Categoría: Minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la que forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, a 29 de julio 2017

Contexto: En junio 2017, celebramos la cancelación del «Proyecto San Luis» de la empresa The Chemours Company, que consistía en instalar una planta de cianuro de sodio en el municipio de San Luís de la Paz en Guanajuato. Ahora, Chemours pretender instalar su planta en el ejido El Siete, Pueblo Nuevo, municipio de Gómez Palacio, Durango. El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y la REMA organizaron una reunión informativa allí este 29 de julio para alertar a la población sobre el peligro que representa el proyecto para la salud humana y el medioambiente.

Al Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio,

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) nos mantenemos atentos a la valiente lucha por la defensa de su territorio que ustedes, ciudadanas y ciudadanos de la Comarca Lagunera, han emprendido contra la multinacional The Chemours Company quien pretende instalar una planta de producción de Cianuro de Sodio en el Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, Gómez Palacio, Durango.

Es muy sabido que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo pues genera daños irreversibles a la salud y el medio ambiente en el corto y largo plazo. Así mismo, es uno de los químicos que más utilizan las empresas mineras durante los procesos de lixiviación de metales «preciosos» extraídos con la técnica «a cielo abierto», técnica que se utiliza en proyectos de muerte para los pueblos de México y del mundo entero.

Las comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones que integramos la REMA, somos testigos de cómo estas empresas de capital privado (nacional e extranjero) son capaces de alinear y corromper a las autoridades para facilitar los procedimientos y así obtener los permisos necesarios para implantarse en nuestros territorios y, al hacerlo, saquean y destruyen nuestros bienes naturales, refuerzan la cultura de impunidad que debilita, aún más, nuestro de por sí vergonzoso «Estado de Derecho» al generar despojo, desplazamientos forzados, criminalización de la protesta así como enfermedades, contaminación y muerte en nuestros pueblos que resisten de forma pacífica y desde la defensa de nuestros derechos, los embates de empresas relacionadas con el modelo extractivo minero.

Del mismo modo, hemos vivido en carne propia los terribles daños y afectaciones a nuestra salud y al medioambiente que las industrias consumidoras del Cianuro de Sodio de la Chemours Company han ocasionado en todo el territorio nacional.

 

Por todo ello y desde nuestra experiencia, les hacemos un llamado para que NO PERMITAN que sus autoridades locales generen escenarios que favorezcan a estas empresas, NO SE DEJEN ENGAÑAR por estudios técnicos carentes de profesionalismo científico.

A las autoridades responsables, les decimos ¡YA BASTA! de actuar de forma simulada, ambigua y vacilante, sin ética ni voluntad política para impedir que estas empresas, altamente contaminantes y peligrosas, se instalen en México, afecten nuestra salud y destruyan nuestros bienes naturales, sin sufrir algún tipo de consecuencia por ello.

La población del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, ya ha hecho público su manifiesto de ¡NO! al proyecto de muerte «Laguna» de la empresa The Chemours Company. (ver abajo)

REMA se solidariza con la lucha de La Laguna, con la gente del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, de tal manera que estamos listos para sumar fuerzas en esta lucha que han emprendido para evitar que este proyecto de muerte se imponga.

¡EL CIANURO MATA!

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DEL EJIDO EL SIETE, PUEBLO NUEVO

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DE LA LAGUNA

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DE MÉXICO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

Fraternalmente…

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

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Comunicado del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio – Ejido El Siete, Pueblo Nuevo, Durango 29 de julio 2017

Para la sociedad en general,

El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, integrado por las comunidades del Ejido Martha, Ejido Poanas, Ejido Morillo, Ejido La Aurora, Ejido Britinham, Ejido San Ramiro, Ejido Numancia, Ejido El Cuatro, Ejido Las Américas, Ejido Santa Cruz, Ejido Las Playas, Ejido Noé, Ejido Las Lechuzas, Abisinia, El Volado, Pueblo Nuevo El Siete, San Roque, La Torreña, Ejido Transporte, Ejido Seis de Octubre, Ejido Veintidos de febrero, y Ejido Maravasco, nos oponemos firmemente a la instalación de la planta productora de Cianuro de Sodio de la Chemours Company y a todos los proyectos asociados realizados por terceros como la Terminal de Materias Primas, el Gasoducto y la Planta de Cogeneración.

Somos conscientes de que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más letales del mundo, que puede provocar un accidente de dimensiones trágicas y que de instalarse la planta habrá consecuencias muy graves e irreversibles para nuestras comunidades. Queremos invitar a nuestros compañeros ciudadanos a que NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR cuando vienen a tratar de convencernos con dádivas, argumentando que no será tóxico para nuestros bienes naturales.

No necesitamos hacer regalos para que la gente se informe y conozca la verdad, nuestra vida está primero y vamos a luchar por cuidarla. Las comunidades aceptamos las fuentes de trabajo que NO ATENTEN CONTRA NUESTRA VIDA Y DIGNIDAD, NO NOS INTERESA EL «EMPLEO» QUE VIENEN A «OFRECERNOS» ya que de instalarse en nuestro territorio, comprometen el futuro de nuestros niños.

Nuestros intereses han sido ignorados por las autoridades responsables quienes no han escuchado nuestra voz, por ello les decimos que nuestro mensaje es claro:

– QUEREMOS UNA VIDA DIGNA, QUEREMOS SER ESCUCHADOS, PARTICIPAR Y SER TOMADOS EN CUENTA;

– QUEREMOS DESARROLLO, PERO INTEGRAL Y NO A CUALQUIER COSTO;

– NO QUEREMOS DESARROLLO QUE GENERE VÍCTIMAS, NO VAMOS A VENDER EL PATRIMONIO DE VIDA DE NUESTRO PUEBLO POR UNOS CENTAVOS, NO SEREMOS EL VERTEDERO DE DESECHOS, MATERIALES Y HUMANOS DE INDUSTRIAS IRRESPONSABLES, NO VENDEREMOS NUESTRA SALUD NI NUESTRO TERRITORIO, NO QUEREMOS QUE EL DESARROLLO SEA UNA AMENAZA PARA NUESTRAS COMUNIDADES.

