Categoría: Minería

SE REÚNEN EN EL SALVADOR ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO M4

Con el propósito de analizar la situación de la minería en Meso-América, activistas de grupos ambientales, sociales y de derechos humanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Canadá, se reunieron del 27 al 29 de junio en el local de CESTA Ecocentro Animas ubicado en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 y se elaboró una nueva estrategia regional que servirá para el periodo 2016-2019.

Uno de los temas que más ha generado discusión a nivel internacional, por la voracidad económica de la empresa minera, es el caso de la demanda presentada por la empresa canadiense Pacific Rim, ahora comprada por Oceana Gold de Australia, contra el gobierno salvadoreño, exigiendo el pago de US$301 millones por supuestas ganancias que ha dejado de percibir, ya que el gobierno salvadoreño no le ha concedido el permiso de explotación del oro en Cabañas.

La empresa Pacific Rim tenía el permiso para realizar la exploración del oro y plata en Cabañas, pero no tenía el permiso para la explotación de los metales y la empresa alega que si tenía un permiso significa que debería tener el otro, pero eso es contrario a lo que establece la ley salvadoreña. A pesar de esto la empresa Pacific Rim presentó la demanda en el tribunal del CIADI del Banco Mundial y se está esperando la resolución en el futuro cercano. Es importante mencionar que el CIADI es un organismo formado por personas vinculadas a las corporaciones transnacionales, por lo que en sus resoluciones buscan favorecer a las empresas y no toman en consideración ningún impacto de carácter social o ambiental.

La empresa minera Oceana Gold ha incrementado su presencia en los últimos meses en Cabañas, de hecho ha establecido una fundación que realiza una serie de actividades para ganarse la voluntad de las personas, una de las instancias preferidas por la minera son los centros educativos donde suministran una serie de artículos escolares para generarse una buena imagen con maestros y estudiantes. Estos maquillajes empresariales han sido denunciados repetidamente por el Comité Ambiental de Cabañas CAC, Amigos de San Isidro Cabañas ASIC y CESTA Amigos de la Tierra.

En El Salvador innumerables organizaciones sociales, ambientales y religiosas han hecho el llamado a la formulación de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el país, de hecho hay propuestas que llevan más de 10 años en la Asamblea Legislativa, pero los diputados y diputadas de los partidos de derecha como ARENA, se niegan a aprobarla, a pesar del generalizado rechazo de la población a los proyectos mineros. Estas y otras realidades fueron discutidas profundamente en la reunión del M4 en El Salvador para establecer estrategias para revertir este proceso.

En el 2013 en una reunión en San Isidro Cabañas con el entonces candidato a la Presidencia, Profesor Salvador Sánchez Cerén y que contó con más de 2500 miembros de las diferentes organizaciones del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, el ahora Presidente manifestó que no permitiría la minería metálica durante su administración y hasta ahora la promesa se ha cumplido pero se necesita una ley que pueda garantizar la prohibición en futuros gobiernos.

En el último día de presencia de las organizaciones del M4 en el país, el lunes 29, los delegados se desplazaron a San Isidro Cabañas para conmemorar el sexto aniversario del asesinato de Marcelo Rivera, que fue un anterior Presidente de ASIC y activista contra la minería. El evento tuvo lugar en la plaza pública de dicho municipio donde se expondrán los graves impactos que ocasiona la minería en los territorios.

Movimiento M4

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

    “Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

    “Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina,  y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.

 

Vía Movimiento M4

América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se llevan a cabo.

La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. El trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con su importante mapa de conflictos mineros y el intenso intercambio de información y testimonios entre sus integrantes, ha permitido documentar e informar regularmente sobre la evolución de estos conflictos en la gran mayoría de países de la región.

 

A partir de este año y complementando el trabajo que realizamos, estamos compartiendo con ustedes un primer informe,”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014″ que reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El propósito es compartir información específica de cada país, identificar tendencias de las inversiones extractivas, estrategias de oposición y resistencia, así como el comportamientos de las empresas, los Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales, entre otros aspectos.

Esperamos que esta publicación, elaborada de manera colectiva por los socios de OCMAL, sea de utilidad para las diversas organizaciones y comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero en América Latina.

Descargar informe .pdf

Por Margarita Bastías, ansa.it

América Latina se ha convertido desde hace más de una década en uno de los epicentros de la expansión minera global, concentrando el 27 por ciento de la inversión en exploración mineral a nivel mundial. Sin embargo, dicha actividad no ha estado ajena a los conflictos, como lo detalla el estudio «Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión: Estado de situación en 2014», compilado por el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) que estudió a 10 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El Observatorio constató que la minería creció en estos años, tanto en los países con larga experiencia en esta actividad, como en países que recién han comenzado a constatar la presencia de empresas mineras en sus territorios (Uruguay), intentando desarrollar emprendimientos a gran escala.

La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados: «En América Latina podemos citar el caso de los páramos, los sistemas de lagunas alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre otros».

Para las organizaciones medioambientales, «poner la noción del territorio como eje central del análisis, permite entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos en esos territorios y cómo estos enfrentan la expansión de una actividad que se impone desde fuera».

«No hay minería sin el control de grandes extensiones de tierras y sin el control de recursos hídricos y otros bienes naturales, que antes de que llegue la minería han estado manejados por las poblaciones que se ven amenazadas por esta actividad», releva el documento.

La defensa de los territorios sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. En este primer informe de Ocmal se reporta la tendencia de las inversiones extractivas, estrategias de lucha y resistencia, así como los comportamientos de empresas, Estados, evolución de legislaciones y salvaguardas de organismos internacionales.

El documento resalta que «el extractivismo se ha ido transformando en casi un dogma económico incuestionable, promocionado y defendido indistintamente tanto por gobiernos progresistas como neoliberales». Para los primeros, abunda, se trata de fuentes frescas de divisas para pagar la deuda social, en la mayoría de los casos, mediante bonos específicos y periódicos. En los segundos, el discurso es de crecimiento y desarrollo. En ambos casos, dice, la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pachamama (madre tierra) no son más que consignas vacías de contenido, y más aún de acción consecuente.

Denuncia que las legislaciones nacionales buscan adecuarse a los requerimientos de las mineras y concentrar así las mayores inversiones de la región. Pero esto junto a un intenso tráfico de influencias y corrupción.

Pionero en las legislaciones que promueven la actividad minera es Perú. Ecuador y Bolivia han adoptado medidas de protección a la minería mediante la criminalización de la protesta social. El esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas y su supuesto respeto a los derechos humanos.

Uno de los mayores conflictos entre comunidades y empresas mineras es el acceso al agua y la contaminación. También el territorio: Las comunidades no lo entienden como propiedad privada, sino como ámbito de subsistencia y sustento, desarrollo, conservación ambiental, cultural y de tradiciones, seguridad ecológica y social, solidaridad y espiritualidad. «Es por ello, concluye el Ocmal, la gestión territorial comunitaria recurrentemente intervenida por los proyectos mineros cobra tanta importancia para las comunidades locales. Sin ella no está asegurada la cohesión, identidad cultural y el pleno desarrollo de los seres humanos».

luchaindigena.com

Hasta que sean resueltos 3 juicios de amparo promovidos por habitantes de 4 municipios de Puebla, jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de las concesiones mineras involucradas, anunciaron organizaciones civiles que se oponen a los proyectos que denominan “de muerte”.

