Categoría: Minería

25 de agosto de 2016. 9:30 -14:30 horas.

CEIICH, UNAM. Torre II de Humanidades. Auditorio 4to Piso.

Ciudad Universitaria.
CIUDAD DE MÉXICO.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.

La sentencia del amparo 434/15 dictada por el TUA resuelve anular la asamblea del 11 de Octubre de 2015 y determina que Taurino Rincón Lorenzo, Lusio Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, así como Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, Presidente y Secretario del Consejo de Vigilancia continúan con el nombramiento que les fue otorgado, los primeros como integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y los segundos como Consejo de Vigilancia de la Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima.

Recordamos que el 11 de Octubre pasado la Comunidad Indígena de Zacualpan bloqueó la entrada a la Comunidad para evitar que María Elena Díaz Rivera, ex Delegada de la Procuraduría Agraria entrara a legitimar una Asamblea  para destituir al Comisariado de Bienes Comunales. Esta exfuncionaria de manera prepotente utilizó un helicóptero que el gobierno del Estado puso a su disposición, entró a la comunidad  y en 9 minutos realizó una Asamblea en la que se destituyó al Comisariado representado por Taurino Rincón, y al mismo tiempo nombró a un nuevo Comisariado compuesto por el grupo de priístas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La Asamblea no contaba con el cuorum legal y el procedimiento fue totalmente irregular.

María Elena Díaz Rivera fue destituída de su cargo como Delegada de la Procuraduría Agraria el 15 de marzo del presente por el Órgano Interno de Control de la propia Procuraduría Agraria, por diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y  más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por  “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”.

El amparo ganado hoy por la Comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta Comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer S.A de C.V de Rigoberto Verduzco Rodríguez.

Exigimos al Gobierno del Estado, a la Procuraduría Agraria y al Gobierno Municipal de Comala se respete esta resolución del Tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del Balneario Ojo de Agua que desde el mes de marzo está tomado por el grupo priísta de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda.

¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Movimiento M4

El cercamiento de la naturaleza no es nuevo. Sin embargo, en las últimas décadas las estrategias corporativas de apropiación del territorio y de los bienes comunes naturales han aumentado y se han diversificado. Del mismo modo, las poblaciones han crecido en la resistencia y han creado nuevas formas de defensa.

Todos los proyectos responden a un solo modelo extractivo y por tanto, en muchos momentos las estrategias que las empresas usan para invadirlos son muy similiares. Podemos identificarlas y reconocernos en los padecimientos.

En la primera jornada del encuentro, diferentes grupos organizados expusieron su lucha contra proyectos extractivos de minería, fracking, gasoductos, presas hidroeléctricas, transgénicos y mercantilización de los bosques. El Encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo recibió a una amplia variedad de actores que permitió brindar un panorama amplio sobre cómo opera el modelo extractivo en su conjunto. Así, se dieron cita procesos de 18 estados de la república junto con miembros de organizaciones sociales, académicos, abogados y medios libres.

Y es que para hablar del territorio y de su defensa necesitamos vernos desde diferentes frentes. Entonces, pensarnos desde el territorio es pensarnos desde la historia de la tierra junto a las personas que viven en ella y la reproducen, los imaginarios y la espiritualidad que se crean.

Escuchar audios de la mesa sobre megaproyectos aquí

Algunos datos de la megaminería, según investigadores

• La minería en México consume el 17% de la energía nacional, mueve el 2% de la minería metalera del mundo y está concentrada en pocas manos.
• El despojo no lo hacen capitales abstractos, son personas concretas que están relacionadas con proyectos mineros. En México son 4 personas quienes poseen el 9% del total del PBI mexicano.
• El 69% de la inversión minera en México viene de Canadá
• La “diplomacia económica canadiense” usa a las propias embajadas para promover a las inversiones de las empresas canadienses.

¿Qué es el modelo extractivo y cómo opera?

El investigador de la UNAM, Gian Carlo Delgado y Jennifer Moore, de la asociación canadiense Alerta Minera Canadá compartieron algunos conceptos para apoyar en la reflexión.

