Categoría: Minería

«Hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.»

BOLETÍN DE PRENSA

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN, COLIMA, MÉXICO

Ontario, Canadá, 26 de Febrero 2015

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La sociedad de México y el Mundo, durante todo el 2014 y lo que va del 2015, ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, en el estado de Colima, debido a la imposición y apoyo irrestricto, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V. pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.

Desde entonces, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, como el Gobernador Constitucional, la Procuraduría Agraria del estado, el Presidente Municipal de Comala, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluso el propio Congreso del Estado, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso, con el propósito de que les sean aclaradas las recurrentes negativas a sus demandas, a la vez que han exigido les sean respetados sus derechos, además de exigir que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como se reconozca que el gobierno federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado, mismo derecho que como los otros que se han citado, están adscritos tanto en la Constitución Mexicana, como en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que, de respetarse, ayudarían a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.

La información que tenemos señala que, quienes promueven el proyecto minero, han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera. Sabemos también sobre la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana, A. C. por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental.

Es en el contexto de un país que vive actualmente una fuerte crisis política y de credibilidad de sus instituciones causada por la violencia de Estado y por la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos -con  su cauda en el incremento de desapariciones forzadas, desplazados, ejecuciones extrajudiciales, persecución y asesinato de periodistas-, que diversos actores nacionales e internacionales hemos decidido visitar la región, con la intención de llevar a cabo una Misión de Observación que nos permita documentar, de forma directa, la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables.

Por las razones expuestas hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.

Mucho agradeceremos la divulgación de este comunicado, así como los invitamos a que se mantengan atentos a los resultados y conclusiones de las y los integrantes de La Misión de Observación.

MISION NACIONAL E INTERNACIONAL  DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN (2 y 3 de Marzo de 2015)
INTEGRANTES:
1) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México.
Representante: Abel Jesús Barrera Hernández.
2) Fund for Global Human Rights. Washington, Estados Unidos.
Representante: Ana Paula Hernández.
3) MiningWatch Canadá. Ottawa, Canadá.
Representante: Jennifer Moore.
4) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), con sede en todos los países Mesoamericano. (Mesoamérica)
Representante: Miguel Angel Mijangos Leal.
5) Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Oaxaca.
Representante: Lucina Betina Cruz Hernández.
6) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Con sede en 13 estados de la República mexicana.
Representante: Gustavo Lozano.
7) Instituto Nacional de Antropología e HIstoria (INAH). Morelos
Representante: Dr. Paul Hersch Martínez.
8) Dr. Gilberto López y Rivas. Morelos.
9) Dr. Gian Carlo Delgado. Ciudad de México.
10)  Environmental Defender Law Center (EDLC). Montana, Estados Unidos.
Representante: Alison Wright.
11) Greenpeace.
Representante: María Colin.
12) Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua). América Latina.
13) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT). México
Representante: María González Valencia.
14) PEACE ACTION. Estados Unidos.
Representante: Mario Galvez.
15) Iglesia Menonita Evergreen de Seattle. Washington, Estados Unidos.
Representantes: Peter y Margaret Lumsdaine
16) Dana Rotberg Goldsmith.
17) Rosa Rojas García.

Nota de Marcela Turati y Alejandra Guillén, Revista Proceso.

Documentos confidenciales de la embajada canadiense en México muestran el apoyo que le brindó a la empresa minera Excellon Corporation para acabar con la protesta de mineros y ejidatarios de La Sierrita, Durango que demandaban el saneamiento de las aguas contaminadas y el cumplimiento de derechos laborales.

En Español, descargar INFORME COMPLETO

Desinformémonos

Ciudad de México, 18 de febrero del 2015. Durante más de cincuenta años la empresa Cales y Morteros del Grijalva se ha dedicado a la extracción de materiales pétreos para la construcción, a pesar de no contar con estudios ni manifiesto de impacto ambiental, ni la autorización del cambio de uso de suelo. La organización Salvemos al Cañón, le solicitó en días pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) una audiencia para que evalúe el impacto ambiental y los daños a las comunidades que habitan esta región en la capital chiapaneca.

“La maquinaria obsoleta que utiliza la empresa en sus procesos de producción, aunado al mal manejo de operación, permite las emisiones fugitivas de partículas contaminantes a la atmósfera de humo, polvo, vapores y ruido, dañando severamente el medio ambiente y la salud de la población”, denunció el colectivo en un documento enviado a la SEMARNAT y agregó que la empresa está afectando severamente la pared oriente del Cañón del Sumidero, área protegida desde 1980.

Las rocas en las paredes del Cañón se comenzaron a formar hace más de 136 millones de años en Tuxtla Gutiérrez. Este cañón es considerado uno de los más imponentes en el mundo y fue declarado Parque nacional en 1980 y fue nominado para ser una de las siete maravillas del mundo.

El director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, respondió a las denuncias de los pobladores que viven del turismo y su economía se ha visto seriamente afectada, argumentando que esa institución no tiene competencia para evaluar el impacto ambiental de la empresa Cales, porque la extracción en el cañón inició antes de que existiera la Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y por lo tanto no están obligadas a contar con autorizaciones en materia de impacto.

