Categoría: Minería

LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA SIGUEN IMPULSANDO TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

 Miércoles 11 de marzo de 2015

 REMA SE SUMA A LAS FELICITACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS CABILDOS DE XOCHITEPEC Y MIACATLÁN EN EL ESTADO DE MORELOS

Las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a los Presidentes Municipales de Xochitepec y de Miacatlán, en el estado de Morelos, los señores Rodolfo Tapia López y Sergio Arias Carreño respectivamente, así como a todas y todos los integrante de sus cabildos, quienes en pleno uso de sus atribuciones y en sesión ordinaria de cabildo han declarado “El Territorio Libre de Minería a Tajo Abierto por Metales”, ante la eventual amenaza que la empresa minera Álamos Gold Inc., destruya la salud, el ambiente y el patrimonio histórico de Xochicalco, ya que las más de 15 mil hectáreas que ocupa la concesión de dicha empresa, contempla la destrucción total del cerro “El Jumil” del municipio de Temixco, además de extenderse hacia la zona arqueológica de Xochicalco y ronda los territorios entre Temixco, Miacatlán y Xochitepec.

Sin duda alguna se han interpuesto por sobre la prevalecencia de una política economicista y depredadora, para salvaguardar los intereses más elementales de la vida comunitaria de los pueblos a los que actualmente representan como gobierno. Nos congratulamos al saber que también se han comprometido a “No Autorizar el Cambio de Uso de Suelo o a Retirarlo en su Caso” y con ello hacer más complicado el ingreso a nuestro país de estas empresas tóxicas y depredadoras que acaban con el medio ambiente y la salud de la población que vive inmersa en un proyecto como la que habita en los alrededores.

Su pronunciamiento y claridad con la que han actuado sobre el destino que apuestan para los pueblos de su región, son fundamentales para continuar demostrando que los pueblos organizados con sus autoridades locales, son capaces de frenar a las empresas más poderosas del mundo, de tal manera que esta importante decisión que han tomado, alienta a todas las luchas y resistencias que hay tanto en el país como en el continente. Nos congratula también que lo hacen de forma pacífica, conforme a derecho y asumiendo su rol principal de dar bienestar permanente a ésta y las generaciones subsecuentes.

 En REMA estamos totalmente conscientes de que la resistencia no puede ser un compromiso individual sino colectivo, y por ello también celebramos que el Cabildo de Xochitepec “exhorte” para que se posicionen al respecto, a los cabildos de Miacatlán -quienes de manera elocuente se han sumado a ese llamado-, así como de Cuernavaca y Temixco, este último, sin duda alguna quien más sufrirá de los terribles impactos que deja.

En ese mismo sentido, El ayuntamiento de Xochitepec también hace un llamado al Congreso de Morelos para que se pronuncie “LEGISLANDO CONTRA ESTE TIPO DE MINERÍA EN TODO EL TERRITORIO MORELENSE”, lo cual si se logra sería un hecho inédito en este país.

Reconocemos aun más su acto y toma de acuerdos, porque lo hacen en contracorriente a las recientes reformas estructurales, como la energética y de hidrocarburos y la actualmente en receso ley de aguas, entre otras, que han sido elaboradas para facilitar aun más el ingreso de empresas extractivas, quienes pretenden todos nuestros bienes naturales a cambio de un falso discurso de desarrollo y progreso, el cual ya ha fracasado según el último balance realizado en el TLCAN, en el cual se muestra un incremento significativo de las asimetrías entre Estados Unidos, Canadá y México.

Consideramos que el posicionamiento de Xochitepec y Miacatlán, debe ser escuchado y tomado en cuenta por más gobiernos municipales, porque su actuar es clave en el contexto del otorgamiento de permisos para que no entren las empresas extractivas. La actuación de ambos cabildos no sólo representa la voz del ayuntamiento, sino de la sociedad civil morelense ya que se suma a la resistencia y defensa que realiza “El Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto”. Sólo el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil puede ser fructífero y llevar a acciones favorables para la población, sobre todo si aspiramos a que la democracia no sea una acción de votos y matemáticas mayoritarias, sino sea un proceso permanente y libre de discusión armónica, que nos permita disponer de información relevante, transparente y con valor de uso para con ello dirimir sobre nuestra propia acción para modificar nuestra realidad, si es que ello fuera necesario.

Desde REMA festejamos que los pueblos de Xochitepec y Miacatlán se unan a la cada vez más larga lista de territorios mexicanos organizados contra el avance y el saqueo perpetrados por las empresas extractivas en el país, tal como también ha sucedido con la comunidad de Zacualpan (municipio de Comala, Colima), oficialmente reconocido “TERRITORIO LIBRE DE MIERÍA” por un Tribunal Unitario Agrario en mayo de 2014. También a los 95 ejidos, comunidades, bienes comunales y organizaciones reunidos en el movimiento “La Voz del Pueblo” que firmaron la Segunda Declaración de Tapachula, Chiapas, por Territorios Libres de Represas y Minería en la Región Sierra Madre y Llanura Costera el pasado 8 diciembre. Pero del mismo modo los territorios liberados en Guerrero, Oaxaca, entre otros rincones del país.

Apoyamos los esfuerzos de los cabildos de Xochitepec y Miacatlán para con su lucha contra Álamos Gold Inc. y nos sumamos a los exhortos de exigencia para que los cabildos subsecuentes mantengan la elocuencia y respeto para apoyar y sostener la voz del pueblo, y refrendar que la vida comunitaria, el ambiente sano y la salud de la población, porque ello está muy por encima de esta política entreguista y depredadora.

