Categoría: Minería

Comunicado del Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos Colombia – A 6 de febrero de 2019

Los errores técnicos, políticos y económicos de quienes han tomado decisiones sobre Hidroituango han puesto los ojos del mundo sobre la dramática que se vive en el Bajo Cauca antioqueño, cañón del río Cauca y cada vez sobre los efectos que se extienden a toda la geografía nacional.

El Bredunco o Río Cauca pasa por más de 180 municipios de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar, es el segundo Río más largo de Colombia y una de las principales arterías hídricas que genera bienestar y progreso para el país.

Por décadas los afectados por represas en Colombia hemos llamado la atención de que una intervención en la parte baja de cuenca afecta todas las dinámicas aguas arriba y viceversa, ahora los efectos y defectos de Hidroituango nos muestran ese dinamismo pero con una diversidad de hechos, tal vez fugaces, que resultan imperceptibles o tergiversados intencionalmente para que no se entienda que está pasando de fondo.

Una vez más hacemos el llamado a atender estructuralmente la situación que devela Hidroituango que es el único camino para neutralizar el riesgo que sufren comunidades aguas abajo y aguas arriba del embalse, a su vez, éste permitirá atender similares situaciones que han ocurrido con otras represas en el país pero que se han ocultado con sevicia.

Hidroituango es un proyecto lleno de desafíos y contradicciones que no ha podido ocultar sus errores pero a la vez nos puede permitir entender que un modelo energético mediado por el lucro, por la prisa de generar dividendos, por el orgullo de imponer la técnica sobre la racionalidad y de callar las voz de las comunidades que conocen las dinámicas de los territorios y de la vida, no le conviene a ningún país, no le conviene a Colombia y es necesario llevar a cabo una transición energética justa en la que podamos participar quienes vivimos en los territorios y hemos sido afectados por represas, minería, petróleo, gas, fracking y demás proyectos asociados de infraestructura. 

Hoy en el Bajo Cauca vuelve la sensación de incertidumbre de no saber qué hacer, para dónde correr, de no saber en realidad qué está pasando, de no tener información cierta y de vivir con desesperación, esa misma sensación que trae consigo el conflicto armado hace décadas, esa misma sensación de haber visto arrasadas las viviendas el pasado 12 de mayo cuando se vertieron 6.000 metros cúbicos por segundo, por omisiones e irregularidades de Hidroituango, esa misma sensación de hoy ver un caudal que se cercena y seca los sueños y posibilidad de alimentos derivados de la pesca.

Ahora bien, este drama se extiende a toda Colombia, todas y todos somos afectados y afectadas y por ello estamos llamados a transformar de fondo el origen de esta problemática. Recordemos algunos incidentes que deben llamar a la reflexión y acción:

1.      Desde el inicio de esta contingencia las Empresas  Públicas de Medellín (EPM) ha ocultado información no ha dicho lo que realmente ocurre con la represa, se anunció incluso que el Gobernador de Antioquia elevaría una demanda penal contra EPM por el uso de polígrafos con empleados.

 

2.      Se requirieron intensos debates en el congreso y concejo de Medellín, liderados por David Racero y Luz María Múnera respectivamente para que la opinión pública y los afectados pudiéramos tener mayor información. Fue así como se conoció que EPM había prometido 70 mil millones de pesos al consorcio constructor si lograban poner a funcionar Hidroituango a finales del 2018, según lo confesó Germán Alberto Orozco, gerente (e) de Relaciones Externas de EPM, en un informe remitido al congreso de la república en Audiencia Pública.

 

3.      Hoy diversas voces en Cali se han alzado en protesta que han llegado al Senado en vocería de Wilson Arias preocupados por el desabastecimiento de agua de la ciudad a partir de que se acordará vaciar el embalse Salvajina para atender la contingencia de Hidroituango.

 

4.      Los geólogos y demás técnicos que respetan la vida con convicción han llamado la atención sobre los aspectos técnicos que se han pasado por alto, y advirtieron sobre la descompresión de la montaña que hoy se evidencia con la aparición de cárcavas, huecos o con términos nada técnicos que ocultan la situación real. Estas voces sistemáticamente no han sido escuchadas.

 

5.      Las comunidades asentadas aguas abajo de la represa Salvajina en el Municipio de Suárez estuvieron en alerta viendo las riberas del Cauca inundadas dado que el cauce de las aguas había subido a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, estas denuncias en su momento no se han hecho públicas por el intenso conflicto que agobia hoy al Departamento del Cauca y resto de Colombia.

 

6.      Con desfortuna el día de ayer, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) manifestó que el cierre de la compuerta que faltaba les tomó por sorpresa, a nosotros nos toma por sorpresa que la Autoridad Ambiental no esté siendo notificada de maniobras que ponen en riesgo a más de 130 mil personas en Colombia.

A su vez el director manifestó, que esta irregularidad se sancionaría en el curso de dos meses después de ver qué efectos traería la decisión. Aquí queda claro que los llamados de prevención que han hecho los Ministerios no son compatibles con la actuación de la ANLA y viceversa.  

·       Por otra parte, los pasivos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales generados por otros proyectos para las comunidades y el país deben estar en la esfera de la toma de decisiones sobre Hidroituango y la transformación de la política energética en Colombia, recordemos por ejemplo:

·     El vertimiento de 500.000 metros cúbicos tóxicos de la represa Anchicayá por parte de Unión Fenosa, dueña en ese entonces de la EPSA, inundando con barro a más de 3000 familias por más de seis meses en el año 2001.

·       Las afectaciones a la actividad pesquera y agrícola con la represa El Quimbo en el Magdalena y la destrucción del puente de La Plata, Huila, que generó severos impactos económicos para la región.

·      La construcción de Hidrosogamoso cerca de la zona de mayor actividad sísmica en Colombia, las vías sustitutivas que comunican a Bucaramanga con Barrancabermeja, retrasan el desplazamiento por más de cuarenta minutos debido a la inestabilidad de los taludes de la vía. A pesar de ser evidente las fallas el INVIAS recibió esta obra, ¿quién asume los costos derivados del mayor tiempo de transporte de carga y pasajeros así como la reparación de la vía?

