Categoría: Minería

Sara González, somoselmedio.org

San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.

La comunidad de San Miguel Del Progreso se encuentra en un momento histórico ya que logró cancelar, a través de una demanda de amparo, las dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en su territorio. Ya desde el año 2011, fecha en la que la comunidad se dio cuenta de que su territorio estaba siendo concesionado por las empresas mineras Zalamera y Hochshild México S.A de C.V (de origen peruana con capital británico), reunió una Asamblea para organizarse y decidir las acciones a tomar contra la implantación de minería a cielo abierto en su territorio. Así, el 17 de abril 2011, la Asamblea General de Comuneros decidió rechazar la exploración y explotación minera y pedir más información a la Secretaría de Economía sobre lo que estaba ocurriendo.

En junio del 2013, la Secretaría les contesta mediante un oficio que San Miguel Del Progreso “se ubica parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861)”.

Un mes después, el 15 de julio 2013 exactamente, la comunidad interpone una demanda de amparo (1131/2013) en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, señalando que las concesiones contravienen a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México. Además, piden que la Justicia Federal analice la constitucionalidad de la Ley Minera, aprobada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, enfatizando sobre todo los artículos  6, 10, 15 y 19 de dicha Ley.

A Júba Wajiín le ha sido otorgado el amparo el 12 de febrero de 2014 además de la protección de la Justicia Federal a la comunidad. Una victoria histórica, en la que el poder judicial guerrerense consideró que habían sido violados los derechos de la comunidad al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras. Sin embargo, no se consideró necesario analizar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera y más grave aún, “la sentencia fue impugnada por el Gobierno federal mediante un recurso de revisión”. De esta manera, el territorio de la comunidad y de muchas otras en la región sigue estando amenazada por empresas internacionales. En noviembre del 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de “libertad de terrenos” . El término “libertad de terreno” implica que a los 30 días que se publique la declaratoria, los terrenos están de nuevo en oferta, en otras palabras: se pueden volver a concesionar.

“Solicitamos que la SCJN discuta la Ley Minera. Eso era una de las peticiones del primer amparo”, explica Taurino Carrazco, miembro del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Y es justamente por eso que la comunidad decidió interponer un segundo amparo, llevando a un segundo logro. El pasado 11 de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo de Distrito emitió un acuerdo mediante el cual otorga a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos. Este acuerdo imposibilita a la Secretaría de Economía aceptar solicitudes de concesiones mineras a empresas que deseen los territorios liberados, hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Como lo enfatiza Tlachinollan en su comunicado, “la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado el próximo 25 de mayo. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe suspenderse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad indígena solicitó que continúe el análisis del caso”.

La minería en Guerrero atañe a 24% del territorio estatal. La cancelación de las 2 concesiones mineras beneficia de manera directa a 11 núcleos agrarios de 6 municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas.

Por Érika Ramírez publicado en Contralínea

Las mineras en México enriquecen a empresarios; contaminan sin freno el medio ambiente y mantos freáticos; acaparan los recursos hídricos, y omiten el pago de impuestos. Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation y Pondercel son las empresas que más agua acaparan en el país

Grupo México ocupa el primer lugar en la lista de empresas acaparadoras de agua, unos 90 millones cúbicos, según cálculos elaborados con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., Compañía Industrial Minera México, S.A. de C.V.; Industrial Minera de México, S.A. de C.V; Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. y Mexicana del Cobre, S.A. DE C.V.; el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua.

Este mismo consorcio es el responsable de contaminación por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, el 6 de agosto de 2014. También del desastre en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila), en febrero de 2006, donde 65 mineros quedaron atrapados tras explotar la mina de carbón.

Grupo México es el emporio que ha acaudalado al segundo hombre más rico del país, German Larrea Mota-Velasco, quien con la explotación de recursos naturales ha generado una riqueza de 9 mil millones de dólares, según la lista de Forbes.

Las concesiones
Concesiones de agua para las mineras, una investigación realizada por Manuel Llano Vázquez –maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica. Investigación, mapas y drones para la sociedad civil–, documenta la lista de empresas mineras que se están apoderando, también, de los recursos hídricos.

Del mapeo se desprende que en México hay 417 empresas mineras, agrupadas en 230 conglomerados que aprovechan el agua a través de 1 mil 36 títulos. Las tres primeras en la lista de “aprovechamiento” son: Grupo México, S.A. de C.V., Goldcorp Inc. y ArcelorMittal México, S.A. de C.V.

El volumen de explotación de las más de 400 mineras alcanza los 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales. El geoestadista Llano Vázquez documenta que es el equivalente al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al vital líquido por un año de 3 millones 229 mil personas. “Cabe recordar que en México, 13.8 millones de personas no tienen acceso al agua en la vivienda”, destaca en su análisis.

En entrevista, el investigador comenta que el impacto de la minería no sólo es en el territorio, sino en todo lo que deja durante la operación y posterior al cierre y abandono de una mina. Enfatiza: “uno de los elementos importantes es el agua, no sólo estamos hablando de la que consumen, sino de la destrucción de fuentes de agua, la contaminación y el acaparamiento. Para acercarnos a todo esto lo primero que habría de preguntarse es cuánta agua consumieron”.

 Acaparamiento y conflicto
La minera canadiense Goldcorp Inc. es la segunda minera que mayores recursos hídricos ocupa en el país. A través de sus filiales Camino Rojo, S.A de C.V.; Compañía Minera Nukay, S.A de C.V.; Desarrollos Mineros de San Luis, S.A de C.V. y Minera Peñasquito, S.A de C.V. ocupa 47 millones 656 mil 34 .00 metros cúbicos anuales, indica CartoCrítica.

Esta compañía se encuentra en la lista de conflictos mineros que documenta el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL): en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, Goldcorp “ha despertado una guerra entre cárteles que buscan cobrar cuotas de extorsión o ‘cobro de piso’. Más de diez asesinatos se han ligado a la minera desde 2014”.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que desde hace varios años se ha denunciado que bajo la explotación a cielo abierto y de tumbo y relleno [técnicas de explotación minera] las empresas depredan los bienes naturales.

A la Rema, dice Mijangos Leal, “le queda clarísimo que la minería no se puede desarrollar sin agua; hay ejemplos muy concretos que nos señalan la gran cantidad de agua que utilizan, como en el caso de Carrizalillo: una mina a cielo abierto donde se utilizan aproximadamente 250 millones de litros de agua diarios para producir alrededor de 27 kilogramos de oro al día. Esto refleja el volumen que utilizan para la explotación del oro; además, contaminan, dejan aguas con residuos químicos imposibles de utilizar.

 “En México, hay un marco que permite que las mineras tengan acceso al agua de manera libre, prácticamente sin pagarla, no tiene ningún cargo de responsabilidades por contaminarla ni porque sequen manantiales, arroyos o cambien los causes de los ríos”, dice.

Los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino también “una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”, documenta el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industria.

Y es que para obtener una tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca)”; producir 1 onza de oro genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos; la contaminación río abajo con cianuro por el proceso de lixiviación.