 FRATERNALMENTE,

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Gian Carlo Delgado Ramos, La Jornada de Oriente

Zacualpan, municipio de Cómala, es un territorio estratégico pues el manantial ahí localizado abastece alrededor de 4/5 partes del agua que demanda la ciudad de Colima (con 105 localidades) y Villa de Álvarez (con 57 localidades). Del manantial, a 27.5 km de esta zona urbanizada, se captan por medio del Acueducto Zacualpan unos mil litros por segundo.

Según las autoridades comunales de Zacualpan, los detalles sobre el acuerdo de usufructo del agua a favor de la Comisión Intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) se desconocen, tanto el plazo como los volúmenes, todo al tiempo que se asegura que no reciben compensación alguna. En cambio, la comunidad generan ingresos propios por tener dentro de su propiedad un ojo de agua al cual le dan uso recreativo (el denominado Parque Ecoturístico de Zacualpan), precisamente punto de conflicto entre las autoridades actualmente en funciones, electas el 30 de noviembre de 2014 por Asamblea y reconocidas por diversas autoridades del Estado de Colima, y las autoridades depuestas, entre otras razones –se asegura– por el uso indebido de los ingresos generados durante su mandato y su resistencia a permitir el usufructo del dicho bien común a beneficio de la comunidad (un pequeño grupo controla desde hace meses el camino al manantial contradiciendo la orden ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario de  Distrito 38 que entregó la administración del parque a la actual presidencia de bienes comunales); ello además de que en su momento tales autoridades depuestas permitieron actividades de exploración minera.

Zacualpan cuenta, además de agua, con yacimientos de oro–plata y cobre, así lo reconoce el “Panorama Minero del Estado de Colima” para el caso del lote Heliotropo de unas 100 hectáreas (concesión número 201872) y donde el Servicio Geológico Mexicano ha estimado concentraciones de 1 a 2 gramos de oro por tonelada de tierra y entre 0.5 por ciento y 12 por ciento de cobre, es decir, concentraciones económicamente explotables.

Cabe precisar que a nivel estatal, al cierre de 2014, el grueso de concesiones mineras otorgadas ya cubrían 37.5 por ciento del territorio, el grueso centradas en hierro, el principal producto metálico de Colima con casi 3 millones de toneladas extraídas en 2012 (además de diversos materiales no–metálicos, sobre todo de construcción). Pese a ello, recientemente ya se identifican concesiones con interés en la explotación de oro, plata y manganeso, al tiempo que se habla del potencial para la extracción de titanio presente en las arenas negras de las playas del Estado (se trata de un material estratégico para ciertas industrias de alta tecnología).

Los principales intereses económicos del hierro son Ternium y Arcelor Mittal Steel, a los que se suman en los últimos años otros capitales de EUA (Cotton & Western Mining, Jaguar Mining, Tara Minerals), China (Gan Bo Investment y Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade) y Reino Unido (London Mining). En el caso del oro, aparece la canadiense Macmillan Gold Corp y otros capitales aparentemente locales como Gabfer, SA de CV quien supuestamente detenta la concesión del mencionado lote, Heliotropo, ubicado al suroeste del manantial de Zacualpan. Su promotor, Rigorberto Verduzco Rodríguez, ha detallado a los medios que el beneficio o procesamiento se haría en otro lugar y que ahí sólo se extraería la roca mineralizada por la cual pagaría 4 dólares la tonelada como regalías, un monto que en 50 por ciento se destinaría al municipio de Comala, a visitas médicas y en el establecimientos y dotación de una farmacia.

Según informó el delegado estatal de la Secretaría de Economía el pasado 2 de marzo, la concesión que aparentemente detenta la empresa, y cuya composición de capital se asegura se desconoce pues no está registrada ante esa Secretaría, no ha sido aprobada debido a una serie de irregularidades. La concesión en cuestión fue originalmente otorgada en 1995 al ahora difunto Adolfo Pineda Martínez y todos los movimientos de la misma se hicieron directamente en la Ciudad de México, no en la delegación local. Según el expediente 624/ 2014 del 18 de Julio de 2014, se presentó formalmente el contrato de asociación para la exploración y explotación entre el “heredero” (Justino Pineda Larios) que abogó por una sucesión testamentaria y la interesada empresa Gabfer. Considerando diversas cuestiones administrativas, tales como la falta de un contrato que indique el periodo de exploración / explotación y las contraprestaciones convenidas con los comuneros, la Secretaría de Economía afirma haber negado el permiso de explotación, no obstante, la concesión se mantiene vigente. Pese a este panorama, afirman los comuneros y autoridades de Zacualpan, ya hubo extracción de material en más de una treintena de camiones de volteo. Todo ello ha llevado a la demanda no sólo de Zacualpan, territorio libre de minería, sino a la cancelación definitiva de dicha concesión minera. El gobierno en turno, capitaliza la situación, sosteniendo que no habrá minería en Zacualpan mientras estén en el cargo. Las elecciones son en junio de 2015.

El conflicto de Zacualpan, en efecto, se ha profundizado por la presencia de la Policía municipal y estatal que es acusada de favorecer al grupo que ha tomado el camino al manantial. Según un documento entregado el 16 de enero de 2015 al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por parte del presidente de bienes comunales actualmente en funciones, se pide la intervención de tal Secretaría, “…ante el abuso excesivo y arbitrario de la autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos, mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta comunidad permitan ello”.

Ante tal situación, cada vez más compleja y tensa y en la que las fuerzas del estado, en los hechos no resuelven al tiempo que colabora en el proceso de erosión del tejido social, la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan, integrada por organizaciones diversas de derechos humanos, académicos y cineastas tanto de EUA, Canadá y México (por ejemplo el Fund for Global Human Rights, Mining Watch Canada, Environmental Defender Law Center, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Mineria, entre otros), se autoconvocó para atender el problema mediante una visita presencial con la cual se buscaría dialogar con los actores, incluyendo los de gobierno, para así plantear un diagnóstico y recomendaciones.