·       El secado del río Sogamoso por varias horas fruto de una maniobra de ISAGEN que terminó por no reconocer sus impactos reales.

·      La mortandad de peces sin un plan de contingencia que afectó la cuenca del río Sinú con la desviación del río en 1998. Los peces fueron sepultados con retroexcavadoras sin atender la crisis social y ambiental que esto generó.

·   La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, centrales que han perforado las montañas para desviar las aguas y que han ocasionado la desaparición de ríos y quebradas, tal es el caso de 70 quebradas cercenadas con la construcción de hidroeléctricas en el río Amoyá en el Tolima o el secado de 25 quebradas con el trasvase del río Manso en Caldas.

Todos estos hechos compilan un historial que hace necesario evaluar el papel que han jugado las instituciones de control, identificar los vacíos en la legislación ambiental y determinar responsabilidades de funcionarios y gobernantes de turno, así como la determinación de una ruta que nos lleve a conformar una Comisión Nacional de Represas para la reparación histórica y toma de decisiones de nuevos proyectos hidroeléctricos.

Rechazamos enfáticamente quienes están usando está crisis para justificar nuevos proyectos, la experiencia y la información reportada por la UPME dan cuenta que la demanda de energía en el país, en el mayor escenario de crecimiento de la demanda, estaría cubierta hasta por lo menos el año 2030 sin Hidroituango ni Hidrosogamoso.

En medio de la crisis que nos agobia insistimos en los siguientes llamados que pueden conducir a la solución:

1.      A los CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA Y CONCEJALES DE MEDELLÍN a no desfallecer en la búsqueda de la verdad que conduzcan de fondo a encontrar rutas legislativas que atiendan de fondo la crisis del modelo energético actual en Colombia.

2.      A la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que adelante un estudio detallado sobre los costos económicos de Hidroituango relacionados con la atención de la crisis: los costos invertidos por el gobierno nacional vía UNGRD, de la gobernación de Antioquia, de la empresa EPM, de los transportistas de carga y pasajeros que no han podido operar, de la elevación del costo de vida en los municipios afectados, de las pérdida de empleos  causa de vías destruidas, de la disminución de la productividad en la zona.

3.      Al GOBIERNO NACIONAL para que cumpla con los acuerdos establecidos con la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular – CACEP, donde se debe dar cumplimiento a los espacios de diálogo sobre la política minero energética entre otros, que permiten atender de fondo esta situación de crisis del país.

4.      A las ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA Y EL PAÍS para que se unan a nuestro llamado de movilización social por la defensa del río Cauca y vivir el duelo que genera su secado, así como los otros ríos y comunidades afectadas por este modelo minero energético.

Se conoce que la Gobernacción de Antioquia ha dado la directriz a los alcaldes de no autorizar movilizaciones sociales, el llamado que hace el Movimiento Ríos Vivos Colombia es que la Gobernación de Luis Pérez respalde el llamado que hacemos a las comunidades de todos los ríos del país y las ciudades a movilizarse, a vivir y expresar el duelo que genera ver el río Cauca seco y frente a la indignación que genera no contar con información suficiente y veraz.

¡Exigimos una política de afectados por represas, YA!

¡Exigimos el Desmantelamiento de Hidroituango, YA!

¡Exigimos constituir con premura la Comisión Nacional de Represas

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 

 Firma

Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas- Movimiento Ríos Vivos

 Foto: Río Cauca seco (Crédito: El Universal)

Más información:

El Río Cauca se debe liberar y a las comunidades escuchar 

El Movimiento Ríos Vivos Colombia llama a resistir a la «dictadura minero-energética» 

[AUDIO] Colombia: «Hidroituango causó más desplazamientos forzados que la guerra en el cañon del río Cauca» 

Comunicado del Movimiento Ríos Vivos Colombia al pueblo brasileño afectado por el rompimiento de represas de la minería en Bounadinho -Minas Gerais –  A 30 de enero de 2019

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos- lamenta el rompimiento de las represas de desechos tóxicos de la minería de hierro que hace varios años realiza la empresa Vale en el Estado de minas Gerais. 

 Enviamos un abrazo energético, solidario y lleno de esperanza para las familias a quienes les arrebató la vida este crimen empresarial. Los ríos de América Latina son las venas por donde circula la esperanza y el progreso de los pueblos, saludamos por tanto con especial afecto a las comunidades pescadoras, agricultoras, campesinas y a todos los habitantes de la cuenca del río Paraopebas las cuales ven desaparecidos sus medios y formas de vida.

Este es un hecho con precedentes, en 2015 la ruptura de la represa de la Minera Samarco filial de la VALE, causó hechos similares que fueron avisados y pasados por alto, dejando en evidencia que los aspectos técnicos para evitar catástrofes similares no fueron atendidos o que los esfuerzos invertidos no fueron los necesarios.

Ahora bien, cientos de familias afectadas, tres años después de ese episodio, en el Río Doce siguen atención, sin el suministro constante de agua, señalados y estigmatizados por los causantes del daño. Esta historia no puede repetirse, debe atenderse a todas las personas afectadas del rompimiento de la represa de la minera Samarco y la de la Mina Feijão en Brumadinho, ambas con participación de la empresa VALE por lo que hacemos un llamado enfático a Fabio Schvartsman –directivo de la empresa- y a los accionistas e inversionistas de la VALE como Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Standard Life Aberdeen PLC, entre otros, para que tomen las decisiones correctas ena tención a sus errores dejando a un lado su interés de generar utilidades al menor costo y priorizar la atención humanitaria y reparación integral de las víctimas. En el mismo sentido, solicitamos a todos los países y grupos inversionistas en la VALE que suspendan su inversión y hagan seguimiento detallado a esta empresa así como otras que podrían causar nuevos desastres ya que las organizaciones brasileñas han identificado hasta el momento posibilidad de ruptura en por lo menos 50 represas más.

