Extractivismo en América Latina… Agua que no has de beber

Vía Movimiento M4

El presente documento es la sistematización del Seminario Internacional “Extractivismo en América Latina … Agua que no has de beber”, realizado durante los días 21 y 22 de agosto de 2014, en la ciudad de Santiago, Chile. La actividad suponía varios desafíos, ya que a pesar de ser Chile un país marcadamente extractivista hace décadas, el concepto extractivismo es desconocido, aunque no los impactos socioambientales que este modelo de desarrollo trae consigo.

El seminario contó con la presencia de organizaciones que se encuentran en conflictos socioambientales a lo largo de todo el territorio nacional y también, con experiencias internacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, planteándose como objetivo principal contribuir a las reflexiones latinoamericanas sobre extractivismo, compartir las alternativas que visualizamos en los territorios y avanzar en la redefinición de los sentidos comunes que animan nuestras luchas, asumiendo que estos son aspectos ineludibles a la hora de proteger el agua y la vida en nuestro continente.

 

Este  libro fue publicado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

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Corto de animación: Payada pa Satan

https://vimeo.com/134616827

Payada pa’ Satán:
Un gaucho y su esposa viven tranquilos en el campo hasta que un día comienzan a escuchar explosiones lejanas y la tierra comienza a temblar. Decide salir a caballo a ver que es lo que está sucediendo, encuentra un gigantesco pozo en el medio de las montañas y llega a la conclusión de que Satán hizo ese pozo para unir la tierra con el infierno. Del pozo del diablo llegan tiempos de miseria y enfermedades.Satán no puede ser detenido, pero…  es realmente Satán el que hizo ese pozo?

Dirigido por: Antonio Balseiro & Carlos Balseiro

Además de la película, pueden ver una web informativa que explica que es la megaminería y como opera en el mundo por medio de contactos con ong’s activistas en el tema y documentales varios que tratan el tema.

¿Sabías que para producir 1 sólo anillo de oro se generan 18 toneladas de desechos tóxicos?

Para mas informacion visita: http://www.payadapasatan.org/

¿Qué es la megaminería?

La mega-minería es una industria químico extractiva que genera graves impactos a todos los ecosistemas del mundo, contamina las reservas de agua dulce, afecta la salud de millones de personas y financia graves violaciones a los derechos humanos.

Los proyectos mineros están altamente concentrados en pocas empresas globales que controlan el mercado mundial de minerales; tanto los que sirven a la industria como los que funcionan para la especulación financiera. Estas empresas son tan poderosas que corrompen gobiernos en detrimento de la democracia y el bienestar social.

Making of:
https://vimeo.com/134627340

Acuerdan pueblos de La Montaña de Guerrero manifestarse contra las mineras y la reserva de la biosfera

Vía Movimiento M4

En el foro 18 “Por la defensa del territorio contra las mineras y la reserva de la biosfera” los asistentes acordaron este sábado manifestarse en los días que se realizará la Convención Internacional de Minería en Acapulco.

En el foro que se realizó en la comunidad de Tilapa, del municipio de Malinaltepec, los participantes coincidieron en que es importante manifestarle al gobierno que no están de acuerdo con que entren las empresas mineras a explotar su territorio.

Para ello, acordaron que los días del 7 al 10 de octubre manifestarán su rechazo en la 31 Convención Internacional de Minería, a la que asistirán empresarios de diferentes países y también el presidente Enrique Peña Nieto.

 

Consideraron que es urgente que las autoridades agrarias recaben los documentos necesarios para interponer un amparo, ya sea colectivo o por cada núcleo agrario, como lo hizo la comunidad de San Miguel El Progreso.

Sobre eso, el comisariado del municipio de Iliatenco recalcó que es urgente inscribirse en el Registro Agrario Nacional (RAM), porque si no cuando presenten los amparos, no podrán protegerse de las empresas mineras y de las autoridades que están promoviendo la reserva de la biósfera, que los quieren despojar de sus territorios para explotar los recursos naturales.

Otro de los acuerdos, es que el día 3 de octubre como Consejo de Autoridades Agrarias, darán una conferencia de prensa en la comunidad de San Miguel El Progreso para pronunciarse en contra de la convención de minería y exigirán a la Secretaria de Economía y a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que cancelen las concesiones que otorgaron a las empresas mineras.

Veinte autoridades entre comisarios y comisariados acudirán a capacitarse a la ciudad de México en Derecho Agrario, en un taller que impartirá el Centro de Estudios Ecuménicos.

El siguiente foro se realizará en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, el 7 de noviembre.

Por su parte el presidente del rva de la Biosfera en la Montaña de Guerrero y la Costa Chica, Taurino Carrasco Castro, dijo que es importante estar organizados e informados, y que las comunidades deben tener claro las consecuencias que trae la actividad de una empresa minera, sobre todo si es a cielo abierto como la que quieren realizar en la Montaña.

También acordaron que realizarán brigadas para informar a los comuneros y así resistir ante esa amenaza.