Si bien ha logrado el diálogo con actores de gobierno, no ha podido visitar a la comunidad debido a la toma de la ruta hacia Zacualpan por parte de un pequeño grupo, presuntamente ligados al presidente de bienes comunales depuesto, Carlos Guzmán Teodoro. El desenlace el día 3 de marzo fue el intento por parte del gobierno del Estado de hacer valer “el Estado de derecho”, no antes sino justo durante la visita de la misión y ante medios televisivos que fueron convocados por el propio gobierno, al plantear el desalojo mediante el uso de la fuerza pero con el aval de una Misión que ante todo le preocupan los derechos humanos y aboga por resoluciones pacíficas y políticamente negociadas. Ante ello dicha Misión decidió retirarse y no prestarse a tal situación, funcional a un desenlace violento e indeseable. Los policías fueron retirados.

El caso Zacualpan no puede exponerse en su cabalidad en pocas palabras. Lo que es cierto es que en el fondo parecen estar fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse del usufructo de los recursos naturales de dicho territorio, algo que sin duda pasa por el desgaste y fractura de la comunidad y que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. “Validado” el conflicto, el uso de la fuerza es visto en algún momento como algo justificable. Con ello, la restructuración de la gestión concreta del territorio se establece, incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza”.

La disputa por el usufructo del agua y los minerales, una vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión.

http://youtu.be/AY7fVSH6014

BOLETÍN DE PRENSA

3 de Marzo 2015, Colima, México

Los integrantes de la Misión de Observación Internacional y Nacional para el Caso Zacualpan en el estado de Colima, informamos sobre algunos de los compromisos adquiridos por los tres niveles de gobierno para solucionar el conflicto en los Bienes Comunales de Zacualpan. Para ello, esta Misión se entrevistó con el Lic. Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaria de Gobernación; el Dr. José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado de Semarnat en Colima; el Ing. Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; el Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Srio. General de Gobierno; Rafael Gutiérrez, Srio. de Fomento Económico; el Lic. Roberto Chapula, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal de Comala, y los integrantes de su cabildo.

En un marco de respeto logramos establecer un diálogo fructífero, toda vez que escuchamos y escucharon la información, posición y los argumentos de los integrantes de la Misión, todas dentro del contexto del conflicto derivado por el otorgamiento de una concesión minera en el territorio comunal y pueblo indígena de Zacualpan.

Aunque resta la verificación de cada compromiso, a manera de síntesis, hasta el momento se lograron los siguientes acuerdos y compromisos:

    Se garantizará el libre tránsito y seguridad de los integrantes de la Misión para que, el día 03 de marzo, las y los integrantes de la Misión logremos desarrollar una reunión de trabajo con la representación de la autoridad agraria de Zacualpan y los integrantes del Consejo Indígena de la comunidad, toda vez que esta reunión es fundamental para entender la situación, dado que el día 1 de marzo nos fue imposible desarrollarla por el bloqueo al libre tránsito impuesto por el grupo que recurre a la violación del Estado de Derecho, el cual hemos denunciado en contubernio con la policía ministerial y estatal.
-Se levantará el bloqueo hacia el manantial Ojo de Agua en el cual colabora la policía estatal y el grupo protegido por éstos, para que la autoridad agraria reconocida por el Estado de Derecho finalmente logre para con sus representados, hacer pleno el ejercicio el usufructo de manera libre y plena su derechos al territorio.
-Se realizará un pronunciamiento por parte del gobierno del estado, antes de que la Misión se retire, y en todos los medios masivos posibles, en donde se haga un pleno reconocimiento para la organización Bios Iguana, por la incansable defensa de los derechos individuales y colectivos de muchos colimenses que ni se imaginan el potencial daño que tendrían un proyecto minero en su territorio.
-El gobierno del estado se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria de Zacualpan, el abogado asesor de la comunidad y los integrantes de la organización Bios Iguana, de tal manera que se tenga información de primera mano y se pueda desarrollar una agenda para atender todos los hechos y pormenores que están relacionados con la violación de los derechos del pueblo de Zacualpan, de los integrantes del Consejo Indígena y de Bios Iguana. A la vez, que se de fin a la campaña de difamación y persecución que se ha implementado contra ellos, y se otorguen las medidas de protección que este caso requiere de manera urgente a favor de el pueblo de Zacualpan, el Consejo Indígena, de Bios Iguana y su abogado Benjamín Luna Alatorre. De manera especial se debe atender a la brevedad los casos de los integrantes de Bios Iguana quienes han tenido que dejar el estado debido a las amenazas de muerte y de detención que se han implementado en su contra, de tal manera que ellos puedan reintegrarse de manera libre y plena a sus funciones y recobren su vida privada y su trabajo social con pleno goce de sus derechos.
-El Secretario de Gobierno se comprometió a impulsar un proceso de trabajo interinstitucional, en donde participe la comunidad de Zacualpan a través de su representante legal, integrantes de Bios Iguana y el abogado de la comunidad, para que se inicie un trabajo colegiado que tenga como propósito cancelar de manera permanente la concesión minera que, pese a que no es un proyecto implementado, ha sido la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado la división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a las promoventes mineras.
-El Secretario General de gobierno se compromete a entregar a la Misión, un informe que describa el despliegue policiaco estatal y ministerial en torno a la comunidad de Zacualpan, aclarando el quehacer concreto de cada una de las fuerzas ahí desplegadas. Al mismo tiempo se compromete a entregar a la autoridad agraria un oficio que describa las funciones y atribuciones de la policía estatal cada vez que esté circulando o actuando en el territorio y pueblo de Zacualpan, de tal manera que la población tenga la certeza de su quehacer y se evite que unidades policiacas sean dedicadas al traslado de quienes violan el Estado de Derecho, de comida y refrescos para ellos, y que no logren evadir sus responsabilidades por la carencia de un mandato claro y dentro de las atribuciones que para ello están definidas.
-Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a las y los integrantes de la Misión así como a la comunidad de Zacualpan.
-El Secretario de Fomento Económico se comprometió a entregar la documentación referente a la entrega de más de un millón de pesos a la administración del depuesto comisariado, Carlos Guzmán, para proyectos en el Ojo de Agua, como parte de la investigación de supuesta corrupción de fondos recibidos tanto federales como estatales.
-El Gobierno Federal, a través del titular de Gobernación en el estado, se compromete a participar, en coadyuvancia con el gobierno estatal, de tal forma que se logre resarcir la paz social, la gobernabilidad y el estado de derecho, y ello contribuya a una mejor vida social y comunitaria
-También se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria reconocida, el abogado Benjamín Luna Alatorre de la comunidad e integrantes de Bios Iguana.
-Por su parte, el delegado de Semarnat hace un reconocimiento a los defensores del ambiente como Bios Iguana y el pueblo de Zacualpan.
-Se compromete a coordinarse con Profepa para que se investigue cómo es que una empresa realizó extracción de minerales sin tener Manifestación de Impacto Ambiental y el resto de los permisos vinculados a la extracción minera.
-Semarnat trabajará para que la comunidad de Zacualpan adquiera medidas de protección ambientales y ello inhiba el ingreso presente y futuro de empresas extractivas de cualquier tipo, y menos si éstas no tienen un acuerdo de la comunidad.
-El delegado de Economía realizará una investigación para dar seguimiento a una investigación minera en Zacualpan de la cual tienen desconocimiento.
-El Ayuntamiento del municipio de Comala, a través de su presidente el C. Braulio Arreguín Acevedo, se comprometió a: (1) coordinarse con el gobierno del Estado de Colima para garantizar el derecho al libre tránsito de manera permanente; (2) reabrir el proceso mediante el cual se valorará la destitución del presidente de la junta municipal, el señor Enrique Carpio; (3) revisar para refrendar o en su caso elaborar el proceso para declarar al municipio de Comala, en sesión solemne del Ayuntamiento, como Territorio Libre de Minería, y así mismo, asentar que ésta administración no otorgará cambio de uso de suelo para la  explotación minera.

