La Puya: Logran que se suspenda la licencia minera de una empresa norteamericana

Por: Prensa Comunitaria. Guatemala

Hoy es un día de alegría pues los comunitarios de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

 

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

“Por tanto: Este juzgado, constituido en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) OTORGA la acción constitucional de amparo, promovida por VIDAL DIAZ MORALES Y MARIO DE JESUS CAMEY LLAMAS, quienes actúan en calidad de Alcalde Auxiliar de la Aldea Guapinol y de Alcalde Auxiliar Segundo de la Aldea El Carrizal, respectivamente, del Municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, en consecuencia: se restablece en si situación jurídica a los amparistas y en virtud de ello: a) se conmina el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, realice todas las actividades y acciones que estén acorde a sus funciones, para detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima y defender los intereses de las comunidades el Guapinol y El Carrizal. Este plazo corre a partir de que esté firme la presente sentencia.; b) Se ordena la suspensión de las actividades de construcción de la infraestructura del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, en tanto se resuelva la consulta de vecinos y se obtenga la autorización y aprobación del Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala. C) se ordena a la autoridad denunciada cumpla con el artículo 151 del código municipal, siguiendo el procedimiento que corresponda; II) CERTIFIQUESE lo conducente al ministerio publico, a efecto realice la investigación que procede, para establecer la comisión de los ilícitos penales, en virtud de acta numero 45-2011 del código municipal de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. “

 

 

Chiapas: Ecocidio en el Río Santo Domingo

Texto y fotos: Jeny Pascacio
tierradetodas.mx

Era caudaloso y a las orillas adornaban los árboles frutales, así era el río Santo Domingo hace 40 años, según relatan los habitantes más longevos de las riberas. “Hace 40 años cuando no había ninguna draga a la orilla del río, antes de que la gente cambiara el amor a la naturaleza por la ambición al dinero”.

Al 2015, la contaminación y la extracción de arena han provocado la pérdida de árboles como el Amate, Ceibas, Sauces, Tamarindos, Limoneros; y fauna como nutrias y anguilas.

 

Los concesionarios desvían el cauce del río para beneficiarse de la arena. Los habitantes denuncian corrupción por parte de funcionarios en Conagua y Profepa.

No basta con la extracción de arena, la empresa Pepsico deposita sus desechos en el río a un kilómetro de la bomba de Smapa que abastece de agua a Tuxtla Gutiérrez. Es la triste realidad del río Santo Domingo, ubicado a unos minutos de la capital del estado.

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22 de julio: DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA

ALDEAH

Tanto en el sur como en el norte, las empresas mineras saquean las tierras agrícolas y los bosques, contaminan y acaparan el agua, desplazan y expropian a poblaciones Tanto en el norte como en el sur, la rarefacción de los metales acelera su extracción. Por algunos gramos de metal, nuestros gobiernos sacrifican nuestros territorios en el altar del productivismo y de sus avatares. Con promesas de empleo, con un aumento del ingreso fiscal y algunas décimas de crecimiento económico, nos quieren convencer de aceptar esta demencia y de creer en las minas limpias y responsables, cuando bien sabemos que donde hay mina hay miseria y desolación. En todas partes de la tierra, somos cada vez más numerosos en haber decidido defender nuestros hogares y rechazar esta fatalidad.

En el marco del día auto-gestionado de lucha contra la megaminería, por la defensa de la vida y del agua (22 de julio), este año, como cada año, nos auto-convocamos para decir alto y fuerte:

NO a la minería que utiliza productos tóxicos como el cianuro y el ácido sulfúrico que contamina el agua potable y agrícola, el aire y los suelos afectando gravemente la salud de los habitantes aledaños,

NO a las megaminas que generan cada año centenas de millones de desechos tóxicos cuya contaminación perdura por siglos.

NO a las minas a cielo abierto que destruyen los ecosistemas, las zonas agrícolas, los bosques, los glaciares, que provocan patologías incurables, dejan atrás paisajes lunares y amenazan la soberanía alimentaria

NO, también a las minas subterráneas que hacen surgir de las entrañas de la tierra a los elementos radioactivos, tóxicos y cancerígenos,

NO a esta industria que mata, poco a poco y a grandes pasos a millares de campesinos expulsados de sus tierras, privados de agua o convertidos en mineros por obligación,

NO  a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión al infinito de las zonas de sacrificio

NO a la criminalización de la protesta y a la represión que se abate casi sistemáticamente sobre los que se atreven a decir NO,

NO a las mentiras de los magos de la aceptancia social que no se cansan en tratar de demostrar que los proyectos destructores pueden ser « limpios », « verdes » y « responsables »,

NO a la sed de ganancia, al productivismo a ultranza y al consumismo desaforado que nos hacen creer que no hay otra alternativa

NO A LA MEGAMINERÍA, AL EXTRACTIVISMO Y A SU MUNDO

! SI A LA VIDA !

