Categoría: Minería

El informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio fue publicado en febrero del 2018 por la organización Familia Pasta de Conchos y la Fundación Heinrich Böll México y El Caribe, a 12 años de la explosión de gas que dejo a 65 mineros muertos en la mina de carbón Pasta de Conchos del Grupo México en el estado de Coahuila, México. Señala que la tragedia no fue causada por una caprichosa acumulación de gas, sino que se trató de un siniestro evitable ocasionado por un sistema de ventilación insuficiente y por las precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en la mina.

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Autoría: Elvira Martínez Espinoza, Esmeralda Saldaña Saldaña,
Rodrigo Olvera Briseño, Jorge Omar Navarro Ballesteros y Cristina Auerbach
Coordinación editorial: Dolores Rojas Rubio y Jenny Zapata López
Corrección de estilo: Cecilia Navarro
Diseño gráfico y formación: Marilia Castillejos Meléndrez
Fotografía de cubierta: Miguel Sierra

INDICE:

PREFACIO
13 CAPÍTULO 01: La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006
35 CAPÍTULO 02: El carbón rojo de Grupo México
59 CAPÍTULO 03: El corporativismo del carbón rojo en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana
67 CAPÍTULO 04: Continúa grave el minero muerto ayer
81 CAPÍTULO 05: El carbón rojo de los hermanos Moreira
95 CAPÍTULO 06: El carbón rojo de las subastas de la CFE
101 CAPÍTULO 07: Pasivo Ambiental: el carbón rojo de los poblados mineros
125 CONCLUSIONES
135 NOTAS

La historia en rojo: el niño Bartolo. Del año 1900 a febrero del 2006

La expresión carbón rojo se utiliza en la región carbonífera de Coahuila para designar la extracción de carbón mineral en minas en las que los empresarios no invierten en seguridad, para reducir sus costos de extracción al mínimo y, por ende, aumentar sus ganancias al máximo. Cuando en esta región dicen «esa mina saca carbón rojo», inmediatamente se entiende que los trabajadores están en grave peligro. No se trata únicamente de clasificar la formalidad o informalidad de los centros de trabajo; en esta región, la disputa es entre la vida y la muerte. Aquí las personas mueren. El carbón rojo cuenta la historia del costo humano y ambiental que ha traído y dejado la extracción del carbón.

En el año 1888 se firmó el primer Tratado oficial entre México y Japón. Como consecuencia, pocos años después (1897) dio inicio un gran flujo migratorio de japoneses que querían transmigrar a Estados Unidos, pero que lo harían desde México, por lo que se crearon en Japón tres compañías dedicadas a la contratación y transportación de trabajadores japoneses. En solo una década, llegaron 12 mil trabajadores, de los cuales 3,048 fueron destinados a las minas de carbón.1

La Jefatura Política del Norte del Distrito de Monclova informa al Juez Tercero Local de Múzquiz, con residencia en las Esperanzas, Coahuila, que el Ministro del Japón dijo que se publicó una noticia que los japoneses inmigrantes que últimamente han llegado a México procedentes de Japón para trabajar en las minas de carbón, lo hacen en condiciones insalubres, con sueldos muy pobres, mala alimentación, con vigilancia constante, siendo su estado peor que el de los esclavos, lo que motivó que se escaparan trescientos buscando refugio en los Estados Unidos, pidiendo el Ministro del Japón se investigue al respecto y se comunique el resultado a la Secretaría de Gobierno.2

Por supuesto no hay registro de que esta situación se investigara y se comunicara el resultado, como lo solicita el ministro del Japón. Incluso, en la región carbonífera, se refieren a los migrantes como los chinos –en un tono bastante despectivo- y aunque es posible que también migraran a las minas trabajadores de nacionalidad China, los registros que encontramos se refieren a ciudadanos japoneses.
Nací en 1926, y soy hijo de uno de esos japoneses que llegaron por miles para trabajar en las minas. Se casó aquí y nunca volvió al Japón. Pero mi papá no se metió a las minas, no quiso porque le daban mucho miedo. Él sembraba y vendía de su cosecha o lo que fuera para sobrevivir. Siempre vivimos aquí en Palaú, ahora soy bisabuelo. Y antes de venirme para esta casa viví aquí arriba, pegado a donde pusieron la Planta Lavadora.