Agradecemos a los tres niveles de gobierno la intención de solucionar el conflicto en la comunidad indígena de Zacualpan.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

INTEGRANTES

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México; Fund for Global Human Rights, Washington, Estados Unidos; MiningWatch Canadá, Ottawa, Canadá; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Morelos; Environmental Defender Law Center (EDLC), Montana, Estados Unidos; Greenpeace; Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos(Red TDTT), México; PEACE ACTION, Estados Unidos; Iglesia Menonita Evergreen de Seattle, Washington, Estados Unidos; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (SITRAJOR); Colectivo de Abogados, Jalisco. Dr. Gilberto López y Rivas; Dr. Gian Carlo Delgado y Dana Rotberg Goldsmith.

BOLETIN DE PRENSA
EL GOBIERNO DEL ESTADO NO GARANTIZÓ EL LIBRE TRANSITO
A LA MISION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACION
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

2 de Marzo 2015, Colima, Colima, México

El día primero de marzo del año en curso, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando la Misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan se dirigía a dicha comunidad para entrevistarse con las autoridades legalmente constituidas, el gobierno del estado permitió el bloqueo de la carretera estatal correspondiente por parte de un pequeño grupo vociferante y agresivo, ligado al depuesto Carlos Guzmán, e impidiendo así la visita de la Misión.

Las autoridades estatales contaban con numerosos policías apostados en la carretera y sin intervenir en absoluto para hacer cumplir el derecho de libre tránsito, atestiguaron el bloqueo y las agresiones verbales y físicas a los miembros de la Misión. En tanto, numerosos integrantes de la comunidad de Zacualpan, en un acto de prudencia y de sensatez, se abstuvieron de desalojar por sus propios medios a quienes incurrían en la arbitrariedad de impedir el paso a su propia comunidad protegidos por la actitud omisa de las autoridades.

Cabe hacer notar que con anticipación suficiente, se dio aviso a las autoridades de que se llevaría a cabo dicha visita. La omisión de los actos de autoridad de la policía y del representante del gobierno del estado que se apersonó, demuestran fehacientemente su complicidad en contra de la decisión mayoritaria de la población de Zacualpan, que se ha opuesto sistemáticamente y en diversas instancias a la apertura de una mina a tajo abierto en su territorio y también por el control del balneario Ojo de Agua.

Los integrantes de la Misión lamentamos la actitud facciosa del gobierno del estado al impedir el libre tránsito por la vía de interpuestas personas, no solo de la Misión misma, sino el de los pobladores indígenas de la comunidad.

Para todos los miembros de la Misión se constata la impunidad con que el grupo minoritario ejerce ilegalidades y delitos federales con el apoyo y protección del gobierno estatal. En otras circunstancias y ante grupos de población que no le sean afectos, el gobierno no hubiera dudado en aplicar la ley, por lo que se evidencia la doble cara en el ejercicio del Estado de Derecho.

