Por Mariana Morales, Chiapasparalelo.com

Pese a que la minería es una actividad avalada por el gobierno Mexicano comunidades se han pronunciado contra esa extracción que acaba con los recursos naturales de este estado biodiverso. El subsuelo de este entidad se concesiona, se venden, se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres, afirma el activista Gustavo Castro. En la industria de la minería, las ganancias conquista a muchos.

Entre las montañas de la zona norte de esta última frontera, un hombre de estatura alta,  delgado, ropa color café,  botas negras   y de toda la confianza del patrón nos recibe en la entrada de la minera de uno de los hombres más poderosos del mundo, Carlos Slim. San Francisco del Oro S.A DE C.V, filian de FRISCO.

            Hasta aquí, en la comunidad El Beneficio perteneciente al municipio de Solosuchiapa ubicado a casi cuatro horas de la capital Tuxtla Gutiérrez, se ubica la empresa del “rey de las telecomunicaciones”. Chiapas no es el único estado donde reinan sus empresas,  tiene presencia en varias entidades del país, siendo las del norte las más rentables.

            Después de tomar un par de transportes desde el municipio de Pichucalco, llegamos al sitio  donde las redes del empresario llegaron desde los años 90. Aunque eso, pasa a segundo plano no porque no exista señal TELCEL, en esta pequeña comunidad de unos 100 habitantes está  uno de los tres sectores que hace crecer  la fortuna del empresario en América Latina: la extracción de minerales. Oro y plata, lo más cotizado para las personas que gustan lucir de ello.

San Francisco del Oro S.A DE C.V concesionó durante los últimos años la tierra de toda esta comunidad a través de la minería.  Documentos que expiden las dependencias ambientales estatales y federales otorgaron el derecho  de subsuelo para, extraer acá, ambos minerales hasta por 45 años, señalan documentos obtenidos vía transparencia solicitados a la Secretaria de Economía Federal, la cual está obligada a dar cuenta de ello. 

-¿Incluye sus ríos, el grande?- Nos pregunta un joven que vive muy cerca de la mina, junto a su padre remienda una red que le sirve para atrapar peces. La pesca,  cuidar la mina o la extracción de material pétreo en los ríos de la zona, son tres opciones de trabajo en este lugar donde reina la Central Independiente de Obreros Agrícolas y  Campesinos (CIOAC).

El hombre que nos recibió permanece sentado en una pequeña caseta ubicada a un lado de las rejas blancas que plasman el logotipo rojo de San Francisco del Oro. Desde ahí, observa quién pasa por la carretera federal o pide la parada para bajar  a este pueblo.

-Para entrar a la mina también se puede por  atrás donde se encuentra pedacitos de oro que dejaron quienes hace años sacaron mineral; se ven las cuevas, carretas y material abandonado… a la gente de acá a veces le damos permiso para sacar fruta y también se ven algunos animales-  explica el joven originario de esta comunidad, al tiempo  nos invita a pasar, aunque no lo hacemos.

De acuerdo a las seis concesiones que en conjunto suman la superficie de esta comunidad, al menos de las rejas blancas hacia el fondo, ya es propiedad privada. Aunque para la cartografía del estado de Chiapas, El Beneficio es parte de uno de los municipios de este estado.

Él, es el velador de esta empresa, su vestimenta café y un logotipo de seguridad  lo delatan, por eso desde la caseta tiene que cubrir un horario de ocho horas de vigilancia y entregar cuentas al patrón. “El patrón”, un hombre de toda la confianza del otro patrón; el mero mero, el que sólo viene cuando realizan exploración. La última vez lo vieron en el 2013, dejó su número de teléfono por aquello de las visitas extrañas. Se trata de “el ingeniero de México”  a quien ya le comunicaron que hoy llegamos, pero tampoco  le interesa contestarnos.

