Categoría: Minería

 Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco, Otros Mundos A.C y la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 24 de enero de 2019 (Descargar el comunicado en PDF)

Acacoyagua, Chiapas, México 

A 24 de enero 2019 

Al gobernador del estado de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas,

Al presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador,

A los medios de comunicación,

A la sociedad civil de Chiapas y México,

Hoy, jueves 24 de enero 2019, quienes conformamos el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS) nos reunimos con el presidente municipal de Acacoyagua, C.P. Elmer Campos, la Sindica María del Carmen Tzusuki Antonio y cuatro Regidores, para entregarles una solicitud en la que les pedimos se comprometan a frenar la minería en este municipio. Les solicitamos convoquen a una asamblea de cabildo abierto en donde el H. Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería” y lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

Somos habitantes, en su mayoría campesinos y campesinas, de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazados por 21 concesiones mineras. El municipio de Acacoyagua en sí solo está invadido por 13 concesiones, para la explotación de ilmenita, cobre, titanio, plomo y barita. Además de la amenaza de proyectos de dos mini hidroeléctricas y una planta de geotermia.

Ya hemos visto cómo la minería afecta nuestro territorio y nuestros derechos colectivos, a raíz de las actividades de explotación del Grupo Male S.A de C.V. en los ejidos de Libertad y María Esther, y de los trabajos de exploración del Grupo El Puntal S.A. de C.V. en los Ejidos de Cacaos, Satélite Morelia y Magnolia, además de las labores de la Trituradora “Pataste”. 

Hemos denunciado en varias ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medioambiente: irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire. Hasta el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que nos abastecen de agua. Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambutan, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería.

En nombre de nuestro derecho a una vida digna y de todos l@s Chiapanec@s a un medio ambiento sano, no dejaremos que la minería siga avanzando en nuestra tan bella región. Las montañas de la reserva del Triunfo y los manglares de la Encrucijada son de tod@s y para tod@s es importante cuidar estos ecosistemas de los cuales dependemos para seguir viviendo en buena salud.

Necesitamos que el H. Ayuntamiento se una a nuestra digna lucha ya que es su obligación otorgar el permiso de uso y factibilidad de suelo, es decir quien tiene el poder de decidir si la tierra se entrega o no a la mineras. En apego a lo establecido por los artículos 1º y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo al Principio de Precaución, solicitamos:

Primero.- Se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso y factibilidad para minería de ningún tipo, “a tajo o a cielo abierto” o “subterránea”.

Segundo.- Se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación.

Tercero.- Respete la decisión del Ejido Acacoyagua, de los Bienes Comunales de Acacoyagua y del Ejido 15 de Septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales.

Cuarto. Se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario, directivo o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar el permiso correspondiente.

 •  Requerimos el siguiente procedimiento:

– Convoque a una asamblea de cabildo abierto, en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el Municipio sea declarado como “Territorio Libre de Minería”. 

– Se comprometa a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de dos meses a partir de la asamblea de cabildo abierto, incluyendo que el acta sea publicada en el POF del estado de Chiapas.

– Exhorte a los H. Ayuntamientos de los Municipios “Escuintla”, “Acapetahua” con quienes colindamos a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como “Territorios Libres de Minería”

– Solicitamos que explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo (minería, hidroeléctricas y geotermia)

Llamamos a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general a respaldar nuestra digna lucha por la vida y el territorio y estar al pendiente de cualquier acto de criminalización que podamos sufrimos por oponernos al extractivismo minero y del modelo energético  en el Soconusco.

FIRMA:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS)

APOYA:

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: Reunión del FPDS con el Ayuntamiento de Acacoyagua el 24 de enero 2019 (Crédito: FPDS)

>> Descargar el comunicado en PDF

Más información:

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo! 