A las autoridades les decimos claramente que NO NOS ENGAÑAN cuando vienen a prometer mejoras para nuestras comunidades pues sabemos claramente que no las hacen pensando en nuestras necesidades. HAGAN SU TRABAJO DE MANERA ÉTICA Y RESPONSABLE, SEAN HONESTOS CON EL PUEBLO, VEAN POR NUESTROS INTERESES Y NO POR LOS DE ESTAS EMPRESAS DE MUERTE.

Terminantemente, les decimos:

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO!

¡QUEREMOS A CHEMOURS FUERA DE NUESTRO PUEBLO,

FUERA DE LA LAGUNA Y FUERA DE NUESTRO AMADO MÉXICO!

¡EL CIANURO MATA!

Foto: Multimedios – Edición Laguna

Pronunciamiento de organizaciones civiles mexicanas en el Día Mundial contra la Megaminería, firmado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 22 de julio del 2017

VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA

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A las y los mexicanos,

A las y los afectados por megaproyectos,

Al Gobierno de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray,

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero antes de que esto sucediera se modificó la Constitución Mexicana y diversas leyes para dar entrada a las disposiciones de los acuerdos neoliberales. Es necesario señalar que en 1983 se publicó un decreto constitucional que modificó los fundamentos de la economía estatal.

Posteriormente, durante 1992 y 1993, bajo la rúbrica de Carlos Salinas de Gortari, se publicaron entre otros, cuatro decretos de reforma constitucional que modificaron la estructura y configuración estatal del México posrevolucionario, y que prácticamente terminaron con los contenidos sociales de la Constitución Política. En estos cinco decretos de reforma constitucional se otorgó mayor seguridad jurídica a la propiedad, se terminó con el reparto agrario y se distorsionó el origen de la reforma agraria, con lo cual se suprimieron los apoyos al campo, se individualizó la educación, se transformaron las relaciones con las iglesias, se otorgó autonomía al banco central y se permitió privatizar los ferrocarriles. Sin duda, se trata de cinco decretos con un fuerte contenido neoliberal.

Como puede observarse, las reglas económicas y sociales del neoliberalismo han sido impuestas en la Carta Magna. Si bien los temas sociales se encuentran todavía en el contenido constitucional, éstos son tratados de forma distinta al planteamiento de 1917 y al que conceptúa un Estado de bienestar. Después de las reformas, las normas constitucionales en materia económica y social responden a los planteamientos neoliberales que se basan en un proyecto de dominación excluyente y conservador.

Entre esas reformas del Neoliberalismo Salinista tenemos:

– La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1ro de diciembre de 1992. Fue hecha en función del TLCAN al igual que la Ley Minera, para otorgar las concesiones necesarias que requería el acuerdo comercial. Esto fue el primer paso privatizador.

– La Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. En su Artículo 6to dice:

«Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.»

La actividad minera utiliza grandes volúmenes de agua, a la que la Ley de Aguas Nacionales correspondía otorgando concesiones de uso y destino de toda el agua que puedan necesitar o desechar.

Hoy, después de 23 años de la promulgación de estas leyes, podemos documentar en el tema de minería las graves afectaciones que provoca al medio ambiente y a la salud humana, y la complicidad de las autoridades para cumplir con los compromisos comerciales de permitir el saqueo institucionalizado a costa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los mexicanos.

Otras consecuencias de la pérdida del control político social han y continúan ocasionando la contaminación de aguas por vertidos tóxicos con afectaciones gravísimas a la salud, como se ha visto en el caso del Río Santiago en El Salto, Jalisco, el Río Sonora, el Río Lajitas en Guanajuato, son solo algunos de tantos ejemplos drásticos del modelo económico neoliberal que protege a las empresas antes que a las y los mexicanos.

En el mismo tenor esta la disputa por la tierra y el territorio por la construcción de trasvases y represas que destruyen pueblos enteros y desplazan a su población.

El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento han sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal imperante ha llevado al Banco Mundial, y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, Bancos Regionales, Agencias de Cooperación, etc.), a promover políticas para la desregulación de leyes que faciliten la privatización de los servicios públicos para convertirlos en simples negocios.

En este contexto, los derechos humanos y la ciudadanía han estado en juego, por lo tanto, el agua ha dejado de ser un derecho de acceso universal, y en consecuencia las y los ciudadanos pasan a ser simples clientes, agravándose la vulnerabilidad de las personas más pobres.

La visión neoliberal protege y alienta como alternativa de progreso al «libre mercado», al tiempo que denosta la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática. Las políticas desreguladoras privatizadoras se presentan como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, con lo cual mitifican las virtudes del libre mercado.

Desde esta visión neoliberal, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los del agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos como derechos humanos, llega a considerarse un atentado inaceptable contra el libre mercado. El Estado se ha retirado y ha cedido que tales servicios sean gestionados como simples servicios económicos, accesibles a quienes puedan pagarlos. Lo que continúa acrecentando la crisis que es generalizada.

México se enfrenta a severos retos en materia ecológica, como la conservación de sus recursos naturales, minados por la deforestación y el avance de la frontera agrícola que ha cedido terreno a las trasnacionales en el manejo de transgénicos, así como también carecemos de un eficiente manejo tanto de los desechos tóxicos como de residuos sólidos, incluyendo el pésimo control de las aguas contaminadas y de las emisiones atmosféricas.

La entrega del territorio a privados es desmesurada, y para ejemplificarlo basta señalar la entrega de concesiones mineras que, a pesar de los inconsistentes datos de la Secretaría de Economía, de acuerdo al programa de desarrollo minero 2013-2018, tenemos un saldo de 28 mil 807 títulos de concesión minera vigentes por un área total de 61.8 millones de hectáreas, que significa aproximadamente el 31% de la superficie del país entregada a privados. De las concesiones que han entrado en procesos de exploración y de explotación minera, ni siquiera hay protocolos de actuación que nos permita cuantificar y saber las terribles afectaciones ambientales generadas a nivel subterráneo y superficial, que inevitablemente han perjudicado ecosistemas completos, que además continúan afectándose de forma paulatina por cientos de kilómetros a la redonda.

El TLCAN ha promovido y consolidado un monopolio empresarial minero, en donde las empresas extranjeras están bien representadas por mineras canadienses en el 80% de los casos, mismas que son impulsadas y protegidas por el cuerpo diplomático canadiense desde las diferentes embajadas de Canadá en Latinoamérica, con lo cual se refrenda un saqueo institucionalizado.