A pesar de haber dos averiguaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con sede en Chiapas, no le ha dado seguimiento al caso y la empresa continua trabajando sin los estudios y permisos requeridos en la obra y que fue concesionada por diferentes instancias gubernamentales.

En más de una década de lucha, las comunidades informaron que han agotado todas las vías legales posibles, sin que el Estado tome cartas en el asunto, al contrario es cómplice de las violaciones a los derechos humanos y ambientales de la empresa.

Las comunidades que habitan esta región denunciaron las afectaciones y daños irreversibles causados por la empresa Cales y Morteros. “El agua está contaminada con cal, la microcuenca Cahuaré esta atascada de lodos grises y material triturado, contaminación del aire, derrumbes recientes en la pared del cañón, ruidos y vibraciones de camiones y maquinaria pesada, casas fracturadas, obstrucción vehicular en la autopista Chiapas- Tuxtla, tala de vegetación recientemente y sin permiso, extenso hueco en una superficie de 40 hectáreas y la Pared Oriente del Cañón del Sumidero fracturadas con el riesgo de desplomarse en cualquier momento, lluvia permanente de hollín y polvo de cal y enfermedades entre la población”.

La organización Salvemos al Cañón del Sumidero exigieron se termine este ecocidio, pues aún están a tiempo de rescatar algo, ya se presentan daños irreparables y la población sufre cada vez más de enfermedades, además su economía que se basa en el ecoturismo está siendo afectada enormemente.

Con información de Radio Pozol

espoir chiapas

Fotos @AreaDeComunicacionDeLasAbejas

El pueblo creyente de la Parroquia Santa Catarina de Pantelho organizo una marcha en la cabecera municipal para anunciar su total rechazo a la venida de la empresa GYMSA que tiene planificado de hacer sus trabajo y servicio geologico para empiezar a construir su proyecto de mina.

Igual en su comunicado añadieron su rechazo al trago y a las drogas.

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
PARROQUIA SANTA CATARINA, PANTELHO’
11 de Febrero de 2015

Nosotros, hombres y mujeres del Pueblo Creyente de Nuestro Señor, hemos venido para decir la verdad sobre los problemas que ya están entre nosotros en estos días, de los grandes empresarios y gobernantes.

Porque nos duele en nuestro corazón que ya está el problema en nuestras comunidades: hay división por las ayudas que da el gobierno en cada una de nuestras comunidades.

Por eso, sabemos que somos hijas e hijos de Dios y que él no quiere que tengamos duros sufrimientos. Sólo él es nuestra fuerza, sólo él es nuestro Libertador. Así nos lo dice en su Palabra: Dichoso el hombre que confía en el Señor (Salmo 1).

Así pues, hemos venido a decir abiertamente que NO QUEREMOS QUE VENGA A HACER SUS TRABAJOS EL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO A TRAVES DE LA EMPRESA GYMSA (Geoquímica y Perforación Sociedad Anónima), porque sabemos que ellos están buscando las riquezas de nuestra santa madre tierra.

¿Por qué no queremos que entre en nuestras comunidades?
Porque explotan nuestra vida y la vida de nuestra madre tierra.

También queremos denunciar de nuevo que NO QUEREMOS LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES. NO QUEREMOS LA VENTA Y EL CONSUMO DE MARIGUANA. Por eso han aumentado los ladrones y asesinos en nuestro municipio.

Hermanas y hermanos todos: ahora estamos reunidos aquí. Tenemos fuerza con la Eucaristía en nuestra peregrinación para mirar nuestros problemas y sufrimientos, para que tengamos fuerza en nuestros corazones para hacer nuestro trabajo que recibimos de Nuestro Señor.

Que Dios Padre y Madre, nos ayude y mantenga viva nuestra esperanza.

Esta es la voz del Pueblo Creyente. Parroquia Santa Catarina, Pantelho’

Vía Movimiento M4

La labor de incidencia de Base en Centroamérica  generalmente no es un trabajo que produzca muchas historias asombrosas de éxito. A menudo, más bien se compara tristemente con el esfuerzo desesperado de un debilucho de noveno grado de unos 5 pies 2 pulgadas y 100 libras que incesantemente practica su tiro en suspensión en un día de invierno, mientras sueña con jugar algún día en la NBA y que con tristeza se da cuenta de que su sueño probablemente nunca se volverá realidad. Esa metáfora podría o no ser auto-biográfica.

En Guatemala, acompañar a la población indígena maya en su lucha persistente para mantener el control sobre sus territorios ancestrales, los recursos y las formas tradicionales de vida es frustrante, cuando menos. A pesar de la jurisprudencia anclada en la legislación nacional e internacional que supuestamente reconoce, respeta y defiende los derechos de la mayoría de la población maya, el gobierno de Guatemala, la oligarquía a la que sirve, y los intereses de las empresas transnacionales constantemente triunfan sobre los derechos y el bienestar del pueblo maya. Cuando las comunidades mayas se atreven a defender con determinación sus derechos y territorios, el derramamiento de sangre patrocinado por el gobierno usualmente es más común que la negociación o el diálogo.

Dada esta realidad tan deprimente, es importante destacar el ocasional éxito de la labor de incidencia, por pocas y distantes que sean. Por lo tanto, compartimos este breve relato de la resistencia del pueblo maya Ixil no para echarnos flores, sino más bien para compartir la esperanza de que la labor de incidencia no es completamente inútil.

