Categoría: Minería

Este reportaje de Periodistas de A Pie y la Unidad de Investigación de El Universal fue publicado en Pie de Página el 9 de mayo 2017 y realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

Texto: Andrea Vega Valerio. Foto: Ariel Ojeda. Gráficos: Arturo Contreras Camero.

Vacíos en la regulación minera permiten que particulares se beneficien con la compra venta de concesiones mineras. Aunque no está prohibido, las ganancias quedan en unos pocos

Concesionarios particulares de minas especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor -empresa nacional o transnacional- y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10 mil títulos de concesión transferidos de mano en mano.

Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, creció sistemáticamente el número de títulos concesionados a ciudadanos particulares que difícilmente tienen capacidad de explotación de una mina.

Entre diciembre de 2000 y junio de 2015, el gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera, de los cuales 5 mil 76 permisos se dieron en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, mientras que en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta  9 mil 956. Para  junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.

Lo que llama la atención es que la entrega de títulos a empresas ha ido disminuyendo en favor de las personas individuales. Así, Fox entregó 2 mil 156 concesiones mineras a personas, que representan 42.47% del total de concesiones otorgadas en su administración; con Calderón la proporción aumentó hasta 61.3%, es decir, se entregaron dos concesiones a particulares por cada una de las que entrego a empresas; y en los primeros 3 años de Peña Nieto aumentó un poco más, hasta 65.7%.

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La extensión de subsuelo concesionada a ciudadanos también ha aumentado. La administración de Fox cedió a ciudadanos particulares 548 mil 339 hectáreas; Calderón les otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas y Peña Nieto 2 millones 637 mil 969. Entre los tres han entregado a particulares que no tienen capacidad de explotar minas 4.8% de la superficie continental del país. ¿Para qué lo hicieron?

Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres [de empresas] y especuladores.

Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mejor ganancia. «Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular», señala  la especialista.

El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas), hasta los 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra. Posteriormente, las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.

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Esquema de compra-venta

Este equipo de investigación analizó los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios, y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en las administraciones panistas, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que funciona como modelo de apartado del subsuelo para después lucrar con él.

Manuel Langarica Ramos, la persona más beneficiada por extensión del subsuelo en el sexenio de Fox, con seis títulos de concesión minera por un total de 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, en Jalisco, hizo transmisión por aportación a Minera El Cobre de Jalisco S.A.P.I de C.V -una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que en minería son generalmente empresas dedicadas sólo a la exploración-, y ésta, a su vez, hizo cesión de derechos total onerosa a Minas Chaparral, S.A de C.V. Langarica Ramos también hizo cesión de derechos total onerosa a la Compañía Minera de Atengo, S. de R.L de C.V.

El principal beneficiado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue Jorge Jiménez Arana, a quien una investigación de la Unidad de Datos de El Universal, publicada el 14 de septiembre de 2014, México, en poder de las mineras, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas -área de extensión similar a la del estado de Colima-, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, en Chiapas.

Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canadá.

En la administración de Peña Nieto la persona más beneficiada por extensión de tierras ha sido Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, Pitiquito y San Miguel Horcasitas, en Sonora. Astiazarán Nieves pertenece a una familia grande de ganaderos, mineros y políticos sonorenses. Estos títulos de concesión no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder.

De hecho, de las 10 personas más beneficiadas con concesiones en el presente sexenio, la mayoría no ha cedido sus títulos. Mayra Eslava dice que esto se puede deber a que los precios de los minerales han caído y están esperando un mejor momento para hacer negocio.

Agujeros convenientes

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía que «los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación».

Esta auditoría sobre el estado de los derechos concernientes a la minería recomendó que «la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación«. Esto no se ha hecho.

El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que «las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas». Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender.

Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe «lucrar con los bienes de la nación», y un título de concesión minera es justo eso.

Así lo explica Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC): «Una concesión no se puede vender, estarías lucrando con un bien de la nación, por eso [en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera, SIAM, donde se asientan todos los movimientos de un título] a la mayoría le llaman cesiones (gratuita u onerosa), aunque el trasfondo es que sí implican un intercambio monetario».

Julieta Lamberti, investigadora de Project PODER, una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina, asegura que «los otros grandes afectados son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular».

Lamberti explica que si el concesionario vende el título, el comprador querrá poner una mina. Así, las plantaciones y construcciones tendrán que quitarse; y los pobladores, irse.

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Boletín de prensa de la Red mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) – A 13 de mayo 2017

A la opinión pública,

Las empresas mineras de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos.

A los ya de por sí conocidos procesos violatorios a los derechos humanos y a la violación de las leyes nacionales, en fechas recientes y en diversas partes del país y de Latinoamérica, han iniciado una fuerte campaña para la difamación, criminalización, estigmatización, agresión y amenazas en contra tanto de la población, como de los grupos que acompañan sus procesos de defensa y resistencia en contra de la minería.

Lo hacen desde diferentes frentes, por ejemplo: utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden Minerals como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla, el 1ero de mayo 2017; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancias federales y la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa canadiense Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango, en el 2012; o como le pasó lo mismo el 8 de mayo a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V. De la misma forma ocurrió con la organización Bios Iguana A.C. y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V., recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra.

Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica, como recientemente ocurrió en Perú, cuando la empresa canadiense Hudbay Minerals, haciendo gala del control que ya tiene sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la actuación de los compañeros de MiningWatch Canada y el documentalista John Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá.

En todos estos casos hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería. Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos, como a los propios habitantes que aspiran a una vida digna y no de muerte como viene generando la minería.

La campaña está desatada y en ese contexto, REMA se solidariza con cada uno de las mujeres y hombres que han vivido y viven estos procesos, y lamentamos la terrible sumisión de los estados para con el poder empresarial.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), Otros Mundos A.C., EDUCA, MiningWatch Canada, Tiyat Tlali, Prodesc, Fundar, el Frente Ixtepecano, la Unión de Ejidos de Zanatepec, los pescadores de Nvo. Balsas, Bios Iguana A.C., entre muchos otros grupos, son quienes han sido víctimas de campañas difamatorias, amenazas y en algunos de estos grupos incluso han sido asesinados, simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía, el uso de la fuerza y la intimidación.

