Ane Garay Zarraga (OMAL, 2014)

Con la colaboración de: Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio – CEICOM
Diseño gráfico y Maquetación: Marra Servicios Publicitarios

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El sector de la minería metálica experimenta un momento de expansión en Centroamérica. Este auge se inscribe dentro de un proceso mundial, mucho más amplio, que tiene como protagonista una creciente demanda de recursos naturales no renovables en los países del centro, como también en las economías brasileña, india, china y rusa. Dicho incremento sostenido ha provocado una tendencia al alza de los precios de los mismos, que proporcionan altas tasas de rentabilidad a las empresas transnacionales que los explotan, lo que está atrayendo grandes flujos de inversión hacia territorios ricos en agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, madera, etc. (CEPAL, 2013).

Además del aumento en la demanda, otro de los factores que influye en los precios de estas materias son las finanzas. Los bancos son los principales especuladores en los mercados financieros de materias primas y, entre ellos, se puede encontrar a BNP Paribas, Morgan Stanley y Crédit Suisse, entre otros [1]. Los países de América Latina, cuya historia económica está estrechamente ligada al modelo extractivista, ven así cómo se consolida en sus territorios la agroindustria y se mantiene la actividad tradicional de minería y explotación de hidrocarburos. La investigadora argentina Maristella Svampa (2013: 31), con gran lucidez, ha denominado a este momento el “Consenso de los commodities”:

«Si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales sin mayor valor agregado. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos “Consenso de los Commodities” subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.»

En América Latina, “la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)” (Svampa, 2013: 31). Este modelo económico orientado hacia la explotación y exportación de materias primas a gran escala es hoy acogido y promovido no sólo por los gobiernos latinoamericanos más alineados con el neoliberalismo, sino también por gobiernos que son calificados como “progresistas” en la región, es el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil. En algunos de estos estados se están impulsando políticas de nacionalización de los recursos naturales con el objetivo de explotarlos y así generar ingresos públicos que permitan implementar programas sociales. Es lo que algunos autores y autoras han denominado como el modelo de desarrollo “neoextractivista”.

Como advierte Svampa, el extractivismo tiene una serie de graves consecuencias para las sociedades latinoamericanas. Entre ellas, serios impactos económicos, sociales, ambientales, políticos y culturales, de índole local, nacional y regional. En respuesta, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones sociales protagonizan hoy una resistencia enérgica contra los proyectos extractivos en toda la región. En Centroamérica, donde los territorios son pequeños y los impactos, a menudo, transfronterizos, se están produciendo procesos de movilización coordinada entre colectivos y comunidades de varios países. Cuestionan el modelo extractivista y defienden una Centroamérica sin minería. Su lucha es, como titula el documental de la organización guatemalteca La Ceiba, un enfrentamiento por “El oro o la vida” [2].

Notas

[1] Toussaint, E. “La banca especula con materias primas y alimentos”, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, 18 de marzo de 2013.

[2] “El oro o la vida. ReColonización y Resistencia en Centro América” es un documental de 2011 realizado por Caracol producciones, con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional y CEIBA-AT, que expone los impactos de la mina Marlin en el departamento de San Marcos en Guatemala y la resistencia de las comunidades, decididas a frenar el proyecto.

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ATACADOS MIEMBROS DE LA REMA DE ZACUALPAN

24 de Agosto de 2014

Miembros del Consejo Indígena Nahua en Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fueron atacados este 24 de agosto sin que la policía presente interviniera, por un grupo de priístas simpatizantes y familiares del depuesto ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, en el balneario “Ojo de Agua”, del cual se ha descubierto que mantenían una red de corrupción y robo de recursos de la comunidad muy cuantiosos.

Por ello su interés en recuperar los intereses perdidos de un ex comisariado corrupto y que sistemáticamente violó la ley agraria, amenazó, intimidó y defraudó los bienes comunales y los recursos del estado, con el respaldo, apoyo, solapamiento, asesoría, conocimiento y beneplácito de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, del Presidente Municipal, del gobernador del estado,  la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ministerio Público, entre otras dependencias.

