Categoría: Minería

Comunicado de la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 2 de abril 2018

Industrias Peñoles utiliza a la UNAM
Universidades de Educación Superior al Servicio de las Mineras

A LA OPINIÓN PÚBLICA,

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM),

Bajo las condiciones actuales de nuestra sociedad, viviendo en el entramado de un modelo extractivista, resulta sumamente complicado discernir entre paliativos y actos de compromiso social: el caso específico de las «jornadas de salud» que ha emprendido la Secretaría de Salud de Zacatecas en conjunto con la Fundación UNAM, organizadas por la empresa Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles, ponen en manifiesto las alianzas que existen entre dependencias gubernamentales, universidades «autónomas» y particulares, en donde bajo la lógica, o mejor dicho, la ilógica neoliberal, quien pone el dinero, se faculta para conducir resultados, decisiones y voluntades.

Ese es el caso del convenio citado entre la empresa Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles, y la UNAM, para emprender «jornadas de salud» en municipios devastados por la actividad minera que dicha empresa lleva a cabo. La mina a tajo abierto de Fresnillo genera un daño multidimensional irreversible en Zacatecas, consistente en la contaminación de los mantos freáticos, el gasto desmesurado de agua en una región cuyos pobladores tienen escaso acceso a ella, la acidificación del agua, la diseminación aérea de contaminantes, el rompimiento de la trama social de las comunidades, su expulsión, las afectaciones irreversibles a la salud de los pobladores por exposición a metales pesados que provocan, entre otras enfermedades: partos prematuros, malformaciones congénitas, incremento en casos de cáncer, insuficiencia renal, daño hepático o en la piel.

Es sobre esta devastación socio ambiental que Fresnillo PLC, en 2016, tan sólo en la mina del municipio de Fresnillo produjo 596,963 toneladas de minerales (principalmente de plata con 3.8 millones de onzas), mismo que se tradujo en ventas por 382.7 millones de dólares para esta mina en ese año. Esta cantidad hace ver lo risible de las becas alimentarias que otorga, más aún si consideramos que a quien se los da, es a médicos con cinco años de formación en una universidad pública que desempeñan ahí labores profesionales con las que las empresas ganan el título de responsabilidad social.

Así, la principal universidad pública del país a través de la Fundación UNAM, ha emprendido más de una vez proyectos que utilizan al cuerpo académico de esta casa de estudio (estudiantes e investigadores), para el interés de grandes empresas privadas. En este caso, convirtiendo el servicio social en un servirse por parte de las empresas privadas, a la vez que también nutre la desinformación deliberada que forma parte sustantiva de las estrategias de las empresas mineras para facilitar los procesos actuales de despojo inherentes al extractivismo que sufre el país.

Es un hecho que las empresas dedicadas a este tipo de explotación del territorio se han infiltrado en varias instituciones educativas del país, tal como ha sucedido a través de la mentada Fundación UNAM, en la que empresas como la ExxonMobil o la minera Goldcorp son donantes desde hace varios años, así como sucede con Industrias Peñoles, a través de su filial Fresnillo PLC, con la cual desde hace tres años ha realizado el mentado convenio de vinculación.

Nosotros, como comunidades de afectados por el modelo extractivo que estas empresas sostienen, vemos con enorme preocupación el terrible riesgo de la pérdida de credibilidad y objetividad que corren las Universidades y los Centros de Investigación, al ser partícipes a través de sus fundaciones, de recibir financiamiento o realizar convenios de colaboración con los cuales las empresas privadas pretenden lavar la desastrosa realidad en la que operan. El seno de las Universidades no deben permitir perder el peso y poder en la dirección y rumbo del quehacer de las universidades, y menos de la UNAM que es considerada como la más importante del país, misma que, por ser pública, se debe a las necesidades del pueblo y no de los intereses privados.

Los pasantes en servicio social que pronto percibirán la causa de las enfermedades en la consulta, no deben ser utilizados para atenuar con medidas cosméticas los daños irreversibles de la minería, menos aún deben ser utilizados cuando el cometido de la enseñanza superior es ir a la raíz de los problemas y no, por el contrario, diluirla y disimularla. Lejos de constituirse como meros ejecutores de las encomiendas o exigencias privadas, desde donde difícilmente se distinguen y viven las necesidades y problemáticas reales, se debería promover que los estudiantes estén al servicio del interés comunitario.

Lamentamos también que la UNAM se preste a enviar a sus estudiantes a zonas de alto grado de conflictividad y violencia, misma que, por cierto, ha sido desatada tras el arribo de la actividad minera, cosa que no sucede con otros alumnos a quienes se les prohíbe realizar prácticas en áreas de alto riesgo.

Sabemos que la penetración de las instituciones públicas por parte del capital minero es una estrategia recurrente y central en el modelo de explotación y despojo que nos mata. Este mismo mecanismo lo vemos a todos los niveles y en distintas instituciones. Tal como sucede con el uso del fondo minero con el cual se financia equipo en universidades, hospitales y municipios de zonas mineras. Es sin duda, una vinculación perversa que coopta, debilita y pone sumisas tanto a las instituciones públicas como a la ciencia misma.

Es falso que el interés público pueda ser financiado por el capital privado a través de mecanismos supuestamente altruistas, y por el contrario, cada vez es mayor que en todo el mundo opere la ciencia sin conciencia. El interés lucrativo de empresas como Exxonmobil, Industrias Peñoles, minera Goldcorp, Torex Gold, entre muchas otras, siempre guiará el actuar de éstas. Por ello, lo que se está permitiendo al introducirlas en las universidades, no es desarrollo, sino subordinación, coerción y el atamiento de la capacidad crítica y de acción de éstas. Dejamos sobre la mesa la conducente necesidad de escudriñar sobre el papel que está jugando esta Institución de Educación Superior (IES) y valorar si lo que se está ganando como institución vale más que lo que se está perdiendo como sociedad.

Sabemos que hay mucha capacidad y determinación por parte de grupos que han acompañado y fortalecido las demandas sociales de los pueblos, desde los quehaceres sustantivos de la universidad (extensión, investigación y docencia), y lo han hecho desde una perspectiva de servir a la sociedad con una cultura de prevención calidad y mejora. Por ello, hacemos un llamado a esta comunidad (de la UNAM y de todas las universidades) para protegerla de este tipo de maniobras que, de forma subrepticia, pretenden subordinarla a intereses ajenos al bien común del país y a la integridad de nuestros territorios. Las IES en general deben reivindicar y fortalecer su camino de autonomía institucional al denunciar y ser críticos ante estas intromisiones.

POR UNA ACADEMIA CON CONCIENCIA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

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Comunicado urgente del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT), miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

Actualización a 12 de marzo: El sueldo de la brutal represión ejercida por el Estado es de 34 policías y 17 defensores heridos, y más de 40 defensores detenidos

• El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) protesta contra el Proyecto Chemours Laguna
• La «Chemours Company» pretende fabricar 65,000 toneladas de cianuro en la Comarca Lagunera
• Granaderos golpean y detienen a miembros del Frente Unido

El día de hoy 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) en contra del Proyecto «Chemours Laguna» que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año, granaderos estatales y municipales reprimieron, golpearon, balearon y detuvieron a miembros del Frente mientras ejercian su derecho a la protesta social pacífica constitucionalmente protegido.

Alrededor de las 5:00 hrs de la mañana más de 500 personas que respondieron al llamado del Frente Unido se presentaron en el Ejido de La Aurora, municipio de Gómez Palacio, Durango, para manifestar su preocupación y oposición al Proyecto «Chemours Laguna» así como su descontento hacia las autoridades municipales quienes, de manera ilegal, han facilitado todos los permisos a la transnacional química para poder producir cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y cuya producción, en La Comarca Lagunera, podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Hacia las 10:00 hrs. aproximadamente, 200 granaderos estatales y del municipio de Gómez Palacio, Durango, arribaron al Ejido de La Aurora y reprimieron la protesta del Frente Unido. En ese contexto, fueron heridos Don Saturnino Hernandez de 80 años, Horacio Ramirez, el joven Luis Mario Carrillo entre otros; así mismo, fue detenido el compañero Avelino Rodríguez y un profesor cuyo nombre se desconoce.

Es importante señalar que durante la represión, los granaderos hicieron uso de armas de fuego hiriendo a uno de los manifestantes. Tenemos información de que en estos momentos, 14:30 hrs., diversas fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a los miembros más visibles del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. La Red Mexicana de Afectados por la Minería responsabiliza de la represión así como de la seguridad de los compañeros heridos y detenidos a Jaime López, titular de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno municipal de Gómez Palacio así como a la presidenta municipal Leticia Herrera Ale y al gobernador del Estado José Rosas Aispuro.

La REMA y el Frente Unido exigen alto inmediato a la represión y la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos el día de hoy para entablar un diálogo serio.

¡Alto a la represión de los defensores del territorio!

¡Fuera Chemours de Nuestro Territorio!

¡El Cianuro Mata!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Acción Colectiva Socioambiental

Familia Pasta de Conchos

Coordinadora Ciudadana de La Laguna

Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Sobenaría

Fotos: Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

>> Petición en Change: NO A LA REPRESIÓN POLICIAL EN GOMEZ PALACIO, DURANGO

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Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado en Toronto, Canadá, por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo un llamado a «la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica».

Como Red Mexicana de Afectados por la Minería queremos denunciar algunas declaraciones hechas dentro de este evento por miembros del BID y varios directivos de empresas mineras presentes en esta reunión. Consideramos que hay una gran tergiversación del discurso que presenta a la minería como una actividad sustentable, cuando, en los hechos, tenemos cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas por la actividad minera en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad, cada vez mayor, de pasivos ambientales irreversibles y de los cuales estas empresas no se hacen responsables.

Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando las compañías mineras -nacionales y extranjeras-, saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros. Sin duda, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sustenta el modelo extractivo y neoliberal contra lo cual luchamos. Bajo sus siempre ambiguos conceptos de «desarrollo», «inclusión social e igualdad» o «sostenibilidad ambiental», este banco apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo en América Latina. Actuando como financiador de proyectos privados de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos. Además, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, que se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, ha financiado directamente algunos proyectos mineros, como por ejemplo, el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V. para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora. También la CII ha financiado varios proyectos de producción de energía muy controvertidos y rechazados localmente como los parques eólicos, Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de tehuantepec en México o las hidroeléctricas Chixoy (Guatemala) o Revantazón (Costa Rica).

Respecto al análisis que hicieron los expositores del evento con relación a que «la minería puede y debe ser un agente de desarrollo inclusivo en Latinoamérica y el Caribe», reiteramos que la minería, sin importar cuanto intenten adornar sus discursos, sólo es un agente de desarrollo para las finanzas de las empresas y de los actores políticos que las favorecen. Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte. Como señalamos líneas arriba, cientos de luchas a lo largo del continente, son la prueba contundente de ello.

En relación a la declaración de Paulo de Sa, asesor senior del BID, quien asevera que «es necesario territorializar la industria minera para darle el aspecto de desarrollo social», reiteramos que la minería no genera ningún desarrollo social, sino todo lo contrario. Por citar un ejemplo entre tantos; en el municipio de Fresnillo en Zacatecas, opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera mina de plata más grande del país que generó 318 millones de dólares en venta en 2015. Sin embargo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2015, el municipio de Fresnillo sigue siendo el municipio con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) en el estado y el segundo municipio con mayor pobreza extrema (11 mil 685), además de ser el municipio con los más altos índice de homicidios violentos y secuestros en todo el estado. Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social (educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue «sólo» de 4%. Durante esos 5 años no se generó ningún desarrollo social en esos municipios, a pesar que concentran dos de las minas más grandes y con mayor ganancia a nivel nacional.

Por otra parte referente a la declaración de Daniel Kaufmann, presidente de NRGI (Natural Resource Governance Institute), quien dijo: «En el pasado los códigos mineros decían que la minería tenía prioridad sobre cualquier otra actividad», recordarle que esas falsas ventajas, no sólo siguen vigentes en muchos países del continente, sino que se siguen promoviendo más, por ejemplo la ley minera mexicana en vigor, estipula en su artículo VI que «La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno». Del mismo modo, la recién aprobada Reforma Energética, da la misma categoría de actividad preferente a los hidrocarburos. Todo lo cual contraviene claramente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades sobre su territorio.

En el contexto de este foro se mencionó también que la industria minera no alcanza la igualdad de género y que es necesario incorporar a más mujeres. Como si de verdad ayudara al proceso de empoderamiento de la mujer al aseverar que «ellas son muy buenas conductoras de camiones», según expresó el directivo de Goldcorp. Por su parte, Eurídice González, directora de McEwen Mining en Sinaloa, México declaró que «Las mujeres tenemos que recorrer un largo camino para poder ser parte de la industria minera».

Ante esta postura, consideramos que esta supuesta equidad de género manejada desde la industria minera, es sólo una máscara y una estrategia publicitaria. Las mujeres en las comunidades, no sólo no piden ser parte de la industria minera, sino además están al frente de las resistencias, por lo tanto, a gritos exigen que las mineras salgan, «que se larguen» de sus territorios, ya que son ellas quienes sufren, violenta y sistemáticamente, de manera directa en sus cuerpos y en sus vidas, los graves impactos del extractivismo minero.

Por otra parte, desde los movimientos sociales y la defensa territorial hemos documentado las múltiples afectaciones a la salud de las mujeres por esta industria, por ejemplo, en implicaciones sobre el embarazo (desde abortos y partos prematuros, hasta malformaciones). Así mismo se ha hecho evidente la criminalización y asesinatos por parte de gobiernos y empresas para las y los defensoras del territorio, como sucedió con nuestros compañeros Bety Cariño y Mariano Abarca, fundadores de REMA, o Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Honduras.

Y si hablamos del tipo de empleos que genera la minería, los mismos trabajadores en múltiples ocasiones han denunciado las precarias condiciones laborales en las que se encuentran muchos de ellos, así como la negligencia e irresponsabilidad de las empresas ante los accidentes ocurridos y el fallecimiento de mineros. Recordemos el caso de Pasta de Conchos, a 12 años de impunidad.

Desde REMA denunciamos y desmentimos los supuestos beneficios de la minería, que además de enriquecer a los insaciables capitales privados -mexicanos y extranjeros- son sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

¡La minería sustentable o socialmente responsable no existe!
¡La minería es agente de despojo, no de desarrollo
¡No a la Megaminería Contaminante!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 29 de enero 2017

Pasando por alto el derecho de asociación sindical de los trabajadores de la mina «Media Luna» en el municipio de Cocula, Guerrero, la empresa canadiense Torex Gold Resources recurre a la acción de pistoleros de grupos delincuenciales para mantener sujetos a quienes trabajan en ella a un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acorde con los intereses de dicha compañía.

Ahora, ante las acciones de defensa legítima de los trabajadores en paro ante la agresión de dicha gente armada al servicio de la empresa, los cuales asesinaron el pasado 24 de enero a Quintin Salgado Salgado, uno de los dirigentes obreros, un contingente de las policías estatal y ministerial y del ejército, luego de entrar con lujo de violencia en las comunidades de La Fundición y Real de Limón, ocuparon las instalaciones de la mina, amedrentando a los trabajadores y escalando la confrontación.

Este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territoriosde manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios. Una vez intaladas, las empresas, como parte de la devastación múltiple que generan, colocan a sus trabajadores locales en condiciones de explotación intensiva violando sus derechos con apoyo gubernamental. Es importante señalar que lo anterior pone de nuevo en manifesto:

1. La clara articulación entre estas empresas y los grupos delincuenciales «pistoleros» a los que financian para su protección;

2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el estado envía a su ejército y a su policía para no poner en riesgo al proyecto con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guerrero.

¡Alto a las agresiones y represalias contra los trabajadores en paro de la empresa canadiense Torex Gold Resources!

¡Alto a la complicidad y la acción violenta del gobierno federal y estatal en contra de los trabajadores mineros y las poblaciones!

¡Alto a la entrega del país a intereses ajenos a nuestra población y a la vida en nuestros territorios!

Correo: rema@remamx.org Facebook: REMAMX Twiter: @MXREMA Página web: www.remamx.org

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Compartimos el programa de Periodistas de a Pie difundido en la TV en línea Rompeviento el 2 de noviembre 2017

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Alberto Nájar, Periodistas de A Pie:

La explotación de minas representa el cuarto lugar en generación de riqueza para Canadá. Pero a México, donde compañías canadienses tienen presencia desde hace varios años, el negocio muestra su otra cara. Aquí, la minería provoca una serie de violaciones de derechos humanos que afecta sobre todo a comunidades indígenas, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas. En la segunda semana de octubre de 2017, el Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau estuvo en México, pero mientras el político se tomaba fotografías con senadoras y periodistas, una delegación de activistas mexicanos viajó a su país para contar lo que no se dijo en la visita oficial.

Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), uno de los asistentes, nos comparte parte de la historia:

Nos invitaron a tratar de hablar con el gobierno canadiense para expresar el descontento que hay dentro del movimiento de Derechos Humanos en México porque la visita del primer Ministro en México la leemos más en el sentido de venir a hacer negocios. Lo que denunciamos fue el comportamiento de la Embajada de Canadá en México y cómo opera para facilitar el negocioo de las empresas mineras en México. Creemos que el gobierno canadiense puede jugar un rol importante porque puede llamar a cuentas a las mineras canadienses que tienen su domicilio, cotizan y pagan impuestos en Canadá a partir de los recursos que generan en en nuestro país.

Parte de lo que fuimos a decir ahora en esta misión a Canadá es que las mineras canadienses están matando nuestros pueblos y cómo las mineras canadienses se comportan con las comunidades. No las ven como iguales. No llegan a negociar de tú a tú. LLegan a imponer condiciones y aprovechan el contexto de corrupción e impunidad que existe en nuestro país.

Alberto Nájar, Periodistas de A Pie:

En reunión, la contraparte canadiense se dijo avergonzada por lo que sucede en México, pero luego se justificaron: «Son las comunidades quienes demandan la instalación de compañías mineras». Además, dijeron que parte de la riqueza y la prosperidad de Canadá tiene que ver con esta actividad. Y la respuesta fue: «Nada justifica que México ponga los mueros para el progreso de Canadá.» Uno de ellos es Mariano Abarca, asesinado por oponerse a la minera canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas.

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Hasta hoy el 70% de las concesiones mineras que ha otorgado el gobierno mexicano son para mineras canadienses. En 2014, implicó la presencia de 159 compañías que se beneficiaron con 20,600 millones de dólares.

Gustavo Lozano explica la realidad mexicana:

Lo que vemos son grandes cráteres que desparecen comunidades enteras, que desparecen el paisaje y que generan grandísimas contribuciones al cambio climático. En un contexto de calentamiento global, no es razonable. Nos preocupa muchísimo porque allá hay un juego macabro: las mineras dicen que van a remediar, las autoridades se lo creen y todo el mundo queda muy contento con la afectación a las comunidades y nuestros territorios.

El gobierno al día de hoy ha entregado en los últimos años alrededor de 25,500 concesiones mineras. El 13.5% del territorio nacional ha sido entregado a la explotación minera. El Estado Mexicano es corresponsable del fenómeno de violaciones a derechos humanos en relación con la industria minera en el país. Una minera, para poder operar, necesita alrededor de 26 perimisos distintos con diferentes autoridades, a todos los niveles.

¿Cómo funciona la política pública en materia de minería en México? Es una política pública que genera incentivos para que todo el mundo se alinee a los intereses de las mineras en contra de los intereses de las comunidades. Parece que los tratados de libre comercio están orientados a facilitar que estas mineras sigan generando riqeza a costa de nuestros territorios y nuestras comunidades. Nos parece inaceptable que el gobierno canadiense se lave las manos responsabilizando exclusivamente al gobierno mexicano o al Estado Mexicano de lo que ocurre en nuestro territorio sin que desarrolle e implimente mecanismos en Canadá para llamar la atención sobre sus empresas y sobre cómo se comportan en el extranjero.

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Pronunciamiento del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)– Ejido El Siete, Pueblo Nuevo, Durango, a 28 de octubre 2017

En el contexto del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio, con la presencia y participación de Don Raúl Vera, Obispo de Saltillo,, Coahuila y amigo de las comunidades, pueblos y organizaciones que integramos el FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO, nos hemos reunido para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra proyectos como el de Chemours Laguna que, desde la lógica del modelo extractivo, abonan al despojo y deteriorio de los bienes comunes naturales pues hemos podido constatar que dichos proyectos se imponen cada vez más con mayor impacto en nuestros territorios, generando una serie de injusticias y atentados a los derechos humanos, acaparamiento de tierras y destrucción de la naturaleza.

Durante esta jornada de intercambios y reflexión, las comunidades, organizaciones y las personalidades presentes coincidimos en que de múltiples formas, los procesos de extracción, producción y transporte de bienes comunes naturales, así como la evacuación de residuos afectan o excluyen -directa o indirectamente- a millones de personas, algunas de las cuales se organizan y protestan.

Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que estos proyectos de muerte se gestan en un contexto en el que el modelo de desarrollo imperante posibilita que las empresas se enriquezcan externalizando sus costes, aprovechando el clima de impunidad que genera la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos que contribuyen, por acción u omisión, al diseño e implementación de políticas que, lejos de representar los intereses de nuestras comunidades, legitiman los intereses privados, nacionales o extranjeros que buscan incrementar su riqueza desarrollando este tipo de proyectos que catalogamos como proyectos de muerte.

Así, empresas extranjeras como la Chemours Company buscan aprovecharse de la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, crisis que se materializa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación que sufren nuestros pueblos y comunidades.

La lucha contra el Proyecto Chemours Laguna y su pretensión de producir 70,000 toneladas de cianuro de sodio al año ha colocado al FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA como el primer frente de lucha y resistencia en contra del modelo extractivo minero de la región. No tememos denunciar y rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las empresas extractivas a su paso, nos oponemos a la división de las comunidades, al debilitamiento del tejido social y la militarización de nuestros territorios, al hostigamiento y atentados contra la integridad física y emocional de nuestros defensores de derechos humanos y luchadores sociales, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la privatización de nuestros bienes comunes naturales, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a la generación de empleos precarios que generan el falso desarrollo, a las afectaciones a la salud y a la injerencia de las empresas extranjeras en las decisiones políticas y económicas de nuestros territorios.

De igual forma, consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existen proyectos «sustentables», «éticos», «socialmente responsables», «ecológicos» o «limpios», pues la extracción y privatización de nuestros bienes, aunque tenga el nombre de «minería verde» sigue generando afectaciones y muerte en nuestros territorios.

Por ello nos dirigimos a las autoridades responsables para:

1.Exigir que no seamos invisibilizados y se reconozca la existencia de nuestros pueblos, para que se garanticen nuestros derechos colectivos.

2.Exigir que se reconozca la labor de todas las mujeres compañeras de lucha, nos oponemos a invisibilizar su labor, cuando es evidente que son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción, el cuidado y las trasmisoras de lo que somos como personas, familia y pueblo.

3.Exigir la salida inmediata de las empresas extranjeras y sus proveedoras de nuestros territorios.

4.Exigir la cancelación inmediata y permanente de cada una de las concesiones y permisos que han entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no para luchar contra sus proyectos de muerte.

5.Exigir el cese a las modificaciones y adecuaciones -a favor de las empresas- de leyes, tratados y derechos constitucionales que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos ya conquistados.

6.Exigir que se detengan de manera inmediata las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio.

7.Exigir el cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados.

8.Demandar el esclarecimiento los crímenes de cada uno de las y los compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos.

9.Establecer de manera clara y contundente que no aceptamos la imposición de su idea de progreso y desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos en turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros -las comunidades, ejidos y pueblos organizados-, seremos quienes decidiremos cómo queremos vivir.

Convocamos a todos los Pueblos y Organizaciones de la región a permanecer alertas y en guardia contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan generar discordia, divisiones y confusión para, posteriormente saquear nuestros bienes naturales.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha digna de los trabajadores de la educación, quienes de manera organizada pugnan por el respeto a los derechos laborales, por la mejora de las condiciones en el Tecnológico de Torreón y por la cancelación definitiva de todos los cobros en las insitituciones de educación pública.

Reafirmamos nuestro deseo de tener una vida digna, de que nuestra participación sea tomada en cuenta, queremos desarrollo, pero integral y no a cualquier costo. No venderemos ni reubicaremos el patrimonio de vida de nuestro pueblo, no seremos el vertedero de desechos, materiales y humanos de industrias irresponsables, no venderemos nuestra salud ni nuestro territorio, no aceptaremos proyectos que constituyan una amenaza para nuestras comunidades.

Aspiramos a la construcción de un modelo de sociedad basado en normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, la máxima realización de los derechos humanos y la reducción de la violencia, el final de las desigualdades de género, la sustentabilidad de las actividades económicas, una sociedad que mantenga una interacción con los minerales que obedezca a las necesidades humanas y no a los intereses de acumulación de riquezas.

En ese sentido, de manera contundente les decimos:

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO, QUEREMOS AIRE PURO!
¡FUERA CHEMOURS DE NUESTRO PUEBLO!
¡FUERA CHEMOURS DE LA LAGUNA!
¡FUERA CHEMOURS DE MÉXICO!
¡EL CIANURO MATA!
POR TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS DE MUERTE

Firman:

FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
ACCIÓN COLECTIVA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
RED NORTE
COCOPO
PROYECTO CULTURAL REVUELTAS
CNTE
COLECTIVO SI A LA VIDA
COLECTIVO RICARDO FLORES MAGÓN
CEP- PARRAS A.C.
ALZANDO VOCES LAGUNA

Foto: Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio en El Siete, Pueblo Nuevo, Durango, el 28 de octubre 2017 – Crédito: Alejandro Ponce / La Jornada Baja California

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