Ante esta alzada de intimidaciones y campañas de odio y difamatorias en contra de las compañeras y compañeros de grupos y comunidades por parte de la empresas mineras, la REMA denuncia la omisión del estado mexicano y lo hacemos responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial de nuestros compañeros.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El ejército intimada a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas / Crédito: FPDS

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Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, a 11 de mayo 2017

Una integrante del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) participó ayer 10 de mayo 2017 con otras numerosas representantes de la sociedad civil chiapaneca en una reunión con el Señor Leo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. La acompañaban Otros Mundos A.C., el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Cuando llegó su turno, nuestra compañera expuso al relator la grave situación que estamos viviendo en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, zona costa de Chiapas, donde la explotación de titanio afecta la calidad de nuestras fuentes de agua y por lo tanto nuestro derecho al agua potable.

«Nuestro movimiento nació en el 2015 para defendernos de la contaminación de nuestros ríos por la minería. Somos miembros de la REMA y luchamos por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestros municipios«. Así empezó su presentación nuestra compañera, leyendo una carta del FPDS que luego fue entregada al relator.

Explicó que los sistemas de agua municipales de Escuintla y Acacoyagua agarran agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta y que sus tomas de agua se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la la empresa El Puntal S.A. de C.V. Agregó que desde el 2004, año en el que la delegación de la Secretaría del Media Ambiente (SEMARNAT), a través de Amado Ríos, empezó a aprobar una serie de cinco proyectos mineros en la zona de influencia de la Reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de nuestros mantos acuíferos, empezamos a tener serios problemas. Esos problemas afectan tanto los habitantes conectados a las redes municipales como a los de las rancherías y comunidades de Acacoyagua que tienen sus pozos de agua:

«Desde que se implementaron los proyectos mineros, hemos observado que el agua de la llave sale de color amarillo oxidado y que el agua de los pozos sale con lodo y grasa. Hemos notado la presencia de enfermedades en la piel por el contacto con el agua que usamos en nuestros hogares, tanto la del sistema de agua municipal como la de los pozos. Tenemos comezón, resequedad, agrietamiento, manchas y ronchas en la piel, así como enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos. Además, estas mismas enfermedades aparecen cuando los habitantes se meten a los ríos.

Hemos observado también un aumento de cáncer en el colón, el estomago, el hígado y los riñones en los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Notamos que los habitantes sufren de perdida de cabello y de abscesos en la parte de los brazos, los glúteos. Las mujeres embarazadas presentan abortos y partos prematuros y sus bebés presentan malformaciones.»

Recordó que el FPDS ha solicitado varias investigaciones a las autoridades en el marco de «mesas de trabajo» con el gobierno de Chiapas, entre las cuales un estudio epidemiológico por daños a la salud y al agua por la minería (al Instituto de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. VII) y estudios de calidad del agua (a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, con representación en Chiapas). Ninguna de estas investigaciones se ha realizado, por lo que nos salimos de las «mesas de trabajo» en febrero 2017.

En nuestra carta al relator que leyó nuestra representante, denunciamos que esta falta de cumplimiento por parte de la autoridades causa tres tipos de problemas relacionados a los derechos al agua potable y al saneamiento y reconocidos por la ONU:

1. Problemas de acceso a la información, participación y rendición de cuentas de los servicios de agua y saneamiento: El gobierno no nos entrega información clara y transparente ni investiga las causas de nuestras enfermedades y la responsabilidad de las mineras.
2. Problema de calidad de agua y saneamiento: En los ríos es evidente la contaminación y su impacto en nuestra salud.
3. Problema de acceso a la justicia en materia de derechos al agua potable y al saneamiento: El gobierno estatal de Chiapas, a través de Alfredo Lugardo López de la subsecretaria de Gobierno de la Región X Soconusco, y del Ing. Patricio Elí Matías Salas, presidente municipal de Acacoyagua se han negado a proporcionarnos acceso a la justicia:

• al no realizar los estudios que le solicitamos;
• al negar el paso a las rancherías Jalapa y La Cadena a su sistema de captación de agua ubicado en la concesión minera Casas Viejas pero con derecho de paso del ejido Magnolia, al darle el paso a la minera a cambio y al amenazar a su Comité de Agua para que deje el movimiento si quería recuperar el acceso;
• al negar nuestra participación en la junta de cabildo para exponer nuestras problemáticas, cerrándonos las puertas del palacio municipal y solicitando un operativo de la policía municipal y el ejercito para intimidarnos. (leer nuestro boletín del 8 de mayo para más información sobre este acontecimiento)

Sobre este último punto, nos parecía importante denunciar la criminalización que estamos sufriendo, como muchos y muchas más defensores y defensoras del agua en Chiapas y todo México.

Aprovechamos el espacio también para solicitar nuevos estudios: uno para determinar el tipo y cantidad de metales y metaloides tóxicos en diversas fuentes de agua de Escuintla y Acacoyagua (a la CONAGUA), un estudio toxicológico y otro de medición de la radiación del titanio (al Instituto de Salud).

Al no ser escuchados, veremos la contaminación y las enfermedades empeorar en la costa de Chiapas en donde se crean dos zonas económicas especiales (ZEE) que implican la multiplicación de proyectos extractivos y por lo tanto la aumentación de la contaminación de nuestros queridos ríos por los que luchamos.

FIRMA:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:
OTROS MUNDOS A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

Más informes: correo a comunicacion@otrosmundoschiapas.org – o mensaje Facebook a la página del FPDS

Más lectura sobre la lucha del FPDS:

Opositores a la minería de la costa de Chiapas son intimidados por policías y militares

Defensore/as de la Costa de Chiapas denuncian el contubernio del gobierno estatal con las empresas mineras

Sobre la visita del relator:

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

En Totonacapan reciben la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

En los medios:

Minería contamina el agua de Acacoyagua, Chiapas, denuncian ante relator de la ONU, Léo Heller

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, México , a 8 de mayo 2017

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS,
A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía «No a la minería».