El geoestadista Manuel Llano expone: “los datos sobre los titulares de las concesiones de agua están alojados en el REPDA, con 500 mil concesionarios de agua en el país, con los datos del titular y un supuesto tipo de uso en las categorías: servicios, industria, uso público, acuacultura, energía hidroeléctrica… es en este registro donde hay que asomarse para poder dilucidar quienes son los usuarios.

“Sin embargo, estamos en un país en donde existe un tráfico de derechos de agua. Un concesionario puede tener equis título que le ampara determinado volumen de agua a su favor. Éste, a su vez, se la puede transferir a alguien más; entonces, hay un tráfico de derechos de agua. Si hacemos una búsqueda dentro del registro, la realidad es que si bien podremos conocer algunos nombres, también se podría estar consumiendo mucha agua de mercados informales de agua”, dice el investigador de CartoCrítica.

La Ley a favor de las mineras
Luego de las modificaciones a la Ley Minera, que se llevaron a cabo el año pasado, esta se ha volcado a favor de los empresarios del ramo, que en su mayoría son de origen extranjero. Los especialistas en el tema comentan que los artículos 6 y 19 de la Ley Minera son los más preocupantes, pues esta actividad es preferencial pese a que existen recursos comunales.
Mijangos Leal comenta que la Ley Minera en todos los países tienen una similitud que espanta, obviamente un gran promotor de la minería en el mundo es Canadá, con todo a su favor. Destaca el artículo sexto, que a la letra dice: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

Manuel Llano comenta que el otro problema es que la Ley Minera tiene un conflicto de derechos con la Ley General de Agua, pues la minera le concesiona el agua a las empresas sin restricción alguna. En sus fracciones V y VI indican: “Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas; obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de ley de la materia”.

 Las omisiones monetarias
En Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detalla la falta de cumplimiento de las empresas mineras para con la hacienda pública. El máximo órgano de fiscalización del país documenta la omisión de los empresarios para pagar lo exigido apenas este año, después de que sólo pagaban módicas cantidades por “pagos de derecho”.

El dictamen del máximo órgano de fiscalización señala en la auditoría Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera, practicada a la Secretaría de Economía, que: 6 mil 823 títulos de concesión omitieron en el pago de derechos sobre concesiones mineras. Además, “2 mil 347 títulos de concesión que presentaron diferencias pagadas de menos, de los cuales no se había iniciado el proceso de cancelación para 1 mil 862 concesiones”, indica la ASF.

En otra de las auditorías practicadas a la Secretaría de Economía, destaca las deficiencias que hay en la regulación y supervisión de la actividad minera. Propone que la dependencia “analice las causas por las cuales no dispuso de los diagnósticos en los que se señalen las necesidades de actualización del marco jurídico y normativo de la actividad minera, y considere establecer los mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que le permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de su gestión”.
Waldo Fernández, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, dice que las omisiones de pago por parte de las mineras “es un tema muy grave. Finalmente, dentro de todos los cambios fiscales que se hicieron se ajustó mucho el tema de la minería por dos razones fundamentales: una es que no había la claridad del cobro de impuestos por las extracciones o el inventario que ellos tienen; la segunda, una parte de estos impuestos se quedaran en las localidades o municipios de donde se estaba extrayendo el material, de alguna manera para que los municipios tuvieran parte de esta riqueza, pero también para mitigar el daño de la minería”.

Con este proceder del sector, dice el legislador, se afecta a la hacienda pública. El problema en México, comenta, “no es de leyes, sino de voluntad política. La Secretaría de Hacienda tiene que encargarse de hacer auditorías a las empresas. Este es un sector muy importante para el país que también está en manos de extranjeros”.
Érika Ramírez

ofraneh

El pasado 30 de abril en la comunidad de El Rincon del Buey, se efectuó una asamblea comunitaria con la participación de mas de 800 delegados y delegadas de las comunidades Maya Chortis; Nueva Esperanza, Carrizalito 1 y 2, Río Amarillo, Llanetillos, Hacienda Grande, Corralito, Agua caliente, Barrio Ostuman, El Tigre, El Cordoncillo, Llano de la Puerta,   San Pedrito Alto, Sesemil Primero, Sesemil Salitrón, La Vegona, El triunfo, El Barrancón, Rincón del Buey, Tierra Fría, Quesera, Planes de la Brea, Zompopero, Panalito La Línea, Aldea nueva, Malcotes, El Chilar, El zapotal y Quebracho; pertenecientes a los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas. El tema central de la asamblea para la población de las  comunidades Maya-Chorti y mestizas que concurrieron fue discutir, analizar y tomar decisiones respecto a la explotación minera, aprobada por el Estado sin haber efectuado ninguna consulta con las comunidades en el área de influencia de las concesiones.

La Asamblea en pleno reafirmó su decisión y posición en cuanto declarar el Territorio Maya Chortí Libre de Minería, la que viene siendo impuestas por compañías mineras y el Estado de Honduras. El 14 de mayo del año 2015 fueron introducidas las cuatro solicitudes de concesión minera metálica y fueron registradas el 10 de julio del año 2015. Estas fueron presentadas por el Abogado Oscar Alejandro Álvarez Díaz en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Minerales Chorti S.A. de C.V.

 

Las comunidades afectadas realizaron una manifestación el pasado 10 de abril, por las concesiones otorgadas que afectan a más de 5,400 manzanas de tierra. Una de las mayores preocupaciones manifestadas por las poblaciones dentro de las concesiones, es la destrucción de cuencas hidrográficas y la alteración de la calidad del agua, además que se colocan en riesgo la producción agrícola de la zona, la que incluye café de optima calidad, cacao, maíz, frijoles y ganadería.

La cercanía de las concesiones al centro Ceremonial Maya, conocido como Ruinas de Copán, pone en riesgo la industria turística fuente de ingresos para parte de la población de la zona. La Concesión Copan IV, se encuentra a menos de un kilómetro de la zona de influencia del centro arqueológico de Copan. Es inaudita la actitud de la actual administración gubernamental, al imponer la construcción del aeropuerto de Piedras Amarillas, supuestamente para beneficiar la industria turística al mismo tiempo da luz verde a la destrucción inducida por la minería y el conflicto social que causará la imposición de un ecocidio.

Las solicitudes de concesión minera metálica en el municipio de Copán Ruinas se efectuaron en completo silencio, sin haber efectuado una consulta previa, libre e informada con las comunidades Mayas-Chortí como lo señala el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Existe una enorme jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a la consulta previa y la obligatoriedad de la misma. Entre las sentencias emitidas se encuentra la del caso Comunidad Garífuna de Punta Piedras Versus el Estado de Honduras de fecha 18 de diciembre de 2015. La sentencia  de la Corte IDH  incluyo el proyecto minero no metálico Punta Piedra II. Y al respecto sentenció que:

217. En  particular respecto  del  momento  en  que  debe  efectuarse  la  consulta,  el artículo 15.2 del Convenio169  de la  OIT señala que, “[e]n caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre  otros  recursos  existentes  en  las  tierras, los  gobiernos  deberán  establecer  o mantener  procedimientos  con  miras  a  consultar  a  los  pueblos  interesados,a  fin  de determinar  si  los  intereses  de  esos  pueblos serían  perjudicados,  y  en  qué  medida, antes  de  emprender  o  autorizar  cualquier  programa  de prospección  o  explotación  de los recursos existentes en sus tierras”.
218.En vista de lo anterior, la Corte considera que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier  proyecto  de  exploración  que  pueda  afectar  el  territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales.