! SI A LA AUTONOMÍA Y A LA ARMONÍA !

! Decidamos nuestro futuro y el de nuestros hijos !

Solidarios con todas las luchas, invitamos a la población a movilizarse en sus territorios amenazados por los proyectos mineros y también llamamos a todos aquéllos que se sienten comprometidos y solidarios con las víctimas de la minería, aquí y en todas partes. Durante las dos últimas semanas de julio manifestemos, informemos, organicemos la resistencia. Juntémonos con las movilizaciones organizadas cerca de nuestros lugares. Festivales, mítines, acciones simbólicas, grandes o pequeñas, con 5, 100, 1000 o 100 000, delante de los centros de poder o las embajadas de los países de origen de las empresas responsables de nuestros males, en los lugares amenazados o testigos de la destrucción, en la web, en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, por todos los medios ahí donde podamos, marquemos nuestra oposición a esta industria mortífera.

! Porque podemos vivir sin megaminería ! Porque no existe la fatalidad !

Este llamado no responde a ninguna bandera política. Las movilizaciones son auto-gestionadas en su totalidad. En el 2014, más de 25 movimientos de resistencia en 20 países distintos participaron en el día mundial.

Detalle de los eventos, informaciones y más: http://www.aldeah.org/es/22-de-julio-2015-dia-mundial-contra-la-megamineria

Con Esperanza Salazar (M4): encuentro de resistencias al modelo extractivo minero

Daño precoz

Radio Mundo Real

El Salvador fue el centro de la reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) durante los días 27 al 29 de junio, encuentro en el cual se trazaron líneas de acción comunes a las distintas resistencias que tienen lugar desde México hasta Panamá, relató Esperanza Salazar, participante del mismo.

“Hemos visto cómo los daños han ido en aumento, como es el caso del Valle de Siria en Honduras a partir de diez años de la instalación del proyecto; en cambio en México ya los efectos comenzaron a percibirse desde el quinto año”, dijo Esperanza.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del M4 y se elaboró una nueva estrategia regional del periodo 2016-2019.

Esperanza destacó el creciente número de territorios libres de minería en varios países, lo cual se evaluó es una táctica efectiva para el mojonamiento de las resistencias.

Esperanza fue entrevistada por el equipo de comunicación del M4 y Radio Temblor de Panamá, presentes en el cónclave. “Es falso pensar que porque sea el Estado o el gobierno quien va a explotar una mina, los perjuicios para las comunidades pueden ser menores”, dijo la activista mexicana, integrante de Bios Iguana.

Escucha la entrevista con Esperanza Salazar

Alerta: hostigamiento de hidroeléctrica a defensora de derechos humanos en Puebla

Por medio de la presente, las comunidades, luchas y organizaciones que formamos parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA), queremos hacerle saber que:

Primero.- Que estamos enterados del clima de hostigamiento que ha venido generando la empresa Deselec-Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla después de que el pasado 14 de junio, constituidas en Asamblea, las comunidades de San Felipe Tepatlán rechazaran el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 sobre las aguas del Rio Ajajalpan.

Segundo.- Que Silvia Villaseñor, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario “IMDEC” son parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) y que todos quienes somos la REMA nos tomamos seriamente la seguridad y el prestigio de nuestros compañeros y nuestras organizaciones.

En este sentido, desde la REMA hacemos un fuerte llamado al gobierno del Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus facultades, haga valer el estado de derecho y garantice, al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte y la seguridad e integridad física de quienes acompañanan estos procesos populares de toma de decisiones, particularmente la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡FUERA COMEXHIDRO DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA!

 

PRONUNCIAMIENTO IMDEC

Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1    

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la sierra Norte de Puebla.

En este tenor el medio electrónico e-consulta publicó la siguiente nota de prensa que contiene información imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC formamos parte.

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se está llevando acabo ya en las comunidades.

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando en la Sierra Norte de Puebla.

Por todo lo anterior:

1.    Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región.

2.    Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en defensa del territorio.