El capital corporativo, tanto nacional como extranjero ve los “proyectos de inversión” y por tanto las “porciones de tierra”, como una sola “cosa” con muchos elementos para “explotar”. Es por eso que el modelo extractivo pretende mercantilizar cada una de las esferas que en él habitan, tanto naturales (agua, aire, suelo, subsuelo, montañas) como humanas y culturales. Para operar hay todo un aparato legal, comunicacional y sobre todo de ingeniería de conflictos que se pone al servicio de las empresas extractivas para que logren el despojo de las poblaciones. Las estrategias corporativas suponen grupos de choque que provocan conflictividad social, se criminaliza y judicializa a las y los defensores comunitarios, hay cooptación social, e incluso control del Estado a través de las Cámaras de la industria y la adaptación de leyes que beneficien a las empresas. Todo ello con el objetivo de neutralizar los movimientos sociales organizados e imponer su “desarrollo”.

Recordando el análisis que Gustavo Castro hacía en 2013:

«El modelo de la industria extractiva en el sistema capitalista es el conjunto de actividades a gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, incorporándole precio y dueño incluso a las funciones naturales como la captura de carbono de los árboles, con el fin de obtener el mayor lucro posible, evitando restituir, reparar, mitigar, compensar, consultar e informar. En fin, sin asumir los costos de dicha extracción. Por ello el extractivismo es de muy alto impacto.

El Modelo Extractivista succiona los bienes comunes naturales a escala industrial, sin tomar en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales ni económicos locales. No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este Modelo tienen nombre, las cada vez más grandes corporaciones supranacionales.»

Frente a este panorama, los pueblos poco a poco hemos crecido en la necesidad de defender el territorio de manera integral. Confluir en una visión holística del territorio, ubicarlo desde allí y no desde los proyectos particulares es el eje que articula la defensa y las resistencias actualmente.

En ese sentido, las experiencias compartidas por Francisco Rocael del Consejo de Pueblos de Occidente de Guatemala sobre los efectos de la minería y la articulación de las resistencias regionales fue de gran apoyo. En los últimos años hemos presenciado una fuerte transformación de luchas locales en confluencias de redes nacionales, regionales e internacionales con articulaciones en favor del territorio. Este hecho habla tanto de una madurez política de los procesos como de una unidad en contra del capital depredador al que no dejaremos avanzar. Vemos la necesidad de tejer relaciones más allá de las fronteras físicas, apelando a la prevención y a la creatividad en los procesos. Los territorios son uno solo. Nuestras luchas, también. Con todos los aprendizajes sobre la mesa y los tiempos difíciles por venir, nos juntamos a reforzar redes y celebrar las resistencias.

Escuchar audios de la mesa sobre estrategias corporativas para la apropiación del territorio aquí

@MovimientoM4

Habitantes del pueblo ixtepecano se unen en una marcha en contra de la mina a cielo abierto en Cd. Ixtepec, Oax. Únete y di No a La Mina con un cartel en tu casa, porque sin oro y plata se vive sin agua no.

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La consulta ya fue aprobada pero la Procuraduría Ambiental aún no pone fecha. Sin embargo, en Tolima, Colombia, llevan varios meses trabajando para que la consulta popular sea informada (más información aquí). Apoyamos las #ResistenciasMineras también en Ibagué.

La ciudad colombiana de Ibagué realizará la consulta popular más grande del país para frenar un proyecto minero, en medio de una proliferación de consultas populares.

 En Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti.

 La Constitución colombiana establece que las actividades del subsuelo del país son jurisdicciones de la nación. El Estado otorga concesiones mineras. Pero por otro lado existe una ley, de rango inferior a la Constitución, que establece que es competencia de los municipios decidir sobre los usos de los suelos. Mientras los municipios deciden qué hacer con la superficie, la nación decide qué sucede debajo.

 En medio de este dilema jurídico, quedaron atrapadas las comunidades donde se desarrollan actividades mineras. En 2012 el pequeño poblado de Piedras alzó su voz y por medio de un plebiscito dijo no a la minería. Hoy Ibagué, la ciudad capital del departamento del Tolima donde se encuentra Piedras, está atravesando el mismo escenario.