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión 

En la prensa: 

Activistas piden declarar a Acacoyagua libre de minería  

Habitantes de Acacoyagua piden sea declarado territorio libre de minería 

Exigen pobladores de Acacoyagua parar las concesiones de minería 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de enero 2019

«Un área de gobierno estratégica infiltrada y confiscada hoy por la megaminería tóxica»

Desde hace meses en REMA hemos venido denunciando y advirtiendo manifestaciones preocupantes actuales de subordinación gubernamental a los intereses de la megaminería tóxica en el país. En ese mismo sentido, y en plena concordancia con lo señalado recientemente por Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado 7 de enero en La Jornada, en torno a las perspectivas que se perfilan respecto a la política federal en el campo de la minería ahora mismo y para los próximos años, denunciamos hechos concretos que indican la continuidad de la política permisiva e irresponsable que ha sido llevada a cabo en los últimos treinta años en México, de entrega de bienes naturales y de soberanía a favor del saqueo y la generación de daño irreversible a diverso nivel, en términos ambientales, de salud, económicos y culturales, entre otros. Nos referimos en particular al sistema de minería a tajo abierto por metales, una de las modalidades más tóxicas de extracción de minerales en todo el mundo.

En este rubro, la nueva gestión de gobierno federal no implica novedad alguna. Ha colocado como funcionarios en áreas estratégicas de la Secretaría de Economía a operadores directos o indirectos de las propias empresas, propiciando así la continuidad del modelo extractivo que a cambio de expoliar bienes naturales del país y de romper la trama social de las comunidades, deja una estela de desolación y muerte. Con este tipo de medidas muy lejos nos encontramos de una transformación como la anunciada por el gobierno del presidente López Obrador, y muy lejos también del respeto a la voluntad y el verdadero bienestar de las comunidades y de sus territorios, pues sigue avanzando la degradación de nuestros territorios, gestionada por los personeros de las empresas ya colocados en el gobierno actual.

Coincidimos con Ruiz Guadalajara al señalar de manera específica a la actual secretaria de economía, Graciela Márquez, quien en su corta gestión ya ha demostrado un desprecio absoluto por las luchas en defensa de la integridad de los territorios y una clara alineación con los intereses depredadores de las empresas, al designar como subsecretario de minería a Francisco Quiroga, ex funcionario de Zedillo y de Fox y ex empleado de empresas mineras con claros antecedentes de abusos a diverso nivel. Quiroga funciona ya como franco agente de empresas como la Almaden Minerals anunciando en la Sierra Norte de Puebla el apoyo de AMLO a esas iniciativas.

Como también señala Ruiz Guadalajara, otra prueba del servilismo de esta nueva camada de políticos empresariales para con el capital privado, el empresario minero Armando Guadiola, por cierto senador por Morena y anterior militante priísta, es otro de los operadores de las mineras que ya actuó para bloquear la iniciativa de la senadora Angélica García -por cierto de la cual REMA también fijo su posición-, que pugnaba por declarar zonas inviables de explotación por impacto social negativo. El mismo Guadiola ha anunciado que la próxima titular de la Dirección General de Minas será a su vez Laura Díaz Nieves, experta en la defensa legal de las empresas mineras canadienses y quien ha sido incluso integrante de una de ellas, la Goldplay Exploration.

¿Es que el presidente López Obrador no sabe quiénes son estos cuatro personajes y sus compromisos? ¿O lo sabe?

La presencia de estos cuatro operadores de la megaminería tóxica denota el grado de infiltración del actual gobierno federal por intereses ajenos a las comunidades. Estas posiciones estratégicas otorgadas a la megaminería tóxica al interior de la gestión gubernamental encabezada por López Obrador nada bueno auguran, ni para el bien común del país ni para la legitimidad del gobierno federal.

¿Dónde están y cuáles son y puéden ser los proyectos de las propias comunidades? Eesa debe ser hoy por hoy la materia prioritaria de la Secretaría de Economía.

¡Exigimos una política federal de apoyo categórica a la integridad de los pueblos y sus territorios!