Nos queda claro que el problema básico no reside en una lucha interna en la comunidad, sino en el apoyo gubernamental a un grupo minoritario que le confiere impunidad a sus acciones delictivas.

La Misión intentó dialogar con quienes violan la ley y el libre tránsito y solicitarles una entrevista para escuchar sus puntos de vista sobre el conflicto, a todo lo cual se negaron. Su cerrazón evidencia la falta de argumentos que justifiquen sus acciones ilegales y delicuenciales. Bajo la observación de la seguridad pública y de los representantes del gobierno del estado, la Misión recibió insultos y dos de sus miembros fueron sometidos a violencia física. El gobierno del estado viola la autonomía del pueblo indígena y el resguardo de su patrimonio.

Consideramos que el factor esencial del conflicto es la pretensión de abrir una mina de tajo abierto por metales, con graves, persistentes y múltiples efectos tóxicos, siguiendo la tónica de la ingeniería de conflictos manifiesta actualmente. Los integrantes de la Misión rechazamos a su vez la campaña de satanización y tergiversación que se ha desencadenado en contra de la Asociación Bios Iguana, cuando el desempeño de ésta es reconocido ampliamente en términos positivos por la mayoría de los comuneros y habitantes de Zacualpan.

Demandamos que el gobierno del Estado de Colima brinde a la brevedad las garantías suficientes y necesarias para el libre tránsito de la Misión en su visita a la comunidad de Zacualpan y suspenda de inmediato su actitud omisa en el cumplimiento de la Ley.

Responsabilizamos al gobierno del Estado y a las autoridades de la Federación por cualquier acto de violencia que resulte su omisión en la aplicación de la justicia.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

«Hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.»

BOLETÍN DE PRENSA

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN, COLIMA, MÉXICO

Ontario, Canadá, 26 de Febrero 2015

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La sociedad de México y el Mundo, durante todo el 2014 y lo que va del 2015, ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, en el estado de Colima, debido a la imposición y apoyo irrestricto, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V. pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.

Desde entonces, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, como el Gobernador Constitucional, la Procuraduría Agraria del estado, el Presidente Municipal de Comala, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluso el propio Congreso del Estado, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso, con el propósito de que les sean aclaradas las recurrentes negativas a sus demandas, a la vez que han exigido les sean respetados sus derechos, además de exigir que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como se reconozca que el gobierno federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado, mismo derecho que como los otros que se han citado, están adscritos tanto en la Constitución Mexicana, como en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que, de respetarse, ayudarían a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.

La información que tenemos señala que, quienes promueven el proyecto minero, han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera. Sabemos también sobre la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana, A. C. por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental.

Es en el contexto de un país que vive actualmente una fuerte crisis política y de credibilidad de sus instituciones causada por la violencia de Estado y por la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos -con  su cauda en el incremento de desapariciones forzadas, desplazados, ejecuciones extrajudiciales, persecución y asesinato de periodistas-, que diversos actores nacionales e internacionales hemos decidido visitar la región, con la intención de llevar a cabo una Misión de Observación que nos permita documentar, de forma directa, la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables.

Por las razones expuestas hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.

Mucho agradeceremos la divulgación de este comunicado, así como los invitamos a que se mantengan atentos a los resultados y conclusiones de las y los integrantes de La Misión de Observación.

MISION NACIONAL E INTERNACIONAL  DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN (2 y 3 de Marzo de 2015)
INTEGRANTES:
1) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México.
Representante: Abel Jesús Barrera Hernández.
2) Fund for Global Human Rights. Washington, Estados Unidos.
Representante: Ana Paula Hernández.
3) MiningWatch Canadá. Ottawa, Canadá.
Representante: Jennifer Moore.
4) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), con sede en todos los países Mesoamericano. (Mesoamérica)
Representante: Miguel Angel Mijangos Leal.
5) Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Oaxaca.
Representante: Lucina Betina Cruz Hernández.
6) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Con sede en 13 estados de la República mexicana.
Representante: Gustavo Lozano.
7) Instituto Nacional de Antropología e HIstoria (INAH). Morelos
Representante: Dr. Paul Hersch Martínez.
8) Dr. Gilberto López y Rivas. Morelos.
9) Dr. Gian Carlo Delgado. Ciudad de México.
10)  Environmental Defender Law Center (EDLC). Montana, Estados Unidos.
Representante: Alison Wright.
11) Greenpeace.
Representante: María Colin.
12) Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua). América Latina.
13) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT). México
Representante: María González Valencia.
14) PEACE ACTION. Estados Unidos.
Representante: Mario Galvez.
15) Iglesia Menonita Evergreen de Seattle. Washington, Estados Unidos.
Representantes: Peter y Margaret Lumsdaine
16) Dana Rotberg Goldsmith.
17) Rosa Rojas García.

Nota de Marcela Turati y Alejandra Guillén, Revista Proceso.

Documentos confidenciales de la embajada canadiense en México muestran el apoyo que le brindó a la empresa minera Excellon Corporation para acabar con la protesta de mineros y ejidatarios de La Sierrita, Durango que demandaban el saneamiento de las aguas contaminadas y el cumplimiento de derechos laborales.

En Español, descargar INFORME COMPLETO

Desinformémonos

Ciudad de México, 18 de febrero del 2015. Durante más de cincuenta años la empresa Cales y Morteros del Grijalva se ha dedicado a la extracción de materiales pétreos para la construcción, a pesar de no contar con estudios ni manifiesto de impacto ambiental, ni la autorización del cambio de uso de suelo. La organización Salvemos al Cañón, le solicitó en días pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) una audiencia para que evalúe el impacto ambiental y los daños a las comunidades que habitan esta región en la capital chiapaneca.

