Categoría: Minería

Entrevista a Gustavo Castro de ‘Otros Mundos’

Renzo D’Alessandro. ALAInet

Gustavo Castro, miembro de la asociación civil sin fines de lucro “Otros Mundos”, nos explica en esta entrevista la complejidad del fenómeno de la minería extensiva en Chiapas. Defensor de alternativas medioambientales y acompañante de los ejidos y comunidades en sus procesos por la defensa del territorio, Castro nos propone un recorrido que comienza con la definición de minería, su significación en el contexto de la reforma energética, las inversiones y expropiaciones para Chiapas, así como las terminologías para el despojo detrás de las propuestas. Castro nos habla también de las alternativas y contextos de riesgo y violencia que implica el desarrollo de este sector.

La minería como actividad de ‘utilidad pública’ y la reforma energética

A penas comienza la charla y Gustavo Castro, con inteligencia elocuente, ya cuestiona la definición de la “minería”. Para él, ésta incluye no sólo la extracción de petróleo y de gas, sino también la de materiales de construcción como piedras, calizas, gravas y graveras. Desde su visión, lo que diferencia a los recursos que se extraen es la forma en que se regulan: “en México, lo que es petróleo, gas y uranio se regula con otras leyes por ser materiales estratégicos. En el caso de la minería según la Ley Minera, aquellos materiales de extracción pétrea y de construcción pueden ser concesionados por cada entidad y por los municipios, sólo cuando sean para la construcción a nivel local”.

Al cuestionársele sobre el contexto actual de extracción minera en Chiapas y sobre lo que va a cambiar con la reforma energética, Castro asegura que el cambio se da en el espíritu de lo que antes se especificaba en el Art. 6 de la Ley de Minería, como una actividad “de utilidad pública”. Antes los municipios tenían que facilitar la acción para que las empresas pudieran extraer del subsuelo el mineral concesionado, ahora con el cambio “la inversión minera sigue siendo de utilidad pública –lo  que es un título muy perverso– pero en realidad se va privatizando, ya que facilita que sea el privado quien se lleve el material que quiera”, asegura.

En su opinión, la Reforma Energética, es una forma en la que el gobierno va privatizando aquellos recursos estratégicos que están incorporados al mercado como energía, agua, petróleo, gas, “sólo que antes, si había una concesión minera para sacar oro en un ejido, el gobierno sólo estaba dando la concesión de ese territorio donde se ubica el oro (…) El problema es que faltaba pedir la licencia social, las canchas de lixiviación, el tendido eléctrico, el camino para pasar, el derecho de paso, el beneficio y todo eso implicaba más territorio que el terreno en donde está el oro, sino también el de ejidos contiguos para instalarse y extraer”. Lo que ha sucedido, continúa Castro, con la resistencia a las mineras es que se compra la voluntad de los ejidatarios: “la Procuraduría Agraria ha divido y presionado para que los bienes comunales se conviertan en ejidos y luego se vendan. Han hecho asambleas amañadas en donde hasta resucitan a los muertos, violan los padrones ejidales con tal de justificar que las autoridades ejidales ya aprobaron el proyecto en una asamblea”.

En la opinión de Castro, para que Peña Nieto pudiera tener el control energético del todo el país era clave ganar las elecciones municipales pasadas (de 2014), dado que son los municipios los que facilitan el cambio de uso de suelo: “una empresa minera tiene que solicitar al cabildo que modifique el uso de suelo si tienen una concesión ahí (…) Lo que ha pasado es que un ejido contiguo les diga ‘no les doy permiso de pasar el tendido eléctrico sobre mi ejido’, o que otro  ejido de a un lado, les diga ‘yo no acepto que uses mi pozo’, o ‘no te doy derecho de paso y no voy a rentarte para que hagas las cachas de lixiviación” como sucedió hace poco con el ejido Morelia en Chicomuselo contra la Blackgold”.

Inversiones con “obras asociadas” y garantías con “seguros de inversión”

Adicionalmente a las concesiones, Castro agrega que lo que implica la reforma energética es que el gobierno le asegure a las empresas la infraestructura mediante la forma de “obras asociadas”. Tal es el caso del reforzamiento del Puerto Chiapas, para que éstas puedan mover al mercado los minerales que extraen: “Aseguran el agua con el Plan Hídrico, y las carreteras con el Plan de Infraestructura, para que haya carreteras, puertos, agua, y sobre todo las empresas tengan aseguradas sus inversiones”.

Otro elemento son los marcos normativos de los Tratados de Libre Comercio cuyas cláusulas incluyen un “seguro de inversión”: “ninguna empresa va a llegar a invertir millones de dólares a otro país sin que estén seguros o tengan una garantía de su inversión ante cualquier posibilidad de que la gente afectada les pueda bloquear el proyecto”. Por ello, asegura que la reforma energética “no sólo es en cuestión de petróleo, sino de todo un grupo de leyes que van asociadas para la inversión como el caso del agua. En sí, la reforma es darle garantías legales, jurídicas, políticas, de tenencia de la tierra a las empresas”.

Cuando se le pregunta sobre el efecto del incumplimiento de estas garantías de inversión, Castro responde enfático: “la empresa demanda al gobierno por una indemnización. Hay un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que es un mecanismo de disputas entre empresas y gobiernos ante el problema con las inversiones. Entonces si el gobierno le dice a la empresa ‘te vas porque estas destruyendo mucho’, el CIADI dirime cómo el gobierno le va a pagar a la empresa las supuestas ganancias que iban a tener con su inversión”.

Aunque México no es formalmente miembro del CIADI está sujeto mediante un “mecanismo de flexibilización” vinculante con acuerdos del Banco Mundial: “Se van adecuando las reglas de tal forma que en los tratados de libre comercio se pueden ir flexibilizando y ampliando las facilidades a las empresas para invertir, para comprar lo que quieran y hacer negocio dentro del país”.

El tema de la inversión es tan asimétrico, comenta Castro, porque las empresas que no cuentan con las garantías de su inversión pueden demandar por una “expropiación de las inversiones” al gobierno: “Es decir, que si una comunidad, ejido u organización les bloquea una carretera, la empresa demanda por “expropiación indirecta (…) También pueden hacer una demanda por expropiación indirecta ante una Ley que perjudique sus inversiones (…) en sí, todas las empresas que vienen a invertir a México lo hacen con un seguro, y los gobiernos como el de Peña lo que hacen es asegurarles a toda costa, las condiciones para que no pierdan su inversión”.