Ante el cúmulo de agravantes que ha ocasionado el TLCAN y el modelo económico neoliberal, le decimos al gobierno de Peña Nieto y a Luis Videgaray que después de 23 años de saqueo institucionalizado ininterrumpido, de corrupción, de incapacidad, no tienen la legitimidad para renegociar el TLCAN. Por lo tanto:

1. Nos oponemos rotundamente a que sigan entregando el territorio nacional, con acuerdos de libre comercio que únicamente protegen a empresas de capital privado trasnacional o nacional, quienes además del saqueo desmedido están contaminando de manera irreversible nuestros ecosistemas, resquebrajan y vulneran el bienestar de poblaciones enteras, y en vez del sonado progreso y desarrollo que falsamente ponderan, han precarizado más la vida.

2. Rechazamos continúen con la aplicación de políticas y tratados que atentan cada vez más la soberanía.

3. Antes de cualquier posible negociación con países del extranjero, primero se debe establecer un diálogo nacional para con las comunidades que ya han sido impactadas por la minería y otros megaproyectos, con el propósito de atender los terribles daños que les han ocasionado.

4. Exigimos se respete totalmente las decisiones derivadas de los procesos de libre determinación que han emprendido cientos de comunidades, en las que enfáticamente han manifestado declarar sus territorios libres de minería.

5. Las empresas que han saqueado el territorio nacional y nuestros bienes naturales tienen que ser sometidas de forma inmediata a la rendición de cuentas, que significa que los dueños y directivos se vayan a la cárcel; que el sistema de salud vuelque de forma suficiente y pronta todos los esfuerzos médicos y financieros para que las y los afectados por lo menos encuentren atención medica de calidad; que se elabore un protocolo participativo en el cual se dirima y resuelva el verdadero costo de daños que deben pagar las empresas mineras por los daños a la salud comunitaria, al ambiente y a cada una de las actividades productivas, que también implica los miles de empleos que dicha actividad ha desaparecido.

6. Exigimos que el gobierno canadiense deje de presionar al gobierno mexicano y a los gobiernos de Latinoamérica imponiendo su proyecto de muerte.

7. Nosotros continuaremos en la lucha de la conformación por un tribunal internacional que sancione penalmente tanto a las empresas como a los actores políticos y a las autoridades cómplices por obviar y pactar daños a la salud comunitaria, la contaminación de aguas, y daños al medio ambiente.

8. Nos solidarizamos y unimos a todas las luchas y procesos en resistencia que en México, Latinoamérica y en el resto del Mundo se enfrentan a los megaproyectos del modelo extractivo tales como presas, extracción de hidrocarburos y gas de esquisto (mediante la fracturación hidráulica o fracking), oleoductos, siembra de transgénicos, gasoductos, subestaciones eléctricas y parques eólicos. Nos manifestamos en contra de la imposición de Zonas Económicas Especiales (ZEE), por ser proyectos de destrucción, de acumulación de riquezas y de despojo colectivo.

9. Seguiremos participando en los procesos comunitarios apoyados en el derecho colectivo, el principio precautorio aprobado en la cumbre climática de Rio de Janeiro de 1992 ratificado por México, y el principio pro-persona porque estamos ciertos que la prevención es la fuerza de la organización social, campesina e indígena.

10. Exigimos que se prohíba totalmente la minería tóxica en México y sigamos los pasos de países como la República de El Salvador que ha dado muestra de que se puede vivir sin esta actividad depredadora.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA!
¡FUERA MINERAS!

Firmamos:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
ORAWORLDMANDALA
Centro de investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM)
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP A.C.)
Acción Colectiva Socioambiental
Bios Iguana A.C.
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Pro San Luís Ecológico A.C.
Colectivo de Abogados de Jalisco
Consejo Tiyat Tlalli de Puebla
Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tosepan Titataniske
Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.
 Grupo de Estudio Ambientales GEA

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Compartimos esta convocatoria de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual formamos parte, con motivo del Día Mundial contra la mega minería celebrado cada 22 de julio

CONFERENCIA DE PRENSA «DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGA MINERÍA»

VIERNES 21 DE JULIO, 10 AM

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

 

Una vez más desde el 2009, en diferentes ciudades y comunidades del mundo, nos manifestamos frente a la contaminación y el saqueo que produce la megaminería y denunciamos a corporaciones y gobiernos como los únicos responsables. Esta lucha lleva décadas y aún quedan mucho trabajo para lograr la concientización de las sociedades para comprender que esta lucha nos afecta a tod@s y compromete seriamente a las generaciones futuras. Mientras más indiferentes se ubiquen los pueblos frente a este gran problema, más comprometida y en riesgo está la vida en el planeta. Asistimos a una etapa feroz del capitalismo imponiendo su modelo extractivo en un planeta finito.

A partir de los años 90’s se modificaron las leyes en casi toda América para dar paso a este tipo de extracción de minerales preciosos y facilitar la obtención de concesiones a empresas trasnacionales, principalmente canadienses. Negocios de unos cuantos que solo dejan a su paso un terrible saldo de destrucción permanente e irreversible del patrimonio ambiental, histórico y cultural.

Los pasivos ambientales, la destrucción de territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos, son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería, misma que resulta increíblemente barata para las corporaciones mineras, pues generan un mínimo de empleos y los costos de producción del metal precioso son muy bajos.

Este tipo de proyectos mineros depende de una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas, de jueces, de poblaciones en situaciones de miseria e incluso de gobiernos enteros. Cualquier procedimiento jurídico que sigan las comunidades para defender sus territorios de la amenaza de la minería a cielo abierto se ve rebasado por la imposición abusiva y hasta ilegal que los poderes fácticos hacen de dichos negocios depredadores, mismos que se presentan como ofertas de progreso y desarrollo.

Ante el entreguismo gubernamental en Tratados de libre comercio que favorecen el despojo del territorio nacional, convocamos a rueda de prensa para informar nuestra posición ante el panorama que se avecina.

Convocantes:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

ORAWORLDMANDALA

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo (CECCAM)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP)

Bios Iguana A.C.