A la reunión asistieron comisariados de 8 núcleos agrarios, 10 comunidades y 12 delegaciones, entre ellos las comunidades de Malinaltepec, Iliatenco, San Luis Acatlán, Colombia de Guadalupe, Buena Vista, Santa Cruz el Rincón, Renacimiento, organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

También participó el sacerdote Melitón Santillán Cantú, quien hizo un llamado al encargado de la producción de café a que asista a los foros para que explique qué está haciendo a favor del café, cómo está combatiendo la plaga de la roya, también al rector de la Universidad Intercultural para que acuda e involucre a los estudiantes porque la amenaza de las mineras afectará a todos los vivimos en esta región.

Fuente: El Sur

 

Demandan suspender la explotación minera en Centroamérica

Vía Movimiento M4

SAN PEDRO SULA- Representantes de Centroamérica y México demandan a los Estados de la región mesoamericana, como a  los sistemas internacionales que cancelen y no emitan más concesiones mineras, ya que éstas atentan contra la salud y el ecosistema.

Esa exigencia fue planteada la declaración  del foro “En defensa de la tierra y territorio”, que concluyó ayer en San Pedro Sula, luego de dos días de análisis y ponencias.

El foro, al que asistieron representantes de Centroamérica y México, fue organizado por la Coalición Centroamérica Democrática (CCD), una red de organizaciones que tienen como misión aportar una visión regional sobre la seguridad ciudadana y justicia económica social.

 

El foro tuvo la participación de Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh, quien dijo que la declaración se hacía con la idea de parar la violación a los  derechos colectivos, utilizando un proceso de ilegalidad al momento de la evaluación de impacto ambiental ya que este lo hacen de manera “exprés”.

“Ya se emitió la declaración con respecto al posicionamiento de varias organizaciones que tiene que ver con la extracción minera, los daños, el impacto económico, a la salud humana y al ecosistema, cómo también se están haciendo demandas a los Estados y organismo que tienen que velar por la jurisprudencia que garantiza el bienestar de la población y la naturaleza”, dijo Cáceres.

En la declaratoria, expuesta por los participantes, exigen a los Estados que suspendan y cancelen las concesiones y las operaciones extractivas existentes y que no concedan nuevas licencias de explotación de bienes comunes y naturales, también que fortalezcas los mecanismos efectivos de protección a los defensores de los derechos humanos y organizaciones.

Frase
“Según el último informe del observatorio para la protección de los derechos humanos, los defensores del derecho a la tierra nunca han estado tan expuestos a las represiones como ahora, y que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agente de seguridad de empresas privadas”: Juan Manuel Gonzales, Coordinador del la Coalición Centroamérica Democrática (CCD).

Sépalo
959 sitios de Honduras se han investigado por causa de la contaminación, esto equivale a más del 30 por ciento del territorio nacional por daños de la minería, según el CCD.

Fuente: El Tiempo de Honduras

Avances en la lucha contra la minería en el Soconusco, Chiapas

Martes, 15 de septiembre del 2015 – Chiapas, México

BOLETÍN DE PRENSA

    Los ejidos de Los Cacaos (Acacoyagua, Chiapas) y Nueva Francia (Escuintla, Chiapas) implementan acciones políticas para no permitir la explotación y despojo de su territorio por la actividad minera en la región;

     La asamblea ejidal de Los Cacaos llama a las autoridades agrarias para defenderse ante la minera El Puntal S.A. de C.V.;

    Los avecindados y pobladores de Nueva Francia prohíben el paso al representante legal de la mina “El Bambú” y suspenden actividades hasta ratificar convenio con la asamblea ejidal.

A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.

En el Ejido de Los Cacaos analizamos la situación ilegítima de El Puntal S.A de C.V. en nuestro territorio, reconociendo que el convenio realizado con la minera por la ocupación temporal (pagado por $500,000.00) y las regalías por tonelada a propietarios (2.00 dólares), es injusto e inequitativo. Mientras que la empresa gana millones de pesos por la extracción de titanio, están poniendo en riesgo la salud y alimentación de las familias de los ejidos de Los Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia. También identificamos, por lo menos, ocho personas pagadas por la minera operando a su favor, quienes avalan actas irregulares de asambleas que son utilizadas para favorecer a la empresa, intimidan a la población y dividen regalando despensas. Por está razón, nuestra asamblea ejidal ha llegado al acuerdo de llamar a la visitaduría agraria para que de fe de las irregularidades incurridas y colabore en defender nuestros derechos ante la empresa minera.

Mientras tanto, los pobladores y avecindados del Ejido Nueva Francia decidimos no permitir más la explotación minera del proyecto “El Bambú” por Obras y Proyectos Mazapa S.A de C.V. Al igual que El Puntal S.A. de C.V, esta empresa extrae titanio desde hace varios años de nuestra comunidad. La semana anterior, prohibimos el paso a su representante legal, Héctor Silva Camacho, y a su maquinaria. Al ser cuestionado por la falta de cumplimiento de compromisos hacia la comunidad (como la construcción de obras), la contaminación y los daños a la salud que nos genera la minera, el empresario se comprometió a retirarse si la asamblea ejidal no ratifica el convenio elaborado para la ocupación de la tierra. “Si dicen que me vaya, yo me voy a ir, la asamblea decide”, dijo. Los y las habitantes de Nueva Francia vigilaremos el cumplimiento de esta promesa porque deseamos que nuestra comunidad sea libre de minería y que el proyecto sea cancelado.

