Categoría: Minería

Las organizaciones y pueblos que integran la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en la Defensa del Territorio (APOYO) denunciaron el 13 de de marzo 2017 en un comunicado las agresiones que sufrió el excomisariado de bienes comunales, Juan Luis Arrona, por defender las tierras comunales de Ixtepec ante proyectos extractivos.

Comunicado de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en defensa del territorio (APOYO):

Nos solidarizamos y respaldamos al pueblo de Ixtepec ante los actos de amedrentamiento y amenazas por parte del impugnado comisariado de bienes comunales

El domingo 12 de marzo, en Ixtepec, Oaxaca, un grupo de aproximadamente 50 personas, entre comuneros y avecindados, liderados por Germán Rosado Valencia, presunto presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtepec, llegó de forma violenta con gritos de intimidación y amenazas al domicilio particular de Juan Luís Arrona (expresidente del Comisariado).

La comuna de Ixtepec se encuentra en una situación ilegal, porque el actual Comisariado enfrenta un juicio de nulidad de elección en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca, bajo el expediente 1479/2015, y se está a la espera de su definición.

Este acto violento de intimidación sufrido por el expresidente de Bienes Comunales Juan Luís Arrona, es por su activa participación en el rechazo al proyecto minero en esta comunidad en 2013, cuando fue representante comunal, así como su negativa a la
entrega de las tierras comunales de Ixtepec a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para proyectos eólicos y mineros de empresas trasnacionales.

Desde que el impugnado Germán Rosado asumió el cargo, se ha dado a la tarea de entregar tierras comunales de Ixtepec a la CFE para la construcción de líneas de transmisión, una subestación y parques eólicos (uno de ellos servirá para alimentar en energía a la mina a cielo abierto que pretenden imponer a esta comunidad). Todo este proceso se ha dado de forma ilegal, con engaños, repartiendo dinero e incluso falsificando un acta de asamblea donde supuestamente los comuneros otorgan al Comisariado un poder general para firmar todo lo que CFE determine.

Estos actos de despojo forman parte de la Segunda Fase de Desarrollo Eólico y la Zona Económica Especial que viene a nuestra región del Istmo de Tehuantepec, y por la cual se construirían alrededor de 19 nuevos parques eólicos, para producir más de 3683 MW de energía; la instalación de tres minas a cielo abierto, una precisamente en Ixtepec, gasoductos, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y proyectos hidroeléctricos.

Denunciamos que quienes se encuentran por detrás de estos megaproyectos y la violencia contra los pueblos, organizaciones y personas que defendemos nuestro territorio son la CFE, empresas privadas nacionales y extranjeras, el gobierno estatal, federal y municipal que utilizando a las autoridades agrarias, crean conflictos y dividen a las asambleas comunales, en este caso, no se ha informado al pueblo de Ixtepec de éstos proyectos, y mucho menos respetan su derecho a la autodeterminación, consagrado en al 2º. Constitucional.

Las organizaciones y pueblos que integramos la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en la Defensa del Territorio (APOYO):

• Denunciamos las agresiones que sufrió el excomisariado de bienes comunales Juan Luis Arrona, por defender las tierras comunales de Ixtepec de los proyectos de explotación y muerte, y exigimos el castigo de los responsables.

• Denunciamos la violencia que los gobierno federal y estatal están implementando en nuestro territorio, para amedrentarnos e imponer estos proyectos de muerte que los gobiernos abanderan como proyectos de «desarrollo».

• Nos solidarizamos con el pueblo de Ixtepec y sus organizaciones que están en la defensa de su territorio. Convocamos a estar alertas e impedir que se repitan estos actos de violencia, ya que el Comisariado impugnado ha amenazado públicamente de volver a casa del excomisariado.

• Hacemos un llamado a los pueblos del Istmo, organizaciones sociales y a la sociedad civil a respaldar la lucha del pueblo Ixtepecano y a no claudicar en la defensa de la vida y el territorio.

Más sobre el tema:

– No a la mina en Ixtepec

– Rechazan operación de minas en Oaxaca

– Reiteran pobladores rechazo a minería en Ixtepec, Oaxaca

– El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES I

– El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES II

Artículo de Dulce Olvera publicado en Sin Embargo

Un miembro del Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: «amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después».

De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas. Además de afectar su medio ambiente contaminando sus aguas, hay casos de tres asesinatos y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios relacionados con estas firmas.