-La exploración a la que viene el ingeniero, es una prueba para saber qué tanto mineral existe en la tierra, esa ocasión fue en la mañana, fueron ruidos, ruidos y más ruidos en la parte alta de la mina- explica el joven que remienda su red de pesca.

-¿Registró cuarteaduras tu casa? –se le  pregunta-

No contesta y sigue su relato: “Ese día  bajamos a pescar al río Grande (que en realidad se llama Danta) en una zona donde no están los volteos que sacan arena y piedra; pero esa vez bajó el agua sucia y aceitosa porque la mina hacia esas pruebas, se lo digo porque yo sé qué es eso, en un tiempo trabaje con ellos, entonces le digo que esa vez los peces ya no sirvieron.

San Francisco del Oro S.A DE C.V realizó exploraciones donde delimitó con rejas y alambres parte de lo que afirman, a través de las concesiones, es parte de su territorio. Es aquí, justo donde nos paramos, en la caseta que cuida este hombre que amablemente nos recibe.

De acuerdo a un reporte de la SEMARNAT Chiapas, en el 2011 la empresa realizó una exploración para sacar  mineral, realizó perforaciones al suelo utilizando agua que le ayudarían a extraer,  consumió de 3 a 6 litros de agua por segundo del río Danta. Por ahora la empresa sólo explora, no ha iniciado extracción en Chiapas, así lo señala el último reporte de su página de internet donde registra un incremento en su producción del 14% reflejado en sus ventas.

-¡No!, no ha llegado el momento en que la empresa  inicien de verdad la extracción de oro o plata, y cuando suceda ya dijo el ingeniero de México que no tienen interés en sacar a todo el pueblo-  contesta el velador al tiempo que sale de la caseta.

-Entonces, ¿Trabajarán para ellos?- se le pregunta.

-No sé, ya le dije que nosotros acá seguiremos viviendo …. debe saber que yo nací acá luego me fui a Estados Unidos y regresé, acá nací… antes de que llegará esta empresa esté era un pueblo minero abandonado. Quienes antiguamente trabajaron  vendieron a quienes hoy habitan. Tenemos un derecho de posesión que nos acredita como dueños.

Lo que cuenta este joven que viste de café está documentado en los Archivos Históricos de Chiapas. En la investigación  “El Despertar de la Serpiente, la Sierra Madre de Chiapas en Riesgo Extracción Minera y Comunidades en Resistencia en Chicomuselo” su autor, Marín Morales detalla que en los años 1900 por pequeños periodos siete empresas sacaron de este sitio mineral, lo abandonaron por la dificultad que implicó su transportación hacia las fueras. 

-Mientras, la gente de acá tiene que trabajar…- contesta el vigilante. Se para frente a las rejas blancas, ahora lo acompañan dos hombres más que visten como él y que se entretienen en la transmisión de un pequeño radio-televisión colocado sobre una piedra. Aunque para el joven pescador, el trabajo es en el río Danta que atraviesa este poblado rodeado de montañas en la zona norte de Chiapas.

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El subsuelo de este entidad se concesiona a la minería, se venden o se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres. Ni siquiera el Servicio Geológico Mexicano (SGM) registra transparencia en los datos que proporciona. 

El integrante de la REMA-M4 y Otros Mundos es Posible,  Gustavo Castro señala que el 14 por ciento del territorio chiapaneco esta concesionado a la minería.  El mayor número de títulos en la entidad los posee Tristán Canales Reyna vinculado a la minera canadiense Blackfire que causó el asesinato del opositor minero de la Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca.

Canales Reyna se vio prófugo después que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo dejó en libertad en mayo del 2014 por arroyar en el crucero de la Carretera Internacional al niño Ramón Gómez Jiménez, de 11 años, quien sufrió una fractura craneoencefálica.

 Tristán Canales Reyna es presunto hijo del abogado Tristán Canales Najjar, quien fuera Diputado Federal, actualmente empresario mexicano, uno de los directivos del Grupo Salinas y TV Azteca, y Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

En esta entidad, no sólo San Francisco del Oro S.A DE C.V ha buscado concesionar las montañas de la zona norte de la entidad, también lo hacen los Chinos en la Sierra Madre de Chiapas a través de la empresa la empresa Honour Up Trading S.A. de C.V.