Atentamente ,

Frente Popular de la Región del Soconusco 20 de Junio
Movimiento para la Defensa de los Pueblos del Soconusco
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Para mayor información: territorios@otrosmundoschiapas.org

La REMA felicita la lucha contra la minería en Baja California Sur

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), felicita a las y los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de La Paz, Baja California Sur (BCS) y al grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz por su lucha y logros en contra de la instalación del proyecto de muerte “Los Cardones” que se pretende imponer sin el consentimiento ciudadano dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna.

Igualmente celebramos que el Poder Judicial de la Federación (PJF) haya otorgado “mandato popular soberano a las organizaciones civiles para solicitar a los 13 regidores paceños que no otorguen el uso de suelo a Desarrollos Zapal” uno de los promoventes mineros que atentan contra la vida en la región. Por nuestra experiencia en otros procesos en contra de la minería sabemos que los ayuntamientos se encuentran en una posición inmejorable para impedir la instalación de proyectos contrarios a los intereses de los pueblos.

 

Compartimos con los compañeros de Baja California Sur (BCS), que la decisión judicial en el caso de Los Cardones “no tiene precedentes”. La determinación del Poder Judicial nos anima a continuar trabajando, desde la legalidad, en procesos de organización popular contra las políticas de saqueo que se están imponiendo ilegalmente en todo México.

Este amparo concedido es un paso más que desmitifica las falsas bonanzas de desarrollo y progreso, que anteceden el discurso empresarial y del estado para este tipo de proyectos vinculados al Modelo Extractivo Minero Depredador.

Desde la REMA reciban nuestra felicitaciones a todas y todos los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y al grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz, de La Paz, Baja California Sur.

¡LUCHEMOS POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA-

Vía Movimiento M4

DECLARATORIA DE ACACOYAGUA: Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas

Este 15 y 16 de agosto reunidos más de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá  en el “Primer Foro de Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas” compartimos con afectados nacionales de los estados de Guerrero y Morelos los impactos de la minería en México y las consecuencias ambientales y a la salud de las 99 concesiones mineras en el estado de Chiapas, por lo que constatamos:

En los municipios de Acacoyagua y Escuintla ya contamos con muertes de cáncer y enfermedades en la piel, así como el aumento de la contaminación del suelo y el agua por la actividad minera en la región

Nos unimos a las más de 2000 declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales, y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería.

Felicitamos a los presidentes municipales de Escuintla y Acacoyagua por haber declarado a los municipios libres de minería y exhortamos a que dispongan de todos los recursos necesarios para hacer realidad las declaratorias y se proteja a los habitantes, a las familias y a la madre tierra de la explotación minera.

Durante los días de trabajo los movimientos, organizaciones y las comunidades refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida. Reuniremos más esfuerzos para que nuestros territorios dejen de ser explotados y despojados por la actividad minera.

Atentamente:
Los ejidos y comunidades de Nueva Reforma, La Cadena, Huixtla, Libertad, La Independencia, 15 de septiembre, El Tumbador, Los Amates, Jalapa, Río Arriba, Los Cacaos, Hidalgo, Tuzantan, Nueva Francia, Las Brisas, San Marcos, Arvín, Flor del Carmen, Magnolia, Constitución, El Soconusco, Castaño, Villa Comatitlán, 10 de abril y los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa, Tonalá
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Frente Popular en la Defensa del Soconusco 20 de junio y el Movimiento en Defensa del Sonusco.

Galería de Imágenes:

Bios Iguana A.C. denuncia al Estado mexicano ante la CIDH

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El 1 de Agosto de 2015 la organización Bios Iguana, A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), envía una petición de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a los derechos humanos de las y los defensores del ambiente y los recursos naturales miembros de la organización Bios Iguana, A.C., a sí como los actuales integrantes del Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan, en Colima, México. La petición ha sido presentada con el auxilio de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

La denuncia a las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado Mexicano se argumenta en base a los hechos, testimonios y contundentes pruebas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), concretamente, los contenidos en los artículo 4 (Vida), artículos 5 (Integridad Personal), artículo 11 (honor y reputación); artículo 16 (libertad de asociación), artículo 22 (libre circulación y residencia); artículo 8 (garantías judiciales), artículo 25 (protección judicial) todo ello en relación con las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 y 2 de las CADH.

En dicha petición, se denuncia igualmente la violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (en adelante Convención de Belem do Para): artículos 3 (derecho a una vida libre de violencia), artículo 4 (derecho a la protección de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos
humanos), y artículos 7. d y f.

Los integrantes de Bios Iguana, A.C., el Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan y UDEFEGUA, solicitan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso con urgencia ante la gravedad de los hechos, amenazas de muerte, intimidaciones, represión y otros actos que violan los derechos humanos de las y los
defensores del medio ambiente y los recursos naturales.