Felicitamos al pueblo Maya-Chortí y la población mestiza que en Asamblea optaron por un territorio Libre de Minería. Así mismo instamos al Estado el respeto irrestricto a la decisión de las comunidades y el Pueblo Maya Chortí.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indigenas de Honduras, ODHPINH

Noalamina

En un encuentro en San Luis Acatlán recriminan el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo. Convocan a fortalecer sus estructuras para que las empresas transnacionales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras. En la Montaña hay 46 concesiones entregadas, informan

Integrantes del Consejo de Autoridades Agrarias (CAA) de la Montaña y la Costa Chica por la defensa del territorio y en contra de la reserva de la biosfera, convocaron a las poblaciones a fortalecer a las autoridades comunitarias y agrarias para que las empresas transnacionales dedicadas a la extracción y explotación de recursos naturales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras; en la Montaña hay 46 títulos de concesiones entregadas.

 

En la segunda reunión del año del CAA, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, comuneros y ejidatarios recriminaron el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo Flores al ser intermediario entre los pobladores del Nuevo Balsas, Cocula, y la empresa Media Luna que extrae oro en ese municipio y que ha provocado daños al medio ambiente y a la salud de la población.

 

También mostraron su malestar porque el gobierno ha emprendido una estrategia reuniones paralelas con funcionarios del estado y federales en los municipios, como ocurrió ayer en Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, donde fueron ofertados proyectos productivos, lo que ocasiona falta de asistencia al encuentro del CAA.

 

El Consejo de autoridades integra 18 núcleos agrarios de los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Zitlaltepec y Cochoapa el Grande, fue creado en octubre del 2012. Ayer se integraron los núcleos agrarios de los municipios de Xochistlahuaca, Marquelia, Copala y Juchitán.

 

Al encuentro asistieron unos 200 pobladores, entre ellos comisariados ejidales, comisarios municipales y delegados. Durante la reunión, que inició minutos después de las 10 de la mañana, los pobladores manifestaron su rechazo a la extracción de los minerales de sus tierras, así como las reformas estructurales del gobierno priista encaminadas al despojo.

 

Uno de los activistas recordó en la reunión que en el estado hay 816 títulos otorgados a empresas mineras, de los que 46 pertenecen a municipios de la Montaña, dos de las más grandes concesiones son; la de la empresa Hochschild Mining, Corazón de Tiniebla, en Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, con 45 mil hectáreas; y el proyecto La Diana, de la empresa Vendome, que abarca 16 mil hectáreas en los municipios de Iliatenco y Zitlaltepec.

 

El 24 de noviembre de 2015, en un escueto informe publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer del desistimiento de la empresa Hochschild Mining para continuar el proyecto de extracción de minerales en la zona, pero no se especifica el motivo. En noviembre de 2013 habitantes de la comunidad me’phaa de San Miguel El Progreso, municipio de Malinalepec, entre ellos autoridades municipales y agrarias, solicitaron un amparo contra las concesiones mineras ante la SCJN.

 

En la reunión de ayer, las autoridades convocaron a modificar los reglamentos internos de los núcleos agrarios y establecer que en sus tierras está prohibido cualquier tipo de extracción de minerales, recordaron que en los únicos lugares donde han logrado establecer ante el Registro Agrario Nacional (RAN) esos términos son los ejidos de San Miguel del Progreso, Zapotitlán Tablas y Zitlaltepec.

 

Denunciaron que una vez que las autoridades se dieron cuenta de que las comunidades y los ejidos estaban protegiendo sus tierras de la extracción de minerales, han bloqueado los trámites y ahora se encuentran en la búsqueda de nuevas formas para establecer la prohibición de cualquier acto de explotación.

 

Durante la reunión, el comisario ejidal de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro sostuvo que el gobierno del estado tiene un plan para impulsar la minería en el estado y una iniciativa que no ha revelado; tampoco ha hablado sobre la situación de las comunidades de la Montaña y la Costa Chica.

 

Otros comuneros y ejidatarios que tomaron la palabra se quejaron de la falta de interés de la población por ir a las reuniones, aunque la afectación será para los municipios, tanto de la parte alta como los de la costa. Rememoraron que los ríos de Marquelia, Quetzalapa, San Pedro y Santa Catarina nacen en la parta alta, donde se pretende sacar minerales a cielo abierto, lo que provocará la contaminación río abajo.

 

Los asistentes reclamaron el desinterés de los presidentes municipales de los municipios que serán afectados si se concretan los proyectos mineros. El comunero de Iliatenco, Ponciano Santana expresó “tenemos que hacer algo por las nuevas generaciones”, y reclamó la tala clandestina permitida en algunas comunidades de la Montaña.

 

Otro comunero, Bulmaro Candia dijo “no estamos de acuerdo en que entren las mineras a nuestros pueblos”, recordó lo que pasó con las comunidades alrededor de Campo Morado, y el conflicto que había en Cocula con la empresa Media Luna.

 

El señor Inocencio Nicolás, sostuvo que no hay confianza en el gobierno de los municipios, del estado y de la federación, “porque no se acuerdan del pueblo”.

 

Durante el encuentro fue proyectado un documental de los efectos de la minería a cielo abierto. En la reunión se acordó que el próximo encuentro será en el municipio de Copala, el 25 de junio, y el 30 de julio será el cuarto taller agrario, con el tema Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, en la comunidad de Colombia de Guadalupe.

 

La amenazaron por ser parte del Consejo, denuncia una vecina

 

La señora Epifanía Pérez Gómez, quien desde hace 22 años se desempeña como médico tradicional en las comunidades de la Montaña, denunció en la reunión que fue amenaza por teléfono el 30 de enero, día de la primera reunión del CAA en San Luis Acatlán.

 

Ella forma parte de la organización Cáritas Mexicanas y asiste a los talleres que la iglesia imparte a las comunidades para hacer abono orgánico, y aprender a tratar las plantas del café afectadas por la plaga de la roya.

 

Durante su participación, dijo que después de ir a la reunión recibió una llamada de un hombre que le dijo “que por su bien” no siguiera asistiendo; pero dice que no tiene miedo y que seguirá acudiendo a las reuniones porque le interesa lo que ocurre en su comunidad. En declaraciones, dijo que el hombre que la llamó le preguntó qué era lo que necesitaba para que dejara de apoyar a las organizaciones.

 

“La primer invitación que te hago es que ya no vayas a esos foros, si quieres vivir con tu familia”, fue lo que le dijo el desconocido. La mujer indicó que ese mismo día avisó de la amenaza al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

 

(…)

Vía Movimiento M4

 

Fuente: El Sur

Vía Movimiento M4

Ciudad Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos -entre otros– del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos.