Ley agraria y proyectos en la Selva

Al preguntarle a Gustavo Castro sobre la nueva Ley Agraria, indica que “bajo la ley actual, una comunidad mediante una asamblea en la que tengan el 50% más uno a favor, pueden decidir si quieren o no explotaciones mineras, sin embargo, ahora lo que va a cambiar es que la empresa minera puede exigir a los ejidatarios que vendan, y si éstos no lo hacen, la empresa puede exigir al gobierno para que les expropie sus tierras”.

Recientemente la Secretaría de Energía publicó un plan quinquenal de exploraciones para el Campo Nazareth en Ococingo y Altamirano, se le cuestiona sobre las áreas de interés minero en zonas zapatistas a lo que Castro responde, “ya está anunciada la licitación de la Selva Lacandona para la siguiente ronda, entonces si dictan una expropiación de los terrenos zapatistas de la selva, eso puede llegar a ser un asunto muy delicado. Las consecuencias para las comunidades zapatistas serían intentar dividirlos y expulsarlos. Si el gobierno hace un concurso de licitación, y alguna empresa lo obtiene, entonces el gobierno pondrá las condiciones para que la empresa ejecute su licitación”.

“Parte de las licitaciones son los campos de la parte norte de Chiapas, hacia Reforma, Pichucalco, donde ya se tienen ‘reservas probadas’. El gobierno busca a las empresas que puedan cumplir con los requisitos para hacer la licitación. En sí hay tres modelos de licitaciones: 1) Se pueden comprar la licitación; 2) el gobierno y una empresa privada pueden acordar producir conjuntamente; y 3) que la empresa produzca y se dividan las ganancias con el gobierno. Será hasta el próximo año cuando empiecen las licitaciones para los pozos de Nazareth (…) Hay un manto gigante debajo de la reserva de la biosfera de la selva del Petén, que llega a Ocosingo y a Belice”.

Zonas libres de minería

Al discutir sobre el modelo de minería ideal y sobre la propuesta concreta de “Otros Mundos”, Castro señala la necesidad de que cada organización plantee su propia estrategia de incidencia: “Muchas veces la gente dice ‘no pasará la mina’ y no pasa; otra veces se busca mediante la incidencia política en torno a las leyes”. Recuerda su experiencia al respecto: “Nosotros decidimos no entrarle a esa lógica de cabildear y de generar modificaciones porque es una pérdida de tiempo. Nuestra propuesta fue “vámonos a los territorios a blindarlos mediante las asambleas ejidales y que sean los núcleos agrarios quienes definan en términos legales lo que quieren hacer con sus territorios (…) En México hemos logrado que varios municipios (en Morelos, Cuetzalan, otro en Puebla, en Chihuahua y dos en Chiapas) se declaren como ‘Municipios Libres de Minería’. Esto sucede cuando un municipio libre y soberano se declara libre”, concluye.

Castro aborda el tema de la conciencia ecológica en lo local para que las asambleas no se vendan. Explica lo difícil de esta labor: “cuando se logró que en la asamblea del Triunfo, en Escuintla, se decidiera por acta un ‘no a la mina’, llegó una empresa China y les ofreció mil dólares a cada ejidatario para que dijeran que ‘sí’ en la Asamblea. Entonces dijeron que sí”. Castro argumenta que son precisamente las capacidades de decisión autónomas de las asambleas “lo que Peña Nieto quiere romper con la Reforma Agraria. El cambio a la Ley Agraria les va a permitir que el ejidatario no tenga que pasar por la asamblea para vender su tierra. Muchas asambleas decidieron que no le entraban a la minería pero cuando se llevaba el acta al Registro Agrario Nacional (RAN), la institución no aceptaban las actas basándose en estrategias legaloides”. Además, agrega “la gente está muy dividida, y es muy fácil que llegue el gobierno y les ofrezca láminas o pollos, y divida a los ejidos. También pasa lo típico que es corromper al comisariado ejidal y que éste haga actas amañadas que la asamblea no firmó”.

Asimismo el blindaje de los territorios no es suficiente: “Nosotros blindamos los territorios con la conciencia sobre todo en la prevención. Muchas regiones no conocen la minería, no la han visto, entonces es una cosa que decidimos es que si a un ejido ya le llegó una mina, pues no íbamos a meter todo el esfuerzo ahí. Lo hemos hecho pero mientras estamos en ese proceso aparecen otras 30 concesiones nuevas. Entonces lo que queremos es hacer prevención en las otras 29 comunidades a donde se vienen más proyectos. Lo hacemos mediante información visual y apostando por el intercambio de experiencias (…) Incluso llegábamos a hacer varias visitas y resistencias de gente que están en otros estados para ir a conocer la mina de Carrizalillo de la Goldcorp en Guerrero, ahora ya no se puede pasar después de lo de Ayotzinapa”…

Carrizalillo y los 43 normalistas. La violencia

A la pregunta de que si el caso de los 43 desaparecidos pudiera haber existido por algún conflicto entre la normal de Ayotzinapa y la minera de Carrizalillo, Castro nos explica: “creo que se juntó el hambre con la necesidad. Los normalistas son una conciencia presente y peligrosa para los narcos y para el poder local, pues se junta con el problema que hay bien cerquita de esta la mina con las dos bandas del crimen organizado que están involucrados en la masacre de los 43. Los ‘Guerreros Unidos’, quienes controlaban a la mina de Carrizalillo y le cobraban a los trabajadores, al municipio, a los ejidatarios, a todos incluida a la mina. Es ahí donde entran ‘los Rojos’ a apoderarse de esa plaza y sacan a los otros. Pero el ejército apoyaba a unos y la marina apoyaba a los otros y entonces hay también un conflicto entre ellos porque se llevan mucho dinero. Entonces ahí se junta el hambre con la necesidad porque todo ese corredor está lleno de intereses de todo tipo…

El papel que juega la violencia es fundamental para entender la imposición de los proyectos mineros y el control del territorio “en la medida en que las organizaciones y las comunidades deciden defender sus territorios la violencia va aumentando. Hay mucha impunidad y el narcotráfico va tomando interés en proyectos redituables. Su manera ilegal de ganar dinero es meterse ahí, mañana que estén los pozos petroleros van a cobrar derecho de paso, le van a cobrar a los petroleros, le van a cobrar a la comunidad y a todo mundo. O como sucede en Colombia, que dicen ‘si tú quieres que yo Chevron proteja tus tierras, se les da lana y grupos armados ligados al narcotráfico”.