Desde la década de 1970, las comunidades Mayas Ixiles en Nebaj, Guatemala se han resistido a la explotación de una mina de barita situada en un bosque comunal en la parte norte de su territorio ancestral. La Barita es un mineral que se usa principalmente para la perforación de pozos de petróleo. Con el ascenso de la industria del fracking, la barita está en alta demanda. En 2001, el gobierno de Guatemala emitió una licencia de extracción de la mina de barita. Como es el caso con todos los permisos de explotación minera en Guatemala, la comunidad local nunca fue consultada ni informada sobre la mina propuesta.

La licencia de la mina de barita rebotó de compañía en compañía hasta que finalmente cayó en manos de Jorge Luis Avalos, un empresario guatemalteco nacido en México con enormes vínculos con las industrias mineras y químicas de Guatemala. Avalos comenzó la explotación de la mina en 2005, pero cuando un manantial de agua del lugar misteriosamente se secó, las comunidades locales expulsaron a la empresa minera.

Recientemente, Avalos intentó vender la licencia a Double Crown Resources, una compañía minera con sede norteamericana. Debido a la mala trayectoria de las corporaciones mineras multinacionales en América Central (Goldcorp, por ejemplo), las comunidades locales comenzaron a preocuparse. Cuando esta noticia salió a la luz, el Comité Central Menonita (CCM) junto con otras ONGs nacionales e internacionales apoyaron el llamado de las comunidades mayas Ixiles para anular la licencia. Debido a la presión de los medios nacionales e internacionales, Avalos canceló el acuerdo con Double Crown.

CCM México apoya a ¨Otros Mundos¨, una ONG mexicana que entre otras cosas, ha apoyado a la comunidad de Chicomuselo, Chiapas en su resistencia hacia otra mina de barita operada por Blackfire Exploration, una compañía minera con sede en Canadá. Las comunidades de Chicomuselo, después de años de resistencia, fueron capaces de expulsar a la compañía canadiense de su municipio después de que Mariano Abarca, un prominente organizador comunitario anti-minería, fuera asesinado por personas vinculadas a la empresa minera y el gobierno local. En septiembre de 2014, CCM ayudó a organizar una visita de las autoridades ancestrales mayas Ixiles a las comunidades en Chicomuselo, Chiapas.

Durante la visita de dos días, José Luis Abarca, hijo del martirizado Mariano, y otros líderes de la comunidad compartieron sus experiencias relacionadas con el negocio de la minería de barita y el largo proceso de resistencia. Una visita a la antigua mina confirmó la destrucción ecológica que la minería inevitablemente provoca. Durante la última noche de la visita, José Luis lamentó que “resistir a grandes empresas mineras a menudo trae consigo la muerte de aquellos que defendemos nuestros derechos y nuestra tierra. En nuestro caso, fue mi padre quien fue asesinado. En sus comunidades, hay que preguntarse quién va a morir por la causa de la tierra y de la comunidad. ” Las autoridades ancestrales mayas Ixiles regresaron a sus comunidades determinados a seguir defendiendo sus tierras comunales, sus comunidades y sus derechos.

En noviembre de 2014, los líderes maya Ixiles fueron capaces de traer a Jorge Luis Avalos, el titular de la licencia de explotación minera, a Nebaj para las negociaciones. Avalos llegó decidido a convencer a las comunidades de los “beneficios” que la minería barita traería a la comunidad local. Su presentación en power point estaba elaborada sobre las oportunidades de trabajo que la mina crearía y la falta de impacto ambiental que la mina tendría. Durante un momento de la presentación, Avalos mencionó la mina en Chicomuselo.

Cuando afirmó que “hay otra mina de barita en Chicomuselo, México que ofreció grandes ventajas para la población local”, una ronda de risa escéptica llenó la habitación. Lu Pa’l, miembro de las autoridades indígenas del pueblo Maya Ixil interrumpió Avalos y en tono de reproche le preguntó: “¿Cómo puedes decir que la mina en Chicomuselo era buena para la gente de allí? Hemos estado en Chicomuselo y hemos visto la mina y sus efectos. Lo único que trajo a la comunidad era muerte, y eso no lo vamos a aceptar”.

En ese momento de la negociación, Avalos reparó en que no iba a tener éxito en convencer a las comunidades de los supuestos beneficios de la minería de barita. Varios miembros de las autoridades Ixiles agradecieron a Avalos por venir, pero insistieron en que la comunidad se oponía vehementemente a la mina de barita y que no toleraría la presencia de cualquier empresa minera sin invitación. Avalos aceptó con desánimo (por ahora) la decisión de las comunidades Ixiles y prometió que él y su compañía minera respetarían la decisión de la comunidad y que no procederían con los planes para la mina de barita.

Esta supuesta historia de “éxito” está lejos de haber terminado. Avalos todavía tiene la licencia minera que es oficial hasta el año 2021 y sería absurdo creer que él u otra compañía a la que él intente venderle la licencia simplemente ignore la prometedora rentabilidad de una enorme fuente de un mineral en alta demanda. Sin embargo, una victoria es una victoria y debe ser celebrada y compartida. La labor de incidencia en este caso fue exitosa gracias al uso de los medios de comunicación internacionales para exponer  acuerdos de negocios por debajo de la mesa, y a través de la conexión de comunidades que enfrentan luchas similares y comparten la misma resistencia.