Nuestra solidaridad también se extiende a los trabajadores de la empresa y sus familias, dado que el episodio involucró el arrasamiento del restaurante y otras instalaciones de la empresa en horas de almuerzo.

Observamos con preocupación que la empresa minera VALE ha establecido que su misión es “la transformación de los recursos naturales en prosperidad y desarrollo duradero”; los episodios repetidos de ruptura de las represas muestran que la prosperidad para las comunidades de la cuenca del Río Doce y Paraopeba se truncó y el tan anhelado desarrollo los dejó en condiciones indignas. Es necesario el replanteamiento interno de las actividades de la empresa y con urgencia medidas correctivas y reparadoras creadas en acuerdo con las comunidades afectadas e impartidas por las instituciones brasileras que beneficien a las familias afectadas y los trabajadores de la obra.

Estos nefastos episodios en Brasil se suman a los riesgos e incertidumbres que representan las grietas de la represa Yacyretá en Paraguay-Argentina, los errores técnicos en la construcción de Hidroituango que mantiene en alerta roja a todos los municipios del cauce bajo y Cañón del río Cauca, la construcción de Hidrosogamoso en la zona de mayor actividad sísmica en Colombia que ha involucrado deslizamientos permanentes en la vía que comunica a Bucaramanga con el magdalena medio incurriendo en mayores riesgos, tiempos y costos en el transporte de carga y pasajeros, los deslizamientos por erosión de las riberas del río Sinú por operación de la Hidroeléctrica Urrá I que mantienen en vilo a la comunidad del Playón y otras comunidades del Bajo Sinú, la inundación de la casa

de Máquinas en el Quimbo así como la imposición de proyectos que han optado por el asesinato de líderes y lideresas que buscaban justicia y garantías de permanencia en el territorio como el caso de Berta Cáceres en Honduras en defensa del río Blanco frente a los intereses de la empresa DESA, la hecatombe de comunidades indígenas para dar paso a la construcción de la represa Chixoy en Guatemala y otros casos de defensores de ríos que siguen en total impunidad, entre ellos resaltamos al compañero Noe Vasquez del MAPDER en México, Nilce de Souza por Belo Monte en Brasil y Miguel Ángel Pabón en Colombia .

Esta lista de impactos, externalidades y situaciones dramáticas muestran la inviabilidad y costos reales de los proyectos que deben llevar a reflexionar sobre el modelo minero energético que se intenta desarrollar e imponer sobre las voluntades y planes de vida local. Debemos construir alternativas frente a la innecesaria construcción de hidroeléctricas y grandes proyectos de minería metálica, desincentivando el consumo, despilfarro energético y fomentando el reciclaje que son los planteamientos que organizaciones sociales venimos construyendo en el marco de impulsar una transición energética justa.

Seguimos en atención del desarrollo de la tragedia en Brasil, que a la fecha suma más de 600 personas desaparecidas, al tiempo que les animamos a articularse, organizarse y avanzar en la defensa de sus derechos como comunidades afectadas por represas y les invitamos a no desfallecer en la tarea de rodear y fortalecer el Movimiento de Afectados por represas de Brasil – MAB.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 Foto: Rïos Vivos Colombia

Más información:

Comunidado del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) – A 26 de enero de 2018

Este 25 de enero será marcado por el rompimiento de tres represas de desechos de mineral de la Mina Córrego do Feijão, que forma parte del Complejo Paraopeba. La represa, de responsabilidad de la empresa Vale está ubicada en el municipio de Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Se estima que 14 millones de m³ de desechos fueron despejados en el río Paraopeba, uno de los principales afluentes del Río São Francisco, uno de los ríos más importantes del país. Las autoridades informan que unas 150 personas están desaparecidas. Las evidencias de otro crimen socioambiental de incalculables dimensiones nos agreden nuevamente. El poder público no escuchó a las comunidades y actuó a favor del poder corporativo para flexibilizar las licencias ambientales de ampliación del complejo de represas en diciembre de 2018.

Desde el MAB entendemos que se trata de un crimen continuado por la Vale contra el pueblo brasileño. Se cumplen poco más de tres años del crimen de Samarco con la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, donde ninguna casa fue construída, no sabemos el número de personas afectadas, no tenemos estudios fuertes sobre los impactos en la salud, las mujeres no son reconocidas como afectadas, entre otras tantas violaciones ambientales y de derechos de los afectados. El poder judicial hasta hoy no responsabilizó a ninguno de los directores de las empresas involucradas en el crimen y no aseguró la reparación integral de las familias. Por el contrario, ha actuado en la selectividad punitiva, criminalizando la manifestación de las familias, los movimientos populares y las organizaciones de la sociedad civil.

Es importante destacar que la compañía Vale S.A ya fue una empresa del pueblo brasileño, pero en los años 90 fue privatizada. Lo que vemos actualmente es una gran empresa que actúa para mantener las tasas de ganancia de sus accionistas, sin ningún compromiso con la vida humana y el medio ambiente.

Una vez más estas grandes empresas con la connivencia de los gobiernos demuestran sus prioridad por el lucro en detrimento de la calidad de vida de la población. No hay desarrollo regional, hay destrucción de vidas y contaminación de los ríos y de la naturaleza.

El MAB convoca al pueblo brasileño, por el espíritu de solidaridad y justicia social que nos mueve, a apoyar a las familias afectadas por el rompimiento de la represa de Brumadinho. Ya estamos en la región y estamos mobilizando a muchos afectados y afectadas de todo Brasil en esta tarea de solidaridad y apoyo a las víctimas, junto a tantos otros afectados y afectadas de la cuenca del río Doce y litoral de Espírito Santo ya se han voluntariado al deber de compañerismo.

