¡Hasta nunca Infinito Gold! Si bien con mucho retraso, la minera Infinito Gold por fin se despide de Costa Rica

Vía Movimiento M4

Organizaciones de la sociedad civil reciben con satisfacción el anuncio que Infinito Gold desistirá de su tortuosa intención de construir una mina en Costa Rica a pesar de la clara oposición del pueblo costarricense y los repetidos fallos en su contra.

El 15 de julio, Infinito Gold anunció que la totalidad de su personal directivo y encargados han presentado la renuncia, y que su principal accionista y acreedor ya no está dispuesto a invertir en este proyecto agonizante que presentaba un déficit superior a los US$160 millones. Ronald Mannix, el ángel inversionista de Infinito Gold durante mucho tiempo, finalmente suspendió su apoyo luego de otorgar alrededor de US$70 millones en préstamos.

Durante alrededor de quince años, contra la voluntad del pueblo costarricense, esta empresa minera junior de Canadá buscó construir una mina aurífera a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica, próxima al río San Juan en la frontera con Nicaragua.

Según encuestas, un 80 por ciento de la población costarricense se oponía a la mina propuesta. En tres oportunidades entre el 2010 y el 2013, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica le denegó a Infinito la autorización para proceder con el proyecto Crucitas.

Luego de haber perdido sus concesiones mineras, Infinito Gold presentó una demanda en febrero del 2014 por US$94 millones contra el gobierno de Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa disputaba el rechazo legítimo de Costa Rica en relación a Crucitas, la mina aurífera a cielo abierto propuesta, bajo los términios del Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones Extranjeras firmada entre Canadá y Costa Rica en 1998. Los costos legales hasta el momento para el estado costariquense se han estimado en US$1,7 millones. Se carece de información clara en cuanto a la situación exacta de la demanda luego del cierre de Infinito Gold.

También hubo alegaciones de corrupción que enturbiaron la presencia de Infinito en Costa Rica. Si bien la investigación terminó suspendiéndose por falta de pruebas, el ex-Presidente Oscar Arias fue acusado de haberle otorgado indebidamente una licencia a Infinito Gold en el 2008 cuando ya había una moratoria a todo tipo de minería a gran escala en el país que databa desde 2002. Desde hace tiempo existe la duda sobre una supuesta donación de US $200,000 en el 2008 a la Fundación Arias proveniente de la Norlien Foundation, la cual pertenece a Ronald Mannix. El Fiscal General de Costa Rica, en sus intentos de llegar al fondo de estos interrogantes, indicó en su momento que el Ministerio de Justicia de Canadá no respondió a las preguntas claves para que el caso se pudiese iniciar. Infinito también fue acusada de interferir en una campaña electoral en Costa Rica, y en el 2010 le fue prohibido hacer referencia a las elecciones municipales en su publicidad.

La controvertida empresa también atacaba a quienes la criticaran. Con el pasar de los años, Infinito Gold llegó a presentar cinco demandas por difamación ante tribunales inferiores contra dos profesores universitarios, un abogado de un grupo ambientalista, y dos diputados. En todos los casos o se retiraron las acusaciones, o las demandas no tuvieron éxito.

La decisión de cerrar que por fin tomó Infinito Gold llega con años de retraso. De hecho, no se entiende cómo a alguien se le puede haber ocurrido darle empuje a este proyecto luego de que la ‘reconocida’ Placer Dome (que luego se fusionó con Barrick Gold) lo hubiese abandonado en mayo de 1998, ante la fuerte oposición popular. Presenciamos otra victoria del pueblo de Costa Rica que ha luchado con tenacidad durante mucho tiempo para mantener el país libre de minería aurífera a cielo abierto. Esperamos que esta vez sea de manera más permanente.

