debe haber un compromiso con la vida y no con la muerte, ni menos con el dinero. En REMA le queremos decir que ello es posible Sr. presidente, países hermanos lo han logrado sin miedo, sin retóricas, lo han hecho tomando en cuenta la historia y el sufrimiento de la violencia generada por la minería, como lo demuestran las y los hermanos de la República de El Salvador, en donde un pueblo valiente hizo valer su derecho y su razón ante las y los legisladores hasta que estos establecieron la prohibición de los proyectos de muerte.

TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afetados por la Minería

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Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio

Artículo publicado por Radio Canadá Internacional (RCI)  

Por Leonora Chapman, amlat@rcinet.ca, 26 febrero, 2019 

Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa. 

– Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica

>>Escuche la entrevista<< 

Un reciente artículo publicado por el Globe and Mail llamó nuestra atención directamente por el título: “La gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.”

Allí se señala que la mayoría de nosotros no asociamos los negocios canadienses con ataques y asesinatos. Pero que entre 2000 y 2015, 44 personas murieron como resultado de la violencia que rodea a las mineras de propiedad canadiense en América Latina.

El Globe cita un estudio de 2016 llevado a cabo por Shin Imai, un profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y que destaca, entre otros, que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Estas atrocidades, señala el Globe, rara vez son titulares en Canadá. Las víctimas son pobres y viven en lejanos países en desarrollo. Pero eso está cambiando dice el Globe.

Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.

¿Qué le dice a usted ese título del Globe and mail?

“Me alegro de alguna manera que por fin el Globe and Mail está empezando a informar más profundamente sobre este problema. Lo está tratando como un problema sistemático a través de la industria minera. Estoy muy de acuerdo”.

Russell dice que le sorprende que el Globe and Mail informe sobre esto. Porque con excepciones, la prensa en Canadá no ha estado reportando correctamente sobre la amplitud de los problemas que las mineras canadienses están causando en muchas partes del mundo.

El director de Rights Action conoce muy bien los casos de Honduras y Guatemala porque está trabajando desde hace años en esos países apoyando a las comunidades indígenas afectadas por media docena de mineras canadienses. Grahame recuerda que en los casos en donde ellos se involucraron hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente. “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”.

En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad dice Grahame.

Por donde pasa la solución

“En un país como Guatemala, que conozco bien, el tema no es cambiar un poco el comportamiento de las mineras canadienses. El estado guatemalteco es un estado corrompido, es antidemocrático, es un gobierno y estado racista y explotador. Y las compañías canadienses con el apoyo del gobierno canadiense, están haciendo negocios “felizmente” con ellos”.

Para el profesor de la Universidad del Norte de Columbia Británica, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medioambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local. Este es el punto central del informe del Globe and Mail analiza Grahame Russell y “en este sentido es correcto”.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Russell conoce muy bien el caso porque estuvo involucrado desde los inicio. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. Rights Action está apoyando a la comunidad afectada en este caso. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Esos son los tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos que se ha dado en Guatemala en el caso de Hudbay Minerals y Tahoe Resources, y en el caso de Nevsun en Eritrea.

En el caso de que alguna de estas tres compañías pierda el juicio, eso tendrá implicaciones muy importantes. Básicamente, significará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Es en Canadá donde se tiene que hacer justicia

Los casos avanzan en Canadá, no solamente porque es muy difícil conseguir justicia en países como Guatemala, Honduras y Eritrea, dice Grahame Russell.

“Están avanzando en Canadá porque es aquí donde se toman las decisiones de fondo. Aquí es donde se debe hacer justicia porque son compañías de canadienses y estadounidenses, con inversionistas de ambos países, con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Aquí es donde se toman las decisiones de fondo, donde se implementa todo. Es aquí donde se tiene que hacer justicia. Porque aquí se encuentran los actores principales”.

Cada vez se habla más en Canadá de las consecuencias del trabajo de las mineras canadienses en países extranjeros ¿Cómo lo explica?

Se debe a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad, y de ciertas ONG en Canadá dice Grahame Russell. La exigencia, la energía, la demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses.

Las demandas vienen de las víctimas de esos países, cuyas quejas llegan a Canadá a través de las ONG en Canadá, de los grupos de solidaridad. Vienen de canadienses que trabajan en esos países donde operan esas mineras.

Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Rights Action es una ONG canadiense involucrada desde hace mucho tiempo en el desarrollo comunitario, el medio ambiente y el trabajo de derechos humanos en toda América Central.

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[Artículo] El Salvador: Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro

Artículo publicado en Diario Co Latino sobre los impactos de la minería en El Salvador – A marzo 2019

El Salvador es un país agua dependiente, en gran porcentaje, de una sola cuenca hidrográfica: el río Lempa. De él se abastece buena parte de la población para el consumo y producción de energía eléctrica. Este río, aunque su mayor recorrido lo hace en territorio salvadoreño, nace en Chiquimula, Guatemala.

Recorre una parte de suelo hondureño y entra por el norte del país. En la cuenca alta, Santa Ana, es alimentado por el lago de Guija, un embalse natural en el que desemboca el río Ostúa, un río tributario al Lempa, afectado directamente por la actividad minera en Cerro Blanco. En conclusión, las actividades de la explotación minera guatemalteca están contaminando el río Lempa. 

Cidia Cortes, investigadora de la Universidad Luterana Salvadoreña, sostiene que en total Guatemala ha concedido 344 licencias de exploración y explotación minera, de las cuales siete están cercanas a El Salvador.

Una de estas es la mina Cerro Blanco que, actualmente, pretende explotar más de 20 kilómetros cuadrados de mina de oro y plata. Sin embargo, pareciera que “hasta la naturaleza está en contra de la mina”, expresa Cortes, pues está ubicada sobre una zona geotermal. Las estimaciones de producción de la empresa es que la mina ha de producir 952 mil onzas de oro y 3.14 millones de onzas de plata, durante nueve años de vida útil.

A simple vista parecen las estimaciones de una empresa visionaria, sin embargo la historia va más allá de las proyecciones actuales. Según información del Colectivo Madre Selva, fue en 2004 que la empresa Entre Mares S.A., subsidiaria de la empresa Goldcorp, presentó un Estudio Ambiental Inicial, mismo que fue rechazado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por inconsistencias de información.

Un año después, en conformidad al art. 20 de la Ley de Minería de Guatemala, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental, que fue rechazado bajo el mismo argumento del anterior, agregando que, según la minera, no habrían impactos ambientales. Al poco tiempo, el entonces presidente Oscar Berger cambió de sección a la directora de la Unidad de Gestión encargada de recibir estos reportes.