De acuerdo al informe “Minería 2015” elaborado por Castro, el mayor número de concesiones en la entidad se realizó durante la administración del presidente Calderón y el ex gobernador Juan Sabines. En la presente administración federal, Peña Nieto y estatal de Manuel Velasco se han expedido 10 concesiones de tierra para la minería

Vía Movimiento M4

A lo largo de la su historia y como parte de su cultura, los pueblos originarios han generado saberes esenciales para la conservación de la vida, gracias a un profundo conocimiento de su entorno, heredado de generación en generación.

Sin embargo, la afectación de sus territorios han sido una constante desde el choque de la conquista hasta hoy, que nos encontramos ante situaciones de amenaza que demandan atención. Una de ellas es el desmesurado incremento de concesiones otorgadas por los gobiernos en casi toda América Latina para un tipo de extracción intensiva de minerales, conocido como minería a cielo abierto, la cual es promovida con argumentos de progreso y desarrollo. Sin embargo, ¿qué implicaciones tienen esas iniciativas para la conservación de nuestro patrimonio cultural y biológico?

¿Qué implica que las iniciativas de extracción minera sean tan extensas y coincidan con asentamientos humanos, áreas naturales conservadas, sitios sagrados en territorios indígenas, tierras de cultivo y zonas arqueológicas, exploradas o por explorar?

Compartimos la muestra completa, más de 50 imágenes, que viajan a través de las causas y consecuencias del modelo extractivo minero en nuestros pueblos y territorios. Esperamos que sea de utilidad para la defensa y concientización sobre este devastador paradigma de “desarrollo”. El material puede ser descargado y utilizado libremente.

Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo A
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo B
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo C
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo D

Actualmente media docena de empresas extraen diversos minerales de manera ilegal

Por Ángeles Mariscal, chiapasparalelo.com

En la región del Soconusco chiapaneco, donde una de cada tres hectáreas está concesionada a la industria minera, habitantes de la región y legítimos dueños de las tierras efectuaron una manifestación para exigir a los tres niveles de gobierno respeto a su territorio.

Las y los manifestantes marcharon por las calles principales del municipio que forma parte de la reserva ecológica La Encrucijada. Sostuvieron que la industria minera constituye una amenaza para el ecosistema y la salud de los habitantes de la región.

“Los empresarios dueños de la concesiones son unos depredadores que pretende despojarnos de nuestros territorios, acabar con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos hídricos y con la salud humana”, dijo Romeo García Cortés, uno de los manifestantes.

Detallo que la empresa minera china Honour Up Trading tiene la concesión del proyecto minero “La Joya”, mediante el cual afectarán los ejidos de Independencia, El Triunfo, Jalapa, Unión Jamaica y San Juan Panamá, todos ellos del municipio de Escuintla, de donde proyectan extraer, Fierro, Titanio y todo mineral disponible en el subsuelo.

La empresa china está representada en Chiapas por Tristán Canales Reina, quien a su vez es el operador de la mina “Cristina”, ubicada en el Ejido la Libertad Acacoyagua; otra en ejido Emiliano Zapata Municipio de Acacoyagua; la mina “El Joval” en ejido Los Cacaos de Acacoyagua.

Otras minas que amenazan la región es la que explota titanio en el ejido Nueva Francia, operada por Obras y proyectos Mazapa SA de CV, cuyo representante es Héctor Silva.

Habitantes del lugar lograron clausurarla, “ya que al igual que las demás operan de manera clandestina, pues las concesiones fueron otorgadas con fines de EXPLORACIÓN, y estos depredadores ya las tienen en etapa de EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, por lo cual muchos cargamentos de minerales sacados vía Puerto Chiapas han sido sacados de contrabando, así como el centro de acopio COBALTO SA DE CV que opera de manera clandestina en el ejido El Pataste de Acapetahua, a escasos 300 metros del río Cacaluta”.