Las políticas y las protecciones que Canada ha ido promoviendo para protejer los intereses de las empresas mineras canadienses, sin embargo, siguen intactas, por lo cual nuestra lucha no se ha acabado. Por más de 20 años, Canadá ha buscado y negociado acuerdos comerciales que promueven y protejen los derechos de los inversionistas al costo de los derechos humanos, los derechos laborales y los estándares ambientales. A pesar de que las empresas extranjeras repetidamente han ganado demandas en contra de Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno canadiense ha aceptado pagar este precio alto para brindar la aparencia, por lo menos, de seguridad a las empresas canadienses que operan fuera del país. El comportamiento de empresas mineras canadienses tal como Infinito Gold es uno de los resultados de esta agenda. Canadá debería revocar, revisar o renegociar sus acuerdos comerciales y buscar un agenda hacia el exterior en base del respeto para los derechos humanos, colectivos, laborales y ambientales.

Mientras continuamos en esta lucha en contra de las protecciones injustas para las corporaciones, le expresamos nuestras felicitaciones al pueblo de Costa Rica, y saludamos “hasta nunca” a esta empresa minera canadiense vergonzosa, y sinvergüenza.

Firmado
-Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN) (Canada)
-Blue Planet Project (Canada)
-Center for Alternative Mining Development Policy (US)
-Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) (US)
-Comité pour les droits humains en Amérique Latine (CDHAL) (Québec)
-Common Frontiers (Canada)
-Council of Canadians
-Entrepobles/Entrepueblos/Herriarte/Entrepobos (Spain)
-Information Group on Latin America (IGLA) (Austria)
-Institute for Policy Studies, Global Economy Program (US)
-Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS) (Canada)
-Mining Injustice Solidarity Network (MISN) (Canada)
-Mining Justice Alliance (Canada)
-MiningWatch Canada
-SalvAide (Canada)
-Trade Justice Network (Canada)
-TPP Canada (Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense)

Notas relacionadas:

• Centro de pensamiento canadiense cuestiona demandas de empresas a estados; menciona caso contra Costa Rica
• La minera canadiense Infinito Gold tira la toalla en Costa Rica tras quince años de rechazo popular

Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas y Alfredo Ortega-Rubio
La Jornada Ecológica

Es un tema ampliamente conocido la megadiversidad biológica de nuestro país, lo cual implica además de un elevado número de especies, riqueza de endemismos y de ecosistemas, una gran variabilidad genética. Desafortunadamente, existen hasta hoy mil 371 especies amenazadas y en peligro de extinción, lo cual nos ubica entre los primeros lugares mundiales en este tema. Algo que debe preocupar, no solamente a las autoridades responsables de cuidar un patrimonio que pertenece a todos, sino también a la ciudadanía.

Respecto a la deforestación, hemos perdido el 27 por ciento de la superficie original de bosques, 42 de selvas y 39 por ciento de pastizales. La pérdida de cubierta vegetal implica, entre otros efectos, menor captación de agua para las regiones cuenca abajo, una mayor erosión, pérdida del suelo y la destrucción o fragmentación del hábitat de muchas especies de animales nativos y endémicos.

Ante estos desafíos y al igual que en otros países, el gobierno federal ha implementado la protección de zonas en función de su elevada biodiversidad, por los servicios ambientales que otorgan, y en general por sus condiciones de unicidad biológica, ecológica o escénica. El sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) es la forma institucionalizada de protección de la biodiversidad de mayor relevancia en el país, por lo que estos sitios gozan de mayor certeza jurídica.

Actualmente, alrededor de un 13 por ciento de la superficie nacional está destinada a las áreas naturales protegidas. Y aunque aún no existe un sistema integral y continuo de evaluación sobre su efectividad en conservación y manejo, en términos de evitar cambios en el uso de suelo se ha determinado que aproximadamente el 75 por ciento de las ANP mostró bajos porcentajes de transformación y de tasas de cambio en relación a sus entornos, lo cual es un indicador del buen estado conservación de estas áreas.

Sin embargo, las amenazas a la biodiversidad dentro y fuera del sistema ANP se han multiplicado e intensificado. Además del potencial incremento de la deforestación relacionada con crecimiento demográfico, existen a lo largo y ancho del territorio nacional numerosos proyectos de gran extensión en áreas rurales que generalmente no obedecen a los intereses de las comunidades locales. Entre los proyectos con mayor extensión territorial sobresalen las miles de concesiones mineras otorgadas por Secretaría de Economía en los últimos años.