¿Cuál amistad? Los canadienses suelen venderse en el mundo como una nación defensora de los derechos de los más débiles, de una supuesta convicción igualitaria, de solidaridad con los pueblos. pero apenas tiene oportunidad o le llega alguna presión, y esos principios se los guarda para después.

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Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Alrededor de cien elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la comunidad La Sierrita de Galeana. Dos meses después, un grupo de sujetos con palos y piedras desalojó la protesta a golpes.

«No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago», afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco. «Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados».

Un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que aquella ocasión «las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon».

Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. «Ya déjense de chingaderas», «dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder», dicen los textos.

El domingo pasado una patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.

«No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales», aseguró.

Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.

En La Sierrita, Durango, la mina La Platosa desperdicia y contamina el agua. Foto: prodesc.org

«Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma», afirmó Pacheco. Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5 kilómetros de la mina.

Tras varios años de juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.

La autoridad ordenó a la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento durante tres meses. El abogado lo interpreta como una condicionante y un embargo a las tierras.

A su vez, ordenó el Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como indicaba el contrato. Pero de acuerdo con López fueron también otras cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido utilizando durante tres años más sin pagar, dijo. Por cada año, la canadiense les debe 7 millones de pesos.

No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.

Además de afectar su medio ambiente, se han documentado tres asesinatos*, y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios.

En México, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja de maple destaca en varios.

Estas son las mineras “amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.

* Mariano Abarca en Chiapas (2009), Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en Oaxaca (2012)

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“Defenderemos nuestro territorio contra la minería, como defiende la madre a sus hijos”: Comunera de Zanatepec, Oaxaca

Atziri Ávila, Oaxaca Media

ZANAPATEPEC, Oax.  “Lo que tenemos en nuestro territorio es algo preciado, tenemos el río que no está contaminado, nuestras huertas, ganado, el aire, una economía local. La minería lo destruiría todo, provocaría enfermedades, destruiría las montañas y quienes labramos la tierra no tendríamos donde trabajar, por eso las comuneras defenderemos a la madre tierra, como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos”, afirmó  Carmen Ramos Román, comunera de Zanatepec, Oaxaca en la marcha ¡No a la minería, sí a la vida!, realizada en defensa del territorio en el oriente del Istmo de Tehuantepec.

De 2008 al 2013 el gobierno federal ha otorgado cinco concesiones mineras para la exploración y explotación de oro, cobre y zinc que afectarían al menos 30 mil hectáreas del territorio indígena. Luego de ello, las comunidades de Zanatepec afectadas conformaron en 2015 la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias.

“Zanatepec se ha unido para luchar y trabajar juntos, los adultos ya vamos para abajo pero nuestros hijos y nietos apenas comienzan a vivir y queremos que vivan como nosotros estamos viviendo, libres, tranquilos, sin contaminación y sin delincuencia” –continúa la comunera indígena-. “Es importante que los jóvenes, las niñas y los niños vean nuestra lucha por un pueblo libre y unido. Zanatepec unido jamás será vencido”, advierte Carmen Ramos Román de 66 años de edad.

La marcha realizada el domingo 20 de noviembre, convocó a casi cinco mil personas de los Bienes comunales de Zanatepec, de Ejido Río Ostuta, Ejido Río Manzo, Ejido Pascual Fuentes, Ejido Huanacastal, Ejido Ixtacal y el Ejido Zanatepec, quienes conforman la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec. Reunió también a niños y jóvenes de las escuelas públicas de la comunidad, y a la población en general.

“A las personas que nos ven por las calles queremos decirles que la lucha es de todos, no de unos cuantos. Hoy Zanatepec ha despertado. Queremos decirle a los gobiernos que ya basta de alzar sus banderas hoy tenemos que unirnos como un solo pueblo, como un solo Zanatepec que defiende su tierra y territorio. Aquellos políticos que alzan sus banderas cómo si la lucha fuera de un partido o de unos cuantos, queremos decirles que aquí la lucha es de nuestros pueblos, de los campesinos,  de las amas de casa, de los estudiantes, de los niños, y no vamos a dejar que este proyecto de muerte se instale en nuestra comunidad”, dijo José Luís Martínez Miguel, integrante del Grupo Juventud por el Desarrollo de los Pueblos, quien micrófono en mano, informó sobre los impactos de la minería durante la marcha.