Las y los manifestantes reiteraron que continuarán clausurando e impidiendo la operación de las minas que actualmente operan en la clandestinidad.

Brasilia, 5 de Diciembre de 2014.

Con gozo y esperanza, hombres y mujeres de fe, provenientes de diversas congregaciones y confesiones religiosas de 13 países de América Latina y el Caribe, inspirados en la Dimensión Social y Profética del Evangelio y acogidos por la Conferencia de Obispos del Brasil, compartimos las reflexiones, valoraciones y compromisos que hemos asumido a lo largo del II Encuentro Latinoamericano sobre Iglesias y Minería, celebrado en Brasilia del 2 al 5 de Diciembre del año 2014.

Recogiendo las preocupaciones e iniciativas de diversas comunidades e  Iglesias locales a lo largo del continente, sobre el incremento de las agresiones a la vida y los Bienes Comunes derivadas del modelo extractivo, y en continuidad con el I encuentro sobre Iglesias y Minería realizado en el 2013 en Lima, Perú, nos hemos reunido para reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar de manera articulada a los pueblos de nuestra América Latina que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro posible,  en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo.

A lo largo de estos días hemos reafirmado como la imposición del modelo extractivo,  promovido por las grandes corporaciones, las economías globales y con la complacencia de quienes gobiernan nuestros Estados Nacionales, lejos de contribuir al  bienestar de todos y todas, incrementa las desigualdades, las violaciones a Derechos Humanos individuales y colectivos, la división de la familia Latinoamericana y de nuestras comunidades, la destrucción de zonas privilegiadas por su riqueza de bienes naturales y  la diversidad biológica de nuestro continente.

Con tristeza reconocemos como junto a las graves violaciones a los Derechos Fundamentales de los pueblos de nuestra América, se ha agudizado la crisis ecológica causada por un modo de vida consumista y mercantilista de bienes y un modelo extractivo que no reconoce ni respeta los límites de nuestro planeta y que, además de fragmentarlo y acelerar su degradación y vulnerabilidad,  está convirtiendo en mercancías los territorios de nuestros pueblos originarios, los minerales, la biodiversidad, los combustibles fósiles y el gas natural, la energía del viento, del agua y del sol y demás Bienes Naturales.

Todo esto, nuestro Dios Creador nos entregó para el sustento de la vida, así como para su disfrute y bienestar colectivo, y no para el enriquecimiento desmedido, que desconoce los derechos colectivos que compartimos entre todos los seres humanos que habitamos este planeta, en este momento histórico, así como también la responsabilidad solidaria de entregar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor, como el que recibimos.

La valiosa diversidad cultural de los pueblos de América, con cosmovisiones respetuosas y armónicas hacia la Madre Naturaleza, se encuentra gravemente amenazada por la imposición de este modelo que acapara los territorios a cualquier costo y se convierte en un proceso activo de despojo, que atropella a quienes se resisten a él, con mecanismos que van desde las amenazas, la persecución, la cooptación, la criminalización, la judicialización y hasta el asesinato de líderes comunitarios, defensores y pastores que acompañan estas luchas.

Los medios de comunicación comerciales contribuyen a la promoción de la falsedad de este modelo, seduciendo a la población con promesas que no son cumplidas, ya que, como expresión extrema del modelo neoliberal, su objetivo es la acumulación de capitales y no la distribución equitativa de bienes.

Compartimos con alegría como diversos sectores y líderes de las Iglesias Cristianas hemos asumido la misión profética de acompañar a las comunidades y personas que defienden la Creación, la Vida y el Derecho frente al modelo extractivo, como una forma concreta de fidelidad a nuestra misión eclesial en estos momentos de la historia. Confiamos y esperamos que cada vez más nuestras Iglesias, desde las bases, hasta las jerarquías, asuman posiciones consecuentes frente a la problemática generada por este modelo extractivo y depredador de Recursos, tal y como se reconoció en el documento de Aparecida“…hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región” (DA  43).