Seguimos luchando por justicia en Mariana, en Brumadinho, en la cuenca del Río Doce, en el litoral capixaba y en defensa del San Francisco.
Exigimos justicia en este nuevo crimen, y que la muerte de personas, de animales, de los ríos y del medio ambiente no queden una vez más impunes.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

Firma:

Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)

Foto: Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)

Más información:

Los crímenes de la Empresa Minera Vale  

Lo que el barro se llevó

Bento Rodrigues, un año después de la mayor catastrofe ambiental de Brasil 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA-CHIAPAS), el Frente Popular por Defensa del Soconusco (FPDS) y Otros Mundos A.C. – A 26 de enero de 2019  >>Descargar el comunicado en pdf<<

A Andrés Manuel López Obrador,

Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos,

Rutilio Escandón Cadenas,  

Gobernador del Estado de Chiapas.

C.P. Elmer Campos,

Presidente Municipal del Acacoyagua. 

¡Ni en Acacoyagua ni en Brasil!

¡Fuera las empresas mineras del mundo!

Este 26 de enero del 2018 el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) exigimos mediante una solicitud que ha recolectado 1796 firmas que el H. Ayuntamiento no otorgue ningún permiso de uso y factibilidad del suelo para la actividad minera en el municipio de Acacoyagua.  Mujeres, niños y niñas nos organizamos para denunciar que somos testigas y testigos de los impactos a la salud, alimentación y medio ambiente de la minería a la tierra y a nuestros cuerpos, pues desde el 2012, los proyectos de explotación de Titanio, proyectos llamados “sustentables” por las empresas y el gobierno de Chiapas, han contaminado el ambiente, deforestado nuestros bosques, dañado nuestros mantos acuíferos, nuestros ríos Cacalita, Chocolate y Cintalapa  de los que  bebemos agua  directamente, afectando nuestra salud física y emocional.

Esta solicitud la entregamos en medio de una gran preocupación por la política de Bienestar y Desarrollo del  nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador de la cual la minería y el Fondo Minero forman parte. Creemos que es necesario que la sociedad y los gobiernos entendamos el riesgo que viviríamos si se fomenta aún más las políticas del modelo extractivo minero. 

Desde el 2015 somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4), en estos espacios confluimos organizaciones que vivimos la amenaza y/o la destrucción de la minería en nuestros territorios, compartimos experiencias sobre las políticas que benefician o promueven la minería en nuestros países y la forma en la que se aplica el modelo minero en América Latina. Por lo tanto, podemos  afirmar que no conocemos ningún proyecto de minería sustentable, ninguno que no dañe a la tierra, el agua y la salud, tampoco existe alguna experiencia donde las empresas hayan mitigado los impactos de la minería a su cierre. Nos parece ingenuo y tramposo creer que la actividad minera nos brindará desarrollo y ganancias económicas sin contaminar ni impactar al medio ambiente y a nuestra salud.

 El FPDS no creemos en las empresas mineras, porque sabemos que el poder de corrupción, impunidad y capacidad para acabar con nuestras comunidades y la salud ambiental, física y psicológica está sostenido por los acuerdos con las grandes bancas internacionales, los tratados comerciales y las autoridades nacionales, estatales y locales. El caso Brumandhino, en Minas Gerais, Brasil es una muestra clara sobre los asesinatos y crímenes socioambientales que comenten las empresas mineras en todo el mundo.En México, no olvidamos a las víctimas del ecocidio provocado por el Grupo México en agosto de 2014 en los ríos Bacanochi y Sonora, cutos riberos siguen sufriendo graves problemas de salud  debido a la alta cantidad de sulfato de cobre derramado en sus aguas. 

Es por esta razón que rechazamos totalmente la idea de considerar siquiera un Fondo Minero para mitigar los daños de las empresas: NO queremos empresas mineras en nuestros territorios, aunque el capitalismo les llame sustentables.

A través de este pronunciamiento expresamos nuestra indignación por los asesinatos que ha cometido la empresa Vale derramando los desechos de la presa de jales de sus mineras a comunidades y a los ríos de Brasil. Cabe mencionar que en la región de Minas Gerais donde sucedió el derrame de Brumadinho, existen 50 represas en riesgo de ser colapsadas. Hace apenas tres años, el mismo Grupo Vale fue responsable de otro derrame minero en Mariana, también en la región de Minas Gerais. Nos solidarizamos con los familiares de las 60 personas que han muerto en la tragedia de Brumadinho y de las 292 personas que se encuentran actualmente desaparecidas.

¡NO A LA MINA! ¡SÍ A LA VIDA!

FIRMAN

Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas (REMA CHIAPAS);

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS);

Otros Mundos A.C.

Foto: AJ+ Español – Rescatistas buscan sobrevivientes en Brumadinho, Minas, Brasil.

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua “Territorio Libre de Minería”  

Los Crímenes de la Empresa Minera Vale

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles  

Movimiento de los Afectados por Represas denuncia nuevo crimen de la minera Vale 

 Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco, Otros Mundos A.C y la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 24 de enero de 2019 (Descargar el comunicado en PDF)

Acacoyagua, Chiapas, México 

A 24 de enero 2019 

Al gobernador del estado de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas,

Al presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador,

A los medios de comunicación,

A la sociedad civil de Chiapas y México,

Hoy, jueves 24 de enero 2019, quienes conformamos el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS) nos reunimos con el presidente municipal de Acacoyagua, C.P. Elmer Campos, la Sindica María del Carmen Tzusuki Antonio y cuatro Regidores, para entregarles una solicitud en la que les pedimos se comprometan a frenar la minería en este municipio. Les solicitamos convoquen a una asamblea de cabildo abierto en donde el H. Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería” y lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

Somos habitantes, en su mayoría campesinos y campesinas, de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazados por 21 concesiones mineras. El municipio de Acacoyagua en sí solo está invadido por 13 concesiones, para la explotación de ilmenita, cobre, titanio, plomo y barita. Además de la amenaza de proyectos de dos mini hidroeléctricas y una planta de geotermia.

Ya hemos visto cómo la minería afecta nuestro territorio y nuestros derechos colectivos, a raíz de las actividades de explotación del Grupo Male S.A de C.V. en los ejidos de Libertad y María Esther, y de los trabajos de exploración del Grupo El Puntal S.A. de C.V. en los Ejidos de Cacaos, Satélite Morelia y Magnolia, además de las labores de la Trituradora “Pataste”. 