Acción Colectiva

Este martes 11 de julio del 2017, autoridades agrarias, civiles y tradicionales de San Miguel del Progreso (municipio de Malinaltepec, Guerrero), el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organizaron una conferencia en el Centro Prodh, Ciudad de México, titulada «Júba Wajiín: La razón y la ley nos asisten». Participó en esta conferencia la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual Otros Mundos A.C. forma parte.

VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA:

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COMUNICADO DE PRENSA:

• Ordena Jueza Federal a Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terrenos y respetar derechos colectivos de la comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso.
• Por segunda ocasión justicia federal ampara a comunidad indígena de San Miguel del Progreso frente amenaza minera.
• Gobierno Federal obligado a respetar y no recurrir sentencia que reconoce derechos colectivos de pueblos indígenas.

Ciudad de México, a 11 de julio de 2017.- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso -«Juba Wajiín»- obtuvo amparo contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera. La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 el pasado 28 de junio. En la sentencia, se otorga el amparo y la protección de la Justicia Federal a la Comunidad de San Miguel del Progreso al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria Me’phaa de La Montaña de Guerrero.

Cabe recordar que este es el segundo amparo otorgado a la comunidad de San Miguel del Progreso –»Juba Wajiín»- frente a la amenaza minera en su territorio; la primer sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014,  la impugnación de aquella sentencia histórica llevó el caso frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, en una maniobra estratégica las empresas se desistieron de sus títulos de concesión, lo que obligó a la SCJN sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.

Fue así que el 24 de noviembre de 2015 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la «Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015», por la que declaraba libres los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros «Reducción Norte de Corazón de Tinieblas» y «Corazón de Tinieblas», con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras sobre el territorio de San Miguel del Progreso.

Frente a este acto violatorio la comunidad indígena interpuso amparo el 11 de diciembre de 2015 ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

A pesar de los argumentos esgrimidos por el gobierno federal, el pasado 30 de junio fue notificada a las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y a Tlachinollan la sentencia inédita dictada por la Jueza Estela Platero Salado, en la que ordena a la Secretaria de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la Consulta.

La decisión tomada por la Juez es trascendental en la vida de la comunidad, dado que no está ordenando que se subsane el procedimiento que originó la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno sino que obliga a dejar sin efectos el acto violatorio para que de esta manera se garantice adecuadamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho al territorio y a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia.

La resolución dictada en el juicio de amparo, es un logro inédito  para la comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso y del Concejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero en la defensa de su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto, lo que además les impulsa a seguir organizándose local y regionalmente.

Frente a esta decisión judicial, el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas no impugnando la sentencia obtenida por la comunidad, porque de hacerlo redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria de Juba Wajiín.

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AUDIO: Júba Wajín: Un rayo contra las mineras

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) realizó una serie de cinco cortos videos animados para acabar con el mito de la minería sustentable, titulada «Minería: Desruyendo el Futuro de Todos» y disponible en el canal Youtube de la organización.

«Creemos que se hace urgente informarnos y discutir sobre las diversas aristas ambientales, sociales y culturales que deja el extractivismo minero en los territorios, y desmitificar los beneficios y bondades, que se jacta el sector minero y los gobiernos de turno para justificar sus inversiones», explicó OCMAL al presentar el proyecto. «La gran ola de conflictividad en torno a la minería que ha marcado a los países de la región son una evidencia de esto, y sabemos que seguirán en aumento, mientras no se considere y se respete la autodeterminación de las mismas comunidades a decidir su camino.»

Estos videos, que pueden descargar para proyectarlos en talleres, explica de manera pedagógica los impactos que deja la gran minería en los territorios y los mecanismos del sistema capialista que permite a las mineras destruir el medio ambiente y violar derechos humanos en América latina. Desde los 90, nuestro continente se ha convertido en el principal destino de inversión en exploración y explotación minera, recuerda OCMAL en uno de los videos, precisando que durante el 2015, el 28% de todo el gasto mundial (casi un tercio) en minería fue invertdio en América latina.

Capítulo 1: «¿La Minería es Sustentable?»

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Capítulo 2: «¿Es la minería una gran productora de desechos?»

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Capítulo 3: «Sin Agua No Vivimos»

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Capítulo 4: «Los Impactos Sociales de la Minería»

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Capítulo 5: «El futuro debe ser distinto»

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Los 5 capítulos en un solo video:

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Este reportaje de Periodistas de A Pie y la Unidad de Investigación de El Universal fue publicado en Pie de Página el 9 de mayo 2017 y realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

Texto: Andrea Vega Valerio. Foto: Ariel Ojeda. Gráficos: Arturo Contreras Camero.

Vacíos en la regulación minera permiten que particulares se beneficien con la compra venta de concesiones mineras. Aunque no está prohibido, las ganancias quedan en unos pocos

Concesionarios particulares de minas especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor -empresa nacional o transnacional- y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10 mil títulos de concesión transferidos de mano en mano.

Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, creció sistemáticamente el número de títulos concesionados a ciudadanos particulares que difícilmente tienen capacidad de explotación de una mina.

Entre diciembre de 2000 y junio de 2015, el gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera, de los cuales 5 mil 76 permisos se dieron en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, mientras que en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta  9 mil 956. Para  junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.

Lo que llama la atención es que la entrega de títulos a empresas ha ido disminuyendo en favor de las personas individuales. Así, Fox entregó 2 mil 156 concesiones mineras a personas, que representan 42.47% del total de concesiones otorgadas en su administración; con Calderón la proporción aumentó hasta 61.3%, es decir, se entregaron dos concesiones a particulares por cada una de las que entrego a empresas; y en los primeros 3 años de Peña Nieto aumentó un poco más, hasta 65.7%.

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La extensión de subsuelo concesionada a ciudadanos también ha aumentado. La administración de Fox cedió a ciudadanos particulares 548 mil 339 hectáreas; Calderón les otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas y Peña Nieto 2 millones 637 mil 969. Entre los tres han entregado a particulares que no tienen capacidad de explotar minas 4.8% de la superficie continental del país. ¿Para qué lo hicieron?

Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres [de empresas] y especuladores.

Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mejor ganancia. «Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular», señala  la especialista.

El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas), hasta los 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra. Posteriormente, las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.