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

En El Salvador: se exige una ley que prohíba definitivamente la minería

SE REÚNEN EN EL SALVADOR ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO M4

Con el propósito de analizar la situación de la minería en Meso-América, activistas de grupos ambientales, sociales y de derechos humanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Canadá, se reunieron del 27 al 29 de junio en el local de CESTA Ecocentro Animas ubicado en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 y se elaboró una nueva estrategia regional que servirá para el periodo 2016-2019.

Uno de los temas que más ha generado discusión a nivel internacional, por la voracidad económica de la empresa minera, es el caso de la demanda presentada por la empresa canadiense Pacific Rim, ahora comprada por Oceana Gold de Australia, contra el gobierno salvadoreño, exigiendo el pago de US$301 millones por supuestas ganancias que ha dejado de percibir, ya que el gobierno salvadoreño no le ha concedido el permiso de explotación del oro en Cabañas.

La empresa Pacific Rim tenía el permiso para realizar la exploración del oro y plata en Cabañas, pero no tenía el permiso para la explotación de los metales y la empresa alega que si tenía un permiso significa que debería tener el otro, pero eso es contrario a lo que establece la ley salvadoreña. A pesar de esto la empresa Pacific Rim presentó la demanda en el tribunal del CIADI del Banco Mundial y se está esperando la resolución en el futuro cercano. Es importante mencionar que el CIADI es un organismo formado por personas vinculadas a las corporaciones transnacionales, por lo que en sus resoluciones buscan favorecer a las empresas y no toman en consideración ningún impacto de carácter social o ambiental.

La empresa minera Oceana Gold ha incrementado su presencia en los últimos meses en Cabañas, de hecho ha establecido una fundación que realiza una serie de actividades para ganarse la voluntad de las personas, una de las instancias preferidas por la minera son los centros educativos donde suministran una serie de artículos escolares para generarse una buena imagen con maestros y estudiantes. Estos maquillajes empresariales han sido denunciados repetidamente por el Comité Ambiental de Cabañas CAC, Amigos de San Isidro Cabañas ASIC y CESTA Amigos de la Tierra.

En El Salvador innumerables organizaciones sociales, ambientales y religiosas han hecho el llamado a la formulación de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el país, de hecho hay propuestas que llevan más de 10 años en la Asamblea Legislativa, pero los diputados y diputadas de los partidos de derecha como ARENA, se niegan a aprobarla, a pesar del generalizado rechazo de la población a los proyectos mineros. Estas y otras realidades fueron discutidas profundamente en la reunión del M4 en El Salvador para establecer estrategias para revertir este proceso.

En el 2013 en una reunión en San Isidro Cabañas con el entonces candidato a la Presidencia, Profesor Salvador Sánchez Cerén y que contó con más de 2500 miembros de las diferentes organizaciones del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, el ahora Presidente manifestó que no permitiría la minería metálica durante su administración y hasta ahora la promesa se ha cumplido pero se necesita una ley que pueda garantizar la prohibición en futuros gobiernos.

En el último día de presencia de las organizaciones del M4 en el país, el lunes 29, los delegados se desplazaron a San Isidro Cabañas para conmemorar el sexto aniversario del asesinato de Marcelo Rivera, que fue un anterior Presidente de ASIC y activista contra la minería. El evento tuvo lugar en la plaza pública de dicho municipio donde se expondrán los graves impactos que ocasiona la minería en los territorios.

Movimiento M4

Lucha contra la minería en México, una historia de 500 años

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

    “Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

    “Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina,  y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.

 

Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresiones. Estado de situación en 2014

Vía Movimiento M4

América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se llevan a cabo.

La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. El trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con su importante mapa de conflictos mineros y el intenso intercambio de información y testimonios entre sus integrantes, ha permitido documentar e informar regularmente sobre la evolución de estos conflictos en la gran mayoría de países de la región.

 

A partir de este año y complementando el trabajo que realizamos, estamos compartiendo con ustedes un primer informe,”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014″ que reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El propósito es compartir información específica de cada país, identificar tendencias de las inversiones extractivas, estrategias de oposición y resistencia, así como el comportamientos de las empresas, los Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales, entre otros aspectos.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Descargar informe .pdf

Expansión de minería en América Latina

Por Margarita Bastías, ansa.it

América Latina se ha convertido desde hace más de una década en uno de los epicentros de la expansión minera global, concentrando el 27 por ciento de la inversión en exploración mineral a nivel mundial. Sin embargo, dicha actividad no ha estado ajena a los conflictos, como lo detalla el estudio «Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión: Estado de situación en 2014», compilado por el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) que estudió a 10 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El Observatorio constató que la minería creció en estos años, tanto en los países con larga experiencia en esta actividad, como en países que recién han comenzado a constatar la presencia de empresas mineras en sus territorios (Uruguay), intentando desarrollar emprendimientos a gran escala.