En junio de 2007, la minera presentó el mismo estudio y fue aceptado por la nueva directora de la Unidad, la Dra. Eugenia Castro Modonessi. Madre Selva expresó el 23 de julio de ese año su oposición al proyecto, ya que a su criterio no reunía información necesaria para ser aprobado. Sin embargo, el 14 de agosto la empresa recibió el beneplácito gubernamental.

Más adelante el ministerio recibió fragmentado el proyecto Cerro Blanco en temas relativos al funcionamiento: tratamiento de aguas, dormitorios para los empleados, entre otros. Toda esta situación obligó a las organizaciones sociales y comunidades de Asunción Mita, municipio al que pertenece la concesión minera, en el departamento fronterizo de Jutiapa, a organizarse y manifestar resistencia al proyecto que ya se había echado a andar. 

Madre Selva en sus investigaciones reconoce que en 2012 el proyecto Cerro Blanco solicitó al Ministerio de Energía y Minas un cierre temporal de dos años, esto a causa de “fallas técnicas e inundaciones en el túnel”. Durante el proceso de preparación de la extracción, la empresa llegó hasta la reserva de agua geotermal que se ubica bajo el cerro.

Este líquido fluye a una temperatura entre 80 y 120 grados celsius. Contiene un alto nivel de arsénico y metales pesados. Para superar esta falla, la empresa adoptó un modelo de enfriamiento y drenaje de la misma. El agua es extraída de los túneles, vertida en pilas de enfriamiento, pasa a una planta de retención de arsénico y luego es vertida en el río Morán, un río de invierno, tributario del río Ostúa.

El arsénico no es el único metal que diversas investigaciones han encontrado en los sedimentos de los ríos Morán y el compartido Ostúa, tanto en la parte de Guatemala como en la de El Salvador. Según la investigación de Cortes, hay presencia también de plomo, cadmio y cromo, metales pesados que son nocivos para la salud humana y la vida de los ecosistemas de la zona.

En mediciones hechas por su equipo de trabajo se puede observar el nivel alarmante de contaminación. Lo ideal, señala, es que no hubiera presencia del metal, sin embargo hasta 5.9 ppm, unidad con que se mide la presencia de metales en sedimentos, son tolerables para el ser humano y la fauna marina. En el caso Morán, en 2014 se registraron 35.57 ppm y en 2018 143.13 ppm; un aumento del 400%. En el caso Ostúa Guatemala, de 16.34ppm se pasó a 125.23 ppm; un aumento de casi el 800%. En el caso Ostúa El Salvador, de 13.86 ppm a 49.82 ppm; un aumento del 360%.

La mina lleva más de 10 años de operar sin haber extracción una sola onza de oro o plata, pero si ha estado drenando cantidades enormes de agua termal con alto contenido de metales pesados tóxicos. Una de las enfermedades señaladas por Madre Selva, que despierta una alerta sanitaria, es el padecimiento a largo plazo de “hidroarsenicismo crónico”.

Este padecimiento se manifiesta a través de irritación intestinal que causa dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. La exposición prolongada al arsénico inorgánico causa patrones de lesiones cancerígenas en la piel. Síntomas que son resentidos desde hace algunos años por los pobladores que residen cerca de la mina, según informa Madre Selva.

La aldea Trapiche Vargas es vecina directa del proyecto minero. Son alrededor de 300 familias las que residen en el lugar. Viviana Palma y Elsa Ramírez convergen en una misma experiencia comunitaria: han sido espectadoras impotentes de la muerte de los ecosistemas que ofrecían sustento a los pobladores. Por un lado, Palma enumera las enfermedades visibles entre las personas del lugar: enfermedades de la piel, intoxicaciones, pérdida de la vista y el oído.

Para agravar la situación, el terreno fue dinamitado agrietando paredes y dejando inhabitables casas de bajareque. El personal de la mina prometió ayudar en la reparación, sin embargo en los casi 20 años de proyecto minero, sólo un trayecto de calle ha sido construido. A pesar de la consciencia que se ha ganado con los años, muchas personas resultan indiferentes a la lucha anti minera, pues esta es la única fuente de ingresos, en una zona donde con dificultad llegan los servicios básicos que un Estado debe propiciar para sus ciudadanos.

Han sido varias las organizaciones e instituciones que han conocido la problemática que trae consigo el proyecto minero. Una de ellas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), pues cuenta con un informe, desde 2013, donde detalla recomendaciones especificas al Gobierno salvadoreño, mismo que es el responsable de tutelar o realizar las acciones para velar por la protección de los derechos de su población.

Guatemala también ya tiene ese expediente, según expresa Ana Guevara, procuradora adjunta de la PDDH. Fue de esa manera que se buscó un mecanismo, a través del mandato constitucional del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) para establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Este acuerdo se firmó el 12 de noviembre de 2018. El acercamiento inició cuando ambas instituciones de Derechos Humanos, impulsaron “acciones de fortalecimientos de capacidades al personal, en el tema exclusivamente de derechos humanos y empresas. Iba encaminada a establecer mecanismos de cooperación ya sea en el tema de promoción, en el tema de incidencia y también el seguimiento a casos que estuvieran vinculadas a violación de empresas”, dice Guevara.

Una posible violación es la contaminación de un río que no sólo abastece a comunidades de Asunción Mita, sino también la cuenca alta del río Lempa, es decir buena parte de El Salvador se ve afectado. Los mandatos constitucionales de ambos entes garantes de los Derechos Humanos sólo permite, dentro de su territorio, la emisión de condenas morales y si la acción es más grave, ésta debe notificarse a la unidad fiscal correspondiente.

Por tratarse de una problemática binacional, el camino a recorrer está marcado por la diplomacia internacional. En ese sentido, son los Estados los encargados de buscar establecer un tratado, de común acuerdo, sobre las aguas transfronterizas, así lo señala Luis González de la UNES. Agrega que hasta ahora ha existido una falta de voluntad política sobre todo desde el lado guatemalteco.

Hace seis años se iniciaron conversaciones pero quedaron estancadas. Esto debido a que el país vecino alega la figura de la “soberanía de cuenta”, aunque esta ya está desfasada pues hoy se habla de “cuenca compartida”, sostiene González. Hasta hoy, el único plan en marcha es sobre el trifinio, tal como sostienen los ambientalistas, puede servir como base ejemplar para resolver este caso.

Sin embargo, Julio González de Madre Selva, refuerza la idea que el Gobierno de Guatemala hace poco o nada respecto al tema. Recuerda que si se compara el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es el país con más alto índice de percepción de corrupción, un dato respaldado por Datosmacro.com, y en ese sentido dice que “es una situación donde prevalecen los intereses económicos sobre los Derechos Humanos”.

Leocadio Juracán, diputado del Congreso de Guatemala, apoya esta idea pues expresa que “cuando el Estado debe ser garante de los derechos humanos, garante del bienestar de la población… tenemos un Estado que está desprotegiendo a sus ciudadanos”.