“Salimos a las calles a manifestar nuestra inconformidad frente a la minería y desde acá le decimos al gobierno federal, estatal y municipal que aquí estamos, que la lucha apenas comienza y que defenderemos nuestra tierra si es necesario hasta con la vida. Hoy hemos caminado por estas calles que nos heredaron nuestros pasados, nuestros abuelos y nuestros padres, no es posible que el aire que hoy respiramos el día de mañana lo respiremos contaminado, no es posible que el agua que tomamos y con la que nos bañamos, el día de mañana se contamine y tengamos que migrar e irnos de nuestra tierra por eso les decimos que no permitiremos la entrada de la mina”, advirtió el joven Istmeño.

La marcha en defensa del territorio contó con la presencia de personas de todas las edades. Uber Escobar Ramos, de 67 años, dijo que estaba ahí en defensa de las arboledas, el ganado y agua. “Producimos mango, sandía, melón, sembramos lo que comemos y vendemos para vivir,  si la minería entra nos van a venir a envenenar todo”.

Por su parte, Uriel Fuentes, niño de 10 años y estudiante de la Primaria Lic. Adolfo López Mateos, dijo que estaba ahí con su madre y hermanos, porque es necesario “salvar a nuestro pueblo de Zanatepec para que no se siga contaminando el planeta”.

Oniel Sánchez Cirilo, presidente del comisariado Pascual Fuentes, aseguró que “los efectos de la minería en cualquier territorio son muy contaminantes, nos echaría a perder todo nuestro ecosistema, afectaría nuestras actividades cotidianas, no podríamos ser generadores de empleo, afectaría la salud. Por eso desde acá le decimos a los diputados, senadores y al gobierno federal “que tengan el valor de venir aquí y decirnos porque se concedió nuestro territorio sin nuestro consentimiento, y que nosotros no vamos a ceder jamás”.

Luis Meza López, Agente Municipal y Delegado de la colonia Rio Ostuta, afirmó que continuarán la defensa de su territorio principalmente por los niños y niñas. “Nosotros ya vamos de salida pero queremos dejarle a los niños una buena herencia: alimentación y un medio ambiente sano, y la minería no garantiza eso al contrario es un veneno para la naturaleza. En este caso afectaría la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, toda la zona Huave, el río Ostuta que desemboca en el mar y que es el sustento de muchas familias, por eso hemos ido a las comunidades como Pueblo Nuevo, Tapana, Chahuites, Reforma, Ixhuatan a informar para concientizar a la gente”.

Onorio Antonio Ríos, presidente de bienes comunales de Zanatepec aseguró que la minería destruiría la economía, la ecología, el entorno y su forma de vida. “Además, la minería tiene mucha paciencia y es una lucha de muchos años por lo que  es necesario seguir concientizando a los niños y jóvenes”.

La marcha ¡No a la minería, si a la vida! es la primer marcha en la historia del pueblo gulucheño en defensa del territorio, la cual unió por primera ocasión al sector agrario, educativo y los bienes comunales. A pesar de que personas ajenas a la comunidad buscan estrategias para convencer a la población de aceptar a las mineras (como la asignación de proyectos productivos, la promesa de realizar o mejorar las carreteras, la comunicación, el transporte y hospitales), Zanatepec y San Miguel Chimalapa, San Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, Tapanatepec y Chahuites, otros de los municipios que resultarían afectados por las concesiones mineras, refrendaron la lucha por la defensa del territorio, al mismo tiempo que conmemoraban el 106 aniversario de la Revolución Mexicana.

Por MovimientoM4*

No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.

No hay duda alguna, el modelo extractivo minero es el megaproyecto de mayor impacto territorial que, además de avasallar los derechos humanos y los bienes de la naturaleza, fomenta el acaparamiento y despojo de tierras y en consecuencia es promotor “natural” de la destrucción de la Madre Tierra.