La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados: «En América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre otros».

Para las organizaciones medioambientales, «poner la noción del territorio como eje central del análisis, permite entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos en esos territorios y cómo estos enfrentan la expansión de una actividad que se impone desde fuera».

«No hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras y sin el control de recursos hídricos y otros bienes naturales, que antes de que llegue la minería han estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad», releva el documento.

La defensa de los territorios sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. En este primer informe de Ocmal se reporta la tendencia de las inversiones extractivas, estrategias de lucha y resistencia, así como los comportamientos de empresas, Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales.

El documento resalta que «el extractivismo se ha ido transformando en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales». Para los primeros, abunda, se trata de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social, en la mayoría de los casos, mediante bonos específicos y periódicos. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo. En ambos casos, dice, la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pachamama (madre tierra) no son más que consignas vacías de contenido, y más aún de acción consecuente.

Denuncia que las legislaciones nacionales buscan adecuarse a los requerimientos de las mineras y concentrar así las mayores inversiones de la región. Pero esto junto a un intenso tráfico de influencias y corrupción.

Pionero en las legislaciones que promueven la actividad minera es Perú. Ecuador y Bolivia han adoptado medidas de protección a la minería mediante la criminalización de la protesta social. El esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas y su supuesto respeto a los derechos humanos.

Uno de los mayores conflictos entre comunidades y empresas mineras es el acceso al agua y la contaminación. También el territorio: Las comunidades no lo entienden como propiedad privada, sino como ámbito de subsistencia y sustento, desarrollo, conservación ambiental, cultural y de tradiciones, seguridad ecológica y social, solidaridad y espiritualidad. «Es por ello, concluye el Ocmal, la gestión territorial comunitaria recurrentemente intervenida por los proyectos mineros cobra tanta importancia para las comunidades locales. Sin ella no está asegurada la cohesión, identidad cultural y el pleno desarrollo de los seres humanos».

ORDENAN SUSPENSIÓN DE CONCESIONES MINERAS EN PUEBLA

luchaindigena.com

Hasta que sean resueltos 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de las concesiones mineras involucradas, anunciaron organizaciones civiles que se oponen a los proyectos que denominan “de muerte”.

Los recursos legales fueron promovidos por opositores indígenas de los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima.

Consideraron que los proyectos mineros instrumentados por las empresas Almaden Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región, además, al querer ser impuestos, violan sus derechos humanos por perjudicar el territorio que consideran ancestral y su identidad cultura.

Acusaron que otro de los efectos negativos de la actividad en cuestión corresponde al despojo de tierras, situación que -afirmaron- cada vez es más frecuente.

Por ello, interpusieron 3 juicios de amparo, mismos que fueron impulsados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y por Fundar.

De esa manera, las autoridades federales ordenaron la suspensión temporal de las actividades de explotación minera, en lo que se dicta sentencia en los juicios a través de los cuales defendieron su derecho a la autodeterminación y respeto de sus garantías como sociedad.

“Estas acciones jurídicas… ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, señalaron los representantes de las organizaciones.

VIDEO: Iglesias y Minería en América Latina

Este video invita a escuchar el grito de las comunidades latinoamericanas afectadas por la minería; relanza la formación básica y las articulaciones populares; motiva el compromiso pastoral de las iglesias en defensa de la vida y de la creación, que gime en espera de un nuevo parto.

Iglesias y Minería agradece a todas las entidades y personas que apoyan a las comunidades afectadas por la minería.
El sueño y la lucha en defensa de la Pacha Mama todavía viven e palpitan en el corazón de los pobres de la tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck

Iglesia: Preocupa minería a cielo abierto

Vía Movimiento M4

Don Leopoldo González González, obispo de la Diócesis de Tapachula, que incluye los municipios de la Costa, Sierra y Soconusco, ha confiado a esta columna su análisis Una Palabra sobre las Minas; en él plantea que cada vez más ha ido surgiendo en las comunidades, un sentimiento de preocupación en relación con el cuidado del medio ambiente.