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Esquema de compra-venta

Este equipo de investigación analizó los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios, y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en las administraciones panistas, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que funciona como modelo de apartado del subsuelo para después lucrar con él.

Manuel Langarica Ramos, la persona más beneficiada por extensión del subsuelo en el sexenio de Fox, con seis títulos de concesión minera por un total de 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, en Jalisco, hizo transmisión por aportación a Minera El Cobre de Jalisco S.A.P.I de C.V -una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que en minería son generalmente empresas dedicadas sólo a la exploración-, y ésta, a su vez, hizo cesión de derechos total onerosa a Minas Chaparral, S.A de C.V. Langarica Ramos también hizo cesión de derechos total onerosa a la Compañía Minera de Atengo, S. de R.L de C.V.

El principal beneficiado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue Jorge Jiménez Arana, a quien una investigación de la Unidad de Datos de El Universal, publicada el 14 de septiembre de 2014, México, en poder de las mineras, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas -área de extensión similar a la del estado de Colima-, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, en Chiapas.

Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canadá.

En la administración de Peña Nieto la persona más beneficiada por extensión de tierras ha sido Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, Pitiquito y San Miguel Horcasitas, en Sonora. Astiazarán Nieves pertenece a una familia grande de ganaderos, mineros y políticos sonorenses. Estos títulos de concesión no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder.

De hecho, de las 10 personas más beneficiadas con concesiones en el presente sexenio, la mayoría no ha cedido sus títulos. Mayra Eslava dice que esto se puede deber a que los precios de los minerales han caído y están esperando un mejor momento para hacer negocio.

Agujeros convenientes

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía que «los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación».

Esta auditoría sobre el estado de los derechos concernientes a la minería recomendó que «la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación«. Esto no se ha hecho.

El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que «las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas». Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender.

Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe «lucrar con los bienes de la nación», y un título de concesión minera es justo eso.

Así lo explica Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC): «Una concesión no se puede vender, estarías lucrando con un bien de la nación, por eso [en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera, SIAM, donde se asientan todos los movimientos de un título] a la mayoría le llaman cesiones (gratuita u onerosa), aunque el trasfondo es que sí implican un intercambio monetario».

Julieta Lamberti, investigadora de Project PODER, una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina, asegura que «los otros grandes afectados son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular».

Lamberti explica que si el concesionario vende el título, el comprador querrá poner una mina. Así, las plantaciones y construcciones tendrán que quitarse; y los pobladores, irse.

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Boletín de prensa de la Red mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) – A 13 de mayo 2017

A la opinión pública,

Las empresas mineras de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos.

A los ya de por sí conocidos procesos violatorios a los derechos humanos y a la violación de las leyes nacionales, en fechas recientes y en diversas partes del país y de Latinoamérica, han iniciado una fuerte campaña para la difamación, criminalización, estigmatización, agresión y amenazas en contra tanto de la población, como de los grupos que acompañan sus procesos de defensa y resistencia en contra de la minería.

Lo hacen desde diferentes frentes, por ejemplo: utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden Minerals como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla, el 1ero de mayo 2017; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancias federales y la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa canadiense Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango, en el 2012; o como le pasó lo mismo el 8 de mayo a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V. De la misma forma ocurrió con la organización Bios Iguana A.C. y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V., recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra.

Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica, como recientemente ocurrió en Perú, cuando la empresa canadiense Hudbay Minerals, haciendo gala del control que ya tiene sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la actuación de los compañeros de MiningWatch Canada y el documentalista John Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá.

En todos estos casos hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería. Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos, como a los propios habitantes que aspiran a una vida digna y no de muerte como viene generando la minería.

La campaña está desatada y en ese contexto, REMA se solidariza con cada uno de las mujeres y hombres que han vivido y viven estos procesos, y lamentamos la terrible sumisión de los estados para con el poder empresarial.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), Otros Mundos A.C., EDUCA, MiningWatch Canada, Tiyat Tlali, Prodesc, Fundar, el Frente Ixtepecano, la Unión de Ejidos de Zanatepec, los pescadores de Nvo. Balsas, Bios Iguana A.C., entre muchos otros grupos, son quienes han sido víctimas de campañas difamatorias, amenazas y en algunos de estos grupos incluso han sido asesinados, simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía, el uso de la fuerza y la intimidación.

Ante esta alzada de intimidaciones y campañas de odio y difamatorias en contra de las compañeras y compañeros de grupos y comunidades por parte de la empresas mineras, la REMA denuncia la omisión del estado mexicano y lo hacemos responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial de nuestros compañeros.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El ejército intimada a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas / Crédito: FPDS

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Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, a 11 de mayo 2017

Una integrante del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) participó ayer 10 de mayo 2017 con otras numerosas representantes de la sociedad civil chiapaneca en una reunión con el Señor Leo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. La acompañaban Otros Mundos A.C., el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Cuando llegó su turno, nuestra compañera expuso al relator la grave situación que estamos viviendo en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, zona costa de Chiapas, donde la explotación de titanio afecta la calidad de nuestras fuentes de agua y por lo tanto nuestro derecho al agua potable.

«Nuestro movimiento nació en el 2015 para defendernos de la contaminación de nuestros ríos por la minería. Somos miembros de la REMA y luchamos por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestros municipios«. Así empezó su presentación nuestra compañera, leyendo una carta del FPDS que luego fue entregada al relator.

Explicó que los sistemas de agua municipales de Escuintla y Acacoyagua agarran agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta y que sus tomas de agua se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la la empresa El Puntal S.A. de C.V. Agregó que desde el 2004, año en el que la delegación de la Secretaría del Media Ambiente (SEMARNAT), a través de Amado Ríos, empezó a aprobar una serie de cinco proyectos mineros en la zona de influencia de la Reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de nuestros mantos acuíferos, empezamos a tener serios problemas. Esos problemas afectan tanto los habitantes conectados a las redes municipales como a los de las rancherías y comunidades de Acacoyagua que tienen sus pozos de agua:

«Desde que se implementaron los proyectos mineros, hemos observado que el agua de la llave sale de color amarillo oxidado y que el agua de los pozos sale con lodo y grasa. Hemos notado la presencia de enfermedades en la piel por el contacto con el agua que usamos en nuestros hogares, tanto la del sistema de agua municipal como la de los pozos. Tenemos comezón, resequedad, agrietamiento, manchas y ronchas en la piel, así como enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos. Además, estas mismas enfermedades aparecen cuando los habitantes se meten a los ríos.