Se realizó un análisis de la superposición que existe entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 (a la fecha ya son más de 27 mil) con las ANP federales. Se encontró que mil 609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las áreas naturales protegidas federales (63), sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas de ANP.

El 30 por ciento de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, mencionan que extraerán metales preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos. En contraste, el 9 por ciento de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita. Adicionalmente el 11 por ciento de los títulos mencionan que extraerán “toda sustancia posible”.

Las ANP con más altos porcentajes de traslapo de concesiones mineras fueron: Rayón, en Michoacán (100 por ciento); Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí (86 por ciento); El Chico, en Hidalgo (55 por ciento); Los Mármoles, en Hidalgo (52 por ciento); Sierra de Quila, en Jalisco (50 por ciento). Asimismo existen ocho más cuyos porcentajes van del 16 por ciento al 32 por ciento.

Las ANP de menor extensión mostraron en general porcentajes más altos de traslapo, lo cual podría involucrar una mayor vulnerabilidad al no tener espacios mínimos de supervivencia y recuperación en caso de aprobarse e iniciarse la extracción minera.

Respecto a las ANP de mayor extensión y con mayor traslapo, destacan las siguientes: las cuencas alimentadoras de los distritos nacionales de riego 004 (Coahuila) y 043 (Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas), Valle de los Cirios y El Vizcaíno, que juntas sumaron el 67 por ciento de superficie de las concesiones mineras en todas las ANP.

En estas cuatro ANP se esperaría una continua presión por parte de los titulares de concesiones, mayor dificultad en su protección en tanto que algunas de ellas no tienen programa de manejo (cuencas 004 y 043), o que los programas de manejo contemplan la permisividad ante la minería al no diferenciar entre sus tipos y escalas (Cirios y Vizcaíno).

La cuenca 004, así como otras ANP ubicadas en el noreste del país (Ocampo, Maderas del Carmen, cañón de Santa Elena, Cuatro Ciénegas) tienen un mayor número de concesiones sobre carbón, aunque también de minería metálica y flourita. Las ANP de la península de Yucatán, ría Lagartos, ría Celestún y Calakmul, tienen solamente concesiones sobre sal marina. En el resto de las ANP se encontraron principalmente concesiones sobre minería metálica.

Además de estas 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 km colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP.

La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en las ANP de Mariposa Monarca, sierra de Manantlán y El Triunfo, entre otras. En junio de 2014 se otorgó el permiso ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en la ANP sierra La Laguna, en Baja California Sur.

A la fecha, dicho proyecto se encuentra a la espera de obtener los permisos faltantes adicionales, pese al fuerte rechazo social que ha generado en los municipios de La Paz y Los Cabos. Esto se debe a que la sierra de La Laguna es la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen a estos municipios en el estado más árido de la república.

Otro caso también en Baja California Sur, es el ANP El Vizcaíno, donde recientemente inició operaciones el nuevo Boleo, una megamina de manganeso-cobalto-cobre-zinc que operará por dos décadas. Los impactos negativos previstos tendrán influencia directa en los habitantes del poblado Santa Rosalía, en la vida marina del golfo de California y en la propia área protegida.

Respecto al traslapo por la categoría de manejo, se encontró que existen concesiones mineras principalmente en las categorías de áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.

¿Qué tipo de efectos tienen los proyectos mineros de los que se habla? En México, la actividad minera se ha realizado durante siglos en pulsos de mayor o menor intensidad, bajo modelos socioeconómicos distintos, contribuyendo a la conformación de ciudades, culturas y economías regionales. En los últimos 25 años se ha presentado un nuevo pulso bajo un esquema socioeconómico muy distinto a los anteriores.

La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos a nivel regional (corto plazo) y elevados impactos ambientales en estas regiones (corto y largo plazo).

La minería metálica de antaño se hizo relativamente a baja escala sobre yacimientos muy ricos por lo que generaban menos desechos. Pese a ello, estas minas abandonadas continúan generando contaminantes. La minería metálica actual tiene la capacidad tecnológica de agotar yacimientos en el menor tiempo posible, a costa de remover enormes cantidades de roca para obtener el metal más escaso. Por eso mismo también la contaminación se genera en enormes cantidades.

