La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de septiembre de 2018

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a principios del presente mes que implementará medidas para «reducir» los efectos de la extracción minera. Estas medidas no son otra cosa que medidas cosméticas para paliar los efectos de la minería a tajo abierto por metales, lo que equivale a permitir que continúe una actividad que genera daños severos, múltiples e irreversibles ya documentados, incluso desde las etapas previas al inicio de las explotaciones.

Anunciar «remediaciones» que forman parte de la mentira sistemática que emplean las empresas para encubrir el despojo, gravar a esas empresas y destinar esos recursos fiscales a las comunidades a cambio de permitir las afectaciones y con ello legitimarlas, constituye más de lo mismo: una medida de continuidad que no sólo denota ignorancia y servilismo hacia intereses ajenos a la salud e integridad de nuestras comunidades y territorios, sino que mina el futuro y pone en entredicho el respeto elemental al mandato popular del pasado primero de julio.

Las palabras del Presidente electo no ayudan a enfrentar la grave situación que vive el país por el extractivismo minero que además ha causado desplazamientos de población, pobreza, migración y asesinatos. Con ello solo se operarían mecanismos con el fin de que unos raquíticos impuestos que pagan las empresas mineras se destinen a mitigar los graves e irreparables daños. [1]

 

México no está en venta. Nuestra integridad no está en venta. Exigimos sin titubeos ni falacias una posición digna y una política pública inequívoca de rechazo al modelo extractivo minero.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

[1] «Desde 2014, se estableció que las empresas mineras tienen que pagar un impuesto por la extracción de minerales y que ese impuesto tiene que utilizarse para mitigar daños en comunidades mineras», declaró AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre 2018.

Foto: AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre en la Ciudad de México.

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Sierra Tarahumara: Minera canadiense incumple contrato y reprime

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 5 de septiembre 2018

En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.

La minera Coeur Mexicana S.A. de C.V., de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de una mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.

Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.

Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.

También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.

La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar el desplazamiento a toda costa.

A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.

Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio.

En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.

REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.

Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

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Foto: la mina de plata de Coeur Mexicana en Guazapares (Crédito: Coeur Mining)

No, Carlos Slim no es un «ejemplo a seguir», como lo pretende AMLO: REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro «Ingeniería es soberanía», presentando ahí 25 «proyectos estratégicos» que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona «honesta», como «modelo a seguir» y «un ejemplo para México y el mundo».

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como «presunto evasor» en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de «desarrollo» extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene «inversiones», como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto «ejemplar» para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué «desarrollo» estamos hablando, y ese «desarrollo», es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los «proyectos estratégicos» a impulsar por el gobierno de AMLO, están también los de desarrollo minero. ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

1. Que las mineras «cuiden el medio ambiente» en su actuar;

2. Que «se les pague mejor» a los trabajadores;

3. Que «se paguen más impuestos al Estado».

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de «desarrollo»: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía.

Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO!

¡NO AL FRACKING!

¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO!

¡LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR!

ATENTAMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Foto: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Carlos Slim (Crédito: Jessica Espinosa / Notimex)

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS – A 6 de agosto 2018 (Disponible en Proyecto Puente y Connectas)

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra cómo para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.

Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

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Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.

Óscar Encinas Gámez, de 64 años, uno de los afectados, dejó de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por un derrame en la mina Buenavista del Cobre, duraría más de 90 años. Como él, un total de 22 mil personas se vieron afectadas de manera directa, por la omisión de autoridades federales y locales, al no haber realizado las inspecciones de rutina en la minera.
 
Así lo revela esta investigación de Priscila Cárdenas para Proyecto Puente y Aristegui Noticias con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS, que demuestra cómo ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido. Su anterior visita había sido diez años atrás.
Desabasto de agua potable, mermas económicas y daños a la salud son algunas de las afectaciones de una tragedia que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes cercanos a la zona, y que pudo prevenirse si las autoridades mexicanas hubieran hecho su trabajo.
 

En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida, al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.

La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.

Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de la Profepa, revelan que de 2000 al 2018, funcionarios solo visitaron dos veces la mina: el 9 septiembre y el 1 diciembre de 2014, después de ocurrido el derrame.

En estas revisiones se detectaron 55 irregularidades plasmadas en cuatro expedientes, que en un total de 8.128 hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones elementales.

Las autoridades mexicanas no hicieron públicos los hallazgos ni tampoco revelaron que se multó a la empresa con 22 millones 959 mil pesos, es decir, 2 millones de dólares al día de hoy. Un monto insignificante contra los multimillonarios beneficios económicos que produce la mina para sus accionistas, entre ellos Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.

Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, explicó que a la empresa le resultaba menos costoso pagar la multa que cumplir con las especificaciones mínimas para evitar el derrame. «Cualquiera podría preguntarse cómo es que una empresa que causó el peor desastre de la industria minera puede estar tan tranquila, seguir en operaciones… No le cuesta nada cuando a la gente de la región le costó todo. Hace sospechar de un sistema de impunidad, de un sistema que no funciona».

En el expediente PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos al exterior. «Cuando un derrame de sustancias peligrosas permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo, subsuelo, agua y a otros recursos naturales», señalaba la notificación que ordenó la clausura temporal de las instalaciones.

Buenavista del Cobre no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que mucha gente siguiera utilizando el agua para riego, para lavar, para bañarse e incluso para consumo.