Según Castro, los intereses se van mezclando “aquí hay una complejidad bien difícil, porque anteriormente los movimientos sociales tenía como referentes y su interlocutor natural al estado: Las políticas, los servicios, las empresas estatales. Al moverse el Estado y ser ahora las empresas privadas las que asumen ese papel de darle comida, carreteras, salud, agua, gasolina a la sociedad hay un ‘corrimiento’. Ahora los movimientos tienen que organizarse con las empresas, y además hay otro actor que entra en juego que es el narco”.

Hoy por hoy, concluye “los movimientos en defensa del territorio no sólo deben enfrentarse con el Estado o con la empresa, sino que también tienen que lidiar con el narco. Parece que estamos ante una disputa armada por el territorio”.

Números Naturales

Los paisajes áridos de México contienen oro en concentraciones muy bajas, poco rentables para la explotación minera tradicional. La minería a cielo abierto ha cambiado las reglas del juego, ya que permite obtener beneficio económico incluso de este tipo de depósitos. Es una técnica de alto impacto ambiental –consumo de agua dulce, toxicidad, destrucción del paisaje– impulsada por la demanda de oro para la especulación financiera en tiempos de crisis. ¿Sería tan rentable esta industria si tuviese en cuenta los impactos ambientales?

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Por Chiapas Paralelo

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

URGENTE  ATENDER  EL  TEMA DE PROYECTOS MINEROS EN CHIAPAS.

Diversas organizaciones campesinas de Chiapas se reunieron ayer en el Municipio de  Chicomuselo, para manifestar su rechazo al actual sistema político, demandan entre otras cosas la cancelación de las concesiones mineras en Chicomuselo y se pronuncian a favor de un nuevo constituyente en el país.

El día de ayer 10 de enero de 2016 este Comité de Derechos Humanos constató  la presencia de miles de personas integrantes  de  diversas organizaciones con presencia en la región sierra fronteriza de Chiapas, quienes se concentraron  para conmemorar la  muerte de campesinos el 10 de enero de 1995 en un enfrentamiento con ganaderos y policías   en esta cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas.

En ese marco, los representantes de distintas organizaciones expresaron su rechazo a las concesiones mineras que el gobierno federal ha otorgado  en este municipio de Chicomuselo, sin la consulta previa, si el consentimiento, y sin la   información a los habitantes de las comunidades.

Recordaron que en el año 2009, fue asesinado el activista Mariano Abarca Roblero por defender el medio ambiente en esta región sin que hasta la fecha se conozca a los verdaderos responsables de este crimen, al mismo tiempo acordaron  fortalecer la unidad entre organizaciones para frenar entre  estos y otros proyectos que ponen en peligro y afectan más la salud y la vida de sus comunidades. Manifestaron que la problemática que hoy se vive en todo el país es el despojo territorial a través de megaproyectos que promueven las grandes empresas trasnacionales con el apoyo del gobierno en sus distintos niveles  que promueven la entrega de diversos proyectos que solo resuelven  de momento la  necesidad de muchas familias

Este Comité de Derechos Humanos  ha documentado en diversas ocasiones la frecuente presencia de empresarios mineros que intentan por diversos medios conseguir el permiso de las comunidades para la extracción de minerales, como es el caso del Ejido Grecia de este municipio donde recientemente el “GRUPO CORPORATIVO  MALE, Y/O MIVACHI  se ha hecho presente  ante la Asamblea General de Ejidatarios para conseguir el permiso de paso para la extracción de minerales.  (Se dice que en el ejido Grecia la mayoría no está de acuerdo pero como hay presión por parte de la empresa, actualmente se encuentran  debilitados)

De igual manera y ante  el temor de que se reabran las actividades mineras nuevamente  en este municipio, integrantes de la sociedad civil  mantienen constante vigilancia en las comunidades  para evitar  que  empresas mineras interesadas en el saqueo de los recursos minerales se introduzcan a las comunidades donde existen concesiones mineras, así como también  un grupo de 15 Comisariados Ejidales de la región planada de Chicomuselo organizados en el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, se reunieron el día 13 de noviembre  del año 2015 para analizar este asunto,  en esa misma fecha   enviaron  un documento  dirigido a los representantes ejidales como es el Presidente del Comisariado Ejidal, el Consejo de vigilancia y  la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Grecia de este Municipio en donde manifiestan su desacuerdo con la explotación minera y determinan frenar dichas actividades  apoyados con los habitantes de sus respectivos ejidos si es necesario.

Por todo lo anterior,  este Comité de derechos humanos considera urgente  la necesidad de que el gobierno en sus distintos niveles  atienda este problema toda vez que la entrada de empresas para la extracción de minerales en esta región  podría  culminar en enfrentamientos mayores afectando y poniendo en riesgo la vida de seres humanos.

De igual manera recordamos que desde el año 2008 diversas organizaciones de la sociedad civil de este municipio y de la región se han manifestado y  se mantienen  en resistencia pacífica a estos proyectos porque se han concientizado sobre las múltiples afectaciones que implica la actividad minera en  cualquiera de sus formas como fue el caso con la empresa canadiense  Black Fire en Chicomuselo.

endefensadelosterritorios.org

Ante el incremento de concesiones y proyectos mineros en el estado de Oaxaca, comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca y organizaciones integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios invitamos a autoridades municipales, comisariados de bienes ejidales y comunales, comuneras, comuneros, ejidatarias, ejidatarios, organizaciones y colectivos a un Encuentro Estatal contra la Minería. El objetivo es generar un espacio de reflexión a nivel estatal sobre los principales avances y desafíos de los movimientos contra la minería para fortalecer la resistencia y defensa de comunidades y organizaciones, asimismo analizar las condiciones para generar actividades articuladas a nivel regional y estatal. El Encuentro se realizará los días 29 y 30 de enero de 2016, en la comunidad de Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo.

¡Aquí decimos SI a la Vida!