A nivel mundial, Mesoamérica se caracteriza por poseer una gran diversidad biológica y cultural, no solo por su milenaria historia precolombina, sino también por su ubicación geográfica en la zona ecuatorial, lo que hace de ésta una región con particularidades que derivan en una gran riqueza de bienes naturales y de reserva hídrica, hogar de especies endémicas nativas en peligro de extinción y con zonas de vida exclusivas en el planeta. Sobresalen sus sistemas montañosos como la Sierra Madre (Occidental y Oriental) en México, que recorre gran parte del país; la sierra de los Cuchumatanes en Guatemala; y las cordilleras Volcánica Central y Talamanca en Costa Rica (esta última presente también en Panamá). Es en estas sierras en donde la vida se hace diversa, en donde la naturaleza se expresa de forma multifacética y en donde los pueblos mesoamericanos han contribuido con su manejo y la domesticación de especies nativas, al establecimiento de procesos bioculturales históricos. Y todo ello implica biodiversidad.

La riqueza de la biodiversidad en Mesoamérica está en riesgo debido a los proyectos integracionistas de carácter neoliberal como el “Plan Puebla Panamá”, ahora denominado “Proyecto Mesoamérica”, entre otros proyectos de integración mercantil, que no son más que los planes de empresas y otros actores transnacionales que buscan a toda costa la mercantilización de la naturaleza. El ahora llamado “Proyecto Mesoamérica” busca de forma progresiva crear las condiciones ideales para que se faciliten los procesos para la inversión privada nacional, extranjera y/o trasnacional. No es casual entonces que se hable de la generación de grandes proyectos de infraestructura como carreteras, ferrovías, aeropuertos y puertos marinos, además que el incremento en energía se consiga a través de subestaciones de mega hidroeléctricas o parques eólicos. Sin estos proyectos de infraestructura, comunicación y energía, la inversión quedaría simplemente congelada y las empresas no llegarían o no podrían operar. Al mismo tiempo, se requieren grandes cantidades de bienes naturales como el agua, que en algunos casos, como en los proyectos mineros, es un bien imprescindible para su establecimiento y operación. Por ello tampoco es casual que el sistema de integración energética implique homogeneizar el cableado en la región, a la vez que cada uno de los países avance en la desregularización de sus leyes y reglamentos para posteriormente hacer una nueva regulación acomodada al sector empresarial (1).

El efecto de esas desregulaciones tiene diferentes facetas, pero basta con observar las miles de concesiones mineras, asociadas a proyectos energéticos, autorizadas de manera arbitraria por los Estados, que amenazan y vulneran este territorio para tener una muestra de lo que aquí exponemos.

En este contexto, los destructivos proyectos de la empresa minera canadiense GoldCorp en la región tales como La Mina Marlin en Guatemala, la mina San Martín en Valle de Siria, Honduras o el complejo minero Los Filos en Carrizalillo, México, son un fiel exponente de cómo la explotación a cielo abierto es la esencia de la devastación que produce el modelo extractivo. En estos países, la explotación minera a cielo abierto ha provocado la contaminación de los ríos como efecto del proceso de lixiviación (uso del cianuro de sodio en la extracción de algunos minerales como el oro, la plata y el cobre), así como la producción de grandes pasivos ambientales derivados de los metales pesados tóxicos, que ocasionan irreversibles daños a las salud de las personas y animales y al ambiente.

No obstante, y a pesar que las entidades financieras, los gobiernos y las corporaciones mineras realizan grandes esfuerzos para convencer y hacer creer a la población que el extractivismo minero es la única opción de desarrollo. Los pueblos, haciendo uso de sus procesos pacíficos, democráticos, legales y basados en su libre determinación, han construido diferentes formas de resistencia para frenar la expansión minera y desmitificar el discurso del “progreso y desarrollo” que el modelo extractivista ha estado promoviendo e imponiendo.

El modelo económico imperante es voraz y mercantilista de los bienes naturales a los que define como “estratégicos” (agua, minerales, aire, tierra), buscando simplificar el significado de los mismos, de tal manera que, para el modelo extractivo, un bosque es visto únicamente como productor de madera y recursos energéticos y una montaña es considerada un conjunto de minerales y metales preciosos. De esta forma se pierde la visión de la integralidad que habita al interior de los ecosistemas. Por su parte, los pueblos indígenas, de acuerdo a su cosmovisión, consideran históricamente a la naturaleza como un todo, en donde hay interrelaciones de cosmovisión terrenales y supraterrenales para con los bosques, ríos y el conjunto de la Madre Tierra, siendo esta la esencia de la vida misma. No es casual entonces que ante el modelo extractivo depredador, las resistencias reaccionen y salgan en defensa de la vida misma, siendo capaces de garantizar la existencia de la gran riqueza natural que aún quedan en la región.