«Del día del evento al momento en que se avisó vía telefónica habían transcurrido más de 25 horas (7 de agosto de 2014 a las 11 hrs.)», detalla el informe.

En el documento también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo que permitió la fuga de los químicos.

«Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río», recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras, con la presencia de reporteros que empezaron a acudir a sus pueblos para comprobar cómo es vivir en una zona de desastre.

Sin embargo, en muchos aún persiste la sensación de abandono en la tragedia, al recordar que pese a la dimensión de la misma nunca se hizo presente el presidente de México Enrique Peña Nieto.

Profepa advirtió que la empresa debía mejorar las instalaciones para el manejo de residuos tóxicos, como se detalló en el expediente PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14.

En el mismo reporte se explica que la mina no contaba con pozos de monitoreo de los procesos de lixiviación. Esto quiere decir que los químicos que se usaban para extraer el mineral no eran monitoreados ni tampoco había medidas para evitar que fauna silvestre ingresara a zonas donde estaban minerales como el sulfato de cobre acidulado. «No se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo», apunta.

El expediente PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14 resume que la compañía que Buenavista del Cobre contrató para el manejo de residuos peligrosos tampoco estaba autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta fórmula, concluye el informe, la minera obtuvo beneficios económicos al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes.

En otro informe de Profepa, se habla sobre si la minera cumplía con la normatividad en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Este documento detalla que, además de carecer de Licencia Ambiental Única, Buenavista del Cobre no reportaba los resultados de las evaluaciones sobre emisión de gases y concluye que «las infracciones se consideran graves porque pueden provocar daños a la salud pública (..) además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de los recursos naturales o de la biodiversidad».

Todos estos reportes se hicieron después de ocurrido el derrame tóxico.

Perdiendo la vida todos los días

Como si el termómetro no marcara 45 grados centígrados a la sombra, un hombre cruza caminando la plaza del municipio de Ures, cargando un garrafón de agua vacío en la mano. Su trayecto finaliza en un negocio que -con letras rojas y grandes- tiene escrito en la pared «elaborada bajo proceso de filtros de arena, carbón activado, suavizadores, ósmosis inversa y rayos ultravioleta«. Ya con el recipiente de 20 litros lleno -después de haber gastado 12 pesos por ello, casi un dólar- el hombre regresa a su casa, pero pronto deberá repetir el camino porque en Ures y en otros seis pueblos de Sonora, la gente utiliza agua purificada para todo.

Abrir la llave dejó de ser opción desde el fatídico 6 de agosto de 2014.

Ese día, la mina Buenavista del Cobre, la principal explotadora de este metal en México, derramó en el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos compuestos por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Una contaminación que se esparció por el afluente que alimenta los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Además de perjudicar el ecosistema, la emergencia les marcó la vida a los pobladores. Quienes tenían vacas tuvieron que tirar la leche y cesaron en la fabricación de quesos y otros productos derivados, pues sus animales bebían del afluente contaminado. Para los agricultores, la toxicidad en el Río Sonora significó dejar de sembrar, pues el agua con la que regaban sus cosechas estaba contaminada.

La noticia ahuyentó a los visitantes que acostumbraban pasear por la zona los fines de semana dejando en la ruina a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Nadie quería arriesgarse.

El Gobierno de México ordenó cerrar los pozos, exhortó a la gente a no acercarse al río y anunció que implementaría un plan de emergencia para atender el caso. También responsabilizó a la empresa minera Buenavista del Cobre por lo sucedido y anunció que Grupo México sería multado y obligado a pagar económicamente por todos y cada uno de los daños ocasionados.

Sin embargo, a cuatro años de ocurrida esta catástrofe, el plan de remediación no revirtió el daño.

Grupo México destinó, desde el 15 de septiembre de 2014, dos mil millones de pesos a través del Fideicomiso Río Sonora. De acuerdo con el contrato el Gobierno Mexicano, mediante un comité técnico se encargó de administrar el dinero y también de vigilar que se cumpliera la limpieza del río, la instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica.

También hubo el compromiso con quienes presentaran afectaciones a la salud derivadas por la exposición por metales pesados, por lo que construirían una clínica enfocada exclusivamente a atender y vigilar estos casos.

Pero el dinero no alcanzó, las afectaciones al agua contaminada continúan, y ni siquiera existen plantas potabilizadoras que funcionen u hospitales de atención especializada.

«Las acciones no han servido de nada, de tantas plantas potabilizadoras de agua que iban a poner nomás pusieron una. Hoy compré seis galones de agua a la semana y no me alcanzan», comentó Dolores Valenzuela, habitante de El Sauz, un ejido ubicado en el municipio de Ures.

Así como Dolores, los pobladores le reclaman al gobierno mexicano la mala administración del dinero del fideicomiso, pues se hizo sin transparencia y con el fin de favorecer a la empresa por encima de los pobladores.

No se instalaron las 36 plantas potabilizadoras. El hospital que supuestamente serviría para atender a los enfermos, hoy está abandonado y nunca fue inaugurado.

Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER, organización que impulsa la defensa legal de los habitantes afectados por la contaminación del Río Sonora, expone que las autoridades no han hecho nada para mejorar la situación de las personas y en contraste, la minera no ha tenido ninguna afectación económica. Al contrario. Sus números han ido en aumento.