La REMA vuelve a reiterar que esta violencia es también causada y solapada por el gobierno del estado y municipal, con el apoyo de las autoridades y dependencias ya señaladas. Ya se han registrado intimidaciones, chantajes, represión, amenazas de muerte por el abogado de la Procuraduría Agraria, violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, violaciones a la ley agraria incluso de la misma Procuraduría Agraria, entre otras. Todo ello denunciado ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ante la opìnión pública nacional e internacional. Por ello la REMA alertó sobre la escalada de violencia que solapa y encubre el gobierno a los sistemáticos agresores que han perdido sus intereses personales con la deposición del ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán. Esto es una prueba más de la escalada de violencia.

Esta agresión merece una demanda penal. El estado de indefensión de los pueblos indígenas agredidos en sus derechos y físicamente, incluso por parte del estado de Colima, alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección del estado y más aún, la complicidad del estado en la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La REMA exigimos castigo a los responsables de la agresión.

  RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

www.remamx.org

MOVIMIENTO M4

vía Movimiento M4

En los últimos diez años ha sido notable el crecimiento exponencial de conflictos socioambientales en todo el territorio mexicano por la disputa en torno al acceso, control y gestión de los bienes comunes naturales, pero también por los efectos negativos de la extracción, producción, circulación, consumo y desecho la riqueza social convertida en mercancía en el marco de la acumulación del capital.

Se trata de un nuevo giro en la extracción de bienes naturales renovables y no renovables, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura carretera, portuaria y enclaves turísticos. A lo que debemos sumar, el impulso de un nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales.

Esta reconfiguración ha sido impulsada por las políticas del capital privado y la participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través de un amplio abanico de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de las comunidades, represión, criminalización, militarización y hasta contrainsurgencia, para garantizar a cualquier costo la apertura de nuevos espacios de explotación y mercantilización. Desde está lógica podemos comprender las detenciones de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Morelos-Tlaxcala contra el Proyecto Integral Morelos, que incluye el despojo de las tierras de decenas de comunidades para la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto. O el caso del comunero Marco Antonio Suástegui del emblemático Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), reconocido por la férrea resistencia campesina que logró durante once años bloquear dicho proyecto hidroeléctrico. Un común denominador de todas estas aprehensiones es la opacidad e irregularidades en el debido proceso legal.

Así, y a partir de la revisión de múltiples conflictos socioambientales en México, vemos que las estrategias de dominación del Estado y capital operan sobre la base de por lo menos cuatro aspectos que buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del despojo:

• Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y desechados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.
• Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es la mayoría de las veces una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos. Lo cierto es que profundizan las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o desmantelan la cohesión, el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de desposesión y expulsión que orilla a la migración y búsqueda de oportunidades, principalmente en las ciudades.
• Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.
• Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas.

No obstante, pese a las condiciones tan asimétricas a las que se enfrentan las comunidades, se han logrado acuerpar decenas de resistencias en todo el territorio mexicano. La investigadora María Fernanda Paz (2012), ha publicado que hasta 2011 se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, distribuidos en 21 estados del país. Si bien, no todos los procesos de resistencia registrados han logrado la plena defensa de sus territorios, lo cierto es que muchos de ellos han sido capaces de obstaculizar momentáneamente el despojo, mediante el retraso o directa paralización de la implementación de los megaproyectos.

Sin lugar a dudas, ante la creciente intensificación de la violencia para la extracción de recursos naturales con las reformas anunciadas y recientemente aprobadas, como dice la feminista Silvia Federici estas experiencias se vuelven fundamentales, “pues son luchas que ponen un freno, un alto al avance de las relaciones capitalistas. Si estas luchas se pierden, todos enfrentaremos un futuro todavía más duro”.

Y es que en definitiva, La supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, que puede seguir y potencialmente estar en manos de sujetos comunitarios a partir de formas de autoregulación social que incorporen entre sus principios, frenos y controles que eviten la sobreexplotación, degradación o agotamiento de los recursos. Una cuestión central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta.