Esperamos que CCM y otras organizaciones internacionales continúen el largo y tedioso trabajo de apoyar a las comunidades en toda América Central y el mundo en la defensa de sus tierras, de sus comunidades y de sus derechos.

Fuente: Comité Central Menonita América Latina

Nota relacionada:
(en inglés) Breakthrough Regarding Legal Liability of Canadian Mining Corporations for Abuses Overseas

En un primer dictamen de una investigación que concluirá en 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno de ese país son responsables de violar los derechos humanos en América Latina.

El TPP, una organización independiente fundada en Italia, halló que Ottawa y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar los derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar a la disidencia y de realizar asesinatos selectivos.

Gianni Tognoni, el secretario general del TPP desde su creación en 1979, fue uno de los ocho jueces que tomó la decisión el 10 de diciembre.

En entrevista con IPS, habló sobre la manera en que las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional en el pasado.

De los muchos ejemplos, citó el caso del trabajo esclavo infantil en la industria de la vestimenta, que fue denunciado por el TPP “con el fin de reforzar los controles y la vigilancia de las organizaciones no gubernamentales”.

“Lo que se podía hacer se está haciendo… con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas… para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, destacó Tognoni.

Los procesos internacionales rara vez son rápidos, señaló. La sentencia de la antigua Yugoslavia “parece ser más bien una especie de juicio sobre la memoria, lo mismo es cierto para Ruanda”, comentó.

Comparó esa situación con la eficacia inmediata de los tratados económicos y mencionó el conocido choque entre los derechos humanos y las empresas transnacionales, así como la actitud impune de estas últimas.

“No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, resaltó.

Formalmente, Canadá debería defender los mismos derechos en el extranjero como en su propio territorio, según el principio de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados por el cual los poderes públicos deben supervisar a los actores no estatales.

“Pero simplemente no lo hace”, afirmó Tognoni.

El fallo de 86 páginas informa que 75 por ciento de las empresas mineras de todo el mundo tienen su sede en Canadá, y que las compañías canadienses con inversiones estimadas en más de 50.000 millones de dólares en el sector de la extracción en América Latina representan entre 50 y 70 por ciento del total en la región.

“Y el veredicto… muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, subrayó Tognoni.

La sesión del TPP sobre la minería canadiense llegó a un veredicto de culpabilidad en Montreal, el 10 de diciembre, en el día internacional de los derechos humanos, en una investigación en curso hasta el año 2016.

El TPP realizó recomendaciones al gobierno canadiense, a las empresas mineras en cuestión, así como a agencias y organismos internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El lento acceso a la justicia

“Está claro que es importante organizar el movimiento de oposición para darle un apoyo sólido y también jurídico a los argumentos políticos y sociales, para que quede claro que la batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, dijo Tognoni.

A su juicio, “debido a que las dos cosas están cada vez más vinculadas, ya no hay países que sean independientes de la escena internacional”.

Las sesiones del TPP se “añaden a ese corpus de trabajo con el fin de demostrar que hay una necesidad urgente de instrumentos que permitan el acceso a la justicia”, dijo el organizador de la sesión sobre la minería canadiense en América Latina, Daniel Cayley-Daoust.

El TPP “no es un tipo de iniciativa que pueda aplicarse, ya que no tiene capacidad legal de una manera concreta”, explicó. Sirve de apoyo a las comunidades afectadas y para documentar los abusos cometidos “en el sentido de ampliar ese debate… para incrementar la presión”, añadió.

Una de las prioridades del TPP es añadir “más voz y credibilidad a algo que fue en gran medida ignorado por la gente que… tiene el poder de hacer los cambios”, indicó Cayley-Daoust.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Cayley-Daoust expresó su preocupación porque la ONU tuvo influencia empresarial en las últimas tres o cuatro décadas, especialmente a causa de sus relaciones más estrechas con las empresas.

Rolando Gómez, portavoz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a IPS que las empresas no están inmunizadas.

“No hay una sola cuestión de derechos humanos en cualquier entorno, sea una empresa, una ciudad, un país o una comunidad, que escape a la atención del Consejo”, aseguró.

“Hemos visto tendencias positivas de empresas, grandes y pequeñas, que tomaron estas cuestiones muy en serio”, sostuvo.

También se refirió a las consecuencias políticas. “Cada vez más, los Estados reconocen que tenemos que despolitizar el debate”, dijo a IPS.

Hizo hincapié en que “el Consejo de Derechos Humanos no tiene que ver solo con los acuerdos adoptados, sino con el seguimiento, la acción, el hecho de que hay un escenario aquí en Ginebra donde se escuchan problemas que a menudo no se escuchan”.

“El grado en que las ONG están activas aquí es excepcional”, manifestó. Mencionó cómo participan en Ginebra las víctimas de violaciones de derechos humanos y la sociedad civil en la entrega de declaraciones, con su presencia en las negociaciones y al informar sobre los debates formales.

