Les compartimos la Presentación en .PDF del nuevo libro de Francisco López Bárcenas: La Vida o el Mineral: los cuatro ciclos del despojo minero (Akal/Inter Pares, 2017)
Descargar la Presentación del libro
Ver el programa de Rompeviento.TV «Vivir del negocio minero»,
con Francisco López Bárcenas:
{VIMEO}228993522{/VIMEO}
Extracto de la Presentación de La Vida o el Mineral:
En México, la minería es una industria floreciente, tan solo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera; el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país.
El resultado de estas modificaciones, junto a las políticas acordes con ellas es que, en 2010, 28.58% del territorio mexicano (el equivalente a 51.76% de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas de capital transnacional, y en gran número canadienses, pero también australianas, norteamericanas, peruanas, rusas, sudafricanas, brasileñas, chinas y chilenas. Esas empresas en su mayoría se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de importancia estratégica para la industria tecnológica, como el berilio, el indio y las tierras raras, importantes para la elaboración de diversos productos, entre ellos computadoras, celulares y cabezas de misiles. De esa manera se configuró la participación subordinada de nuestro país en la economía mundial.
Una característica de la minería que se practica actualmente es que la mayoría de los proyectos se han instalado o se están instalando en lugares que hace años albergaron proyectos similares y fueron abandonados porque el mineral se agotó. Pero esa es una verdad a medias; se agotó el que se encontraba en vetas, no así el desparramado alrededor de ellas y, al agotarse las vetas, adquirió una importancia económica singular. Sólo que su apropiación no puede realizarse como años atrás, con la técnica de socavón, para lo cual se construían túneles donde se introducían los trabajadores y la maquinaria; como no hay vetas sino mineral esparcido en forma de polvo por todas partes, ahora tiene que hacerse a cielo abierto, demoliendo cerros completos y afectando pueblos enteros para llegar al mineral; usando grandes cantidades de agua y químicos para separar el mineral de otras materias —mediante el proceso de lixiviación—, generando problemas de salud entre los habitantes de los pueblos aledaños y contaminando gravemente el medio ambiente.
A las actividades extractivas de las empresas mineras y sus efectos se oponen los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y obtienen sus alimentos, contaminan los ríos y mantos acuíferos; los pueblos indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares sagrados y sus formas de vida, y la sociedad en general lo hace porque sabe que indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos, sin que esto genere algún beneficio al país, pues lo que pagan por los derechos de uso de cada hectárea concesionada es simbólico —entre cinco y ciento diez pesos, según veremos más adelante— y ningún impuesto por la exportación del mineral. Además de despojar al país de sus recursos, las actividades de esas empresas transforman negativamente las expectativas de vida de los mexicanos y, en la mayoría de los casos, truncan sus posibilidades de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones. De esta manera, se configura una lucha entre el capital y los dueños del mineral o perjudicados por esos procesos de acumulación capitalista, cuyo principal atributo es la desposesión de los bienes naturales de sus legítimos dueños.
En medio de estos actores se coloca el Estado mexicano que, en lugar de defender los intereses del país y sus habitantes, discursivamente se asume imparcial y aparentemente trata de conciliar los intereses en pugna. Decimos aparentemente porque —según se documenta en esta investigación—, con las reformas constitucionales y legales a las que nos referiremos y que analizaremos a profundidad en el capítulo correspondiente, también se transformó la estructura del Estado, despojándolo de su facultad para crear instrumentos que procuren el bien público, hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital transnacional, función que realiza aplicando los instrumentos que las instituciones y leyes le permiten (a través de las políticas mineras), que siempre están cargados hacia los primeros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que el Estado mexicano ha dejado de ser un Estado nacional para convertirse —como propone Joachim Hirsch— en un Estado de competencia.
Cómo sucedió esto es un fenómeno que también se analiza en este trabajo. Hemos dicho que la minería a cielo abierto trunca posibilidades de desarrollo para los habitantes en las regiones donde se instala. Aquí la minería engarza con el desarrollo rural, aunque de manera un tanto fuera de lo común, ya que normalmente los estudios de esta naturaleza se enfocan a analizar procesos que potencian el desarrollo rural, pero en este caso es al contrario, pues se estudia un proceso que afecta el bienestar de la gente del campo, lo cual podría dar pie para afirmar que se trata de un tema de «antidesarrollo» rural, si por desarrollo rural se entienden los procesos que buscan el mejoramiento y bienestar de la población del campo, a través del impulso de actividades económicas que lo permitan y, al mismo tiempo, aseguren la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Eso es lo que hace importante el estudio del tema, pues muestra cómo en nombre del desarrollo del país se puede perjudicar a sectores concretos de su sociedad.
Lo anterior hace de la actividad minera un tema que merece ser analizado para comprender sus implicaciones económicas, políticas,
sociales y culturales en nuestro país, y saber si realmente contribuye al desarrollo rural o, por el contrario, lo frena. Así, el objetivo general que nos proponemos en este trabajo es analizar los procesos de explotación minera en México, poniendo énfasis en ubicar los intereses que se encuentran detrás de ellos, la forma en que se expresan y la participación del Estado, para lo cual analizamos la actuación de sus instituciones, el contenido de las leyes que regulan la materia y las políticas elaboradas desde el gobierno para llevarlas a cabo. De la misma manera, esta investigación busca comprender la reacción de los campesinos, los pueblos indígenas y de amplios sectores de la sociedad en general que se sienten afectados por la actividad minera.
El estudio abarca un periodo que va de la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al año 2015, tiempo que coincide con los últimos periodos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los dos primeros del Partido Acción Nacional (PAN) y la recuperación de la presidencia de la república por el primero. Éste es el periodo de estudio; para explicarlo, también recurrimos a la historia de la minería y, en algunos casos, salimos de él para explicar fenómenos que ya han tenido efectos en años posteriores. En la presente investigación sostenemos que desde la época colonial hasta nuestros días, la actividad minera no ha podido desligarse de factores económicos ajenos al país, que son los que han marcado su derrotero, en el primer caso como economía colonial, en los dos siguientes como un colonialismo moderno y, en el último, como colonialismo global, como afirma Santiago Castro-Gómez en su obra El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, que sucede en América Latina.
De esa manera, en el trabajo se reconocen cuatro ciclos de explotación minera en México:
– el primero va de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la república —varias décadas después del decreto de independencia de México—;
– el segundo abarca todo el Porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución mexicana;
– el tercero se compone de los años de la «mexicanización», como algunos autores lo denominan;
– el último sería el de la globalización, que comienza con las políticas de apertura comercial y se afianza con la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió modificar el marco jurídico y las políticas mineras, así como la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país.
Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando «No a la minería», «Fuera mineros de Acacoyagua», con pancartas que decían «Sí a la Vida, No a la Mina», «La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece», «Nuestra sierra es verde y verde la queremos» y «El agua vale más que el oro».
El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su «Proyecto San Luis» consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.