Denunciamos que el presidente municipal de Acacoyagua, el Ing. Patricio Eli Matías Salas, no cumplió con su deber de realizar una reunión de cabildo abierto en la que todos los y las habitantes de Acacoyagua tenemos derecho a participar y pedir la palabra para dar a conocer nuestras demandas.

Queríamos expresar nuestra oposición a la actividad minera en el municipio y exigirle que respete la Declaratoria de territorio libre de minería que él mismo firmó en agosto 2016. Queríamos también plantearle que ni la Comisión nacional del Agua (CONAGUA) ni el sector salud han cumplido con su promesa de realizar estudios sobre la calidad del agua y la salud de los habitantes de Acaoyagua solicitados por el FPDS para investigar los impactos de la actividad minera.

Informamos al público en general que el presidente nos citó de nuevo el lunes 15 de mayo a las 3 de la tarde, por lo que le pedimos que esté al pendiente de la manera en la que seremos recibidos. Exigimos al presidente municipal que se presente junto con cabildo para que nuestro diálogo sea democrático y transparente.

Rechazamos rotundamente la presencia del ejército y de la policía en esa cita. La defensa del territorio ante la minería que estamos llevando desde el 2015 no nos hace criminales y ninguna de nuestras acciones justifica la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno debería gastar más dinero en proteger la salud de sus habitantes afectados por la minería que en reprimirlos.

¡Fuera las mineras de Acacoyagua!

¡Vida sí, Mina no!

FIRMA:

El FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.
  RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: Militares en frente de la presidencia municipal de Acacoyagua hoy lunes 8 de mayo (FPDS)

Contacto: comunicacion@otrosmundoschiapas.org

Mensaje Facebook: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio – FPDS

Más lectura:

Sobre la lucha del FPDS:

Defensore/as de la Costa de Chiapas denuncian el contubernio del gobierno estatal con las empresas mineras

El Frente Popular en Defensa del Soconusco sigue reclamando que se respeten las declaratorias de municipios libres de minería

Sobre la criminalización de los defensores:

Cese la criminalización a pueblos en defensa de la vida y el territorio (Pronunciamiento del Segundo Encuentro de Pueblos en Resistencia ante la amenaza de despojo por los megaproyectos, en el que participamos del 4 a 6 de mayo 2017)

[AUDIO] Terrorismo, delincuencia organizada: cuando el derecho penal se usa contra defensores y defensoras

En los medios:

Ejército intimida a pobladores de Chiapas por cierre de mina (Pozol)

Mineras generan conflictividad en Oaxaca y Chiapas (Contralínea)

Opositores a la minería de la costa de Chiapas son intimidados por policías y militares (Chiapas Paralelo)

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Consejo Tiyat Tlali y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua «Atcolhua» en solidaridad con los pobladores de Ixtamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, afectada por el proyecto minero Tuligtic de la empresa canadiense Almaden Minerals

Al Pueblo De Ixtacamaxtitlán
A Las Autoridades Municipales
Al Gobierno Del Estado
Al Gobierno Federal
A LA Secretaria De Medio Ambiente Y Recursos Naturales
A La Procuraduría Federal De Protección Al Ambiente (PROFEPA)
A La Comisión Nacional De Derechos Humanos
A La Secretaria De Economía
A La Comisión Nacional Del Agua
A Las Organizaciones De Derechos Humanos
A La Comunidad Internacional

Con amenazas y uso de lenguaje obsceno, los representantes de la empresa minera canadiense Almaden Minerals, Alfredo Martínez y Daniel Santa María, intentaron obligar a Ignacio Carmona Cruz, poblador de la comunidad Loma Larga (municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla), para que los dejara circular por una de las brechas que son propiedad privada en esta población.

Los hechos ocurrieron el lunes 1 de mayo, alrededor de las 4 de la tarde, cuando los empleados de la minera se encontraron con Carmona y lo amenazaron para que los dejara pasar.

Cabe señalar que Almaden Minerals continuó sus actividades de exploración en las comunidades de Loma Larga y Almeya, Ixtacamaxtitlán, incluso durante los meses de febrero y marzo de 2017, en que no tuvo permiso de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para hacerlo.

En estos trabajos, el personal de la empresa ha estado circulando en brechas de propiedad privada y, ante esta situación, los dueños y vecinos de la comunidad de Loma Larga se organizaron para tapar el paso, dado que son caminos que se dañan con la circulación de vehículos pesados que trae la empresa y también porque, sobre esta brecha, están las mangueras de agua potable para la comunidad y ya han sido dañadas con la circulación de las camionetas.

Es importante decir que las personas de la comunidad se han hartado por el conjunto de arbitrariedades que los mineros han estado cometiendo, por ejemplo han rodado sus vehículos sobre los sembradíos sin reparar los daños. Actos de prepotencia, burla y ninguneo a las personas de esta comunidad.

El 1 de mayo, se presentó un altercado verbal entre Carmona y los dos representantes de la minera, mismo que concluyó con amenazas contra su integridad física. Dada esta situación, el compañero Carmona manifestó que teme por su seguridad e integridad física, lo que consideramos de suma delicadeza, por lo que responsabilizamos al gobierno en sus diferentes niveles y a las instituciones SEMARNAT y Secretaría de Economía, por no asumir su responsabilidad ante los derechos humanos, situación que nos lleva a enfrentar y defendernos frente a los actos de violencia y de violación de derechos por parte de la empresa.

El día 2 de mayo, en solidaridad con la familia Carmona, un grupo de vecinos de Loma Larga e integrantes del colectivo Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua «Atcolhua» acudimos a la brecha en cuestión a colocar un poste de madera para evitar más intrusiones por parte de Almaden Minerals, cuyos representantes intentaron nuevamente amedrentarnos, sin éxito, ya que los vecinos presentes evitamos la confrontación y permanecimos en silencio.