 “Así como están las cosas, el Estado otorga licencias sin consultar a las personas que viven en los lugares donde se planea llevar a cabo estos proyectos. Lo que pasó en Piedras es que se activaron mecanismos de participación ciudadana por los cuales la comunidad alzó su voz. La consulta popular se aprobó por un 98% de la población. Se dijo ‘no’ al proyecto minero. Esto fue una gran sorpresa para el Estado, ya que un pueblo tan pequeño tomó una gran decisión”, dijo en diálogo con Sputnik Gabriela Eslava, asesora de la senadora por el Partido Verde, Claudia López.

 El proyecto que ayer preocupaba a Piedras es el mismo que hoy preocupa a Ibagué. Se llama ‘La Colosa’, y pertenece a la empresa minera AngloGold Ashanti con sede en Sudáfrica. Para extraer el oro se debe excavar en la cordillera central colombiana.

“Es aquí donde quieren hacer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. En una zona que es conocida como la despensa agrícola del país. Eso impactaría a Ibagué porque si bien no es en su jurisdicción, es en otro municipio, el plan es que en la mina esté en la cordillera, el mineral se limpie en Ibagué y los residuos terminen en Piedras. Entonces los que primero hicieron la consulta fueron los de Piedras. Pero los de Ibagué también estaban preocupados porque serán parte de este proceso y empezaron a plantear lo de la consulta popular”, afirmó Eslava.

 El desafío de estas comunidades es que su voz sea escuchada por las autoridades nacionales. “Luego del precedente que se sentó en Tolima hace cuatro años, ha habido una especie de boom de consultas populares porque las comunidades se están dando cuenta que si bien no es jurídicamente vinculante, la consulta es una herramienta de presión política. El Gobierno nacional se ve presionado a frenar o a sentarse y dialogar. Lo que sucedió en las Piedras fue muy fuerte y el proyecto aún no se ha hecho”, explicó la asesora, quien tiene confianza en que la consulta de Ibagué, que se encuentra en período de revisión por el tribunal de la ciudad, sea positiva y a favor de la comunidad, además de sentar un precedente importante por tratarse de la primera consulta popular en una capital de departamento. “Esto obligaría al Gobierno a sentarse a pensar con seriedad qué va a hacer para garantizar la participación de las comunidades y no seguir enfrentándose a consultas populares y a la decisión de ‘minería sí’, ‘minería no’, caso por caso. Tendría que reglamentar de una vez este tema”, concluyó.

La convicción de las palabras de la senadora Claudia López da lugar a la misma interpretación. “Si viviera en Ibagué y esa consulta llegara a las urnas, yo votaría que sí, porque desde el punto de vista político así funcionan las democracias. Son los proyectos políticos de las mayorías los que empiezan a marcar el camino que va abriendo paso a la legalidad”, aseguró.

 Fuente de la noticia: Sputniks

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Habitantes de Ixtepec lanzaron un mensaje a quienes pretenden instalar el proyecto minero en este municipio istmeño, con la demolición de la mojonera Lote Niza que marcaba 8 mil 150 hectáreas para la explotación de oro y plata.

Como acto de rechazo, los pobladores de diferentes barrios, colonias y secciones derribaron una de las 6 mojoneras localizadas en su territorio a 10 metros del camino de terracería que conduce de la cabecera municipal al banco de caliza, ubicado en el Cerro Taberna (camino viejo a Shivaguí).

En el lugar, miembros de Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el Territorio expresaron que los habitantes de Ciudad Ixtepec no fueron informados ni consultados para realizar la exploración de minerales en la zona, de la que se pretenden extraer Oro, Plomo, Cobre y Zinc, en detrimento de la salud de la población, contaminación de agua, tierra y aire, aseguraron.
El presidente de la Asociación Agrícola de Ixtepec paso San Juanero –fundada hace más de 100 años–, dijo que lo primero que debería hacer el gobierno es informar y consultar al pueblo sobre este tipo de proyectos, antes de emitir cualquier tipo de permisos, lo cual no ha sucedido.