Para obtener mayor información e inscribirse al Encuentro,  por favor escribir un correo a la dirección: colectivoaxaca@yahoo.com.mx, es necesaria  su confirmación a dicha actividad para preveer la alimentación y hospedaje durante los dos días. Más adelante estaremos publicando los detalles logísticos para la actividad.

Fraternalmente: Comisariados de Bienes Ejidales de Monte del Toro, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, La Guadalupe, San Juan Coatecas Altas, Barrio del Progreso y Taniche; Comisariados de Bienes Comunales de Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac; Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C.,Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- Centro Prodh A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C. y Servicios del Pueblo Mixe-Ser Mixe A.C.

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

En tiempos Natalinos, estamos llamado a colaborar. Una pequeña acción puede sumar mucho delante de la necesidad. La situación de toda la región afectada por la rotura de la presa de Samarco (Vale / BHP Billiton) sigue siendo crítica y el caotico, como ya vemos comunicando (falta de agua en toda la región, no hay acceso a la información adecuada). Sabemos que todavía hay un largo camiño para asegurar los derechos de las personas afectadas por la recuperación y ambiental.

Desde el principio tenemos una brigada permanente para apoyar a los afectados a lo largo de la cuenca del río Doce de Minas Gerais hasta Espirito Santo, que trabajan en la organización de los afectados  en  la defensa de sus derechos, junto con las organizaciones populares presentes. Este trabajo es duro, porque nos confrontamos con la parafernalia de la capital de una gran empresa. Y nuestra experiencia dice que sin la participación de las personas afectadas, de manera organizada, sus derechos serán siempre negados.

Cómo es un trabajo que va a durar el tiempo, necesitamos su apoyo:

En primer lugar: Qué nos ayudan a difundir el vídeo a la campaña de recaudación de fondos para la organización de la presa afectada Samarco (Vale / BHP Billiton) para defender los derechos y la naturaleza. Esto puede ser de muchas formas (om una replicación de vídeo en sitios web, blogs, facebook, y su contacto). El vídeo está en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgzHlWWnXP0

Segundo: Que sea un donante, y nos ayudan a construir una red de personas de muchos, amigos, simpatizantes de la causa. «Sabemos que muchos donando poco, puede ternar ser grande.»

Todas las donaciones se revertirán a un fondo para, trabajo de base, organización y movilización de la presa afectada Samarco (Vale / BHP Billiton) para defender los derechos y la naturaleza.

Para donar:

SWIFT code: BRASBRRJBHE
IBAN code:  BR2800000000012280000614726C1
Ag: 1.228-9
CC: 61.472-6
Banco de Brasil
Nombre: Asociación Estatal de Medio Ambiente y Protección Social

prensa latina

La violencia sexual, social y política recae sobre las campesinas e indígenas comprometidas con la lucha por el territorio ante el empuje de las empresas extractivistas en Guatemala, denunciaron defensoras de los derechos humanos.

Representantes de comunidades como La Puya, del municipio San José del Golfo, departamento de Guatemala; así como de San Rafael Las Flores, en el departamento sureño Santa Rosa, ejemplificaron estos hechos durante el Foro Una mirada a la industria extractiva desde la perspectiva de las mujeres.

En el evento, celebrado en el capitalino hotel Panamerican, las integrantes del panel aludieron a la constante represión, criminalización, persecución y vejámenes enfrentados por las activistas sociales de esas localidades, recogidos en un documento presentado en la jornada.

La publicación Dejar la vida por nuestra Madre Tierra, del Colectivo Ecologista MadreSelva, contiene experiencias, memorias y reflexiones de las protagonistas de la defensa de La Puya y de San Rafael Las Flores.

El texto fue elaborado con el respaldo de Oxfam Guatemala y destaca el papel esencial de ellas en la defensa del territorio frente a la irrupción de las empresas mineras, sin previa consulta y con el consentimiento del Estado.

«Este libro ofrece testimonios que inspiran y es un llamado a que organizaciones sociales y comunitarias, comunidad nacional e internacional, presten apoyo y acompañamiento a las acciones impulsadas por las poblaciones afectadas», afirmó la coordinadora del Programa de Género de Oxfam, Mónica Grau.

En tanto la diputada electa Sandra Morán recordó que en el sector mujeres «hemos hablado de cinco territorios en disputa: el cuerpo, la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia, porque quienes nos han gobernado y quienes nos gobernarán quieren reescribir la historia y seguir acallando nuestras luchas».

«La violencia es y ha sido una política de Estado, ahora se habla de femicidios pero las huellas que exhiben los cuerpos de las víctimas de la violencia son iguales a las que propinaban durante la guerra los militares que en esta época entrenan a los policías guatemaltecos», declaró.

Datos ofrecidos por las panelistas sugieren que en Guatemala ocurre un femicidio -o crimen contra una mujer por razones ligadas a su sexo- cada 10 horas y que una de cada 10 sufrió algún tipo de violencia.

Hicieron referencia, además, al vínculo entre un modelo económico basado en el extractivismo y la violencia contra las féminas, particularmente contra las campesinas e indígenas.

El gran reto de las mujeres en esta coyuntura es hacer más redes, es estar juntas entre ellas, pero también con los hombres, porque cuando hablamos de lucha también los incluimos a ellos, coincidieron.

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Ante  la sistemática criminalización, amenazas, hostigamiento y persecución a los miembros de la organización Bios Iguana A.C y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado mexicano de Colima; los diversos niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal, han hecho caso omiso de las denuncias, quejas, amparos y otras acciones legales que en el marco de la ley y del Estado de Derecho han permitido.

Sin embargo, las violaciones a las defensoras y defensores de los derechos humanos por su lucha contra las afectaciones del proyecto minero que se pretende imponer con lujo de violencia e ilegalidades donde participan instancias de los tres niveles de gobierno, siguen manifestándose con toda impunidad pese a contar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Por ello el pasado 31 de Julio, con ayuda de La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), se ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ya ha dado curso al caso y ha solicitado información al gobierno mexicano, así como las medidas cautelares para los miembros de la asociación Bios Iguana AC y CIDTZ /REMA.

Exigimos al gobierno mexicano un alto a la impunidad, dar curso a las demandas que se han presentado en diversas instancias, y detener la sistemática violación a los derechos humanos contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Colima, donde participan los tres niveles de gobierno, desde la Procuraduría Agraria pasando por la Secretaría de Gobierno Estatal; policía municipal, estatal y federal; el ejército, el congreso local, hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Colima.