Los recursos legales fueron promovidos por opositores indígenas de los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, además de Zacualpan, perteneciente a Colima.

Consideraron que los proyectos mineros instrumentados por las empresas Almaden Minerals y Minera Autlán atentan contra el ecosistema de la región, además, al querer ser impuestos, violan sus derechos humanos por perjudicar el territorio que consideran ancestral y su identidad cultura.

Acusaron que otro de los efectos negativos de la actividad en cuestión corresponde al despojo de tierras, situación que -afirmaron- cada vez es más frecuente.

Por ello, interpusieron 3 juicios de amparo, mismos que fueron impulsados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y por Fundar.

De esa manera, las autoridades federales ordenaron la suspensión temporal de las actividades de explotación minera, en lo que se dicta sentencia en los juicios a través de los cuales defendieron su derecho a la autodeterminación y respeto de sus garantías como sociedad.

“Estas acciones jurídicas… ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, señalaron los representantes de las organizaciones.

Este video invita a escuchar el grito de las comunidades latinoamericanas afectadas por la minería; relanza la formación básica y las articulaciones populares; motiva el compromiso pastoral de las iglesias en defensa de la vida y de la creación, que gime en espera de un nuevo parto.

Iglesias y Minería agradece a todas las entidades y personas que apoyan a las comunidades afectadas por la minería.
El sueño y la lucha en defensa de la Pacha Mama todavía viven e palpitan en el corazón de los pobres de la tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck

Vía Movimiento M4

Don Leopoldo González González, obispo de la Diócesis de Tapachula, que incluye los municipios de la Costa, Sierra y Soconusco, ha confiado a esta columna su análisis Una Palabra sobre las Minas; en él plantea que cada vez más ha ido surgiendo en las comunidades, un sentimiento de preocupación en relación con el cuidado del medio ambiente.

Plantea que entre estas preocupaciones, una de las más sentidas en nuestras Regiones Costa y Sierra de Chiapas, es el impacto de la actividad minera y su influjo en la calidad de vida de las personas. Muchos sacerdotes y agentes de pastoral de nuestra Diócesis, le han hecho llegar las preocupaciones de aquellas comunidades a las que afecta de manera directa la actividad minera a cielo abierto, temiendo que pueda comprometer la vida de las familias de estas comunidades, a corto, mediano y largo plazo.

 

Documento en el que el jefe de la Iglesia Católica en esta faja de la Frontera Sur de México, plantea la necesidad de hacer un llamado e interpelar las conciencias en todos los ámbitos (personal, comunitario e institucional), para asumir una actitud responsable hacia el medio ambiente que haga frente a dichas preocupaciones, para favorecer la búsqueda de las mejores soluciones a la crisis que está provocando la explotación minera a cielo abierto.

Referencia a la experiencia de la industria minera en Guatemala, que puede ser de gran ayuda para analizar serenamente la realidad chiapaneca y mexicana en general, y tomar las debidas providencias. Parte de la sociedad e instituciones guatemaltecas hicieron sentir sus preocupaciones por las consecuencias negativas al medio ambiente, por lo que se exigió a las autoridades implicadas, consultar sin manipulación, a las comunidades afectadas por la actividad minera, respetar sus derechos, pero sobre todo decidir si la ley de minería debería ser revisada, reformada o derogada.

Una situación por demás negativa, que no atañe exclusivamente a Guatemala, sino a toda Centroamérica donde ha habido actividad minera a cielo abierto, que incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa rica y Panamá, que son ejemplo de las consecuencias adversas en la salud humana, y el deterioro del potencial forestal y turístico, de cada uno de estos países.

Ha sido ahí, donde instituciones, organizaciones y representantes de los pueblos que han sufrido daños, han manifestado que aunque la minería es una riqueza, esta funciona en la lógica de las multinacionales que, en contubernio con socios dentro de cada país, la explotan para llevarla al extranjero.

De acuerdo con lo experimentado en el istmo latinoamericano, se trata de una explotación basada en la lógica de consumo sin límites en un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.

Integración en el documento del obispo de Tapachula, de declaraciones y testimonios en las distintas naciones de América Central, en las que se afirma que la industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico, que requiere cada vez menos mano de obra y de menos tiempo para extraer la riqueza mineral, dejando como consecuencia un acelerado desastre ambiental y la destrucción de las tradicionales formas comunitarias de vida.

Las denuncias coincidentes, de que para estas industrias, las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocio, dinero, bienestar económico, en el que todo debe ser convertido en ganancias y capital, lo más rápido posible y al menor costo. No les importa la calidad de vida de las personas y comunidades.

Ante ese panorama desolador, don Leopoldo González González, hace una reflexión: teniendo a la vista estas consecuencias negativas que la industria minera ha traído a estos países y sus comunidades, hemos de preguntarnos si en nuestra Patria, las autoridades responsables, teniendo en cuenta la peculiaridad ambiental de nuestro Estado de Chiapas, han previsto y pueden mostrar a las comunidades afectadas y a la ciudadanía, las providencias que han tomado para evitar esos riesgos, en este renglón concreto de la minería a cielo abierto.

Considera el prelado, que la crisis ecológica hunde sus raíces en la crisis del hombre, de cómo el ser humano se mira a sí mismo y su relación con el ambiente en el que vive.

El Jefe de la Iglesia Católica, que en estas Regiones de la Frontera Sur agrupa a millón y medio de fieles, advierte que el uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, pues está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo incluyendo la de las generaciones venideras y exige un respeto religioso de la integridad de la creación.

Puntos de vista por demás importantes sobre la creciente problemática de la explotación minera en Chiapas y en México, dada la trascendencia de quien los emite, cuando expresa que la correcta relación del hombre con la creación se rompe, cuando él no es fiel a la Alianza con Dios, asumiendo ante la naturaleza una postura de dominador despótico y violento, con la cual daña también su relación con sus semejantes.

La recomendación del responsable de una de las tres Diócesis de la entidad –las otras son San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez-, de cuidar y cultivar el medio ambiente, con humildad hemos de abandonar ese delirio de omnipotencia en que actualmente parece que hemos caído, que nos orienta al enriquecimiento aun a costa de comprometer gravemente la calidad de vida de las futuras generaciones y dañar severamente las condiciones de vida de la actual.

Rememora las palabras del Papa Juan Pablo II sobre esta problemática, en el sentido de que el hombre cuando se aleja del designio de Dios creador, provoca un desorden que repercute inevitablemente en el resto de la creación. Si el hombre no está en paz con Dios, la tierra misma tampoco está en paz. Por eso, la tierra está de duelo y se marchita cuando en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen.