“La maquinaria obsoleta que utiliza la empresa en sus procesos de producción, aunado al mal manejo de operación, permite las emisiones fugitivas de partículas contaminantes a la atmósfera de humo, polvo, vapores y ruido, dañando severamente el medio ambiente y la salud de la población”, denunció el colectivo en un documento enviado a la SEMARNAT y agregó que la empresa está afectando severamente la pared oriente del Cañón del Sumidero, área protegida desde 1980.

Las rocas en las paredes del Cañón se comenzaron a formar hace más de 136 millones de años en Tuxtla Gutiérrez. Este cañón es considerado uno de los más imponentes en el mundo y fue declarado Parque nacional en 1980 y fue nominado para ser una de las siete maravillas del mundo.

El director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, respondió a las denuncias de los pobladores que viven del turismo y su economía se ha visto seriamente afectada, argumentando que esa institución no tiene competencia para evaluar el impacto ambiental de la empresa Cales, porque la extracción en el cañón inició antes de que existiera la Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y por lo tanto no están obligadas a contar con autorizaciones en materia de impacto.

A pesar de haber dos averiguaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con sede en Chiapas, no le ha dado seguimiento al caso y la empresa continua trabajando sin los estudios y permisos requeridos en la obra y que fue concesionada por diferentes instancias gubernamentales.

En más de una década de lucha, las comunidades informaron que han agotado todas las vías legales posibles, sin que el Estado tome cartas en el asunto, al contrario es cómplice de las violaciones a los derechos humanos y ambientales de la empresa.

Las comunidades que habitan esta región denunciaron las afectaciones y daños irreversibles causados por la empresa Cales y Morteros. “El agua está contaminada con cal, la microcuenca Cahuaré esta atascada de lodos grises y material triturado, contaminación del aire, derrumbes recientes en la pared del cañón, ruidos y vibraciones de camiones y maquinaria pesada, casas fracturadas, obstrucción vehicular en la autopista Chiapas- Tuxtla, tala de vegetación recientemente y sin permiso, extenso hueco en una superficie de 40 hectáreas y la Pared Oriente del Cañón del Sumidero fracturadas con el riesgo de desplomarse en cualquier momento, lluvia permanente de hollín y polvo de cal y enfermedades entre la población”.

La organización Salvemos al Cañón del Sumidero exigieron se termine este ecocidio, pues aún están a tiempo de rescatar algo, ya se presentan daños irreparables y la población sufre cada vez más de enfermedades, además su economía que se basa en el ecoturismo está siendo afectada enormemente.

Con información de Radio Pozol

espoir chiapas

Fotos @AreaDeComunicacionDeLasAbejas

El pueblo creyente de la Parroquia Santa Catarina de Pantelho organizo una marcha en la cabecera municipal para anunciar su total rechazo a la venida de la empresa GYMSA que tiene planificado de hacer sus trabajo y servicio geologico para empiezar a construir su proyecto de mina.

Igual en su comunicado añadieron su rechazo al trago y a las drogas.

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
PARROQUIA SANTA CATARINA, PANTELHO’
11 de Febrero de 2015

Nosotros, hombres y mujeres del Pueblo Creyente de Nuestro Señor, hemos venido para decir la verdad sobre los problemas que ya están entre nosotros en estos días, de los grandes empresarios y gobernantes.

Porque nos duele en nuestro corazón que ya está el problema en nuestras comunidades: hay división por las ayudas que da el gobierno en cada una de nuestras comunidades.

Por eso, sabemos que somos hijas e hijos de Dios y que él no quiere que tengamos duros sufrimientos. Sólo él es nuestra fuerza, sólo él es nuestro Libertador. Así nos lo dice en su Palabra: Dichoso el hombre que confía en el Señor (Salmo 1).

Así pues, hemos venido a decir abiertamente que NO QUEREMOS QUE VENGA A HACER SUS TRABAJOS EL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO A TRAVES DE LA EMPRESA GYMSA (Geoquímica y Perforación Sociedad Anónima), porque sabemos que ellos están buscando las riquezas de nuestra santa madre tierra.

¿Por qué no queremos que entre en nuestras comunidades?
Porque explotan nuestra vida y la vida de nuestra madre tierra.

También queremos denunciar de nuevo que NO QUEREMOS LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES. NO QUEREMOS LA VENTA Y EL CONSUMO DE MARIGUANA. Por eso han aumentado los ladrones y asesinos en nuestro municipio.

Hermanas y hermanos todos: ahora estamos reunidos aquí. Tenemos fuerza con la Eucaristía en nuestra peregrinación para mirar nuestros problemas y sufrimientos, para que tengamos fuerza en nuestros corazones para hacer nuestro trabajo que recibimos de Nuestro Señor.

Que Dios Padre y Madre, nos ayude y mantenga viva nuestra esperanza.

Esta es la voz del Pueblo Creyente. Parroquia Santa Catarina, Pantelho’

Vía Movimiento M4

La labor de incidencia de Base en Centroamérica  generalmente no es un trabajo que produzca muchas historias asombrosas de éxito. A menudo, más bien se compara tristemente con el esfuerzo desesperado de un debilucho de noveno grado de unos 5 pies 2 pulgadas y 100 libras que incesantemente practica su tiro en suspensión en un día de invierno, mientras sueña con jugar algún día en la NBA y que con tristeza se da cuenta de que su sueño probablemente nunca se volverá realidad. Esa metáfora podría o no ser auto-biográfica.