¡Exigimos un ejercicio de gobierno que no se humille ni subordine ante los intereses de las empresas de megaminería tóxica!

¡NINGUNA PROSPECCIÓN, CONCESIÓN, EXPLORACIÓN NI EXPLOTACIÓN MINERA DEBE AUTORIZARSE AL MARGEN DE LA VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES!

¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TODAS LAS CONCESIONES MINERAS EN MÉXICO!

¡FUERA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE TODO EL GOBIERNO FEDERAL A LOS OPERADORES DE LAS EMPRESAS DE MEGAMINERÍA TÓXICA Y DE TODOS LOS MEGAPROYECTOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Foto: Francisco Quiroga, subsecretario de minería

Más información:

¿Quién es Francisco Quiroga? Actual Subsecretario de Minería

Sierra Norte de Puebla: El Subsecretario de Minería avala proyecto minero repudiado por comunidades indígenas

AMLO y el ganso de los huevos de oro

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de diciembre 2018

LIC. ADELFO REGINO MONTES,

En REMA leímos con atención su repuesta a nuestro comunicado del 13 de diciembre 2018. De su respuesta apreciamos la importancia en la cual hace pública su postura y «reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales», porque tomando en cuenta la legitimidad con la cual ingresan a tomar las riendas del mando en este sexenio, muchas y muchos no esperaremos menos de ninguno de los funcionarios del nuevo gobierno, porque en términos concretos es su obligación.

Sin embargo, no compartimos algunas de sus apreciaciones cuando usted señala: «es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas”, porque son varios pueblos originarios en Latinoamérica que realizan álgidos debates sobre los cambios constitucionales que citan la importancia de los pueblos originarios y sin embargo, a través del uso de la consulta, han sufrido la imposición del modelo extractivo. También revisan y cuestionan el pero real que en verdad tienen tanto el convenio como la declaratoria, para los cuales mencionan por lo menos los siguientes argumentos: 1. El hecho de que exista un marco normativo sobre los derechos humanos y de los pueblos originarios, no significa que estén bien hechos ni que tengan efectos vinculantes de forma directa, porque si así fuera, nada de lo que ocurre actualmente con el modelo extractivo sucedería. 2. Tampoco se garantiza que los gobiernos hagan cabal cumplimiento de su uso, porque desde hace años, no se respeta los derechos reconocidos en la constitución, el convenio y la declaratoria. Por el contrario, hoy son utilizadas para manipular el marco ético y de buena fe que dichos documentos refrendan, para pasar encima de la historia de los pueblos originarios. Para REMA son temas para el debate, porque recurrentemente usan esos argumentos para imponer los megaproyectos.

Por otro lado, cuando nos plantea que «el Instituto tiene el mandato de ser el órgano técnico para el ejercicio de este derecho, por lo que será garante que se cumplan los más altos estándares internacionales», por supuesto que lo sabemos, pero hay contrastes que ponemos a su consideración por ejemplo; ¿cómo fue que aplicaron los «más altos estándares» cuando implementaron los “Foros de Consulta sobre la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”? ¿En qué posición de respeto y credibilidad por la lucha de los derechos de los pueblos originarios lo ponen a usted, las ocurrencias folclóricas de los rituales para imponer el tren maya? ¿Los más altos estándares internacionales para realizar consultas a los pueblos cuando se aplicarán?, porque nos queda claro que en el tren maya, por lo menos lo previo como derecho ya fue vulnerado.