El proyecto minero

Rubén Valencia, miembro del Comité dijo que el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”, de acuerdo al expediente 062/09820, es una concesión por 50 años (del 2008 a 2058) dada por la Dirección General de Minas del Gobierno Federal a la Minera Plata Real.

Dicha concesión, abarca los cerros Niza Bixhichi, Tablón y Banderilla, así como 10 barrios originarios de Ixtepec; en ese sentido aclaró que aunque el mineral se encuentra en los cerros, la empresa requiere de cierta área para realizar los movimientos propios de la explotación minera, por ello se incluye en el área de actividad zonas habitadas.

El 26 de julio de 2015 la concesión fue vendida a “Pablo Ibarra Mora”, sin embargo, los abogados de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido que las empresas mineras cambian de nombres para evitar ser vinculadas y molestadas, de manera que puedan continuar con los trámites de manera discrecional.

Valencia Núñez expresó que actualmente la empresa minera tiene por lo menos la mitad de los 26 permisos que necesitan para explotar la mina a cielo abierto en Ixtepec, aseguró que todos, excepto dos permisos, son otorgados por instancias federales.

Acción ciudadana

En los dos permisos que puede participar la comunidad de Ixtepec, es a través de sus autoridades, a partir de un Acta de Cabildo firmada por el presidente municipal y regidores respecto al cambio de uso de suelo (de habitacional – agrícola a industrial) y un acta de Asamblea de la Comuna de Ixtepec ante el Tribunal Agrario, en la que se niegue o permita la explotación minera.

En ese sentido, si las autoridades municipal y comunal respaldan a los pobladores, tienen el deber de ratificar el rechazo de manera formal al proyecto minero.

De cualquier forma, en la siguiente semana se planteará la fase final de la estrategia para solicitar un Amparo Preventivo Ciudadano, tras obtener datos de la Dirección General de Minas sobre qué autoridades municipales y comunales autorizaron la exploración en años pasados, además de adjuntar más 4 mil 400 nombres y firmas de pobladores que rechazan el proyecto minero.

Rubén Valencia dijo que se respeta el derecho agrario de los comuneros, sin embargo ellos no determinar el destino de 30 mil habitantes que tienen el derecho fundamental a la vida, “No nos mueve el odio, más allá de ideologías, colores partidistas y creencias religiosas, lo que nos mueve es el amor a la vida y a nuestro querido Ixtepec”, puntualizó.

Fuente: IstmoPress

OCMAL

Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.

El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

[Introducción]

A pesar de que la inversión minera a nivel global ha experimentado un constante decrecimiento en los últimos cuatro años, afectado principalmente por la baja en el valor de los metales, América Latina sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala. Si en 2014, la inversión en la región abarcaba el 27%, durante el 2015, alcanzó el 28%, seguida por Norteamérica (Canadá y EE.UU), con un 22%, Australia y el Sudeste Asiático con un 17%, África con un 14%, y el resto del mundo, con un 19%.

El fin del súper ciclo del precio de los minerales ha generado que se sitúe al sector en estado de “crisis”, pero además, hay otras dos razones que afectan de igual manera la baja, por un lado, hay un considerable aumento en los costos de operación de las faenas, y por otro, existe una fuerte oposición que enfrenta la minería por parte de las comunidades.

A pesar de este escenario, se logra apreciar la tendencia a seguir expandiendo el modelo minero con el mismo nivel de intensidad, tanto por parte de los gobiernos (progresistas y neoliberales), como de las empresas mineras. Para ello, el sector ha utilizado este contexto de crisis a su favor, para reacomodarse y presionar a los gobiernos de turno, solicitando mayores facilidades y permisividades para las inversiones mediante el debilitamiento de las normativas ambientales, laborales y sociales. Así mismo, las empresas se encuentran realizando una serie de maniobras económicas, como ventas de yacimientos, acciones y/o fusiones entre las mismas, y que en definitiva solo buscan fortalecer el rubro.