Durante el evento se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales.

 

Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA, por las afectaciones irreversibles a los bienes naturales y las enfermedades a la salud de las personas que puede ocasionar.

Debe quedar claro que no estamos en contra de la empresa minera, estamos defendiendo nuestro derecho a la vida.

 

Situación actual

De acuerdo a los registros de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE), el pasado 26 de junio de 2015, la Minera Plata Real vendió los derechos de la concesión minera de 8 mil 150 hectáreas en Ciudad Ixtepec a “Pablo Ibarra Mora”, esta actividad sugiere que durante este año se lanzará un nuevo concurso para que una empresa “extractora” tenga el derecho de explotar el oro y la plata que se encuentra en los cerros Banderilla y Nisa Bixhichi  en Ciudad Ixtepec.

De acuerdo a los datos aportados en este foro la concesión minera de 50 años (de 2008 a 2058) es un peligro latente, ya que si una empresa extractora firma un contrato con el concesionario, se ve obligada a explotar la mina -a como dé lugar- de lo contrario tendría que pagar una multa onerosa.

Se destacó que el proyecto en Ciudad Ixtepec se extiende desde Laxhilona hasta la calle Trujano, abarcando más de 10 barrios originarios de Ciudad Ixtepec, como son Carrizal, Tepalcate, 1ra, 2da, 3ra y 4ta sección, así como El Zapote, Carrasquedo, Picacho, Cheguigo Juárez, Cheguigo Zapata y la Huana Milpería.

 

La defensa de los pueblos

Durante el foro regional informativo organizado por el Comité Ixtepecano por la defensa de la Tierra y Territorio, las mujeres zapotecas realizaron también una declaración como mujeres, a favor de la vida, ya que la explotación minera a gran escala como se pretende realizar en Ciudad Ixtepec y en otros municipios istmeños, es un “proyecto de muerte”.

Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales.

Uno a uno, los representantes de organizaciones estatales y locales se pronunciaron en contra de los megaproyectos extractivos en el Istmo de Tehuantepec, debido a que la contaminación de la tierra, agua y viento no sería exclusiva del municipio en el que se exploten los minerales.

Es decir que al contaminar la cuenca del Guigu Bicu (Rio los perros) los elementos tóxicos como cianuro y arsénico llegarían hasta las lagunas marinas de San Mateo del Mar, de igual forma al contaminarse la cuenca del río Ostuta y Espíritu Santo, contaminando las lagunas a San Francisco y San Mateo del Mar, de la cual dependen miles de personas a través de la pesca.

Se citó como relevante, que en Valles Centrales, gracias a la organización de la comunidad de Magdalena Teitipac, se logró expulsar a una empresa minera que contaminó los mantos acuíferos en su territorio; la cual es filial a la que realizó las exploraciones en Ciudad Ixtepec

Antes de finalizar, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la radio comunitaria Totopo, a través de la niña Antonia Jiménez Vázquez, refrendaron su respaldo a los habitantes de Ciudad Ixtepec para defender la vida en su territorio.

Abuelos y abuelas, padres y madres, hermanas y hermanos jeromeños, estamos aquí para decirles que lucharemos junto a ustedes para expulsar esa mina extranjera que sólo trae destrucción y muerte, además debemos de juntarnos todos para defender nuestro río Bicu Nisa.

Nuestros pueblos son de hermandad, de guendaliza’a (…) para tejer una vida con dignidad, como se teje una atarraya con paciencia y amor que en cada punto representa a cada hombre y mujer de hoy, y en cada amarre a las niñas y niños de mañana”.

Fuente: IstmoPress

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, La Jornada

En un episodio más de desprecio hacia la sociedad mexicana y su patrimonio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha aprobado la entrega de $7,232,516 (siete millones, doscientos treinta y dos mil quinientos dieciseis pesos) a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX). No sería, ni de lejos, la primera vez que empresas asociadas a la ilegalidad o al crimen organizado accedieran a recursos públicos de programas gubernamentales diseñados para apoyar al sector empresarial. Un caso reciente de escándalo es el de las empresas que operan en territorio mexicano ligadas al lavado del dinero generado por actividades delincuenciales, principalmente el narcotráfico: como lo ha señalado Edgardo Buscaglia, en la lista de corporaciones y personas vinculadas al crimen organizado, elaborada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aparecen boletinadas empresas asociadas al lavado de dinero de El Chapo Guzmán. Tres de ellas han sido beneficiarias de programas administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la estancia infantil Niño Feliz y la Cooperativa Avestruz Cuemir.

 

Esta última, de acuerdo con información de Jesusa Cervantes, recibió de Sagarpa en 2011 poco más de 2 millones y medio de pesos para «modernización de instalaciones». A pesar de contar con esta información, el gobierno mexicano mantiene la inacción producto de lo que el mismo Buscaglia denomina como «pacto de impunidad».

¿Tendrá idea el doctor Enrique Cabrero, potosino y director del Conacyt, de todas las ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense MSX en San Luis Potosí? ¿Estará enterado de cómo en sólo ocho años, sin autorizaciones, despojando tierras, induciendo el odio y la violencia social, traficando influencias y en medio de una de las historias más vergonzosas de corrupción político-empresarial, esta minera arrasó con cientos de hectáreas de patrimonio biocultural originalmente protegido y pulverizó el histórico Potosí? ¿Sabrá, por ejemplo, que durante al menos un año la MSX, por negligencia, arrojó por sus hornos a los cielos del valle de San Luis toneladas de polvos con altas concentraciones de mercurio y cadmio? ¿Tendrá alguna idea de los daños irreversibles que a toda la región ha provocado la MSX con su depredador y súbito proyecto de tajo a cielo abierto? ¿Sabrá que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado entrada a la queja de Pro San Luis Ecológico en contra de las violaciones a los derechos humanos del gobierno mexicano al haber protegido la operación ilegal de MSX?

Aún más, ¿Enrique Cabrero tendrá idea de que esta empresa sigue ilegalizada y que ha utilizado a instituciones como la UNAM, la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahora el Conacyt para intentar lavar su imagen y legitimarse? ¿Conocerá a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que no han resistido la tentación de arrimarse fondos y viajes colaborando con MSX? ¿Ignora acaso que MSX es una empresa canadiense y que los fondos de innovación son para empresas mexicanas? ¿Sabe el doctor Cabrero y sus colaboradores que la canadiense MSX ha obtenido en sólo ocho años, según sus poco confiables declaraciones, 850 mil onzas de oro y más de 12 millones de onzas de plata, lo que le ha dado ingresos de aproximadamente mil 500 millones de dólares? ¿Tiene idea del daño ambiental, social, cultural y legal que nos ha causado esta trasnacional a los mexicanos presentes y futuros…?

Porque si el director del Conacyt y sus colaboradores ignoran esto, que no deberían ignorar, podemos sospechar que la máxima instancia rectora de la política pública de ciencia y tecnología de México está siendo infiltrada, saqueada y utilizada por tecnólogos al servicio de empresas urgidas de blanquear sus ilícitos. Aunque prefiero pensar que estamos ante un caso de ignorancia y no de connivencia, porque de ser esto último el Conacyt profundizaría aún más el déficit de credibilidad y confianza que los científicos duros y sociales seguimos acumulando a ojos de una sociedad humillada, saqueada por la corruptocracia que nos gobierna o por el crimen organizado que nos asfixia.