Atentamente,
Bios Iguana, A.C., Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan y UDEFEGUA

Carta abierta de las comunidades afectadas por la minería, recibidas en Roma por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz

Vía Movimiento M4

Los días 17 a 19 de julio de 2015, se realizó en Roma el encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras, organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz (PCJP) en colaboración con la red latinoamericana Iglesias y Minería, con el lema “Unidos a Dios escuchamos un grito”.

Participaron líderes de 18 países del mundo: Chile, Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Mozambique, Ghana, República Democrática del Congo, India y Filipinas.

 

Fue un encuentro altamente esperado por nuestras comunidades, que están organizándose progresivamente para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por la destrucción y contaminación del medio ambiente, los daños a la salud, las divisiones comunitarias, el desarraigo al territorio, las enfermedades, la perdida de la cultura, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción, la perdida de la economía propia y los vínculos con el crimen organizado que son generados por la industria minera.

De manera que las comunidades también se organizan para establecer estrategias comunes de resistencia y alternativas.

“El objetivo de este encuentro es reconocer su dignidad”, afirmó el cardenal Turkson, presidente del PCJP. El Papa Francisco la definió “la inmensa dignidad de los pobres” (Laudato Sí – LS 158).

La Iglesia Católica está encontrándose cada vez más con la gravedad de los impactos mineros, dejando heridas profundas e inmisericordes en el seno de la tierra y de las comunidades, que son síntoma de la “única y compleja crisis socioambiental” (LS 139).

El Papa Francisco en su carta a los participantes del encuentro, describió el contexto de los conflictos mineros con extrema lucidez y empatía: “Os habéis querido reunir (…) para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería. Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo; un grito de incomprensión por la carencia de procesos inclusivos y del apoyo de las autoridades civiles, locales y nacionales, que tienen el deber fundamental de promover el bien común”.

El Cardenal Turkson concluyó el evento comunicando a las comunidades: “Somos conscientes de su aislamiento, de la violación de derechos humanos, de la persecución, del desequilibrio de poder…” El sufrimiento de las comunidades tuvo, a través de este encuentro, una preciosa divulgación y visibilidad frente a la opinión pública mundial.

Reflexionando sobre la Doctrina Social de la Iglesia, nosotros los participantes llegamos a la conclusión que la Iglesia no puede ser una mediadora neutra entre las comunidades y las empresas. “Donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres” (LS 158).

Las afinidades de nuestras denuncias revelan que hay prácticas repetitivas por parte de las empresas en todas las latitudes, frecuentemente en alianza con los gobiernos nacionales y locales y con una fuerte incidencia y lobby de las empresas en todos los espacios de poder, con lo cual buscan, bajo el amparo de la elaboración de leyes ofensivas para la vida, proteger sus proyectos operacionales e intereses de lucro.

Con esa desproporción de fuerzas e influencias y con la falta de un adecuado acceso a la justicia, a la información, y encima de una fuerte criminalización de la protesta social, es prácticamente imposible que haya un diálogo respetuoso y atento de las empresas y los gobiernos para con las exigencias de los más pobres. En su encíclica, el Papa Francisco recomienda fuertemente “grandes caminos de diálogo”, pero los vincula todos a responsables procesos políticos y de toma de decisiones a nivel internacional, nacional y local (LS 164-198). Ese es el nivel que podemos y queremos potencializar, con la determinante postura del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.

Expresamos también nuestra preocupación al respecto de la estrategia de aproximación que las grandes corporaciones mineras tienen para con la Iglesia institucional, resaltando las contradicciones entre los discursos realizados en Roma por estas multinacionales y sus prácticas locales, las cuales continúan en la mayoría de los casos, violando los derechos humanos en los territorios.

En este sentido, resuenan aún más fuertes las palabras que el Papa Francisco nos escribió por ocasión del encuentro: no se trata de buscar pequeños ajustes de conducta o elevar un poco los estándares de la así llamada: “responsabilidad social corporativa”. Al contrario, dice el Papa, “todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países”.

Celebramos este encuentro porque el grito de auxilio de las comunidades está siendo escuchado y se está organizando cada vez más. Sin embargo, sentimos también el desafío de garantizar los derechos humanos y el protagonismo de las comunidades en sus territorios: “los nuevos procesos que se van gestando (…) deben partir de la misma cultura local” (LS 144).

Esperamos con mucho interés el documento que el Pontificio Consejo de Justicia y Paz preparará con las reflexiones e indicaciones al respecto de los conflictos provocados por las actividades de la minería. Anhelamos sea un documento pastoral que podrá, de un lado, reforzar y empoderar las comunidades confirmando su dignidad y sus proyectos de vida, de otro, recomendar a las iglesias locales la importancia de educar en el cuidado de la Madre Tierra, defender las víctimas de los conflictos y de la criminalización, promover políticas y acciones institucionales para la protección de los derechos socio ambientales, así como ser vigilantes en la relación con las empresas.