La minería a pequeña y mediana escala tiene capacidad para remover cantidades menores a 2 mil toneladas de sedimento por día, mientras que la de gran escala es capaz de superar varias veces esta cantidad.

Los impactos ambientales de la megaminería metálica y la del carbón están documentados: contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, remoción de la cubierta vegetal y de grandes cantidades de escombros contaminantes, abatimiento de fuentes de agua, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, afectación a las actividades económicas locales y generación de entornos sociales de marginación y pobreza.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reporta para el 2011 que la minería metálica fue la industria más contaminante con el 46 por ciento de los desechos totales. Si se suman a ellos los arrojados por la industria de fundición y refinamiento de la minería metálica, el porcentaje se eleva hasta el 55 por ciento, contrastando con el 0.7 por ciento de los desechos que fueron tratados o remediados.

Uno de los efectos documentados de la minería metálica y la de carbón es el drenaje ácido (principalmente en zonas húmedas), el cual arrastra otros elementos en la solución, típicamente arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, aluminio, y zinc. El Servicio Forestal de Estados Unidos estima que entre 8 mil y 16 mil km de los ríos de ese país son objeto de drenaje ácido. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, establece que la minería ha contaminado el 40 por ciento de las cuencas hidrográficas de los estados del este.

En los últimos cuatro años han sido recurrentes las noticias de fallas en los contenedores en que se transportan y almacenan los insumos tóxicos requeridos para el procesamiento de la megaminería metálica. Es el caso del cianuro de sodio. Asimismo, ha sido recurrente el tema de los desastres ambientales ocasionados por las fallas en las presas de jales, sitios donde se almacenan los residuos tóxicos, incluyendo metales pesados, generados por este tipo de minería.

Por ejemplo, la misma empresa responsable de los desastres ambientales en los ríos Sonora, Bacanuchi y de tres ríos más en Taxco, Guerrero, ahora pretende instalar otra mina en el ANP valle de los Cirios y una más en el ANP Mariposa Monarca. La pretendida mina en el valle de los Cirios además tendría influencia en las ANP El Vizcaíno y el complejo lagunar Ojo de Liebre.

Si bien, el sistema de 176 ANP federales es representativo de parte de la riqueza y biodiversidad del país, aún faltan muchas regiones que requieren protección urgente. Existen otros espacios de gran relevancia para las especies y ecosistemas mexicanos que han sido delimitados por grupos de expertos, tales como los humedales, regiones terrestres, hidrológicas y marinas prioritarias y áreas de importancia para las aves. Muchas de estas zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad todavía no están representadas en el sistema ANP o lo hacen de manera parcial.

Además cabe mencionar que las ANP terrestres pueden tener una feliz coincidencia con áreas de recarga de mantos acuíferos. Pero salvo en algunos casos como lo es la declaratoria de las ANP sierra La Laguna en Baja California Sur y Cuatro Ciénegas en Coahuila; o con todo el curso del agua para la agricultura como las cuencas alimentadoras de los distritos de riego 001, 004, 026 y 043, usualmente son más bien los aspectos de biodiversidad, y no los hidrológicos, los que las definen.

En México, las regiones hidrológicas prioritarias de mayor concentración y extensión se localizan a lo largo de la sierra Madre Occidental y en las cuencas aluviales del norte del país, específicamente en las partes altas de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango y Jalisco. Sólo una parte de ellas se encuentran actualmente protegidas en ANP, por lo que además de su importancia para la biodiversidad, también debería ser prioritario su valor hídrico para la conservación, considerando la problemática nacional en el tema del agua.

En este sentido, es necesaria la participación de la sociedad civil en el cuidado de los sitios importantes para la biodiversidad y la seguridad hídrica, tanto los que están o no en el sistema ANP. De dos formas: estando atentos a las actividades de exploración que las empresas hacen previamente a la explotación, y a que no se emitan los permisos necesarios para la explotación bajo este tipo de esquemas no tradicionales y altamente contaminantes (permisos de uso de suelo, cambio de uso de suelo forestal a minero, renta de tierras a propietarios).