Y no es para menos. Frente al escándalo de los recurrentes plagios, de los comunes casos de explotación de estudiantes, del autoritarismo académico, del acoso sexual machista hacia las mujeres científicas, del clientelismo burocrático-académico, de las actitudes mercenarias de quienes han cultivado gozosamente las relaciones perversas entre la ciencia y la lógica del mercado, o de la claudicación de quienes han renunciado al cultivo de la ciencia para la vida, frente a todo ello y más, no queda sino plantear la necesidad urgente que tenemos como comunidad científica de un giro radical que privilegie la ética y el servicio. En pocas palabras, transitar hacia una nueva praxis y reinventarnos.

El doctor Enrique Cabrero debe dar muestras de autoridad moral. La comunidad científica, por su parte, debe exigir que se suspenda la entrega del dinero público a una empresa trasnacional ecocida. Si en verdad Conacyt quiere invertir para el bien común recursos de los mexicanos en algún proyecto asociado a la MSX, sugiero que hagamos nuestra la propuesta que hace dos semanas me hiciera el doctor Víctor Toledo cuando lo llevé a conocer in situ el desastre del cerro de San Pedro. Toledo propuso hacer de la zona un museo de sitio para la concientización de las presentes y las futuras generaciones: el Museo del Ecocidio. ¿Habrá fondos Conacyt para ello?

Más de mil minas operan en México legalmente. De ellas, la Profepa detectó que el 65 por ciento no cumple con la normatividad ambiental. Sin embargo, sólo 71 centros de operación mineros han sido clausurados

Elva Mendoza, Revista Contralínea

Tras la inspección de las más de 1 mil minas que operan legalmente en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó irregularidades e incumplimiento de la normatividad ambiental en el 65 por ciento de los proyectos mineros. Derivado de los trabajos, 71 establecimientos que cuentan con registro oficial –ubicados en los estados de Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora– fueron temporalmente clausurados. Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México y responsable, en agosto de 2014, del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, en el municipio de Cananea, Sonora, forma parte de la lista negra de la Profepa.

De acuerdo con reportes que la Profepa ha generado desde 2014, alrededor del 65 por ciento de las minas que operan legalmente en el país incumplen con la normatividad ambiental. Al respecto, la dependencia prepara un informe detallado.

Luego de los trabajos de revisión, inspección y verificación realizados a las 1 mil 130 instalaciones y proyectos mineros establecidos oficialmente, la Profepa dio a conocer que 729, el 64.51 por ciento, presentan algún tipo de irregularidad.

Por incumplimiento de sus obligaciones ambientales, de los más de 700 centros de operación y extracción identificados, se clausuraron temporalmente 71 (61 con carácter total temporal y 10 de manera parcial temporal).

Clausuras totales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

También, Everardo Godoy Lara; Banco de Extracción de Material Pétreo (tepetzil o tezontle); Xtrata, S de RL de CV; Mina de Barita Sanfer de Fernando Bazán Teutli, y los Proyectos de Extracción Mineral de Fierro denominados Miriam y El Faraón en el municipio de Arteaga, Michoacán. Estos últimos, clausurados por la Procuraduría en 2014 por no contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que también le aseguraron 98 mil 671 toneladas de material ferroso y 36 maquinarias pesadas.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Trituradoras, quebradoras, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras, tractores D-8, excavadoras, camiones de volteo y camiones pipa, los cuales son utilizadas para la extracción, triturado y transporte del material ferroso, fueron las maquinarias clausuradas y aseguradas por personal de la Procuraduría.

Clausuras parciales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

También, Everardo Godoy Lara; Banco de Extracción de Material Pétreo (tepetzil o tezontle); Xtrata, S de RL de CV; Mina de Barita Sanfer de Fernando Bazán Teutli, y los Proyectos de Extracción Mineral de Fierro denominados Miriam y El Faraón en el municipio de Arteaga, Michoacán. Estos últimos, clausurados por la Procuraduría en 2014 por no contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que también le aseguraron 98 mil 671 toneladas de material ferroso y 36 maquinarias pesadas.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Trituradoras, quebradoras, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras, tractores D-8, excavadoras, camiones de volteo y camiones pipa, los cuales son utilizadas para la extracción, triturado y transporte del material ferroso, fueron las maquinarias clausuradas y aseguradas por personal de la Procuraduría.
Clausuras parciales temporales

Incipiente cumplimiento de la ley

Apenas el 35 por ciento de las minas, 401 instalaciones, cumplieron a cabalidad con la normatividad ambiental, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La mayor parte de las oficialmente registradas ante las autoridades responsables se ubican en Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora.

Minas ilegales

Además de la problemática ambiental de la minería autorizada, en el país existe un número indeterminado de minas operando fuera de la ley. En 2009, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) denunció el aumento de la extracción clandestina mineral de hierro, principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión, Guerrero.

La Canacero informó que, al menos entre 2009 y 2010, la extracción clandestina, con base en cálculos de las empresas, ascendió a 40 mil toneladas mensuales, muchas de las cuales salieron por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En junio de 2014, durante la cumbre de Punta Mita, celebrada en Nayarit, la Alianza Pacífico –integrada por México, Colombia, Perú y Chile– anunció el inicio de una serie de consultas para establecer mecanismos que mejoren el combate contra el crimen organizado en la producción, venta y exportación de minerales, entre ellos el oro, la plata, el cobre y el hierro.

Inspecciones
Durante las visitas de inspección donde se llevan a cabo los trabajos mineros se verifican los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental Única, ambos expedidos por la Semarnat.

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con la normatividad aplicable a las actividades mineras, como la NOM-120-SEMARNAT-2011; la NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales (lugares de destino de los residuos), así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales; la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, la NOM-155-SEMARNAT-2007; la NOM-157-SEMARNAT-2009, y la NOM-159-SEMARNAT-2011.

Además de las NOM, las autorizaciones y las licencias ambientales, los proyectos e instalaciones mineras deben cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos y sus reglamentos.

    Normas oficiales vigentes

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a este tipo de actividades:

    NOM-120-SEMARNAT-2011, que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de explotación minera directa.

    NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales.

    NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio.

NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

NOM-159-SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.

Fuente: Profepa

Plurijur

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El video es una descarga tóxica de la mina Marlin al Río Tzalá que atraviesa los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, siendo una de las tantas fuentes comunitarias de agua.

Mientras el oro y la plata son llamados metales preciosos enriqueciendo a los accionistas de la empresa minera canadiense Goldcorp y su subsidiaria guatemalteca Montana Exploradora de Guatemala Sociedad Anónima, la niñez guatemalteca muere de hambre y frío en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa donde les explota la mina Marlin.

