Categoría: Minería

Comunicado del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Publicado el 21 de enero 2018 en El Sol de Cuautla

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería «sustentable» a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales.

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay «crecimiento económico» alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, «generación» no es «distribución». ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama «sustentabilidad» y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Más información:

– Morelos: Alamos Gold reenfocará esfuerzos con Proyecto Esperanza en 2018

– Rechazamos los diferentes mecanismos empresariales y gubernamentales que impulsan la minería

– El libro «El oro o la Vida. Patrimonio cultural y megaminería: Un reto múltiple» (Paul Hersch Martínez)

– Video: Patrimonio Biocultural y Megaminería tóxica en México y el Mundo: Un Reto Múltiple

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Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018

• Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
• Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
• Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.

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Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como «pueblos libres de megaminería tóxica». Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente», dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. «Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.»

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados «La Paila» (antes «Caballo Blanco») y «El Cobre», respectivamente.

«Desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto», estableió Guillermo Rodríguez de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). «De no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras.»

Los representantes de la UVPLMT y PVUDV notificaron por medio de copias de sus Actas de Asamblea a la Presidencia de la República, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal. En Veracruz, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado.

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 20 de noviembre del 2017

Nuevamente el «progreso y desarrollo» minero derrama sangre del pueblo de Guerrero

«Dos muertos más a la concienca del Sr. Trudeau»

Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron asesinados por luchar y defender los magros y deshilachados derechos laborales que todavía existen en México, esos derechos que las poderosas y corruptas multinacionales canadienses, entre muchas otras, se niegan a respetar e incluir de forma automática a las y los trabajadores que operan en sus minas. El asesinato de ambos se suma a una larga lista de compañeras y compañeros que han caído y que están relacionados con empresas mineras canadienses.

Ya desde el año pasado tuvimos un escenario parecido por parte de la empresa canadiense Goldcorp/Leagold, operadora del proyecto «Los Filos» en el vecino pueblo de Carrizalillo, quien pactó un acuerdo en lo oscuro con líderes sindicales y despidieron a cientos de trabajadores, para luego, sólo algunos de ellos, reasignarlos en otras áreas con contratos de tres meses, tiempo en el cual ocurrieron varios accidentes durante el ejercicio de las nuevas funciones de los trabajadores, accidentes que la empresa mantuvo en silencio.

Ahora la otra canadiense, la empresa Torex Gold Resources, que opera el proyecto denominado Media Luna, en el municipio de Cocula, en franca y abierta colusión con grupos de corporativos sumisos y obedientes a la empresa, se niega a respetar los derechos laborales más elementales para las y los trabajadores mineros, quienes ante la negativa de la empresa, instalaron un paro de labores que el día sábado 19 de noviembre fue violentado por un grupo de sicarios que abiertamente ha operado en la zona, siempre ayudando a defender los intereses de la empresa.

La mina Media Luna en Guerrero/Crédito: Forbes

Ya antes habían actuado también en contra el grupo de pescadores de la comunidad de Nuevo Balsas, por cierto, grupo que continúa siendo una deuda pendiente tanto para la empresa como para el gobierno del estado quienes continúan mintiéndoles y administrando el conflicto. Toda la semana se transcribieron notas sobre el asunto del paro laboral; se manifestaron sindicatos canadienses solicitando la intervención de su primer ministro; igualmente, hace unas semanas varios grupos de México estuvieron en Canadá, justo haciendo una serie de señalamientos y denuncias por las recurrentes y terribles violaciones a los derechos humanos, ambientales y laborales que realizan todas las empresas canadienses que operan en México, y en especial las que operan en el estado de Guerrero, mismos señalamientos que esquivó y continúa esquivando el Sr Trudeau, ese primer ministro del partido liberal que durante su campaña prometió meterlas en cintura; también en la semana se solidarizaron varias organizaciones sociales y sindicales quienes mostraron preocupación ante la potencial represión y desalojo que dejaba mirar el arribo de la gendarmería al sitio de conflicto, misma que «casualmente» el día del asesinato, saber dónde estaban.