Por su parte, las autoridades a las que corresponde emitir los permisos necesarios para la instalación de minas en ANP están por ley obligadas a salvaguardar el bienestar y la integridad de las mismas, no emitiendo permisos a las empresas promoventes que pretendan hacer exploración y explotación bajo los esquemas mencionados. Permisos que son independientes de las concesiones que se otorgan y que son necesarios para su operación.

Cabe enfatizar que por todas estas razones acerca de la importancia estratégica de las ANP para las nuevas generaciones de mexicanos, y por los impactos documentados que produce la megaminería metálica, la legislación actual debe modificarse urgentemente para que dejen de otorgarse concesiones mineras en ANP. Además de que las concesiones vigentes sean revocadas.

MEXICO, 24 DE JULIO DE 2015

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA), MIEMBRO DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRATIVO MINERIO (M4), FELICITAMOS AL CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y EN CONTRA DE LA MINERÍA Y DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO, POR SU FIRME DECISIÓN DE DECLARAR SU TERRITORIO LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERAS.

SU TERRITORIO LIBERADO SE SUMA YA A LAS DECENAS DE COMUNIDADES, EJIDOS Y ORGANIZACIONES QUE EN MUCHOS PUNTOS DEL PAIS HAN DECLARADO SUS TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA.

HOY MÁS QUE NUNCA ES URGENTE BLINDAR LOS TERRITORIOS DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO, Y DEFENDER LOS RIOS, EL AGUA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VIDA PLENA DE LOS PUEBLOS.

LOS MIEMBROS DE LA REMA LES ENVIAMOS UN SALUDO FRATERNO Y SOLIDARIO EN ESTA LUCHA POR LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)
http://www.remamx.org/

Manifiesto de las comunidades de la montaña de Guerrero, libres de minería

Lucha mundial contra la megaminería tóxica

Revista Proceso

Con la dramática imagen del tajo a cielo abierto que la Minera San Xavier, filial en México de la empresa canadiense New Gold, causó en el poblado de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, se hizo la convocatoria al Día Mundial contra la Megaminería Tóxica en nuestro país.

Desgajado a fuerza de explosivos para extraerle, luego de un proceso de lixiviación con cianuro, lo que queda de oro y plata, el cerro devastado –ya sin la flora y fauna endémicas que lo distinguieron–, es ahora el marco del antiguo templo de San Pedro que data del siglo XVIII, ubicado en el centro del pueblo minero.

No es el único monumento histórico de Cerro de San Pedro que a lo largo de 10 años ha padecido los efectos de la explotación minera. Existe también, de la misma época, el templo de San Nicolás Tolentino y un conjunto de 400 monumentos construidos entre los siglos XVI y XIX, según un reporte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dado a conocer en el 2007.

Incluso, alguna vez se pensó en hacer de este lugar un espacio para el ecoturismo, con una declaratoria de zona de monumentos que ayudaría a proteger ese patrimonio, según se consignó en el semanario Proceso del 29 de abril de 2007. Pero al llegar la Minera San Xavier todo se derrumbó.

La historiadora Marta Terán dijo entonces que la solución al problema que representaba esa minera estaba en las instituciones culturales, el INAH y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que no tenían más que hacer respetar la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, promulgada en 1972:

“Cuando pienso que el maestro Sergio Vela, del Conaculta, puede apoyar a su director del INAH –entonces Alfonso de María y Campos– y levantar una iniciativa salvadora, la declaratoria para crear una zona de monumentos en el poblado de Cerro de San Pedro, rectificando el influyentismo de su antecesora –Sari Bermúdez–, me estremece imaginar unos monumentos sin poderse visitar a escasos metros de una contaminación de miedo”.

A ocho años de sus declaraciones, la imagen del cartel del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, convocado para el 22 de julio, le dan la razón.

Cerro de San Pedro no es el único sitio en el país afectado por la minería de tajo a cielo abierto y que, por el uso del cianuro en la separación de los metales del resto de los materiales de las montañas desgajadas, se considera también altamente devastadora y tóxica.

En abril pasado se exhibió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia la exposición “El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería. Un reto múltiple”, en la cual se dio cuenta de los estragos de este tipo de explotación de recursos naturales. La muestra informó también sobre los activistas sociales asesinados durante la lucha contra las mineras.