En cuanto a si la charla se traduce en acción, “eso depende de la cuestión, así como la voluntad de los Estados y los responsables de las decisiones”, dijo Gómez.

“La justicia tarda mucho tiempo”, concluyó.

Fuente: IPS Noticias

Por Mariana Morales, Chiapasparalelo.com

Pese a que la minería es una actividad avalada por el gobierno Mexicano comunidades se han pronunciado contra esa extracción que acaba con los recursos naturales de este estado biodiverso. El subsuelo de este entidad se concesiona, se venden, se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres, afirma el activista Gustavo Castro. En la industria de la minería, las ganancias conquista a muchos.

Entre las montañas de la zona norte de esta última frontera, un hombre de estatura alta,  delgado, ropa color café,  botas negras   y de toda la confianza del patrón nos recibe en la entrada de la minera de uno de los hombres más poderosos del mundo, Carlos Slim. San Francisco del Oro S.A DE C.V, filian de FRISCO.

            Hasta aquí, en la comunidad El Beneficio perteneciente al municipio de Solosuchiapa ubicado a casi cuatro horas de la capital Tuxtla Gutiérrez, se ubica la empresa del “rey de las telecomunicaciones”. Chiapas no es el único estado donde reinan sus empresas,  tiene presencia en varias entidades del país, siendo las del norte las más rentables.

            Después de tomar un par de transportes desde el municipio de Pichucalco, llegamos al sitio  donde las redes del empresario llegaron desde los años 90. Aunque eso, pasa a segundo plano no porque no exista señal TELCEL, en esta pequeña comunidad de unos 100 habitantes está  uno de los tres sectores que hace crecer  la fortuna del empresario en América Latina: la extracción de minerales. Oro y plata, lo más cotizado para las personas que gustan lucir de ello.

San Francisco del Oro S.A DE C.V concesionó durante los últimos años la tierra de toda esta comunidad a través de la minería.  Documentos que expiden las dependencias ambientales estatales y federales otorgaron el derecho  de subsuelo para, extraer acá, ambos minerales hasta por 45 años, señalan documentos obtenidos vía transparencia solicitados a la Secretaria de Economía Federal, la cual está obligada a dar cuenta de ello. 

-¿Incluye sus ríos, el grande?- Nos pregunta un joven que vive muy cerca de la mina, junto a su padre remienda una red que le sirve para atrapar peces. La pesca,  cuidar la mina o la extracción de material pétreo en los ríos de la zona, son tres opciones de trabajo en este lugar donde reina la Central Independiente de Obreros Agrícolas y  Campesinos (CIOAC).

El hombre que nos recibió permanece sentado en una pequeña caseta ubicada a un lado de las rejas blancas que plasman el logotipo rojo de San Francisco del Oro. Desde ahí, observa quién pasa por la carretera federal o pide la parada para bajar  a este pueblo.

-Para entrar a la mina también se puede por  atrás donde se encuentra pedacitos de oro que dejaron quienes hace años sacaron mineral; se ven las cuevas, carretas y material abandonado… a la gente de acá a veces le damos permiso para sacar fruta y también se ven algunos animales-  explica el joven originario de esta comunidad, al tiempo  nos invita a pasar, aunque no lo hacemos.

De acuerdo a las seis concesiones que en conjunto suman la superficie de esta comunidad, al menos de las rejas blancas hacia el fondo, ya es propiedad privada. Aunque para la cartografía del estado de Chiapas, El Beneficio es parte de uno de los municipios de este estado.

Él, es el velador de esta empresa, su vestimenta café y un logotipo de seguridad  lo delatan, por eso desde la caseta tiene que cubrir un horario de ocho horas de vigilancia y entregar cuentas al patrón. “El patrón”, un hombre de toda la confianza del otro patrón; el mero mero, el que sólo viene cuando realizan exploración. La última vez lo vieron en el 2013, dejó su número de teléfono por aquello de las visitas extrañas. Se trata de “el ingeniero de México”  a quien ya le comunicaron que hoy llegamos, pero tampoco  le interesa contestarnos.

-La exploración a la que viene el ingeniero, es una prueba para saber qué tanto mineral existe en la tierra, esa ocasión fue en la mañana, fueron ruidos, ruidos y más ruidos en la parte alta de la mina- explica el joven que remienda su red de pesca.

-¿Registró cuarteaduras tu casa? –se le  pregunta-

No contesta y sigue su relato: “Ese día  bajamos a pescar al río Grande (que en realidad se llama Danta) en una zona donde no están los volteos que sacan arena y piedra; pero esa vez bajó el agua sucia y aceitosa porque la mina hacia esas pruebas, se lo digo porque yo sé qué es eso, en un tiempo trabaje con ellos, entonces le digo que esa vez los peces ya no sirvieron.

San Francisco del Oro S.A DE C.V realizó exploraciones donde delimitó con rejas y alambres parte de lo que afirman, a través de las concesiones, es parte de su territorio. Es aquí, justo donde nos paramos, en la caseta que cuida este hombre que amablemente nos recibe.