Juracán va más allá, pues desde su trabajo en el Congreso ha conocido de cerca el desarrollo de investigaciones sobre el otorgamiento de permisos mineros. En ese sentido, el pasado 7 de diciembre de 2018 fue citado el ministro de Ambiente, al Congreso guatemalteco, para dar explicaciones de los mismos, además de aclarar un proceso que se está llevando a cabo actualmente: la venta de derechos mineros en Cerro Blanco.

El legislador señala que cada vez más cobra fuerza una hipótesis que le resulta preocupante. Pareciera que la verdadera intención, de una mina que en casi 20 años de funcionamiento no ha producido nada, es buscar un vacío legal para demandar al Estado guatemalteco.

Esta hipótesis es apoyada por Julio González, quien agrega que la empresa interesada en la compra de la mina Cerro Blanco, es una “empresa jr.”, es decir que cuenta con un bajo capital, pero pretende comprar una “ganga”,que tiene oposición de la gente y demostrar que no funciona para así entablar una demanda millonaria contra el Estado, basados en los gastos de inversión incurridos.

Juracán sostiene que el Estado no tiene la solvencia económica para enfrentar una indemnización como esta, similar a la demandada por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y que fue favorable para el país. Su preocupación, afirma, es que el Estado no se niegue a pagar, por el alto grado de corrupción e impunidad que se gesta dentro del mismo, señalado en investigaciones de la CICIG.

Las iniciativas son diversas del lado de Guatemala, pero no encuentran suficiente apoyo. El movimiento Winaq, al que pertenece Juracán, impulsa la idea de suspender durante dos años el trabajo minero y que sea el pueblo, en una consulta popular, quien elija si desea o no que se sigan explotando recursos minerales pesados. “No hemos encontrado, lamentablemente, respaldo para promover y avanzar en esta iniciativa”, dice Juracán, pues de los 158 diputados, al menos ⅔ responden a intereses de las grandes transnacionales.

Del lado de El Salvador, el trabajo de la PDDH y organizaciones sociales ha logrado al menos establecer una ruta de trabajo conjunto. Sin embargo, falta mucho por hacer. Cortes sugiere que una de las necesidades que deben tomarse enserio, es que el MARN de El Salvador monitoree los niveles de desechos que se vierten al río y llegan hasta el territorio nacional, es decir un control técnico científico. Además, Rodolfo Calles de Cripdes, señala que el Estado debe diseñar una estrategia más agresiva, para darle seguimiento al tema desde la vía diplomática.

Por el momento Cuevitas, Bendición de Dios, Arenal Pacheco, El Zorrillal, El Javiyal, Bonanza y La Portada son las comunidades más cercanas y afectadas. Estas necesitan, según ambientalistas, investigadores y DDHH, el acompañamiento del Estado, desde la diplomacia y desde el acompañamiento territorial, un desafío para el nuevo Gobierno. Un trabajo articulado para poder mantener una frase que reza la oración a la bandera salvadoreña: “Ríos majestuosos”, donde el papel de espectadores pasivos no llegue a obligar a que sea complementada por “Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro”.

Foto: Muerte masiva de peces en Río Lempa, El Salvador (Crédito: El nuevo diario)

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La nueva perversión del Grupo México

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y afectados por la Minería (REMA)- a 27 de febrero de 2019      >>Descargar el comunicado en pdf<<

Cuando pensamos que las empresas mineras han llegado al límite de la perversión, siempre se presentan hechos “nuevos” que nos sorprenden.

Grupo México, es una de las empresas más desprestigiada del país, por la cantidad de afectaciones, ocasionados y daños irreparables a comunidades, al medio ambiente, al personal que labora en la empresa y sus familias. Las pocas amonestaciones que ha recibido Grupo México hasta el día de hoy han sido prácticamente simbólicas, puesto que no han tenido impacto sobre los daños que ha ocasionado, menos aun sobre las utilidades de la empresa, y en consecuencia opera sin consecuencias penales.

Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota-Velasco, el segundo hombre más rico del país, nos vuelve a sorprender con su cinismo, ahora con una estrategia de promoción y financiamiento del proyecto de cortometraje denominado “Nita la minita” mismo que irónicamente está nominado dentro del VI International Youth Film Festival, y en la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE), de Valencia. 

En la realización del cortometraje participan niñas y niños de Nacozari de García, Sonora, quienes, en conjunto con el apoyo de sus familias, hicieron un excelente trabajo creativo. En ese contexto, extendemos nuestra felicitación a las y los niños y sus familiares que participaron y hacemos énfasis en que nuestro posicionamiento y comentarios son hacia y en contra de Grupo México, corresponsable de esta coproducción y su financiamiento, y por ningún motivo están dirigidos a las niñas y los niños que son colaboradores del cortometraje.

El cortometraje habla de minería y pondera a esta actividad como una actividad buena, amigable con el medio ambiente y responsable con aquellas poblaciones en las que se llevan acabo este tipo de proyectos extractivos. Menciona también “lo importante que es, ser tomados en cuenta en las decisiones de la comunidad, sin importar si eres niña, niño o adulto” y justo es sobre su contenido y la perversidad del Sr. Larrea y su empresa, sobre lo que nos manifestamos en contra.

Es del conocimiento público que son varias décadas en las cuales el Sr. Larrea y su empresa Grupo México, han emprendido una infinidad de casos de violación a derechos humanos, transgresión a leyes y reglamentos, asesinatos de opositores, desdeño a trabajadoras y trabajadores, menosprecio a huelguistas en contra de su compañía. Es responsable de ser el principal protagonista en la generación de graves eventos de contaminación y afectación al medio ambiente, atribuidos a negligencia por parte de su empresa, como sucedió en Pasta de Conchos o el río Sonora por mencionar dos de los más emblemáticos, además de ser recurrentes los daños a la salud de las comunidades y personal que labora en la empresa. Refuerzan su permanente actuación basada en el dolo, al mismo tiempo que aprovecha el contubernio con el gobierno y las instancias que se supone deberían someterlo a la rendición de cuentas.