Hemos denunciado en varias ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medioambiente: irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire. Hasta el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que nos abastecen de agua. Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambutan, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería.

En nombre de nuestro derecho a una vida digna y de todos l@s Chiapanec@s a un medio ambiento sano, no dejaremos que la minería siga avanzando en nuestra tan bella región. Las montañas de la reserva del Triunfo y los manglares de la Encrucijada son de tod@s y para tod@s es importante cuidar estos ecosistemas de los cuales dependemos para seguir viviendo en buena salud.

Necesitamos que el H. Ayuntamiento se una a nuestra digna lucha ya que es su obligación otorgar el permiso de uso y factibilidad de suelo, es decir quien tiene el poder de decidir si la tierra se entrega o no a la mineras. En apego a lo establecido por los artículos 1º y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo al Principio de Precaución, solicitamos:

Primero.- Se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso y factibilidad para minería de ningún tipo, “a tajo o a cielo abierto” o “subterránea”.

Segundo.- Se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación.

Tercero.- Respete la decisión del Ejido Acacoyagua, de los Bienes Comunales de Acacoyagua y del Ejido 15 de Septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales.

Cuarto. Se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario, directivo o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar el permiso correspondiente.

 •  Requerimos el siguiente procedimiento:

– Convoque a una asamblea de cabildo abierto, en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el Municipio sea declarado como “Territorio Libre de Minería”. 

– Se comprometa a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de dos meses a partir de la asamblea de cabildo abierto, incluyendo que el acta sea publicada en el POF del estado de Chiapas.

– Exhorte a los H. Ayuntamientos de los Municipios “Escuintla”, “Acapetahua” con quienes colindamos a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como “Territorios Libres de Minería”

– Solicitamos que explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo (minería, hidroeléctricas y geotermia)

Llamamos a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general a respaldar nuestra digna lucha por la vida y el territorio y estar al pendiente de cualquier acto de criminalización que podamos sufrimos por oponernos al extractivismo minero y del modelo energético  en el Soconusco.

FIRMA:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS)

APOYA:

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: Reunión del FPDS con el Ayuntamiento de Acacoyagua el 24 de enero 2019 (Crédito: FPDS)

>> Descargar el comunicado en PDF

Más información:

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo! 

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión 

En la prensa: 

Activistas piden declarar a Acacoyagua libre de minería  

Habitantes de Acacoyagua piden sea declarado territorio libre de minería 

Exigen pobladores de Acacoyagua parar las concesiones de minería 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de enero 2019

«Un área de gobierno estratégica infiltrada y confiscada hoy por la megaminería tóxica»

Desde hace meses en REMA hemos venido denunciando y advirtiendo manifestaciones preocupantes actuales de subordinación gubernamental a los intereses de la megaminería tóxica en el país. En ese mismo sentido, y en plena concordancia con lo señalado recientemente por Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado 7 de enero en La Jornada, en torno a las perspectivas que se perfilan respecto a la política federal en el campo de la minería ahora mismo y para los próximos años, denunciamos hechos concretos que indican la continuidad de la política permisiva e irresponsable que ha sido llevada a cabo en los últimos treinta años en México, de entrega de bienes naturales y de soberanía a favor del saqueo y la generación de daño irreversible a diverso nivel, en términos ambientales, de salud, económicos y culturales, entre otros. Nos referimos en particular al sistema de minería a tajo abierto por metales, una de las modalidades más tóxicas de extracción de minerales en todo el mundo.

En este rubro, la nueva gestión de gobierno federal no implica novedad alguna. Ha colocado como funcionarios en áreas estratégicas de la Secretaría de Economía a operadores directos o indirectos de las propias empresas, propiciando así la continuidad del modelo extractivo que a cambio de expoliar bienes naturales del país y de romper la trama social de las comunidades, deja una estela de desolación y muerte. Con este tipo de medidas muy lejos nos encontramos de una transformación como la anunciada por el gobierno del presidente López Obrador, y muy lejos también del respeto a la voluntad y el verdadero bienestar de las comunidades y de sus territorios, pues sigue avanzando la degradación de nuestros territorios, gestionada por los personeros de las empresas ya colocados en el gobierno actual.

Coincidimos con Ruiz Guadalajara al señalar de manera específica a la actual secretaria de economía, Graciela Márquez, quien en su corta gestión ya ha demostrado un desprecio absoluto por las luchas en defensa de la integridad de los territorios y una clara alineación con los intereses depredadores de las empresas, al designar como subsecretario de minería a Francisco Quiroga, ex funcionario de Zedillo y de Fox y ex empleado de empresas mineras con claros antecedentes de abusos a diverso nivel. Quiroga funciona ya como franco agente de empresas como la Almaden Minerals anunciando en la Sierra Norte de Puebla el apoyo de AMLO a esas iniciativas.

Como también señala Ruiz Guadalajara, otra prueba del servilismo de esta nueva camada de políticos empresariales para con el capital privado, el empresario minero Armando Guadiola, por cierto senador por Morena y anterior militante priísta, es otro de los operadores de las mineras que ya actuó para bloquear la iniciativa de la senadora Angélica García -por cierto de la cual REMA también fijo su posición-, que pugnaba por declarar zonas inviables de explotación por impacto social negativo. El mismo Guadiola ha anunciado que la próxima titular de la Dirección General de Minas será a su vez Laura Díaz Nieves, experta en la defensa legal de las empresas mineras canadienses y quien ha sido incluso integrante de una de ellas, la Goldplay Exploration.

¿Es que el presidente López Obrador no sabe quiénes son estos cuatro personajes y sus compromisos? ¿O lo sabe?

La presencia de estos cuatro operadores de la megaminería tóxica denota el grado de infiltración del actual gobierno federal por intereses ajenos a las comunidades. Estas posiciones estratégicas otorgadas a la megaminería tóxica al interior de la gestión gubernamental encabezada por López Obrador nada bueno auguran, ni para el bien común del país ni para la legitimidad del gobierno federal.