Hemos observado también un aumento de cáncer en el colón, el estomago, el hígado y los riñones en los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Notamos que los habitantes sufren de perdida de cabello y de abscesos en la parte de los brazos, los glúteos. Las mujeres embarazadas presentan abortos y partos prematuros y sus bebés presentan malformaciones.»

Recordó que el FPDS ha solicitado varias investigaciones a las autoridades en el marco de «mesas de trabajo» con el gobierno de Chiapas, entre las cuales un estudio epidemiológico por daños a la salud y al agua por la minería (al Instituto de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. VII) y estudios de calidad del agua (a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, con representación en Chiapas). Ninguna de estas investigaciones se ha realizado, por lo que nos salimos de las «mesas de trabajo» en febrero 2017.

En nuestra carta al relator que leyó nuestra representante, denunciamos que esta falta de cumplimiento por parte de la autoridades causa tres tipos de problemas relacionados a los derechos al agua potable y al saneamiento y reconocidos por la ONU:

1. Problemas de acceso a la información, participación y rendición de cuentas de los servicios de agua y saneamiento: El gobierno no nos entrega información clara y transparente ni investiga las causas de nuestras enfermedades y la responsabilidad de las mineras.
2. Problema de calidad de agua y saneamiento: En los ríos es evidente la contaminación y su impacto en nuestra salud.
3. Problema de acceso a la justicia en materia de derechos al agua potable y al saneamiento: El gobierno estatal de Chiapas, a través de Alfredo Lugardo López de la subsecretaria de Gobierno de la Región X Soconusco, y del Ing. Patricio Elí Matías Salas, presidente municipal de Acacoyagua se han negado a proporcionarnos acceso a la justicia:

• al no realizar los estudios que le solicitamos;
• al negar el paso a las rancherías Jalapa y La Cadena a su sistema de captación de agua ubicado en la concesión minera Casas Viejas pero con derecho de paso del ejido Magnolia, al darle el paso a la minera a cambio y al amenazar a su Comité de Agua para que deje el movimiento si quería recuperar el acceso;
• al negar nuestra participación en la junta de cabildo para exponer nuestras problemáticas, cerrándonos las puertas del palacio municipal y solicitando un operativo de la policía municipal y el ejercito para intimidarnos. (leer nuestro boletín del 8 de mayo para más información sobre este acontecimiento)

Sobre este último punto, nos parecía importante denunciar la criminalización que estamos sufriendo, como muchos y muchas más defensores y defensoras del agua en Chiapas y todo México.

Aprovechamos el espacio también para solicitar nuevos estudios: uno para determinar el tipo y cantidad de metales y metaloides tóxicos en diversas fuentes de agua de Escuintla y Acacoyagua (a la CONAGUA), un estudio toxicológico y otro de medición de la radiación del titanio (al Instituto de Salud).

Al no ser escuchados, veremos la contaminación y las enfermedades empeorar en la costa de Chiapas en donde se crean dos zonas económicas especiales (ZEE) que implican la multiplicación de proyectos extractivos y por lo tanto la aumentación de la contaminación de nuestros queridos ríos por los que luchamos.

FIRMA:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:
OTROS MUNDOS A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

Más informes: correo a comunicacion@otrosmundoschiapas.org – o mensaje Facebook a la página del FPDS

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Sobre la visita del relator:

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En Totonacapan reciben la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

En los medios:

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Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, México , a 8 de mayo 2017

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS,
A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía «No a la minería».

Denunciamos que el presidente municipal de Acacoyagua, el Ing. Patricio Eli Matías Salas, no cumplió con su deber de realizar una reunión de cabildo abierto en la que todos los y las habitantes de Acacoyagua tenemos derecho a participar y pedir la palabra para dar a conocer nuestras demandas.

Queríamos expresar nuestra oposición a la actividad minera en el municipio y exigirle que respete la Declaratoria de territorio libre de minería que él mismo firmó en agosto 2016. Queríamos también plantearle que ni la Comisión nacional del Agua (CONAGUA) ni el sector salud han cumplido con su promesa de realizar estudios sobre la calidad del agua y la salud de los habitantes de Acaoyagua solicitados por el FPDS para investigar los impactos de la actividad minera.

Informamos al público en general que el presidente nos citó de nuevo el lunes 15 de mayo a las 3 de la tarde, por lo que le pedimos que esté al pendiente de la manera en la que seremos recibidos. Exigimos al presidente municipal que se presente junto con cabildo para que nuestro diálogo sea democrático y transparente.

Rechazamos rotundamente la presencia del ejército y de la policía en esa cita. La defensa del territorio ante la minería que estamos llevando desde el 2015 no nos hace criminales y ninguna de nuestras acciones justifica la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno debería gastar más dinero en proteger la salud de sus habitantes afectados por la minería que en reprimirlos.

¡Fuera las mineras de Acacoyagua!

¡Vida sí, Mina no!

FIRMA:

El FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.
  RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: Militares en frente de la presidencia municipal de Acacoyagua hoy lunes 8 de mayo (FPDS)

Contacto: comunicacion@otrosmundoschiapas.org

Mensaje Facebook: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio – FPDS

Más lectura:

Sobre la lucha del FPDS:

Defensore/as de la Costa de Chiapas denuncian el contubernio del gobierno estatal con las empresas mineras

El Frente Popular en Defensa del Soconusco sigue reclamando que se respeten las declaratorias de municipios libres de minería

Sobre la criminalización de los defensores:

Cese la criminalización a pueblos en defensa de la vida y el territorio (Pronunciamiento del Segundo Encuentro de Pueblos en Resistencia ante la amenaza de despojo por los megaproyectos, en el que participamos del 4 a 6 de mayo 2017)

[AUDIO] Terrorismo, delincuencia organizada: cuando el derecho penal se usa contra defensores y defensoras

En los medios:

Ejército intimida a pobladores de Chiapas por cierre de mina (Pozol)

Mineras generan conflictividad en Oaxaca y Chiapas (Contralínea)