Nuestro posicionamiento contra German Larrea y Grupo México, no se basa en hechos sin fundamentos, porque existe mucha documentación sobre sus atropellos, de los cuales narramos solamente algunos de ellos a continuación:

  1. Grupo México tienen como su principal fuente de enriquecimiento a la minería y el transporte. Su riqueza se ha incrementado y las utilidades establecieron marcas históricas desde 2005, contradictoriamente el año en el que su filial Asarco Mexicana se declaró en bancarrota en EU para no pagar una multa de millones de dólares, ya que sus operaciones contaminantes afectaron gravemente a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas de El Paso, Texas, al presentar altos niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre. En 2015 Grupo México fue acreedor de 10 sanciones monetarias en sus operaciones mineras en México, Perú y Estados Unidos.
  2. Grupo México también es responsable de la peor tragedia humanitaria registrada en Coahuila, que cobró la vida de 65 trabajadores donde una explosión en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, dejó sepultados a 65 mineros. Sólo dos cadáveres fueron recuperados. Los 63 restantes siguen enterrados bajo los escombros, porque la empresa se negó a realizar el rescate.
  3. Grupo México fue tipificada como una de las empresas a nivel internacional con menos ética, después de la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora en el estado de Sonora el día 6 de agosto de 2014, cuando de la pila de lixiviados del proyecto minero denominado Buenavista del Cobre, se derramaron 40,000 m3 de sulfato de cobre y metales pesados altamente tóxicos. En este desastre se reportaron por lo menos 5 mil 70 hectáreas siniestradas; 24 mil personas afectadas; 35 pozos de agua potable y 320 pozos de uso agrícola y ganadero suspendidos. Hasta la fecha no han sido atendidos las y los 22,000 afectadxs directxs menos aún los 250,000 afectadxs de forma indirecta.
  4. En su mina de Cananea los escurrimientos con ácidos son frecuentes, y ya están totalmente contaminados ríos y pozos de agua que han provocado un alto índice de cáncer y otras enfermedades asociadas a la minería en gente de la región. Los trabajadores de Cananea se quejan de malos tratos, bajos salarios y violación a sus derechos laborales, y no son pocos los relatos como los siguientes:»…hemos denunciado y pedimos que pongan atención en que se nos arrebata el contrato colectivo de trabajo, se nos bota a la calle y hoy nos encontramos sin un servicio médico». «Aquí vinieron biólogos, doctores estadounidenses y también mexicanos que realizaron desde el año 2008 estudios a nuestra gente y señalaron que han salido bastante perjudicados en su salud, con problemas como la silicosis, con afectaciones en las vías respiratorias por los contaminantes que inhalamos y obviamente la nula protección de las mascarillas, que no son las adecuadas para este tipo de trabajo«. La contaminación, los daños a la salud y el maltrato laboral son situaciones muy adversas que han cobrado vidas y sigue poniendo en riesgo la vida de más ciudadanas/os de Cananea.
  5. No dudamos que ahora, con el revuelo de la premiación del cortometraje, nuevamente el cinismo y la perversión del Sr Larrea saldrá a relucir y lo usará en las salas CINEMEX, de la cual también es dueño, y literalmente las y los asistentes al cine estarán obligados a mirar un video con un contenido totalmente falso, pero con alto contenido mediático debido a la participación de las y los niños y sus familias.

En síntesis, la realidad que vive la población de los pueblos mineros (niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, y adultos mayores), y en especial en donde hay presencia de minas del Grupo México, es muy distinta al contenido del mensaje del cortometraje “Nita la Minita”.

Desde la REMA condenamos esta maniobra de comunicación y manipulación de Grupo México, por utilizar a niñas y niños de manera dolosa para disfrazar los efectos y consecuencias de su siniestra actividad que es contraria al interés superior de las niñas y los niños con fundamento en el convenio internacional por los derechos humanos de los niños y las niñas, y contrario también a lo manifestado en la carta Derechos de derechos de la niñez, incluyendo lo dicho en los ofensivos principios empresariales en donde señalan que la participación de la niñez no debe ser simbólica ni se debe realizar para aprovecharse de los niñas y niños.

Lamentamos también la falta de ética profesional que en este trabajo ha mostrado el grupo La Matatena, porque ayuda a limpiar la imagen de una empresa a la que no le importa despojar, contaminar o matar. Conminamos a esta organización a no seguir siendo cómplices de los engaños del Sr. Larrea y Grupo México.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

 

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

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VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora 

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

Lucha por la Vida y el Territorio en Solosuchiapa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería- Chiapas (REMA-Chiapas), el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) y Otros Mundos en solidaridad a la marcha-peregrinación en Solosuchiapa – a 27 de febrero de 2019  >>Descargar el comunicado en pdf<<

 

A la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida y el territorio

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, representada por el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) y Otros Mundos A.C. enviamos un saludo fraterno a la Gran Marcha-Peregrinación en Solosuchiapa, Chiapas por la Defensa de la Madre Tierra en Contra de la Minería.

Este 25 de febrero nos unimos a ustedes con fuerza para denunciar los proyectos de minería que lamentablemente se han impuesto en todos los continentes del mundo, en México y en Chiapas. El 14% de nuestro estado esta concesionado para la industria minera, esto significa que existen alrededor de 110 títulos de concesión a nombre de empresas para explotar, contaminar y devastar nuestra tierra, acabar con la vida de los animales, de los bosques y exterminar nuestros ríos. 

Desde la REMA-Chiapas alzamos la voz para gritar con ustedes que no queremos más proyectos de muerte en nuestro territorio. Hace más de 9 años fue asesinado nuestro compañero Mariano Abarca por defender el territorio de Chicomuselo, municipio invadido en ese entonces por la empresa Canadiense BlackFire para imponer la mina Caracol en el Ejido Grecia, antes de su asesinato Mariano fue perseguido, privado de su libertad y amenazado hasta acabar con su vida y lastimar para siempre a su familia. En los municipios de Acacoyagua y Escuintla, desde el 2015 hasta el 2018, las mineras Chinas y de EE.UU también han criminalizado, deslegitimado y amenazado la vida de los y las habitantes que se organizaron para cerrar los caminos a las empresas mineras.

Por este medio agradecemos su lucha compañeros y compañeras, porque ustedes impedirán que las mineras entren a su territorio y evitarán lo que ya nos pasó. En Acacoyagua las mineras nos engañaron, mintieron y finalmente nos dividieron. De los tres proyectos que se instalaron en la región, tan solo uno explotó 49,000 toneladas de titanio, los demás solo reportaron exploración (aunque sabemos que sacaron mucho material), en su conjunto contaminaron nuestros ríos, generaron enfermedades en la piel y en los ojos. Aunque en 2018 logramos la suspensión de actividades de la Mina Cristina, la Mina Bambú y la Mina Casas Viejas estas ya causaron daños irreversibles a las comunidades. 

Es para nosotros y nosotras lamentable que la amenaza de la minería exista en nuestros pueblos y que el gobierno considere que la minería significa desarrollo económico y empleo. Es atroz que el gobierno quiera solucionar las afectaciones de la minería emprendiendo el llamado “Fondo Minero”, que es un programa que propone repartir las ganancias de las mineras a los municipios. Desde la REMA decimos que aunque las empresas mineras nos repartan dinero: No lo queremos, porque la vida no se vende, nuestra tierra y la salud de nuestros hijos e hijas no tiene precio. También es lamentable que junto a las empresas quieran engañarnos asegurándonos que existe la “minería sustentable”, la “minería segura” o la “minería responsable”, porque eso no existe y no ha existido ninguna minera que no contamine, asesine o dañe la vida de las personas y al medio ambiente.