Sugerimos al PCJP que en su encuentro con los empresarios de las grandes mineras se sume, con una postura contundente, a lo que ya varios pueblos y organizaciones en el mundo vienen exigiendo: avanzar en la definición del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, actualmente en construcción en la ONU.

Consideramos que el camino más adecuado para la gestión de los conflictos entre las comunidades que reclaman el derecho al territorio y los proyectos de las empresas, con aval de los estados, sea el total respeto de los derechos humanos y de las leyes e tratados ya existentes, bien como la definición de nuevos consistentes instrumentos regulatorios, políticos, jurídicos y económicos, tanto a nivel nacional como internacional (LS 177); “pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183). Las comunidades tienen el derecho de decir ‘no’ a la minería.

En ese sentido, reforzamos la importancia de garantizar áreas libres de la minería. Se trata de regiones de especial protección ecológica, comunidades en territorios pequeños que serían atropelladas por gigantes proyectos mineros, espacios sagrados donde se celebran la historia de un pueblo y su cultura, áreas de particular belleza natural o donde viven comunidades que ya fueran desplazadas anteriormente, entre otras.

El Cardenal Turkson nos garantizó que este encuentro representa otra etapa de un largo compromiso del Consejo Pontificio: “No es solo el Vaticano que escucha el grito de las víctimas. También los obispos lo hacen. Animaremos a los obispos locales para permanecer más próximos a las comunidades afectadas”.

Agradecemos a la Iglesia Católica por escuchar el grito de los afectados por la minería y queremos continuar caminando con esperanza “para que venga el Reino de justicia, paz, amor y belleza”.

Roma, 28 de julio de 2015

Las comunidades que participaron del encuentro “Unidos a Dios escuchamos un grito”

FORO DE AFECTADOS POR LA MINERÍA Y EN DEFENSA DEL SOCONUSCO, CHIAPAS

15 y 16 de Agosto 2015
Acacoyagua (Casa Ejidal)

Convocan:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento para la Defensa de los Pueblos del Soconusco
Frente Popular de la Región del Soconusco 20 de Junio

Con la participación de comunidades en resistencia de la Región Costa, Sierra y Soconusco.

Con invitados especiales: Miguel Angel Mijangos Leal (PIAP-Rema Guerrero), el Dr Paul Hersch (Rema Morelos), Malena León (Alianza Sierra Madre Chiapas) y el Lic Miguel Angel de los Santos. (Chiapas).

Temas: compartir experiencias de resistencia, situación nacional y estatal de la minería y los invitados de Morelos y Carrizalillo (Guerrero), el Sistema Minero, las afectaciones ambientales y en la salud, derechos humanos y minería, estrategias de resistencia, etc.

¿Qué traer?: un plato, vaso, cuchara, papel higiénico y REPELENTE PARA MOSCOS.

Hospedaje: solo para las personas que no son de los municipios aledaños, habrá hospedaje solidario con 20 familias de Acacoyagua. Trae una sabana.

Alimentación: cada quien pondrá su comida. Para los municipios aledaños desayunan y cenan en sus propias casas. Solo habrá apoyo en los alimentos para los que vienen de municipios alejados.

Contacto para mayor información:
– Salvador <Salvadorchavit@hotmail.com>
cel: 918 1050809
– Libertad Diaz <libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org>

¡CONSTRUYAMOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

La minera Infinito Gold se despide de Costa Rica

¡Hasta nunca Infinito Gold! Si bien con mucho retraso, la minera Infinito Gold por fin se despide de Costa Rica

Vía Movimiento M4

Organizaciones de la sociedad civil reciben con satisfacción el anuncio que Infinito Gold desistirá de su tortuosa intención de construir una mina en Costa Rica a pesar de la clara oposición del pueblo costarricense y los repetidos fallos en su contra.

El 15 de julio, Infinito Gold anunció que la totalidad de su personal directivo y encargados han presentado la renuncia, y que su principal accionista y acreedor ya no está dispuesto a invertir en este proyecto agonizante que presentaba un déficit superior a los US$160 millones. Ronald Mannix, el ángel inversionista de Infinito Gold durante mucho tiempo, finalmente suspendió su apoyo luego de otorgar alrededor de US$70 millones en préstamos.

Durante alrededor de quince años, contra la voluntad del pueblo costarricense, esta empresa minera junior de Canadá buscó construir una mina aurífera a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica, próxima al río San Juan en la frontera con Nicaragua.

Según encuestas, un 80 por ciento de la población costarricense se oponía a la mina propuesta. En tres oportunidades entre el 2010 y el 2013, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica le denegó a Infinito la autorización para proceder con el proyecto Crucitas.

Luego de haber perdido sus concesiones mineras, Infinito Gold presentó una demanda en febrero del 2014 por US$94 millones contra el gobierno de Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa disputaba el rechazo legítimo de Costa Rica en relación a Crucitas, la mina aurífera a cielo abierto propuesta, bajo los términios del Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones Extranjeras firmada entre Canadá y Costa Rica en 1998. Los costos legales hasta el momento para el estado costariquense se han estimado en US$1,7 millones. Se carece de información clara en cuanto a la situación exacta de la demanda luego del cierre de Infinito Gold.