Frente a esta realidad, nos definimos como una articulación de personas y organizaciones religiosas, con espíritu ecuménico e interreligioso, que en fidelidad a nuestra opción por los empobrecidos e empobrecidas, luchamos a favor de la Vida y los Bienes de la Creación.

En relación con las comunidades, reafirmamos nuestro compromiso de trabajo con las bases expresado en intercambios de saberes y conocimientos, estrategias de protección, defensa y solidaridad, acompañamiento en la generación y presentación de acciones de denuncia local, nacional e internacional, entre otras.

Queremos profundizar una mística que anime nuestro actuar, nos permita construir propuestas de acción y nos ayude a avanzar en nuestras reflexiones y lecturas teológicas.

Nos comprometemos a continuar promoviendo la articulación internacional para el dialogo, la incidencia y la denuncia,  en coordinación con otros actores religiosos  tales como: Franciscans International, Vivat International, Mercy International, la Red Cidse, la Red Eclesial Pan Amazónica, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz,  así como también con otros actores sociales como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y  diversas expresiones sociales con que compartimos propósitos y visiones a lo largo del continente.

Que la Mística y el espíritu de hermandad  que ha caracterizado este encuentro nos animen a asumir con mayores energías la misión profética y la responsabilidad colectiva en el cuidado de la vida y de los Bienes Comunes.

Brasilia, 5 de Diciembre de 2014.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el TPP hace público su veredicto

10 de diciembre del 2014

Ottawa y Montreal –  El veredicto de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la Industria minera canadiense se dio a conocer hoy en francés, inglés y español. Los informes y testimonios que fueron expresados en mayo pasado en Montreal, por los miembros de las comunidades afectadas en América Latina y expertos en derechos humanos y en el tema de la minería, permitieron al jurado del Tribunal establecer responsabilidades al gobierno de Canadá y a las 5 empresas mineras que estaban en causa. Las respectivas responsabilidades están sentadas en función de múltiples casos de destrucción del medio-ambiente, de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, de asesinatos, de criminalización de la oposición y de transgresiones a las libertades sindicales, por mencionar sólo algunos.

“Las evidencias que nos fueron presentadas muestran la complicidad y la responsabilidad de  distintos organismos del gobierno federal, en particular de su red diplomática y de sus instituciones de cooperación internacional”, deplora Nicole Kirouac, abogada y miembro del jurado de la sesión de mayo. ” Por sus acciones y omisiones, el gobierno respalda una situación inaceptable que causa devastación ambiental y social en comunidades de muchos países”. Oscar Morales, persona afectada por el proyecto Escobal en Guatemala y testigo en la audiencia de Montréal, señala que “la criminalización y represión de la protesta social, que se vive tanto en Guatemala y en otros países de América latina, se han agudizado en varios países con la renovación de los marcos legales, contribuyendo a perpetuar la impunidad de los actos de represión”.

El jurado también emitió una serie de recomendaciones a todas las entidades pertinentes, tanto de los países de acogida, como del gobierno de Canadá, pasando por las empresas en causa. “El proceso de reparación implica varios pasos, incluido el cese inmediato de las actividades que causan o aumentan los perjuicios, el reconocimiento de los daños y el establecimiento de leyes y mecanismos para prevenir que vuelvan a ocurrir”, dijo Gianni Tognoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, Italia. “El Día Internacional de los Derechos Humanos es un momento importante para recordar que las actividades mineras son actualmente una de las principales causas de violaciones de derechos en las Américas. Los testigos que comparecieron nos mostraron claramente que los sucesos presentados no son casos aislados, sino que representan una situación generalizada de impactos graves sobre la salud, la vida, el medio ambiente y la participación ciudadana de las poblaciones afectadas, especialmente para las mujeres indígenas”, dijo Viviane Michel, Presidenta de Femmes Autochtones de Québec (Mujeres indígenas de Quebec) y juez durante la audiencia. “La industria minera debe transformar profundamente sus prácticas”.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos organismos idearon maneras creativas para entregar el veredicto a las entidades concernientes, presentándose en las sedes de las empresas y en las oficinas de los organismos en causa del gobierno federal  en Ottawa, Toronto y Vancouver. El veredicto será canalizado al conjunto de partidos políticos y diputados-as canadienses, al igual que a los órganos pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas.