Compañeros y compañeras nos unimos a sus demandas. Es de nuestro conocimiento que en el municipio de Solusuchiapa, Chiapas, hay 5 concesiones mineras donde se registra oro, plata, plomo, cobre y cinc. Las cinco, nombrados como Lotes Santa Fe son de propiedad de la Minera Frisco del multimillonario Carlos Slim, lo que causa gran alerta pues la Minera Frisco ya ha afectado varios estados del país, en Chihuahua y recientemente se asocio con la gran minera Canadiense GoldCorp para continuar con el proyecto Mazapil en Zacatecas. Carlos Slim y sus mineras han despojado y enfermado a cientos de personas, por ejemplo con la Minera Grupo México que derramo 40 mil litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora en 2014 y recientemente.

Nos unimos a ustedes en la resistencia al modelo extractivo minero.

¡No a la Mina!, ¡Si a la vida!

¡Agua para la Vida, No para las Empresas!

Firman:

Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA CHIAPAS:

Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS)

Otros Mundos A.C.

Foto: Marcha-peregrinación en Solosuchiapa, Chiapas. (Crédito: Pbro Marcelo Pérez Pérez)

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Más información: 

Anuncian marcha en Solosuchiapa el 25 de febrero, para liberar la madre tierra de actividad minera 

Marcha-peregrinación exige salida de actividad minera en Solosuchiapa 

El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua “Territorio Libre de Minería”

Solidaridad con las victimas de Brumadinho

Camapaña de solidaridad del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB) – A 14 de febrero de 2019

¿Alguna vez te has imaginado perder tu casa de repente? ¿Y sus vecinos? Como en un diluvio, ver la escuela donde esbozó las primeras letras, la plaza donde dio el primer beso y el campo de fútbol donde constantemente despejaba sus sueños simplemente desaparecer del mapa? ¿Puedes imaginar perder tu familia y amigos? Desafortunadamente, esta experiencia ha sido vivida por millones de personas afectadas por presas en todo el mundo. 

La ruptura de tres represas de desechos en la ciudad de Brumadinho / MG, el pasado día 25 de enero, demuestra cómo las represas afectan de forma violenta a la vida de las personas y cómo el modelo de desarrollo brasileño privilegia a las corporaciones multinacionales en detrimento del desarrollo local y, el bienestar de su población.

El crimen de Vale SA, empresa responsable de Mina Corrigo de Frijol y las represas de mineral de hierro, dejó 157 muertos, 165 personas desaparecidas, entre trabajadores y residentes de Brumadinho, y 133 personas sin hogar. 

Las comunidades de Córrego do Feijão y Parque das Cachoeiras fueron las más afectadas, pero la contaminación por los residuos tóxicos presentes en el desecho causó daño a lo largo del Río Paraopeba y sigue en camino a toda la Cuenca del Río São Francisco. Como en 2015, cuando una represa similar de responsabilidad de Samarco (joint venture de Vale y BHP Billiton) se rompió en Mariana / MG, la empresa (Vale) sigue actuando para evitar el total diagnóstico de los daños causados, el reconocimiento e indemnización de las poblaciones y la responsabilidad de la empresa por los crímenes.

Desde el rompimiento en Brumadinho, así como lo hizo en Mariana, el MAB está presente en las comunidades junto a las familias afectadas, ofreciendo apoyo y orientación organizativa, con base en su experiencia de 27 años de actuación con poblaciones afectadas por represas en Brasil. Esas familias están en lucha para garantizar su derecho a la información, participación en los procesos de negociación y por una indemnización y reparación justa. La reconstrucción de sus vidas, así como la revitalización de todo el ecosistema contaminado, debe realizarse a partir del protagonismo de los afectados por las represas.  #SomosTodosAtingidos

¡Ayude al MAB a continuar actuando en el apoyo a las familias afectadas por presas! 

>>VISITA SU WEB AQUÍ<<

Más información:

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil! 

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale 

¡Ni en Acacoyagua, ni en Brasil! ¡Fuera la minería del mundo!

Con el río Cauca seco el futuro de Colombia es incierto

Comunicado del Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos Colombia – A 6 de febrero de 2019

Los errores técnicos, políticos y económicos de quienes han tomado decisiones sobre Hidroituango han puesto los ojos del mundo sobre la dramática que se vive en el Bajo Cauca antioqueño, cañón del río Cauca y cada vez sobre los efectos que se extienden a toda la geografía nacional.

El Bredunco o Río Cauca pasa por más de 180 municipios de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar, es el segundo Río más largo de Colombia y una de las principales arterías hídricas que genera bienestar y progreso para el país.

Por décadas los afectados por represas en Colombia hemos llamado la atención de que una intervención en la parte baja de cuenca afecta todas las dinámicas aguas arriba y viceversa, ahora los efectos y defectos de Hidroituango nos muestran ese dinamismo pero con una diversidad de hechos, tal vez fugaces, que resultan imperceptibles o tergiversados intencionalmente para que no se entienda que está pasando de fondo.

Una vez más hacemos el llamado a atender estructuralmente la situación que devela Hidroituango que es el único camino para neutralizar el riesgo que sufren comunidades aguas abajo y aguas arriba del embalse, a su vez, éste permitirá atender similares situaciones que han ocurrido con otras represas en el país pero que se han ocultado con sevicia.

Hidroituango es un proyecto lleno de desafíos y contradicciones que no ha podido ocultar sus errores pero a la vez nos puede permitir entender que un modelo energético mediado por el lucro, por la prisa de generar dividendos, por el orgullo de imponer la técnica sobre la racionalidad y de callar las voz de las comunidades que conocen las dinámicas de los territorios y de la vida, no le conviene a ningún país, no le conviene a Colombia y es necesario llevar a cabo una transición energética justa en la que podamos participar quienes vivimos en los territorios y hemos sido afectados por represas, minería, petróleo, gas, fracking y demás proyectos asociados de infraestructura. 

Hoy en el Bajo Cauca vuelve la sensación de incertidumbre de no saber qué hacer, para dónde correr, de no saber en realidad qué está pasando, de no tener información cierta y de vivir con desesperación, esa misma sensación que trae consigo el conflicto armado hace décadas, esa misma sensación de haber visto arrasadas las viviendas el pasado 12 de mayo cuando se vertieron 6.000 metros cúbicos por segundo, por omisiones e irregularidades de Hidroituango, esa misma sensación de hoy ver un caudal que se cercena y seca los sueños y posibilidad de alimentos derivados de la pesca.