¡ALTO A LA IMPUNIDAD!

¡POR UN ESTADO DE DERECHO!

CentroProdh

La actividad minera en México cada día va cobrando más importancia debido al incremento de concesiones otorgadas por aparte del gobierno de nuestro país a empresas privadas (nacionales y extranjeras), representando un peligro para cientos de comunidades, pueblos y regiones. Además del riesgo que implica para las y los habitantes de las comunidades en términos territoriales, la minería tiene fuertes impactos sociales, políticos, económicos, culturales y sobre el medio ambiente.

Este manual nace con la intención de ser un material de apoyo para las diversas luchas que se enfrentan a proyectos mineros en el país, integrando experiencias y conocimientos, brindando información, haciendo visible la realidad y proporcionando estrategias para fortalecer la organización y la resistencia para la defensa de la tierra y el territorio.

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Por Chiapas Paralelo

Miles de hombres y mujeres de la Costa de Chiapas salieron a protestar en el municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal no se permitan y se cancelen las concesiones para minas y construcción de “mini presas hidroeléctricas” en esa región, pues da paso al despojo de tierras y acelera el proceso de contaminación de sus ríos, arroyos y manantiales.

Miembros de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas, del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y del Frente Cívico Tonalteco AC, se concentraron en la cabecera municipal de Pijijiapan para marchar con consignas y pancartas y exigir al alcalde de ese lugar firme un compromiso con sus gobernados de que no va a permitir el despojo de tierras en esa circunscripción.

“Somos organizaciones conformadas por ejidos, comunidades, rancherías, poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica y el fraking”, dijeron en su pronunciamiento.

Señalarn que desde la modificación al artículo 27 de la Constitución Federal el Estado Mexicano ha permitido que las empresas trasnacionales puedan entrar a sus territorios sin permiso a explotar los bienes naturales, dejando solo una serie de afectaciones a la flora y fauna, por lo que se han mantenido alertas para evitar la entrada de las empresas.

Explicaron que derivado de los intentos de las empresas en querer comprar las tierras que habitan, han sometido a consenso en sus asambleas y determinado declararse todos territorios libres de la minería y mini hidroeléctrica.

El objetivo principal de esta marcha, dijeron, fue exigir al alcalde de Pijijiapan, Aristeo Trinidad, firmar un acuerdo que les garantice que las empresas transnacionales o mexicanas no destruirán sus tierras y territorios que durante décadas han cuidado y preservado porque es el futuro de sus familias.

Exigieron al alcalde, no expedir ningún tipo de permiso o concesión a favor de las transnacioonales y que se respete nuestro derecho a la propiedad, se garantice nuestra integridad física, y salud, así como también el respeto a nuestro medio ambiente en especial de los bosques y ríos.

Se declararon en resistencia civil hasta lograr que el Estado respete la libre autodeterminación de los pueblos de esa región de la Costa de Chiapas y su autonomía, y advirtieron que evitarán todos unidos la entrada de las empresas a sus tierras.

Hicieron un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de la tierra y el territorio “y luchar todos juntos en favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte”.

En su proclama demandaron la cancelación de los permisos y concesiones en favor de las empresas mineras e hidroeléctricas; el respeto de nuestra tierra y territorio ejidal, comunal, o de cualquier otro tipo de régimen agrario; la cancelación de la explotación de gas a través del uso del Fracking; el respeto a nuestro derecho de asociación, reunión y de participación política en asuntos inherentes a la defensa de nuestros territorios; el respeto de nuestra autonomía y libre determinación de nuestros pueblos; y que, se garantice el derecho a un ambiente sano.

* A base de engaños y repartiendo dinero las empresas mineras entran a las comunidades

* A cuatro años del asesinato de Mariano Abarca Roblero. No hay justicia y los autores intelectuales libres y en la impunidad

Víctor Hugo Roblero. El Fronterizo Sur.

Así como la mayor parte de las comunidades del municipio de Acacoyagua y algunas del municipio de Escuintla y otras en el estado se han blindado y juntos unidos a las más de 2000 declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales, y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería. Manifiestan su rotundo rechazo a la minería consientes de los daños que como secuelas negativas deja la minería, de cómo trabaja y contamina, importándoles un bledo la vida de los pobladores, lo único que a las empresas mineras les interesa es el dinero para darse la vida de reyes, mientras a las poblaciones lo único que les dejan son: entre otras, la desolación, contaminación, deforestación, enfermedades, enemistades entre pobladores -muchos de ellos- por dinero trabajan con estas empresas y por lógica hay descontento entre los que rechazan a las mineras.

Un caso de cómo las mineras penetran a los ejidos es ofreciéndoles dinero y promesas de que construirán carreteras, escuelas, clínicas, despensas, para mientras el ejido otorga el permiso para la exploración y seguidamente la explotación y extracción de minerales que se localizan en la geografía chapaneca.

Un caso es el del ejido Los Cacaos municipio de Acacoyagua, Chiapas, esto en la zona Costa, bajo engaños adquirieron el lote “Casas Viejas” en una superficie de 500 hectáreas (Inicio de vigencia 04/11/2009 y el termino de vigencia 03/11/2059). La empresa que después quedó como “El Puntal S.A. de C.V. de Cd. Mante Tamaulipas”, la cual representa el Ing. Víctor Espinoza Almaguer. Este Ing. junto con el comisariado ejidal y la directiva. Sr. Orlando Ramírez Tomas. Presidente; María Esther Ventura Ruiz. Secretaria; Sr. Edesva Reyna Tomas. Tesorero; y Edgar Rusbel Pérez Pérez. Presidente del Consejo de Vigilancia.

Por otra parte el Ing. Víctor Espinoza Almaguer. Y de testigos de dicho contrato Humberto Ríos Córdova y Alejandro Ríos Peiffer. La directiva en si otorgaron el proyecto.

El suscrito notario público Lic. María del Carmen Rosales Tirado, da fe según cotejo número ciento noventa y ocho, libro uno. Certifica que en un copia fotostática integrada por tres hojas útiles tamaño oficio ocupada en su anverso y reverso, concuerda fiel y exactamente con acta asamblea general extraordinaria del ejido “Los Cacaos” municipio de Acacoyagua, Chiapas. México de fecha 9 de febrero de 2013. Que le fue exhibida y dice “tuve a la vista solicitada por el señor Orlando Ramírez Tomas quien acciona en su carácter de presidente del consejo de vigilancia del ejido “Los Cacaos”. Fechado a los once días del mes de febrero del año dos mil trece. Aclararon los denunciantes que este señor Orlando Ramírez Tomas es presidente del comisariado, no presidente del consejo, “acá hay usurpación de funciones” y con fe notarial.