La crisis ecológica hunde sus raíces en un estilo de vida, que puede provocar incluso situaciones de injusticia donde la tierra, que es herencia común para beneficio de todos, viene aprovechada solamente por unos pocos privilegiados en detrimento de la multitud de personas que viven en situaciones de miseria, en el nivel más bajo de supervivencia.

En su momento, el Papa Peregrino subrayaría la necesidad de un cambio de mentalidad para poder afrontar los graves problemas ecológicos y orientarnos a promover una verdadera ecología humana, es decir, el empeño por salvaguardar el ambiente humano, respetar las condiciones morales de una auténtica ecología humana, tener la promoción de la vida y de la dignidad de la persona humana como objetivo primario ante la explotación de los recursos naturales.

La noción de ecología humana, diría el Sumo Pontífice, nos lleva a considerar el ambiente centrado en el hombre. Somos nosotros mismos la primera morada, antes que el hábitat físico y social. En este sentido, el ambiente humano exige el respeto por su propia ecología, es decir, en coherencia a las exigencias de respeto de la dignidad de la persona humana. De ahí se derivará también el respeto por la naturaleza.

Jefe de la Diócesis de Tapachula desde hace casi 10 años, don Leopoldo González González, involucra en su análisis el mensaje del Papa Francisco a los asistentes a la Jornada de Reflexión sobre la Industria Minera Mundial, organizada por la Santa Sede, en el que manifiesta que no siempre sin motivo, la actividad de las industrias extractoras se ha visto como una explotación injusta de los recursos naturales y de las poblaciones locales, reducidas, a veces a la esclavitud y obligadas a mudarse, abandonando sus lugares de origen.

Las preocupaciones por las consecuencias negativas a corto, a mediano y a largo plazo de la explotación minera a cielo abierto, tienen mucho que ver con la existencia y aplicación de leyes justas que salvaguarden y promuevan debidamente nuestro medioambiente, el bien personal y social de las comunidades.

Don Leopoldo considera que en Chiapas y especialmente en la Región de la Diócesis a su cargo, se debe de asumir con responsabilidad el cuidado y el respeto por la vida humana, que lleve a respetar y promover la calidad del medio ambiente, única casa y hogar de cada ser humano.

Su convocatoria para la realización de un diálogo franco y honesto entre las autoridades civiles, las instituciones, organismos interesados y la ciudadanía, para analizar esta realidad y buscar soluciones mejores a la actividad minera.

La recomendación de que sin manipulación en el diálogo, se tome en cuenta la voz de las poblaciones que están directamente implicadas y que se respeten sus derechos. Que las decisiones justamente sean tomadas en favor del derecho a la salud y a un ambiente saludable, en favor de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las comunidades.

Puntos de vista críticos y de enjuiciamiento, cuando afirma que a pesar de que los titulares de las concesiones mineras están obligados a sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de seguridad en las minas y de mantener el equilibrio ecológico y protección al ambiente, en la práctica no se cumplen.

Sin embargo, asevera, la experiencia nos dice que teniendo esas normas nuestro medio ambiente se sigue deteriorando. Se pregunta también: ¿Será que es necesario adecuar las normas en algún aspecto o no son exigidas de manera responsable? ¿La minería a cielo abierto es la mejor opción para esta Región del Estado?

Muchas interrogantes quedan pendientes seguramente en la mente del obispo don Leopoldo González, en cuanto a su interés y preocupación que refleja la actitud de la población chiapaneca costeña y serrana, por la conservación de su riqueza natural que hace posible un ambiente natural tan exuberante, significada por las Reservas Naturales Protegidas de La Encrucijada y El Triunfo, actualmente puestas en riesgo por la actividad minera que ha empezado su grave tarea destructiva.

El exhorto del representante de la Iglesia Católica en esta Frontera Sur, “para asumir en nuestro modo de pensar y de actuar, la responsabilidad ecológica que haga de este mundo, que el Creador nos ha confiado, el hogar donde podamos vivir y de donde podamos vivir, no solo la actual generación, sino también las generaciones futuras”.

Cinco minas concesionadas por la Secretaria de Economía en la zona oriente del Istmo

ROSELIA CHACA, noticiasNet.mx

CHIMALAPAS Y ZANATEPEC: DOS MINAS

El río Ostuta nace en las faldas de la Sierra Atravesada en Los Chimalapas, en el Cerro Picacho Prieto, cerca de la Congregación de San Miguel Chimalapa conocido como La Cristalina, también denominado 5 de Noviembre. Este importante río desemboca en la Laguna Inferior, pasando por los municipios de Zanatepec, Reforma de Pineda, San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar.

De acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el 2013, las montañas de Los Chimalapas también dan vida a la cuenca de los ríos Espíritu Santo, Niltepec y Tapanetepec, que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto, que dan al Océano Pacífico, que a la vez nutren los sistemas lagunares que mantienen gran cantidad de especies de flora y fauna acuática.

“Los diversos ecosistemas de Los Chimalapas, operan como reguladores del clima, de una importante porción del sur y sureste del país, y son una de las principales fuentes de oxígeno para nuestra atmósfera, por su alta capacidad de fotosíntesis. Estos ecosistemas, estabilizan la precipitación pluvial a lo largo del año y mantienen la humedad de la atmósfera, evitando sequías prolongadas a lo largo del Istmo de Tehuantepec”, explica el informe oficial para demostrar la importancia de la zona selvática.

Precisamente en el territorio de La Cristalina en los límites con Chiapas, se ubica una de las minas de oro, cobre y plata que la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) de la Secretaría de Economía dio en concesión por 50 años a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, del 2008 a 2058. Este proyecto minero se denominó en los documentos oficiales de la administración de Felipe Calderón como “Lote Mar de Cobre” con una extensión de cinco mil 610 hectáreas de selvabaja caducifolia, subcaducifolia y selva mediana, registrado bajo el título número 231753 y expediente 062/09818.

De acuerdo a Roberto Gamboa, integrante de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), en el 2008 el gobierno federal entregó la concesión a la empresa Minera Cascabel, S.A. de C.V, luego ésta la traspasó a Minera Zalamera S.A. de C. V, nombre con las que aún aparece registrada en algunos archivos del gobierno federal, pero luego lo obtuvo la empresa canadiense.

En el actual portal del Servicio Geológico Mexicano (SGM) en el apartado “Datos Económicos y Proyectos Mineros en Oaxaca” no aparece el nombre de este lote.

El segundo proyecto minero está ubicado entre los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa y los Bienes Ejidales de Santo Domingo Zanatepec, en los límites de ambos municipios, en una zona en conflicto agrario.

De acuerdo a la DGRM se denomina “Lote Jackita” con título de concesión número 225472 en una extensión de explotación de mil 500 hectáreas a nombre de la empresa Minera Zalamera S. A. de C. V.

La concesión se otorgó en el 2011 y tiene una duración de 50 años, fenece en el 2061. Los minerales a explotar en esta zona son cobre, oro y plata. Las dos concesiones, están ubicadas en un sólo espacio geográfico, tal y como lo presenta la organización PIAP en un mapa que elaboró con fines informativos.