«A la empresa no le significó costo o pérdida contaminar con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de 22 mil personas. A la empresa le salió más barato violar la Ley y pagar la multa, que hacer todo lo que necesita hacer para proteger el medio ambiente», asegura Lamberti.

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Más información:

VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

Zacatecas Minero: la riqueza que empobrece

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 13 de julio 2018

Es conocido que el estado de Zacatecas es de suma importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, convirtiéndose en el segundo estado con mayor aporte (SE, 2016). No es casualidad entonces que, igual de impactante resulten los datos más recientes sobre la situación del territorio zacatecano con relación a la minería.

En síntesis nos indican que una cuarta parte del territorio zacatecano (equivalente a 1,803,200 Ha.), ha sido entregado a través de 2,296 títulos de concesiones mineras (GEOCOMUNES, 2018). Hablamos de 206 proyectos de exploración de los cuales, 145 son de capital mexicano (34 de Peñoles, 12 de Frisco y 11 de Grupo México), 42 son de empresas canadienses (8 de Pan American Silver, 4 de Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp, 2 de Goldcorp y 2 de First Majestic), 10 estadounidenses (todas de la Golden Minerals Company) y, 6 británicas (2 de Río Tinto y 2 de Arian Silver Corporation), (GEOCOMUNES, 2018).

Además, hay 15 minas operando (3 a cielo abierto) y 3 más se encuentran próximas a iniciar operaciones y de todas ellas sin duda alguna, resalta la de la minera Peñasquito de la poderosa empresa canadiense Goldcorp, que ahí explota la mina de oro más grande de México y una de las tres más grandes de plata, junto a Saucito y Fresnillo PLC pertenecientes al Grupo Bal (GEOCOMUNES, 2018).

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la producción minera del estado a nivel nacional, a marzo del 2018, fue la siguiente:

  • Primer lugar en producción de plata, plomo y zinc,
  • Segundo lugar en producción de cobre y,
  • Tercer lugar en producción de oro.

No obstante esas cifras «alegres», empresas y gobierno omiten que Zacatecas también tiene los primeros lugares en la cantidad de sustancias químicas, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, que son utilizados durante los procesos de extracción de metales. Además se usan disolventes, gasolina y diésel en grandes cantidades, y ni que decir de la inmensa cantidad de agua que las empresas utilizan en varios de sus procesos de extracción. Esta mezcla entre tipo y cantidad de sustancias químicas, hidrocarburos y la ominosa cantidad de agua, ocasiona graves daños a la salud y al ambiente, a tal grado que envenenan para siempre las estructuras sociales, la identidad y cultura de los pueblos, la vida en sí misma, con el signifcado que cada pueblo le otorga, es irrecuperable la flora, la fauna, el aire, el agua, para que al final, sólo quede ya el despojo y el desplazamiento forzado.

Otro indicador que abruma es que, de acuerdo al centro de análisis e investigación Fundar (2018), que analizó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el «poder» minero en el municipio de Mazapil no ha sido suficiente para sacar de la pobreza extrema a la población. Mazapil, como muchas otras comunidades que tienen en sus entrañas a las empresas mineras más poderosas del mundo, sigue siendo pobre. La paradoja de la «La Riqueza que Empobrece».

De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), Mazapil produce aproximadamente 900,000 mil onzas anuales de oro, lo que significaría cerca de mil ochenta millones de dólares al año…. (1,080,000,000.00). Sin embargo, cómo señalamos líneas arriba, es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema (12.9%) y aproximadamente el 63% de la población vive en pobreza, porque en realidad lo que sucede es que de las 130,000 toneladas de material, que mantiene una tasa de ganancia anualizada de 164%, sólo una parte insignificante del total de la utilidad bruta, les llega a los ejidatarios dueños de la tierra. Es decir, el 0.107% (Rodriguez, 2015). Por otra parte, si redondeamos el análisis, y ponemos en perspectiva que, el anterior e insignificante y supuesto «beneficio», no se distribuye en la mayoría los habitantes que también están siendo afectados por las consecuencias socio-ecológicas de la operación minera.

La minería es exaltada por el gobierno y por las propias empresas, a través de un discurso que pondera el crecimiento económico, el progreso y desarrollo y la generación de empleo bien remunerado para los países, estados, los municipios, las localidades, los ejidos y los anexos, pero no causa impacto positivo sobre los indicadores económico y de marginalidad. ¿Cómo es posible que con la magnitud de los daños que ocasionan, estos no se vigilan ni se cuestionan? Entonces nos preguntamos: ¿Desarrollo para quién? ¿Progreso desde dónde?

Zacatecas, enclave de extracción para beneficio de las naciones colonizadoras en el entramado del sistema-mundo, ha sido históricamente un territorio subordinado para la apropiación de excedente social y natural y, en la actualidad, sigue siendo un espacio de recolonización por parte de corporaciones canadienses y oligarcas nacionales, de los cuales sobresalen Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alberto Bailleres (Grupo Bal), grupos de poder que siempre han sido los verdaderos favorecidos de la mercantilización de los bienes minerales.