En línea: http://www.tppcanada.org/presse/communiques/?lang=es

Resumen ejecutivo del veredicto: http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Resumen-ejecutivo-veredicto-TPP-Canada.esp_.pdf

Veredicto completo: http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Verdicto-TPP-Canada-FINAL.pdf
Documentos disponibles en inglés y francés también: www.tppcanada.org

Vía Movimiento M4

Tres concesiones mineras de exploración que pretenden pasar a fase de explotación reactivaron la tensión en poblados de la zona de Los Chimalapas, en los límites del territorio que disputan Oaxaca y Chiapas.

Se trata de tres concesiones otorgadas hace seis años con los números 231753, 225472 y 232208 las cuales comprenden 30 mil hectáreas, la mayoría en territorio oaxaqueño en los municipios de San Miguel Chimalapas, Zanatepec y Tapanatepec.

Las empresas Zalamera, Maya Minas y Minerales y Radius Gold-Geonorte pretenden extraer cobre, plata y oro, así como puzolana (cemento de alta calidad) mediante minas a cielo abierto.

Ninguna de las concesiones están ubicadas en el territorio de disputa, motivo de la controversia constitucional que enfrentan las entidades vecinas, pero sí en la zona limítrofe, lo que amenaza con agravar el conflicto entre comunidades donde la situación es delicada, advirtió el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas.

“Las autoridades empezarían a jalonearse por obtener los beneficios o mejor dicho las migajas que les pueden dejar empresas como las mineras. Y en medio quedarían las comunidades como las más afectadas“, expresó Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional del Comité de Defensa Chimalapa.

“Sería otro foco de conflicto, de violencia social”, advirtió.

Lo anterior sin considerar los daños ambientales, pues por el territorio concesionado escurren los ríos Ostuta, Zanatepec y Novillero, los cuales desembocan en el Golfo de Tehuantepec, uno de los sitios con mayor diversidad marina del país. De ocurrir un derrame el daño sería desastroso, sostuvo el ambientalista.

La actividad minera podría afectar 10 municipios oaxaqueños y 3 chiapanecos, según estimaciones del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

Los habitantes oaxaqueños de las comunidades de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío se declararon en alerta, ya que sostienen que en el lado chiapaneco, en el municipio de Cintalapa, un grupo denominado “El Ejército Chamula” está realizando invasiones a punta de pistola y amenazan con invadir parte del territorio en disputa.

Los denunciantes acusaron a los Gobernadores Gabino Cué y Manuel Velasco de desatender el conflicto.

Los Gobiernos de ambas entidades alistan un encuentro para abordar los temas de gobernabilidad de esa región, en tanto la Corte resuelve la controversia, pero no han dado fecha ni detalles de la reunión.

Fuente: El Norte

El conflicto en La Puya, Guatemala, comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando las comunidades hicieron frente al avance de un proyecto minero en sus tierras.

Carlos Escaño – Alianza por la Solidaridad
en eldiario.es

Esta historia se ubica en La Puya, Guatemala, una zona de conflicto en la que el agua es defendida por la población de sus comunidades, arriesgando incluso sus vidas con tal de mantener su preciado oro azul,. Nos la contó Álvaro Sandoval, miembro de la Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya, en su visita por Madrid. Y como su visita ha pasado un poco desapercibida en España, creemos que es bueno difundirla. Porque es posible que su historia se repita, y pronto, en España.