Llama la atención que la tarde del 2 de mayo, el Ministerio Público giró, al menos a seis personas de la comunidad, oficios que fueron entregados por la policía municipal en los domicilios de cada persona, para que se presentaran a declarar por el altercado del 1 de mayo. Este es un mero acto de intimidación y de criminalización por defender nuestros derechos.

Es de hacerse notar la celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades municipales cuando se ha tratado de la empresa minera que no es la misma con la que actúan cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que ha atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la zona.

Hay que señalar que, a pesar de haber documentado la violación de la regulación mexicana, las irregularidades con las que la empresa trabaja, así como la violación de los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente sano, SEMARNAT concedió hace unas semanas el permiso solicitado por Almaden Minerals, lo que cuestiona su capacidad para resolver conflictos como el que se presenta en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Los habitantes hemos manifestado en diversas ocasiones el actuar irregular de la minera Almaden Minerals, pero ante la falta de atención de nuestras peticiones por parte de los distintos niveles de gobierno, señalamos que vamos a cuidar de nuestros derechos, en un acto de determinación comunitaria, sin el uso de la violencia.

Tenemos claro que los trabajadores y representantes locales de la empresa no son nuestros enemigos, por ello nos vamos a caer en confrontaciones que nos lleven a hacernos daño.

Siempre hemos actuado con prudencia, responsabilidad, respeto y dignidad, lo que seguiremos haciendo, pero siempre velando por nuestros derechos, los de nuestras familias y los de las comunidades.

Reiteramos que responsabilizamos a la empresa Almaden Minerals, al gobierno Federal, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaria de Economía, así como al gobierno local, de cualquier acto de violencia que surja a partir de este conflicto, y hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y a medios de comunicación para que nos ayuden a difundir este mensaje.

Información sobre el proyecto Tuligtic de Almaden Minerals en Ixtacamatitlán

disponible en la página de la minera:

Más información:

Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a dicembre de 2016

Por la vida, los derechos humanos y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del Río Apulco: Resultados principales de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del Proyecto Minero Tuligtic

Boletín de Prensa: Almaden Minerals cotiza nuevas acciones para financiar su actividad minera en Puebla, sin contar con permiso de exploración

Fotos: Leticia Ánimas Vargas

Artículo de The Goldman Environmental Prize/El Premio Goldman de Medio Ambiente, conocido como el «Premio Nobel del Medio Ambiente», entregado cada año a un defensor o una defensora del medio ambiente de cada continente, por la fundación estadounidense Goldman Fund. Este 23 de abril, el defensor guatemalteco Rodrigo Tot recibió el premio para Centroamérica y América del Sur.

Rodrigo Tot, 59 años, es un líder comunitario maya q’eqchi de la aldea de Agua Caliente (municipio El Estor, departamento de Izabal, Guatemala). Guío a su comunidad a una decisión judicial que sentó un precedente histórico, la cual ordenó al gobierno que emitiera títulos de propiedad para el pueblo q’eqchi y evitó que la destructiva minería de níquel se expandiera a su comunidad. Por esta labor en defensa del territorio ganó el Premio Goldman de Medio Ambiente para Centroamérica y América del Sur.

Una larga historia de incursiones

El lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y sus tierras circundantes en El Estor, son un lugar de vital importancia para el pueblo indígena Q’eqchi. Como descendientes de los antiguos mayas, los Q’eqchi mantienen su vida cultivando y pescando. Defendieron su territorio de los colonos españoles en el siglo XVI y, cientos de años más tarde, están luchando por su tierra una vez más, esta vez contra su propio gobierno y las empresas multinacionales interesadas en explotar los depósitos de níquel en sus tierras.

En la década de 1960, el gobierno guatemalteco comenzó a otorgar permisos a mineras multinacionales en un intento de sacar tajada a los precios del níquel en aumento. Entre las minas establecidas durante esta fiebre estaba la mina Fénix. Dejó de operar en los años ochenta cuando el precio del níquel se estrelló, pero no antes de descargar aguas residuales no tratadas en el lago Izabal y convertirlo en el lago más contaminado del país.

El precio global del níquel se recuperó y, en 2006, las empresas mineras regresaron a El Estor. El gobierno emitió un permiso no sólo para que reinicien la mina Fénix, sino que también expandan sus operaciones en la aldea Q’eqchi de Agua Caliente. Las fuerzas de seguridad de la empresa comenzaron a expulsar a la gente de sus tierras, violando los tratados internacionales que requieren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.*

*Info complementaria de Otros Mundos A.C.: La empresa que reactivó la mina Fénix es la Companía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la minera canadiense Skye Resources, la cual fusionó en el 2008 con otra minera canadiense, Hudbay Minerals. Se crea ese mismo año una nueva subsidiaria de Hudbay, HMI Nickel Inc., dueña actual de la mina. El proyecto ha generado protestas desde el 2005. En el 2009, Hudbay lanzó un operativo de desalojo en el que un habitante de la comunidad Puerto Barrios en El Estor, Adolfo Ich, fue asesinado a balazos y machetazos por el entonces jefe de seguridad de Hudbay, Mynor Padilla. El mismo dejó paralítico a otro habitante, Germán Chub Choc. Por esos crimenes, Mynor Padilla fue absuelto el 6 de abril 2017.

El Estor

Estableciendo bases legales para defender sus tierras

Rodrigo Tot nació en el centro de Guatemala justo cuando el boom minero de los años 60 estaba en marcha. Después de perder a sus padres a una edad temprana, se mudó a vivir con sus parientes en Agua Caliente cuando tenía 12 años. El pequeño pueblo llegó a ser su hogar donde creció, aprendió a cultivar, se casó y crió a sus hijos.

Tot nunca recibió educación formal, pero aprendió a hablar español escuchando a otros -una habilidad valiosa para una comunidad indígena que estaba culturalmente privada de los derechos disfrutados por el resto del país. Tot recuerda cómo funcionarios del gobierno y de la compañía nunca hablaron con la comunidad local sobre las minas. Los Q’eqchi sólo se enteraron cuando los mineros llegaron a su tierra para comenzar a trabajar.