Francisco Mateo, miembro del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala y Miguel Angel Mijangos, miembro de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4, movimientom4.org. Contacto: info@movimientom4.org

(1) http://movimientom4.org/2016/06/quien-gobierna-ahora-son-las-corporacionestransnacionales-gustavo-castro/

Leer/descargar boletín completo en .pdf aquí

Por Jaime Porras Ferreyra, nytimes

“Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.

Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.

Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.

La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?

En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.

No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros. No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente. Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.

Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense. De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior. Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.

Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras. Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema. Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal.

Por Pia Rioblanco / Otros Mundos A.C.

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Un video de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México /

Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA)

Desde el 26 de septiembre del 2016, habitantes de 29 barrios y comunidades de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en la Sierra Madre de Chiapas, protagonizan una etapa importante de la defensa del territorio ante la expansión de la actividad minera en la entidad. Están reunidos dentro del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), un movimiento ciudadano pacífico, nacido el 20 de junio del 2015, que tiene como objetivo proteger del despojo esta hermosa región, ubicada en el Soconusco (la zona costera de Chiapas) y en las faldas de la reserva de la biósfera El Triunfo.

Con unas simples cuerdas atadas a los árboles, están impidiendo el paso de las maquinas de la empresa minera mexicana El Puntal S.A. de C.V. hacia el predio de explotación de 500 hectáreas “Casas Viejas”, ubicado entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia, en Acacoyagua.

21 concesiones mineras en Acacoyagua y Escuintla, 99 en todo Chiapas

Expresan así su rechazo a perder la salud y la vida por la contaminación que genera este proyecto de extracción de oro, plata, titanio y hierro, activo desde alrededor de quince años. Desgraciadamente, “Casas Viejas” es solo uno de los 3 proyectos mineros en actividad en el municipio, que abarca en total 13 concesiones mineras (más de 36 000 hectáreas). A éstas se suman las 8 concesiones ubicadas en el municipio vecino de Escuintla (más de 15 000 hectáreas). Son 99 las concesiones mineras en todo el territorio chiapaneco.

Los miembros del Frente tienen dos campamentos. Uno en la comunidad de Santa Anita, bautizado “Campamento Alberto Montaño Espejel”, y otro en la comunidad de Las Cadenas, llamado “Campamento José Luciano”. El primer personaje luchó por la creación del municipio libre de Acacoyagua (quedó bajo el dominio de Escuintla hasta 1947) y el segundo dio su vida por recuperar tierras para la gente de su pueblo bajo Porfirio Díaz. “Estamos defendiendo nuestro territorio para que nuestros hijos puedan seguir viviendo tan felices como nosotros lo hemos sido en estos lugares”, cuenta una habitante del municipio asentada en el plantón “José Luciano”.

22% de muertes por cáncer en Acacoyagua

Los derechos de los habitantes de Acacoyagua y Escuintla a un medio ambiente sano, a la salud y al agua, están siendo violados cotidianamente por la actividad minera. Una de las comunidades afectadas, Jalapa, en Acacoyagua, ha sido víctima de un desastre ambiental muy preocupante. La mina “Casas Viejas” se encuentra a solo unos 200 metros del sistema de captación de agua que abastece a la comunidad. Durante esta temporada de lluvia, los desechos mineros taparon el tanque, dejando a los habitantes sin agua. Al constatar la catástrofe, una gran parte de Jalapa decidió oponerse al proyecto.

Juan Velázquez, doctor en Acacoyagua, calcula que entre el 2005 y el 2015, la tasa de muertes por cáncer en el municipio subió del 7% al 22%. “Los cánceres de todos tipos, principalmente el del hígado, se volvieron las primeras causas de muerte en la localidad”, recuerda el médico. “Nosotros estamos luchando para sobrevivir”, dijo, asegurando que la actividad minera libera partículas tóxicas y radioactivas como el torio y el silicio.

Ríos contaminados y enfermedades de la piel

Muchos habitantes se quejan de haber sufrido enfermedades de la piel al estar en contacto con el agua de los ríos, en los que se sabe que las mineras descargan materiales extraídos del subsuelo. “Uno de los motivos por los que la SEMARNAT no aprobó el cambio de uso de suelo para el proyecto minero Bambú en Acacoyagua es porque la empresa que lo manejaba (Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V) descargaba directamente sus desechos en el río Cintalapa, el cuál abastece de agua a alrededor de 3,000 habitantes de Escuintla”, recuerda Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México y la REMA apoyan la lucha del FPDS. Exigen junto con sus miembros que el ayuntamiento de Acacoyagua cumpla con la promesa que hizo al declarar el municipio territorio libre de minería el 16 de agosto del 2016: revocar las licencias de exploración y explotación vigentes y comprometerse a no entregar una sola más.