Fuentes consultadas:
NAVARRO, Mina Lorena/ Linsalata, Lucia, “Crisis y reproducción social: claves para repensar lo común. Entrevista a Silvia Federici”, realizada junto con Lucía Linsalata, Revista OSAL, No. 35, Buenos Aires, 2014. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140506032000/OSAL35.pdf

PAZ, María Fernanda, “Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México”, en: Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Guadalajara, 2012. http://www.publicaciones.iteso.mx/libro.php?id=221

*Doctora en Sociología y Profesora-investigadora del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Alfonso Vélez Pliego’ de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha acompañado procesos organizativos orientados a la defensa del territorio en México. Activista e integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa. mina.navarro.t@gmail.com

Fuente: La Jornada de Oriente

MOVIMIENTO M4

Hoy nuevamente nos hemos reunido mujeres y hombres de los pueblos hermanos de Guatemala, Honduras y México para discutir y analizar los graves daños y consecuencias a la salud y al ambiente ocasionado por la minería en nuestros territorios.

Denunciamos que la empresa minera GoldCorp es un cáncer irreparable que se ha instalado en nuestros territorios mesoamericanos tal como sucede ya en San Miguel Ixtahuacan Guatemala, Valle de Siria Honduras y Carrizalillo, Guerrero, México, en donde para ocultar su verdadera identidad y evadir responsabilidades, utiliza nombres diferentes para cada proyecto.

Tanto en San Miguel Ixtahuacan como en Valle de Siria y Carrizalillo, Guerrero la voracidad de esta empresa ha provocado daños irreversibles en la salud de la población como enfermedades de la piel, en los ojos, pelo, uñas y los pulmones. Problemas sociales como la división comunitaria, la prostitución, alcoholismo. Existen testimonios de cómo se ha incrementado la muerte de bebés a causa de abortos y partos prematuros, al igual que el aumento de los nacimientos con deformaciones de diferentes características.

Se ha generado suficiente información y análisis científico que incluye laboratorios de universidades de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica sobre la contaminación de las aguas vinculadas a la operación de la mina Marlin, sin embargo el gobierno ha hecho caso omiso para atender esta problemática, a la vez que ni siquiera implementa las medidas cautelares promovidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Exigimos rendición de cuentas a las empresas mineras, en este caso a GoldCorp porque la falsedad de su Responsabilidad Social Corporativa está cimentada en el despojo del territorio de los pueblos, se basa en la contaminación y el agotamiento de los bienes naturales, se apuntala en el fomento de la división comunitaria, la intimidación y cooptación como estrategias centrales para implantar sus proyectos. Otro modelo de desarrollo es posible.

¡FUERA LAS MINERAS CON SU FALSO DESARROLLO
Y PROGRESO DE GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO Y MESOAMÉRICA!

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡DE PANAMÁ A CANADÁ LA MINERÍA NO VA!

Fuente: Radio Progreso, desde Honduras

La minería es riqueza. Sin embargo, su explotación está estructurada para que esa riqueza se vaya fuera del país. Es fuente de corrupción y beneficios para funcionarios y políticos locales, al tiempo que es generadora de desastres ecológicos, ambientales y una amenaza creciente para la vida de las comunidades. La explotación minera y los proyectos hidroeléctricos van unidos por el mismo modelo extractivo, depredador, consumista y contaminador y concentrador de bienes y recursos. Es una explotación basada en la lógica del consumo infinito sobre un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.

La industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico que requiere cada vez de muy poca mano de obra y de menos tiempo para la explotación de una mina, dejando como secuelas un acelerado desastre ambiental y destruidas las formas comunitarias tradicionales de vida. Una comunidad tocada por la explotación minera nunca volverá a ser la misma, sus tejidos culturales quedan rotos, y la explotación minera conlleva, promueve e incentiva la división y la corrupción.

En la industria minera existen sin duda dos cosmovisiones, es decir, dos maneras de ver y de relacionarse con el mundo. Una primera manera es la que mira la naturaleza y la tierra como una madre, como fuente vida y don sagrado para pueblos y comunidades. Las comunidades indígenas dan testimonio que “la tierra es nuestra madre y las mineras la tienen destrozada, le han partido el corazón y eso es un atentado contra Dios”. Una segunda manera de ver la naturaleza es la de los mineros y empresarios extractivistas. Las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocios, dinero, crecimiento, desarrollo, bienestar económico. Todo hay que convertirlo en capital.