El miedo comenzó a propagarse por la comunidad. La gente estaba preocupada de perder su tierra y con ella, su sustento. Tot vio la necesidad de comenzar a reunir pruebas de posesión Q’eqchi de las tierras y, en 2002, como el presidente electo de Agua Caliente, trajo estos documentos al gobierno y solicitó títulos de tierras. Para su consternación, descubrió que varias páginas del catastro oficial habían sido removidas en un intento deliberado de negar a su pueblo sus derechos sobre las tierras.

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Un fallo inesperado

El siguiente recurso para la comunidad fue someter a juicio al gobierno. Tot encontró apoyo legal con el Centro de Recursos para la Ley Indígena (ILRC- por sus siglas en inglés), localizado en los EE.UU., y Defensoria Q’eqchi, una pequeña organización de derechos humanos en Guatemala. El equipo pasó años preparando su caso para establecer las reclamaciones legales a la tierra de la comunidad, incluyendo un estudio geográfico de Agua Caliente y la cadena de propiedad de la tierra. Como una de las pocas personas de Agua Caliente que hablaba español, Tot tradujo todos los detalles de los trámites para la comunidad, organizó reuniones para ayudar a reunir evidencia y contestó las preguntas de los aldeanos.

El 8 de febrero de 2011, dos años después de que la comunidad de Agua Caliente presentó su demanda, el Tribunal Constitucional emitió una decisión histórica. Reconociendo los derechos de propiedad colectiva de los Q’eqchi, el tribunal ordenó al gobierno que reemplazara las páginas que faltan del registro y expidiera títulos de propiedad a los habitantes de Agua Caliente. La sentencia fue una sorpresa para los activistas ambientales e indígenas de todo el mundo que eran bien conscientes de la corrupción en el sistema legal de Guatemala y no confiaban en la capacidad de la corte para ver lo atroz que habían sido estas violaciones.

La victoria ha sido lograda con un enorme costo personal para Tot. En 2012, dos de sus hijos se encontraban en un autobús a la Ciudad de Guatemala cuando fueron fusilados en lo que parecía ser un robo en escena. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió con graves heridas.

Mientras tanto, la búsqueda de Tot y su comunidad para asegurar los títulos de tierras continúa. El gobierno todavía tiene por hacer cumplir la decisión de la corte y la compañía minera continuó llevando adelante su extensión. En respuesta, Tot estableció un grupo de vigilancia comunitaria para mantener a raya a los intrusos. En 2014, las fuerzas de seguridad intentaron entrar al pueblo, pero se retiraron después de un pacífico enfrentamiento dirigido por Tot. No han vuelto desde entonces. El caso ha sido priorizado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está revisando actualmente bajo un estatus acelerado.

Video: El Capítulo Guatemala del documental «Fraude de Flin Flon» de John Dougherty,

sobre las actividades de Hudbay Minerals en El Estor

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Video: El documental «Fraude de Flin Flon»  completo,

sobre las actividades criminales de Hudbay Minerals en varias partes del mundo

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Información en MiningWatch

Foto: Goldman Environmental Prize

Petición en línea en la página del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4)

Tras años de mesas de diálogo, cumbres y foros de discusión, el gobierno panameño continúa imponiendo un modelo neoliberal que afecta la vida de indígenas y campesinos. Numerosos testimonios de poblaciones afectadas por la contaminación y los conflictos sociales demuestran que ésta no es una salida al empobrecimiento sino todo lo contrario. Las poblaciones, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos de Panamá exigen al gobierno nacional la cancelación del modelo extractivo minero y aspiran a continuar el camino de la construcción de una Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional.

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>> Firmar la petición en línea (se presentará con copia al Presidente de Panamá Juan Carlos Varela, al Ministerio de Ambiente de Panamá, al Ministerio de Comercio e Industria MICI Panamá, a la Contraloría General de la República de Panamá y al Ministerio de Salud de la República de Panamá)

 La petición:

1. Transcurrida más de una década, a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social, son pocas, máxime en las comunidades rurales (indígenas y campesinas). La exclusión social, empobrecimiento, la ejecución de políticas paternalistas (Beca Universal, SENAPAN, Red de Oportunidades, 120 a los 65, otros), y proyectos extractivos tales como la minería e hidroeléctricas, han hecho de nuestros pueblos una vida improductiva, y más dependiente.

2. Ante la crisis ambiental que sufre el planeta, observamos con mucha preocupación la carencia de soluciones verdaderas al cambio climático, hambre y agua. De la cual han transcurrido mesas, cumbres y foros nacionales e internacionales, con pocas probabilidades de aplicar los acuerdos producidos. Convirtiéndose éstas en otra carga más a la situación socio ambiental, y donde la minería metálica agrava dicha crisis. Por ende, no hay forma que el extractivismo minero, como es Minera Cerro Quema, garantice la preservación de los acuíferos de la provincia de Los Santos, tan necesarios en una región golpeada por las sequías y en donde los productores santeños han realizado cuantiosas inversiones.

3. En la escena de la mal llamada globalización, la economía de Panamá marcó un auge. Sin embargo, a su extremo, el índice económico alcanzó una mala distribución de la riqueza. Y en la actualidad se mantiene, expresado en los pueblos indígenas, áreas campesinas y periferia urbana de la capital istmeña. En el marco de la política económica, la minería no ha demostrado ser otro renglón del producto interno bruto PIB para solventar la carencia de mejores condiciones para la salud, educación, transporte, acueductos y seguridad social.

4. Pruebas y testimonios de familias afectadas y daños ambientales por la industria extractiva minera en Panamá son evidencias para que el gobierno desista con su discurso desarrollista, favoreciendo, bajo el libre comercio, a las transnacionales del capital minero. Los casos de Minera Remance, Mina Santa Rosa, Petaquilla Gold y otros, son muestra de que a Panamá no le corresponde este modelo de producción económica, y que por el contrario ha empeorado el estatus social de las comunidades rurales cerca a los proyectos, generando contaminación, conflictos laborales, aumento de la crisis ambiental local y aislamientos obligados de comunidades fuera de límites de concesión minera, como es el caso de los pobladores de la comunidad de Donoso, secuestrados por Minera Panamá. De igual manera la nula rendición de cuentas y transparencia de lo que revierten las exportaciones del oro y otros metales.