Opositores a la minería de la costa de Chiapas son intimidados por policías y militares (Chiapas Paralelo)

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Consejo Tiyat Tlali y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua «Atcolhua» en solidaridad con los pobladores de Ixtamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, afectada por el proyecto minero Tuligtic de la empresa canadiense Almaden Minerals

Al Pueblo De Ixtacamaxtitlán
A Las Autoridades Municipales
Al Gobierno Del Estado
Al Gobierno Federal
A LA Secretaria De Medio Ambiente Y Recursos Naturales
A La Procuraduría Federal De Protección Al Ambiente (PROFEPA)
A La Comisión Nacional De Derechos Humanos
A La Secretaria De Economía
A La Comisión Nacional Del Agua
A Las Organizaciones De Derechos Humanos
A La Comunidad Internacional

Con amenazas y uso de lenguaje obsceno, los representantes de la empresa minera canadiense Almaden Minerals, Alfredo Martínez y Daniel Santa María, intentaron obligar a Ignacio Carmona Cruz, poblador de la comunidad Loma Larga (municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla), para que los dejara circular por una de las brechas que son propiedad privada en esta población.

Los hechos ocurrieron el lunes 1 de mayo, alrededor de las 4 de la tarde, cuando los empleados de la minera se encontraron con Carmona y lo amenazaron para que los dejara pasar.

Cabe señalar que Almaden Minerals continuó sus actividades de exploración en las comunidades de Loma Larga y Almeya, Ixtacamaxtitlán, incluso durante los meses de febrero y marzo de 2017, en que no tuvo permiso de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para hacerlo.

En estos trabajos, el personal de la empresa ha estado circulando en brechas de propiedad privada y, ante esta situación, los dueños y vecinos de la comunidad de Loma Larga se organizaron para tapar el paso, dado que son caminos que se dañan con la circulación de vehículos pesados que trae la empresa y también porque, sobre esta brecha, están las mangueras de agua potable para la comunidad y ya han sido dañadas con la circulación de las camionetas.

Es importante decir que las personas de la comunidad se han hartado por el conjunto de arbitrariedades que los mineros han estado cometiendo, por ejemplo han rodado sus vehículos sobre los sembradíos sin reparar los daños. Actos de prepotencia, burla y ninguneo a las personas de esta comunidad.

El 1 de mayo, se presentó un altercado verbal entre Carmona y los dos representantes de la minera, mismo que concluyó con amenazas contra su integridad física. Dada esta situación, el compañero Carmona manifestó que teme por su seguridad e integridad física, lo que consideramos de suma delicadeza, por lo que responsabilizamos al gobierno en sus diferentes niveles y a las instituciones SEMARNAT y Secretaría de Economía, por no asumir su responsabilidad ante los derechos humanos, situación que nos lleva a enfrentar y defendernos frente a los actos de violencia y de violación de derechos por parte de la empresa.

El día 2 de mayo, en solidaridad con la familia Carmona, un grupo de vecinos de Loma Larga e integrantes del colectivo Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua «Atcolhua» acudimos a la brecha en cuestión a colocar un poste de madera para evitar más intrusiones por parte de Almaden Minerals, cuyos representantes intentaron nuevamente amedrentarnos, sin éxito, ya que los vecinos presentes evitamos la confrontación y permanecimos en silencio.

Llama la atención que la tarde del 2 de mayo, el Ministerio Público giró, al menos a seis personas de la comunidad, oficios que fueron entregados por la policía municipal en los domicilios de cada persona, para que se presentaran a declarar por el altercado del 1 de mayo. Este es un mero acto de intimidación y de criminalización por defender nuestros derechos.

Es de hacerse notar la celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades municipales cuando se ha tratado de la empresa minera que no es la misma con la que actúan cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que ha atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la zona.

Hay que señalar que, a pesar de haber documentado la violación de la regulación mexicana, las irregularidades con las que la empresa trabaja, así como la violación de los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente sano, SEMARNAT concedió hace unas semanas el permiso solicitado por Almaden Minerals, lo que cuestiona su capacidad para resolver conflictos como el que se presenta en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Los habitantes hemos manifestado en diversas ocasiones el actuar irregular de la minera Almaden Minerals, pero ante la falta de atención de nuestras peticiones por parte de los distintos niveles de gobierno, señalamos que vamos a cuidar de nuestros derechos, en un acto de determinación comunitaria, sin el uso de la violencia.

Tenemos claro que los trabajadores y representantes locales de la empresa no son nuestros enemigos, por ello nos vamos a caer en confrontaciones que nos lleven a hacernos daño.

Siempre hemos actuado con prudencia, responsabilidad, respeto y dignidad, lo que seguiremos haciendo, pero siempre velando por nuestros derechos, los de nuestras familias y los de las comunidades.

Reiteramos que responsabilizamos a la empresa Almaden Minerals, al gobierno Federal, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaria de Economía, así como al gobierno local, de cualquier acto de violencia que surja a partir de este conflicto, y hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y a medios de comunicación para que nos ayuden a difundir este mensaje.

Información sobre el proyecto Tuligtic de Almaden Minerals en Ixtacamatitlán

disponible en la página de la minera:

Más información:

Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a dicembre de 2016

Por la vida, los derechos humanos y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del Río Apulco: Resultados principales de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del Proyecto Minero Tuligtic

Boletín de Prensa: Almaden Minerals cotiza nuevas acciones para financiar su actividad minera en Puebla, sin contar con permiso de exploración

Fotos: Leticia Ánimas Vargas

Artículo de The Goldman Environmental Prize/El Premio Goldman de Medio Ambiente, conocido como el «Premio Nobel del Medio Ambiente», entregado cada año a un defensor o una defensora del medio ambiente de cada continente, por la fundación estadounidense Goldman Fund. Este 23 de abril, el defensor guatemalteco Rodrigo Tot recibió el premio para Centroamérica y América del Sur.

Rodrigo Tot, 59 años, es un líder comunitario maya q’eqchi de la aldea de Agua Caliente (municipio El Estor, departamento de Izabal, Guatemala). Guío a su comunidad a una decisión judicial que sentó un precedente histórico, la cual ordenó al gobierno que emitiera títulos de propiedad para el pueblo q’eqchi y evitó que la destructiva minería de níquel se expandiera a su comunidad. Por esta labor en defensa del territorio ganó el Premio Goldman de Medio Ambiente para Centroamérica y América del Sur.