Una querida familia de la resistencia comunitaria en San Miguel Ixtahuacán contra la mina Marlin, ha sufirido la muerte de sus dos pequeños que murieron de hambre y frío, como muchos otros y otras en toda Guatemala.

Según el certificado de defunción, Angel de un mes con 7 días, y Milton de 2 años con 2 meses, murieron de neumonía.

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, las niñas y los niños pueden estar protegidos contra la neumonía, mediante intervenciones sencillas y tratados con medicación y cuidados de bajo costo y tecnología sencilla. Uno de los mayores factores de riesgo es la desnutrición.

Para la OMS, una comunidad o población con una nutrición normal no debe exceder del 2.5% de desnutrición.

Según la Secretaría Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala -SESAN-, el municipio de San Miguel Ixtahuacán ocupa el número 73 de los 338 del país con una desnutrición crónica del 50.4%, mientras Sipacapa ocupa el número 72 con el 50.8% de desnutrición crónica en el país.  Estos datos son sobre niñez entre los 7 y 9 años de edad en primer año primaria.

De 166 municipios de Guatemala en 2008, se registró desnutrición crónica en niñez menor de cinco años superiores al 43% de los cuales el 72% pertenecen a zonas rurales. Los municipios con mayor desnutrición crónica son de los más pobres y rurales, es decir, indígenas. De entre los 166 municipios hay 33 con una tasa de desnutrición crónica mayor al 70.4% y cuentan con una tasa de ruralidad del 79%; 50 municipios tienen una desnutrición crónica entre 60.2% con una tasa de ruralidad del 75%; y 83 municipios con una tasa de desnutrición crónica entre 43% y 60% con una tasa de ruralidad de 64%.

Pero la empresa minera Montana presume en los medios de comunicación que ha construido un hospital en San Miguel Ixtahuacán que le costo millones de quetzales con equipos y personal de primera.

La mina Marlin no solo explota oro y plata a través del cianuro y otros químicos sino también MERCURIO.

A pesar que Guatemala, suscribió el 10 de octubre de 2013 el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, reconociendo que es un producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.

Aún así, el gobierno de Alejandro Maldonado y ahora Jimmy Morales autorizaron la ampliación de la explotación de la mina Marln, y de forma ilegal, puesto que la Ley de minería no regula la ampliación de la explotación minera en el país.

Para eso deben tramitar una nueva licencia. Pero esta facultad que el Congreso de la República aprobó como limitación administrativa al poder público de los gobiernos, Madlonado y Jimmy la aprueban argumentando que la ampliación está regulada en el reglamento de la Ley de minería.

En otras palabras, al considerar los flamantes abogados del Gobierno que el Reglamento puede modificar la Ley de minería.están llevándose de corbata toda la cultura jurídica de occidente, invirtiendo la pirámide de Kelsen. Ya no es un Reglamento el instrumento para desarrollar una Ley, sino más bien para reformarla debido a las lagunas mentales de los diputados. Hay un gravísimo problema de legalidad en el país.

¿De qué sirve una Ley cuando a través de un Reglamento pueden regular aquello que los parlamentarios no aprobaron? ¿Entonces para que sirve una Ley?   Se puede tener mayor información sobre la ampliación de la explotación de la mina Marlin en los reportajes de Nómada AQUÍ.

 Esto también es corrupción, además de contar con abogados imbéciles.

Entrevista a Gustavo Castro de ‘Otros Mundos’

Renzo D’Alessandro. ALAInet

Gustavo Castro, miembro de la asociación civil sin fines de lucro “Otros Mundos”, nos explica en esta entrevista la complejidad del fenómeno de la minería extensiva en Chiapas. Defensor de alternativas medioambientales y acompañante de los ejidos y comunidades en sus procesos por la defensa del territorio, Castro nos propone un recorrido que comienza con la definición de minería, su significación en el contexto de la reforma energética, las inversiones y expropiaciones para Chiapas, así como las terminologías para el despojo detrás de las propuestas. Castro nos habla también de las alternativas y contextos de riesgo y violencia que implica el desarrollo de este sector.

La minería como actividad de ‘utilidad pública’ y la reforma energética

A penas comienza la charla y Gustavo Castro, con inteligencia elocuente, ya cuestiona la definición de la “minería”. Para él, ésta incluye no sólo la extracción de petróleo y de gas, sino también la de materiales de construcción como piedras, calizas, gravas y graveras. Desde su visión, lo que diferencia a los recursos que se extraen es la forma en que se regulan: “en México, lo que es petróleo, gas y uranio se regula con otras leyes por ser materiales estratégicos. En el caso de la minería según la Ley Minera, aquellos materiales de extracción pétrea y de construcción pueden ser concesionados por cada entidad y por los municipios, sólo cuando sean para la construcción a nivel local”.

Al cuestionársele sobre el contexto actual de extracción minera en Chiapas y sobre lo que va a cambiar con la reforma energética, Castro asegura que el cambio se da en el espíritu de lo que antes se especificaba en el Art. 6 de la Ley de Minería, como una actividad “de utilidad pública”. Antes los municipios tenían que facilitar la acción para que las empresas pudieran extraer del subsuelo el mineral concesionado, ahora con el cambio “la inversión minera sigue siendo de utilidad pública –lo  que es un título muy perverso– pero en realidad se va privatizando, ya que facilita que sea el privado quien se lleve el material que quiera”, asegura.

En su opinión, la Reforma Energética, es una forma en la que el gobierno va privatizando aquellos recursos estratégicos que están incorporados al mercado como energía, agua, petróleo, gas, “sólo que antes, si había una concesión minera para sacar oro en un ejido, el gobierno sólo estaba dando la concesión de ese territorio donde se ubica el oro (…) El problema es que faltaba pedir la licencia social, las canchas de lixiviación, el tendido eléctrico, el camino para pasar, el derecho de paso, el beneficio y todo eso implicaba más territorio que el terreno en donde está el oro, sino también el de ejidos contiguos para instalarse y extraer”. Lo que ha sucedido, continúa Castro, con la resistencia a las mineras es que se compra la voluntad de los ejidatarios: “la Procuraduría Agraria ha divido y presionado para que los bienes comunales se conviertan en ejidos y luego se vendan. Han hecho asambleas amañadas en donde hasta resucitan a los muertos, violan los padrones ejidales con tal de justificar que las autoridades ejidales ya aprobaron el proyecto en una asamblea”.

En la opinión de Castro, para que Peña Nieto pudiera tener el control energético del todo el país era clave ganar las elecciones municipales pasadas (de 2014), dado que son los municipios los que facilitan el cambio de uso de suelo: “una empresa minera tiene que solicitar al cabildo que modifique el uso de suelo si tienen una concesión ahí (…) Lo que ha pasado es que un ejido contiguo les diga ‘no les doy permiso de pasar el tendido eléctrico sobre mi ejido’, o que otro  ejido de a un lado, les diga ‘yo no acepto que uses mi pozo’, o ‘no te doy derecho de paso y no voy a rentarte para que hagas las cachas de lixiviación” como sucedió hace poco con el ejido Morelia en Chicomuselo contra la Blackgold”.