De acuerdo a las investigaciones de PIAP, estas dos concesiones: Mar de Cobre y Jackita, fueron entregados por Minera Zalamera a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, fusionándolos en uno solo que denomina “Santa Marta”, un proyecto que abarca una extensión de siete mil 310 hectáreas.

La empresa Minaurum es un explorador de oro y plata que se centra en la adquisición y desarrollo de depósitos de metales preciosos en México. La empresa tiene en México los proyectos: Adelita, Aurena, Capilla, vuelcos del Destino, El Pórfido, Santa Marta, Corazonada y Proyectos de Jackie.

La Coordinación General de Minería en un informe que presentó en el 2013 titulado “Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero” y que se mantiene sin alterar, da a conocer que la empresa Minaurum Gold Inc tiene en Oaxaca el proyecto “Santa Marta” en fase de exploración.

LOS ESTUDIOS

El 20 de diciembre del 2013, Minaurum Gold dio a conocer un acuerdo de unión con la empresa Lowell Cobre, en donde ésta puede adquirir una participación de hasta 70% en el proyecto, a cambio de la financiación de los gastos de trabajo y la entrega de un estudio de prefactibilidad.

El proyecto de Santa Marta, según el informe en inglés que se puede consultar en el portal electrónico de la empresa, detalla que Santa Marta es un proyecto de cobre y oro localizado en el sureste de Oaxaca, no da una ubicación exacta.

“La concesión cubre siete mil 310 hectáreas y se encuentra aproximadamente a dos horas por carro de Salina Cruz. La infraestructura es buena, con una carretera pavimentada, líneas eléctricas y agua cerca. Minaurum ha realizado geofísica aérea (VTEM), con un reconocimiento de muestreo corriente de sedimentos y de cartografía geológica”, explica.
También da a conocer que James Franklin, geólogo y miembro de la Royal Society de Canadá, experto en exploración e investigación en Súlfidos Masivos Vulcanogénicos (VMS), visitó el proyecto Santa Marta y revisó los afloramientos principales e información geológica y geoquímica recabada por Minaurum.

El propósito de su estudio fue evaluar la plausibilidad del proyecto, concluyendo que “Santa Marta parece tener todas las características clásicas de sistemas VMS altamente productivos. La presencia de mineral consta de dos partes: una zona mineralizada mayor con cobre diseminado que topa con una zona lateral de óxido de silicio ubicada junto a una mineralización masiva de sulfuro. La zona de óxido de silicio forma una cresta sobresaliente”.

“La mineralización es rica en cobre, con prevalencia de clorito, y tiene un excelente potencial de aplicarse a lo largo y en lo profundo. Los contenidos de silicio y hierro de la zona masiva de óxido son el resultado consecuente de la oxidación de minerales sulfúricos masivos.”

El informe alentó a los inversionistas a seguir con las exploraciones, esperando los permisos para entrar a realizar más trabajos en la zona.

ZANATEPEC Y TAPANATEPEC: TRES MINAS

Un poco más al sur de las dos primeras minas, en Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec se localizan tres lotes mineros que la Secretaría de Economía ya dio en concesión por 50 años a dos empresas Maya Minas y Minerales S. A. de C. V y Radius Gold – Geonorte, esta última es una amalgama de empresa canadiense y mexicana.

La empresa Maya Minas y Minerales S. A de C. V acapara dos de los tres lotes. El primero conocido como Maya Frac I con dos mil 311 hectáreas tiene oro, plata y cobre, el permiso se otorgó en el 2013 y la explotación concluye en el 2063 bajo el título número 241869.

El segundo está registrado con el título número 241870 y recibe el nombre de Maya Frac II con dos mil 445 hectáreas, también fue concesionado en el 2013 hasta el 2063. De estas dos concesiones, según el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, ninguna está ubicada en la zona invadida por Chiapas, dado que el punto denominado La Jineta, es el único punto aceptado por los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, pero sí se ubican en los límites de ambos estados, tanto que el lote Maya Frac I abarca 90 por ciento de territorio oaxaqueño y 10 por ciento chiapaneco.

El tercer lote se llama Tapanatepec 2 y es el que tiene mayor extensión: 17 mil 350 hectáreas, fue adquirido por Radius Gold – Geonorte, llevando como título el número 232208 , la concesión se logró en el 2008 y concluye en el 2058 con la explotación de oro, cobre y plata. Se encuentra ubicado en medio de los otros dos lotes de esta zona.

A estas tres zonas mineras la rodean las comunidades de Pascual Fuentes, Plan de Ayala, Ejido Zanatepec, Tapana, 10 de abril y Bella Vista. Los tres lotes tienen una extensión de 22 mil 106 hectáreas. Juntando las otras dos zonas mineras, la extensión concesionada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec por el gobierno federal de los cinco lotes a las tres empresas es de 29 mil hectáreas.

LOS DAÑOS

Leonel Estevan, tesorero de la Unidad de Manejo Forestal del Istmo Pacífico (Umafor), señaló que los pueblos que rodean las zonas mineras se enteraron de las concesiones otorgadas por el gobierno federal recientemente y desde el 2014 se han realizado reuniones de información con los Concejos de Bienes Comunales y Ejidales de los municipios de Zanatepec, Tapanatepec, San Miguel Chimalapa, Reforma de Pineda, Chahuites, Ixhuatán y San Francisco del Mar.

También se han incluido las cooperativas pesqueras de toda la zona, rechazando la explotación minera en los cinco puntos que abarca el corredor Chimalapas-Zanatepec-Tapanatepec, ya que los daños al medio ambiente serán irreversibles, afectando directamente a siete municipios de lado oaxaqueño y tres más de Chiapas: Citalapa, Arriaga y Tonalá. Los ríos que se dañarán serán: Ostuta, Novillero, Zanatepec y Tapanatepec.

Sergio Oceransky de la Fundación Yansa, consideró que el modelo extractivo a cielo abierto es muy dañino para el medio ambiente y el Estado mexicano sigue utilizando la misma estrategia de no consultar al pueblo para emprender un proyecto de explotación, tal y como lo hizo con los proyectos eólicos.

Roberto Gamboa de PIAP, detalló que los daños más severos son a la ecología con la destrucción de los bosques, la contaminación de los mantos friáticos, las cuencas de los ríos, los daños a la salud, ya que está comprobado que el 80 por ciento de la población cercana a estos proyectos tienen problemas respiratorios y de piel, el 20 por ciento tiene metales pesados en la sangre, como plomo y zinc.

También se perciben los daños en la ganadería y la pesca, el ganado también presenta metales pesado en la sangre y por consiguiente la leche que produce.