La industria minera extractiva, íntimamente unida a los proyectos hidroeléctricos contaminantes, es tan criminal que está provocando un fenómeno creciente de resistencia de comunidades muy articuladas con organizaciones ambientalistas y populares. Como contrapartida, las mineras en alianza con empresarios nacionales y autoridades públicas, amenazan, persiguen, secuestran y asesinan a dirigencias y comunidades.

Las compañías mineras se confabulan con los diputados para aprobar figuras jurídicas con el propósito de criminalizar las luchas de resistencia contra la explotación minera y las concesiones de agua. También han articulado alianzas con comunicadores para controlar la información, desfigurar las luchas y presentar la industria extractiva y contaminante como “bondadosa” para las comunidades, el Estado y la sociedad.

Las comunidades y organizaciones ambientales se apoyan en medios de comunicación alternativos y en las redes sociales, sin alcanzar todavía capacidad para contrarrestar el cerco mediático. Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización. Ellas tienen bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en dinero. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias que buscan ser fieles al Evangelio, no tenemos ningún otro camino que articularnos en una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales.

La tragedia de los mineros en el Corpus no es única, es la expresión de la trágica realidad de la minería, y hemos de articularnos y movilizarnos porque la Vida es un Don de Dios y lo hemos de defender en pie de testimonio, desde la lucha organizada, popular, pacífica y no-violenta. Hoy estamos a tiempo, mañana será demasiado tarde.

Por Isaín Mandujano, chiapasparalelo.com

A casi 50 años de operación y depredación del área natural protegida del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, por fin este miércoles el gobierno estatal y federal, declararon clausurada la empresa Cales y Morteros del Grijalva SA de CV, propiedad del Grupo San Roke, del empresario veracruzano de ascendencia española, Domingo Muguira Revuelta.

Tras afectar de forma irreversible unas 23 hectáreas de superficie del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, un atractivo turístico internacional de Chiapas ubicado entre la capital del estado y Chiapa de Corzo, en la Carretera Panamericana Km 1096, Ribera de Cahuaré, este día varias dependencias federales del sector ambiental estatal y federal dieron a conocer el cierre e la empresa que dejó daños a la salud a sus habitantes y que por varios años reclamaban su salida.

La Secretaría de Medio Ambiente Natural e Historia (SEMANH), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dieron a conocer las acciones legales contra la empresa que producía cales para su venta en todo el estado de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Además de dedicarse a la industria del café de exportación, el Grupo San Roke fundó en Chiapas Cales y Morteros del Grijalva, considerada la segunda fábrica de cal más grande del sureste -con proyecto de crear una más en Villa Flores, Chiapas. Además es propietario del Hotel City Express en la capital chiapaneca, así como El Molino de la Alborada en San Cristóbal de las Casas, en donde pretende desarrollar un campo de golf y un fraccionamiento sobre 45 hectáreas.

El poder económico de Muguira Revuelta ligado a los hombres del sistema político mexicano priísta, había impedido que la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, pero este miércoles 23, los titulares y delegados de estas dependencias federales dieron a conocer que le han sido cancelado todos los permisos a la empresa para extraer material pétreo, caliche, y que ya no puede procesar tampoco en su planta.

Carlos Morales Vázquez de la SEMANH, Amado Ríos Valdez de la Semarnat, Joaquín Zebadúa de la Conanp y Jorge Constantino Kanter de la Profepa, dieron a conocer que se le canceló el permiso para seguir extrayendo material pétreo y se le inició un proceso por la contaminación ambiental al emitir partículas que dañaban a la salud de los habitantes en sus alrededores.

La empresa sólo era posesionario del predio, ubicado dentro del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, la escritura que presentó como de su posible propiedad no ha sido certificada. Además el último registro ante las dependencias federales para seguir operando data de 1996.

La empresa dejó una oquedad en unas 23 hectáreas que desde el aire contrastan con la belleza natural del Cañón del Sumidero. De hecho, derivado de las explosiones para extraer material pétreo, la pared derecha del Cañón del Sumidero sufrió agrietamientos, según un estudio del Instituto de Geofísica de la UNAM.