5. Por lo anterior, comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los Derechos Humanos, movimientos sociales y de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá.

6. Rechazamos las pretensiones del Gobierno de Panamá de aplicar la mal llamada Economía Verde, bajo programas como Compensaciones por Pérdida de la Biodiversidad, Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, Servicios Ambientales y otros, en la lógica financiera; ya que son formas de justificar la continuidad de una economía de libre mercado a través de la minería y otros proyectos extractivos.

7. Exigimos reformas a la legislación minera en territorio panameño, paralelamente la pronta cancelación de concesiones que incumplen con los preceptos legales de dicha actividad. Y el Estado cumpla pronto con las sanciones penales a proyectos que han generado consecuencias negativas (contaminación en Coclesito, enriquecimiento ilícito en Donoso, etc.) para el ambiente y los poblaciones. De igual forma exigimos a las empresas mineras el cierre de sus operaciones como lo estipula el código minero panameño, ya que luego del fracaso de sus objetivos, abandonan sus obligaciones.

8. Las comunidades rurales, hostigadas por estos proyectos depredadores en Panamá, aspiramos a un Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional. Que también contribuya a un mejor nivel de calidad de vida para las y los panameños.

Frente Ciudadano contra la Minería en Coclesito
Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo Ngäbé Büglé y Campesino
Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE
Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC
Frente Santeño contra la Minería
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Capitulo de Panamá

>> Firmar la petición en línea

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de abril

 

Denunciamos el contubernio del gobierno de Chiapas

con las empresas mineras en el Soconusco

• La empresa minera el Puntal S.A. de C.V. hostiga, amenaza y bloquea a los ejidos que denuncian la actividad minera;
• El gobierno de Chiapas omite las denuncias de la población, simula atención al conflicto y apoya a las empresas mineras.

>> AUDIO + VIDEO:

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En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) comunicamos nuestra decisión de suspender las mesas de trabajo establecidas con el gobierno de Chiapas por incumplimiento de acuerdos, así como los hechos que nos demostraron su complicidad con la empresa El Puntal S.A de C.V. para crear división comunitaria en los ejidos y deslegitimar nuestra lucha.

Hoy, alzamos la voz y llamamos a los medios de comunicación, organizaciones y colectivos para denunciar que las amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera El Puntal S.A de C.V. se elevan con la protección de la Policía Estatal y que las instancias de Salud y Medio Ambiente del gobierno de Chiapas cierran el trabajo de investigación que les correspondería realizar para atender los casos de afectación a la salud, niegan todo tipo de contaminación o alteración al medio ambiente, justifican los permisos autorizados a las empresas y desvían responsabilidades entre diferentes instancias para no asumirlas.

Lo que afirman las instancias de Salud y Medio Ambiente, y lo que les contestamos:

a) El Dr. José Esaú Guzmán Morales, Jefe de Jurisdicción Sanitaria No.7 afirma no encontrar casos sospechosos de afectación a la salud o indicios de algún problema en el agua por la minera en el ejido Libertad, tampoco acepta aumento en la mortalidad en Acacoyagua (Oficio no. JST/ST/005/2147/2017).

>> Contestamos: Las conclusiones que elabora el Dr. José Esaú Guzmán Morales son a base de una brigada de visita al ejido Libertad que realizó una campaña de limpieza de manos, en una sola visita de 3 horas el 6 de octubre del 2016, sin presentar perfil profesional del personal, protocolo de investigación epidemiológica y estudios del agua que comprueben que la comunidad no se encuentra expuesta a ningún tipo de contaminación.

b) Amado Ríos Valdez, Delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) detalla que los permisos para la explotación y exploración para la empresa El Puntal S.A de C.V. fueron otorgados para que la ilmenita (la roca de donde se extrae el titanio) fuera extraída en bruto y se llevara a otro lugar para la separación de minerales (oficio Núm. 127DFSMARNT/15S.114.3/626/2017). Expone que el titanio no es contaminante e incluso que el dióxido de titanio se utiliza en varios productos.

>> Contestamos:

– El proyecto «Casas Viejas» es solo uno de los cinco proyectos establecidos desde el 2012 en Acacoyagua y Escuintla que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo y en un área de una de las fallas tectónicas más importantes de México: la falla de Matagua (de la que ya se han extraído 49,000 toneladas de titanio, según reporte de la empresa Male S.A de C.V.).

– Además, la SEMARNAT no contempla los impactos acumulativos de todos los proyectos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada (ubicada río debajo de los ríos Cacaluta y Cintalapa): deforestación, riesgo para la biodiversidad que mantiene el ecosistema, daño a los mantos acuíferos por los barrenos, entre otros. Además, aunque afirma que no ha otorgado permisos en área de reserva natural si los ha otorgado para 17 concesiones más.

c) La PROFEPA por su parte, junto con la delegación de la SEMARNAT, asegura que no realiza ninguna inspección porque la mina «Casas Viejas» apenas se encuentra en fase de exploración.

>> Contestamos: La población ha comprobado la extracción del mineral y dos carreteras clandestinas para transportar el material. La PROFEPA no presentó los reportes semestrales de atención a medidas de mitigación para la supuesta fase de exploración.

Por todo lo anterior, denunciamos que el gobierno de Chiapas no cumplió con los compromisos que tomó en el marco de las mesas de trabajo y simuló atender el conflicto minero y las violaciones a derechos humanos que sufrimos en la región a causa de la actividad minera.

Expresamos nuestra preocupación por el avance de las amenazas y hostigamiento hacia los campamentos y a los integrantes del FPDS:

– El bloqueo de la empresa  El Puntal S.A. de C.V. al paso para la administración del agua potable en el ejido de La Cadena, en el lote «El Encuentro»;

– Hostigamiento a los y las integrantes del FPDS por parte de elementos la Policía Estatal el 8 de abril 2017 en el campamento «José Luciano» ubicado en La Cadena;

– Notas en periódicos y en la radio donde se asegura que los/as integrantes del FPDS son grupos de choque, amenazan a la población y extorsionan a la población para dar paso en los campamentos.