Esta situación se traduce en la articulación de conflictos territoriales, donde confluyen la clase y el género, derivados de la violación a los derechos humanos, la destrucción de territorios, depredación de bienes naturales, debilitamiento de la organización local comunitaria, pérdida de identidad y la vida tradicional histórica con arraigo a la tierra, daños a la salud, contaminación al ambiente, exterminio de los mantos acuíferos y en suma, la invisibilización y negación de otras formas de vida, distintas a la impuesta por la tendencia dominante del capital.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac), hemos identificado severas conflictividades en los municipios siguientes: en Mazapil, en las localidades de Peñasquito, Salaverna y Camino Rojo y en Concepción del Oro; en la cabecera municipal de Chalchihuites, en las poblaciones de La Colorada y San José de Buenavista; Ojocaliente; Luis Moya, con la mina El Coronel; Noria de Ángeles, con la Minera Real de Ángeles. No obstante, consideramos son más los municipios que presentan situaciones similares, como Melchor Ocampo, El Salvador, Vetagrande, Sombrerete, Fresnillo, al igual que sucede con la ciudad de Zacatecas, la cual registra el 80% del total de su territorio concesionado.

Lamentablemente, el Modelo Extractivo Minero viene acompañado de otras calamidades de disputa socio territorial relacionadas con los megaproyectos. También ha comenzado el desarrollo de parques eólicos, tanto en Villa de Cos, como en la capital del estado; al igual que ya se pretende imponer una mega presa en Jiménez del Teúl, llamada «Milpillas», para abastecer de agua el corredor industrial y minero que va desde Fresnillo y pasa por Calera, Zacatecas y Guadalupe, incluyendo a Grupo Modelo, filial de la gigante cervecera belga Anheuser-Busch InBev.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertamos a las poblaciones que viven los embates del Modelo Extractivo, y alentamos a la organización social desde abajo, con las estructuras de gobernanza locales y, con la búsqueda de coincidencias para hacer frente a estos proyectos de muerte, a los cuales tenemos que enfrentar poniendo por encima de cualquier beneficio económico, la vida y la dignidad de los pueblos.

Firma:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac)

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

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En Zacatecas, conflictos por minería

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La encrucijada ejidataria: El caso de San José Buenavista en Chalchihuites, Zacatecas

Zacatecas: defensores exigen la cancelación inmediata de las concesiones mineras otorgadas a First Majestic

Manual para descargar en PDF: «Hablemos de megaminería»

Compartimos el manual «Hablemos de megaminería» publicado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH) que resiste a la megaminería en la provincia de Chubut, Argentina

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Prefacio

«Nuestra lucha se basa en la información y la difusión», suelen decir los/las vecinos/as de Chubut, Argentina que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre «megaminería» que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.

Este manual, elaborado por un grupo de vecinas/os asambleístas que se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo, está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas.

Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.

En el año 2002 el pueblo de Esquel, ubicado en la cordillera chubutense, se vio conmovido por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad, utilizando una metodología de extracción a gran escala muy diferente a la de la minería tradicional. En principio, las promociones de la empresa y de sus aliados políticos y mediáticos generaron expectativas de progreso económico y oportunidades laborales para la población.

Sin embargo, y afortunadamente, hubo vecinas y vecinos esquelenses que se preguntaron por los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que produciría dicha explotación. Así fue que se pusieron a investigar. Se contactaron con pobladores de otros lugares de nuestro país y de Latinoamérica que convivían con emprendimientos megamineros para conocer sus experiencias. También averiguaron cómo sería el proceso de extracción de los metales y su procesamiento posterior: qué y cuántos recursos utilizaban, cómo operaban, qué pasivos dejaban. Comprendieron entonces que este tipo de actividad, conocida como «megaminería», conlleva graves secuelas socioambientales para los territorios en los que se instalan los yacimientos.

Y por si fuera poco descubrieron que las oportunidades de progreso con las que se promocionan las explotaciones, en poco tiempo se develan como falsas promesas. No se produce ningún derrame de riqueza: gracias a las ventajas impositivas del Código Minero vigente desde los años 90, los beneficios económicos son para las corporaciones extranjeras y las migajas que rinden no llegan a cubrir siquiera los costos de remediación. Y, además, la contaminación irreversible del ambiente, destruye las posibilidades de desarrollo regional de otras actividades económicas, verdaderamente productivas y sustentables. Lamentablemente, abundan los ejemplos, a lo largo del país y del mundo, para afirmar que la megaminería genera más pobreza en los sitios que explota.

Después de conocer todo esto, los/las vecinos/as de Esquel compartieron la información apelando a estrategias de educación popular y se organizaron para evitar la instalación del emprendimiento megaminero que pretendían imponerles. En 2003 se conquistó una consulta popular en la cual el 81% de la población se expresó por el «NO» a la explotación del Cordón Esquel, luego se promulgó la Ley Provincial 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro y, desde entonces, se han desplegado múltiples acciones legales, de difusión y movilización que se sostienen hasta la actualidad. La gesta del pueblo de Esquel y la experiencia del movimiento del «NO A LA MINA» han sido inspiradores para otros pueblos de Chubut, de Argentina, de Latinoamérica y del resto del mundo que resisten el extractivismo minero.