Yo entré a las minas en 1934. Fui minero toda la vida. Mi mamá, y luego mi esposa, me hacían con el saco de arroz un calzón para la mina y me hacían un morral para llevar mi lonche. La empresa nos daba alpargatas para trabajar en la mina. Había dos tipos de alpargatas, las del carbonero y las de los supervisores, que eran mejores. En los bailes, los papás dejaban bailar a las hijas con los que traían alpargatas de supervisor. Pero como ninguna duraba mucho porque eran de ixtle y tela, las empresas tenían que dar muchas y entonces, los supervisores las vendían y nosotros nos conseguíamos un par para los bailes.

No nos pagaban con dinero. Nunca vimos nuestro salario. Se nos pagaba con comida en la tienda de la empresa. Yo ganaba 9 pesos diarios, pero no nos alcanzaba para comprar todo, solo harina, papas y frijol y siempre quedábamos a deber. Siempre le debíamos dinero a la empresa, y por eso no nos daban ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada, con eso se cobraban lo que debíamos.

El hospital era de la empresa. Ahí nos internaban cuando nos lesionábamos, pero no daban comida a los enfermos. Eso lo tenía que llevar la familia. No nos cobraban, pero no nos gustaba estar en el hospital. Si ve mi espalda, rodillas y brazos, puede ver que tengo pequeños trozos de carbón en las cicatrices. Aprendimos que si nos cortábamos, para detener el sangrado y poder seguir trabajando, nos poníamos polvo de carbón, por eso los viejos traemos carbón en el cuerpo.

Cuando llegó el sindicato minero, la contratación se volvió colectiva, y la tienda pasó a ser del sindicato. Ya nos pagaban con dinero, ganábamos más, pero no alcanzaba para comer y nos pasaba lo mismo. Cuando me descontaban lo que debía en la tienda, me quedaban 5 pesos. Y otra vez, con ese dinero íbamos a la tienda a comprar, pero a crédito. Algunos compañeros sacaban cajas de aceite o bultos de harina para revenderlos. Otros sembrábamos. Total, que los mineros del carbón teníamos más trabajos para poder sobrevivir. O con un martillo, nos rompíamos algún dedo de la mano. Con una fractura, la empresa nos indemnizaba y así íbamos construyendo nuestra casa.

No había otra forma de hacernos de una casa si no era con fracturas. Por eso, los mineros viejos tenemos las manos un poco o muy desfiguradas. Por supuesto no nos pensionábamos, no nos jubilábamos, no teníamos derecho más que a nuestro salario pagado en dinero y a los servicios de salud de la empresa. Nada más. Si dejabas de trabajar en la mina podías ir al hospital de la empresa, pero entonces, aunque cobraban poco por los servicios, tenías que pagar igual que las familias que no eran mineras. Cuando en 1972 llegó el Seguro Social, el sindicato nos decía que no aceptáramos que se nos inscribiera. Nos decían que perderíamos nuestros derechos ». Nosotros no entendíamos. Nadie nos explicaba. Pero, la llegada del IMSS fue algo muy bueno para nosotros. Yo estoy sentado en el porche de mi casa, en una mecedora, porque me jubilé. Porque tuve derecho a una pensión. Nunca conocí a Napoleón Gómez Sada, nunca supe que bajara a una mina de carbón. Tampoco vimos a su hijo, Napoleón Gómez Urrutia. Creo que la diferencia entre el papá y el hijo es que el hijo vive en Canadá. Y los nuevos sindicatos mineros son iguales, ven por sus viáticos, camionetas y cuotas, que obtienen por hacer como que nos representan.

Y tampoco, nunca entendí por qué el sindicato nos decía que perderíamos nuestros derechos en el imss, si en realidad, por primera vez, tendríamos derechos.3

(…)

Notas:

1. Palacios Héctor, México y la Cuenca del Pacífico, mayo – agosto de 2012. P. 116-121.
2. Archivo General del Estado de Coahuila, AGEC FSXX, C32, F8, E9, 13F, 15 de diciembre de 1906, Población Múzquiz, Coahuila.
3. Por temor a represalias de las empresas y de los sindicatos, el señor RY optó por el anonimato. Su hijo y su nieto son mineros y teme que ellos puedan sufrir las consecuencias por su testimonio.