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Hay otros involucrados en este asesinato, como el Sr. Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien desde que arribó a México el 7 de abril de 2015, ha mostrado su racismo hacia el pueblo mexicano y en especial al del estado de Guerrero. Otro responsable de esta tragedia es el gobernador del estado, el Sr. Astudillo, al cual de plano ni cómo ayudarlo, ya que, en su decadente mandato, es enormemente visible su falta de visión y compromiso social, es totalmente sumiso al gobierno canadiense y al gobierno federal y además, ha sido muy ignorante sobre la problemática real del estado. Ambos, al igual que varios de sus operadores políticos, se la pasan hablando del beneplácito que deberíamos tener en
Guerrero por la «enorme» cantidad de oro que hay bajo nuestros guaraches.

Por su parte, la Sra. Rosario Robles nos dice que hasta las gracias hay que darles porque invierten en nuestro país y sus bondades ya son parte del progreso financiero del estado y nacional a través del fondo minero. Los presidentes municipales -algunos empiezan a arrepentirse de
haber entregado permisos a estas empresas-, están atrapados en una espiral de violencia y de carencia financiera, que simplemente su mayor deseo es concluir su mandato para irse a la buenas curules de la tradicional ascendencia política, en donde el riesgo es menor, aunque cada vez el riesgo se les acerca más.

Y así, mientras el oro continúa trayendo «Progreso y Desarrollo» al estado, y las empresas chinas se saborean los bigotes por la entrega de territorio estatal a través de las Zonas Económicas Especiales, que significan la cereza del pastel en la entrega del territorio y los bienes naturales para las trasnacionales, mientras todo eso ocurre, cada día hay más pueblos despojados y desplazados en el «afamado cinturón dorado de Guerrero», cada vez tenemos más estructuras de gobernanza atrapadas en las redes de las trasnacionales y del crimen organizado y, cada vez hay menos salidas para dialogar y establecer acuerdos sociales que nos den paz.

En efecto contrario, es natural que también cada vez tengamos más resistencias de necios y necias que continuaremos ejerciendo, defendiendo y exigiendo nuestros derechos, nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la libre determinación.

Un abrazo fraterno a la familia de Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña. Nos sumamos a las demandas de justicia, esclarecimiento y castigo a los culpables materiales e intelectuales de estos lamentables sucesos. Víctor y Marcelino sólo querían un poco de respeto sobre sus derechos laborales. Ni eso permite el desarrollo y progreso minero.

¡FUERA MINERAS DE NUESTROS PUEBLOS!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Video: Las minas canadienses que empobrecen a México
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Reportaje de Rodrigo Soberanes publicado en Mongabay Latam el 20 Octubre 2017 en la serie «Activistas amenazados»

• Un grupo de campesinos defiende 51 000 hectáreas de la minería.
• Las minas están ubicadas en una importante Reserva de la Biósfera del estado de Chiapas.
• Opositores han sido amenazados de muerte y se han registrado enfrentamientos violentos en la región.

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

Opositores a la minería en el puente donde impiden el paso a los camiones mineros. Foto: Rodrigo Soberanés.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y «el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco».

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) «se encuentra en una situación difícil», porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, «no existe una postura clara» de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación «Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo», Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben «presión» de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están «posiblemente coludidos con los intereses mineros».

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: «a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto'».

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones «alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera».

Reserva de la Biósfera El Triunfo. Foto: Marco Girón/ Ecosur.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan,  pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero —que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que «los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública». Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. «Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra», señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: «Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región», son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. «Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso», contó el profesor.

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

«Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería'», contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

«Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015», informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre «levantones» (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

La manifestación contra la minería suplió al desfile de la Independencia en Acacoyagua. Foto: Rodrigo Soberanés.

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

«Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes», dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

«Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos», contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de «prestanombres de empresas extranjeras», entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

Gráfico realizado por Colectivo Geocomunes y Otros Mundos A.C. (ver el mapa en alta calidad)

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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se ha presentado a la sociedad internacional como un demócrata, defensor de las libertades y los derechos humanos, e incluso ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque hay que señalar lo ha hecho apoyado en una tenue postura que considera una interpretación dentro de los alcances que permita la constitución canadiense, lo cual no es cosa menor, menos aún si Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los
pueblos indígenas en la práctica.

Su visita a nuestro país ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México, a tal grado que se estima del total de empresas mineras extranjeras que hay, el 65% se encuentran inscritas en Canadá. Específicamente para Canadá, México se volvió el segundo país más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de los EE.UU., lo cual no es menor ya que del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3% se encuentran adscritos en México.