Y como en el territorio de Chubut existen enormes reservorios de metales y materiales radioactivos, resulta constante y creciente el asedio de las corporaciones mineras y sus operadores para habilitar la actividad extractiva que saquea y contamina. Debido a esto, han surgido numerosas asambleas y grupos de vecinos/as que luchan en contra de la instalación de la megaminería en diferentes localidades de la provincia. En 2012 hubo una fuerte embestida política y empresarial para impulsar la megaminería, la consecuente resistencia provincial dio origen a la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (U.A.C.CH). En este espacio asambleario horizontal y apartidario participan, se encuentran y comunican vecinas/os, pobladores rurales, pueblos originarios de Chubut, unidos/as a partir de la defensa del territorio, del agua, de la dignidad y de las oportunidades de verdadero desarrollo para las actuales y futuras generaciones.

Esperamos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimientos, para multiplicar conciencias, para cimentar poder popular basado en saberes independientes. Que sirva para que los/las ciudadanos/as y especialmente los/las jóvenes de nuestro pueblo puedan elegir su destino sin imposiciones, ni manipulaciones informativas de las corporaciones.

¡A estudiar y a difundir, que sólo el conocimiento nos hará libres!

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Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

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Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

 

¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Comunicado de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 20 de junio 2018

¡Felicidades al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Este 20 de junio, celebramos junto con ustedes su tercer año de resistencia al falso desarrollo que el gobierno chiapaneco y la industria minera quieren imponer en su territorio, a costa de su salud y violando sus derechos colectivos.

Les agradecemos a ustedes, mujeres y hombres quienes integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) desde el 20 de junio año 2015, por defender las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. De su digna lucha depende la salud de los ríos Cacaluta y Jalapa, del bosque de niebla de la Reserva de la Biófera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada. De su fuerza depende la sobrevivencia de los pescadores que necesitan ríos vivos para trabajar y la vida de los niños y las niñas que necesitan ríos limpios para no morir de cáncer.

Felicidades por su perseverancia y poderosa palabra que han permitido que la población de Acacoyagua se organice y protege ante el avance del modelo minero. Las actas de asamblea del ejido y de los bienes comunales de Acacoyagua en las que se prohiben las actividades mineras son un gran logro de su tercer año de lucha, del cual deben estar orgullosos.

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les agradecemos por darnos la suerte de acompañarles en su lucha y aprender cada día más de su alegría y humildad. Muchos chiapanecos y chiapanecas fortalecen su lucha contra el despojo a su lado. Es el caso de todas las organizaciones y movimientos que conformamos el «Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas» y participamos en el Foro «Pueblos Vivos, Territorios Libres de Extractivismo» en abril del presente año en la casa ejidal de Acacoyagua.

Su generosidad ha permitido también a personas de otras geografías conocer su lucha y darse cuenta de la urgencia de dejar de depender de un modelo extractivo que despoja a los pueblos rurales del Sur Global para responder a las falsas necesidades de los habitantes del Norte Global. Fue así como jóvenes de universidades de Denver (Colorado) y Olympia (Washingon) pudieron convivir con ustedes durante unos momentos que tal vez cambiaron la vida de esos estudiantes.

Rechazamos todas las publicaciones y declaraciones difamantes que ustedes han sufrido por parte de los grupos que apoyan la industria minera en su región e intentan persuadir a la opinión pública que su labor en defensa de la vida es un crimen. La criminalización de su protesta es una estrategia que usa en vano la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. en su contra porque las mentiras son las únicas armas que le queda ante la permanencia de sus dos campamentos en resistencia. Gracias por mantener vivos estos dos campamentos, símbolo de su lucha, que logran impedir el paso de las maquinas de la empresa hacia la mina de titanio Casa Viejas.

Nos unimos a sus exigencias:

  • Información clara y oportuna sobre la situación de los proyectos de minería en los municipios de Acacoyagua y Escuintla;
  • Sanciones y clausuras definitivas de los proyectos mineros de la región;
  • No más licencias ni permisos a proyectos de exploración y explotación minera de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el municipio de Acacoyagua.

Gracias por seguir en pie de lucha, compañeros y compañeras, y por invitarnos a todos y todas a construir caminos libres de despojo y luchar a su lado.

¡Vida sí, Mina no!
¡Fuera la minería de Acocoyagua y Escuintla!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

FIRMAMOS:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

Fotos: Marcha-Aniversario del FPDS el 20 de junio 2018 en Acacoyagua, Chiapas (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

Más información:

La página Facebook del FPDS

La Red Mexicana de Afectados por la Minería felicita al FPDS en el marco de su tercer aniversario

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión

En los medios:

Frente Popular en Defensa del Soconusco cumple tres años de lucha contra la minera en Acacoyagua y Escuintla (Chiapas Paralelo)

Escuintla y Acacoyagua cumplen tres años de resistencia contra la mineria (Debate Tu Espacio)

Chihuahua: Nuevo atentado minero contra la vida

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 7 de junio 2018

El pasado 4 de junio nuevamente despertamos con otro desastre minero, ahora en el municipio de Urique, Chihuahua, esta vez a cargo de la Minera Río Tinto, S.A. de C.V., la cual, de acuerdo al directorio del sector minero, se fundó en 1994 para extraer, producir y comercializar minerales metálicos y, desde el 2008, pertenece al grupo británico Río Tinto Pic, también de capitales australianos, que en conjunto forman la segunda más grande empresa minera diversificada a nivel mundial por sus trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, energía y minerales.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamenta profundamente la pérdida de la vida de por lo menos tres trabajadores de la mina Río Tinto que hasta ahora han sido localizados e identificados tras el derrame de su presa de jales, al igual que nos sumamos con toda nuestra esperanza con quienes realizan la búsqueda de los desaparecidos, a quienes esperamos encuentren con vida.