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Comunicado del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Publicado el 21 de enero 2018 en El Sol de Cuautla

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería «sustentable» a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales.

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay «crecimiento económico» alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, «generación» no es «distribución». ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama «sustentabilidad» y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Más información:

– Morelos: Alamos Gold reenfocará esfuerzos con Proyecto Esperanza en 2018

– Rechazamos los diferentes mecanismos empresariales y gubernamentales que impulsan la minería

– El libro «El oro o la Vida. Patrimonio cultural y megaminería: Un reto múltiple» (Paul Hersch Martínez)

– Video: Patrimonio Biocultural y Megaminería tóxica en México y el Mundo: Un Reto Múltiple

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Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018

• Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
• Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
• Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.

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Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como «pueblos libres de megaminería tóxica». Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente», dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. «Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.»

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados «La Paila» (antes «Caballo Blanco») y «El Cobre», respectivamente.

«Desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto», estableió Guillermo Rodríguez de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). «De no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras.»

Los representantes de la UVPLMT y PVUDV notificaron por medio de copias de sus Actas de Asamblea a la Presidencia de la República, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal. En Veracruz, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado.

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 20 de noviembre del 2017

Nuevamente el «progreso y desarrollo» minero derrama sangre del pueblo de Guerrero

«Dos muertos más a la concienca del Sr. Trudeau»

Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron asesinados por luchar y defender los magros y deshilachados derechos laborales que todavía existen en México, esos derechos que las poderosas y corruptas multinacionales canadienses, entre muchas otras, se niegan a respetar e incluir de forma automática a las y los trabajadores que operan en sus minas. El asesinato de ambos se suma a una larga lista de compañeras y compañeros que han caído y que están relacionados con empresas mineras canadienses.

Ya desde el año pasado tuvimos un escenario parecido por parte de la empresa canadiense Goldcorp/Leagold, operadora del proyecto «Los Filos» en el vecino pueblo de Carrizalillo, quien pactó un acuerdo en lo oscuro con líderes sindicales y despidieron a cientos de trabajadores, para luego, sólo algunos de ellos, reasignarlos en otras áreas con contratos de tres meses, tiempo en el cual ocurrieron varios accidentes durante el ejercicio de las nuevas funciones de los trabajadores, accidentes que la empresa mantuvo en silencio.

Ahora la otra canadiense, la empresa Torex Gold Resources, que opera el proyecto denominado Media Luna, en el municipio de Cocula, en franca y abierta colusión con grupos de corporativos sumisos y obedientes a la empresa, se niega a respetar los derechos laborales más elementales para las y los trabajadores mineros, quienes ante la negativa de la empresa, instalaron un paro de labores que el día sábado 19 de noviembre fue violentado por un grupo de sicarios que abiertamente ha operado en la zona, siempre ayudando a defender los intereses de la empresa.

La mina Media Luna en Guerrero/Crédito: Forbes

Ya antes habían actuado también en contra el grupo de pescadores de la comunidad de Nuevo Balsas, por cierto, grupo que continúa siendo una deuda pendiente tanto para la empresa como para el gobierno del estado quienes continúan mintiéndoles y administrando el conflicto. Toda la semana se transcribieron notas sobre el asunto del paro laboral; se manifestaron sindicatos canadienses solicitando la intervención de su primer ministro; igualmente, hace unas semanas varios grupos de México estuvieron en Canadá, justo haciendo una serie de señalamientos y denuncias por las recurrentes y terribles violaciones a los derechos humanos, ambientales y laborales que realizan todas las empresas canadienses que operan en México, y en especial las que operan en el estado de Guerrero, mismos señalamientos que esquivó y continúa esquivando el Sr Trudeau, ese primer ministro del partido liberal que durante su campaña prometió meterlas en cintura; también en la semana se solidarizaron varias organizaciones sociales y sindicales quienes mostraron preocupación ante la potencial represión y desalojo que dejaba mirar el arribo de la gendarmería al sitio de conflicto, misma que «casualmente» el día del asesinato, saber dónde estaban.