En un amplio reportaje en Proceso, del 13 de julio de 2013, el historiador Felipe Echenique March informó que las mineras aprovechan el caos institucional “que priva en el INAH” para lograr autorización de sus proyectos, con lo cual ponen en riesgo el patrimonio cultural de estados como Guerrero y Morelos.

La lucha contra la minería es mundial. Como parte del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, se organizó en Francia un festival para el 25 de julio, en el cual se espera la participación de grupos como Némésis, Fabric’à’tort y Sang Conteste, entre otros, además de conferencias y proyecciones.

A la protesta se suman organizaciones de España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Filipinas, Ecuador y Venezuela, con diversas actividades.

Aunque las compañías mineras continúan con su proliferación.

Por: Prensa Comunitaria. Guatemala

Hoy es un día de alegría pues los comunitarios de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

“Por tanto: Este juzgado, constituido en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) OTORGA la acción constitucional de amparo, promovida por VIDAL DIAZ MORALES Y MARIO DE JESUS CAMEY LLAMAS, quienes actúan en calidad de Alcalde Auxiliar de la Aldea Guapinol y de Alcalde Auxiliar Segundo de la Aldea El Carrizal, respectivamente, del Municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, en consecuencia: se restablece en si situación jurídica a los amparistas y en virtud de ello: a) se conmina el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, realice todas las actividades y acciones que estén acorde a sus funciones, para detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima y defender los intereses de las comunidades el Guapinol y El Carrizal. Este plazo corre a partir de que esté firme la presente sentencia.; b) Se ordena la suspensión de las actividades de construcción de la infraestructura del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, en tanto se resuelva la consulta de vecinos y se obtenga la autorización y aprobación del Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala. C) se ordena a la autoridad denunciada cumpla con el artículo 151 del código municipal, siguiendo el procedimiento que corresponda; II) CERTIFIQUESE lo conducente al ministerio publico, a efecto realice la investigación que procede, para establecer la comisión de los ilícitos penales, en virtud de acta numero 45-2011 del código municipal de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. “

Era caudaloso y a las orillas adornaban los árboles frutales, así era el río Santo Domingo hace 40 años, según relatan los habitantes más longevos de las riberas. “Hace 40 años cuando no había ninguna draga a la orilla del río, antes de que la gente cambiara el amor a la naturaleza por la ambición al dinero”.

Al 2015, la contaminación y la extracción de arena han provocado la pérdida de árboles como el Amate, Ceibas, Sauces, Tamarindos, Limoneros; y fauna como nutrias y anguilas.

Los concesionarios desvían el cauce del río para beneficiarse de la arena. Los habitantes denuncian corrupción por parte de funcionarios en Conagua y Profepa.

No basta con la extracción de arena, la empresa Pepsico deposita sus desechos en el río a un kilómetro de la bomba de Smapa que abastece de agua a Tuxtla Gutiérrez. Es la triste realidad del río Santo Domingo, ubicado a unos minutos de la capital del estado.

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ALDEAH

Tanto en el sur como en el norte, las empresas mineras saquean las tierras agrícolas y los bosques, contaminan y acaparan el agua, desplazan y expropian a poblaciones Tanto en el norte como en el sur, la rarefacción de los metales acelera su extracción. Por algunos gramos de metal, nuestros gobiernos sacrifican nuestros territorios en el altar del productivismo y de sus avatares. Con promesas de empleo, con un aumento del ingreso fiscal y algunas décimas de crecimiento económico, nos quieren convencer de aceptar esta demencia y de creer en las minas limpias y responsables, cuando bien sabemos que donde hay mina hay miseria y desolación. En todas partes de la tierra, somos cada vez más numerosos en haber decidido defender nuestros hogares y rechazar esta fatalidad.

En el marco del día auto-gestionado de lucha contra la megaminería, por la defensa de la vida y del agua (22 de julio), este año, como cada año, nos auto-convocamos para decir alto y fuerte:

NO a la minería que utiliza productos tóxicos como el cianuro y el ácido sulfúrico que contamina el agua potable y agrícola, el aire y los suelos afectando gravemente la salud de los habitantes aledaños,

NO a las megaminas que generan cada año centenas de millones de desechos tóxicos cuya contaminación perdura por siglos.