El poder ejercido por la minería canadiense en toda la región latinoamericana ha sido fomentado abiertamente y arbitrariamente por todo su cuerpo diplomático según su política de la «diplomacia económica» a través de las embajadas, quienes como buenos colonialistas, continúan ponderando el racismo y odio hacia los pueblos indígenas y campesinos cuando, por un lado fomentan la inversión para la minería, al mismo tiempo que emiten alertas a sus ciudadanos turistas que transitan en México para que se abstengan de visitar, por ejemplo; el estado de Guerrero -sitio de gran inversión de la
minería canadiense-, por la violencia y riesgos que se viven en esa zona.

Es una realidad el peso político y financiero de las empresas mineras y el gobierno canadiense en el tema minero, a tal grado que son participes influyentes en la promoción de reformas constitucionales, de leyes y de reglamentos del ramo para facilitar la llegada de inversiones, pero también para adelgazar u obviar, la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimir cualquier aspecto que afecte su relación de ganancias.

Esto en México ha generado una legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos, porque entre otros aspectos, se considera a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otra susceptible de aprovechamiento, aunque está literalmente desarrollada por privados es considerada de utilidad pública, que sólo ha significado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios y cuando estos últimos pretenden defender sus derechos, estos le son totalmente negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en total contubernio con diversos actores del gobierno mexicano.

Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de «oro libre de conflictos» que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial.

Para corroborar el despojo, saqueo, desplazamiento y violencia que viven los pueblos causados por empresas mineras canadienses, basta visitar las comunidades de Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, de Salaverna y Mazapil en Zacatecas, las de Sierra Norte en Puebla o Tetlama en Morelos, o La Sierrita de Galeana en Durango, además de Chicomuselo, Chiapas, lugar en donde fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense, hecho que fue avisado y monitoreado previamente a su asesinato por la propia embajada de Canadá en México.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica por ejemplo; cuando una misma empresa (Goldcorp) muestra un patrón delictivo al comprar tierras de uso común de forma recurrente y cínica como lo hizo en Carrizalillo, Guerrero y, tres años después, en Mazapil, Zacatecas. Hoy, del total de los proyectos mineros en México, las empresas canadienses operan 65%, o más de 850
proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación.

Habrá que decirle al Sr. Justin Trudeau, que la inversión minera de su país lo único que nos garantiza es el despojo y el riesgo potencial de que miles y miles de comunidades y personas pierdan para siempre su cultura e identidad por la destrucción del territorio; garantiza también el ingreso del crimen organizado aunque sus empresas estén inscritas en el pomposo estándar de oro libre de conflictos, se garantiza también el incremento de la violencia, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios y la vida.

En ese contexto, desde REMA al gobierno canadiense le exigimos detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; exigimos también dejen de impulsar políticas y proyectos de leyes laxas para con el cumplimiento de la legalidad de dichas empresas mineras, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios, y no de exigencia y cumplimiento obligatorio; y en vez de ello urge se pondere la rendición de cuentas para detener las constantes atrocidades e ilegalidades en contra de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Por otra parte, más allá de las cuentas alegres que desde los sectores empresariales y gobernantes promulgan favor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), este solamente ha servido para legalizar el despojo, acumular más riqueza de los sectores ya enriquecidos, generar un desplazamiento paulatino tanto de los productos como de las economías locales, para crear una nueva de acumulación y control del capital, un
incremento de los procesos para desregular la propiedad de la tierra, de tal forma que diluyen la protección del interés y la utilidad pública y en cambio se valide el saqueo de privados. En resumen, el principal propósito del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá ha sido desaparecer el campo y a los campesinos.

Para finalizar al Sr. Trudeau, queremos recordarle que hace más de un año (el 26 de abril del 2016), varias organizaciones le enviamos una carta a la cual le solicitábamos su amable atención, justo para revisar el contexto de las violaciones de las empresas canadienses, en México y Latinoamérica, aprovechando su recién ingreso como ministro, en el cual usted y su partido manifestó gestos de apoyo a los derechos humanos. No obstante, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos.