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Hay otros involucrados en este asesinato, como el Sr. Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien desde que arribó a México el 7 de abril de 2015, ha mostrado su racismo hacia el pueblo mexicano y en especial al del estado de Guerrero. Otro responsable de esta tragedia es el gobernador del estado, el Sr. Astudillo, al cual de plano ni cómo ayudarlo, ya que, en su decadente mandato, es enormemente visible su falta de visión y compromiso social, es totalmente sumiso al gobierno canadiense y al gobierno federal y además, ha sido muy ignorante sobre la problemática real del estado. Ambos, al igual que varios de sus operadores políticos, se la pasan hablando del beneplácito que deberíamos tener en
Guerrero por la «enorme» cantidad de oro que hay bajo nuestros guaraches.

Por su parte, la Sra. Rosario Robles nos dice que hasta las gracias hay que darles porque invierten en nuestro país y sus bondades ya son parte del progreso financiero del estado y nacional a través del fondo minero. Los presidentes municipales -algunos empiezan a arrepentirse de
haber entregado permisos a estas empresas-, están atrapados en una espiral de violencia y de carencia financiera, que simplemente su mayor deseo es concluir su mandato para irse a la buenas curules de la tradicional ascendencia política, en donde el riesgo es menor, aunque cada vez el riesgo se les acerca más.

Y así, mientras el oro continúa trayendo «Progreso y Desarrollo» al estado, y las empresas chinas se saborean los bigotes por la entrega de territorio estatal a través de las Zonas Económicas Especiales, que significan la cereza del pastel en la entrega del territorio y los bienes naturales para las trasnacionales, mientras todo eso ocurre, cada día hay más pueblos despojados y desplazados en el «afamado cinturón dorado de Guerrero», cada vez tenemos más estructuras de gobernanza atrapadas en las redes de las trasnacionales y del crimen organizado y, cada vez hay menos salidas para dialogar y establecer acuerdos sociales que nos den paz.

En efecto contrario, es natural que también cada vez tengamos más resistencias de necios y necias que continuaremos ejerciendo, defendiendo y exigiendo nuestros derechos, nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la libre determinación.

Un abrazo fraterno a la familia de Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña. Nos sumamos a las demandas de justicia, esclarecimiento y castigo a los culpables materiales e intelectuales de estos lamentables sucesos. Víctor y Marcelino sólo querían un poco de respeto sobre sus derechos laborales. Ni eso permite el desarrollo y progreso minero.

¡FUERA MINERAS DE NUESTROS PUEBLOS!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Video: Las minas canadienses que empobrecen a México
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Reportaje de Rodrigo Soberanes publicado en Mongabay Latam el 20 Octubre 2017 en la serie «Activistas amenazados»

• Un grupo de campesinos defiende 51 000 hectáreas de la minería.
• Las minas están ubicadas en una importante Reserva de la Biósfera del estado de Chiapas.
• Opositores han sido amenazados de muerte y se han registrado enfrentamientos violentos en la región.

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

Opositores a la minería en el puente donde impiden el paso a los camiones mineros. Foto: Rodrigo Soberanés.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y «el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco».

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) «se encuentra en una situación difícil», porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, «no existe una postura clara» de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación «Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo», Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben «presión» de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están «posiblemente coludidos con los intereses mineros».

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: «a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto'».

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones «alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera».

Reserva de la Biósfera El Triunfo. Foto: Marco Girón/ Ecosur.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan,  pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero —que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que «los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública». Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. «Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra», señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: «Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región», son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. «Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso», contó el profesor.

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

«Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería'», contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

«Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015», informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre «levantones» (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

La manifestación contra la minería suplió al desfile de la Independencia en Acacoyagua. Foto: Rodrigo Soberanés.

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

«Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes», dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

«Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos», contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de «prestanombres de empresas extranjeras», entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

Gráfico realizado por Colectivo Geocomunes y Otros Mundos A.C. (ver el mapa en alta calidad)

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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se ha presentado a la sociedad internacional como un demócrata, defensor de las libertades y los derechos humanos, e incluso ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque hay que señalar lo ha hecho apoyado en una tenue postura que considera una interpretación dentro de los alcances que permita la constitución canadiense, lo cual no es cosa menor, menos aún si Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los
pueblos indígenas en la práctica.

Su visita a nuestro país ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México, a tal grado que se estima del total de empresas mineras extranjeras que hay, el 65% se encuentran inscritas en Canadá. Específicamente para Canadá, México se volvió el segundo país más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de los EE.UU., lo cual no es menor ya que del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3% se encuentran adscritos en México.