También hubo alegaciones de corrupción que enturbiaron la presencia de Infinito en Costa Rica. Si bien la investigación terminó suspendiéndose por falta de pruebas, el ex-Presidente Oscar Arias fue acusado de haberle otorgado indebidamente una licencia a Infinito Gold en el 2008 cuando ya había una moratoria a todo tipo de minería a gran escala en el país que databa desde 2002. Desde hace tiempo existe la duda sobre una supuesta donación de US $200,000 en el 2008 a la Fundación Arias proveniente de la Norlien Foundation, la cual pertenece a Ronald Mannix. El Fiscal General de Costa Rica, en sus intentos de llegar al fondo de estos interrogantes, indicó en su momento que el Ministerio de Justicia de Canadá no respondió a las preguntas claves para que el caso se pudiese iniciar. Infinito también fue acusada de interferir en una campaña electoral en Costa Rica, y en el 2010 le fue prohibido hacer referencia a las elecciones municipales en su publicidad.

La controvertida empresa también atacaba a quienes la criticaran. Con el pasar de los años, Infinito Gold llegó a presentar cinco demandas por difamación ante tribunales inferiores contra dos profesores universitarios, un abogado de un grupo ambientalista, y dos diputados. En todos los casos o se retiraron las acusaciones, o las demandas no tuvieron éxito.

La decisión de cerrar que por fin tomó Infinito Gold llega con años de retraso. De hecho, no se entiende cómo a alguien se le puede haber ocurrido darle empuje a este proyecto luego de que la ‘reconocida’ Placer Dome (que luego se fusionó con Barrick Gold) lo hubiese abandonado en mayo de 1998, ante la fuerte oposición popular. Presenciamos otra victoria del pueblo de Costa Rica que ha luchado con tenacidad durante mucho tiempo para mantener el país libre de minería aurífera a cielo abierto. Esperamos que esta vez sea de manera más permanente.

Las políticas y las protecciones que Canada ha ido promoviendo para protejer los intereses de las empresas mineras canadienses, sin embargo, siguen intactas, por lo cual nuestra lucha no se ha acabado. Por más de 20 años, Canadá ha buscado y negociado acuerdos comerciales que promueven y protejen los derechos de los inversionistas al costo de los derechos humanos, los derechos laborales y los estándares ambientales. A pesar de que las empresas extranjeras repetidamente han ganado demandas en contra de Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno canadiense ha aceptado pagar este precio alto para brindar la aparencia, por lo menos, de seguridad a las empresas canadienses que operan fuera del país. El comportamiento de empresas mineras canadienses tal como Infinito Gold es uno de los resultados de esta agenda. Canadá debería revocar, revisar o renegociar sus acuerdos comerciales y buscar un agenda hacia el exterior en base del respeto para los derechos humanos, colectivos, laborales y ambientales.

Mientras continuamos en esta lucha en contra de las protecciones injustas para las corporaciones, le expresamos nuestras felicitaciones al pueblo de Costa Rica, y saludamos “hasta nunca” a esta empresa minera canadiense vergonzosa, y sinvergüenza.

Firmado
-Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN) (Canada)
-Blue Planet Project (Canada)
-Center for Alternative Mining Development Policy (US)
-Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) (US)
-Comité pour les droits humains en Amérique Latine (CDHAL) (Québec)
-Common Frontiers (Canada)
-Council of Canadians
-Entrepobles/Entrepueblos/Herriarte/Entrepobos (Spain)
-Information Group on Latin America (IGLA) (Austria)
-Institute for Policy Studies, Global Economy Program (US)
-Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS) (Canada)
-Mining Injustice Solidarity Network (MISN) (Canada)
-Mining Justice Alliance (Canada)
-MiningWatch Canada
-SalvAide (Canada)
-Trade Justice Network (Canada)
-TPP Canada (Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense)

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Concesiones mineras en áreas naturales protegidas de México

Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas y Alfredo Ortega-Rubio
La Jornada Ecológica

Es un tema ampliamente conocido la megadiversidad biológica de nuestro país, lo cual implica además de un elevado número de especies, riqueza de endemismos y de ecosistemas, una gran variabilidad genética. Desafortunadamente, existen hasta hoy mil 371 especies amenazadas y en peligro de extinción, lo cual nos ubica entre los primeros lugares mundiales en este tema. Algo que debe preocupar, no solamente a las autoridades responsables de cuidar un patrimonio que pertenece a todos, sino también a la ciudadanía.

Respecto a la deforestación, hemos perdido el 27 por ciento de la superficie original de bosques, 42 de selvas y 39 por ciento de pastizales. La pérdida de cubierta vegetal implica, entre otros efectos, menor captación de agua para las regiones cuenca abajo, una mayor erosión, pérdida del suelo y la destrucción o fragmentación del hábitat de muchas especies de animales nativos y endémicos.