Carlos Ayub Touché, chihuahuense, funge como representante de la empresa en México, quién, además de haber ostentado la presidencia de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es un personaje igual de oculto y oscuro que su colega Germán Larrea, dueño de Grupo México (GM), una de las empresas más galardonadas por el gobierno mexicano, a pesar de las decenas de conflictos que tiene a lo largo y ancho de todo el país por incumplimientos, huelgas de trabajadores, desastres ambientales terribles, contaminación y daños a la salud, además de incluir a su larga lista, el asesinato de opositores y opositoras, tanto en este país como en otros, en donde GM tiene presencia.

No es la primera, ni será la última vez que REMA suba la voz en contra del Modelo Extractivo Minero. Este Modelo debe ser totalmente desechado como propuesta de «Progreso y Desarrollo» si en realidad deseamos un país que transite en armonía con la vida y una sociedad justa y no basada en negocios espurios y oscuros de quienes imponen una forma de trabajo que indigna por los niveles de destrucción que genera.

Los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Bailleres, los ahora Ayub Touché, así como las empresas extranjeras, con particular énfasis en los dueños y accionistas de las empresas canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales, de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los DAÑOS que ocasionan a la salud, al ambiente, la naturaleza, a la cultura y a la comunalidad y la vida de los pueblos.

Estamos ciertos de que ahora, a esta trama de horror, se ha sumado ya el desgastado, negligente, tenue y demás tonterías de: «no contaminó y todo está controlado», que suele acompañar el discurso de la «institucionalidad», encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambient (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el gobierno del estado de Chihuahua y las demás instituciones federales serviles a los intereses de estos empresarios nefastos y de este modelo minero extractivo depredador. Anunciarán una supuesta «restitución de los daños», con lo cual nuevamente la impunidad será la gran expresión de injusticia.

Abrazamos en solidaridad a todas y todos los familiares de quienes han perdido la vida por negligencia de la empresa y del gobierno municipal, estatal y federal.

Demandamos de forma inmediata se avise a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que sufrirá, por el derrame de los jales tóxicos que van descendiendo por el río Tubares, que descarga sus aguas en el río Fuerte, el cual tiene tres presas en los municipios de Choix (Luís Donaldo Colosio) y el Fuerte (Miguel Hidalgo y Josefa Ortíz de Domínguez). Esas presas irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa (valles del Fuerte, Carrizo).

¡Exigimos que la PROFEPA y la CONAGUA dejen de enviar información falsa para proteger los intereses de la empresa!

¡Exigimos el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto en Urique, Chihuahua, y medidas enérgicas de rendición de cuentas y control y reparación de los daños ya causados en la región!

¡Exigimos el impulso y apoyo a proyectos productivos respetuosos de la población y de la vida en Urique, chihuahua!

¡EXIGIMOS EL ENCARCELAMIENTO DE CARLOS AYUB TOUCHÉ!

¡FUERA MINERAS DEL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El río Tubares se volvió blanco tras el derrame de la presa de jales de la mina Río Tinto que lo llenó de lixiviados – Debate.com.mx

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VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

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«Minas, Metales y Poderes» es un reportaje video realizado por el cana Fusión México en mayo 2018. Nos recuerda que el 6 de agosto de 2014, se perpetró una de las catástrofes ambientales más graves de la historia de México en el norte del país: el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi generado por una serie de negligencias por parte de la minera Buenavista del Cobre S.A. de C.V. Se trata de una filial del Grupo México, propiedad de German Larrea, el segundo hombre más rico de México quien también posee Cinemex.

«Afectó en la salud, en la economía, en lo feliz que eramos antes y ahora ni tenemos confianza ni de tomar agua ni de consumir los productos que se dan en la región», cuenta Esperanza García, enfermera de San José de Baviácora, Sonora, en el documental. Se encontró que el agua contaminada por el derrame contenía plomo, mercurio, aluminio, fierro, arsénico y cadmio y la población sufrió de lesiones en la piel, infecciones estomacales, afectaciones en los ojos. Además, se perdieron mas de 8 mil hectareas de cultivo y mas de 500 cabezas de ganado. En total, se estima que 22 mil personas fueron afectadas por esta tragedia.

Poco después del ecocidio, el gobierno mexicano creó el «Fideicomiso Río Sonora», un fondo de 2 mil millones de pesos aportados por Grupo México que debían ser destinados a la reparación de daños, pero el Fideicomiso cerró en agosto 2017 después de haber distribuido sólo 1.1 mil millon de pesos. Los campesinos recibieron un único pago de 10 mil pesos por hectárea perdida y 350 pesos po cabeza de ganado. Se prometieron inicialmente 36 plantas potabilizadoras para filtrar metales pesados, de las cuales se construyeron solo 8. La PROFEPA impuso una multa de menos de 24 millones de pesos a Grupo México, un monto que «no significa nada» para el Grupo, denuncia el Comité de Cuenca del Río Sonora en el documental. Hoy los habitantes siguen padeciendo de enfermedades generadas por el derrame, mientras que la mina Buenavista del Cobre sigue en operación.