Acta número quinientos diecinueve, Volumen seis. De la Notaría número 125 del estado de Chiapas. Quien da fe del contrato de constitución para ocupación temporal y servidumbre de paso en el ejido de Los Cacaos, municipio de Acacoyagua, Chiapas. Fechado y sellado por la Lic. María del Carmen Rosales Tirado. En Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. 11 de febrero del año 2013.

Habitantes inconformes con los malos manejos de las autoridades ejidales que otorgaron el permiso. Dieron a conocer a este medio que en 2013. Que en un contrato amañado fechado y sellado el 9 de febrero de 2013 y con fe notarial (Notario público. Lic. María del Carmen Rosales Tirado). En dicho contrato respecto a las declaraciones habla sobre los derechos de la “concesión” con el título número 233435. Titular de la concesión Valentín Zárate Marroquín. De la concesión denominada “Casas Viejas” y la empresa. Grupo Minero “El Puntal” S.A de C.V. representado por el Ing. Víctor Espinoza Almaguer. Presidente del Consejo de administración.

Que existía un convenio de exploración, explotación y extracción minera. Y dentro de una de las cláusulas. Dice que: El ejido y el beneficiario (minera) que en las parcelas donde exista mineral se tendrá que negociar en forma privada con el propietario de dicha parcela para que en forma individual se haga un contrato en el que se acuerda entregar una “regalía” de 2 (dos dólares americanos por tonelada extraída). En este contrato manifiestan que existe un pago de $500,000.00 (Quinientos mil, pesos M/N. para la realización del contrato, mismos que fueron liquidados en los meses diciembre de 2012 y enero del 2013, así como una regalía de 5 dólares americanos por tonelada extraída.

En el ejido de Los Cacaos se localiza la mina 7 km al norte de Escuintla. 5,5 Km. de la cabecera municipal de Acacoyagua y a 200m al noroeste de poblado Los Cacaos.

La directiva del ejido “Los Cacaos” no emitió la convocatoria y por lo tanto ni estuvo presente la Procuraduría Agraria ni la Notario Público, violando la Ley Agraria en su art. 24. El 9 de febrero de 2013. Ese mismo día la directiva lanza la supuesta “convocatoria” a la asamblea, ese mismo día y firman el convenio con la empresa minera. Lo cual no tiene validez y esto hasta la SEMARNAT fue engañada, asimismo los documentos firmados no tienen validez ante la Subdirección del Registro Público de Minería. Por lo que los inconformes han presentado denuncias ante las instancias correspondientes, pero nadie les hace caso hasta el momento.

Frente Popular en la Defensa del Soconusco “20 de junio”, grupo de ciudadanos preocupados por los daños que las mineras están ocasionando en esta zona, y con sede en Acacoyagua, han concientizado a los habitantes de los riesgos que conlleva dejar penetrar a las comunidades a estas mineras, por lo que este frente ha encontrado eco y se han blindado y unidos hacen frente a las empresas mineras.

Existe inconformidad entre la población porque ya se ven casos de cáncer según lo ha reportado médicos de las comunidades cercanas a donde trabajan las mineras, que es preocupante los casos registrados por esta situación. “TODOS SOMOS LIDERES” grupo de estudiantes y personas mayores que el 30 de marzo de 2014. Presentaron su inconformidad ante la junta de pobladores de Los Cacaos que preside el C. Ángel Pérez López. en el documento hacen la petición y considerada tan necesaria y preocupante, “debido al seguimiento de la explotación del mineral de oro, plata, cobre, titanio, hierro, plomo y zinc, entre otros, en las tierras de nuestro ejido, dicen que los daños pueden ser irreparables en los bosques, contaminación del agua y en la salud humana”. Y exigen paren los trabajos de la minera.

Los integrantes del Frente Popular en la Defensa del Soconusco “20 de junio”, han apoyado a los habitantes de 19 comunidades de Acacoyagua, 14 comunidades de Escuintla, 7 de Acapetahua, quienes se han manifestado y blindado en contra de la minería, así han apoyado a gente de El Triunfo, La Independencia, Jalapa, y especialmente a los habitantes de Nueva Francia, en donde trabajan el lote “El Bambú” del Ing. Héctor Silva Camacho, lote en donde extraen titanio y al parecer otros minerales, la población en su mayoría decidieron bloquear el acceso, en el crucero de la carretera El Triunfo- Escuintla en crucero que va a Nueva Francia, con cadenas no permitiendo la entrada ni salida de los camiones propiedad de la empresa minera, no permitiendo más saqueo de mineral, aunque se tiene conocimiento de que el comisariado ejidal está de acuerdo con los mineros y todo por dinero que le dan, dicen que según para medio controlar a la gente, pero esta vez fue rebasado por la mayoría de los pobladores quienes pedirían su renuncia por afectar los intereses de la comunidad para beneficiase personalmente según se supo por parte de los inconformes.

La ranchería de Jalapa del municipio de Acacoyagua ha presentado ante la asamblea de Los Cacaos, un documento a modo de advertencia, -un extracto de la asamblea ordinaria- (05 de abril de 2014) donde hacen responsable al ejido por permitir que el Grupo minero “El puntal” S.A de C.V. extraiga mineral y que al parecer contaminando el medio ambiente, y que lo responsabilizan también de la contaminación de los mantos acuíferos.

Existen denuncias de personas que acuden a lavar ropa y a bañarse en los ríos de que al tener contacto con el agua le salen ronchas y otras alergias en el cuerpo y en algunos casos llagas, varios casos de estos han sido denunciados ante la Red de Afectados por la Minería. (REMA).

Por su parte el presidente municipal de Escuintla, Ing. Mauro Cruz Jabalois al inicio de su administración (2 de octubre de 2015). En las oficinas de la presidencia municipal los representantes de los ejidos Cintalapa, ejido Nueva Francia, ejido Nueva Independencia ejido Las Brisas del Soconusco y un representante de la OCEZ-MLN. Con la finalidad de definir tiempos y formas a la problemática de la minería sobre todo la ubicada en Nueva Francia, lote Bambú.