Por Ilse García, sinembargo.mx

En el país existen al menos 36 conflictos mineros, la mayoría relacionados con casos de contaminación, daño a las comunidades y despojos a los pobladores donde se ubican estas zonas generadoras de una riqueza; de todos estos casos, al menos 70 por ciento son de compañías extranjeras. Datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y de la propia Secretaría de Economía, destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son de empresas de capital canadiense, que ampliaron su presencia en México tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo con datos del sector, siete de las minas de oro más grandes en nuestro país, están concesionadas a las firmas canadienses Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.
Diversas mineras canadienses a menudo son objeto de conflictos, algunos incluso de gran trascendencia, como el caso del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Pero también hay mexicanas, como Grupo México, que han sido señaladas por ambientalistas y organizaciones internacionales por actuar con impunidad, situación que hasta ahora ha dejado contaminación, despojo y daños a la salud de miles de personas.

 

El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.

Miembros de organizaciones globales como Greenpeace, y las mexicanas Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), plantearon a SinEmbargo que en el país hay una visión generalizada de “pagar para contaminar” y no de prevención, puesto que en la mayoría de las concesiones que otorga el Estado, los estudios de impacto ambiental se realizan luego de firmarse los contratos y, en muchos casos, esos estudios son “débiles”.

 

Además, denunciaron esos organismos, imperan también las constantes violaciones a las comunidades indígenas y a sus sitios sagrados, la criminalización y el hostigamiento de los defensores de la tierra y del medio ambiente.

 

En México existen al menos 36 conflictos mineros en proceso, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que en su mayoría se relacionan con accidentes, como la explosión que se registró en 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 trabajadores perdieron la vida, y de los cuales 63 cuerpos aún no han sido rescatados. O como la defensa del pueblo Wixárika ante la devastación del territorio Sagrado Wirikuta, o el caso de La Sierrita en Durango, donde la empresa canadiense Excellon Resources ha violado los contratos que había signado, y los ejidatarios han tenido que enfrentarse no sólo a la minera sino a la complicidad de las autoridades mexicanas y el Gobierno canadiense.

 

Según las organizaciones, el Estado mexicano se ha dedicado durante los últimos años a darle a las empresas trasnacionales y nacionales del sector la garantía de que en el país “ellos van a poder hacer lo que quieran”, comprometiendo así el futuro de las comunidades indígenas y el derecho ambiental de todos los mexicanos.

 

LA PRODUCCIÓN MINERA

 

VER MAPA : Proyectos Mineros de Empresas con Capital Extranjero

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), el sector minero contribuye con el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Tan sólo en 2013, la inversión en este sector alcanzó un monto de 6 mil 575.8 millones de dólares, y para el año 2014 se estimó un total de 6 mil 175.5 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).

 

La SE reportó que México ocupó en 2013 el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, con un volumen de producción de 5 millones 821 mil toneladas, lo que representó el 26 por ciento de la productividad del mundo. La Nación ocupó también el segundo lugar en la producción de bismuto –un elemento químico para tratar los males estomacales–, con 824 mil toneladas; de fluorita, con un millón 210 mil toneladas, y de wollastonita –mineral que se utiliza en el sector de pinturas–, con 57 millones 302 mil toneladas.

 

Además se posicionó en el cuarto lugar en la producción mundial de cadmio, uno de los metales más tóxicos existentes, con un volumen de un millón 451 mil toneladas. De igual forma fue el cuarto productor de plomo, con 253 mil toneladas.

 

México fue también el octavo productor de oro a nivel mundial en 2013, al producir 118 mil toneladas del metal áureo.

 

En la República Mexicana al menos 25 estados registran producción minera. De ellos, Sonora fue la entidad con mayor participación a nivel nacional durante 2013, año en el que generó 66 millones 554 mil 248 pesos.

 

La dependencia federal destaca en sus informes que nuestro país es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo.

 

Esta industria ha registrado un considerable crecimiento durante los últimos dos sexenios. En 2014 se registraron al menos 902 proyectos mineros operados por 293 compañías de capital extranjero, 205 de origen canadiense.

 

El mayor número de concesiones mineras de empresas con capital extranjero se concentran en Sonora con 216, Chihuahua con 114, Durango con 98, Sinaloa con 93, Zacatecas con 69, Jalisco con 60, Guerrero con 37, Oaxaca con 34, Nayarit con 22, Michoacán con 23, Guanajuato con 19, San Luis Potosí con 17, Coahuila con 12, Baja California y Colima con 11 cada uno, Puebla con 10, el Estado de México con ocho, Chiapas con 7, Baja California Sur también con 7, Querétaro con 6, Hidalgo y Veracruz con 4 por cada entidad, Tamaulipas con 2 y Morelos con 3. Finalmente, el estado de Nuevo León registra un solo proyecto de exploración.

 

De acuerdo con el Sistema de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Economía, durante 2013 y 2014 se otorgaron más de 2 mil concesiones. Sin embargo, la dependencia federal no ofrece datos específicos de cuántos proyectos mineros se aprobaron durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, periodo en el que asegura organizaciones civiles, el territorio concesionado creció en un 53 por ciento.

 

Toda la información con respecto a la producción e inversión minera que ofrece la SE en su página oficial de la Internet está relacionada con empresas de capital extranjero, pero no reporta la participación de empresas de capital mexicano ni tampoco cuántas concesiones se les han otorgado.

 

LEGISLACIÓN LAXA

El director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada González, expone que en el país la legislación minera está enfocada principalmente en incentivar la inversión en este sector y, sin embargo, no existe un marco regulatorio que permita cuidar el medio ambiente, ni que proteja los derechos de las comunidades.

Mientras en otras partes del mundo las compañías tienen que cumplir con estándares muy altos para cuidar el impacto ambiental y las afectaciones a las comunidades por las actividades que realizan, en México hay ocasiones en que ni si quiera se llevan a cabo de manera previa los estudios necesarios para comenzar a explotar las tierras.

El coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC –una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales–, Juan Antonio López Cruz, sostiene que el Estado mexicano ha comprometido “la seguridad de las y los ejidatarios, así como la de las comunidades indígenas, en esta idea de poder abrir las puertas a la inversión extranjera”.

López Cruz expone que la corrupción que existe en nuestro país, es otro de los factores que permiten a las empresas pasar por encima de los derechos de los propietarios de la tierra, a quienes ponen en desventaja ante esos corporativos, debido a que las autoridades “ejercen sus funciones por ciertas cantidades de dinero”.

 

“La corrupción, la participación del Gobierno aceptando algún tipo de dádiva por parte de las empresas, eso es algo que afecta no sólo en el tema de la minería sino en el tema de muchas otras trasnacionales o grandes proyectos nacionales, en los cuales se permite que estas empresas puedan llegar a violentar los derechos de las y los propietarios de la tierra”, añade.

 

Una investigación de Greenpeace Internacional exhibió en varios países, entre ellos México, cómo las débiles legislaciones que existen han fallado en su objetivo de proteger la salud de las personas y sus comunidades, al tiempo que se promueve la negligencia en el cumplimiento y seguimiento del buen manejo del medio ambiente en la industria minera.

 

En el caso de México, explicó la organización, “las leyes sobre descarga de desechos son laxas y en la mayoría de los casos no son cumplidas por las industrias, quienes cuentan con la ayuda de la pasividad del Gobierno”.