NO a las minas a cielo abierto que destruyen los ecosistemas, las zonas agrícolas, los bosques, los glaciares, que provocan patologías incurables, dejan atrás paisajes lunares y amenazan la soberanía alimentaria

NO, también a las minas subterráneas que hacen surgir de las entrañas de la tierra a los elementos radioactivos, tóxicos y cancerígenos,

NO a esta industria que mata, poco a poco y a grandes pasos a millares de campesinos expulsados de sus tierras, privados de agua o convertidos en mineros por obligación,

NO  a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión al infinito de las zonas de sacrificio

NO a la criminalización de la protesta y a la represión que se abate casi sistemáticamente sobre los que se atreven a decir NO,

NO a las mentiras de los magos de la aceptancia social que no se cansan en tratar de demostrar que los proyectos destructores pueden ser « limpios », « verdes » y « responsables »,

NO a la sed de ganancia, al productivismo a ultranza y al consumismo desaforado que nos hacen creer que no hay otra alternativa

NO A LA MEGAMINERÍA, AL EXTRACTIVISMO Y A SU MUNDO

! SI A LA VIDA !

! SI A LA AUTONOMÍA Y A LA ARMONÍA !

! Decidamos nuestro futuro y el de nuestros hijos !

Solidarios con todas las luchas, invitamos a la población a movilizarse en sus territorios amenazados por los proyectos mineros y también llamamos a todos aquéllos que se sienten comprometidos y solidarios con las víctimas de la minería, aquí y en todas partes. Durante las dos últimas semanas de julio manifestemos, informemos, organicemos la resistencia. Juntémonos con las movilizaciones organizadas cerca de nuestros lugares. Festivales, mítines, acciones simbólicas, grandes o pequeñas, con 5, 100, 1000 o 100 000, delante de los centros de poder o las embajadas de los países de origen de las empresas responsables de nuestros males, en los lugares amenazados o testigos de la destrucción, en la web, en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, por todos los medios ahí donde podamos, marquemos nuestra oposición a esta industria mortífera.

! Porque podemos vivir sin megaminería ! Porque no existe la fatalidad !

Este llamado no responde a ninguna bandera política. Las movilizaciones son auto-gestionadas en su totalidad. En el 2014, más de 25 movimientos de resistencia en 20 países distintos participaron en el día mundial.

Detalle de los eventos, informaciones y más: http://www.aldeah.org/es/22-de-julio-2015-dia-mundial-contra-la-megamineria

Daño precoz

Radio Mundo Real

“Hemos visto cómo los daños han ido en aumento, como es el caso del Valle de Siria en Honduras a partir de diez años de la instalación del proyecto; en cambio en México ya los efectos comenzaron a percibirse desde el quinto año”, dijo Esperanza.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del M4 y se elaboró una nueva estrategia regional del periodo 2016-2019.

Esperanza destacó el creciente número de territorios libres de minería en varios países, lo cual se evaluó es una táctica efectiva para el mojonamiento de las resistencias.

Esperanza fue entrevistada por el equipo de comunicación del M4 y Radio Temblor de Panamá, presentes en el cónclave. “Es falso pensar que porque sea el Estado o el gobierno quien va a explotar una mina, los perjuicios para las comunidades pueden ser menores”, dijo la activista mexicana, integrante de Bios Iguana.

Escucha la entrevista con Esperanza Salazar

Por medio de la presente, las comunidades, luchas y organizaciones que formamos parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA), queremos hacerle saber que:

Primero.- Que estamos enterados del clima de hostigamiento que ha venido generando la empresa Deselec-Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla después de que el pasado 14 de junio, constituidas en Asamblea, las comunidades de San Felipe Tepatlán rechazaran el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 sobre las aguas del Rio Ajajalpan.

Segundo.- Que Silvia Villaseñor, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario “IMDEC” son parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) y que todos quienes somos la REMA nos tomamos seriamente la seguridad y el prestigio de nuestros compañeros y nuestras organizaciones.