De acuerdo a un reporte de la SEMARNAT Chiapas, en el 2011 la empresa realizó una exploración para sacar  mineral, realizó perforaciones al suelo utilizando agua que le ayudarían a extraer,  consumió de 3 a 6 litros de agua por segundo del río Danta. Por ahora la empresa sólo explora, no ha iniciado extracción en Chiapas, así lo señala el último reporte de su página de internet donde registra un incremento en su producción del 14% reflejado en sus ventas.

-¡No!, no ha llegado el momento en que la empresa  inicien de verdad la extracción de oro o plata, y cuando suceda ya dijo el ingeniero de México que no tienen interés en sacar a todo el pueblo-  contesta el velador al tiempo que sale de la caseta.

-Entonces, ¿Trabajarán para ellos?- se le pregunta.

-No sé, ya le dije que nosotros acá seguiremos viviendo …. debe saber que yo nací acá luego me fui a Estados Unidos y regresé, acá nací… antes de que llegará esta empresa esté era un pueblo minero abandonado. Quienes antiguamente trabajaron  vendieron a quienes hoy habitan. Tenemos un derecho de posesión que nos acredita como dueños.

Lo que cuenta este joven que viste de café está documentado en los Archivos Históricos de Chiapas. En la investigación  “El Despertar de la Serpiente, la Sierra Madre de Chiapas en Riesgo Extracción Minera y Comunidades en Resistencia en Chicomuselo” su autor, Marín Morales detalla que en los años 1900 por pequeños periodos siete empresas sacaron de este sitio mineral, lo abandonaron por la dificultad que implicó su transportación hacia las fueras. 

-Mientras, la gente de acá tiene que trabajar…- contesta el vigilante. Se para frente a las rejas blancas, ahora lo acompañan dos hombres más que visten como él y que se entretienen en la transmisión de un pequeño radio-televisión colocado sobre una piedra. Aunque para el joven pescador, el trabajo es en el río Danta que atraviesa este poblado rodeado de montañas en la zona norte de Chiapas.

***

El subsuelo de este entidad se concesiona a la minería, se venden o se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres. Ni siquiera el Servicio Geológico Mexicano (SGM) registra transparencia en los datos que proporciona. 

El integrante de la REMA-M4 y Otros Mundos es Posible,  Gustavo Castro señala que el 14 por ciento del territorio chiapaneco esta concesionado a la minería.  El mayor número de títulos en la entidad los posee Tristán Canales Reyna vinculado a la minera canadiense Blackfire que causó el asesinato del opositor minero de la Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca.

Canales Reyna se vio prófugo después que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo dejó en libertad en mayo del 2014 por arroyar en el crucero de la Carretera Internacional al niño Ramón Gómez Jiménez, de 11 años, quien sufrió una fractura craneoencefálica.

 Tristán Canales Reyna es presunto hijo del abogado Tristán Canales Najjar, quien fuera Diputado Federal, actualmente empresario mexicano, uno de los directivos del Grupo Salinas y TV Azteca, y Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

En esta entidad, no sólo San Francisco del Oro S.A DE C.V ha buscado concesionar las montañas de la zona norte de la entidad, también lo hacen los Chinos en la Sierra Madre de Chiapas a través de la empresa la empresa Honour Up Trading S.A. de C.V.

De acuerdo al informe “Minería 2015” elaborado por Castro, el mayor número de concesiones en la entidad se realizó durante la administración del presidente Calderón y el ex gobernador Juan Sabines. En la presente administración federal, Peña Nieto y estatal de Manuel Velasco se han expedido 10 concesiones de tierra para la minería

Vía Movimiento M4

A lo largo de la su historia y como parte de su cultura, los pueblos originarios han generado saberes esenciales para la conservación de la vida, gracias a un profundo conocimiento de su entorno, heredado de generación en generación.

Sin embargo, la afectación de sus territorios han sido una constante desde el choque de la conquista hasta hoy, que nos encontramos ante situaciones de amenaza que demandan atención. Una de ellas es el desmesurado incremento de concesiones otorgadas por los gobiernos en casi toda América Latina para un tipo de extracción intensiva de minerales, conocido como minería a cielo abierto, la cual es promovida con argumentos de progreso y desarrollo. Sin embargo, ¿qué implicaciones tienen esas iniciativas para la conservación de nuestro patrimonio cultural y biológico?

¿Qué implica que las iniciativas de extracción minera sean tan extensas y coincidan con asentamientos humanos, áreas naturales conservadas, sitios sagrados en territorios indígenas, tierras de cultivo y zonas arqueológicas, exploradas o por explorar?

Compartimos la muestra completa, más de 50 imágenes, que viajan a través de las causas y consecuencias del modelo extractivo minero en nuestros pueblos y territorios. Esperamos que sea de utilidad para la defensa y concientización sobre este devastador paradigma de “desarrollo”. El material puede ser descargado y utilizado libremente.

Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo A
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo B
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo C
Gráficas de la Muestra Itinerante de Minería. Grupo D

Actualmente media docena de empresas extraen diversos minerales de manera ilegal

Por Ángeles Mariscal, chiapasparalelo.com

En la región del Soconusco chiapaneco, donde una de cada tres hectáreas está concesionada a la industria minera, habitantes de la región y legítimos dueños de las tierras efectuaron una manifestación para exigir a los tres niveles de gobierno respeto a su territorio.