Más información:

Grupo México, de Germán Larrea, no limpió el Río Sonora y jamás nos ayudó, se quejan afectados

El caso Río Sonora, a la Suprema Corte de Justicia

En el País, 75% de los ríos están severamente contaminados

La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 30 de abril 2018

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), festejamos el reconocimiento a la labor de la compañera Francia Márquez, una mujer colombiana y líder afrodescendiente quien el pasado 23 de abril fue galardonada con el Premio Goldman 2018 por su ardua labor en la defensa de la vida y el territorio en el departamento del Cauca donde logró, con ayuda de los habitantes de la región, que la minería ilegal fuera expulsada del lugar.

Este merecido premio es también el reconocimiento y un indicador de la fuerte resistencia de las mujeres contra el modelo extractivo que en toda América Latina alza/mos su/nuestra bandera por no permitir el despojo de nuestros territorios.

Francia, como en muchos casos, fue acosada y amenazada por paramilitares hasta declararla «objetivo militar», y obligada a salir de su territorio, por considerar que detenía el desarrollo. A pesar de ello continúa resistiendo.

Esto nos recuerda a nuestras compañeras Máxima Acuña y Berta Cáceres, también premio Goldman. Máxima hasta la fecha no ha dejado de ser hostigada por la empresa minera y la policía para que abandone su lucha, y Berta como sabemos no pararon de acosarla hasta arrebatarle la vida; así como a muchas otras compañeras como Bety Cariño, Manuela Solís, Nicinha, Marielle Franco y tantas otras que han dado la vida por defender la vida, aquienes la mismaFrancia ha dedicado este premio.

¡VIVA LA FUERZA DE LAS MUJERES EN LAS LUCHAS CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO!

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

Así es Francia Márquez, la colombiana que ganó el «Nobel» ambiental

Foto: Francia Márquez (Cortesía Premio Goldman)

Durango: opositores a la planta de cianuro «Chemours Laguna» dicen NO al diálogo con el gobierno y la empresa

Comunicado de prensa del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT) – Ciudad de Torreón, Coahuila, a 24 de abril 2018

Las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, le decimos a la opinión pública, a la empresa y al gobierno del estado que no llevaremos a cabo Ningún Diálogo relacionado con el Proyecto Chemours Laguna, porque desde el 24 de junio del 2017 – día en el que fue colocada la «primera piedra» del Proyecto Chemours Laguna en la localidad de «El Siete Pueblo Nuevo», municipio de Gómez Palacio, Durango, hasta hoy, sólo hemos recibido amenazas, desprecio, racismo, estigmatización, criminalización, divisionismo y violencia.

Nos negamos rotundamente a dialogar con quienes ponen en riesgo nuestra salud y amenazan nuestra integridad, así como la del medio ambiente y los bienes naturales que nos rodean. Nos oponemos a dialogar con quienes dan prioridad a los intereses empresariales aun a costa de la violación a las leyes y a los derechos humanos.

Nunca -ni antes, ni durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental- fuimos informados sobre el Proyecto «Chemours Laguna». Desde el inicio las autoridades de gobierno nos han ocultado información para favorecer en todo lo posible a la empresa The Chemours Company, quien, por su parte, con información incompleta y falsa, le ha mentido y ha engañado al propio gobierno, poniendo en evidencia el aprovechamiento del contexto de corrupción e impunidad que vivimos en nuestro país.

Contrario a lo que podríamos esperar de una empresa transnacional de estas dimensiones, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada para su evaluación ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), proporciona información sesgada, distorsionada, e incompleta, además de hacer graves omisiones, como la no existencia de 19 de las 21 comunidades que seríamos potencialmente afectadas por el proyecto.

En este sentido, en la MIA la empresa señala, en la Tabla 7, «Vinculación con los criterios de desarrollo industrial de la UGA 19», (página 92), que «Si bien es cierto, el proyecto Chemours Laguna realizará actividades altamente riesgosas, también es cierto que el proyecto no se ubica en las cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios» y sólo se limita a señalar que el proyecto se ubica «a siete kilómetros de la localidad de Brittingham y a ocho kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo minero Dinamita». Sin embargo, entre el polígono donde pretende ubicarse el Proyecto Chemours Laguna y las comunidades de Brittingham y Martha (que sí aparecen en la MIA), existen 19 asentamientos humanos que fueron invisibilizandos por la empresa: «El Siete Pueblo Nuevo» a 2 km; «El Volado» a 2.2 km; «Abisinia» a 3.2 km; «América Uno» a 3.6 km; «Numancia» y «San Roque» a 4.4 km; «Cuatro de Diciembre» a 4.5 km; «La Aurora» a 5 km; «Las Lechuzas» a 5 km; «Sierra Hermosa» a 5.5 km «Las Playas» a 6 km; «Noé» a 6.5 km; «Poanas» a 6.7 km; «Dolores» a 7.2 km; «La Plata» a 7.2 km; «La Mina» a 7.8 km; «Colonia 6 de Julio» a 7.8 km; «Estación Noé» a 7.8 km; y «María Antonieta» a 7.8 km.

Las mentiras e inconsistencias son mayúsculas y, sin embargo, el proyecto fue aprobado por el gobierno federal y municipal y promovido fuertemente por el gobierno estatal por encima de nuestros intereses que somos quienes sufriremos las consecuencias.

Todas y todos sabemos que uno de los peores males que tenemos en este país se explican a partir de la corrupción, la violencia y la impunidad que ocurre en el contexto de este tipo de proyectos en donde empresas y gobiernos están coludidos. Por ello, en el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, hemos acordado que no vamos a legitimar ni contribuir, con un diálogo, a un proyecto que de origen no debió de ser autorizado.