En REMA no actuamos con dolo como nos lo hace saber a través de un twitter, hacemos planteamientos críticos y denuncias sobre un modelo que genera despojo y desplazamiento forzado, el cual no podemos permitir siga protegiéndose con actuaciones vagas, sumisas o por desconocimiento. De este nuevo gobierno no queremos titubeos, sino decisiones firmes que refuercen y refrenden el respeto de los derechos de los pueblos originarios, porque ya los gobiernos anteriores fueron fiel referente de la sumisión, la impunidad, y la violación de derechos. En ese contexto, desde nuestro nacimiento trabajamos, entre otras cosas, por desmitificar el «progreso y desarrollo» del modelo minero y de aquellos personeros que desde el gobierno y desde las empresas lo pretenden perpetuar. Con ello no decimos que a usted lo tenemos en esa categoría, pues no tenemos más argumentos para que ello suceda en estos momentos, pero es nuestro deber exigirle trabaje bien y a mil por hora no porque sea necesario para REMA, sino para los pueblos que en estos momentos ya les han sido vulnerados sus derechos, como los cientos de comunidades de Oaxaca con concesiones mineras.

Coincidimos con usted; en estos momentos álgidos del modelo extractivo, es prioritario luchar por garantizar que los pueblos originarios ejerzan el pleno disfrute de su derecho fundamental a sus tierras, territorios y bienes naturales, a lo cual sumaríamos también el derecho a su cultura, a mantener y fortalecer sus procesos identitarios y no folclorizarlos, y dar total certidumbre y garantía a su libre determinación.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Ciudad de México, 18 de diciembre 2018

• Da respaldo a pesar de que el proyecto minero sería realizado sobre concesiones que violaron derechos, y por las cuales, está demandada judicialmente la Secretaría de Economía.

El pasado 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó sobre dicho municipio.

Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse, fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio. El Subsecretario soslaya incluso que existe un Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en contra de las referidas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.

El apoyo de Luis Francisco Quiroga se dio durante su asistencia a la 9ª Junta Informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa. En ella, el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, elogió a la minera y su proyecto, afirmando que «los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país», llamando «voces disidentes» a quienes defienden sus derechos y al territorio de la devastación y los daños que causa la minería a cielo abierto[1].

El día de ayer, entregamos una carta a la Secretaria de Economía, Lic. Graciela Márquez Colín, en la que manifestamos nuestro rechazo y condena por la presencia y declaraciones del Subsecretario en un evento de la empresa. En ella, y ahora también, preguntamos a la Titular de la Secretaría de Economía, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio.

El Gobierno Federal tiene ahora una oportunidad única para demostrar que cumplirá con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que no se conducirá con las mismas prácticas violatorias, y que por tanto, pondrá la vida y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, por encima de los intereses de las empresas.

FIRMAN:

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac

Consejo Tiyat Tlali

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red Mexicana de Afectados por la Minería

Contacto:

– consejotiyattlali@gmail.com  Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

– Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar:  dianaa@fundar.org.mx

[1] Lo dicho por el Subsecretario puede constatarse en el siguiente video que fue tomado durante la reunión:

{YOUTUBE}N8LNmajLKOs{/YOUTUBE}

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 13 de diciembre 2018

Foto: Adelfo Regino Montes, Director General del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2010-2016), asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017), y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como: Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuuk por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos álgidos del levantamiento de estos en Chiapas.

La experiencia curricular del Lic. Adelfo, es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las Secretarías de estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el Lic. Adelfo, no explote al máximo su experiencia curricular, y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del Fondo Minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera.

Es lamentable sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del Fondo Minero el cual, por cierto, sólo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas, ha servido para sustituir las labores del estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos, pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se enriquezca de forma descarada y absurda, pero, sobre todo, ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero.

También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el Presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas como dirimirán su destino los pueblos, lo cual nos deja un amargo sabor de boca porque, lo único que constata esa propuesta, es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el Modelo Extractivo Minero, a tal grado que en verdad creen se resolverá a través de absurdas consultas, aunque estas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en que un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un Derecho, es el Derecho a la Vida.

La errónea política del que contamina paga debe de desaparecer, para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas quienes, además de vivir a costa del despojo de nuestros bienes naturales, se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Igual de importante, es llevar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios de gobierno quienes, utilizando las Secretarías de estado, trabajan en contubernio con las empresas, que los usan para ocultar todas las arbitrariedades y violaciones que ocasionan.