Las y los manifestantes marcharon por las calles principales del municipio que forma parte de la reserva ecológica La Encrucijada. Sostuvieron que la industria minera constituye una amenaza para el ecosistema y la salud de los habitantes de la región.

“Los empresarios dueños de la concesiones son unos depredadores que pretende despojarnos de nuestros territorios, acabar con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos hídricos y con la salud humana”, dijo Romeo García Cortés, uno de los manifestantes.

Detallo que la empresa minera china Honour Up Trading tiene la concesión del proyecto minero “La Joya”, mediante el cual afectarán los ejidos de Independencia, El Triunfo, Jalapa, Unión Jamaica y San Juan Panamá, todos ellos del municipio de Escuintla, de donde proyectan extraer, Fierro, Titanio y todo mineral disponible en el subsuelo.

La empresa china está representada en Chiapas por Tristán Canales Reina, quien a su vez es el operador de la mina “Cristina”, ubicada en el Ejido la Libertad Acacoyagua; otra en ejido Emiliano Zapata Municipio de Acacoyagua; la mina “El Joval” en ejido Los Cacaos de Acacoyagua.

Otras minas que amenazan la región es la que explota titanio en el ejido Nueva Francia, operada por Obras y proyectos Mazapa SA de CV, cuyo representante es Héctor Silva.

Habitantes del lugar lograron clausurarla, “ya que al igual que las demás operan de manera clandestina, pues las concesiones fueron otorgadas con fines de EXPLORACIÓN, y estos depredadores ya las tienen en etapa de EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, por lo cual muchos cargamentos de minerales sacados vía Puerto Chiapas han sido sacados de contrabando, así como el centro de acopio COBALTO SA DE CV que opera de manera clandestina en el ejido El Pataste de Acapetahua, a escasos 300 metros del río Cacaluta”.

Las y los manifestantes reiteraron que continuarán clausurando e impidiendo la operación de las minas que actualmente operan en la clandestinidad.

Brasilia, 5 de Diciembre de 2014.

Con gozo y esperanza, hombres y mujeres de fe, provenientes de diversas congregaciones y confesiones religiosas de 13 países de América Latina y el Caribe, inspirados en la Dimensión Social y Profética del Evangelio y acogidos por la Conferencia de Obispos del Brasil, compartimos las reflexiones, valoraciones y compromisos que hemos asumido a lo largo del II Encuentro Latinoamericano sobre Iglesias y Minería, celebrado en Brasilia del 2 al 5 de Diciembre del año 2014.

Recogiendo las preocupaciones e iniciativas de diversas comunidades e  Iglesias locales a lo largo del continente, sobre el incremento de las agresiones a la vida y los Bienes Comunes derivadas del modelo extractivo, y en continuidad con el I encuentro sobre Iglesias y Minería realizado en el 2013 en Lima, Perú, nos hemos reunido para reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar de manera articulada a los pueblos de nuestra América Latina que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro posible,  en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo.

A lo largo de estos días hemos reafirmado como la imposición del modelo extractivo,  promovido por las grandes corporaciones, las economías globales y con la complacencia de quienes gobiernan nuestros Estados Nacionales, lejos de contribuir al  bienestar de todos y todas, incrementa las desigualdades, las violaciones a Derechos Humanos individuales y colectivos, la división de la familia Latinoamericana y de nuestras comunidades, la destrucción de zonas privilegiadas por su riqueza de bienes naturales y  la diversidad biológica de nuestro continente.

Con tristeza reconocemos como junto a las graves violaciones a los Derechos Fundamentales de los pueblos de nuestra América, se ha agudizado la crisis ecológica causada por un modo de vida consumista y mercantilista de bienes y un modelo extractivo que no reconoce ni respeta los límites de nuestro planeta y que, además de fragmentarlo y acelerar su degradación y vulnerabilidad,  está convirtiendo en mercancías los territorios de nuestros pueblos originarios, los minerales, la biodiversidad, los combustibles fósiles y el gas natural, la energía del viento, del agua y del sol y demás Bienes Naturales.

Todo esto, nuestro Dios Creador nos entregó para el sustento de la vida, así como para su disfrute y bienestar colectivo, y no para el enriquecimiento desmedido, que desconoce los derechos colectivos que compartimos entre todos los seres humanos que habitamos este planeta, en este momento histórico, así como también la responsabilidad solidaria de entregar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor, como el que recibimos.

La valiosa diversidad cultural de los pueblos de América, con cosmovisiones respetuosas y armónicas hacia la Madre Naturaleza, se encuentra gravemente amenazada por la imposición de este modelo que acapara los territorios a cualquier costo y se convierte en un proceso activo de despojo, que atropella a quienes se resisten a él, con mecanismos que van desde las amenazas, la persecución, la cooptación, la criminalización, la judicialización y hasta el asesinato de líderes comunitarios, defensores y pastores que acompañan estas luchas.

Los medios de comunicación comerciales contribuyen a la promoción de la falsedad de este modelo, seduciendo a la población con promesas que no son cumplidas, ya que, como expresión extrema del modelo neoliberal, su objetivo es la acumulación de capitales y no la distribución equitativa de bienes.