En Guatemala, acompañar a la población indígena maya en su lucha persistente para mantener el control sobre sus territorios ancestrales, los recursos y las formas tradicionales de vida es frustrante, cuando menos. A pesar de la jurisprudencia anclada en la legislación nacional e internacional que supuestamente reconoce, respeta y defiende los derechos de la mayoría de la población maya, el gobierno de Guatemala, la oligarquía a la que sirve, y los intereses de las empresas transnacionales constantemente triunfan sobre los derechos y el bienestar del pueblo maya. Cuando las comunidades mayas se atreven a defender con determinación sus derechos y territorios, el derramamiento de sangre patrocinado por el gobierno usualmente es más común que la negociación o el diálogo.

Dada esta realidad tan deprimente, es importante destacar el ocasional éxito de la labor de incidencia, por pocas y distantes que sean. Por lo tanto, compartimos este breve relato de la resistencia del pueblo maya Ixil no para echarnos flores, sino más bien para compartir la esperanza de que la labor de incidencia no es completamente inútil.

Desde la década de 1970, las comunidades Mayas Ixiles en Nebaj, Guatemala se han resistido a la explotación de una mina de barita situada en un bosque comunal en la parte norte de su territorio ancestral. La Barita es un mineral que se usa principalmente para la perforación de pozos de petróleo. Con el ascenso de la industria del fracking, la barita está en alta demanda. En 2001, el gobierno de Guatemala emitió una licencia de extracción de la mina de barita. Como es el caso con todos los permisos de explotación minera en Guatemala, la comunidad local nunca fue consultada ni informada sobre la mina propuesta.

La licencia de la mina de barita rebotó de compañía en compañía hasta que finalmente cayó en manos de Jorge Luis Avalos, un empresario guatemalteco nacido en México con enormes vínculos con las industrias mineras y químicas de Guatemala. Avalos comenzó la explotación de la mina en 2005, pero cuando un manantial de agua del lugar misteriosamente se secó, las comunidades locales expulsaron a la empresa minera.

Recientemente, Avalos intentó vender la licencia a Double Crown Resources, una compañía minera con sede norteamericana. Debido a la mala trayectoria de las corporaciones mineras multinacionales en América Central (Goldcorp, por ejemplo), las comunidades locales comenzaron a preocuparse. Cuando esta noticia salió a la luz, el Comité Central Menonita (CCM) junto con otras ONGs nacionales e internacionales apoyaron el llamado de las comunidades mayas Ixiles para anular la licencia. Debido a la presión de los medios nacionales e internacionales, Avalos canceló el acuerdo con Double Crown.

CCM México apoya a ¨Otros Mundos¨, una ONG mexicana que entre otras cosas, ha apoyado a la comunidad de Chicomuselo, Chiapas en su resistencia hacia otra mina de barita operada por Blackfire Exploration, una compañía minera con sede en Canadá. Las comunidades de Chicomuselo, después de años de resistencia, fueron capaces de expulsar a la compañía canadiense de su municipio después de que Mariano Abarca, un prominente organizador comunitario anti-minería, fuera asesinado por personas vinculadas a la empresa minera y el gobierno local. En septiembre de 2014, CCM ayudó a organizar una visita de las autoridades ancestrales mayas Ixiles a las comunidades en Chicomuselo, Chiapas.

Durante la visita de dos días, José Luis Abarca, hijo del martirizado Mariano, y otros líderes de la comunidad compartieron sus experiencias relacionadas con el negocio de la minería de barita y el largo proceso de resistencia. Una visita a la antigua mina confirmó la destrucción ecológica que la minería inevitablemente provoca. Durante la última noche de la visita, José Luis lamentó que “resistir a grandes empresas mineras a menudo trae consigo la muerte de aquellos que defendemos nuestros derechos y nuestra tierra. En nuestro caso, fue mi padre quien fue asesinado. En sus comunidades, hay que preguntarse quién va a morir por la causa de la tierra y de la comunidad. ” Las autoridades ancestrales mayas Ixiles regresaron a sus comunidades determinados a seguir defendiendo sus tierras comunales, sus comunidades y sus derechos.

En noviembre de 2014, los líderes maya Ixiles fueron capaces de traer a Jorge Luis Avalos, el titular de la licencia de explotación minera, a Nebaj para las negociaciones. Avalos llegó decidido a convencer a las comunidades de los “beneficios” que la minería barita traería a la comunidad local. Su presentación en power point estaba elaborada sobre las oportunidades de trabajo que la mina crearía y la falta de impacto ambiental que la mina tendría. Durante un momento de la presentación, Avalos mencionó la mina en Chicomuselo.

Cuando afirmó que “hay otra mina de barita en Chicomuselo, México que ofreció grandes ventajas para la población local”, una ronda de risa escéptica llenó la habitación. Lu Pa’l, miembro de las autoridades indígenas del pueblo Maya Ixil interrumpió Avalos y en tono de reproche le preguntó: “¿Cómo puedes decir que la mina en Chicomuselo era buena para la gente de allí? Hemos estado en Chicomuselo y hemos visto la mina y sus efectos. Lo único que trajo a la comunidad era muerte, y eso no lo vamos a aceptar”.

En ese momento de la negociación, Avalos reparó en que no iba a tener éxito en convencer a las comunidades de los supuestos beneficios de la minería de barita. Varios miembros de las autoridades Ixiles agradecieron a Avalos por venir, pero insistieron en que la comunidad se oponía vehementemente a la mina de barita y que no toleraría la presencia de cualquier empresa minera sin invitación. Avalos aceptó con desánimo (por ahora) la decisión de las comunidades Ixiles y prometió que él y su compañía minera respetarían la decisión de la comunidad y que no procederían con los planes para la mina de barita.