El fuerte impacto y las consecuencias que ha ido dejando la expansión de la frontera extractiva de la minería en la región, vulnera cada vez con más intensidad los derechos colectivos de las comunidades en donde se instalan, por lo que la defensa de los territorios es un componente central bajo este contexto de opresión. Actualmente América Latina concentra una “cantidad desproporcionada” de conflictos por las actividades mineras, según señala Cepal.

Frente a este escenario, como Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nos interesa seguir facilitando espacios de intercambio y documentación que puedan servir como insumos para todas las comunidades afectadas por la megaminería. Y en esta línea, el presente documento es un esfuerzo de sistematización que realizamos por segundo año consecutivo, donde se reportan los principales acontecimientos políticos y conflictos socioambientales de un número importante de países de América Latina, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

En OCMAL esperamos poder contribuir en la construcción del balance general sobre la situación de la minería en la región durante el año 2015, desde la mirada de las mismas organizaciones que son parte y sostienen esta red, y que siga siendo de utilidad para las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que se ven enfrentadas en conflictos socioambientales con la minería.

Sara González, somoselmedio.org

San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.

La comunidad de San Miguel Del Progreso se encuentra en un momento histórico ya que logró cancelar, a través de una demanda de amparo, las dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en su territorio. Ya desde el año 2011, fecha en la que la comunidad se dio cuenta de que su territorio estaba siendo concesionado por las empresas mineras Zalamera y Hochshild México S.A de C.V (de origen peruana con capital británico), reunió una Asamblea para organizarse y decidir las acciones a tomar contra la implantación de minería a cielo abierto en su territorio. Así, el 17 de abril 2011, la Asamblea General de Comuneros decidió rechazar la exploración y explotación minera y pedir más información a la Secretaría de Economía sobre lo que estaba ocurriendo.

En junio del 2013, la Secretaría les contesta mediante un oficio que San Miguel Del Progreso “se ubica parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861)”.

Un mes después, el 15 de julio 2013 exactamente, la comunidad interpone una demanda de amparo (1131/2013) en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, señalando que las concesiones contravienen a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México. Además, piden que la Justicia Federal analice la constitucionalidad de la Ley Minera, aprobada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, enfatizando sobre todo los artículos  6, 10, 15 y 19 de dicha Ley.

A Júba Wajiín le ha sido otorgado el amparo el 12 de febrero de 2014 además de la protección de la Justicia Federal a la comunidad. Una victoria histórica, en la que el poder judicial guerrerense consideró que habían sido violados los derechos de la comunidad al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras. Sin embargo, no se consideró necesario analizar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera y más grave aún, “la sentencia fue impugnada por el Gobierno federal mediante un recurso de revisión”. De esta manera, el territorio de la comunidad y de muchas otras en la región sigue estando amenazada por empresas internacionales. En noviembre del 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de “libertad de terrenos” . El término “libertad de terreno” implica que a los 30 días que se publique la declaratoria, los terrenos están de nuevo en oferta, en otras palabras: se pueden volver a concesionar.

“Solicitamos que la SCJN discuta la Ley Minera. Eso era una de las peticiones del primer amparo”, explica Taurino Carrazco, miembro del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Y es justamente por eso que la comunidad decidió interponer un segundo amparo, llevando a un segundo logro. El pasado 11 de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo de Distrito emitió un acuerdo mediante el cual otorga a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos. Este acuerdo imposibilita a la Secretaría de Economía aceptar solicitudes de concesiones mineras a empresas que deseen los territorios liberados, hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Como lo enfatiza Tlachinollan en su comunicado, “la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado el próximo 25 de mayo. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe suspenderse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad indígena solicitó que continúe el análisis del caso”.

La minería en Guerrero atañe a 24% del territorio estatal. La cancelación de las 2 concesiones mineras beneficia de manera directa a 11 núcleos agrarios de 6 municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas.