En este sentido, desde la REMA hacemos un fuerte llamado al gobierno del Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus facultades, haga valer el estado de derecho y garantice, al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte y la seguridad e integridad física de quienes acompañanan estos procesos populares de toma de decisiones, particularmente la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡FUERA COMEXHIDRO DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA!

PRONUNCIAMIENTO IMDEC

Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1    

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la sierra Norte de Puebla.

En este tenor el medio electrónico e-consulta publicó la siguiente nota de prensa que contiene información imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC formamos parte.

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se está llevando acabo ya en las comunidades.

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando en la Sierra Norte de Puebla.

Por todo lo anterior:

1.    Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región.

2.    Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en defensa del territorio.

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

SE REÚNEN EN EL SALVADOR ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO M4

Con el propósito de analizar la situación de la minería en Meso-América, activistas de grupos ambientales, sociales y de derechos humanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Canadá, se reunieron del 27 al 29 de junio en el local de CESTA Ecocentro Animas ubicado en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 y se elaboró una nueva estrategia regional que servirá para el periodo 2016-2019.

Uno de los temas que más ha generado discusión a nivel internacional, por la voracidad económica de la empresa minera, es el caso de la demanda presentada por la empresa canadiense Pacific Rim, ahora comprada por Oceana Gold de Australia, contra el gobierno salvadoreño, exigiendo el pago de US$301 millones por supuestas ganancias que ha dejado de percibir, ya que el gobierno salvadoreño no le ha concedido el permiso de explotación del oro en Cabañas.

La empresa Pacific Rim tenía el permiso para realizar la exploración del oro y plata en Cabañas, pero no tenía el permiso para la explotación de los metales y la empresa alega que si tenía un permiso significa que debería tener el otro, pero eso es contrario a lo que establece la ley salvadoreña. A pesar de esto la empresa Pacific Rim presentó la demanda en el tribunal del CIADI del Banco Mundial y se está esperando la resolución en el futuro cercano. Es importante mencionar que el CIADI es un organismo formado por personas vinculadas a las corporaciones transnacionales, por lo que en sus resoluciones buscan favorecer a las empresas y no toman en consideración ningún impacto de carácter social o ambiental.

La empresa minera Oceana Gold ha incrementado su presencia en los últimos meses en Cabañas, de hecho ha establecido una fundación que realiza una serie de actividades para ganarse la voluntad de las personas, una de las instancias preferidas por la minera son los centros educativos donde suministran una serie de artículos escolares para generarse una buena imagen con maestros y estudiantes. Estos maquillajes empresariales han sido denunciados repetidamente por el Comité Ambiental de Cabañas CAC, Amigos de San Isidro Cabañas ASIC y CESTA Amigos de la Tierra.

En El Salvador innumerables organizaciones sociales, ambientales y religiosas han hecho el llamado a la formulación de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el país, de hecho hay propuestas que llevan más de 10 años en la Asamblea Legislativa, pero los diputados y diputadas de los partidos de derecha como ARENA, se niegan a aprobarla, a pesar del generalizado rechazo de la población a los proyectos mineros. Estas y otras realidades fueron discutidas profundamente en la reunión del M4 en El Salvador para establecer estrategias para revertir este proceso.

En el 2013 en una reunión en San Isidro Cabañas con el entonces candidato a la Presidencia, Profesor Salvador Sánchez Cerén y que contó con más de 2500 miembros de las diferentes organizaciones del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, el ahora Presidente manifestó que no permitiría la minería metálica durante su administración y hasta ahora la promesa se ha cumplido pero se necesita una ley que pueda garantizar la prohibición en futuros gobiernos.

En el último día de presencia de las organizaciones del M4 en el país, el lunes 29, los delegados se desplazaron a San Isidro Cabañas para conmemorar el sexto aniversario del asesinato de Marcelo Rivera, que fue un anterior Presidente de ASIC y activista contra la minería. El evento tuvo lugar en la plaza pública de dicho municipio donde se expondrán los graves impactos que ocasiona la minería en los territorios.

Movimiento M4

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

    “Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

    “Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina,  y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.