Sandoval paso por España de la mano Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional a contarnos una historia. De lucha y ambición. En su Guatemala natal. El conflicto comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando las comunidades hicieron frente al avance de un proyecto minero en sus tierras.

Entonces, una mujer se plantó delante de las máquinas desafiando con su vida el avasallamiento que pretendía realizar la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), subsidiaria de la canadiense Radius Explorations Ltd. Este fue el inicio de un proceso de resistencia no violenta de unas comunidades que por más de dos años lleva vigilando 24 horas al día los accesos a sus tierras.

La Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya continúa oponiéndose a la actividad minera en sus tierras. Álvaro Sandoval, como representante de una comunidad en resistencia contra una minera, explica que “a día de hoy la policía tiene entre 6 y 8 patrullas que a diario custodian la entrada a la mina”, para que así la empresa pueda avanzar en su intención de extracción de oro. Nos dice que las comunidades se mantienen firmes, y dicen: “Mi tierra no se vende”.

Está haciendo una gira por Washington, Barcelona, Madrid y Bruselas, solicitando apoyo para la realización de un nuevo estudio de impacto medioambiental, y que esta vez sea independiente, con el objeto de parar las intenciones de Exmingua, ahora subsidiaria de la norteamericana Kappes Kassiday & Associates (KCA).

Para entender esta historia tenemos que adelantarnos a 2011, cuando las poblaciones de La Puya tuvieron conocimiento de los intereses de la empresa de extraer el oro de sus tierras. A sabiendas del impacto contaminante en el agua de las prácticas para la obtención del preciado metal, miembros de las comunidades fueron a preguntar a las autoridades competentes por el necesario estudio de impacto medioambiental.

Sandoval nos cuenta que las autoridades les dijeron que no se preocuparan, que el proyecto no saldría. Si bien tiempo después supieron que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco aceptó el citado estudio y que había autorizado la explotación.

Según se resalta en el informe de Amnistía Internacional “ La minería en Guatemala: Derechos en peligro” las comunidades deben disponer de información completa y objetiva, facilitada de forma clara y culturalmente adecuada. Marta Mendiola, responsable DESC de Amnistía Internacional España, nos aclara que en Guatemala existe un clima de impunidad importante, y que no se cumple con las obligaciones de consulta a las comunidades previa a la concesión de una explotación.

En este contexto, las personas que defienden los derechos humanos están sufriendo ataques e intimidación. En 2003 UDEFEGUA, ONG especializada en la defensa de Derechos Humanos, registró un total de 657 casos de agresión contra defensores y defensoras en Guatemala. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló en un informe de 2013 que Guatemala era uno de los seis países que habían recibido el mayor número de comunicaciones de su oficina, de las cuales la tercera parte se refieren a denuncias de asesinatos y de tentativas de asesinato.

El reto que nos plantea Álvaro Sandoval es difícil, puesto que “los empresarios fuertes de Guatemala están detrás de estos proyectos, y ellos han hecho siempre lo que han querido”. Ante ello recalca la importancia de la resistencia no violenta.

Para acabar, Sandoval nos avisa que lo que vemos lejano puede suceder en nuestra tierra. En España la ciudadanía empieza a movilizarse ante la entrada del fracking en el territorio español o la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en ingles. De momento cientos de municipios se han declarado libres de fracking, según el registro de Amigos de la Tierra. Ecologistas y comunidades autónomas se enfrentan al Gobierno por esta técnica que podría contaminar los acuíferos subterráneos. Aquí también empezamos a asumir que el agua es un derecho que hay que defender.

¿Nos han de importar las causas y los derechos globales? En un mundo tan interconectado está claro que deberíamos. La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente nos debe tocar a todas las personas, desde la exigencia de cumplimiento a nivel global y actuando desde lo local, puesto que con frecuencia es implicándonos desde lo pequeño como podemos cambiar el mundo.