Por Érika Ramírez publicado en Contralínea

Las mineras en México enriquecen a empresarios; contaminan sin freno el medio ambiente y mantos freáticos; acaparan los recursos hídricos, y omiten el pago de impuestos. Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation y Pondercel son las empresas que más agua acaparan en el país

Grupo México ocupa el primer lugar en la lista de empresas acaparadoras de agua, unos 90 millones cúbicos, según cálculos elaborados con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., Compañía Industrial Minera México, S.A. de C.V.; Industrial Minera de México, S.A. de C.V; Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. y Mexicana del Cobre, S.A. DE C.V.; el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua.

Este mismo consorcio es el responsable de contaminación por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, el 6 de agosto de 2014. También del desastre en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila), en febrero de 2006, donde 65 mineros quedaron atrapados tras explotar la mina de carbón.

Grupo México es el emporio que ha acaudalado al segundo hombre más rico del país, German Larrea Mota-Velasco, quien con la explotación de recursos naturales ha generado una riqueza de 9 mil millones de dólares, según la lista de Forbes.

Las concesiones
Concesiones de agua para las mineras, una investigación realizada por Manuel Llano Vázquez –maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica. Investigación, mapas y drones para la sociedad civil–, documenta la lista de empresas mineras que se están apoderando, también, de los recursos hídricos.

Del mapeo se desprende que en México hay 417 empresas mineras, agrupadas en 230 conglomerados que aprovechan el agua a través de 1 mil 36 títulos. Las tres primeras en la lista de “aprovechamiento” son: Grupo México, S.A. de C.V., Goldcorp Inc. y ArcelorMittal México, S.A. de C.V.

El volumen de explotación de las más de 400 mineras alcanza los 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales. El geoestadista Llano Vázquez documenta que es el equivalente al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al vital líquido por un año de 3 millones 229 mil personas. “Cabe recordar que en México, 13.8 millones de personas no tienen acceso al agua en la vivienda”, destaca en su análisis.

En entrevista, el investigador comenta que el impacto de la minería no sólo es en el territorio, sino en todo lo que deja durante la operación y posterior al cierre y abandono de una mina. Enfatiza: “uno de los elementos importantes es el agua, no sólo estamos hablando de la que consumen, sino de la destrucción de fuentes de agua, la contaminación y el acaparamiento. Para acercarnos a todo esto lo primero que habría de preguntarse es cuánta agua consumieron”.

 Acaparamiento y conflicto
La minera canadiense Goldcorp Inc. es la segunda minera que mayores recursos hídricos ocupa en el país. A través de sus filiales Camino Rojo, S.A de C.V.; Compañía Minera Nukay, S.A de C.V.; Desarrollos Mineros de San Luis, S.A de C.V. y Minera Peñasquito, S.A de C.V. ocupa 47 millones 656 mil 34 .00 metros cúbicos anuales, indica CartoCrítica.

Esta compañía se encuentra en la lista de conflictos mineros que documenta el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL): en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, Goldcorp “ha despertado una guerra entre cárteles que buscan cobrar cuotas de extorsión o ‘cobro de piso’. Más de diez asesinatos se han ligado a la minera desde 2014”.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que desde hace varios años se ha denunciado que bajo la explotación a cielo abierto y de tumbo y relleno [técnicas de explotación minera] las empresas depredan los bienes naturales.

A la Rema, dice Mijangos Leal, “le queda clarísimo que la minería no se puede desarrollar sin agua; hay ejemplos muy concretos que nos señalan la gran cantidad de agua que utilizan, como en el caso de Carrizalillo: una mina a cielo abierto donde se utilizan aproximadamente 250 millones de litros de agua diarios para producir alrededor de 27 kilogramos de oro al día. Esto refleja el volumen que utilizan para la explotación del oro; además, contaminan, dejan aguas con residuos químicos imposibles de utilizar.

 “En México, hay un marco que permite que las mineras tengan acceso al agua de manera libre, prácticamente sin pagarla, no tiene ningún cargo de responsabilidades por contaminarla ni porque sequen manantiales, arroyos o cambien los causes de los ríos”, dice.