Lic. Adelfo, el dinero minero no rescata ni un sólo milímetro de los Derechos Violados de los Pueblos Originarios, tampoco repara los daños permanentes e irreversibles a la salud de la población, de la tierra, de los bienes naturales, ni del territorio, menos aún sirven para resarcir la ruptura y desaparición identitaria, cultural, lingüística, patrimonial que, si bien usted los menciona en los medios como fundamentales para los pueblos, es claro que no tiene una idea suficiente sobre lo que pasa en una comunidad que convive con una empresa minera. Darles más o menos dinero a los pueblos afectados por empresas mineras, es continuar con el proyecto de aniquilamiento, despojo y desplazamiento forzado que el Modelo Extractivo Minero ha impuesto en toda Latinoamérica, que lo ha impuesto a partir de estados desnacionalizados con leyes que ignoran las graves consecuencias que ocasiona la minería y, sobre todo que, bajo una visión mercantilista, creen que el dinero resuelve el fondo del problema.

Le proponemos que mejor impulse un censo para obtener toda información que los anteriores gobiernos han ocultado o en su acción de omisión no han generado. Por ejemplo; hacer el inventario de los destrozos integrales e interregionales generados por las empresas mineras, evaluar los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, estimar el volumen de los pasivos ambientales y sociales que nos están dejando como herencia en este país; que sirva para difundir las gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de identificar los lazos de corrupción que existen entre funcionarios del gobierno, empresas y el crimen organizado. Un censo que aclare el saqueo de bienes minerales que las empresas no reportan en México, entre muchos otros ítems, que serían de gran utilidad y suficientes para llevar a la cárcel a los empresarios mineros.

Si estas líneas que le expresamos le hacen cambiar el rumbo de su plan, bienvenido sea. Por el contrario, si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las tres administraciones anteriores, pronto se darán cuenta que la 4ta Transformación no será positiva, sino regresiva.

FIRMA:
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Fondo de concesiones mineras, a revisión por el Instituto de Pueblos Indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desmiente categóricamente las afirmaciones de la REMA

El INPI toma la voz en la presentación de la agenda en temas de representación y participación política de los pueblos originarios de México

La Ley Minera propuesta por MORENA favorece el saqueo de los bienes naturales de los pueblos

Carta de Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – A 2 de diciembre 2018

Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador
Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez
A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín
A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco
A la opinión pública,

Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.

Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.

Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.

Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.

Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: «Por el bien de México, primero los pobres».

¡Queremos frijoles, queremos pescado!

¡Fuera mineras de nuestro estado!

#VIDAoMINA

Atte,

Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

Información relacionada:

VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

{YOUTUBE}zefSBUyRmCo{/YOUTUBE} 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 23 de noviembre 2018

Foto: La mina de oro a cielo abierto Los Filos en Carrizalillo, Guerrero

Anda muy activa la bancada de MORENA realizando iniciativas de ley. Lamentablemente es muy visible el alineamiento de estas para optimizar el proceso para el saqueo de los bienes naturales de los pueblos por parte de las insaciables empresas privadas. Se alinea el hecho que será a través de la implementación de consultas manipuladas, como continuará la venta del «progreso y desarrollo de la Cuarta Transformación», al mismo tiempo que aceleran el paso para la incorporación de Evaluaciones de Impacto Social (EIS), como un complemento a otras similares que, por cierto, llevan años demostrando su ineficiencia, como sucede con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Por otra parte, consideramos lamentable el contenido mostrando, tanto en las iniciativas para la Ley de Desarrollo Agrario, como en la Ley Minera, ambas recientemente presentadas y en las que rápidamente se observa tienen un claro perfil de regulación administrativa. Por lo tanto, carentes de procedimientos para la rendición de cuentas. Tampoco dan espacio para la atención de las problemáticas de fondo, así como revelan el poco conocimiento que tienen los legisladores sobre la temática, además de mostrar una notoria falta de información respecto al proceder violatorio y sistemático de las empresas y de las dependencias gubernamentales, ignorando el despojo y el desplazamiento forzado como centro de la problemática. No sobra señalar que la iniciativa de reforma a la ley minera es la afirmación de lo determinado por el presidente electo en su Plan de Nación 2018-2024.