Plantea que entre estas preocupaciones, una de las más sentidas en nuestras Regiones Costa y Sierra de Chiapas, es el impacto de la actividad minera y su influjo en la calidad de vida de las personas. Muchos sacerdotes y agentes de pastoral de nuestra Diócesis, le han hecho llegar las preocupaciones de aquellas comunidades a las que afecta de manera directa la actividad minera a cielo abierto, temiendo que pueda comprometer la vida de las familias de estas comunidades, a corto, mediano y largo plazo.

 

Documento en el que el jefe de la Iglesia Católica en esta faja de la Frontera Sur de México, plantea la necesidad de hacer un llamado e interpelar las conciencias en todos los ámbitos (personal, comunitario e institucional), para asumir una actitud responsable hacia el medio ambiente que haga frente a dichas preocupaciones, para favorecer la búsqueda de las mejores soluciones a la crisis que está provocando la explotación minera a cielo abierto.

Referencia a la experiencia de la industria minera en Guatemala, que puede ser de gran ayuda para analizar serenamente la realidad chiapaneca y mexicana en general, y tomar las debidas providencias. Parte de la sociedad e instituciones guatemaltecas hicieron sentir sus preocupaciones por las consecuencias negativas al medio ambiente, por lo que se exigió a las autoridades implicadas, consultar sin manipulación, a las comunidades afectadas por la actividad minera, respetar sus derechos, pero sobre todo decidir si la ley de minería debería ser revisada, reformada o derogada.

Una situación por demás negativa, que no atañe exclusivamente a Guatemala, sino a toda Centroamérica donde ha habido actividad minera a cielo abierto, que incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa rica y Panamá, que son ejemplo de las consecuencias adversas en la salud humana, y el deterioro del potencial forestal y turístico, de cada uno de estos países.

Ha sido ahí, donde instituciones, organizaciones y representantes de los pueblos que han sufrido daños, han manifestado que aunque la minería es una riqueza, esta funciona en la lógica de las multinacionales que, en contubernio con socios dentro de cada país, la explotan para llevarla al extranjero.

De acuerdo con lo experimentado en el istmo latinoamericano, se trata de una explotación basada en la lógica de consumo sin límites en un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.

Integración en el documento del obispo de Tapachula, de declaraciones y testimonios en las distintas naciones de América Central, en las que se afirma que la industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico, que requiere cada vez menos mano de obra y de menos tiempo para extraer la riqueza mineral, dejando como consecuencia un acelerado desastre ambiental y la destrucción de las tradicionales formas comunitarias de vida.

Las denuncias coincidentes, de que para estas industrias, las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocio, dinero, bienestar económico, en el que todo debe ser convertido en ganancias y capital, lo más rápido posible y al menor costo. No les importa la calidad de vida de las personas y comunidades.

Ante ese panorama desolador, don Leopoldo González González, hace una reflexión: teniendo a la vista estas consecuencias negativas que la industria minera ha traído a estos países y sus comunidades, hemos de preguntarnos si en nuestra Patria, las autoridades responsables, teniendo en cuenta la peculiaridad ambiental de nuestro Estado de Chiapas, han previsto y pueden mostrar a las comunidades afectadas y a la ciudadanía, las providencias que han tomado para evitar esos riesgos, en este renglón concreto de la minería a cielo abierto.

Considera el prelado, que la crisis ecológica hunde sus raíces en la crisis del hombre, de cómo el ser humano se mira a sí mismo y su relación con el ambiente en el que vive.

El Jefe de la Iglesia Católica, que en estas Regiones de la Frontera Sur agrupa a millón y medio de fieles, advierte que el uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, pues está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo incluyendo la de las generaciones venideras y exige un respeto religioso de la integridad de la creación.

Puntos de vista por demás importantes sobre la creciente problemática de la explotación minera en Chiapas y en México, dada la trascendencia de quien los emite, cuando expresa que la correcta relación del hombre con la creación se rompe, cuando él no es fiel a la Alianza con Dios, asumiendo ante la naturaleza una postura de dominador despótico y violento, con la cual daña también su relación con sus semejantes.

La recomendación del responsable de una de las tres Diócesis de la entidad –las otras son San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez-, de cuidar y cultivar el medio ambiente, con humildad hemos de abandonar ese delirio de omnipotencia en que actualmente parece que hemos caído, que nos orienta al enriquecimiento aun a costa de comprometer gravemente la calidad de vida de las futuras generaciones y dañar severamente las condiciones de vida de la actual.