Los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino también “una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”, documenta el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industria.

Y es que para obtener una tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca)”; producir 1 onza de oro genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos; la contaminación río abajo con cianuro por el proceso de lixiviación.

El geoestadista Manuel Llano expone: “los datos sobre los titulares de las concesiones de agua están alojados en el REPDA, con 500 mil concesionarios de agua en el país, con los datos del titular y un supuesto tipo de uso en las categorías: servicios, industria, uso público, acuacultura, energía hidroeléctrica… es en este registro donde hay que asomarse para poder dilucidar quienes son los usuarios.

“Sin embargo, estamos en un país en donde existe un tráfico de derechos de agua. Un concesionario puede tener equis título que le ampara determinado volumen de agua a su favor. Éste, a su vez, se la puede transferir a alguien más; entonces, hay un tráfico de derechos de agua. Si hacemos una búsqueda dentro del registro, la realidad es que si bien podremos conocer algunos nombres, también se podría estar consumiendo mucha agua de mercados informales de agua”, dice el investigador de CartoCrítica.

La Ley a favor de las mineras
Luego de las modificaciones a la Ley Minera, que se llevaron a cabo el año pasado, esta se ha volcado a favor de los empresarios del ramo, que en su mayoría son de origen extranjero. Los especialistas en el tema comentan que los artículos 6 y 19 de la Ley Minera son los más preocupantes, pues esta actividad es preferencial pese a que existen recursos comunales.
Mijangos Leal comenta que la Ley Minera en todos los países tienen una similitud que espanta, obviamente un gran promotor de la minería en el mundo es Canadá, con todo a su favor. Destaca el artículo sexto, que a la letra dice: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

Manuel Llano comenta que el otro problema es que la Ley Minera tiene un conflicto de derechos con la Ley General de Agua, pues la minera le concesiona el agua a las empresas sin restricción alguna. En sus fracciones V y VI indican: “Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas; obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de ley de la materia”.

 Las omisiones monetarias
En Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detalla la falta de cumplimiento de las empresas mineras para con la hacienda pública. El máximo órgano de fiscalización del país documenta la omisión de los empresarios para pagar lo exigido apenas este año, después de que sólo pagaban módicas cantidades por “pagos de derecho”.

El dictamen del máximo órgano de fiscalización señala en la auditoría Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera, practicada a la Secretaría de Economía, que: 6 mil 823 títulos de concesión omitieron en el pago de derechos sobre concesiones mineras. Además, “2 mil 347 títulos de concesión que presentaron diferencias pagadas de menos, de los cuales no se había iniciado el proceso de cancelación para 1 mil 862 concesiones”, indica la ASF.

En otra de las auditorías practicadas a la Secretaría de Economía, destaca las deficiencias que hay en la regulación y supervisión de la actividad minera. Propone que la dependencia “analice las causas por las cuales no dispuso de los diagnósticos en los que se señalen las necesidades de actualización del marco jurídico y normativo de la actividad minera, y considere establecer los mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que le permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de su gestión”.
Waldo Fernández, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, dice que las omisiones de pago por parte de las mineras “es un tema muy grave. Finalmente, dentro de todos los cambios fiscales que se hicieron se ajustó mucho el tema de la minería por dos razones fundamentales: una es que no había la claridad del cobro de impuestos por las extracciones o el inventario que ellos tienen; la segunda, una parte de estos impuestos se quedaran en las localidades o municipios de donde se estaba extrayendo el material, de alguna manera para que los municipios tuvieran parte de esta riqueza, pero también para mitigar el daño de la minería”.