LLAMAMOS a la comunidad nacional e internacional a que se solidarice con el Frente Popular en Defensa del Soconusco y exija la revocación de las licencias de los proyectos mineros.

RESPONSABILIZAMOS al gobierno de Chiapas por cualquier atentado a la integridad física y psicológica de los integrantes del movimiento.

Pueden mandar sus cartas de apoyo a frentesoconusco@gmail.com

#RiosLibres
#NoALaMineria

+++ Avances en la lucha del FPDS, a 17 de noviembre del 2016

La Minuta.

En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que con datos del 2015, en Oaxaca se encontraban registradas ante la Secretaría de Economía 407 concesiones en todo el estado y 35 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México. Según datos de la Secretaría de Economía 29 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. Éstos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca como “dos de los proyectos mineros más importantes de la historia, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”. Pero también Oaxaca ocupa el nada honroso segundo lugar en pobreza extrema. Las concesiones mineras están distribuidas en 220 municipios del estado, casi un 40 % del total de municipios de la entidad.

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Vía Movimiento M4

Ésta es una guía para la resistencia contra la explotación minera y otras operaciones extractivas. Proporciona a estrategias y a tácticas para prevenir la extracción, y para reducir daño si la extracción está ya en curso. Orienta a dirigentes de la comunidad en la ordenación y toma de medidas local, regional, nacional e internacionalmente, para resistir al asalto devastador de operaciones extractivas. Esto es una versión ampliada, en dos volúmenes, de la primera edición publicada en 2009.

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Compartido desde MiningWatch Canada

RadioMundoReal.fm

Máxima Acuña, activista peruana ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, denunció haber sido agredida el pasado domingo por trabajadores de la minera Yanacocha, desde una clínica en la que permanece internada en la región de Cajamarca.

La activista denunció este lunes que trabajadores de Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, ingresaron a su predio para levantar los cultivos que había realizado en un terreno adyacente al de la minera en las inmediaciones de la Laguna Azul, en la localidad de Sorochuco.

«Entonces, han llegado aquí y me han jaloneado, el brazo me duele, tengo un moretón en mi mano, me han jalado por las puras y me han cogido del cuello y de mi ropa», declaró Acuña.

Acuña pidió al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo que se interesen por su caso, al considerar haber sido agredida injustamente. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, pidió que el Estado mejore la protección a favor de Máxima Acuña, en el marco de las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La organización no gubernamental Grufides informó en su sitio web que «cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar».

«Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida», denunció Grufides.

La fundación del Premio Goldman denunció, a través de las redes sociales, el ataque contra Acuña y su familia por «hacer valer su derecho a vivir en paz en su tierra». La entidad planteó pedir a la empresa, que es la segunda mayor aurífera en el mundo, a «acabar con el acoso» en contra de ella.

En abril pasado, Acuña declaró que las amenazas que recibe por resistirse a entregar su predio a Yanacocha, para el desarrollo del proyecto minero Conga, pueden recrudecerse tras recibir el premio Goldman.

La campesina afirmó recibir anteriormente amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a la minera, cuyo proyecto, ubicado en la región de Cajamarca, de los Andes del norte de Perú, se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos en la región.

Acuña reiteró que es propietaria del predio desde antes de que la minera la acusara en 2011 de usurpación indebida, una denuncia de la que fue declarada inocente en 2014, tras haber sido condenada en primera instancia a dos años y ocho meses de prisión suspendida.

En las últimas horas Amnistía Internacional pidió al Estado peruano realizar una investigación imparcial y eficaz sobre el incidente que sufrió Máxima Acuña y su esposo el pasado domingo. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, indicó que el Estado debe brindar protección a Máxima y su familia para que terminen los supuestos actos de intimidación en su contra. Consideró que “es necesaria una investigación imparcial y eficaz sobre lo ocurrido el último domingo a Máxima Acuña y su esposo en Tragadero Grande”.

En el siguiente video Isidora Chaupe Acuña hija de Máxima narra cómo fue agredida su madre:

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