Rememora las palabras del Papa Juan Pablo II sobre esta problemática, en el sentido de que el hombre cuando se aleja del designio de Dios creador, provoca un desorden que repercute inevitablemente en el resto de la creación. Si el hombre no está en paz con Dios, la tierra misma tampoco está en paz. Por eso, la tierra está de duelo y se marchita cuando en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen.

La crisis ecológica hunde sus raíces en un estilo de vida, que puede provocar incluso situaciones de injusticia donde la tierra, que es herencia común para beneficio de todos, viene aprovechada solamente por unos pocos privilegiados en detrimento de la multitud de personas que viven en situaciones de miseria, en el nivel más bajo de supervivencia.

En su momento, el Papa Peregrino subrayaría la necesidad de un cambio de mentalidad para poder afrontar los graves problemas ecológicos y orientarnos a promover una verdadera ecología humana, es decir, el empeño por salvaguardar el ambiente humano, respetar las condiciones morales de una auténtica ecología humana, tener la promoción de la vida y de la dignidad de la persona humana como objetivo primario ante la explotación de los recursos naturales.

La noción de ecología humana, diría el Sumo Pontífice, nos lleva a considerar el ambiente centrado en el hombre. Somos nosotros mismos la primera morada, antes que el hábitat físico y social. En este sentido, el ambiente humano exige el respeto por su propia ecología, es decir, en coherencia a las exigencias de respeto de la dignidad de la persona humana. De ahí se derivará también el respeto por la naturaleza.

Jefe de la Diócesis de Tapachula desde hace casi 10 años, don Leopoldo González González, involucra en su análisis el mensaje del Papa Francisco a los asistentes a la Jornada de Reflexión sobre la Industria Minera Mundial, organizada por la Santa Sede, en el que manifiesta que no siempre sin motivo, la actividad de las industrias extractoras se ha visto como una explotación injusta de los recursos naturales y de las poblaciones locales, reducidas, a veces a la esclavitud y obligadas a mudarse, abandonando sus lugares de origen.

Las preocupaciones por las consecuencias negativas a corto, a mediano y a largo plazo de la explotación minera a cielo abierto, tienen mucho que ver con la existencia y aplicación de leyes justas que salvaguarden y promuevan debidamente nuestro medioambiente, el bien personal y social de las comunidades.

Don Leopoldo considera que en Chiapas y especialmente en la Región de la Diócesis a su cargo, se debe de asumir con responsabilidad el cuidado y el respeto por la vida humana, que lleve a respetar y promover la calidad del medio ambiente, única casa y hogar de cada ser humano.

Su convocatoria para la realización de un diálogo franco y honesto entre las autoridades civiles, las instituciones, organismos interesados y la ciudadanía, para analizar esta realidad y buscar soluciones mejores a la actividad minera.

La recomendación de que sin manipulación en el diálogo, se tome en cuenta la voz de las poblaciones que están directamente implicadas y que se respeten sus derechos. Que las decisiones justamente sean tomadas en favor del derecho a la salud y a un ambiente saludable, en favor de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las comunidades.

Puntos de vista críticos y de enjuiciamiento, cuando afirma que a pesar de que los titulares de las concesiones mineras están obligados a sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de seguridad en las minas y de mantener el equilibrio ecológico y protección al ambiente, en la práctica no se cumplen.

Sin embargo, asevera, la experiencia nos dice que teniendo esas normas nuestro medio ambiente se sigue deteriorando. Se pregunta también: ¿Será que es necesario adecuar las normas en algún aspecto o no son exigidas de manera responsable? ¿La minería a cielo abierto es la mejor opción para esta Región del Estado?

Muchas interrogantes quedan pendientes seguramente en la mente del obispo don Leopoldo González, en cuanto a su interés y preocupación que refleja la actitud de la población chiapaneca costeña y serrana, por la conservación de su riqueza natural que hace posible un ambiente natural tan exuberante, significada por las Reservas Naturales Protegidas de La Encrucijada y El Triunfo, actualmente puestas en riesgo por la actividad minera que ha empezado su grave tarea destructiva.

El exhorto del representante de la Iglesia Católica en esta Frontera Sur, “para asumir en nuestro modo de pensar y de actuar, la responsabilidad ecológica que haga de este mundo, que el Creador nos ha confiado, el hogar donde podamos vivir y de donde podamos vivir, no solo la actual generación, sino también las generaciones futuras”.