LA INVERSIÓN MINERA CANADIENSE DESTRUYE NUESTRO PAÍS
LAS EMPRESAS MINERAS CANADIENSES VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

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Malinaltepec, Guerrero, México a 8 de octubre del 2017

Los Pueblos integrados en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña-Costa Chica del Estado de Guerrero, en Defensa del Territorio contra la Minería y la Reserva de la Biosfera (CRAADT), así como los representantes de los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, de Cajamarca/Perú, de del ejido Benito Juárez/Chihuahua, de la CDMX y los delegados de organizaciones sociales, nos reunimos durante dos días en el municipio de Malinaltepec, en el marco del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, para compartir enseñanzas y experiencias desde la resistencias que tenemos diversos pueblos organizados, con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas más despiadadas que nos aquejan, basadas en el despojo del territorio, porque «legalizan» el saqueo y la destrucción de los bienes naturales, atentan directamente contra la integralidad de la vida, transforman nuestra convivencia basada en la comunalidad, además de amenazar y desmantelar nuestros procesos identitarios y culturales, todos elementos totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa de progreso y desarrollo que dicen tener este tipo de proyectos.

Los saberes y diálogos compartidos entre todas y todos los participantes, refrendan y refuerzan el compromiso que tenemos para continuar implementando el pleno ejercicio de nuestros derechos basados en la libre determinación, por lo tanto, este encuentro fortaleció nuestro principio de persistir promoviendo nuestros propios procesos de Consulta y de Consentimiento Previo, Libre, Informado y Culturalmente Adecuado, con lo cual enviamos un claro mensaje al estado, los políticos y a las empresas extractivistas, que en nuestro territorio comunitario no permitiremos violenten y violen nuestros derechos colectivos con falsos y amañados procesos y procedimientos de consulta o de consentimiento.

Estos días de intercambio y reflexión entre las mujeres y los hombres de pueblos hermanos en resistencia, nos ayudó a aclarar dudas y cuestionamientos sobre los daños a la salud y el ambiente que genera el modelo extractivo, nos dimos cuenta cómo las diferentes experiencias que escuchamos, incluso desde otras naciones que nos acompañaron, son una película que se repite de la misma manera en cada pueblo del territorio nacional, por lo tanto, evidenciamos que nos enfrentamos a un sistema que nos impone un modelo de extracción basado en el engaño para generar el desplazamiento forzado de quienes ahí habitamos, en donde los políticos actuales son ya apurados promotores del empoderamiento de privados, quienes además actúan en contubernio con fuerzas armadas «legales» e ilegales.

Entre todos refrendamos que la defensa del territorio es la defensa de la vida; que defender el territorio ancestral es también resguardar la cultura y, por lo tanto, significa nuestra permanencia como pueblos. En consecuencia:

1. Reafirmamos la importancia de continuar con esta lucha organizada entre los pueblos de México y de Latinoamérica en defensa del territorio y la vida.
2. Reconocemos que los movimientos debemos trascender y cambiar la forma en la cual hemos actuado para con nuestras compañeras de lucha, porque no podemos continuar invisibilizando su lucha, cuando es evidente son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción, el cuidado y las trasmisoras de lo que somos como personas, familia y pueblo.
3. Al gobierno mexicano le exigimos la cancelación inmediatamente y permanente de cada una de las concesiones que ha entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no en cambio estemos dedicando tiempo y esfuerzo para detener sus proyectos de muerte.
4. Rechazaremos cualquier iniciativa de gobierno y de privados, que atente contra el ejercicio de nuestros derechos territoriales y fundamentales, así como no dejaremos entrar a quienes pretendan la enajenación de nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Dicho lo anterior, reafirmamos nuestro rechazo contra del decreto de la Reserva de la Biosfera en la Montaña de Guerrero.
5. Frente a la vulneración estructural, sistemática e intencionada para adelgazar y desregularizar los derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de México, al gobierno y sus operadores parlamentarios les EXIGIMOS dejar de modificar y vejar -a favor de las empresas-, las leyes, tratados y derechos constitucionales que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos de forma organizada, pacífica y basada en nuestros usos y costumbres, porque es así como garantizamos que no haya detrimento de los derechos conquistados, ni de los avances jurisprudenciales, normativos y estándares internacionales que nuestra histórica lucha ha logrado.
6. Rechazaremos la imposición de consultas o de consentimiento previo libre e informado, que pretenda imponer el gobierno para facilitar el ingreso de cualquier empresa que ambicione los bienes naturales que tenemos en nuestro territorio comunitario.
7. Rechazamos enfáticamente las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio tanto en México y Latinoamérica.
8. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados.
9. Demandamos el esclarecimiento de cada uno de las y los compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos. Basta señalar que Amnistía Internacional ha registrado que, en el trascurso de solamente dos años en 22 países, han sido asesinados 437 ambientales y defensores de derechos humanos, quedando en impunidad el 95% de los casos.
10. Convocamos a todos los Pueblos, Organizaciones, Autoridades Ancestrales, Agrarias y Ciudadanas/Municipales a estar vigilantes y en guardia permanente contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan ingresar a los pueblos con el fin de generar discordia divisiones y confusión para, posteriormente y con el uso de diferentes argucias y mentiras, crear mejores condiciones para el saqueo de los bienes naturales.
11. No aceptamos la imposición de su idea de progreso y desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos en turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros – las comunidades indígenas, campesinas, ejidos y pueblos organizados-, seremos quienes decidiremos cómo queremos vivir.
12. Los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, del ejido Benito Juárez, Chihuahua y de la CDMX, nos solidarizamos con los pueblos en resistencia contra el modelo extractivista en el Perú, especialmente en la región de Cajamarca, Celendín, quienes vienen luchando frente a proyectos mineros e hidroeléctricas que pretenden destruir su territorio. Trabajaremos para seguir articulándonos y caminando juntos para liberarnos de este enemigo común que tenemos los pueblos del mundo.
13. Demandamos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Guadalcazar, S.L.P., la anulación de los proyectos que ya se encuentran en fase de exploración, así como exigimos la revisión y solución a la demanda de eliminación del proyecto de confinamiento de desechos tóxicos que, pese a la oposición de la población, fue instalado en 1994 en el predio “La Pedrera”, en el ejido Los Amoles, mismo que desde hace 20 años sólo fue cubierto por cemento y se encuentra abandonado, sin mantenimiento y sin supervisión, en consecuencia, desde entonces se mantiene contaminando los mantos acuíferos de la región, razones por lo cual, las comunidades de municipio de Guadalcazar se encuentran en lucha contra del modelo extractivo minero y en firme oposición al basurero tóxico.
14. El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio de Acacoyagua, Chiapas, exige al gobierno federal y del estado, dejen de ser partícipes y protectores de los intereses de las empresas e inmediatamente cancelen las concesiones entregadas de forma indiscriminada en nuestro territorio.
15. A 5 años del asesinato de los defensores del medio ambiente; Ismael Solorio y Manuelita Solís, opositores al proyecto minero “5 de Mayo” de la empresa canadiense Mag Silver, en el Ejido Benito Juárez Mpio. de Buenaventura Chihuahua, le demandamos al gobierno del estado de Chihuahua el esclarecimiento del homicidio de nuestros compañeros.
16. A 11 años de iniciado el proceso de despojo en Salaverna Mazapil, causado por de la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim Helú, demandamos que el gobernador del estado de Zacatecas, el Sr. Alejandro Tello Cristerna y la Srta. Fabiola Gilda Torres, secretaria de gobierno, acepten de inmediato las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos y con ello se garantice el estado de derecho que permita hacer pagar a los responsables del desplazamiento forzado y todos los delitos cometidos por la empresa el 23 de diciembre del 2016. Así mismo hacemos un llamado a las comunidades zacatecanas en resistencia contra el despojo minero, para sumarnos en una lucha unida y organizada contra los proyectos de muerte.
17. Demandamos la cancelación de todas las concesiones mineras en la costa central del Golfo, en la región de “Los Tuxtlas”, así como en el resto del territorio veracruzano. Las comunidades de Actopan y Alto Lucero señalan que, a pesar de que la empresa Candelaria Mining retiró su proyecto de manifestación de impacto ambiental debido a la presión ejercida por los pueblos de la costa central del estado de Veracruz, los seis tajos a cielo abierto proyectados por Candelaria Mining y Almaden MInerals a menos de 3.2 kms. de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde siguen vigentes.
18. Ante el pleno del encuentro, el C. presidente municipal constitucional de Malinaltepec, el Sr. Sebastián Ramírez Hernández, refrendo que en asamblea de cabildo abierto se ha levantado el acta con la Declaratoria de “Municipio Libre de Minería”, a la vez que refrenda su compromiso de no proporcionar ningún permiso de uso de suelo para las empresas mineras.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso que como pueblos y luchas tenemos para continuar defendiendo nuestro territorio y la vida, porque nuestros derechos y la madre tierra no son negociables y seguiremos en resistencia hasta que se apague el sol.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS!
¡POR EL RESPETO DE NUESTROS DERECHOS!

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Más información:

De la Huasteca al Itsmo de Tehuantepec, resistir

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

La Red Mexicana de Afectados por la Minería celebra 10 años en defensa de la vida y el territorio

Historial de los impactos ambientales resultante de derrames, descargas accidentales y fracasos en la captura y trata de aguas impactadas por la minería, por BONNIE GESTRING (Earthworks) y JOHN HADDER (Great Basin Resource Watch) – Julio 2017

Traducción parcial del U.S. Gold Mines: Spills & Failures Report

INTRODUCCIÓN

La minería de oro es una fuente significativa de emisiones tóxicas en los EE.UU. – incluyendo liberaciones de cianuro, arsénico, mercurio, cadmio y otras sustancias peligrosas en el aire, el agua y la tierra.

El método más común para procesar oro de la minería es la lixiviación con cianuro, la cual utiliza el cianuro para extraer oro y otros metales del mineral. La lixiviación de cianuro facilita la extracción de grava, que genera grandes volúmenes de residuos mineros que se convierten en un elemento permanente del paisaje.

Estos residuos de la mina, así como los productos químicos que se utilizan para la extracción del oro, pueden ser una fuente de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Debido a que prácticamente todo lo que se extrae de una mina se convierte en desperdicio, y que estos desperdicios mineros están conservados dentro de la instalación minera, los materiales tóxicos contenidos en el desperdicio también son permanentes.

Este informe compila el registro de los derrames y accidentes en el control de las filtraciones de las minas de oro en funcionamiento en los Estados Unidos y los impactos asociados a la calidad del agua.

Las instalaciones de la mina donde pueden producirse liberaciones de materiales peligrosos incluyendo lechos de lixiviación en pilas, retenes de rebalses, tuberías, procesos extractivos, estanques de agua, residuos, pilas de roca y depósitos de coladera.

• Los patios de lixiviación: Los patios de lixiviación se usan para procesar el mineral de grado inferior utilizando el riego superficial con una solución de cianuro de sodio, que recoge oro y otros metales a medida que se infiltra a través de la tierra.

Los patios de lixiviación a menudo tienen una línea de contención o geomembrana que sirve como captura primaria de la solución cargada de oro y cianuro. Algunas minas incorporan dos revestimientos. El segundo revestimiento se utiliza para controlar la fuga del revestimiento principal. A pesar de la existencia de estos revestimientos, aún hay fugas cuando el revestimiento está comprometido o se degrada con el tiempo.
• Rebalses: El mineral de mayor grado es triturado y combinado con productos químicos de procesamiento en tinas grandes. Los desechos, llamados rebalses, suelen almacenarse como una suspensión de textura fina detrás de una presa de tierra. En la mayoría de los casos estos rellenos de rebalses no están forrados.
• Los estanques de proceso están revestidos, de un tamaño mucho menor y normalmente se eliminan por completo como parte del proceso de recuperación.
• Los patios de lixiviación en pilas, los embalses de rebalses y los estanques de soluciones de proceso: generalmente contienen altos niveles de metales y cianuro, por lo que la contención es vital para evitar la contaminación. Estas instalaciones pueden ser una fuente de contaminación a largo plazo si la recuperación y el mantenimiento a largo plazo son inadecuados.

El drenaje ácido de la mina se puede desarrollar en las minas de oro donde están presentes los minerales del sulfuro. Cuando los minerales de sulfuro están expuestos al aire y al agua, reaccionan para formar ácido sulfúrico, que puede lixiviar minerales de la roca circundante para formar el drenaje ácido de la mina. Si el drenaje ácido de la mina no está contenido, se convierte en una fuente a largo plazo de contaminantes.

Cuando la minería ocurre debajo del nivel freático, hay que bombear agua de la mina para mantenerla seca. Una vez que las operaciones de minería cesan, el agua subterránea se filtra nuevamente de forma natural dentro de las minas subterráneas o regresa al pozo para crear un lago de pozos.

Para las minas a cielo abierto, la mayoría de las minas de oro se producen en áreas de alta evaporación, el flujo de agua suele estar en el pozo abierto. Sin embargo, si ocurre el desagüe, el agua subterránea puede ser degradada ya que el agua del lago y el agua de las minas subterráneas son típicamente de peor calidad que las aguas subterráneas circundantes.

MÉTODOS

Este informe se basa en la información obtenida de una extensa revisión de documentos estatales y federales, informes de noticias y una base de datos federal. Proporciona datos de 27 minas de oro en operación en los Estados Unidos, que representan el 93% de la extracción de oro de los Estados Unidos en 2013. Los datos más actuales sobre la extracción de oro de los Estados Unidos están disponibles en el “US Geological Survey”. El informe se centra en documentar dos modos de accidentes:

1. Derrames de tuberías y / o otras liberaciones accidentales de materiales peligrosos, y
2. Fracasos en la colección de filtración y tratamientos.

Aunque el informe se centra en los impactos de calidad del agua, los impactos al suelo también pueden ocurrir en una liberación peligrosa. Este informe no cataloga los impactos al suelo. La mayoría de las minas en este informe son principalmente de oro. Sin embargo, el oro se puede producir como un subproducto en otras minas metálicas (por ejemplo, operaciones de cobre, zinc/plomo).

Este informe incluye datos de las minas de Bingham Canyon, Robinson y Greens Creek debido a que el oro es un subproducto significativo como se identificó en el informe de oro del 2013 del USGS. Nuestro Informe no evaluó la mina de oro Cresson (Cripple Creek y Victor), una mina de oro en funcionamiento en Colorado, debido a la dificultad de obtener información completa sobre el sitio.

RESULTADOS

Nuestra investigación determinó que el 100% de las operaciones mineras revisadas en este informe experimentaron al menos una falla, con la mayoría de las minas experimentando fallas múltiples.

• En 27 de las 27 operaciones mineras (100%), han experimentado al menos un derrame de tubería u otra liberación accidental, como derrames de solución de cianuro, rebalses de minas, combustible diesel y concentrado de mineral.
• En 20 de las 27 operaciones mineras (74%), no han capturado o controlado las filtraciones contaminadas. La filtración de la solución de cianuro fue uno de los impactos más comunes. El desarrollo del drenaje ácido de las minas se asoció con algunos de los impactos más duraderos.
• En 20 de las 27 operaciones mineras (74%), se identificaron impactos de calidad del agua en las aguas superficiales y / o subterráneas, incluyendo impactos en el suministro de agua potable para residencias y negocios, pérdida de hábitat de peces y vida silvestre y muerte de peces.
• Los impactos de la calidad del agua a las aguas superficiales y/o subterráneas se identificaron en 20 de las 27 operaciones mineras (74%), incluyendo impactos en el suministro de agua potable para hogares y negocios residenciales, pérdida de hábitat de peces y vida silvestre y muerte de peces.
• Los impactos de la calidad del agua no fueron identificados en 7 de las 27 operaciones mineras. En 6 de esas 7 minas (86%), no había corrientes constantes en la zona del proyecto y las aguas subterráneas eran generalmente profundas

Las investigaciones muestran que las minas con alta potencial de generación de ácido y en las proximidades de las aguas superficiales y subterráneas, corren el mayor riesgo de impactos en la calidad del agua. La disponibilidad de agua es clave para el desarrollo del drenaje ácido y el grado de contención. Muchas de las minas de oro actualmente en funcionamiento se encuentran en el suroeste árido, donde la precipitación es baja (a menudo menos de 10 pulgadas por año). Por lo tanto, el potencial de precipitación superficial para transportar contaminantes al agua subterránea es significativamente limitado. El drenaje ácido de la mina requerirá el tratamiento del agua y captura a perpetuidad en la mina Bingham Canyon Mine, Golden Sunlight Mine y Phoenix Mines, entre otros.

En 6 de las 7 minas de oro donde no se identificaron impactos de calidad del agua (por ejemplo, Bald Mountain, Ruby Hill, Mineral Ridge, Mesquite, Denton / Rawhide, Turquoise Ridge) no hay corrientes perennes en el área del proyecto y el agua subterránea es generalmente profunda, mayor a 250 pies).


Por ejemplo, en la mina Denton Rawhide en Nevada, el agua subterránea es tan profunda que no se ha localizado y no hay agua superficial en al menos cinco millas a la redonda de la mina. Los impactos a corrientes efímeras, donde el agua fluye brevemente después de los eventos de lluvia, son más difíciles de evaluar. Las oportunidades de monitoreo son limitadas y en algunos casos las corrientes efímeras no están protegidas por las disposiciones de las Leyes de Agua Limpia. Por ejemplo, en la Mina Mineral Ridge, se determinó que los arroyos efímeros en el área de la mina no eran navegables y por lo tanto, no sujeto a las protecciones de calidad del agua y los requisitos de monitoreo proporcionados por la Ley de Agua Limpia.

La capacidad de realizar plenamente el alcance de los impactos se ve obstaculizada por las limitaciones del monitoreo. A menudo, las filtraciones de rebalses o de otras instalaciones de la mina se reconocen mediante una inspección visual de la presa de contención. Sin embargo, la filtración puede y ha ocurrido desde porciones de una instalación que no son monitoreadas o son difíciles de monitorear. En muchos casos, la documentación de los accidentes no ocurre hasta que la contaminación alcanza el punto más cercano al punto de monitoreo del agua. Como se indicó anteriormente, la profundidad del agua subterránea puede ser grande y existe el potencial de que un fallo de contención pueda ocurrir y no sea notado hasta después de que la mina esté cerrada. A pesar de la incorporación de sistemas de detección de fugas, que se aplican en la mayoría de las minas nuevas (las regulaciones varían de un estado a otro), muchos de los fallos de contención ocurren más allá de la detección.

>> EL ESTUDIO COMPLETO EN INGLÉS <<

Declaración del IV Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) – San José de Costa Rica, a 25 de septiembre 2017

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y prinicipal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la «minería verde», «sustentable», «socialmente responsable», «ecológica» o «limpia». Por ello, exigimos:

– Primero. La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países;

– Segundo. El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio;

– Tercero. Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas;

– Cuarto. En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.

Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Cáceres, el COPINH y Gustavo Castro.

Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que

¡Del Perú a Canadá la minería no va!

>> Visita la página web del M4

Desde el 19 de agosto, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle Moneda 13, Centro Histórico, en la Ciudad de México, aloja la exposición «Patrimonio biocultural y megaminería: Un reto múltiple», impulsada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en estrecha colaboración con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

A través de un recorrido amplio histórico y actual, nos va detallando la transición que ha tenido la minería en el mundo, hasta lo que hoy se conoce como la megaminería, haciendo especial énfasis en sus consecuencias y aportes nacionales. A través de maquetas, fotografías, datos de estudios científicos y videos que muestran un arduo trabajo de campo y de investigación, se va mostrando esta problemática que hoy está encadenada a la propia dinámica nacional de la privatización de bienes naturales.

El objetivo es que las y los visitantes amplíen su mirada sobre el modelo extractivo minero que se fomenta en la actualidad, en especial por medio de la megaminería, y le permita crear una reflexión propia sobre las consecuencias que ello trae en contra el patrimonio histórico y biocultural.

En el marco de esta exposición, el Museo organiza un ciclo de conferencias sobre el tema de la minería y sus impactos:

1° SESIÓN / 19 AGOSTO, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras
Tema: «Patrimonio biocultural y megaminería tóxica en México y el mundo: un reto múltiple»

2° SESIÓN / 26 AGOSTO, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Miguel Ángel Mijangos Leal, miembro de la asociación civil Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.) y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Tema: «Criminalización, violencia y luchas antimineras»

3° SESIÓN / 2 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Jennifer Moore, coordinadora del programa de América Latina de Alerta Minera Canadá (MiningWatch Canada)
Tema: «Minería canadiense: mitos y su legado en América latina»

4° SESIÓN / 9 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Colectivo Geocomunes
Tema: «Dimensión geopolítica, socio-ambiental y territorial de la actividad minera en México»

5° SESIÓN / 23 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Hilda Salazar y Maritza Rodríguez, integrantes de Mujer y Medio Ambiente A.C.
Tema: «Los impactos del extractivismo desde el enfoque de género»

Se otorgará una constancia a los y las visitantes que asisten a 80% de las sesiones.

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