¿Dónde están y cuáles son y puéden ser los proyectos de las propias comunidades? Eesa debe ser hoy por hoy la materia prioritaria de la Secretaría de Economía.

¡Exigimos una política federal de apoyo categórica a la integridad de los pueblos y sus territorios!

¡Exigimos un ejercicio de gobierno que no se humille ni subordine ante los intereses de las empresas de megaminería tóxica!

¡NINGUNA PROSPECCIÓN, CONCESIÓN, EXPLORACIÓN NI EXPLOTACIÓN MINERA DEBE AUTORIZARSE AL MARGEN DE LA VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES!

¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TODAS LAS CONCESIONES MINERAS EN MÉXICO!

¡FUERA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE TODO EL GOBIERNO FEDERAL A LOS OPERADORES DE LAS EMPRESAS DE MEGAMINERÍA TÓXICA Y DE TODOS LOS MEGAPROYECTOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Foto: Francisco Quiroga, subsecretario de minería

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Sierra Norte de Puebla: El Subsecretario de Minería avala proyecto minero repudiado por comunidades indígenas

AMLO y el ganso de los huevos de oro

 

 

 

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de diciembre 2018

LIC. ADELFO REGINO MONTES,

En REMA leímos con atención su repuesta a nuestro comunicado del 13 de diciembre 2018. De su respuesta apreciamos la importancia en la cual hace pública su postura y «reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales», porque tomando en cuenta la legitimidad con la cual ingresan a tomar las riendas del mando en este sexenio, muchas y muchos no esperaremos menos de ninguno de los funcionarios del nuevo gobierno, porque en términos concretos es su obligación.

Sin embargo, no compartimos algunas de sus apreciaciones cuando usted señala: «es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas”, porque son varios pueblos originarios en Latinoamérica que realizan álgidos debates sobre los cambios constitucionales que citan la importancia de los pueblos originarios y sin embargo, a través del uso de la consulta, han sufrido la imposición del modelo extractivo. También revisan y cuestionan el pero real que en verdad tienen tanto el convenio como la declaratoria, para los cuales mencionan por lo menos los siguientes argumentos: 1. El hecho de que exista un marco normativo sobre los derechos humanos y de los pueblos originarios, no significa que estén bien hechos ni que tengan efectos vinculantes de forma directa, porque si así fuera, nada de lo que ocurre actualmente con el modelo extractivo sucedería. 2. Tampoco se garantiza que los gobiernos hagan cabal cumplimiento de su uso, porque desde hace años, no se respeta los derechos reconocidos en la constitución, el convenio y la declaratoria. Por el contrario, hoy son utilizadas para manipular el marco ético y de buena fe que dichos documentos refrendan, para pasar encima de la historia de los pueblos originarios. Para REMA son temas para el debate, porque recurrentemente usan esos argumentos para imponer los megaproyectos.

Por otro lado, cuando nos plantea que «el Instituto tiene el mandato de ser el órgano técnico para el ejercicio de este derecho, por lo que será garante que se cumplan los más altos estándares internacionales», por supuesto que lo sabemos, pero hay contrastes que ponemos a su consideración por ejemplo; ¿cómo fue que aplicaron los «más altos estándares» cuando implementaron los “Foros de Consulta sobre la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”? ¿En qué posición de respeto y credibilidad por la lucha de los derechos de los pueblos originarios lo ponen a usted, las ocurrencias folclóricas de los rituales para imponer el tren maya? ¿Los más altos estándares internacionales para realizar consultas a los pueblos cuando se aplicarán?, porque nos queda claro que en el tren maya, por lo menos lo previo como derecho ya fue vulnerado.

En REMA no actuamos con dolo como nos lo hace saber a través de un twitter, hacemos planteamientos críticos y denuncias sobre un modelo que genera despojo y desplazamiento forzado, el cual no podemos permitir siga protegiéndose con actuaciones vagas, sumisas o por desconocimiento. De este nuevo gobierno no queremos titubeos, sino decisiones firmes que refuercen y refrenden el respeto de los derechos de los pueblos originarios, porque ya los gobiernos anteriores fueron fiel referente de la sumisión, la impunidad, y la violación de derechos. En ese contexto, desde nuestro nacimiento trabajamos, entre otras cosas, por desmitificar el «progreso y desarrollo» del modelo minero y de aquellos personeros que desde el gobierno y desde las empresas lo pretenden perpetuar. Con ello no decimos que a usted lo tenemos en esa categoría, pues no tenemos más argumentos para que ello suceda en estos momentos, pero es nuestro deber exigirle trabaje bien y a mil por hora no porque sea necesario para REMA, sino para los pueblos que en estos momentos ya les han sido vulnerados sus derechos, como los cientos de comunidades de Oaxaca con concesiones mineras.

Coincidimos con usted; en estos momentos álgidos del modelo extractivo, es prioritario luchar por garantizar que los pueblos originarios ejerzan el pleno disfrute de su derecho fundamental a sus tierras, territorios y bienes naturales, a lo cual sumaríamos también el derecho a su cultura, a mantener y fortalecer sus procesos identitarios y no folclorizarlos, y dar total certidumbre y garantía a su libre determinación.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Ciudad de México, 18 de diciembre 2018

• Da respaldo a pesar de que el proyecto minero sería realizado sobre concesiones que violaron derechos, y por las cuales, está demandada judicialmente la Secretaría de Economía.

El pasado 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó sobre dicho municipio.

Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse, fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio. El Subsecretario soslaya incluso que existe un Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en contra de las referidas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.

El apoyo de Luis Francisco Quiroga se dio durante su asistencia a la 9ª Junta Informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa. En ella, el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, elogió a la minera y su proyecto, afirmando que «los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país», llamando «voces disidentes» a quienes defienden sus derechos y al territorio de la devastación y los daños que causa la minería a cielo abierto[1].