Con este proceder del sector, dice el legislador, se afecta a la hacienda pública. El problema en México, comenta, “no es de leyes, sino de voluntad política. La Secretaría de Hacienda tiene que encargarse de hacer auditorías a las empresas. Este es un sector muy importante para el país que también está en manos de extranjeros”.
Érika Ramírez

ofraneh

El pasado 30 de abril en la comunidad de El Rincon del Buey, se efectuó una asamblea comunitaria con la participación de mas de 800 delegados y delegadas de las comunidades Maya Chortis; Nueva Esperanza, Carrizalito 1 y 2, Río Amarillo, Llanetillos, Hacienda Grande, Corralito, Agua caliente, Barrio Ostuman, El Tigre, El Cordoncillo, Llano de la Puerta,   San Pedrito Alto, Sesemil Primero, Sesemil Salitrón, La Vegona, El triunfo, El Barrancón, Rincón del Buey, Tierra Fría, Quesera, Planes de la Brea, Zompopero, Panalito La Línea, Aldea nueva, Malcotes, El Chilar, El zapotal y Quebracho; pertenecientes a los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas. El tema central de la asamblea para la población de las  comunidades Maya-Chorti y mestizas que concurrieron fue discutir, analizar y tomar decisiones respecto a la explotación minera, aprobada por el Estado sin haber efectuado ninguna consulta con las comunidades en el área de influencia de las concesiones.

La Asamblea en pleno reafirmó su decisión y posición en cuanto declarar el Territorio Maya Chortí Libre de Minería, la que viene siendo impuestas por compañías mineras y el Estado de Honduras. El 14 de mayo del año 2015 fueron introducidas las cuatro solicitudes de concesión minera metálica y fueron registradas el 10 de julio del año 2015. Estas fueron presentadas por el Abogado Oscar Alejandro Álvarez Díaz en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Minerales Chorti S.A. de C.V.

Las comunidades afectadas realizaron una manifestación el pasado 10 de abril, por las concesiones otorgadas que afectan a más de 5,400 manzanas de tierra. Una de las mayores preocupaciones manifestadas por las poblaciones dentro de las concesiones, es la destrucción de cuencas hidrográficas y la alteración de la calidad del agua, además que se colocan en riesgo la producción agrícola de la zona, la que incluye café de optima calidad, cacao, maíz, frijoles y ganadería.

La cercanía de las concesiones al centro Ceremonial Maya, conocido como Ruinas de Copán, pone en riesgo la industria turística fuente de ingresos para parte de la población de la zona. La Concesión Copan IV, se encuentra a menos de un kilómetro de la zona de influencia del centro arqueológico de Copan. Es inaudita la actitud de la actual administración gubernamental, al imponer la construcción del aeropuerto de Piedras Amarillas, supuestamente para beneficiar la industria turística al mismo tiempo da luz verde a la destrucción inducida por la minería y el conflicto social que causará la imposición de un ecocidio.

Las solicitudes de concesión minera metálica en el municipio de Copán Ruinas se efectuaron en completo silencio, sin haber efectuado una consulta previa, libre e informada con las comunidades Mayas-Chortí como lo señala el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Existe una enorme jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a la consulta previa y la obligatoriedad de la misma. Entre las sentencias emitidas se encuentra la del caso Comunidad Garífuna de Punta Piedras Versus el Estado de Honduras de fecha 18 de diciembre de 2015. La sentencia  de la Corte IDH  incluyo el proyecto minero no metálico Punta Piedra II. Y al respecto sentenció que:

217. En  particular respecto  del  momento  en  que  debe  efectuarse  la  consulta,  el artículo 15.2 del Convenio169  de la  OIT señala que, “[e]n caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre  otros  recursos  existentes  en  las  tierras, los  gobiernos  deberán  establecer  o mantener  procedimientos  con  miras  a  consultar  a  los  pueblos  interesados,a  fin  de determinar  si  los  intereses  de  esos  pueblos serían  perjudicados,  y  en  qué  medida, antes  de  emprender  o  autorizar  cualquier  programa  de prospección  o  explotación  de los recursos existentes en sus tierras”.
218.En vista de lo anterior, la Corte considera que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier  proyecto  de  exploración  que  pueda  afectar  el  territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales.

Felicitamos al pueblo Maya-Chortí y la población mestiza que en Asamblea optaron por un territorio Libre de Minería. Así mismo instamos al Estado el respeto irrestricto a la decisión de las comunidades y el Pueblo Maya Chortí.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indigenas de Honduras, ODHPINH