Llegando a acuerdos, en el uso de la palabra el presidente municipal se propone a los asistentes un tiempo de 20 días hábiles para hacer la gestión ante las autoridades superiores correspondientes para la solución de la problemática de la minería. Y en una breve entrevista con este medio dejó en claro que “No está de acuerdo con la minería.

Según la Delegación Federal Chiapas de la SEMARNAT a través de la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. La Unidad de Gestión Ambiental. Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental. Fechado y emitido en Tuxtla Gtz. (12 de junio de 2013). Da a conocer que de los 51 impactos identificados el 31% se llevarán a cabo en los factores abióticos: Aire, agua, suelo. El 37% se efectuarán en los factores bióticos, como flora y fauna. La afectación del suelo y la calidad del agua superficial y subterránea entre otros factores e impactos.

La Red de Afectados por la Minería, (REMA) ha documentado la mayoría de los daños, que las empresas mineras han afectado el entorno ambiental, las secuelas que estas empresas dejan en los lugares donde extraen minerales, las afectaciones en seres humanos y las afectaciones a la agricultura y a la ganadería, como sucedió en Chicomuselo, ahí murieron cerca de 200 cabezas de ganado debido a la contaminación de los ríos,-aunque la minera dijera que eran muertes por la enfermedad del dengue, lo cual Médicos Veterinario Zootecnistas (MVZ) dijeron a este medio que era falso y que aseguraban era por la contaminación del agua. Todos los estudios e investigaciones que REMA ha realizado las ha compartido en múltiples foros -sobre todo de salud-. Aquí se da a conocer sobre todo la magnitud del daño en todos los ámbitos que las empresas mineras llevan a cabo y el peligro para el territorio chipaneco y por consiguiente del daño a México.

Algunas personas de comunidades que omiten su nombre dijeron en voz amenazante que “si el gobierno no actúa, ellos se harán justicia por mano propia”, y que el gobierno es quien otorga las concesiones y dijeron “total ellos no viven por acá y tampoco les interesa que todo por nuestro estado se contamine, así que si no actúa que sea consecuente con los actos y hechos que pudieran suscitarse en estas comunidades”.

Podría darse enfrentamientos entre pobladores y mineros como sucedió en Motozintla, Chiapas. 12 de marzo de 2012. Los habitantes de 14 barrios pertenecientes al ejido Benito Juárez, de este municipio, detuvieron a cuatro personas que se encontraban explorando una mina en una propiedad, y las comunidades han dicho no a la minería y estuvieron a punto de lincharlos ante los ojos de unas 300 personas enardecidas.

De inmediato dieron la voz de alerta a las demás comunidades, concentrándose en el ejido Benito Juárez, a donde habían llevado a los señores que respondieron al nombre de Víctor Manuel Ramírez Díaz, originario de Villa Flores Chiapas. Quien dijo que tenía una concesión de exploración y explotación minera. Pivaral, dueño de la propiedad donde está la mina y vecino del barrio San Lucas de Motozintla, Chiapas, y Lester Medina Aguilera, originario de Villa Flores y radicado en ejido Benito Juárez, e Ismael Pérez Roblero originario de Tacana, Guatemala.

En ese entonces el delegado de Gobierno de Motozintla José Luis Chang, intervino y evitó que los individuos fueran linchados. Este hecho es un aviso que dan las comunidades que están en contra de la explotación de minas en la región Xl Sierra-Mariscal. Cabe señalar que el apercibimiento, también lo firmaron los individuos mineros en el ejido Benito Juárez, a quienes los amenazaron que de continuar explorando minas en la región, serán linchados. Por acuerdo y ante la falta de respuestas del gobierno federal que otorga las concesiones. Fsur.

Vania Pigeonutt, trinchera-politicaycultura.com

«Originario de San Miguel del Progreso –Juìba Wajiìin, en su lengua materna, me’phaa–, un pueblo de Malinaltepec donde la gente dijo ¡no! a las mineras, Anastacio Basurto considera que su lucha no es por ellos, sino “por las generaciones futuras”, y se niega a que sus hijos pierdan la libertad que les dan sus tierras.

Don Tacho estuvo varios años en el Ejército, conoce la injusticia de las instituciones, porque, dice, “el gobierno siempre hace leyes que nos afectan para beneficiar a los ricos; a los pobres siempre nos afectan”.

Perteneciente a la Montaña, San Miguel tiene tres climas: templado, frío y caluroso; sus cuatro mil habitantes comen papayas, mangos, guayabas, todo el día; hay mucha fruta, y el olor del café acaricia el olfato sólo de pisar la primera calle de ese pueblo rodeado de grandes cerros y paisajes como puestos allí por la mano de un pintor.

Anastacio Basurto fue en 2011 presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Miguel, tiempo en el que la Procuraduría Agraria (PA) quiso imponer la llegada de Hochschild México, empresa británica que pretendía extraer zinc, plata y otros minerales de abajo de los cerros de la comunidad indígena. Pero, con la asesoría de organizaciones no gubernamentales, San Miguel logró ampararse contra la Ley Minera.

Su comunidad, de la que Tacho se siente muy orgulloso, es un ejemplo a escala nacional de cómo un pueblo organizado pudo argumentar jurídicamente que una ley no puede estar por encima de la autonomía de una comunidad indígena; una legislación no puede estar sobre sus derechos constitucionales como pueblos originarios.

Aun con la concesión minera que otorgó el gobierno federal, a la fecha la vida de los habitantes es placentera, como ellos la quieren: le rezan a sus santos, bailan la danza de Los 12 pares de Francia, van a los cerros a ofrendar para que llueva; sigue oliendo a café, las papayas aún se comen en abundancia.

“¡No van a entrar las mineras, no van a entrar, así tengamos que dar la vida!”, me dijo don Tacho el año pasado. Y se sostiene en lo mismo hasta la fecha. Su vida, su pueblo, su territorio, sus árboles frutales, su café y sus familias, valen más que cualquier arreglo con alguna transnacional. “No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y se están muriendo”, advierte.

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El 15 de julio de 2013, San Miguel del Progreso interpuso una demanda de amparo que quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013. En la demanda contra la Ley Minera, la comunidad, con el apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que las concesiones entregadas a la empresa minera violentaban la autonomía de un pueblo a decidir sobre su territorio.