El día de ayer, entregamos una carta a la Secretaria de Economía, Lic. Graciela Márquez Colín, en la que manifestamos nuestro rechazo y condena por la presencia y declaraciones del Subsecretario en un evento de la empresa. En ella, y ahora también, preguntamos a la Titular de la Secretaría de Economía, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio.

El Gobierno Federal tiene ahora una oportunidad única para demostrar que cumplirá con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que no se conducirá con las mismas prácticas violatorias, y que por tanto, pondrá la vida y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, por encima de los intereses de las empresas.

FIRMAN:

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac

Consejo Tiyat Tlali

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red Mexicana de Afectados por la Minería

Contacto:

– consejotiyattlali@gmail.com  Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

– Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar:  dianaa@fundar.org.mx

[1] Lo dicho por el Subsecretario puede constatarse en el siguiente video que fue tomado durante la reunión:

{YOUTUBE}N8LNmajLKOs{/YOUTUBE}

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La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 13 de diciembre 2018

Foto: Adelfo Regino Montes, Director General del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2010-2016), asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017), y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como: Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuuk por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos álgidos del levantamiento de estos en Chiapas.

La experiencia curricular del Lic. Adelfo, es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las Secretarías de estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el Lic. Adelfo, no explote al máximo su experiencia curricular, y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del Fondo Minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera.

Es lamentable sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del Fondo Minero el cual, por cierto, sólo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas, ha servido para sustituir las labores del estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos, pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se enriquezca de forma descarada y absurda, pero, sobre todo, ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero.

También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el Presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas como dirimirán su destino los pueblos, lo cual nos deja un amargo sabor de boca porque, lo único que constata esa propuesta, es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el Modelo Extractivo Minero, a tal grado que en verdad creen se resolverá a través de absurdas consultas, aunque estas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en que un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un Derecho, es el Derecho a la Vida.

La errónea política del que contamina paga debe de desaparecer, para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas quienes, además de vivir a costa del despojo de nuestros bienes naturales, se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Igual de importante, es llevar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios de gobierno quienes, utilizando las Secretarías de estado, trabajan en contubernio con las empresas, que los usan para ocultar todas las arbitrariedades y violaciones que ocasionan.

Lic. Adelfo, el dinero minero no rescata ni un sólo milímetro de los Derechos Violados de los Pueblos Originarios, tampoco repara los daños permanentes e irreversibles a la salud de la población, de la tierra, de los bienes naturales, ni del territorio, menos aún sirven para resarcir la ruptura y desaparición identitaria, cultural, lingüística, patrimonial que, si bien usted los menciona en los medios como fundamentales para los pueblos, es claro que no tiene una idea suficiente sobre lo que pasa en una comunidad que convive con una empresa minera. Darles más o menos dinero a los pueblos afectados por empresas mineras, es continuar con el proyecto de aniquilamiento, despojo y desplazamiento forzado que el Modelo Extractivo Minero ha impuesto en toda Latinoamérica, que lo ha impuesto a partir de estados desnacionalizados con leyes que ignoran las graves consecuencias que ocasiona la minería y, sobre todo que, bajo una visión mercantilista, creen que el dinero resuelve el fondo del problema.

Le proponemos que mejor impulse un censo para obtener toda información que los anteriores gobiernos han ocultado o en su acción de omisión no han generado. Por ejemplo; hacer el inventario de los destrozos integrales e interregionales generados por las empresas mineras, evaluar los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, estimar el volumen de los pasivos ambientales y sociales que nos están dejando como herencia en este país; que sirva para difundir las gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de identificar los lazos de corrupción que existen entre funcionarios del gobierno, empresas y el crimen organizado. Un censo que aclare el saqueo de bienes minerales que las empresas no reportan en México, entre muchos otros ítems, que serían de gran utilidad y suficientes para llevar a la cárcel a los empresarios mineros.

Si estas líneas que le expresamos le hacen cambiar el rumbo de su plan, bienvenido sea. Por el contrario, si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las tres administraciones anteriores, pronto se darán cuenta que la 4ta Transformación no será positiva, sino regresiva.

FIRMA:
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Fondo de concesiones mineras, a revisión por el Instituto de Pueblos Indígenas

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La Ley Minera propuesta por MORENA favorece el saqueo de los bienes naturales de los pueblos

Carta de Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – A 2 de diciembre 2018

Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador
Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez
A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín
A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco
A la opinión pública,

Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.

Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.

Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.

Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.

Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: «Por el bien de México, primero los pobres».

¡Queremos frijoles, queremos pescado!

¡Fuera mineras de nuestro estado!

#VIDAoMINA

Atte,

Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

Información relacionada:

VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

 

{YOUTUBE}zefSBUyRmCo{/YOUTUBE} 

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 23 de noviembre 2018

Foto: La mina de oro a cielo abierto Los Filos en Carrizalillo, Guerrero

Anda muy activa la bancada de MORENA realizando iniciativas de ley. Lamentablemente es muy visible el alineamiento de estas para optimizar el proceso para el saqueo de los bienes naturales de los pueblos por parte de las insaciables empresas privadas. Se alinea el hecho que será a través de la implementación de consultas manipuladas, como continuará la venta del «progreso y desarrollo de la Cuarta Transformación», al mismo tiempo que aceleran el paso para la incorporación de Evaluaciones de Impacto Social (EIS), como un complemento a otras similares que, por cierto, llevan años demostrando su ineficiencia, como sucede con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Por otra parte, consideramos lamentable el contenido mostrando, tanto en las iniciativas para la Ley de Desarrollo Agrario, como en la Ley Minera, ambas recientemente presentadas y en las que rápidamente se observa tienen un claro perfil de regulación administrativa. Por lo tanto, carentes de procedimientos para la rendición de cuentas. Tampoco dan espacio para la atención de las problemáticas de fondo, así como revelan el poco conocimiento que tienen los legisladores sobre la temática, además de mostrar una notoria falta de información respecto al proceder violatorio y sistemático de las empresas y de las dependencias gubernamentales, ignorando el despojo y el desplazamiento forzado como centro de la problemática. No sobra señalar que la iniciativa de reforma a la ley minera es la afirmación de lo determinado por el presidente electo en su Plan de Nación 2018-2024.