Ante estos desafíos y al igual que en otros países, el gobierno federal ha implementado la protección de zonas en función de su elevada biodiversidad, por los servicios ambientales que otorgan, y en general por sus condiciones de unicidad biológica, ecológica o escénica. El sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) es la forma institucionalizada de protección de la biodiversidad de mayor relevancia en el país, por lo que estos sitios gozan de mayor certeza jurídica.

Actualmente, alrededor de un 13 por ciento de la superficie nacional está destinada a las áreas naturales protegidas. Y aunque aún no existe un sistema integral y continuo de evaluación sobre su efectividad en conservación y manejo, en términos de evitar cambios en el uso de suelo se ha determinado que aproximadamente el 75 por ciento de las ANP mostró bajos porcentajes de transformación y de tasas de cambio en relación a sus entornos, lo cual es un indicador del buen estado conservación de estas áreas.

Sin embargo, las amenazas a la biodiversidad dentro y fuera del sistema ANP se han multiplicado e intensificado. Además del potencial incremento de la deforestación relacionada con crecimiento demográfico, existen a lo largo y ancho del territorio nacional numerosos proyectos de gran extensión en áreas rurales que generalmente no obedecen a los intereses de las comunidades locales. Entre los proyectos con mayor extensión territorial sobresalen las miles de concesiones mineras otorgadas por Secretaría de Economía en los últimos años.

Se realizó un análisis de la superposición que existe entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 (a la fecha ya son más de 27 mil) con las ANP federales. Se encontró que mil 609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las áreas naturales protegidas federales (63), sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas de ANP.

El 30 por ciento de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, mencionan que extraerán metales preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos. En contraste, el 9 por ciento de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita. Adicionalmente el 11 por ciento de los títulos mencionan que extraerán “toda sustancia posible”.

Las ANP con más altos porcentajes de traslapo de concesiones mineras fueron: Rayón, en Michoacán (100 por ciento); Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí (86 por ciento); El Chico, en Hidalgo (55 por ciento); Los Mármoles, en Hidalgo (52 por ciento); Sierra de Quila, en Jalisco (50 por ciento). Asimismo existen ocho más cuyos porcentajes van del 16 por ciento al 32 por ciento.

Las ANP de menor extensión mostraron en general porcentajes más altos de traslapo, lo cual podría involucrar una mayor vulnerabilidad al no tener espacios mínimos de supervivencia y recuperación en caso de aprobarse e iniciarse la extracción minera.

Respecto a las ANP de mayor extensión y con mayor traslapo, destacan las siguientes: las cuencas alimentadoras de los distritos nacionales de riego 004 (Coahuila) y 043 (Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas), Valle de los Cirios y El Vizcaíno, que juntas sumaron el 67 por ciento de superficie de las concesiones mineras en todas las ANP.

En estas cuatro ANP se esperaría una continua presión por parte de los titulares de concesiones, mayor dificultad en su protección en tanto que algunas de ellas no tienen programa de manejo (cuencas 004 y 043), o que los programas de manejo contemplan la permisividad ante la minería al no diferenciar entre sus tipos y escalas (Cirios y Vizcaíno).

La cuenca 004, así como otras ANP ubicadas en el noreste del país (Ocampo, Maderas del Carmen, cañón de Santa Elena, Cuatro Ciénegas) tienen un mayor número de concesiones sobre carbón, aunque también de minería metálica y flourita. Las ANP de la península de Yucatán, ría Lagartos, ría Celestún y Calakmul, tienen solamente concesiones sobre sal marina. En el resto de las ANP se encontraron principalmente concesiones sobre minería metálica.

Además de estas 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 km colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP.

La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en las ANP de Mariposa Monarca, sierra de Manantlán y El Triunfo, entre otras. En junio de 2014 se otorgó el permiso ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en la ANP sierra La Laguna, en Baja California Sur.

A la fecha, dicho proyecto se encuentra a la espera de obtener los permisos faltantes adicionales, pese al fuerte rechazo social que ha generado en los municipios de La Paz y Los Cabos. Esto se debe a que la sierra de La Laguna es la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen a estos municipios en el estado más árido de la república.

Otro caso también en Baja California Sur, es el ANP El Vizcaíno, donde recientemente inició operaciones el nuevo Boleo, una megamina de manganeso-cobalto-cobre-zinc que operará por dos décadas. Los impactos negativos previstos tendrán influencia directa en los habitantes del poblado Santa Rosalía, en la vida marina del golfo de California y en la propia área protegida.

Respecto al traslapo por la categoría de manejo, se encontró que existen concesiones mineras principalmente en las categorías de áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.

¿Qué tipo de efectos tienen los proyectos mineros de los que se habla? En México, la actividad minera se ha realizado durante siglos en pulsos de mayor o menor intensidad, bajo modelos socioeconómicos distintos, contribuyendo a la conformación de ciudades, culturas y economías regionales. En los últimos 25 años se ha presentado un nuevo pulso bajo un esquema socioeconómico muy distinto a los anteriores.

La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos a nivel regional (corto plazo) y elevados impactos ambientales en estas regiones (corto y largo plazo).