Ahora bien, este drama se extiende a toda Colombia, todas y todos somos afectados y afectadas y por ello estamos llamados a transformar de fondo el origen de esta problemática. Recordemos algunos incidentes que deben llamar a la reflexión y acción:

1.      Desde el inicio de esta contingencia las Empresas  Públicas de Medellín (EPM) ha ocultado información no ha dicho lo que realmente ocurre con la represa, se anunció incluso que el Gobernador de Antioquia elevaría una demanda penal contra EPM por el uso de polígrafos con empleados.

 

2.      Se requirieron intensos debates en el congreso y concejo de Medellín, liderados por David Racero y Luz María Múnera respectivamente para que la opinión pública y los afectados pudiéramos tener mayor información. Fue así como se conoció que EPM había prometido 70 mil millones de pesos al consorcio constructor si lograban poner a funcionar Hidroituango a finales del 2018, según lo confesó Germán Alberto Orozco, gerente (e) de Relaciones Externas de EPM, en un informe remitido al congreso de la república en Audiencia Pública.

 

3.      Hoy diversas voces en Cali se han alzado en protesta que han llegado al Senado en vocería de Wilson Arias preocupados por el desabastecimiento de agua de la ciudad a partir de que se acordará vaciar el embalse Salvajina para atender la contingencia de Hidroituango.

 

4.      Los geólogos y demás técnicos que respetan la vida con convicción han llamado la atención sobre los aspectos técnicos que se han pasado por alto, y advirtieron sobre la descompresión de la montaña que hoy se evidencia con la aparición de cárcavas, huecos o con términos nada técnicos que ocultan la situación real. Estas voces sistemáticamente no han sido escuchadas.

 

5.      Las comunidades asentadas aguas abajo de la represa Salvajina en el Municipio de Suárez estuvieron en alerta viendo las riberas del Cauca inundadas dado que el cauce de las aguas había subido a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, estas denuncias en su momento no se han hecho públicas por el intenso conflicto que agobia hoy al Departamento del Cauca y resto de Colombia.

 

6.      Con desfortuna el día de ayer, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) manifestó que el cierre de la compuerta que faltaba les tomó por sorpresa, a nosotros nos toma por sorpresa que la Autoridad Ambiental no esté siendo notificada de maniobras que ponen en riesgo a más de 130 mil personas en Colombia.

A su vez el director manifestó, que esta irregularidad se sancionaría en el curso de dos meses después de ver qué efectos traería la decisión. Aquí queda claro que los llamados de prevención que han hecho los Ministerios no son compatibles con la actuación de la ANLA y viceversa.  

·       Por otra parte, los pasivos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales generados por otros proyectos para las comunidades y el país deben estar en la esfera de la toma de decisiones sobre Hidroituango y la transformación de la política energética en Colombia, recordemos por ejemplo:

·     El vertimiento de 500.000 metros cúbicos tóxicos de la represa Anchicayá por parte de Unión Fenosa, dueña en ese entonces de la EPSA, inundando con barro a más de 3000 familias por más de seis meses en el año 2001.

·       Las afectaciones a la actividad pesquera y agrícola con la represa El Quimbo en el Magdalena y la destrucción del puente de La Plata, Huila, que generó severos impactos económicos para la región.

·      La construcción de Hidrosogamoso cerca de la zona de mayor actividad sísmica en Colombia, las vías sustitutivas que comunican a Bucaramanga con Barrancabermeja, retrasan el desplazamiento por más de cuarenta minutos debido a la inestabilidad de los taludes de la vía. A pesar de ser evidente las fallas el INVIAS recibió esta obra, ¿quién asume los costos derivados del mayor tiempo de transporte de carga y pasajeros así como la reparación de la vía?

·       El secado del río Sogamoso por varias horas fruto de una maniobra de ISAGEN que terminó por no reconocer sus impactos reales.

·      La mortandad de peces sin un plan de contingencia que afectó la cuenca del río Sinú con la desviación del río en 1998. Los peces fueron sepultados con retroexcavadoras sin atender la crisis social y ambiental que esto generó.

·   La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, centrales que han perforado las montañas para desviar las aguas y que han ocasionado la desaparición de ríos y quebradas, tal es el caso de 70 quebradas cercenadas con la construcción de hidroeléctricas en el río Amoyá en el Tolima o el secado de 25 quebradas con el trasvase del río Manso en Caldas.

Todos estos hechos compilan un historial que hace necesario evaluar el papel que han jugado las instituciones de control, identificar los vacíos en la legislación ambiental y determinar responsabilidades de funcionarios y gobernantes de turno, así como la determinación de una ruta que nos lleve a conformar una Comisión Nacional de Represas para la reparación histórica y toma de decisiones de nuevos proyectos hidroeléctricos.

Rechazamos enfáticamente quienes están usando está crisis para justificar nuevos proyectos, la experiencia y la información reportada por la UPME dan cuenta que la demanda de energía en el país, en el mayor escenario de crecimiento de la demanda, estaría cubierta hasta por lo menos el año 2030 sin Hidroituango ni Hidrosogamoso.

En medio de la crisis que nos agobia insistimos en los siguientes llamados que pueden conducir a la solución:

1.      A los CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA Y CONCEJALES DE MEDELLÍN a no desfallecer en la búsqueda de la verdad que conduzcan de fondo a encontrar rutas legislativas que atiendan de fondo la crisis del modelo energético actual en Colombia.

2.      A la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que adelante un estudio detallado sobre los costos económicos de Hidroituango relacionados con la atención de la crisis: los costos invertidos por el gobierno nacional vía UNGRD, de la gobernación de Antioquia, de la empresa EPM, de los transportistas de carga y pasajeros que no han podido operar, de la elevación del costo de vida en los municipios afectados, de las pérdida de empleos  causa de vías destruidas, de la disminución de la productividad en la zona.

3.      Al GOBIERNO NACIONAL para que cumpla con los acuerdos establecidos con la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular – CACEP, donde se debe dar cumplimiento a los espacios de diálogo sobre la política minero energética entre otros, que permiten atender de fondo esta situación de crisis del país.

4.      A las ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA Y EL PAÍS para que se unan a nuestro llamado de movilización social por la defensa del río Cauca y vivir el duelo que genera su secado, así como los otros ríos y comunidades afectadas por este modelo minero energético.

Se conoce que la Gobernacción de Antioquia ha dado la directriz a los alcaldes de no autorizar movilizaciones sociales, el llamado que hace el Movimiento Ríos Vivos Colombia es que la Gobernación de Luis Pérez respalde el llamado que hacemos a las comunidades de todos los ríos del país y las ciudades a movilizarse, a vivir y expresar el duelo que genera ver el río Cauca seco y frente a la indignación que genera no contar con información suficiente y veraz.

¡Exigimos una política de afectados por represas, YA!