La abogada ambiental Larisa de Orbe explicó a Greenpeace que en México las leyes se han vuelto cada vez más flexibles en los últimos años, un ejemplo es el haber excluido de la legislación local las manifestaciones de impacto ambiental y de riesgo que viven las poblaciones.

Por otra parte, el activista Raúl Estrada indica que durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se dieron una serie de cambios y decretos en la legislación minera, para que este tipo de empresas se pudieran instalar en el país con mayor rapidez y facilidad. Esa misma política, afirma, continúa en la administración de Enrique Peña Nieto, así como la entrega desmedida de concesiones.

Andrea Cerami, abogado del Cemda, asegura que un tema fundamental en la legislación minera debería ser “no tratar las cuestiones ambientales como las últimas. En México para poder hacer una minera la empresa generalmente solicita el permiso a la autoridad para poderlo hacer, y después se ocupa de los temas ambientales, como último”.

Destaca que por lo regular cuando las autoridades y las empresas abordan los temas ambientales, los proyectos ya están listos, e incluso ya se han dado todos los permisos.

 

LA COMPLICIDAD CANADIENSE

 

En México, de acuerdo con datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y de la propia SE, el 70 por ciento de los proyectos mineros pertenecen a empresas de capital canadiense, las cuales ampliaron su presencia en México luego de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

 

Según la Camimex, siete de las minas de oro más grandes en nuestro país, están concesionadas a las empresas canadienses Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.

 

Diversas firmas canadienses a menudo son objeto de conflictos. Algunos de gran trascendencia, como fue el caso del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Otra empresa de ese mismo país, First Majestic Silver, dueña del Proyecto La Luz, ubicado en la región de San Luis Potosí conocida como Wirikuta, ha sido objeto de reclamo. En noviembre de 2014, el Consejo Regional Wixárika exigió que la mina abandone la zona, luego de que IDM Mining INC, otra canadiense, ya había dejado el proyecto.

 

Mientras, en 2004, la minera Excellon Resources comenzó a explorar las tierras de la comunidad del ejido La Sierrita de Galeana, en el municipio de Tlahuililo en Durango, donde buscaba plata, plomo y zinc, fuera de los territorios establecidos en el contrato de arrendamiento con los ejidatarios de la zona.

 

En su acompañamiento a la comunidad de La Sierrita, la organización ProDESC ha detectado muchas irregularidades de las autoridades mexicanas, quienes incluso han llegado a “parecer representantes de las empresas”.

 

Estas actitudes, asegura la organización, son reiteradas en diferentes estados en donde operan minas y en donde hay una protesta legítima en contra de la instalación o en contra de las afectaciones que está haciendo una empresa.

 

Juan Antonio López expone que en el caso de Durango la participación de diferentes autoridades estatales y federales están en complicidad con la Embajada canadiense, ésta última señalada por presionar a las autoridades mexicanas “para que violentaran a las y los ejidatarios de La Sierrita”.

 

También dice que la participación del Gobierno mexicano y del canadiense ha llegado a niveles de violentar a los ejidos usando a la fuerza pública para desalojar a los habitantes que se han manifestado en contra de la mina.

 

Recuerda que la importancia de este caso radica en que la mayoría de las minas en México y en toda Latinoamérica son canadienses, y con ello está implícita la participación de su Gobierno, “que es el que presiona e influye dentro de nuestro Gobierno, para que se violente y se reprima a los ejidatarios que están protestando y defendiendo sus derechos en contra de una mina canadiense”.

 

En febrero pasado, las organizaciones Mining Watch Canada y United Steelworkers, presentaron el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense”, en el cual recordaron que se considera un aspecto normal de las actividades consulares de Canadá respaldar los interese de las empresas del mismo origen a nivel internacional.

 

Sin embargo, denunciaron, existen pruebas contundentes en el comportamiento de representantes canadienses en México que han intentado ayudar a la empresa Excellon Resources a evadir sus responsabilidad por violaciones al contrato pactado con el ejido en cuyas tierras opera la mina La Platosa en el estado de Durango.

Este conflicto es uno de los muchos en los que empresas mineras canadienses han estado involucradas en México. Incluso, a través de su análisis, estas asociaciones concluyeron que las misiones canadienses promueven y protegen los intereses de las empresas mineras originarias de ese país “a costa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas”.

 

En el caso de otra canadiense, Blackfire Exploration, en Chiapas, las organizaciones United Steelworkers, Fronteras Comunes y Alerta Minera Canadá alertaron en un informe basado en una solicitud de acceso a la información, que la representación de ese país posibilitó que se estableciera la mina presionando al estado de Chiapas, luego de que la firma encontró dificultades para instalarse.

 

En este conflicto, en el que perdió la vida el activista Mariano Abarca, la Embajada de Canadá en México se encargó de resolver los problemas de la firma en la entidad, ignorando las protestas de las comunidades e incluso hizo caso omiso de las amenazas a los activistas locales.

 

Abarca fue asesinado en 2013, posteriormente la mina fue clausurada por razones ambientales y se supo que la empresa había realizado pagos directos a la cuenta personal del Alcalde local para limitar las protestas, lo que en la actualidad es objeto de una investigación de la policía federal (RCMP) de Canadá.

 

Estos casos, alertan las organizaciones, representan un preocupante ejemplo del significado que el Gobierno de Canadá le puede estar dando a la “diplomacia económica” que figura como uno de los aspectos centrales de su Global Markets Action Plan (Plan de Acción sobre los Mercados Mundiales) dado a conocer en noviembre del 2013, que indica que la totalidad del cuerpo diplomático canadiense se mantendrá al servicio de los intereses privados, y de las maneras en que este enfoque podría posibilitar mayores abusos empresariales.

 

Finalmente, destaca el estudio, esas revelaciones “escasamente sorprenderán a muchos en Latinoamérica que ya estiman que las autoridades canadienses actúan con una notable parcialidad”.

 

UN EJEMPLO CLARO: LA SIERRITA

 

El 29 de agosto del 2012, en el estado de Durango, aproximadamente un centenar de elementos del Ejército Mexicano y de las policías federal y estatal utilizaron la fuerza para desmantelar un campamento pacífico enfrente de la mina La Platosa, propiedad de Excellon Resources. El ejido La Sierrita, una comunidad agrícola de 127 ejidatarios propietarios de los predios, exigía que la firma respetara el contrato de arrendamiento que ambas partes habían firmado en 2008, y que la empresa había violado.

 

Las protestas inciaron desde el 8 de julio de ese año y desde ese momento la firma decidió suspender las operaciones de la mina, debido a que los trabajadores se unieron a los pobladores en un gesto de solidaridad.

 

Juan Antonio López, abogado de ProDESC, detalla: “Presentamos una demanda de recisión de contrato, precisamente por incumplimientos a un contrato ya existente y por violaciones a los derechos de las y los ejidatarios”.