El poder ejercido por la minería canadiense en toda la región latinoamericana ha sido fomentado abiertamente y arbitrariamente por todo su cuerpo diplomático según su política de la «diplomacia económica» a través de las embajadas, quienes como buenos colonialistas, continúan ponderando el racismo y odio hacia los pueblos indígenas y campesinos cuando, por un lado fomentan la inversión para la minería, al mismo tiempo que emiten alertas a sus ciudadanos turistas que transitan en México para que se abstengan de visitar, por ejemplo; el estado de Guerrero -sitio de gran inversión de la
minería canadiense-, por la violencia y riesgos que se viven en esa zona.

Es una realidad el peso político y financiero de las empresas mineras y el gobierno canadiense en el tema minero, a tal grado que son participes influyentes en la promoción de reformas constitucionales, de leyes y de reglamentos del ramo para facilitar la llegada de inversiones, pero también para adelgazar u obviar, la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimir cualquier aspecto que afecte su relación de ganancias.

Esto en México ha generado una legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos, porque entre otros aspectos, se considera a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otra susceptible de aprovechamiento, aunque está literalmente desarrollada por privados es considerada de utilidad pública, que sólo ha significado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios y cuando estos últimos pretenden defender sus derechos, estos le son totalmente negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en total contubernio con diversos actores del gobierno mexicano.

Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de «oro libre de conflictos» que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial.

Para corroborar el despojo, saqueo, desplazamiento y violencia que viven los pueblos causados por empresas mineras canadienses, basta visitar las comunidades de Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, de Salaverna y Mazapil en Zacatecas, las de Sierra Norte en Puebla o Tetlama en Morelos, o La Sierrita de Galeana en Durango, además de Chicomuselo, Chiapas, lugar en donde fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense, hecho que fue avisado y monitoreado previamente a su asesinato por la propia embajada de Canadá en México.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica por ejemplo; cuando una misma empresa (Goldcorp) muestra un patrón delictivo al comprar tierras de uso común de forma recurrente y cínica como lo hizo en Carrizalillo, Guerrero y, tres años después, en Mazapil, Zacatecas. Hoy, del total de los proyectos mineros en México, las empresas canadienses operan 65%, o más de 850
proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación.

Habrá que decirle al Sr. Justin Trudeau, que la inversión minera de su país lo único que nos garantiza es el despojo y el riesgo potencial de que miles y miles de comunidades y personas pierdan para siempre su cultura e identidad por la destrucción del territorio; garantiza también el ingreso del crimen organizado aunque sus empresas estén inscritas en el pomposo estándar de oro libre de conflictos, se garantiza también el incremento de la violencia, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios y la vida.

En ese contexto, desde REMA al gobierno canadiense le exigimos detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; exigimos también dejen de impulsar políticas y proyectos de leyes laxas para con el cumplimiento de la legalidad de dichas empresas mineras, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios, y no de exigencia y cumplimiento obligatorio; y en vez de ello urge se pondere la rendición de cuentas para detener las constantes atrocidades e ilegalidades en contra de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Por otra parte, más allá de las cuentas alegres que desde los sectores empresariales y gobernantes promulgan favor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), este solamente ha servido para legalizar el despojo, acumular más riqueza de los sectores ya enriquecidos, generar un desplazamiento paulatino tanto de los productos como de las economías locales, para crear una nueva de acumulación y control del capital, un
incremento de los procesos para desregular la propiedad de la tierra, de tal forma que diluyen la protección del interés y la utilidad pública y en cambio se valide el saqueo de privados. En resumen, el principal propósito del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá ha sido desaparecer el campo y a los campesinos.

Para finalizar al Sr. Trudeau, queremos recordarle que hace más de un año (el 26 de abril del 2016), varias organizaciones le enviamos una carta a la cual le solicitábamos su amable atención, justo para revisar el contexto de las violaciones de las empresas canadienses, en México y Latinoamérica, aprovechando su recién ingreso como ministro, en el cual usted y su partido manifestó gestos de apoyo a los derechos humanos. No obstante, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos.

LA INVERSIÓN MINERA CANADIENSE DESTRUYE NUESTRO PAÍS
LAS EMPRESAS MINERAS CANADIENSES VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

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