Sin embargo, el gobierno federal no aceptó la demanda de amparo y actualmente sigue en revisión. Tlachinollan solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el Amparo en Revisión 167/2014, donde cuestionan la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la cual avala otorgar concesiones sin consultar a los pueblos y violando derechos humanos de sus habitantes.

El área jurídica de Tlachinollan explica que la SCJN aún no ha contestado su petición de atracción, pero mientras haya un juicio en revisión, la empresa británica, que pretende realizar la minería a cielo abierto, contaminar bosques, mantos, dejar infértil la tierra, no podrá entrar a San Miguel.

Mientras la SCJN revisa la atracción del caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito Judicial lo revisa, luego de que las autoridades no reconocieron como válida la demanda de San Miguel para que se respete la decisión de una comunidad indígena que no quiere que se exploten minerales en su territorio, porque antes de que hubiera ley minera (1992) ellos estaban allí.

La acción legal incorpora además el reclamo concerniente a que la Justicia Federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque la demanda esté aún en trámite, es un caso que sentó un precedente, porque en el proceso han sido señaladas como responsables 17 autoridades, incluyendo tanto a las adscritas a la Secretaría de Economía que participaron en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, como a aquellas de los poderes Ejecutivo y Legislativo que participaron en el procedimiento legislativo que concluyó con la promulgación de la Ley Minera en vigor.

San Miguel del Progreso ha contenido la explotación de minerales por las concesiones otorgadas en Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) en su territorio, porque de acuerdo a don Tacho, gracias a la asesoría de Tlachinollan y a que ellos tomaron conciencia de que no podían vender sus vidas a cambio de oro mantienen esa lucha.

La gente de San Miguel aún se reúne a hablar de la defensa de su territorio, se siente afortunada porque gracias a que se enteraron en un tiempo adecuado lo que pretendían hacer con su territorio –despojarlos, pagarles sus tierras y enviarlos a otros lugares, a olvidar sus orígenes, a dispersarse, no volver a ver a tus vecinos, amigos, parientes– supieron que esa oferta no era una opción, contó don Tacho.

Otras comunidades como Paraje Montero, en Malinaltepec, no pudieron promover a tiempo un amparo y sufren las consecuencias, porque allí ya hay fases de exploración para que se instalen las transnacionales.

El área jurídica de Tlahinollan asegura que hay muchas posibilidades de que se gane la lucha, porque el Estado ha firmado tratados internacionales que les dan carácter de propiedad de su territorio y respeto a la cosmovisión de las comunidades indígenas; la Ley Minera viola dichos acuerdos.

Entre los argumentos del amparo, justo está el despojo que habría de su territorio, sus tradiciones y su forma de vida, si se le permite la entrada a la empresa Minera Hochschild México S.A. de C.V. de capital británico.

Además de que la sentencia incorpora los estándares que emanan del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas.

“Hemos visto que sí hay una política a nivel nacional que busca profundizar el auge de la minería, incluso ignorando el derecho de la comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, lo único que queda es la organización de la gente y la defensa de las comunidades son acciones legales”, señaló Tlachinollan.

Es urgente, consideran, porque el modelo de la Ley Minera está presente en las nuevas iniciativas, por ejemplo en materia energética, donde hay una ausencia de consultar e ignorar el derecho al territorio, que llevaría a las empresas transnacionales a despojar a las comunidades de manera legal.

De acuerdo a la organización, en 2005 existían en Guerrero 417 títulos de concesión minera, equivalentes a 388 mil 225 hectáreas. Sin embargo, después de los “exitosos” resultados de extracción de oro y plata de la empresa canadiense GoldCorp en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, incrementó el número de solicitud de títulos de concesión. Hay actualmente al menos 600. En Guerrero se han concesionado alrededor de 704 mil 736 hectaìreas.

Las regiones de la Montaña y Costa Chica, que concentran a la mayor población indígena de Guerrero, han despertado interés en el sector minero debido a los 42 yacimientos mineros que en su territorio se encuentran. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que transnacionales trabajen en terrenos de la mayoría de los 19 municipios de la Montaña.

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Tacho me contó que veía mucha ignorancia en la gente, que a él mismo le costó trabajo entender que tenían que iniciar una lucha por sus tierras; no conocían los estragos de la minería a cielo abierto, hasta que tomaron consciencia.

En 2011, funcionarios de la PA le dijeron a Anastacio Basurto, en ese entonces presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales, que los habitantes de San Miguel podrían progresar, ganar mucho dinero, si permitían explorar sus tierras, porque había oro, plata y zinc, entre otros minerales que potenciarían el desarrollo de la región, si cedían.

Primero él se la creyó y llevó el tema a la asamblea de la comunidad, que como en la mayoría de las poblaciones indígenas de La Montaña –Nahuas, Ñuu Saavi y Me’phaa–, ponderan sus decisiones de manera colectiva. Primero pensaron que era una excelente idea porque sólo sería “rentar” sus terrenos.

Luego, el sacerdote del pueblo, Melitón Santillán advirtió de los riesgos para una comunidad, que se ejerza la minería a cielo abierto: enfermedades, destrucción de sus cerros sagrados, huertas de frutas, de café; sus manantiales y sus tres climas, que no hay en otro pueblo alrededor.

Él fue a convenciones en varios estados para conocer el tema minero, y Roberto Gamboa, activista de Tlachinollan, expuso lo peligroso que sería permitir la entrada a Hochschild. Nada fue sencillo. Tuvieron que hablar, hablar y hablar, pero al final todos se convencieron de que tenían que ser autoridades agrarias para poder demostrar su autonomía como pueblo de manera legal.

Desde el 12 de abril de 2011 solicitaron su inscripción como autoridad agraria en el Registro Agrario Nacional, lo que les fue concedido el 13 de septiembre de 2012. Desde esa fecha, en San Miguel hay más autonomía. Un consejo que don Tacho da a todas las comunidades que estén a tiempo de frenar que la minería.

La gente de ese pueblo dice que no cambiaría su tierra por nada en el mundo. Sus árboles de hojas de diferentes tonalidades de verde, son majestuosos todo el año; los altos cerros, altos, con fragancias inefables; decenas de manantiales. Vida, mucha vida.