La iniciativa de la senadora Angélica García Arrieta, adiciona 8 artículos a la Ley Minera (http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-20-1/assets/documentos/Inic_MORENA_Ley_Minera_201118.pdf), y en ninguno hace énfasis a la urgente necesidad de asumir medidas que resuelvan la política de despojo, destrucción e impunidad ocasionada por el modelo extractivo depredador en todo el país. Refrenda la continuidad de la misma política permisiva y promocional que tenemos actualmente, y sólo plantea actos administrativos de regulación que, para el poder actual de los capitales privados no serán ningún problema atender, porque mucho de lo propuesto ya se ha venido legislando en otras partes del mundo.

En REMA consideramos un despropósito pretender que el Servicio Geológico Mexicano realice «Estudios de Impacto Social» y que la Secretaría de Economía declare «zonas inviables de explotación o en conflicto social negativo», cuando está plenamente documentado que los impactos de la mega minería tóxica son múltiples, estructurales e irreversibles; terribles impactos ambientales, sanitarios, económicos, productivos, culturales, entre otros, que han sido ocultos por instancias gubernamentales fieles e incondicionales operadores de los intereses empresariales. El «conflicto social negativo» a que se alude en la iniciativa, constituye en sí mismo un elemento determinante de tipo estructural del extractivismo y, en ese contexto, todo México es una «zona inviable de explotación» en los términos del extractivismo minero actual.

La iniciativa también plantea «atender los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones que se pretendan desarrollar», y aquí radica uno de sus puntos críticos, porque es a través del mito del «progreso y desarrollo» que ofertan, con lo cual nuevamente se traza una política gubernamental de corte colonialista, por lo tanto, es previsible que el nuevo gobierno no desarticulará la política de despojo y destrucción que, a través del Modelo Extractivo, está impuesta en México y en todo el mundo. En contrasentido, sería deseable que la premisa del desarrollo que nos ofertan, deba interiorizar en todas sus letras que; «los pueblos y las comunidades no somos recursos ni depósitos de recursos», somos sujetos sociales en emancipación, no semi-ciudadanos sumisos, ignorantes, carentes de criterio y requeridos siempre de recetas ajenas e impuestas. Los pueblos y comunidades no estamos esperando a funcionarios y dependencias o incluso a empresas para que «nos desarrollen». Los pueblos y comunidades tenemos referentes propios de cómo vivir, referentes que, por cierto, además de haber sido negados e invisibilizados, porque desde hace siglos se nos ve como inferiores e incapaces de dirimir y definir nuestras propias vías de vida, tampoco están inscritos en los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, porque tampoco ahí se nos ha considerado.

La Ley Minera actual es la más retrógrada de todas las leyes mexicanas que tenemos, y por ello en REMA nos parece inconcebible que para lograr «la cuarta transformación del país», la iniciativa refrende la política que prioriza el pago de los daños obligando «a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano sustentable», y no aborde con toda la fuerza que se requiere, la atención de los daños a la salud y al ambiente, muchos de ellos irreversibles. Es totalmente errónea la praxis que con dinero se puede resolver la depredación y muerte que genera el extractivismo minero actual. Invisibilizar un referente básico como el principio precautorio o el del bien común, aun presentes en nuestra Constitución, es una señal preocupante.

Si quienes dicen promueven la Cuarta Transformación de México, en verdad quieren hacerlo a través de la participación de los pueblos, ¿qué les parece si a todas las resistencias que vivimos las desgracias mineras, nos envían un guiño que nos anime a creer que este gobierno será diferente en fondo y forma y, para empezar, antes de hacer más y más alineamientos a favor de las empresas, mejor «CANCELAN TODAS LAS CONCESIONES QUE HAN SIDO ENTREGADAS DE FORMA ILEGAL E IRRESPONSABLE»… MÁS O MENOS SON 26 MIL.

En REMA discutimos arduamente que el tamaño de la problemática que enfrentamos no puede continuar siendo soslayada, menos aún por este nuevo gobierno que tiene condiciones históricas para reencontramos con lo que somos como nación, y no con lo que quieren que seamos.

NO MÁS INICIATIVAS AJENAS E IMPUESTAS

NUESTRA PATRIA Y NUESTRA DIGNIDAD NO ESTÁN EN VENTA

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

Actualización:

Iniciativas de Ley Minera y de Afores, sin respaldo de Morena: Monreal

Asesor de AMLO pide revisar Ley Minera propuesta por Morena

Más información:

La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

Artículo de Sin Embargo/Chiapas Paralelo publicado el 1 de octubre 2018

La batalla que en 2015 emprendieron habitantes de comunidades de Chiapas y Puebla en contra de cuatro proyectos mineros concluyó con la suspensión de actividades de estas empresas.

En Chiapas, la Profepa sancionó a la minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Semarnat, además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

En Puebla, integrantes del pueblo Maseual (nahua) obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila. El Juzgado le ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones, llevar a cabo una consulta previa y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

Ciudad de México, 1 de octubre (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.

Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: «Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia», del municipio de Escuintla, Chiapas.

La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia contra 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometión a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y los manglares de la Encrucijada.

Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verifique el impacto ambiental que ocasiona cada una de estas empresas en su territorio.

A tres años de protesta, la Profepa realizó una inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros cuadrados.

«Se considera hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente», indicó el comunicado.

El Proyecto consta de una superficie de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio de 7 metros.

EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

La sentencia, otorgada el pasado 26 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera «conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje».

Este fallo judicial, destacó Cemda, «deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificado, pues es imprescindible que se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados».

De acuerdo con datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera, en México operan un total de 345 mineras, de las cuales 21 son mexicanas.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

Más información:

Amparan a comunidades del Pueblo Maseual de la Sierra Nororiental de Puebla en contra de concesiones mineras

¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión