Posicionamiento del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Guerrero

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Malinaltepec, Guerrero, México a 8 de octubre del 2017

Los Pueblos integrados en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña-Costa Chica del Estado de Guerrero, en Defensa del Territorio contra la Minería y la Reserva de la Biosfera (CRAADT), así como los representantes de los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, de Cajamarca/Perú, de del ejido Benito Juárez/Chihuahua, de la CDMX y los delegados de organizaciones sociales, nos reunimos durante dos días en el municipio de Malinaltepec, en el marco del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, para compartir enseñanzas y experiencias desde la resistencias que tenemos diversos pueblos organizados, con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas más despiadadas que nos aquejan, basadas en el despojo del territorio, porque «legalizan» el saqueo y la destrucción de los bienes naturales, atentan directamente contra la integralidad de la vida, transforman nuestra convivencia basada en la comunalidad, además de amenazar y desmantelar nuestros procesos identitarios y culturales, todos elementos totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa de progreso y desarrollo que dicen tener este tipo de proyectos.

Los saberes y diálogos compartidos entre todas y todos los participantes, refrendan y refuerzan el compromiso que tenemos para continuar implementando el pleno ejercicio de nuestros derechos basados en la libre determinación, por lo tanto, este encuentro fortaleció nuestro principio de persistir promoviendo nuestros propios procesos de Consulta y de Consentimiento Previo, Libre, Informado y Culturalmente Adecuado, con lo cual enviamos un claro mensaje al estado, los políticos y a las empresas extractivistas, que en nuestro territorio comunitario no permitiremos violenten y violen nuestros derechos colectivos con falsos y amañados procesos y procedimientos de consulta o de consentimiento.

Estos días de intercambio y reflexión entre las mujeres y los hombres de pueblos hermanos en resistencia, nos ayudó a aclarar dudas y cuestionamientos sobre los daños a la salud y el ambiente que genera el modelo extractivo, nos dimos cuenta cómo las diferentes experiencias que escuchamos, incluso desde otras naciones que nos acompañaron, son una película que se repite de la misma manera en cada pueblo del territorio nacional, por lo tanto, evidenciamos que nos enfrentamos a un sistema que nos impone un modelo de extracción basado en el engaño para generar el desplazamiento forzado de quienes ahí habitamos, en donde los políticos actuales son ya apurados promotores del empoderamiento de privados, quienes además actúan en contubernio con fuerzas armadas «legales» e ilegales.

Entre todos refrendamos que la defensa del territorio es la defensa de la vida; que defender el territorio ancestral es también resguardar la cultura y, por lo tanto, significa nuestra permanencia como pueblos. En consecuencia:

  1. Reafirmamos la importancia de continuar con esta lucha organizada entre los pueblos de México y de Latinoamérica en defensa del territorio y la vida.
  2. Reconocemos que los movimientos debemos trascender y cambiar la forma en la cual hemos actuado para con nuestras compañeras de lucha, porque no podemos continuar invisibilizando su lucha, cuando es evidente son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción, el cuidado y las trasmisoras de lo que somos como personas, familia y pueblo.
  3. Al gobierno mexicano le exigimos la cancelación inmediatamente y permanente de cada una de las concesiones que ha entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no en cambio estemos dedicando tiempo y esfuerzo para detener sus proyectos de muerte.
  4. Rechazaremos cualquier iniciativa de gobierno y de privados, que atente contra el ejercicio de nuestros derechos territoriales y fundamentales, así como no dejaremos entrar a quienes pretendan la enajenación de nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Dicho lo anterior, reafirmamos nuestro rechazo contra del decreto de la Reserva de la Biosfera en la Montaña de Guerrero.
  5. Frente a la vulneración estructural, sistemática e intencionada para adelgazar y desregularizar los derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de México, al gobierno y sus operadores parlamentarios les EXIGIMOS dejar de modificar y vejar -a favor de las empresas-, las leyes, tratados y derechos constitucionales que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos de forma organizada, pacífica y basada en nuestros usos y costumbres, porque es así como garantizamos que no haya detrimento de los derechos conquistados, ni de los avances jurisprudenciales, normativos y estándares internacionales que nuestra histórica lucha ha logrado.
  6. Rechazaremos la imposición de consultas o de consentimiento previo libre e informado, que pretenda imponer el gobierno para facilitar el ingreso de cualquier empresa que ambicione los bienes naturales que tenemos en nuestro territorio comunitario.
  7. Rechazamos enfáticamente las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio tanto en México y Latinoamérica.
  8. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados.
  9. Demandamos el esclarecimiento de cada uno de las y los compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos. Basta señalar que Amnistía Internacional ha registrado que, en el trascurso de solamente dos años en 22 países, han sido asesinados 437 ambientales y defensores de derechos humanos, quedando en impunidad el 95% de los casos.
  10. Convocamos a todos los Pueblos, Organizaciones, Autoridades Ancestrales, Agrarias y Ciudadanas/Municipales a estar vigilantes y en guardia permanente contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan ingresar a los pueblos con el fin de generar discordia divisiones y confusión para, posteriormente y con el uso de diferentes argucias y mentiras, crear mejores condiciones para el saqueo de los bienes naturales.
  11. No aceptamos la imposición de su idea de progreso y desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos en turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros – las comunidades indígenas, campesinas, ejidos y pueblos organizados-, seremos quienes decidiremos cómo queremos vivir.
  12. Los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, del ejido Benito Juárez, Chihuahua y de la CDMX, nos solidarizamos con los pueblos en resistencia contra el modelo extractivista en el Perú, especialmente en la región de Cajamarca, Celendín, quienes vienen luchando frente a proyectos mineros e hidroeléctricas que pretenden destruir su territorio. Trabajaremos para seguir articulándonos y caminando juntos para liberarnos de este enemigo común que tenemos los pueblos del mundo.
  13. Demandamos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Guadalcazar, S.L.P., la anulación de los proyectos que ya se encuentran en fase de exploración, así como exigimos la revisión y solución a la demanda de eliminación del proyecto de confinamiento de desechos tóxicos que, pese a la oposición de la población, fue instalado en 1994 en el predio “La Pedrera”, en el ejido Los Amoles, mismo que desde hace 20 años sólo fue cubierto por cemento y se encuentra abandonado, sin mantenimiento y sin supervisión, en consecuencia, desde entonces se mantiene contaminando los mantos acuíferos de la región, razones por lo cual, las comunidades de municipio de Guadalcazar se encuentran en lucha contra del modelo extractivo minero y en firme oposición al basurero tóxico.
  14. El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio de Acacoyagua, Chiapas, exige al gobierno federal y del estado, dejen de ser partícipes y protectores de los intereses de las empresas e inmediatamente cancelen las concesiones entregadas de forma indiscriminada en nuestro territorio.
  15. A 5 años del asesinato de los defensores del medio ambiente; Ismael Solorio y Manuelita Solís, opositores al proyecto minero “5 de Mayo” de la empresa canadiense Mag Silver, en el Ejido Benito Juárez Mpio. de Buenaventura Chihuahua, le demandamos al gobierno del estado de Chihuahua el esclarecimiento del homicidio de nuestros compañeros.
  16. A 11 años de iniciado el proceso de despojo en Salaverna Mazapil, causado por de la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim Helú, demandamos que el gobernador del estado de Zacatecas, el Sr. Alejandro Tello Cristerna y la Srta. Fabiola Gilda Torres, secretaria de gobierno, acepten de inmediato las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos y con ello se garantice el estado de derecho que permita hacer pagar a los responsables del desplazamiento forzado y todos los delitos cometidos por la empresa el 23 de diciembre del 2016. Así mismo hacemos un llamado a las comunidades zacatecanas en resistencia contra el despojo minero, para sumarnos en una lucha unida y organizada contra los proyectos de muerte.
  17. Demandamos la cancelación de todas las concesiones mineras en la costa central del Golfo, en la región de “Los Tuxtlas”, así como en el resto del territorio veracruzano. Las comunidades de Actopan y Alto Lucero señalan que, a pesar de que la empresa Candelaria Mining retiró su proyecto de manifestación de impacto ambiental debido a la presión ejercida por los pueblos de la costa central del estado de Veracruz, los seis tajos a cielo abierto proyectados por Candelaria Mining y Almaden MInerals a menos de 3.2 kms. de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde siguen vigentes.
  18. Ante el pleno del encuentro, el C. presidente municipal constitucional de Malinaltepec, el Sr. Sebastián Ramírez Hernández, refrendo que en asamblea de cabildo abierto se ha levantado el acta con la Declaratoria de “Municipio Libre de Minería”, a la vez que refrenda su compromiso de no proporcionar ningún permiso de uso de suelo para las empresas mineras.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso que como pueblos y luchas tenemos para continuar defendiendo nuestro territorio y la vida, porque nuestros derechos y la madre tierra no son negociables y seguiremos en resistencia hasta que se apague el sol.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS!
¡POR EL RESPETO DE NUESTROS DERECHOS!

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Más información:

De la Huasteca al Itsmo de Tehuantepec, resistir

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

La Red Mexicana de Afectados por la Minería celebra 10 años en defensa de la vida y el territorio

Minas de Oro en los EEUU: Informe de Derrames y Fracasos

Historial de los impactos ambientales resultante de derrames, descargas accidentales y fracasos en la captura y trata de aguas impactadas por la minería, por BONNIE GESTRING (Earthworks) y JOHN HADDER (Great Basin Resource Watch) – Julio 2017

Traducción parcial del U.S. Gold Mines: Spills & Failures Report

INTRODUCCIÓN

La minería de oro es una fuente significativa de emisiones tóxicas en los EE.UU. – incluyendo liberaciones de cianuro, arsénico, mercurio, cadmio y otras sustancias peligrosas en el aire, el agua y la tierra.

El método más común para procesar oro de la minería es la lixiviación con cianuro, la cual utiliza el cianuro para extraer oro y otros metales del mineral. La lixiviación de cianuro facilita la extracción de grava, que genera grandes volúmenes de residuos mineros que se convierten en un elemento permanente del paisaje.

Estos residuos de la mina, así como los productos químicos que se utilizan para la extracción del oro, pueden ser una fuente de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Debido a que prácticamente todo lo que se extrae de una mina se convierte en desperdicio, y que estos desperdicios mineros están conservados dentro de la instalación minera, los materiales tóxicos contenidos en el desperdicio también son permanentes.

Este informe compila el registro de los derrames y accidentes en el control de las filtraciones de las minas de oro en funcionamiento en los Estados Unidos y los impactos asociados a la calidad del agua.

Las instalaciones de la mina donde pueden producirse liberaciones de materiales peligrosos incluyendo lechos de lixiviación en pilas, retenes de rebalses, tuberías, procesos extractivos, estanques de agua, residuos, pilas de roca y depósitos de coladera.

  • Los patios de lixiviación: Los patios de lixiviación se usan para procesar el mineral de grado inferior utilizando el riego superficial con una solución de cianuro de sodio, que recoge oro y otros metales a medida que se infiltra a través de la tierra.

Los patios de lixiviación a menudo tienen una línea de contención o geomembrana que sirve como captura primaria de la solución cargada de oro y cianuro. Algunas minas incorporan dos revestimientos. El segundo revestimiento se utiliza para controlar la fuga del revestimiento principal. A pesar de la existencia de estos revestimientos, aún hay fugas cuando el revestimiento está comprometido o se degrada con el tiempo.
  • Rebalses: El mineral de mayor grado es triturado y combinado con productos químicos de procesamiento en tinas grandes. Los desechos, llamados rebalses, suelen almacenarse como una suspensión de textura fina detrás de una presa de tierra. En la mayoría de los casos estos rellenos de rebalses no están forrados.
  • Los estanques de proceso están revestidos, de un tamaño mucho menor y normalmente se eliminan por completo como parte del proceso de recuperación.
  • Los patios de lixiviación en pilas, los embalses de rebalses y los estanques de soluciones de proceso: generalmente contienen altos niveles de metales y cianuro, por lo que la contención es vital para evitar la contaminación. Estas instalaciones pueden ser una fuente de contaminación a largo plazo si la recuperación y el mantenimiento a largo plazo son inadecuados.

El drenaje ácido de la mina se puede desarrollar en las minas de oro donde están presentes los minerales del sulfuro. Cuando los minerales de sulfuro están expuestos al aire y al agua, reaccionan para formar ácido sulfúrico, que puede lixiviar minerales de la roca circundante para formar el drenaje ácido de la mina. Si el drenaje ácido de la mina no está contenido, se convierte en una fuente a largo plazo de contaminantes.

Cuando la minería ocurre debajo del nivel freático, hay que bombear agua de la mina para mantenerla seca. Una vez que las operaciones de minería cesan, el agua subterránea se filtra nuevamente de forma natural dentro de las minas subterráneas o regresa al pozo para crear un lago de pozos.

Para las minas a cielo abierto, la mayoría de las minas de oro se producen en áreas de alta evaporación, el flujo de agua suele estar en el pozo abierto. Sin embargo, si ocurre el desagüe, el agua subterránea puede ser degradada ya que el agua del lago y el agua de las minas subterráneas son típicamente de peor calidad que las aguas subterráneas circundantes.

MÉTODOS

Este informe se basa en la información obtenida de una extensa revisión de documentos estatales y federales, informes de noticias y una base de datos federal. Proporciona datos de 27 minas de oro en operación en los Estados Unidos, que representan el 93% de la extracción de oro de los Estados Unidos en 2013. Los datos más actuales sobre la extracción de oro de los Estados Unidos están disponibles en el “US Geological Survey”. El informe se centra en documentar dos modos de accidentes:

  1. Derrames de tuberías y / o otras liberaciones accidentales de materiales peligrosos, y
  2. Fracasos en la colección de filtración y tratamientos.

Aunque el informe se centra en los impactos de calidad del agua, los impactos al suelo también pueden ocurrir en una liberación peligrosa. Este informe no cataloga los impactos al suelo. La mayoría de las minas en este informe son principalmente de oro. Sin embargo, el oro se puede producir como un subproducto en otras minas metálicas (por ejemplo, operaciones de cobre, zinc/plomo).

Este informe incluye datos de las minas de Bingham Canyon, Robinson y Greens Creek debido a que el oro es un subproducto significativo como se identificó en el informe de oro del 2013 del USGS. Nuestro Informe no evaluó la mina de oro Cresson (Cripple Creek y Victor), una mina de oro en funcionamiento en Colorado, debido a la dificultad de obtener información completa sobre el sitio.

RESULTADOS

Nuestra investigación determinó que el 100% de las operaciones mineras revisadas en este informe experimentaron al menos una falla, con la mayoría de las minas experimentando fallas múltiples.

  • En 27 de las 27 operaciones mineras (100%), han experimentado al menos un derrame de tubería u otra liberación accidental, como derrames de solución de cianuro, rebalses de minas, combustible diesel y concentrado de mineral.
  • En 20 de las 27 operaciones mineras (74%), no han capturado o controlado las filtraciones contaminadas. La filtración de la solución de cianuro fue uno de los impactos más comunes. El desarrollo del drenaje ácido de las minas se asoció con algunos de los impactos más duraderos.
  • En 20 de las 27 operaciones mineras (74%), se identificaron impactos de calidad del agua en las aguas superficiales y / o subterráneas, incluyendo impactos en el suministro de agua potable para residencias y negocios, pérdida de hábitat de peces y vida silvestre y muerte de peces.
  • Los impactos de la calidad del agua a las aguas superficiales y/o subterráneas se identificaron en 20 de las 27 operaciones mineras (74%), incluyendo impactos en el suministro de agua potable para hogares y negocios residenciales, pérdida de hábitat de peces y vida silvestre y muerte de peces.
  • Los impactos de la calidad del agua no fueron identificados en 7 de las 27 operaciones mineras. En 6 de esas 7 minas (86%), no había corrientes constantes en la zona del proyecto y las aguas subterráneas eran generalmente profundas

Las investigaciones muestran que las minas con alta potencial de generación de ácido y en las proximidades de las aguas superficiales y subterráneas, corren el mayor riesgo de impactos en la calidad del agua. La disponibilidad de agua es clave para el desarrollo del drenaje ácido y el grado de contención. Muchas de las minas de oro actualmente en funcionamiento se encuentran en el suroeste árido, donde la precipitación es baja (a menudo menos de 10 pulgadas por año). Por lo tanto, el potencial de precipitación superficial para transportar contaminantes al agua subterránea es significativamente limitado. El drenaje ácido de la mina requerirá el tratamiento del agua y captura a perpetuidad en la mina Bingham Canyon Mine, Golden Sunlight Mine y Phoenix Mines, entre otros.

En 6 de las 7 minas de oro donde no se identificaron impactos de calidad del agua (por ejemplo, Bald Mountain, Ruby Hill, Mineral Ridge, Mesquite, Denton / Rawhide, Turquoise Ridge) no hay corrientes perennes en el área del proyecto y el agua subterránea es generalmente profunda, mayor a 250 pies).


Por ejemplo, en la mina Denton Rawhide en Nevada, el agua subterránea es tan profunda que no se ha localizado y no hay agua superficial en al menos cinco millas a la redonda de la mina. Los impactos a corrientes efímeras, donde el agua fluye brevemente después de los eventos de lluvia, son más difíciles de evaluar. Las oportunidades de monitoreo son limitadas y en algunos casos las corrientes efímeras no están protegidas por las disposiciones de las Leyes de Agua Limpia. Por ejemplo, en la Mina Mineral Ridge, se determinó que los arroyos efímeros en el área de la mina no eran navegables y por lo tanto, no sujeto a las protecciones de calidad del agua y los requisitos de monitoreo proporcionados por la Ley de Agua Limpia.

La capacidad de realizar plenamente el alcance de los impactos se ve obstaculizada por las limitaciones del monitoreo. A menudo, las filtraciones de rebalses o de otras instalaciones de la mina se reconocen mediante una inspección visual de la presa de contención. Sin embargo, la filtración puede y ha ocurrido desde porciones de una instalación que no son monitoreadas o son difíciles de monitorear. En muchos casos, la documentación de los accidentes no ocurre hasta que la contaminación alcanza el punto más cercano al punto de monitoreo del agua. Como se indicó anteriormente, la profundidad del agua subterránea puede ser grande y existe el potencial de que un fallo de contención pueda ocurrir y no sea notado hasta después de que la mina esté cerrada. A pesar de la incorporación de sistemas de detección de fugas, que se aplican en la mayoría de las minas nuevas (las regulaciones varían de un estado a otro), muchos de los fallos de contención ocurren más allá de la detección.

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Lucha contra la minería en Mesoamérica: El M4 existe porque resiste

Declaración del IV Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) – San José de Costa Rica, a 25 de septiembre 2017

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y prinicipal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la «minería verde», «sustentable», «socialmente responsable», «ecológica» o «limpia». Por ello, exigimos:

– Primero. La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países;

– Segundo. El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio;

– Tercero. Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas;

– Cuarto. En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.

Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Cáceres, el COPINH y Gustavo Castro.

Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que

¡Del Perú a Canadá la minería no va!

>> Visita la página web del M4

CDMX: Programa de la exposición «Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple»

Desde el 19 de agosto, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle Moneda 13, Centro Histórico, en la Ciudad de México, aloja la exposición «Patrimonio biocultural y megaminería: Un reto múltiple», impulsada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en estrecha colaboración con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

A través de un recorrido amplio histórico y actual, nos va detallando la transición que ha tenido la minería en el mundo, hasta lo que hoy se conoce como la megaminería, haciendo especial énfasis en sus consecuencias y aportes nacionales. A través de maquetas, fotografías, datos de estudios científicos y videos que muestran un arduo trabajo de campo y de investigación, se va mostrando esta problemática que hoy está encadenada a la propia dinámica nacional de la privatización de bienes naturales.

El objetivo es que las y los visitantes amplíen su mirada sobre el modelo extractivo minero que se fomenta en la actualidad, en especial por medio de la megaminería, y le permita crear una reflexión propia sobre las consecuencias que ello trae en contra el patrimonio histórico y biocultural.

En el marco de esta exposición, el Museo organiza un ciclo de conferencias sobre el tema de la minería y sus impactos:

1° SESIÓN / 19 AGOSTO, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras
Tema: «Patrimonio biocultural y megaminería tóxica en México y el mundo: un reto múltiple»

2° SESIÓN / 26 AGOSTO, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Miguel Ángel Mijangos Leal, miembro de la asociación civil Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.) y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Tema: «Criminalización, violencia y luchas antimineras»

3° SESIÓN / 2 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Jennifer Moore, coordinadora del programa de América Latina de Alerta Minera Canadá (MiningWatch Canada)
Tema: «Minería canadiense: mitos y su legado en América latina»

4° SESIÓN / 9 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Colectivo Geocomunes
Tema: «Dimensión geopolítica, socio-ambiental y territorial de la actividad minera en México»

5° SESIÓN / 23 SEPTIEMBRE, 13 HORAS (SALA VIDEO WALL)
Ponente: Hilda Salazar y Maritza Rodríguez, integrantes de Mujer y Medio Ambiente A.C.
Tema: «Los impactos del extractivismo desde el enfoque de género»

Se otorgará una constancia a los y las visitantes que asisten a 80% de las sesiones.

(ver la imagen en grande)

Más lectura:

La vida o el mineral: los cuatro ciclos del despojo minero en México

Mapa interactivo de concesiones mineras en México

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

La vida o el mineral: los cuatro ciclos del despojo minero en México

Les compartimos la Presentación en .PDF del nuevo libro de Francisco López Bárcenas: La Vida o el Mineral: los cuatro ciclos del despojo minero (Akal/Inter Pares, 2017)

Descargar la Presentación del libro

Ver el programa de Rompeviento.TV «Vivir del negocio minero»,

con Francisco López Bárcenas:

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Extracto de la Presentación de La Vida o el Mineral:

En México, la minería es una industria floreciente, tan solo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera; el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país.

El resultado de estas modificaciones, junto a las políticas acordes con ellas es que, en 2010, 28.58% del territorio mexicano (el equivalente a 51.76% de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas de capital transnacional, y en gran número canadienses, pero también australianas, norteamericanas, peruanas, rusas, sudafricanas, brasileñas, chinas y chilenas. Esas empresas en su mayoría se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de importancia estratégica para la industria tecnológica, como el berilio, el indio y las tierras raras, importantes para la elaboración de diversos productos, entre ellos computadoras, celulares y cabezas de misiles. De esa manera se configuró la participación subordinada de nuestro país en la economía mundial.

Una característica de la minería que se practica actualmente es que la mayoría de los proyectos se han instalado o se están instalando en lugares que hace años albergaron proyectos similares y fueron abandonados porque el mineral se agotó. Pero esa es una verdad a medias; se agotó el que se encontraba en vetas, no así el desparramado alrededor de ellas y, al agotarse las vetas, adquirió una importancia económica singular. Sólo que su apropiación no puede realizarse como años atrás, con la técnica de socavón, para lo cual se construían túneles donde se introducían los trabajadores y la maquinaria; como no hay vetas sino mineral esparcido en forma de polvo por todas partes, ahora tiene que hacerse a cielo abierto, demoliendo cerros completos y afectando pueblos enteros para llegar al mineral; usando grandes cantidades de agua y químicos para separar el mineral de otras materias —mediante el proceso de lixiviación—, generando problemas de salud entre los habitantes de los pueblos aledaños y contaminando gravemente el medio ambiente.

A las actividades extractivas de las empresas mineras y sus efectos se oponen los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y obtienen sus alimentos, contaminan los ríos y mantos acuíferos; los pueblos indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares sagrados y sus formas de vida, y la sociedad en general lo hace porque sabe que indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos, sin que esto genere algún beneficio al país, pues lo que pagan por los derechos de uso de cada hectárea concesionada es simbólico —entre cinco y ciento diez pesos, según veremos más adelante— y ningún impuesto por la exportación del mineral. Además de despojar al país de sus recursos, las actividades de esas empresas transforman negativamente las expectativas de vida de los mexicanos y, en la mayoría de los casos, truncan sus posibilidades de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones. De esta manera, se configura una lucha entre el capital y los dueños del mineral o perjudicados por esos procesos de acumulación capitalista, cuyo principal atributo es la desposesión de los bienes naturales de sus legítimos dueños.

En medio de estos actores se coloca el Estado mexicano que, en lugar de defender los intereses del país y sus habitantes, discursivamente se asume imparcial y aparentemente trata de conciliar los intereses en pugna. Decimos aparentemente porque —según se documenta en esta investigación—, con las reformas constitucionales y legales a las que nos referiremos y que analizaremos a profundidad en el capítulo correspondiente, también se transformó la estructura del Estado, despojándolo de su facultad para crear instrumentos que procuren el bien público, hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital transnacional, función que realiza aplicando los instrumentos que las instituciones y leyes le permiten (a través de las políticas mineras), que siempre están cargados hacia los primeros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que el Estado mexicano ha dejado de ser un Estado nacional para convertirse —como propone Joachim Hirsch— en un Estado de competencia.

Cómo sucedió esto es un fenómeno que también se analiza en este trabajo. Hemos dicho que la minería a cielo abierto trunca posibilidades de desarrollo para los habitantes en las regiones donde se instala. Aquí la minería engarza con el desarrollo rural, aunque de manera un tanto fuera de lo común, ya que normalmente los estudios de esta naturaleza se enfocan a analizar procesos que potencian el desarrollo rural, pero en este caso es al contrario, pues se estudia un proceso que afecta el bienestar de la gente del campo, lo cual podría dar pie para afirmar que se trata de un tema de «antidesarrollo» rural, si por desarrollo rural se entienden los procesos que buscan el mejoramiento y bienestar de la población del campo, a través del impulso de actividades económicas que lo permitan y, al mismo tiempo, aseguren la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Eso es lo que hace importante el estudio del tema, pues muestra cómo en nombre del desarrollo del país se puede perjudicar a sectores concretos de su sociedad.

Lo anterior hace de la actividad minera un tema que merece ser analizado para comprender sus implicaciones económicas, políticas,
sociales y culturales en nuestro país, y saber si realmente contribuye al desarrollo rural o, por el contrario, lo frena. Así, el objetivo general que nos proponemos en este trabajo es analizar los procesos de explotación minera en México, poniendo énfasis en ubicar los intereses que se encuentran detrás de ellos, la forma en que se expresan y la participación del Estado, para lo cual analizamos la actuación de sus instituciones, el contenido de las leyes que regulan la materia y las políticas elaboradas desde el gobierno para llevarlas a cabo. De la misma manera, esta investigación busca comprender la reacción de los campesinos, los pueblos indígenas y de amplios sectores de la sociedad en general que se sienten afectados por la actividad minera.

El estudio abarca un periodo que va de la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al año 2015, tiempo que coincide con los últimos periodos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los dos primeros del Partido Acción Nacional (PAN) y la recuperación de la presidencia de la república por el primero. Éste es el periodo de estudio; para explicarlo, también recurrimos a la historia de la minería y, en algunos casos, salimos de él para explicar fenómenos que ya han tenido efectos en años posteriores. En la presente investigación sostenemos que desde la época colonial hasta nuestros días, la actividad minera no ha podido desligarse de factores económicos ajenos al país, que son los que han marcado su derrotero, en el primer caso como economía colonial, en los dos siguientes como un colonialismo moderno y, en el último, como colonialismo global, como afirma Santiago Castro-Gómez en su obra El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, que sucede en América Latina.

De esa manera, en el trabajo se reconocen cuatro ciclos de explotación minera en México:

– el primero va de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la república —varias décadas después del decreto de independencia de México—;

– el segundo abarca todo el Porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución mexicana;

– el tercero se compone de los años de la «mexicanización», como algunos autores lo denominan;

– el último sería el de la globalización, que comienza con las políticas de apertura comercial y se afianza con la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió modificar el marco jurídico y las políticas mineras, así como la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país.

Descargar la Presentación del libro completa

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

Les compartimos estas nota de prensa e imágenes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), publicada en la página Facebook del FPDS.

ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que «en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros» por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, «los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento».

Además, denunciamos que «el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo«. Por fin, exigimos «la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida».

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando «No a la minería», «Fuera mineros de Acacoyagua», con pancartas que decían «Sí a la Vida, No a la Mina», «La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece», «Nuestra sierra es verde y verde la queremos» y «El agua vale más que el oro».

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

¡Sí a la vida! ¡No a la mina!

Firmamos: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

El oficio que el FPDS entregó al Goberador:

Contexto:

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Mapa interactivo de concesiones mineras en México

Compartimos este trabajo realizado por Romeo LopCam, de la Agencia SubVersiones

Datos obtenidos del Sistema de Administración Minera (SIAM) de la Secretaría de Economía.
Recuperados el 19 de julio de 2017. Diseño: Agencia SubVersiones / Romeo LopCam.

>> IR AL MAPA <<

>> DESCARGAR: Mapa estático (PNG) + Cartografía minera (Shapefile) + Concesiones mineras (CSV) <<

Instruciones:

Puedes alejar o acercar el mapa, así como buscar lugares, haciendo click en los botones localizados en el extremo inferior izquierdo del mismo, o bien, utilizando la rueda de desplazamiento del ratón.

Al pasar el puntero sobre cada una de las áreas concesionadas, se muestran datos como el titular de la concesión, el municipio en donde se localiza, el nombre del lote, la superficie en hectáreas y el número de título. Éste último es muy útil si se quiere descargar la tarjeta del Registro Público de Minería en la página del Sistema de Administración Minera (SIAM), que contiene otros datos relevantes.

Finalmente, con los menús dinámicos de la barra lateral derecha se puede filtrar la información que se presenta en el mapa, de acuerdo al estado, municipio o titular.

Texto, por Romeo LopCam:

Si bien la existencia de una concesión minera no implica necesariamente la de una mina, la vigencia de las mismas es de hasta 50 años, por lo que estas pueden ser guardadas en los despachos de empresarios y especuladores en espera de tiempos más propicios. Mientras tanto, la gente que tiene sus casas y tierras de cultivo sobre las áreas concesionadas, puede estar viviendo y trabajando sobre ellas sin saber que en determinado momento podría ser víctima de intentos de despojo, contaminación y otros daños ambientales.

El Artículo 6 de la Ley Minera dice a la letra:

«La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.»

Es importante que las comunidades sepan que mucha de la información sobre concesiones mineras es pública, aunque por lo general es presentada en formatos inteligibles solo para quienes cuentan con ciertos conocimientos técnicos o legales. El presente mapa interactivo pretende hacer más transparente dicha información, con el objeto de que las personas afectadas tomen las acciones que crean pertinentes en caso de que su territorio esté siendo cedido por el Estado a la industria del extractivismo minero.

Algunas empresas que aparecen como titulares son filiales de grupos más grandes, tal es el caso de Minerales Monclova, quepertenece a Altos Hornos de México; Las Encinas, que pertenece a la transnacional acerera Ternium; y Exploraciones Mineras Parreña, que pertenece a Industrias Peñoles. Los nombres de estas últimas no suelen aparecer en los registros.

Algo similar sucede con individuos que tienen concesionadas grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, Jorge Jiménez Arana, en realidad es el representante legal de Blackfire Exploration México, que en 2009 fue señalada como autora del asesinato del activista Mariano Abarca Roblero, en Chicomosuelo, Chiapas. La mina Payback, proyecto contra el que se manifestaba, fue clausurada en diciembre de ese mismo año por infringir las normas ambientales.

Jorge Jiménez Arana declaró a El Universal en 2014 que la titularidad que mantenía sobre las concesiones era temporal y reconoció que esto se daba así, en razón de que la empresa que representa tuvo «un problema con el gobierno de Chiapas en 2009». Sin embargo, hoy día aparece en la cartografía minera como la persona física con más superficie asignada.

Por otra parte, una vez obtenidos, los títulos de las concesiones mineras se pueden transferir sin mucha dificultad, lo que ocasiona que exista todo un mercado irregular en el que muchos particulares especulan con los mismos. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el número de concesiones a favor de estos rebasó el 60%. Jenaro Garza Guerra, quien se desempeñó como perito minero entre 1999 y 2007, es un caso paradigmático.

Finalmente, cabe señalar que alguna información puede estar incompleta, como fruto de errores en su manipulación por parte de los funcionarios del Sistema de Administración Minera (SIAM), aunque tanto en la base de datos como en el archivo cartográfico, estos son poco frecuentes. Salvo por la normalización de las abreviaturas de algunos estados de la república, en este trabajo ambos se utilizaron sin mayores cambios.

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Nos solidarizamos con la lucha contra la planta de cianuro de Chemours en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la que forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, a 29 de julio 2017

Contexto: En junio 2017, celebramos la cancelación del «Proyecto San Luis» de la empresa The Chemours Company, que consistía en instalar una planta de cianuro de sodio en el municipio de San Luís de la Paz en Guanajuato. Ahora, Chemours pretender instalar su planta en el ejido El Siete, Pueblo Nuevo, municipio de Gómez Palacio, Durango. El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y la REMA organizaron una reunión informativa allí este 29 de julio para alertar a la población sobre el peligro que representa el proyecto para la salud humana y el medioambiente.

Al Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio,

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) nos mantenemos atentos a la valiente lucha por la defensa de su territorio que ustedes, ciudadanas y ciudadanos de la Comarca Lagunera, han emprendido contra la multinacional The Chemours Company quien pretende instalar una planta de producción de Cianuro de Sodio en el Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, Gómez Palacio, Durango.

Es muy sabido que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo pues genera daños irreversibles a la salud y el medio ambiente en el corto y largo plazo. Así mismo, es uno de los químicos que más utilizan las empresas mineras durante los procesos de lixiviación de metales «preciosos» extraídos con la técnica «a cielo abierto», técnica que se utiliza en proyectos de muerte para los pueblos de México y del mundo entero.

Las comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones que integramos la REMA, somos testigos de cómo estas empresas de capital privado (nacional e extranjero) son capaces de alinear y corromper a las autoridades para facilitar los procedimientos y así obtener los permisos necesarios para implantarse en nuestros territorios y, al hacerlo, saquean y destruyen nuestros bienes naturales, refuerzan la cultura de impunidad que debilita, aún más, nuestro de por sí vergonzoso «Estado de Derecho» al generar despojo, desplazamientos forzados, criminalización de la protesta así como enfermedades, contaminación y muerte en nuestros pueblos que resisten de forma pacífica y desde la defensa de nuestros derechos, los embates de empresas relacionadas con el modelo extractivo minero.

Del mismo modo, hemos vivido en carne propia los terribles daños y afectaciones a nuestra salud y al medioambiente que las industrias consumidoras del Cianuro de Sodio de la Chemours Company han ocasionado en todo el territorio nacional.

 

Por todo ello y desde nuestra experiencia, les hacemos un llamado para que NO PERMITAN que sus autoridades locales generen escenarios que favorezcan a estas empresas, NO SE DEJEN ENGAÑAR por estudios técnicos carentes de profesionalismo científico.

A las autoridades responsables, les decimos ¡YA BASTA! de actuar de forma simulada, ambigua y vacilante, sin ética ni voluntad política para impedir que estas empresas, altamente contaminantes y peligrosas, se instalen en México, afecten nuestra salud y destruyan nuestros bienes naturales, sin sufrir algún tipo de consecuencia por ello.

La población del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, ya ha hecho público su manifiesto de ¡NO! al proyecto de muerte «Laguna» de la empresa The Chemours Company. (ver abajo)

REMA se solidariza con la lucha de La Laguna, con la gente del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, de tal manera que estamos listos para sumar fuerzas en esta lucha que han emprendido para evitar que este proyecto de muerte se imponga.

¡EL CIANURO MATA!

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DEL EJIDO EL SIETE, PUEBLO NUEVO

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DE LA LAGUNA

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DE MÉXICO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

Fraternalmente…

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

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Comunicado del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el TerritorioEjido El Siete, Pueblo Nuevo, Durango 29 de julio 2017

Para la sociedad en general,

El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, integrado por las comunidades del Ejido Martha, Ejido Poanas, Ejido Morillo, Ejido La Aurora, Ejido Britinham, Ejido San Ramiro, Ejido Numancia, Ejido El Cuatro, Ejido Las Américas, Ejido Santa Cruz, Ejido Las Playas, Ejido Noé, Ejido Las Lechuzas, Abisinia, El Volado, Pueblo Nuevo El Siete, San Roque, La Torreña, Ejido Transporte, Ejido Seis de Octubre, Ejido Veintidos de febrero, y Ejido Maravasco, nos oponemos firmemente a la instalación de la planta productora de Cianuro de Sodio de la Chemours Company y a todos los proyectos asociados realizados por terceros como la Terminal de Materias Primas, el Gasoducto y la Planta de Cogeneración.

Somos conscientes de que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más letales del mundo, que puede provocar un accidente de dimensiones trágicas y que de instalarse la planta habrá consecuencias muy graves e irreversibles para nuestras comunidades. Queremos invitar a nuestros compañeros ciudadanos a que NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR cuando vienen a tratar de convencernos con dádivas, argumentando que no será tóxico para nuestros bienes naturales.

No necesitamos hacer regalos para que la gente se informe y conozca la verdad, nuestra vida está primero y vamos a luchar por cuidarla. Las comunidades aceptamos las fuentes de trabajo que NO ATENTEN CONTRA NUESTRA VIDA Y DIGNIDAD, NO NOS INTERESA EL «EMPLEO» QUE VIENEN A «OFRECERNOS» ya que de instalarse en nuestro territorio, comprometen el futuro de nuestros niños.

Nuestros intereses han sido ignorados por las autoridades responsables quienes no han escuchado nuestra voz, por ello les decimos que nuestro mensaje es claro:

– QUEREMOS UNA VIDA DIGNA, QUEREMOS SER ESCUCHADOS, PARTICIPAR Y SER TOMADOS EN CUENTA;

– QUEREMOS DESARROLLO, PERO INTEGRAL Y NO A CUALQUIER COSTO;

– NO QUEREMOS DESARROLLO QUE GENERE VÍCTIMAS, NO VAMOS A VENDER EL PATRIMONIO DE VIDA DE NUESTRO PUEBLO POR UNOS CENTAVOS, NO SEREMOS EL VERTEDERO DE DESECHOS, MATERIALES Y HUMANOS DE INDUSTRIAS IRRESPONSABLES, NO VENDEREMOS NUESTRA SALUD NI NUESTRO TERRITORIO, NO QUEREMOS QUE EL DESARROLLO SEA UNA AMENAZA PARA NUESTRAS COMUNIDADES.

A las autoridades les decimos claramente que NO NOS ENGAÑAN cuando vienen a prometer mejoras para nuestras comunidades pues sabemos claramente que no las hacen pensando en nuestras necesidades. HAGAN SU TRABAJO DE MANERA ÉTICA Y RESPONSABLE, SEAN HONESTOS CON EL PUEBLO, VEAN POR NUESTROS INTERESES Y NO POR LOS DE ESTAS EMPRESAS DE MUERTE.

Terminantemente, les decimos:

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO!

¡QUEREMOS A CHEMOURS FUERA DE NUESTRO PUEBLO,

FUERA DE LA LAGUNA Y FUERA DE NUESTRO AMADO MÉXICO!

¡EL CIANURO MATA!

Foto: Multimedios – Edición Laguna

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

Pronunciamiento de organizaciones civiles mexicanas en el Día Mundial contra la Megaminería, firmado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 22 de julio del 2017

VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA

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A las y los mexicanos,

A las y los afectados por megaproyectos,

Al Gobierno de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray,

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero antes de que esto sucediera se modificó la Constitución Mexicana y diversas leyes para dar entrada a las disposiciones de los acuerdos neoliberales. Es necesario señalar que en 1983 se publicó un decreto constitucional que modificó los fundamentos de la economía estatal.

Posteriormente, durante 1992 y 1993, bajo la rúbrica de Carlos Salinas de Gortari, se publicaron entre otros, cuatro decretos de reforma constitucional que modificaron la estructura y configuración estatal del México posrevolucionario, y que prácticamente terminaron con los contenidos sociales de la Constitución Política. En estos cinco decretos de reforma constitucional se otorgó mayor seguridad jurídica a la propiedad, se terminó con el reparto agrario y se distorsionó el origen de la reforma agraria, con lo cual se suprimieron los apoyos al campo, se individualizó la educación, se transformaron las relaciones con las iglesias, se otorgó autonomía al banco central y se permitió privatizar los ferrocarriles. Sin duda, se trata de cinco decretos con un fuerte contenido neoliberal.

Como puede observarse, las reglas económicas y sociales del neoliberalismo han sido impuestas en la Carta Magna. Si bien los temas sociales se encuentran todavía en el contenido constitucional, éstos son tratados de forma distinta al planteamiento de 1917 y al que conceptúa un Estado de bienestar. Después de las reformas, las normas constitucionales en materia económica y social responden a los planteamientos neoliberales que se basan en un proyecto de dominación excluyente y conservador.

Entre esas reformas del Neoliberalismo Salinista tenemos:

– La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1ro de diciembre de 1992. Fue hecha en función del TLCAN al igual que la Ley Minera, para otorgar las concesiones necesarias que requería el acuerdo comercial. Esto fue el primer paso privatizador.

– La Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. En su Artículo 6to dice:

«Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.»

La actividad minera utiliza grandes volúmenes de agua, a la que la Ley de Aguas Nacionales correspondía otorgando concesiones de uso y destino de toda el agua que puedan necesitar o desechar.

Hoy, después de 23 años de la promulgación de estas leyes, podemos documentar en el tema de minería las graves afectaciones que provoca al medio ambiente y a la salud humana, y la complicidad de las autoridades para cumplir con los compromisos comerciales de permitir el saqueo institucionalizado a costa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los mexicanos.

Otras consecuencias de la pérdida del control político social han y continúan ocasionando la contaminación de aguas por vertidos tóxicos con afectaciones gravísimas a la salud, como se ha visto en el caso del Río Santiago en El Salto, Jalisco, el Río Sonora, el Río Lajitas en Guanajuato, son solo algunos de tantos ejemplos drásticos del modelo económico neoliberal que protege a las empresas antes que a las y los mexicanos.

En el mismo tenor esta la disputa por la tierra y el territorio por la construcción de trasvases y represas que destruyen pueblos enteros y desplazan a su población.

El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento han sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal imperante ha llevado al Banco Mundial, y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, Bancos Regionales, Agencias de Cooperación, etc.), a promover políticas para la desregulación de leyes que faciliten la privatización de los servicios públicos para convertirlos en simples negocios.

En este contexto, los derechos humanos y la ciudadanía han estado en juego, por lo tanto, el agua ha dejado de ser un derecho de acceso universal, y en consecuencia las y los ciudadanos pasan a ser simples clientes, agravándose la vulnerabilidad de las personas más pobres.

La visión neoliberal protege y alienta como alternativa de progreso al «libre mercado», al tiempo que denosta la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática. Las políticas desreguladoras privatizadoras se presentan como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, con lo cual mitifican las virtudes del libre mercado.

Desde esta visión neoliberal, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los del agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos como derechos humanos, llega a considerarse un atentado inaceptable contra el libre mercado. El Estado se ha retirado y ha cedido que tales servicios sean gestionados como simples servicios económicos, accesibles a quienes puedan pagarlos. Lo que continúa acrecentando la crisis que es generalizada.

México se enfrenta a severos retos en materia ecológica, como la conservación de sus recursos naturales, minados por la deforestación y el avance de la frontera agrícola que ha cedido terreno a las trasnacionales en el manejo de transgénicos, así como también carecemos de un eficiente manejo tanto de los desechos tóxicos como de residuos sólidos, incluyendo el pésimo control de las aguas contaminadas y de las emisiones atmosféricas.

La entrega del territorio a privados es desmesurada, y para ejemplificarlo basta señalar la entrega de concesiones mineras que, a pesar de los inconsistentes datos de la Secretaría de Economía, de acuerdo al programa de desarrollo minero 2013-2018, tenemos un saldo de 28 mil 807 títulos de concesión minera vigentes por un área total de 61.8 millones de hectáreas, que significa aproximadamente el 31% de la superficie del país entregada a privados. De las concesiones que han entrado en procesos de exploración y de explotación minera, ni siquiera hay protocolos de actuación que nos permita cuantificar y saber las terribles afectaciones ambientales generadas a nivel subterráneo y superficial, que inevitablemente han perjudicado ecosistemas completos, que además continúan afectándose de forma paulatina por cientos de kilómetros a la redonda.

El TLCAN ha promovido y consolidado un monopolio empresarial minero, en donde las empresas extranjeras están bien representadas por mineras canadienses en el 80% de los casos, mismas que son impulsadas y protegidas por el cuerpo diplomático canadiense desde las diferentes embajadas de Canadá en Latinoamérica, con lo cual se refrenda un saqueo institucionalizado.

Ante el cúmulo de agravantes que ha ocasionado el TLCAN y el modelo económico neoliberal, le decimos al gobierno de Peña Nieto y a Luis Videgaray que después de 23 años de saqueo institucionalizado ininterrumpido, de corrupción, de incapacidad, no tienen la legitimidad para renegociar el TLCAN. Por lo tanto:

1. Nos oponemos rotundamente a que sigan entregando el territorio nacional, con acuerdos de libre comercio que únicamente protegen a empresas de capital privado trasnacional o nacional, quienes además del saqueo desmedido están contaminando de manera irreversible nuestros ecosistemas, resquebrajan y vulneran el bienestar de poblaciones enteras, y en vez del sonado progreso y desarrollo que falsamente ponderan, han precarizado más la vida.

2. Rechazamos continúen con la aplicación de políticas y tratados que atentan cada vez más la soberanía.

3. Antes de cualquier posible negociación con países del extranjero, primero se debe establecer un diálogo nacional para con las comunidades que ya han sido impactadas por la minería y otros megaproyectos, con el propósito de atender los terribles daños que les han ocasionado.

4. Exigimos se respete totalmente las decisiones derivadas de los procesos de libre determinación que han emprendido cientos de comunidades, en las que enfáticamente han manifestado declarar sus territorios libres de minería.

5. Las empresas que han saqueado el territorio nacional y nuestros bienes naturales tienen que ser sometidas de forma inmediata a la rendición de cuentas, que significa que los dueños y directivos se vayan a la cárcel; que el sistema de salud vuelque de forma suficiente y pronta todos los esfuerzos médicos y financieros para que las y los afectados por lo menos encuentren atención medica de calidad; que se elabore un protocolo participativo en el cual se dirima y resuelva el verdadero costo de daños que deben pagar las empresas mineras por los daños a la salud comunitaria, al ambiente y a cada una de las actividades productivas, que también implica los miles de empleos que dicha actividad ha desaparecido.

6. Exigimos que el gobierno canadiense deje de presionar al gobierno mexicano y a los gobiernos de Latinoamérica imponiendo su proyecto de muerte.

7. Nosotros continuaremos en la lucha de la conformación por un tribunal internacional que sancione penalmente tanto a las empresas como a los actores políticos y a las autoridades cómplices por obviar y pactar daños a la salud comunitaria, la contaminación de aguas, y daños al medio ambiente.

8. Nos solidarizamos y unimos a todas las luchas y procesos en resistencia que en México, Latinoamérica y en el resto del Mundo se enfrentan a los megaproyectos del modelo extractivo tales como presas, extracción de hidrocarburos y gas de esquisto (mediante la fracturación hidráulica o fracking), oleoductos, siembra de transgénicos, gasoductos, subestaciones eléctricas y parques eólicos. Nos manifestamos en contra de la imposición de Zonas Económicas Especiales (ZEE), por ser proyectos de destrucción, de acumulación de riquezas y de despojo colectivo.

9. Seguiremos participando en los procesos comunitarios apoyados en el derecho colectivo, el principio precautorio aprobado en la cumbre climática de Rio de Janeiro de 1992 ratificado por México, y el principio pro-persona porque estamos ciertos que la prevención es la fuerza de la organización social, campesina e indígena.

10. Exigimos que se prohíba totalmente la minería tóxica en México y sigamos los pasos de países como la República de El Salvador que ha dado muestra de que se puede vivir sin esta actividad depredadora.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA!
¡FUERA MINERAS!