Compartimos con alegría como diversos sectores y líderes de las Iglesias Cristianas hemos asumido la misión profética de acompañar a las comunidades y personas que defienden la Creación, la Vida y el Derecho frente al modelo extractivo, como una forma concreta de fidelidad a nuestra misión eclesial en estos momentos de la historia. Confiamos y esperamos que cada vez más nuestras Iglesias, desde las bases, hasta las jerarquías, asuman posiciones consecuentes frente a la problemática generada por este modelo extractivo y depredador de Recursos, tal y como se reconoció en el documento de Aparecida“…hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región” (DA  43).

Frente a esta realidad, nos definimos como una articulación de personas y organizaciones religiosas, con espíritu ecuménico e interreligioso, que en fidelidad a nuestra opción por los empobrecidos e empobrecidas, luchamos a favor de la Vida y los Bienes de la Creación.

En relación con las comunidades, reafirmamos nuestro compromiso de trabajo con las bases expresado en intercambios de saberes y conocimientos, estrategias de protección, defensa y solidaridad, acompañamiento en la generación y presentación de acciones de denuncia local, nacional e internacional, entre otras.

Queremos profundizar una mística que anime nuestro actuar, nos permita construir propuestas de acción y nos ayude a avanzar en nuestras reflexiones y lecturas teológicas.

Nos comprometemos a continuar promoviendo la articulación internacional para el dialogo, la incidencia y la denuncia,  en coordinación con otros actores religiosos  tales como: Franciscans International, Vivat International, Mercy International, la Red Cidse, la Red Eclesial Pan Amazónica, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz,  así como también con otros actores sociales como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y  diversas expresiones sociales con que compartimos propósitos y visiones a lo largo del continente.

Que la Mística y el espíritu de hermandad  que ha caracterizado este encuentro nos animen a asumir con mayores energías la misión profética y la responsabilidad colectiva en el cuidado de la vida y de los Bienes Comunes.

Brasilia, 5 de Diciembre de 2014.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el TPP hace público su veredicto

10 de diciembre del 2014

Ottawa y Montreal –  El veredicto de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la Industria minera canadiense se dio a conocer hoy en francés, inglés y español. Los informes y testimonios que fueron expresados en mayo pasado en Montreal, por los miembros de las comunidades afectadas en América Latina y expertos en derechos humanos y en el tema de la minería, permitieron al jurado del Tribunal establecer responsabilidades al gobierno de Canadá y a las 5 empresas mineras que estaban en causa. Las respectivas responsabilidades están sentadas en función de múltiples casos de destrucción del medio-ambiente, de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, de asesinatos, de criminalización de la oposición y de transgresiones a las libertades sindicales, por mencionar sólo algunos.

“Las evidencias que nos fueron presentadas muestran la complicidad y la responsabilidad de  distintos organismos del gobierno federal, en particular de su red diplomática y de sus instituciones de cooperación internacional”, deplora Nicole Kirouac, abogada y miembro del jurado de la sesión de mayo. ” Por sus acciones y omisiones, el gobierno respalda una situación inaceptable que causa devastación ambiental y social en comunidades de muchos países”. Oscar Morales, persona afectada por el proyecto Escobal en Guatemala y testigo en la audiencia de Montréal, señala que “la criminalización y represión de la protesta social, que se vive tanto en Guatemala y en otros países de América latina, se han agudizado en varios países con la renovación de los marcos legales, contribuyendo a perpetuar la impunidad de los actos de represión”.

El jurado también emitió una serie de recomendaciones a todas las entidades pertinentes, tanto de los países de acogida, como del gobierno de Canadá, pasando por las empresas en causa. “El proceso de reparación implica varios pasos, incluido el cese inmediato de las actividades que causan o aumentan los perjuicios, el reconocimiento de los daños y el establecimiento de leyes y mecanismos para prevenir que vuelvan a ocurrir”, dijo Gianni Tognoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, Italia. “El Día Internacional de los Derechos Humanos es un momento importante para recordar que las actividades mineras son actualmente una de las principales causas de violaciones de derechos en las Américas. Los testigos que comparecieron nos mostraron claramente que los sucesos presentados no son casos aislados, sino que representan una situación generalizada de impactos graves sobre la salud, la vida, el medio ambiente y la participación ciudadana de las poblaciones afectadas, especialmente para las mujeres indígenas”, dijo Viviane Michel, Presidenta de Femmes Autochtones de Québec (Mujeres indígenas de Quebec) y juez durante la audiencia. “La industria minera debe transformar profundamente sus prácticas”.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos organismos idearon maneras creativas para entregar el veredicto a las entidades concernientes, presentándose en las sedes de las empresas y en las oficinas de los organismos en causa del gobierno federal  en Ottawa, Toronto y Vancouver. El veredicto será canalizado al conjunto de partidos políticos y diputados-as canadienses, al igual que a los órganos pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas.

En línea: http://www.tppcanada.org/presse/communiques/?lang=es

Resumen ejecutivo del veredicto: http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Resumen-ejecutivo-veredicto-TPP-Canada.esp_.pdf

Veredicto completo: http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Verdicto-TPP-Canada-FINAL.pdf
Documentos disponibles en inglés y francés también: www.tppcanada.org