 

La demanda se presentó al mismo tiempo que la mina interpuso también una demanda de recisión. Actualmente se está llevando a cabo la etapa de pruebas, luego se dictará sentencia al caso y sea cual sea el resultado, implica la devolución de mil 100 hectáreas, que contempla el contrato.

 

En esos ejidos ya se llevó a cabo la etapa de exploración, explica el también activista, pues se detectaron obras de barrenos y hoyos por donde se iba diseñando la veta de plata. Por esto, en esos terrenos ya hay una afectación, como el compactamiento de tierra así como la contaminación por tiradero de aceite.

El litigante dice que se había mantenido un diálogo con la empresa para tratar el tema de cómo se iban a resarcir los daños causados en los terrenos, además de cómo se reivindicarían los derechos violados de los ejidatarios. Sin embargo, desde el año pasado esas negociaciones se rompieron y pese a que se ha intentado retomarlas, hasta el momento “la empresa no ha querido sentarse aún ha dialogar”.

 

“Las ejidatarias y los ejidatarios han apostado por el desarrollo de la región, tanto económico y la inversión, pero también por el respeto a sus derechos”, precisa.

 

Aunque actualmente, la gran parte de los ejidatarios están pidiendo que “se vaya la empresa, que se vaya la mina”, porque no ha producido, y además ha violentado a los habitantes de la comunidad.

 

¿Y LAS EMPRESAS MEXICANAS?

 

Pese a que la mayoría de las concesiones están en manos de empresas extranjeras, las firmas nacionales también se han visto involucradas en conflictos mineros, accidentes, y una gran contaminación del medio ambiente.

 

De acuerdo con la Camimex, el 30 por ciento de las concesiones en el país se encuentran en manos de firmas mexicanas. Entre ellas destacan Grupo México, de Germán Larrea; Industrias Peñoles, de Alberto Baillères González, y Frisco, que es propiedad de Carlos Slim Helú.

El accidente más importante, y que abrió las puertas a un sinnúmero de investigaciones al sector minero, fue el sucedido en la mina de carbón de Pasta de Conchos, de Grupo México, en Coahuila. La tragedia se registró el 19 de febrero de 2006 y ahí murieron un total de 65 mineros luego de una explosión provocada por una alta concentración de gas metano.

 

Los mineros fallecidos se encontraban trabajando a 490 metros y dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo. De acuerdo con los peritos, quedaron a 150 metros bajo tierra y únicamente se lograron extraer dos cuerpos de las 65 personas que murieron sepultadas. A nueve años del siniestro, las familias aún reclaman los cadáveres que permanecen en el fondo de la mina.

 

Uno de los desastres ecológicos más recientes del sector minero es el derrame, sucedido el pasado 7 de agosto, de 40 mil metros cúbicos de ácido súlfurico procedentes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora. De acuerdo con Greenpeace, es el peor desastre ambiental registrado en esa entidad y en el país. Ese derrame afectó a unas 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banamichi, Baviacora, Aconchi, Cananea, Ures y Hermosillo.

 

Sobre el tema, Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, plantea que “(en el caso de Sonora) esta minera no va a cerrar a pesar del daño causado, inclusive la compañía ha mostrado su interés particularmente en proyectos peligrosos como el fracking”.

 

En tanto, Raúl Estrada expone que el desarrollo del caso, sobre todo el tema de la reparación del daño, se ha manejado sin transparencia y no se sabe si se han llevado a cabo todas las medidas necesarias de saneamiento.

 

Además, en Sonora, las minas de Industrias Peñoles también se han visto involucradas en diferentes casos. Uno de los más recientes, es La Parreña, que ha sido señalada por contaminar un río y una presa en la entidad, la cual, según ejidatarios de la zona, vierte desechos tóxicos [sulfato de cobre] en el arroyo Milpillas en el municipio de Santa Cruz, ubicado a unos 15 kilómetros de la frontera entre México y Arizona.

A finales de abril, ex empleados de la mina Fresnillo PLC, del mismo consorcio y ubicada en Caborca, Sonora, denunciaron una serie de irregularidades en sus despidos, además sostuvieron haber sido objeto de acoso y amenazas por parte de esa compañía, luego de que exigieron al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, Sección 94, que hiciera una rendición de cuentas.

 

Los mineros acusaron que la empresa, al momento de despedirlos, los obligó a firmar una carta donde la deslindaban de cualquier accidente o enfermedad que hayan sufrido o contraído durante sus años en la mina.

 

Los ex trabajadores aseguran que durante los despidos, de hasta ahora al menos 30 empleados, se han registrado una serie de irregularidades tanto en la manera en que realizaron sus liquidaciones, como en la forma en que los corrieron, pues aseguran han sido amenazados e intimidados. Explicaron que la minera tampoco les dejó corroborar si sus liquidaciones eran las que marca la ley, puesto que los presionaron para que firmaran.

PAGAR PARA CONTAMINAR

En México, de acuerdo con datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y de la propia SE, el 70 por ciento de los proyectos mineros pertenecen a empresas de capital canadiense, las cuales ampliaron su presencia en México luego de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Cifras de la Camimex muestran que siete de las minas de oro más grandes en nuestro país están concesionadas a las empresas canadienses Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.

Además, diversas firmas canadienses a menudo son objeto de conflictos. Algunos de gran trascendencia, como fue el caso del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Finalmente, las organizaciones consultadas concluyeron que en México existe una política generalizada de que las empresas pueden pagar para contaminar. Alertan también, que si en México no se regula la actividad minera, se seguirá acumulando una descomposición del entorno ambiental, que aunado a los futuros proyectos que dará paso la Reforma Energética, como es el caso del fracking, se continuará con la destrucción del territorio nacional.

El activista de Greenpeace Raúl Estrada sostienen que en México “la visión que se tiene es de pagar y entonces ya resuelves el problema. El asunto de fondo aquí es que no deberíamos de permitir en el país que existiera este tipo de producción que daña a las personas, daña a las comunidades. […] Además de que produce una descomposición del entorno ambiental”.

En tanto, dice, “las minas subterráneas, generan una extracción de agua impresionante, miles de litros por segundo, y toda esa agua la utilizan para su laboreo, proceso que implica romper piedra y estar sacando minerales, esa agua sale de la mina ya contaminada, con altos grados de zinc, de plomo, y de otros minerales; [y a pesar de ello] la depositan directamente a la tierra sin un tratamiento adecuado, así como la sacan, así la depositan, y todos esos minerales se va acumulando en la parte superior de la tierra, lo cual la deja inservible para cualquier vegetal”.

Además de que el resto del agua contaminada se vuelve a filtrar sobre los mantos acuíferos, por lo que se tiene un ciclo de contaminación repetitivo que va afectando, aunado a las grandes cantidades de líquido que se desperdician.

Finalmente, el activista precisa que la mayoría de las comunidades que están en defensa de sus territorios no están en contra de las empresas, sino a favor del respeto, reconocimiento y reivindicación de los derechos humanos de los ejidatarios y comuneros.

“Esta defensa es porque se respeten sus derechos humanos, se da porque las empresas trasnacionales, del rubro que sea, no respetan los derechos”, asegura.