¡Exigimos el Desmantelamiento de Hidroituango, YA!

¡Exigimos constituir con premura la Comisión Nacional de Represas

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 

 Firma

Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos

 Foto: Río Cauca seco (Crédito: El Universal)

Más información:

El Río Cauca se debe liberar y a las comunidades escuchar 

El Movimiento Ríos Vivos Colombia llama a resistir a la «dictadura minero-energética» 

[AUDIO] Colombia: «Hidroituango causó más desplazamientos forzados que la guerra en el cañon del río Cauca» 

¡Aguas para la vida, no para la muerte! !Fuera empresas mineras de Brasil!

Comunicado del Movimiento Ríos Vivos Colombia al pueblo brasileño afectado por el rompimiento de represas de la minería en Bounadinho -Minas Gerais –  A 30 de enero de 2019

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos- lamenta el rompimiento de las represas de desechos tóxicos de la minería de hierro que hace varios años realiza la empresa Vale en el Estado de minas Gerais. 

 Enviamos un abrazo energético, solidario y lleno de esperanza para las familias a quienes les arrebató la vida este crimen empresarial. Los ríos de América Latina son las venas por donde circula la esperanza y el progreso de los pueblos, saludamos por tanto con especial afecto a las comunidades pescadoras, agricultoras, campesinas y a todos los habitantes de la cuenca del río Paraopebas las cuales ven desaparecidos sus medios y formas de vida.


Este es un hecho con precedentes, en 2015 la ruptura de la represa de la Minera Samarco filial de la VALE, causó hechos similares que fueron avisados y pasados por alto, dejando en evidencia que los aspectos técnicos para evitar catástrofes similares no fueron atendidos o que los esfuerzos invertidos no fueron los necesarios.

Ahora bien, cientos de familias afectadas, tres años después de ese episodio, en el Río Doce siguen atención, sin el suministro constante de agua, señalados y estigmatizados por los causantes del daño. Esta historia no puede repetirse, debe atenderse a todas las personas afectadas del rompimiento de la represa de la minera Samarco y la de la Mina Feijão en Brumadinho, ambas con participación de la empresa VALE por lo que hacemos un llamado enfático a Fabio Schvartsman –directivo de la empresa- y a los accionistas e inversionistas de la VALE como Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Standard Life Aberdeen PLC, entre otros, para que tomen las decisiones correctas ena tención a sus errores dejando a un lado su interés de generar utilidades al menor costo y priorizar la atención humanitaria y reparación integral de las víctimas. En el mismo sentido, solicitamos a todos los países y grupos inversionistas en la VALE que suspendan su inversión y hagan seguimiento detallado a esta empresa así como otras que podrían causar nuevos desastres ya que las organizaciones brasileñas han identificado hasta el momento posibilidad de ruptura en por lo menos 50 represas más.

Nuestra solidaridad también se extiende a los trabajadores de la empresa y sus familias, dado que el episodio involucró el arrasamiento del restaurante y otras instalaciones de la empresa en horas de almuerzo.

Observamos con preocupación que la empresa minera VALE ha establecido que su misión es “la transformación de los recursos naturales en prosperidad y desarrollo duradero”; los episodios repetidos de ruptura de las represas muestran que la prosperidad para las comunidades de la cuenca del Río Doce y Paraopeba se truncó y el tan anhelado desarrollo los dejó en condiciones indignas. Es necesario el replanteamiento interno de las actividades de la empresa y con urgencia medidas correctivas y reparadoras creadas en acuerdo con las comunidades afectadas e impartidas por las instituciones brasileras que beneficien a las familias afectadas y los trabajadores de la obra.

Estos nefastos episodios en Brasil se suman a los riesgos e incertidumbres que representan las grietas de la represa Yacyretá en Paraguay-Argentina, los errores técnicos en la construcción de Hidroituango que mantiene en alerta roja a todos los municipios del cauce bajo y Cañón del río Cauca, la construcción de Hidrosogamoso en la zona de mayor actividad sísmica en Colombia que ha involucrado deslizamientos permanentes en la vía que comunica a Bucaramanga con el magdalena medio incurriendo en mayores riesgos, tiempos y costos en el transporte de carga y pasajeros, los deslizamientos por erosión de las riberas del río Sinú por operación de la Hidroeléctrica Urrá I que mantienen en vilo a la comunidad del Playón y otras comunidades del Bajo Sinú, la inundación de la casa

de Máquinas en el Quimbo así como la imposición de proyectos que han optado por el asesinato de líderes y lideresas que buscaban justicia y garantías de permanencia en el territorio como el caso de Berta Cáceres en Honduras en defensa del río Blanco frente a los intereses de la empresa DESA, la hecatombe de comunidades indígenas para dar paso a la construcción de la represa Chixoy en Guatemala y otros casos de defensores de ríos que siguen en total impunidad, entre ellos resaltamos al compañero Noe Vasquez del MAPDER en México, Nilce de Souza por Belo Monte en Brasil y Miguel Ángel Pabón en Colombia .

Esta lista de impactos, externalidades y situaciones dramáticas muestran la inviabilidad y costos reales de los proyectos que deben llevar a reflexionar sobre el modelo minero energético que se intenta desarrollar e imponer sobre las voluntades y planes de vida local. Debemos construir alternativas frente a la innecesaria construcción de hidroeléctricas y grandes proyectos de minería metálica, desincentivando el consumo, despilfarro energético y fomentando el reciclaje que son los planteamientos que organizaciones sociales venimos construyendo en el marco de impulsar una transición energética justa.

Seguimos en atención del desarrollo de la tragedia en Brasil, que a la fecha suma más de 600 personas desaparecidas, al tiempo que les animamos a articularse, organizarse y avanzar en la defensa de sus derechos como comunidades afectadas por represas y les invitamos a no desfallecer en la tarea de rodear y fortalecer el Movimiento de Afectados por represas de Brasil – MAB.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 Foto: Rïos Vivos Colombia

Más información:

El Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil (MAB) denuncia nuevo crimen de la minera Vale

Comunidado del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) – A 26 de enero de 2018

Este 25 de enero será marcado por el rompimiento de tres represas de desechos de mineral de la Mina Córrego do Feijão, que forma parte del Complejo Paraopeba. La represa, de responsabilidad de la empresa Vale está ubicada en el municipio de Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Se estima que 14 millones de m³ de desechos fueron despejados en el río Paraopeba, uno de los principales afluentes del Río São Francisco, uno de los ríos más importantes del país. Las autoridades informan que unas 150 personas están desaparecidas. Las evidencias de otro crimen socioambiental de incalculables dimensiones nos agreden nuevamente. El poder público no escuchó a las comunidades y actuó a favor del poder corporativo para flexibilizar las licencias ambientales de ampliación del complejo de represas en diciembre de 2018.