Esta supuesta historia de “éxito” está lejos de haber terminado. Avalos todavía tiene la licencia minera que es oficial hasta el año 2021 y sería absurdo creer que él u otra compañía a la que él intente venderle la licencia simplemente ignore la prometedora rentabilidad de una enorme fuente de un mineral en alta demanda. Sin embargo, una victoria es una victoria y debe ser celebrada y compartida. La labor de incidencia en este caso fue exitosa gracias al uso de los medios de comunicación internacionales para exponer  acuerdos de negocios por debajo de la mesa, y a través de la conexión de comunidades que enfrentan luchas similares y comparten la misma resistencia.

Esperamos que CCM y otras organizaciones internacionales continúen el largo y tedioso trabajo de apoyar a las comunidades en toda América Central y el mundo en la defensa de sus tierras, de sus comunidades y de sus derechos.

Fuente: Comité Central Menonita América Latina

Nota relacionada:
(en inglés) Breakthrough Regarding Legal Liability of Canadian Mining Corporations for Abuses Overseas

En un primer dictamen de una investigación que concluirá en 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno de ese país son responsables de violar los derechos humanos en América Latina.

El TPP, una organización independiente fundada en Italia, halló que Ottawa y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar los derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar a la disidencia y de realizar asesinatos selectivos.

Gianni Tognoni, el secretario general del TPP desde su creación en 1979, fue uno de los ocho jueces que tomó la decisión el 10 de diciembre.

En entrevista con IPS, habló sobre la manera en que las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional en el pasado.

De los muchos ejemplos, citó el caso del trabajo esclavo infantil en la industria de la vestimenta, que fue denunciado por el TPP “con el fin de reforzar los controles y la vigilancia de las organizaciones no gubernamentales”.

“Lo que se podía hacer se está haciendo… con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas… para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, destacó Tognoni.

Los procesos internacionales rara vez son rápidos, señaló. La sentencia de la antigua Yugoslavia “parece ser más bien una especie de juicio sobre la memoria, lo mismo es cierto para Ruanda”, comentó.

Comparó esa situación con la eficacia inmediata de los tratados económicos y mencionó el conocido choque entre los derechos humanos y las empresas transnacionales, así como la actitud impune de estas últimas.

“No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, resaltó.

Formalmente, Canadá debería defender los mismos derechos en el extranjero como en su propio territorio, según el principio de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados por el cual los poderes públicos deben supervisar a los actores no estatales.

“Pero simplemente no lo hace”, afirmó Tognoni.

El fallo de 86 páginas informa que 75 por ciento de las empresas mineras de todo el mundo tienen su sede en Canadá, y que las compañías canadienses con inversiones estimadas en más de 50.000 millones de dólares en el sector de la extracción en América Latina representan entre 50 y 70 por ciento del total en la región.

“Y el veredicto… muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, subrayó Tognoni.

La sesión del TPP sobre la minería canadiense llegó a un veredicto de culpabilidad en Montreal, el 10 de diciembre, en el día internacional de los derechos humanos, en una investigación en curso hasta el año 2016.

El TPP realizó recomendaciones al gobierno canadiense, a las empresas mineras en cuestión, así como a agencias y organismos internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El lento acceso a la justicia

“Está claro que es importante organizar el movimiento de oposición para darle un apoyo sólido y también jurídico a los argumentos políticos y sociales, para que quede claro que la batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, dijo Tognoni.

A su juicio, “debido a que las dos cosas están cada vez más vinculadas, ya no hay países que sean independientes de la escena internacional”.

Las sesiones del TPP se “añaden a ese corpus de trabajo con el fin de demostrar que hay una necesidad urgente de instrumentos que permitan el acceso a la justicia”, dijo el organizador de la sesión sobre la minería canadiense en América Latina, Daniel Cayley-Daoust.

El TPP “no es un tipo de iniciativa que pueda aplicarse, ya que no tiene capacidad legal de una manera concreta”, explicó. Sirve de apoyo a las comunidades afectadas y para documentar los abusos cometidos “en el sentido de ampliar ese debate… para incrementar la presión”, añadió.

Una de las prioridades del TPP es añadir “más voz y credibilidad a algo que fue en gran medida ignorado por la gente que… tiene el poder de hacer los cambios”, indicó Cayley-Daoust.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Cayley-Daoust expresó su preocupación porque la ONU tuvo influencia empresarial en las últimas tres o cuatro décadas, especialmente a causa de sus relaciones más estrechas con las empresas.

Rolando Gómez, portavoz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a IPS que las empresas no están inmunizadas.

“No hay una sola cuestión de derechos humanos en cualquier entorno, sea una empresa, una ciudad, un país o una comunidad, que escape a la atención del Consejo”, aseguró.

“Hemos visto tendencias positivas de empresas, grandes y pequeñas, que tomaron estas cuestiones muy en serio”, sostuvo.

También se refirió a las consecuencias políticas. “Cada vez más, los Estados reconocen que tenemos que despolitizar el debate”, dijo a IPS.

Hizo hincapié en que “el Consejo de Derechos Humanos no tiene que ver solo con los acuerdos adoptados, sino con el seguimiento, la acción, el hecho de que hay un escenario aquí en Ginebra donde se escuchan problemas que a menudo no se escuchan”.

“El grado en que las ONG están activas aquí es excepcional”, manifestó. Mencionó cómo participan en Ginebra las víctimas de violaciones de derechos humanos y la sociedad civil en la entrega de declaraciones, con su presencia en las negociaciones y al informar sobre los debates formales.

En cuanto a si la charla se traduce en acción, “eso depende de la cuestión, así como la voluntad de los Estados y los responsables de las decisiones”, dijo Gómez.

“La justicia tarda mucho tiempo”, concluyó.

Fuente: IPS Noticias