Exigimos:

1. La suspensión definitiva de la actividad minera en la región, así como realice la vigilancia correspondiente por parte de las Autoridades ambientales;
2. El cese al hostigamiento y amenazas al FPDS. Alertamos sobre el incremento de las amenazas y protección del gobierno hacia las mineras;
3. La cancelación definitiva de los permisos y concesiones otorgados a empresas mineras en Escuintla y Acacoyagua.

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fotos: Conferencia de prensa del FPDS y REMA en Tuxtla Gtz el 10 de abril 2017

1 (Crédito: FPDS): 4 integrantes del FPDS; Libertad Díaz de Otros Mundos A.C./REMA y Miguel Angel Mijangos de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP A.C.)/REMA; Sandra Urania, investigadora de la UNICACH; Nataniel Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

2 (Crédito: Otros Mundos A.C.): 4 integrantes del FPDS; Libertad Díaz de Otros Mundos A.C./REMA y Miguel Angel Mijangos de Procesos Integrales para la Autonomía de los Pueblos (PIAP)/REMA

Más información:

– El Frente Popular en Defensa del Soconusco sigue reclamando que se respeten las declaratorias de municipios libres de minería

– La lucha contra la minería en Chiapas se oye desde la radio pública de Madrid

– Lo/as oponentes a la minería en la Costa de Chiapas denuncian al gobierno por no cumplir con acuerdos

– Después de la visita de la MODH, la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco continúa

– Soconusco, Chiapas: llevan 15 días en campamentos para detener la minería (+VIDEO)

En los medios:

Activistas denuncian «contubernio» entre el gobierno de Chiapas y mineras (Proceso)

¡Hartos de delegados corruptos! ¡Que se vayan Sagarpa y Semarnat! (Diario de Chiapas)

Denuncian el contubernio del gobierno con las empresas mineras en Costa-Soconusco (Chiapas Paralelo)

El gobierno de Chiapas es omiso y simula atención al conflicto y apoya a las mineras: FPDS (Regeneración Radio)

Boletín informativo del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz García» – Chicomuselo, Chiapas, a 14 de marzo 2017

Foto: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz García»

A los distintos niveles de gobierno,

A las organizaciones de derechos humanos,

A las organizaciones ambientalistas en mexico y el mundo,

A los medios de comunicación,

A la opinion pública,

Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomuselo, Chiapas, por defender sus territorios, temen que se reinicie la actividad minera en la zona.

Los hechos ocurrieron como a las 15 horas del día 09 de marzo del presente año en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de este mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron al C. EDUARDO CLEOFAS TRUJILLO TOVAR, con domicilio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de barita que se localiza en ese lugar.

Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a esta persona cuando apareció el C. ISIDRO LOPEZ ALVARADO, vecino del poblado Ricardo Flores Magón quien portaba un arma tipo revolver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo: «Me vale madre matar, porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera.» En ese momento se encontraban los CC. OLEGARIO VELAQUEZ BRAVO, REYNOL PEREZ VAZQUEZ, ESTEBAN SILVERIO VELAZQUEZ PEREZ, ROSALINDA VELAZQUEZ LOPEZ, UVIN PEREZ BARRIOS, EFRAIN VELAZQUEZ PEREZ, JUAN JOSE DIAZ RIVERA, GILBERTO ALVARADO BRAVO, JOSE LUIS DIAS VELAZCO, DEMETRIO GARCIA AGUILAR, REFUGIO ROBLERO GONZALEZ, EUGENIA DIAZ VELAZCO, RAMIRO PEREZ BORRALLAS, SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ, SANTIAGO PEREZ VAZQUEZ, MARGARITO PEREZ ORTIZ, FRANCISCO GARCIA JIMENEZ, FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, MARDONIO HERNANDEZ SANCHEZ, MARISOL ROBLERO VERDUGO, CESAR FUENTES DIAZ, ERNESTINA PEREZ VAZQUEZ, ELEAZER FERNANDEZ DIAZ, ENTRE OTROS, quienes al ver a esta persona amenazando con dispararles, prefirieron no hacer nada, después de esto el sujeto se fue del lugar quien seguía amenazándolos de muerte, posteriormente el retenido fue trasladadoa la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaria de Gobierno de la Región XI Sierra Mariscal se de atención al presente asunto.

En este mismo día los inconformes levantaron una denuncia de los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas. LIC. LEVI SANCHEZ GONZALES por la probable comisión de hechos delictuosos, amenaza y homicidio en grado de tentativa, EN AGRAVIO DEL C. ESDRAS PEREZ ZUNUN Y DEL GRUPO DE PERSONAS ANTES MENCIONADAS por la cual se dio inicio a la indagatoria bajo el número R.A. 016-030-0605-2017.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a los proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Black Fire, el cual se incrementó con el asesinato del defensor ambientalista MARIANO ABARCA ROBLERO en noviembre de 2009.

Desde esa fecha las comunidades se han organizado para detener la entrada de empresas mineras a las comunidades y a la vez, han realizado foros, encuentros, marchas, peregrinaciones y reuniones con diversas dependencias para frenar definitivamente la explotación minera en este municipio, lo cual no ha sido cumplido hasta el momento.

Como ejemplo, el 18 de mayo del año 2016, la Subsecretaria de Gobierno de la región con cabecera en la ciudad de Motozintla Chiapas, se comprometió a solicitar la presencia de funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para una reunión con habitantes del ejido Grecia donde se daría a conocer el posicionamiento del Gobierno del estado de Chiapas de no permitir la explotación minera.