Desde el MAB entendemos que se trata de un crimen continuado por la Vale contra el pueblo brasileño. Se cumplen poco más de tres años del crimen de Samarco con la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, donde ninguna casa fue construída, no sabemos el número de personas afectadas, no tenemos estudios fuertes sobre los impactos en la salud, las mujeres no son reconocidas como afectadas, entre otras tantas violaciones ambientales y de derechos de los afectados. El poder judicial hasta hoy no responsabilizó a ninguno de los directores de las empresas involucradas en el crimen y no aseguró la reparación integral de las familias. Por el contrario, ha actuado en la selectividad punitiva, criminalizando la manifestación de las familias, los movimientos populares y las organizaciones de la sociedad civil.

Es importante destacar que la compañía Vale S.A ya fue una empresa del pueblo brasileño, pero en los años 90 fue privatizada. Lo que vemos actualmente es una gran empresa que actúa para mantener las tasas de ganancia de sus accionistas, sin ningún compromiso con la vida humana y el medio ambiente.

Una vez más estas grandes empresas con la connivencia de los gobiernos demuestran sus prioridad por el lucro en detrimento de la calidad de vida de la población. No hay desarrollo regional, hay destrucción de vidas y contaminación de los ríos y de la naturaleza.

El MAB convoca al pueblo brasileño, por el espíritu de solidaridad y justicia social que nos mueve, a apoyar a las familias afectadas por el rompimiento de la represa de Brumadinho. Ya estamos en la región y estamos mobilizando a muchos afectados y afectadas de todo Brasil en esta tarea de solidaridad y apoyo a las víctimas, junto a tantos otros afectados y afectadas de la cuenca del río Doce y litoral de Espírito Santo ya se han voluntariado al deber de compañerismo.

Seguimos luchando por justicia en Mariana, en Brumadinho, en la cuenca del Río Doce, en el litoral capixaba y en defensa del San Francisco.
Exigimos justicia en este nuevo crimen, y que la muerte de personas, de animales, de los ríos y del medio ambiente no queden una vez más impunes.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

Firma:

Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)

Foto: Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)

Más información:

Los crímenes de la Empresa Minera Vale  

Lo que el barro se llevó

Bento Rodrigues, un año después de la mayor catastrofe ambiental de Brasil 

¡Ni en Acacoyagua, ni en Brasil! ¡Fuera la minería del mundo!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA-CHIAPAS), el Frente Popular por Defensa del Soconusco (FPDS) y Otros Mundos A.C. – A 26 de enero de 2019  >>Descargar el comunicado en pdf<<

A Andrés Manuel López Obrador,

Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos,

Rutilio Escandón Cadenas,  

Gobernador del Estado de Chiapas.

C.P. Elmer Campos,

Presidente Municipal del Acacoyagua. 

¡Ni en Acacoyagua ni en Brasil!

¡Fuera las empresas mineras del mundo!

Este 26 de enero del 2018 el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) exigimos mediante una solicitud que ha recolectado 1796 firmas que el H. Ayuntamiento no otorgue ningún permiso de uso y factibilidad del suelo para la actividad minera en el municipio de Acacoyagua.  Mujeres, niños y niñas nos organizamos para denunciar que somos testigas y testigos de los impactos a la salud, alimentación y medio ambiente de la minería a la tierra y a nuestros cuerpos, pues desde el 2012, los proyectos de explotación de Titanio, proyectos llamados “sustentables” por las empresas y el gobierno de Chiapas, han contaminado el ambiente, deforestado nuestros bosques, dañado nuestros mantos acuíferos, nuestros ríos Cacalita, Chocolate y Cintalapa  de los que  bebemos agua  directamente, afectando nuestra salud física y emocional.

Esta solicitud la entregamos en medio de una gran preocupación por la política de Bienestar y Desarrollo del  nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador de la cual la minería y el Fondo Minero forman parte. Creemos que es necesario que la sociedad y los gobiernos entendamos el riesgo que viviríamos si se fomenta aún más las políticas del modelo extractivo minero. 

Desde el 2015 somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4), en estos espacios confluimos organizaciones que vivimos la amenaza y/o la destrucción de la minería en nuestros territorios, compartimos experiencias sobre las políticas que benefician o promueven la minería en nuestros países y la forma en la que se aplica el modelo minero en América Latina. Por lo tanto, podemos  afirmar que no conocemos ningún proyecto de minería sustentable, ninguno que no dañe a la tierra, el agua y la salud, tampoco existe alguna experiencia donde las empresas hayan mitigado los impactos de la minería a su cierre. Nos parece ingenuo y tramposo creer que la actividad minera nos brindará desarrollo y ganancias económicas sin contaminar ni impactar al medio ambiente y a nuestra salud.

 El FPDS no creemos en las empresas mineras, porque sabemos que el poder de corrupción, impunidad y capacidad para acabar con nuestras comunidades y la salud ambiental, física y psicológica está sostenido por los acuerdos con las grandes bancas internacionales, los tratados comerciales y las autoridades nacionales, estatales y locales. El caso Brumandhino, en Minas Gerais, Brasil es una muestra clara sobre los asesinatos y crímenes socioambientales que comenten las empresas mineras en todo el mundo.En México, no olvidamos a las víctimas del ecocidio provocado por el Grupo México en agosto de 2014 en los ríos Bacanochi y Sonora, cutos riberos siguen sufriendo graves problemas de salud  debido a la alta cantidad de sulfato de cobre derramado en sus aguas. 

Es por esta razón que rechazamos totalmente la idea de considerar siquiera un Fondo Minero para mitigar los daños de las empresas: NO queremos empresas mineras en nuestros territorios, aunque el capitalismo les llame sustentables.

A través de este pronunciamiento expresamos nuestra indignación por los asesinatos que ha cometido la empresa Vale derramando los desechos de la presa de jales de sus mineras a comunidades y a los ríos de Brasil. Cabe mencionar que en la región de Minas Gerais donde sucedió el derrame de Brumadinho, existen 50 represas en riesgo de ser colapsadas. Hace apenas tres años, el mismo Grupo Vale fue responsable de otro derrame minero en Mariana, también en la región de Minas Gerais. Nos solidarizamos con los familiares de las 60 personas que han muerto en la tragedia de Brumadinho y de las 292 personas que se encuentran actualmente desaparecidas.

¡NO A LA MINA! ¡SÍ A LA VIDA!

FIRMAN

Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA CHIAPAS);

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS);

Otros Mundos A.C.

Foto: AJ+ Español – Rescatistas buscan sobrevivientes en Brumadinho, Minas, Brasil.

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua “Territorio Libre de Minería”  

Los Crímenes de la Empresa Minera Vale

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles  

Movimiento de los Afectados por Represas denuncia nuevo crimen de la minera Vale