Inversiones con “obras asociadas” y garantías con “seguros de inversión”

Adicionalmente a las concesiones, Castro agrega que lo que implica la reforma energética es que el gobierno le asegure a las empresas la infraestructura mediante la forma de “obras asociadas”. Tal es el caso del reforzamiento del Puerto Chiapas, para que éstas puedan mover al mercado los minerales que extraen: “Aseguran el agua con el Plan Hídrico, y las carreteras con el Plan de Infraestructura, para que haya carreteras, puertos, agua, y sobre todo las empresas tengan aseguradas sus inversiones”.

Otro elemento son los marcos normativos de los Tratados de Libre Comercio cuyas cláusulas incluyen un “seguro de inversión”: “ninguna empresa va a llegar a invertir millones de dólares a otro país sin que estén seguros o tengan una garantía de su inversión ante cualquier posibilidad de que la gente afectada les pueda bloquear el proyecto”. Por ello, asegura que la reforma energética “no sólo es en cuestión de petróleo, sino de todo un grupo de leyes que van asociadas para la inversión como el caso del agua. En sí, la reforma es darle garantías legales, jurídicas, políticas, de tenencia de la tierra a las empresas”.

Cuando se le pregunta sobre el efecto del incumplimiento de estas garantías de inversión, Castro responde enfático: “la empresa demanda al gobierno por una indemnización. Hay un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que es un mecanismo de disputas entre empresas y gobiernos ante el problema con las inversiones. Entonces si el gobierno le dice a la empresa ‘te vas porque estas destruyendo mucho’, el CIADI dirime cómo el gobierno le va a pagar a la empresa las supuestas ganancias que iban a tener con su inversión”.

Aunque México no es formalmente miembro del CIADI está sujeto mediante un “mecanismo de flexibilización” vinculante con acuerdos del Banco Mundial: “Se van adecuando las reglas de tal forma que en los tratados de libre comercio se pueden ir flexibilizando y ampliando las facilidades a las empresas para invertir, para comprar lo que quieran y hacer negocio dentro del país”.

El tema de la inversión es tan asimétrico, comenta Castro, porque las empresas que no cuentan con las garantías de su inversión pueden demandar por una “expropiación de las inversiones” al gobierno: “Es decir, que si una comunidad, ejido u organización les bloquea una carretera, la empresa demanda por “expropiación indirecta (…) También pueden hacer una demanda por expropiación indirecta ante una Ley que perjudique sus inversiones (…) en sí, todas las empresas que vienen a invertir a México lo hacen con un seguro, y los gobiernos como el de Peña lo que hacen es asegurarles a toda costa, las condiciones para que no pierdan su inversión”.

Ley agraria y proyectos en la Selva

Al preguntarle a Gustavo Castro sobre la nueva Ley Agraria, indica que “bajo la ley actual, una comunidad mediante una asamblea en la que tengan el 50% más uno a favor, pueden decidir si quieren o no explotaciones mineras, sin embargo, ahora lo que va a cambiar es que la empresa minera puede exigir a los ejidatarios que vendan, y si éstos no lo hacen, la empresa puede exigir al gobierno para que les expropie sus tierras”.

Recientemente la Secretaría de Energía publicó un plan quinquenal de exploraciones para el Campo Nazareth en Ococingo y Altamirano, se le cuestiona sobre las áreas de interés minero en zonas zapatistas a lo que Castro responde, “ya está anunciada la licitación de la Selva Lacandona para la siguiente ronda, entonces si dictan una expropiación de los terrenos zapatistas de la selva, eso puede llegar a ser un asunto muy delicado. Las consecuencias para las comunidades zapatistas serían intentar dividirlos y expulsarlos. Si el gobierno hace un concurso de licitación, y alguna empresa lo obtiene, entonces el gobierno pondrá las condiciones para que la empresa ejecute su licitación”.

“Parte de las licitaciones son los campos de la parte norte de Chiapas, hacia Reforma, Pichucalco, donde ya se tienen ‘reservas probadas’. El gobierno busca a las empresas que puedan cumplir con los requisitos para hacer la licitación. En sí hay tres modelos de licitaciones: 1) Se pueden comprar la licitación; 2) el gobierno y una empresa privada pueden acordar producir conjuntamente; y 3) que la empresa produzca y se dividan las ganancias con el gobierno. Será hasta el próximo año cuando empiecen las licitaciones para los pozos de Nazareth (…) Hay un manto gigante debajo de la reserva de la biosfera de la selva del Petén, que llega a Ocosingo y a Belice”.

Zonas libres de minería

Al discutir sobre el modelo de minería ideal y sobre la propuesta concreta de “Otros Mundos”, Castro señala la necesidad de que cada organización plantee su propia estrategia de incidencia: “Muchas veces la gente dice ‘no pasará la mina’ y no pasa; otra veces se busca mediante la incidencia política en torno a las leyes”. Recuerda su experiencia al respecto: “Nosotros decidimos no entrarle a esa lógica de cabildear y de generar modificaciones porque es una pérdida de tiempo. Nuestra propuesta fue “vámonos a los territorios a blindarlos mediante las asambleas ejidales y que sean los núcleos agrarios quienes definan en términos legales lo que quieren hacer con sus territorios (…) En México hemos logrado que varios municipios (en Morelos, Cuetzalan, otro en Puebla, en Chihuahua y dos en Chiapas) se declaren como ‘Municipios Libres de Minería’. Esto sucede cuando un municipio libre y soberano se declara libre”, concluye.

Castro aborda el tema de la conciencia ecológica en lo local para que las asambleas no se vendan. Explica lo difícil de esta labor: “cuando se logró que en la asamblea del Triunfo, en Escuintla, se decidiera por acta un ‘no a la mina’, llegó una empresa China y les ofreció mil dólares a cada ejidatario para que dijeran que ‘sí’ en la Asamblea. Entonces dijeron que sí”. Castro argumenta que son precisamente las capacidades de decisión autónomas de las asambleas “lo que Peña Nieto quiere romper con la Reforma Agraria. El cambio a la Ley Agraria les va a permitir que el ejidatario no tenga que pasar por la asamblea para vender su tierra. Muchas asambleas decidieron que no le entraban a la minería pero cuando se llevaba el acta al Registro Agrario Nacional (RAN), la institución no aceptaban las actas basándose en estrategias legaloides”. Además, agrega “la gente está muy dividida, y es muy fácil que llegue el gobierno y les ofrezca láminas o pollos, y divida a los ejidos. También pasa lo típico que es corromper al comisariado ejidal y que éste haga actas amañadas que la asamblea no firmó”.