La iniciativa de la senadora Angélica García Arrieta, adiciona 8 artículos a la Ley Minera (http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-20-1/assets/documentos/Inic_MORENA_Ley_Minera_201118.pdf), y en ninguno hace énfasis a la urgente necesidad de asumir medidas que resuelvan la política de despojo, destrucción e impunidad ocasionada por el modelo extractivo depredador en todo el país. Refrenda la continuidad de la misma política permisiva y promocional que tenemos actualmente, y sólo plantea actos administrativos de regulación que, para el poder actual de los capitales privados no serán ningún problema atender, porque mucho de lo propuesto ya se ha venido legislando en otras partes del mundo.

En REMA consideramos un despropósito pretender que el Servicio Geológico Mexicano realice «Estudios de Impacto Social» y que la Secretaría de Economía declare «zonas inviables de explotación o en conflicto social negativo», cuando está plenamente documentado que los impactos de la mega minería tóxica son múltiples, estructurales e irreversibles; terribles impactos ambientales, sanitarios, económicos, productivos, culturales, entre otros, que han sido ocultos por instancias gubernamentales fieles e incondicionales operadores de los intereses empresariales. El «conflicto social negativo» a que se alude en la iniciativa, constituye en sí mismo un elemento determinante de tipo estructural del extractivismo y, en ese contexto, todo México es una «zona inviable de explotación» en los términos del extractivismo minero actual.

La iniciativa también plantea «atender los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones que se pretendan desarrollar», y aquí radica uno de sus puntos críticos, porque es a través del mito del «progreso y desarrollo» que ofertan, con lo cual nuevamente se traza una política gubernamental de corte colonialista, por lo tanto, es previsible que el nuevo gobierno no desarticulará la política de despojo y destrucción que, a través del Modelo Extractivo, está impuesta en México y en todo el mundo. En contrasentido, sería deseable que la premisa del desarrollo que nos ofertan, deba interiorizar en todas sus letras que; «los pueblos y las comunidades no somos recursos ni depósitos de recursos», somos sujetos sociales en emancipación, no semi-ciudadanos sumisos, ignorantes, carentes de criterio y requeridos siempre de recetas ajenas e impuestas. Los pueblos y comunidades no estamos esperando a funcionarios y dependencias o incluso a empresas para que «nos desarrollen». Los pueblos y comunidades tenemos referentes propios de cómo vivir, referentes que, por cierto, además de haber sido negados e invisibilizados, porque desde hace siglos se nos ve como inferiores e incapaces de dirimir y definir nuestras propias vías de vida, tampoco están inscritos en los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, porque tampoco ahí se nos ha considerado.

La Ley Minera actual es la más retrógrada de todas las leyes mexicanas que tenemos, y por ello en REMA nos parece inconcebible que para lograr «la cuarta transformación del país», la iniciativa refrende la política que prioriza el pago de los daños obligando «a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano sustentable», y no aborde con toda la fuerza que se requiere, la atención de los daños a la salud y al ambiente, muchos de ellos irreversibles. Es totalmente errónea la praxis que con dinero se puede resolver la depredación y muerte que genera el extractivismo minero actual. Invisibilizar un referente básico como el principio precautorio o el del bien común, aun presentes en nuestra Constitución, es una señal preocupante.

Si quienes dicen promueven la Cuarta Transformación de México, en verdad quieren hacerlo a través de la participación de los pueblos, ¿qué les parece si a todas las resistencias que vivimos las desgracias mineras, nos envían un guiño que nos anime a creer que este gobierno será diferente en fondo y forma y, para empezar, antes de hacer más y más alineamientos a favor de las empresas, mejor «CANCELAN TODAS LAS CONCESIONES QUE HAN SIDO ENTREGADAS DE FORMA ILEGAL E IRRESPONSABLE»… MÁS O MENOS SON 26 MIL.