El 14 de junio de ese mismo año 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se firmó una minuta de trabajo en la que estuvieron presentes, por las dependencias. Los CC. MARCO ANTONIO MORALES LIEVANO, en representación del gobierno del estado y representantes de la Secretaría de Economía, de CONAGUA, SEMARNAT, SEMANHT, Representantes del Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, así como representantes de las comunidades inconformes con la actividad minera, en el que la subsecretaría de Gobierno se comprometió a convocar a una reunión entre ejidatarios inconformes y el Secretario de Gobierno para iniciar el proceso de revocación de las concesiones mineras en este municipio, minutas a las que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento, por lo tanto los problemas se incrementan cada vez más.

Por tal razón las comunidades inconformes continúan en constante vigilancia para proteger sus territorios y evitar que empresas continúen con la depredación del medio ambiente a través de la explotación minera, por lo que en reiteradas ocasiones han retenido a empleados de diversas empresas interesadas en la explotación de minerales en la región.

En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del Estado su pronta intervención en el presente asunto, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento cada vez mayor entre campesinos.

Es importante señalar que en el caso de Mariano Abarca Roblero en el año 2009, días antes había sido amenazado, por lo que se inició un acta administrativa ante el Agente del Ministerio Público, y a pesar de esto, días después fue asesinado.

Por todo lo anterior, solicitamos:

– A los tres niveles de gobierno, el cumplimiento a los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio, toda vez que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales de protección a sus tierras y sus recursos naturales.

– Se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y el país.

– Que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar el seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas el 09 de marzo del presente año a fin de que se apliquen medidas para salvaguardar la integridad de las personas agraviadas.

Documento original:

 

Más información:

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Chicomuselo en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra

Declaran a Chicomuselo territorio libre de minería

Minería: 5 empresas canadienses declaradas responsables de violaciones de derechos humanos en América Latina por el TPP

Complicidad del Estado canadiense en abusos del sector minero: el caso Blackfire Exploration y la embajada de Canadá

Video 1: Tercer Foro en defensa y cuidado de la Madre Tierra – Chicomuselo, Chiapas, Noviembre 2014

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Video 2: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca, su familia pide justicia y denuncia amenazas en su contra, Noviembre 2014

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El domingo 26 de marzo, se llevó una consulta popular en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, Colombia, amenazado por el proyecto de mina de oro a cielo abierto La Colosa, de la empresa AngloGold Ashanti. La pregunta fue: «¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?». La respuesta fue NO al 97.92%. Pero el gobierno niega el carácter vinculante de la decisión del pueblo, reconicido por la Ley colombiana. Lo que sigue es el comunicado del Comité Ambiental en Defensa de la Vida en respuesta al Gobierno.

Ministro de Minas de Colombia desconoce la democracia y la ley

Hay que enfatizarle al Ministro de Minas, Germán Arce, que el proyecto minero de La Colosa no tiene licencia ambiental, es decir, no tiene ningún derecho adquirido. Es importante recordar que en relación a los títulos mineros, la Corte Constitucional (ver Sentencia C-035 de 2016) definió que el Estado puede limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión (entiéndase título minero), cuando con ello se pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional. En este caso podemos afirmar que el derecho colectivo al ambiente sano, el derecho a la participación ciudadana y la autonomía de los territorios son superiores y prevalecen sobre las expectativas económicas de los mineros. En tal sentido, es falso afirmar que la tenencia de un título minero representa derechos adquiridos.

Al Ministro de Minas hay que recordarle que el artículo primero de la Constitución Política de Colombia define que somos un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista; que los municipios tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo y promover la defensa del patrimonio ecológico desde el principio de la autonomía territorial (ver artículos 287, 311 y 313).

El Ministro olvida intencionalmente que uno de los principios del Estado Social de Derecho colombiano es la participación ciudadana, la cual es reconocida como derecho fundamental. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana tenemos que la CONSULTA POPULAR se encuentra soportada constitucionalmente en los artículos 40, 103, 104, 105 p y por medio de ella se convoca al pueblo para decidir asuntos de competencia para la comunidad, cuya decisión es de obligatorio cumplimiento en los términos de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1557 del 2015.

En relación al carácter vinculante de las Consultas Populares es importante referenciar los aportes que el Centro de Investigación Jurídica de Justicia plantea sobre el asunto: La decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria[1]. La ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Consejo Municipal está obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisión del pueblo[2]. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en última instancia el alcalde) está obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la minería.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que la Consulta Popular de Cajamarca tiene un soporte constitucional, legal y democrático que permite proteger el patrimonio ecológico del municipio, la vocación agroalimentaria, el derecho colectivo al ambiente sano, la salud de nuestra niñez y familias, la identidad campesina y el agua frente a la amenaza que representan los proyectos mineros contaminantes.

Pese a las posturas centralistas, autoritarias y unilaterales que esboza el Ministro de Minas que desconocen la Constitución Política Colombiana, la Convención Americana de Derechos Humanos, la autonomía de las entidades territoriales, la democracia y la voluntad popular, es claro que la decisión de los cajamarcunos debe ser asumida por las autoridades locales y no puede ser desconocida por el gobierno nacional. En conclusión, la AngloGold Ashanti debe salir de la despensa agrícola de Colombia y respetar la voluntad popular.

Gracias Cajamarca por ratificar que nuestros derechos

no se negocian y que nuestra dignidad no se vende

[1] Ley 134 de 1994. “Artículo  8º.- Consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.”

Ley 1757 de 2015. “Artículo 41. Carácter de la decisión y requisitos. La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los siguientes requisitos: (…)c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral;”

[2] Ley 1757 de 2015. “Artículo 42. Consecuencias de la aprobación popular de un mecanismo de participación ciudadana que requiere votación. Los mecanismos de participación ciudadana, que habiendo cumplido los requisitos contemplados en el artículo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias: (…)c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.

Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) días siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de dos meses.

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Más información:

VIDEO: Este pueblo colombiano le dijo no a la minería (CNN)

«La Anglogold debe irse de Cajamarca», dice líder del NO

AUDIO: El ministro de Minas afirma que hay un título que le permite a Anglo Gold Ashanti explorar

Revista de Prensa #12: Colombia dice NO a la minería

El Twitter de la Consulta Popular