Asimismo el blindaje de los territorios no es suficiente: “Nosotros blindamos los territorios con la conciencia sobre todo en la prevención. Muchas regiones no conocen la minería, no la han visto, entonces es una cosa que decidimos es que si a un ejido ya le llegó una mina, pues no íbamos a meter todo el esfuerzo ahí. Lo hemos hecho pero mientras estamos en ese proceso aparecen otras 30 concesiones nuevas. Entonces lo que queremos es hacer prevención en las otras 29 comunidades a donde se vienen más proyectos. Lo hacemos mediante información visual y apostando por el intercambio de experiencias (…) Incluso llegábamos a hacer varias visitas y resistencias de gente que están en otros estados para ir a conocer la mina de Carrizalillo de la Goldcorp en Guerrero, ahora ya no se puede pasar después de lo de Ayotzinapa”…

Carrizalillo y los 43 normalistas. La violencia

A la pregunta de que si el caso de los 43 desaparecidos pudiera haber existido por algún conflicto entre la normal de Ayotzinapa y la minera de Carrizalillo, Castro nos explica: “creo que se juntó el hambre con la necesidad. Los normalistas son una conciencia presente y peligrosa para los narcos y para el poder local, pues se junta con el problema que hay bien cerquita de esta la mina con las dos bandas del crimen organizado que están involucrados en la masacre de los 43. Los ‘Guerreros Unidos’, quienes controlaban a la mina de Carrizalillo y le cobraban a los trabajadores, al municipio, a los ejidatarios, a todos incluida a la mina. Es ahí donde entran ‘los Rojos’ a apoderarse de esa plaza y sacan a los otros. Pero el ejército apoyaba a unos y la marina apoyaba a los otros y entonces hay también un conflicto entre ellos porque se llevan mucho dinero. Entonces ahí se junta el hambre con la necesidad porque todo ese corredor está lleno de intereses de todo tipo…

El papel que juega la violencia es fundamental para entender la imposición de los proyectos mineros y el control del territorio “en la medida en que las organizaciones y las comunidades deciden defender sus territorios la violencia va aumentando. Hay mucha impunidad y el narcotráfico va tomando interés en proyectos redituables. Su manera ilegal de ganar dinero es meterse ahí, mañana que estén los pozos petroleros van a cobrar derecho de paso, le van a cobrar a los petroleros, le van a cobrar a la comunidad y a todo mundo. O como sucede en Colombia, que dicen ‘si tú quieres que yo Chevron proteja tus tierras, se les da lana y grupos armados ligados al narcotráfico”.

Según Castro, los intereses se van mezclando “aquí hay una complejidad bien difícil, porque anteriormente los movimientos sociales tenía como referentes y su interlocutor natural al estado: Las políticas, los servicios, las empresas estatales. Al moverse el Estado y ser ahora las empresas privadas las que asumen ese papel de darle comida, carreteras, salud, agua, gasolina a la sociedad hay un ‘corrimiento’. Ahora los movimientos tienen que organizarse con las empresas, y además hay otro actor que entra en juego que es el narco”.

Hoy por hoy, concluye “los movimientos en defensa del territorio no sólo deben enfrentarse con el Estado o con la empresa, sino que también tienen que lidiar con el narco. Parece que estamos ante una disputa armada por el territorio”.

Números Naturales

Los paisajes áridos de México contienen oro en concentraciones muy bajas, poco rentables para la explotación minera tradicional. La minería a cielo abierto ha cambiado las reglas del juego, ya que permite obtener beneficio económico incluso de este tipo de depósitos. Es una técnica de alto impacto ambiental –consumo de agua dulce, toxicidad, destrucción del paisaje– impulsada por la demanda de oro para la especulación financiera en tiempos de crisis. ¿Sería tan rentable esta industria si tuviese en cuenta los impactos ambientales?

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Por Chiapas Paralelo

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

URGENTE  ATENDER  EL  TEMA DE PROYECTOS MINEROS EN CHIAPAS.

Diversas organizaciones campesinas de Chiapas se reunieron ayer en el Municipio de  Chicomuselo, para manifestar su rechazo al actual sistema político, demandan entre otras cosas la cancelación de las concesiones mineras en Chicomuselo y se pronuncian a favor de un nuevo constituyente en el país.

El día de ayer 10 de enero de 2016 este Comité de Derechos Humanos constató  la presencia de miles de personas integrantes  de  diversas organizaciones con presencia en la región sierra fronteriza de Chiapas, quienes se concentraron  para conmemorar la  muerte de campesinos el 10 de enero de 1995 en un enfrentamiento con ganaderos y policías   en esta cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas.

En ese marco, los representantes de distintas organizaciones expresaron su rechazo a las concesiones mineras que el gobierno federal ha otorgado  en este municipio de Chicomuselo, sin la consulta previa, si el consentimiento, y sin la   información a los habitantes de las comunidades.

Recordaron que en el año 2009, fue asesinado el activista Mariano Abarca Roblero por defender el medio ambiente en esta región sin que hasta la fecha se conozca a los verdaderos responsables de este crimen, al mismo tiempo acordaron  fortalecer la unidad entre organizaciones para frenar entre  estos y otros proyectos que ponen en peligro y afectan más la salud y la vida de sus comunidades. Manifestaron que la problemática que hoy se vive en todo el país es el despojo territorial a través de megaproyectos que promueven las grandes empresas trasnacionales con el apoyo del gobierno en sus distintos niveles  que promueven la entrega de diversos proyectos que solo resuelven  de momento la  necesidad de muchas familias

Este Comité de Derechos Humanos  ha documentado en diversas ocasiones la frecuente presencia de empresarios mineros que intentan por diversos medios conseguir el permiso de las comunidades para la extracción de minerales, como es el caso del Ejido Grecia de este municipio donde recientemente el “GRUPO CORPORATIVO  MALE, Y/O MIVACHI  se ha hecho presente  ante la Asamblea General de Ejidatarios para conseguir el permiso de paso para la extracción de minerales.  (Se dice que en el ejido Grecia la mayoría no está de acuerdo pero como hay presión por parte de la empresa, actualmente se encuentran  debilitados)

De igual manera y ante  el temor de que se reabran las actividades mineras nuevamente  en este municipio, integrantes de la sociedad civil  mantienen constante vigilancia en las comunidades  para evitar  que  empresas mineras interesadas en el saqueo de los recursos minerales se introduzcan a las comunidades donde existen concesiones mineras, así como también  un grupo de 15 Comisariados Ejidales de la región planada de Chicomuselo organizados en el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, se reunieron el día 13 de noviembre  del año 2015 para analizar este asunto,  en esa misma fecha   enviaron  un documento  dirigido a los representantes ejidales como es el Presidente del Comisariado Ejidal, el Consejo de vigilancia y  la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Grecia de este Municipio en donde manifiestan su desacuerdo con la explotación minera y determinan frenar dichas actividades  apoyados con los habitantes de sus respectivos ejidos si es necesario.

Por todo lo anterior,  este Comité de derechos humanos considera urgente  la necesidad de que el gobierno en sus distintos niveles  atienda este problema toda vez que la entrada de empresas para la extracción de minerales en esta región  podría  culminar en enfrentamientos mayores afectando y poniendo en riesgo la vida de seres humanos.

De igual manera recordamos que desde el año 2008 diversas organizaciones de la sociedad civil de este municipio y de la región se han manifestado y  se mantienen  en resistencia pacífica a estos proyectos porque se han concientizado sobre las múltiples afectaciones que implica la actividad minera en  cualquiera de sus formas como fue el caso con la empresa canadiense  Black Fire en Chicomuselo.