En REMA discutimos arduamente que el tamaño de la problemática que enfrentamos no puede continuar siendo soslayada, menos aún por este nuevo gobierno que tiene condiciones históricas para reencontramos con lo que somos como nación, y no con lo que quieren que seamos.

NO MÁS INICIATIVAS AJENAS E IMPUESTAS

NUESTRA PATRIA Y NUESTRA DIGNIDAD NO ESTÁN EN VENTA

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

Actualización:

Iniciativas de Ley Minera y de Afores, sin respaldo de Morena: Monreal

Asesor de AMLO pide revisar Ley Minera propuesta por Morena

Más información:

La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

Artículo de Sin Embargo/Chiapas Paralelo publicado el 1 de octubre 2018

La batalla que en 2015 emprendieron habitantes de comunidades de Chiapas y Puebla en contra de cuatro proyectos mineros concluyó con la suspensión de actividades de estas empresas.

En Chiapas, la Profepa sancionó a la minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Semarnat, además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

En Puebla, integrantes del pueblo Maseual (nahua) obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila. El Juzgado le ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones, llevar a cabo una consulta previa y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

Ciudad de México, 1 de octubre (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.

Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: «Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia», del municipio de Escuintla, Chiapas.

La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia contra 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometión a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y los manglares de la Encrucijada.

Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verifique el impacto ambiental que ocasiona cada una de estas empresas en su territorio.

A tres años de protesta, la Profepa realizó una inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros cuadrados.

«Se considera hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente», indicó el comunicado.

El Proyecto consta de una superficie de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio de 7 metros.

EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

La sentencia, otorgada el pasado 26 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera «conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje».

Este fallo judicial, destacó Cemda, «deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificado, pues es imprescindible que se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados».

De acuerdo con datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera, en México operan un total de 345 mineras, de las cuales 21 son mexicanas.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

Más información:

Amparan a comunidades del Pueblo Maseual de la Sierra Nororiental de Puebla en contra de concesiones mineras

¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 5 de septiembre 2018

En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.

La minera Coeur Mexicana S.A. de C.V., de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de una mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.

Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.

Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.

También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.

La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar el desplazamiento a toda costa.

A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.

Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio.

En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.

REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.

Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Con disparos, agentes disuelven protesta contra minera en Chihuahua

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

Foto: la mina de plata de Coeur Mexicana en Guazapares (Crédito: Coeur Mining)

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro «Ingeniería es soberanía», presentando ahí 25 «proyectos estratégicos» que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona «honesta», como «modelo a seguir» y «un ejemplo para México y el mundo».

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como «presunto evasor» en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de «desarrollo» extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene «inversiones», como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto «ejemplar» para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué «desarrollo» estamos hablando, y ese «desarrollo», es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los «proyectos estratégicos» a impulsar por el gobierno de AMLO, están también los de desarrollo minero. ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

1. Que las mineras «cuiden el medio ambiente» en su actuar;

2. Que «se les pague mejor» a los trabajadores;

3. Que «se paguen más impuestos al Estado».

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de «desarrollo»: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía.

Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO!

¡NO AL FRACKING!

¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO!

¡LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR!

ATENTAMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Información relacionada:

El Escaramujo 77: AMLO, ¿PROGRESISTA O DE IZQUIERDA?

El campesino que lucha contra una minera de Carlos Slim para impedir la desaparición de su pueblo

No le des el avión al pueblo AMLO: FPDT

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Foto: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Carlos Slim (Crédito: Jessica Espinosa / Notimex)

Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS – A 6 de agosto 2018 (Disponible en Proyecto Puente y Connectas)

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra cómo para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.

Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

{YOUTUBE}2txVbRBJ-5A{/YOUTUBE}

Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.