Una larga historia de incursiones

El lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y sus tierras circundantes en El Estor, son un lugar de vital importancia para el pueblo indígena Q’eqchi. Como descendientes de los antiguos mayas, los Q’eqchi mantienen su vida cultivando y pescando. Defendieron su territorio de los colonos españoles en el siglo XVI y, cientos de años más tarde, están luchando por su tierra una vez más, esta vez contra su propio gobierno y las empresas multinacionales interesadas en explotar los depósitos de níquel en sus tierras.

En la década de 1960, el gobierno guatemalteco comenzó a otorgar permisos a mineras multinacionales en un intento de sacar tajada a los precios del níquel en aumento. Entre las minas establecidas durante esta fiebre estaba la mina Fénix. Dejó de operar en los años ochenta cuando el precio del níquel se estrelló, pero no antes de descargar aguas residuales no tratadas en el lago Izabal y convertirlo en el lago más contaminado del país.

El precio global del níquel se recuperó y, en 2006, las empresas mineras regresaron a El Estor. El gobierno emitió un permiso no sólo para que reinicien la mina Fénix, sino que también expandan sus operaciones en la aldea Q’eqchi de Agua Caliente. Las fuerzas de seguridad de la empresa comenzaron a expulsar a la gente de sus tierras, violando los tratados internacionales que requieren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.*

*Info complementaria de Otros Mundos A.C.: La empresa que reactivó la mina Fénix es la Companía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la minera canadiense Skye Resources, la cual fusionó en el 2008 con otra minera canadiense, Hudbay Minerals. Se crea ese mismo año una nueva subsidiaria de Hudbay, HMI Nickel Inc., dueña actual de la mina. El proyecto ha generado protestas desde el 2005. En el 2009, Hudbay lanzó un operativo de desalojo en el que un habitante de la comunidad Puerto Barrios en El Estor, Adolfo Ich, fue asesinado a balazos y machetazos por el entonces jefe de seguridad de Hudbay, Mynor Padilla. El mismo dejó paralítico a otro habitante, Germán Chub Choc. Por esos crimenes, Mynor Padilla fue absuelto el 6 de abril 2017.

El Estor

Estableciendo bases legales para defender sus tierras

Rodrigo Tot nació en el centro de Guatemala justo cuando el boom minero de los años 60 estaba en marcha. Después de perder a sus padres a una edad temprana, se mudó a vivir con sus parientes en Agua Caliente cuando tenía 12 años. El pequeño pueblo llegó a ser su hogar donde creció, aprendió a cultivar, se casó y crió a sus hijos.

Tot nunca recibió educación formal, pero aprendió a hablar español escuchando a otros -una habilidad valiosa para una comunidad indígena que estaba culturalmente privada de los derechos disfrutados por el resto del país. Tot recuerda cómo funcionarios del gobierno y de la compañía nunca hablaron con la comunidad local sobre las minas. Los Q’eqchi sólo se enteraron cuando los mineros llegaron a su tierra para comenzar a trabajar.

El miedo comenzó a propagarse por la comunidad. La gente estaba preocupada de perder su tierra y con ella, su sustento. Tot vio la necesidad de comenzar a reunir pruebas de posesión Q’eqchi de las tierras y, en 2002, como el presidente electo de Agua Caliente, trajo estos documentos al gobierno y solicitó títulos de tierras. Para su consternación, descubrió que varias páginas del catastro oficial habían sido removidas en un intento deliberado de negar a su pueblo sus derechos sobre las tierras.

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Un fallo inesperado

El siguiente recurso para la comunidad fue someter a juicio al gobierno. Tot encontró apoyo legal con el Centro de Recursos para la Ley Indígena (ILRC- por sus siglas en inglés), localizado en los EE.UU., y Defensoria Q’eqchi, una pequeña organización de derechos humanos en Guatemala. El equipo pasó años preparando su caso para establecer las reclamaciones legales a la tierra de la comunidad, incluyendo un estudio geográfico de Agua Caliente y la cadena de propiedad de la tierra. Como una de las pocas personas de Agua Caliente que hablaba español, Tot tradujo todos los detalles de los trámites para la comunidad, organizó reuniones para ayudar a reunir evidencia y contestó las preguntas de los aldeanos.

El 8 de febrero de 2011, dos años después de que la comunidad de Agua Caliente presentó su demanda, el Tribunal Constitucional emitió una decisión histórica. Reconociendo los derechos de propiedad colectiva de los Q’eqchi, el tribunal ordenó al gobierno que reemplazara las páginas que faltan del registro y expidiera títulos de propiedad a los habitantes de Agua Caliente. La sentencia fue una sorpresa para los activistas ambientales e indígenas de todo el mundo que eran bien conscientes de la corrupción en el sistema legal de Guatemala y no confiaban en la capacidad de la corte para ver lo atroz que habían sido estas violaciones.

La victoria ha sido lograda con un enorme costo personal para Tot. En 2012, dos de sus hijos se encontraban en un autobús a la Ciudad de Guatemala cuando fueron fusilados en lo que parecía ser un robo en escena. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió con graves heridas.

Mientras tanto, la búsqueda de Tot y su comunidad para asegurar los títulos de tierras continúa. El gobierno todavía tiene por hacer cumplir la decisión de la corte y la compañía minera continuó llevando adelante su extensión. En respuesta, Tot estableció un grupo de vigilancia comunitaria para mantener a raya a los intrusos. En 2014, las fuerzas de seguridad intentaron entrar al pueblo, pero se retiraron después de un pacífico enfrentamiento dirigido por Tot. No han vuelto desde entonces. El caso ha sido priorizado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está revisando actualmente bajo un estatus acelerado.

Video: El Capítulo Guatemala del documental «Fraude de Flin Flon» de John Dougherty,

sobre las actividades de Hudbay Minerals en El Estor

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Video: El documental «Fraude de Flin Flon»  completo,

sobre las actividades criminales de Hudbay Minerals en varias partes del mundo

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Información en MiningWatch

Foto: Goldman Environmental Prize