La minería metálica de antaño se hizo relativamente a baja escala sobre yacimientos muy ricos por lo que generaban menos desechos. Pese a ello, estas minas abandonadas continúan generando contaminantes. La minería metálica actual tiene la capacidad tecnológica de agotar yacimientos en el menor tiempo posible, a costa de remover enormes cantidades de roca para obtener el metal más escaso. Por eso mismo también la contaminación se genera en enormes cantidades.

La minería a pequeña y mediana escala tiene capacidad para remover cantidades menores a 2 mil toneladas de sedimento por día, mientras que la de gran escala es capaz de superar varias veces esta cantidad.

Los impactos ambientales de la megaminería metálica y la del carbón están documentados: contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, remoción de la cubierta vegetal y de grandes cantidades de escombros contaminantes, abatimiento de fuentes de agua, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, afectación a las actividades económicas locales y generación de entornos sociales de marginación y pobreza.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reporta para el 2011 que la minería metálica fue la industria más contaminante con el 46 por ciento de los desechos totales. Si se suman a ellos los arrojados por la industria de fundición y refinamiento de la minería metálica, el porcentaje se eleva hasta el 55 por ciento, contrastando con el 0.7 por ciento de los desechos que fueron tratados o remediados.

Uno de los efectos documentados de la minería metálica y la de carbón es el drenaje ácido (principalmente en zonas húmedas), el cual arrastra otros elementos en la solución, típicamente arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, aluminio, y zinc. El Servicio Forestal de Estados Unidos estima que entre 8 mil y 16 mil km de los ríos de ese país son objeto de drenaje ácido. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, establece que la minería ha contaminado el 40 por ciento de las cuencas hidrográficas de los estados del este.

En los últimos cuatro años han sido recurrentes las noticias de fallas en los contenedores en que se transportan y almacenan los insumos tóxicos requeridos para el procesamiento de la megaminería metálica. Es el caso del cianuro de sodio. Asimismo, ha sido recurrente el tema de los desastres ambientales ocasionados por las fallas en las presas de jales, sitios donde se almacenan los residuos tóxicos, incluyendo metales pesados, generados por este tipo de minería.

Por ejemplo, la misma empresa responsable de los desastres ambientales en los ríos Sonora, Bacanuchi y de tres ríos más en Taxco, Guerrero, ahora pretende instalar otra mina en el ANP valle de los Cirios y una más en el ANP Mariposa Monarca. La pretendida mina en el valle de los Cirios además tendría influencia en las ANP El Vizcaíno y el complejo lagunar Ojo de Liebre.

Si bien, el sistema de 176 ANP federales es representativo de parte de la riqueza y biodiversidad del país, aún faltan muchas regiones que requieren protección urgente. Existen otros espacios de gran relevancia para las especies y ecosistemas mexicanos que han sido delimitados por grupos de expertos, tales como los humedales, regiones terrestres, hidrológicas y marinas prioritarias y áreas de importancia para las aves. Muchas de estas zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad todavía no están representadas en el sistema ANP o lo hacen de manera parcial.

Además cabe mencionar que las ANP terrestres pueden tener una feliz coincidencia con áreas de recarga de mantos acuíferos. Pero salvo en algunos casos como lo es la declaratoria de las ANP sierra La Laguna en Baja California Sur y Cuatro Ciénegas en Coahuila; o con todo el curso del agua para la agricultura como las cuencas alimentadoras de los distritos de riego 001, 004, 026 y 043, usualmente son más bien los aspectos de biodiversidad, y no los hidrológicos, los que las definen.

En México, las regiones hidrológicas prioritarias de mayor concentración y extensión se localizan a lo largo de la sierra Madre Occidental y en las cuencas aluviales del norte del país, específicamente en las partes altas de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango y Jalisco. Sólo una parte de ellas se encuentran actualmente protegidas en ANP, por lo que además de su importancia para la biodiversidad, también debería ser prioritario su valor hídrico para la conservación, considerando la problemática nacional en el tema del agua.

En este sentido, es necesaria la participación de la sociedad civil en el cuidado de los sitios importantes para la biodiversidad y la seguridad hídrica, tanto los que están o no en el sistema ANP. De dos formas: estando atentos a las actividades de exploración que las empresas hacen previamente a la explotación, y a que no se emitan los permisos necesarios para la explotación bajo este tipo de esquemas no tradicionales y altamente contaminantes (permisos de uso de suelo, cambio de uso de suelo forestal a minero, renta de tierras a propietarios).

Por su parte, las autoridades a las que corresponde emitir los permisos necesarios para la instalación de minas en ANP están por ley obligadas a salvaguardar el bienestar y la integridad de las mismas, no emitiendo permisos a las empresas promoventes que pretendan hacer exploración y explotación bajo los esquemas mencionados. Permisos que son independientes de las concesiones que se otorgan y que son necesarios para su operación.

Cabe enfatizar que por todas estas razones acerca de la importancia estratégica de las ANP para las nuevas generaciones de mexicanos, y por los impactos documentados que produce la megaminería metálica, la legislación actual debe modificarse urgentemente para que dejen de otorgarse concesiones mineras en ANP. Además de que las concesiones vigentes sean revocadas.