“Me da hasta un poco de miedo pensarlo […] las afectaciones por la minería y por la extracción de gas shale, así como las que se están dando por proyectos hidroeléctricos, todas estas afectaciones del territorio nacional […] son afectaciones con las que se está destruyendo el territorio nacional”, concluye.

Revista Sin Embargo

El pasado 7 de abril un comando entró a las instalaciones de la mina El Gallo 1, propiedad de la canadiense McEwen Mining, ubicada en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro.

Tras el atraco a McEwen Mining, empresas mineras denunciaron ante las autoridades federales que han sido objeto de amenazas y robos por parte de organizaciones del crimen organizado. Al respecto, Manelich Castilla Craviotto, Comisionado de la Gendarmería Nacional, ofreció todo su apoyo a la compañía canadiense McEwen Mining.

La inseguridad que ahora afecta al sector minero, antes había llegado a los habitantes aledaños a la región donde operan, incluso alcanzó a sus trabajadores cuando el pasado mes de marzo cuatro mineros fueron levantados por hombres armados y días después tres de ellos aparecieron en una fosa. Sin embargo, la industria minera no se pronunció al respecto, sino hasta ahora que sus finanzas se ven amenazadas.

En un intento por soslayar la inseguridad que se vive en el país, el martes pasado el Gobierno federal dialogó con representantes del sector minero para mejorar sus condiciones en materia de operación. Pero, ¿qué hay de las afectaciones que pobladores han denunciado en contra de las mineras por reclamar la violación a los derechos de sus tierras, al agua y a la consulta popular?, ¿qué hay de los 63 mineros atrapados en túneles de la mina Pasta de Conchos desde 2006? O, ¿dónde quedó la ayuda a los afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi?

Decenas de comunidades han denunciado una y otra vez ante las autoridades correspondientes a las minas por explorar territorios que consideran sagrados o que entran a las regiones sin los permisos ambientales violando con ello la ley.

Y se suman las afectaciones en materia de salud que viven los habitantes cuando el polvo que se deriva de las perforaciones al suelo llega hasta sus comunidades y les provoca alergias en la piel y enfermedades crónicas irreversibles.

Otro problema es el impacto ecológico. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han denunciado que algunas especies de animales ya no llegan a las zonas donde existen minas, o prevén la modificación de ecosistemas debido a la contaminación que generan las compañías.

Tan sólo en Guerrero, exponen, se han otorgado 300 concesiones a minas a cielo abierto que afectarán irreversiblemente el patrimonio ambiental y cultural.

Se llaman minas a cielo abierto a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno. Para su explotación, a veces, es necesario excavar, con medios mecánicos o con explosivos los terrenos que recubren o rodean el yacimiento.

El pasado 15 de abril, comunidades indígenas de Puebla y Colima interpusieron demandas de amparo contra las concesiones mineras entregadas por el Gobierno federal que contemplan sus tierras. Se trata de tres demandas de amparo presentadas por las comunidades de Zacualpan, en el municipio de Comala, en Colima; de Tecoltémic, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y del pueblo macehual altepetapianij de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, también en Puebla.

Las tres demandas de amparo ya fueron admitidas por el Poder Judicial de la Federación, que ordenó la suspensión de las respectivas concesiones.

Martín Hernández Alcántara, La Jornada de Oriente

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y el Consejo Tiyat Tlali, consideraron un triunfo nacional los amparos concedidos a habitantes de Tlatlauquitepec, Yahonáhuac, Cuetzalan e Ixtacamaxtitlán en contra de las concesiones mineras de Autlán y Almaden Minerals.

Representantes de esas organizaciones ofrecieron ayer por la mañana una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

En un boletín emitido por el Cencos, se informó que en las últimas semanas, pueblos de origen nahuat de los estados de Puebla y Colima interpusieron tres demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado Mexicano,  dado que la Secretaría de Economía expidió títulos de concesión minera que afectan sus territorios ancestrales.

El 17 de marzo el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado de Puebla, interpuso su amparo y fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla. El pueblo nahuat de la comunidad de Zacualpan, en Colima, hizo lo propio, ingresando su demanda el 24 de marzo, la cual fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Colima.

Este ciclo de amparos lo cerró la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, quién presentó su demanda el 7 de abril y admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Puebla.

Los tres juicios de amparo fueron admitidos por el Poder Judicial de la Federación, otorgando la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios. Esto es un hecho de suma importancia, pues significa que mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

Estas acciones se suman a las que han sido emprendidas con anterioridad por los pueblos wirrarika y el pueblo me´phaa, quienes también han interpuesto demandas para defender su territorio de la actividad minera.

“La relevancia de estas acciones jurídicas, reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, se advierte en el boletín.

Se añade que la minería es la industria que históricamente más ha impactado de manera significativa los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, dando como resultado la existencia de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos.

“Uno de sus efectos ha sido el despojo del territorio a los pueblos originarios de América Latina. En los últimos años, los avances tecnológicos han servido para desarrollar modelos de extracción mucho más agresivos, como la minería a cielo abierto, que elevan los efectos destructivos a niveles difíciles de imaginar”, se indicó.

Por ejemplo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería ha documentado lo ocurrido en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, presentándolo como un grave caso de lo que la minería puede ocasionar. Carrizalillo es una comunidad totalmente ocupada por la actividad minera, pues sus tierras han sido destruidas. Ellos han identificado particularmente a la compañía minera Goldcorp, la cual ocupa más de 85 por ciento del territorio del ejido y lo poco que todavía no ha sido destruido, está contaminado.

La Rema ha denunciado que los efectos a la salud de la población son terribles y han convertido a las enfermedades originadas por la minería en algo común. Según han señalado, muestreos realizados revelan que hasta 70 por ciento de la población presenta afectaciones, todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos casos, la familia entera está enferma. Por otro lado, han alertado respecto a que la actividad minera ha sido también un atrayente del crimen organizado. De acuerdo con la Rema, a ocho años del ingreso de Carrizalillo al progreso minero, su población vive un verdadero infierno, a tal grado que hace apenas una semana prácticamente la mitad de las familias han tenido que salir de su pueblo desplazadas por la violencia, los asesinatos y la extorsión del crimen organizado.

Experiencias como éstas han motivado a otros pueblos a emprender la lucha por mantener sus territorios libres de la actividad minera, continuando con la trayectoria de lucha que en los últimos cinco siglos les ha permitido mantener viva su identidad.

Video hecho en el marco de la Exposición “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple del INAH Morelos.

Realizado a partir de material grabado en las comunidades afectadas en Morelos y Guerrero y la recopilación de material creado por distintas personas a través del mundo, con el mismo objetivo: Informar a la gente acerca de los efectos de la Megaminería Tóxica en el Patrimonio Biocultural y hacer consciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa del territorio.

https://youtu.be/AXpM0SYH26k

Exposición muestra daños de la minería a tajo abierto
Revista Proceso. 10 de abril de 2015