¿Qué tipo de diálogo podemos esperar de una empresa cuyo proyecto no sólo nos invisibiliza como población, sino en el que le miente al gobierno mexicano? ¿Qué tipo de garantías de diálogo pretende impulsar un gobierno que nos criminaliza, nos reprime y nos encarcela, además de su abierta y franca pretensión por apoyar, al costo que sea, el proyecto?

Combatiremos al Proyecto Chemours Laguna desde la organización de los pueblos y desde los Tribunales y, de ninguna manera, aceptamos que nos estigmaticen como violentos. Los violentos son quienes se niegan a responder las pretensiones ciudadanas. Los violentos son quienes se niegan a responder a nuestros intereses. Los violentos son quienes pretenden continuar destruyendo el medio ambiente en su afán de enriquecerse a costa de lo que sea.

Lo que está en disputa es la seguridad de nuestro territorio y de nuestras familias.

¡FUERA CHEMOURS DE NUESTROS TERRITORIOS!
 
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Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Foto: Rueda de prensa del FUPLDVT en Ciudad de Torreón, Coahuila, a 24 de abril 2018/ Crédito: FUPLDVT

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Pronunciamiento del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT) en el marco del «Encuentro de comunidades en resistencia contra el Proyecto Chemours Laguna»– Ejido La Aurora, Municipio de Gómez Palacio, Durango, a 14 de Abril del 2018

A las Comunidades Afectadas,
Al Pueblo de la Comarca Lagunera,

Nos hemos reunido hoy en la Comunidad de La Aurora para reconocernos como Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio luego de que, el 9 de marzo pasado, en el contexto de una protesta pacífica en contra del Proyecto «Chemours Laguna», las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, nos reprimieran violentamente.

Ese día, las policías violaron nuestro derecho a la libertad de expresión y vulneraron nuestra integridad personal al confrontarnos con amenazas e intimidación, con agresiones físicas directas, puñetazos y patadas, utilizando gases lacrimógenos y detonando armas de fuego. Allanaron nuestras viviendas, destruyeron nuestros comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas.

A treinta y seis días de aquellos hechos, muchas cosas han ocurrido pero nuestra posición respecto de la «fabrica de la muerte» se mantiene: ¡NO LA QUEREMOS EN LA LAGUNA!

¡No olvidamos! Ese gobierno que ahora quiere debatir sobre el Proyecto «Chemours Laguna» es el mismo que nunca nos atendió, el mismo que mandó golpearnos, el mismo que arrestó a muchos de nuestros compañeros, el mismo que intentó infiltrar nuestro movimiento y trató de debilitarlo.

Ese mismo gobierno ha priorizado su relación con la empresa «The Chemours Company» en oposición al deseo de las comunidades que aquí nos encontramos. Rosas Aispuro no ha dejado de pronunciarse a favor del Proyecto «Chemours Laguna» a pesar que desde aquí le hemos dicho que no lo queremos en nuestros territorios.

Ahora mismo el Proyecto «Chemours Laguna» se encuentra suspendido por orden judicial y queremos aprovechar para agradecer a la organización Pro-Defensa del Ciudadano, A.C. por este esfuerzo solidario para que el derecho a la salud, al medio ambiente sano y la autodeterminación de los pueblos de la Comarca Lagunera no se vea vulnerado.

Hoy, después de múltiples intentos, tanto del gobierno municipal de Gómez Palacio, como del gobierno del Estado de Durango y de la la empresa «The Chemours Company» por desestabilizarnos y debilitarnos, nos encontramos más fuertes que nunca. A ellos les decimos que NO desistiremos en nuestra oposición a la instalación de su fábrica de muerte.

A los ciudadanos de la Comarca Lagunera les hacemos un atento llamado para que hagan suya esta lucha que no tiene otra intención más que la de garantizar la seguridad de nuestro entorno: No queremos un desarrollo que genere víctimas. No queremos ser el vertedero de desechos, materiales y humanos, de industrias irresponsables. No queremos vender nuestra salud, ni nuestro territorio. No queremos que el modelo de desarrollo sea una amenaza para nuestras comunidades. «Chemours» no debe instalarse ni aquí ni en otro territorio de México.

Sí queremos una vida digna. Queremos participar y ser tomados en cuenta. Queremos desarrollo, pero integral y no a cualquier costo. Invitamos a aquellos que compartan estos ideales a seguir unidos para no permitir que intereses mezquinos desangren la vida. El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue vivo e invita a que cada vez más estemos informados, organizados y dispuestos a unir fuerzas por nuestra tierra.

¡La vida no se negocia!
¡El estado de derecho no se negocia!
¡Horizontalidad, transparencia y defensa de la vida!

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Videos del encuentro:

– Bienvenida a Don Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo

– Experiencias en defensa del territorio

Más información en:
Correo electrónico: frenteunidodepueblosdelalaguna@gmail.com
Facebook: @FrenteUnidodePueblosdeLaLaguna; Twitter: @FrenteLaguna

Foto: El «Encuentro de comunidades en resistencia contra el Proyecto Chemours Laguna» el 14 de abril en el ejido La Aurora, municipio de Gómez Palacio, Durango (Crédito: FUPLDVT)

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