Firmamos:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
ORAWORLDMANDALA
Centro de investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM)
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.)
Acción Colectiva Socioambiental
Bios Iguana A.C.
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Pro San Luís Ecológico A.C.
Colectivo de Abogados de Jalisco
Consejo Tiyat Tlalli de Puebla
Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tosepan Titataniske
Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.
 Grupo de Estudio Ambientales GEA

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Compartimos esta convocatoria de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual formamos parte, con motivo del Día Mundial contra la mega minería celebrado cada 22 de julio

CONFERENCIA DE PRENSA «DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGA MINERÍA»

VIERNES 21 DE JULIO, 10 AM

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

 

Una vez más desde el 2009, en diferentes ciudades y comunidades del mundo, nos manifestamos frente a la contaminación y el saqueo que produce la megaminería y denunciamos a corporaciones y gobiernos como los únicos responsables. Esta lucha lleva décadas y aún quedan mucho trabajo para lograr la concientización de las sociedades para comprender que esta lucha nos afecta a tod@s y compromete seriamente a las generaciones futuras. Mientras más indiferentes se ubiquen los pueblos frente a este gran problema, más comprometida y en riesgo está la vida en el planeta. Asistimos a una etapa feroz del capitalismo imponiendo su modelo extractivo en un planeta finito.

A partir de los años 90’s se modificaron las leyes en casi toda América para dar paso a este tipo de extracción de minerales preciosos y facilitar la obtención de concesiones a empresas trasnacionales, principalmente canadienses. Negocios de unos cuantos que solo dejan a su paso un terrible saldo de destrucción permanente e irreversible del patrimonio ambiental, histórico y cultural.

Los pasivos ambientales, la destrucción de territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos, son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería, misma que resulta increíblemente barata para las corporaciones mineras, pues generan un mínimo de empleos y los costos de producción del metal precioso son muy bajos.

Este tipo de proyectos mineros depende de una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas, de jueces, de poblaciones en situaciones de miseria e incluso de gobiernos enteros. Cualquier procedimiento jurídico que sigan las comunidades para defender sus territorios de la amenaza de la minería a cielo abierto se ve rebasado por la imposición abusiva y hasta ilegal que los poderes fácticos hacen de dichos negocios depredadores, mismos que se presentan como ofertas de progreso y desarrollo.

Ante el entreguismo gubernamental en Tratados de libre comercio que favorecen el despojo del territorio nacional, convocamos a rueda de prensa para informar nuestra posición ante el panorama que se avecina.

Convocantes:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

ORAWORLDMANDALA

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP)

Bios Iguana A.C.

Acción Colectiva

Juez otorga amparo histórico que impedirá concesiones mineras en la Montaña de Guerrero

Este martes 11 de julio del 2017, autoridades agrarias, civiles y tradicionales de San Miguel del Progreso (municipio de Malinaltepec, Guerrero), el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organizaron una conferencia en el Centro Prodh, Ciudad de México, titulada «Júba Wajiín: La razón y la ley nos asisten». Participó en esta conferencia la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual Otros Mundos A.C. forma parte.

VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA:

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COMUNICADO DE PRENSA:

  • Ordena Jueza Federal a Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terrenos y respetar derechos colectivos de la comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso.
  • Por segunda ocasión justicia federal ampara a comunidad indígena de San Miguel del Progreso frente amenaza minera.
  • Gobierno Federal obligado a respetar y no recurrir sentencia que reconoce derechos colectivos de pueblos indígenas.

Ciudad de México, a 11 de julio de 2017.- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso -«Juba Wajiín»- obtuvo amparo contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera. La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 el pasado 28 de junio. En la sentencia, se otorga el amparo y la protección de la Justicia Federal a la Comunidad de San Miguel del Progreso al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria Me’phaa de La Montaña de Guerrero.

Cabe recordar que este es el segundo amparo otorgado a la comunidad de San Miguel del Progreso –»Juba Wajiín»- frente a la amenaza minera en su territorio; la primer sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014,  la impugnación de aquella sentencia histórica llevó el caso frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, en una maniobra estratégica las empresas se desistieron de sus títulos de concesión, lo que obligó a la SCJN sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.

Fue así que el 24 de noviembre de 2015 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la «Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015», por la que declaraba libres los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros «Reducción Norte de Corazón de Tinieblas» y «Corazón de Tinieblas», con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras sobre el territorio de San Miguel del Progreso.

Frente a este acto violatorio la comunidad indígena interpuso amparo el 11 de diciembre de 2015 ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

A pesar de los argumentos esgrimidos por el gobierno federal, el pasado 30 de junio fue notificada a las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y a Tlachinollan la sentencia inédita dictada por la Jueza Estela Platero Salado, en la que ordena a la Secretaria de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la Consulta.

La decisión tomada por la Juez es trascendental en la vida de la comunidad, dado que no está ordenando que se subsane el procedimiento que originó la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno sino que obliga a dejar sin efectos el acto violatorio para que de esta manera se garantice adecuadamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho al territorio y a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia.

La resolución dictada en el juicio de amparo, es un logro inédito  para la comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso y del Concejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero en la defensa de su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto, lo que además les impulsa a seguir organizándose local y regionalmente.

Frente a esta decisión judicial, el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas no impugnando la sentencia obtenida por la comunidad, porque de hacerlo redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria de Juba Wajiín.

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5 videos animados para acabar con el mito de la minería sustentable

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) realizó una serie de cinco cortos videos animados para acabar con el mito de la minería sustentable, titulada «Minería: Desruyendo el Futuro de Todos» y disponible en el canal Youtube de la organización.

«Creemos que se hace urgente informarnos y discutir sobre las diversas aristas ambientales, sociales y culturales que deja el extractivismo minero en los territorios, y desmitificar los beneficios y bondades, que se jacta el sector minero y los gobiernos de turno para justificar sus inversiones», explicó OCMAL al presentar el proyecto. «La gran ola de conflictividad en torno a la minería que ha marcado a los países de la región son una evidencia de esto, y sabemos que seguirán en aumento, mientras no se considere y se respete la autodeterminación de las mismas comunidades a decidir su camino.»

Estos videos, que pueden descargar para proyectarlos en talleres, explica de manera pedagógica los impactos que deja la gran minería en los territorios y los mecanismos del sistema capialista que permite a las mineras destruir el medio ambiente y violar derechos humanos en América latina. Desde los 90, nuestro continente se ha convertido en el principal destino de inversión en exploración y explotación minera, recuerda OCMAL en uno de los videos, precisando que durante el 2015, el 28% de todo el gasto mundial (casi un tercio) en minería fue invertdio en América latina.

Capítulo 1: «¿La Minería es Sustentable?»

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Capítulo 2: «¿Es la minería una gran productora de desechos?»

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Capítulo 3: «Sin Agua No Vivimos»

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Capítulo 4: «Los Impactos Sociales de la Minería»

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Capítulo 5: «El futuro debe ser distinto»

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Los 5 capítulos en un solo video:

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