En esa pared del Cañón del Sumidero se observa que han caído lajas o registrado desprendimientos de piedras de forma paulatina en los últimos años.

Los habitantes de las colonias en sus alrededores desde hace más de una década habían demandado el cierre de la empresa que por tráfico de influencia al más alto nivel de su propietario permanecía intocable.

En la conferencia de prensa señalaron que la empresa deberá retirar desmantelar su maquinaria de procesamiento de material pétreo y cerrar definitivamente para que no dañe más el medio ambiente y tampoco la salud de los chiapanecos.

Joaquín Zebadúa de la CONANP dio a conocer que existe una denuncia penal ante la PGR en contra de la empresa por despojo y daños, por lo que seguirá su proceso legal en la que las partes harán lo que le corresponde.

EL MODELO EXTRACTIVO MINERO VULNERA LA DIGNIDAD HUMANA

 La reforma energética profundizará las injusticias socioambientales

La REMA continuará desplegando acciones colectivas contra la minería

 22 de junio del 2014

En todo el mundo, el actual «modelo extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable. Los daños asociados a ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición. Debido a su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en nuestro país.

Pese a todo, la reforma energética impulsada por el gobierno federal y validada -desde el PACTO POR MÉXICO– por las principales fuerzas políticas de la República, perfeccionará un modelo de desarrollo que -frente a la satisfacción de necesidades- continúa apostando por la reproducción, acumulación y centralización del capital profundizando con ello las injusticias socioambientales, las violaciones a los derechos de los pueblos en los terrotorios de extracción y los desequilibrios de poder realmente existentes en una sociedad que -al operar bajo el principo de que tener el poder es tener la razón- coloca a cada vez más personas en una situación de vulnerabilidad obstaculizando su acceso a las condiciones de vida que hacen posible la dignidad.

Por ello, en el contexto del DÍA MUNDIAL CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, las comunidades, luchas y organizaciones que conformamos la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) ratificamos nuestro compromiso con la defensa del territorio a través de diveras estrategias orientadas a impedir la instalación de obras y/o proyectos contrarios a nuestros intereses y a construir autonomías locales que favorezcan la satisfacción de nuestras necesidades vitales. La intensa actividad que nuestros grupos han desplegado en los últimos meses dan cuenta de ello. A continuación recojemos algunas de las acciones más significativas:

En el área Educativa,
·         La organización Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México, editó el manual LA MINA NOS EXTERMINA que supone un conjunto de herramientas a disposición de los afectados o potenciales afectados por la minería para “detener este Modelo Extractivista y construir otros mundos posibles”.
Manual http://otrosmundoschiapas.org/materiales/2013/11/la-mina-nos-extermina-manual/

·         En la misma línea, la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), viene trabajando una GUÍA PARA LAS RESISTENCIAS dirigida a quienes “están o pretenden estar en procesos para la defensa y resistencia en contra de las empresas mineras de capital nacional o extranjero”.

En cuanto a la Articulación y Organización,
·         En febrero pasado el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en coordinación con la organización Bios Iguana, realizó en la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima el FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERÍA.

·         Igualmente, el Consejo Tiyat Tlali organizó en el mes de marzo en Zautla, Puebla el ENCUENTRO DE PUEBLOS EN RESISTENCIA CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO, al que asistieron más de 500 personas provenientes de todos los rincones del país y del extranjero.

·         Como desde el 2012, mantenemos una estrecha colaboración con organizaciones y luchas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canada a través del MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4).

En la Prevención,
Hemos iniciado un intenso proceso con el objetivo de blindar territorios de cualquier actividad minera al generar DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA. En este proceso dos casos destacan:

·         Los acuerdos logrados por la Asamblea de Bienes Comunales de Zacualpan, Municipio de Comala en Colima por el que MANIFIESTAN SU OPOSICIÓN Y RECHAZO A QUE EN SU COMUNIDAD SE LLEVEN A CABO TRABAJOS DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MINAS PARA EXTRAER CUALQUIER MINERAL, EN EL PRESENTE COMO EN EL FUTURO. Esta decisión comunitaria ha sido ratificada en sentencia firme por el Tribunal Unitario Agrario de Distrito N° 38 en la que consta que “el cuidado de su entorno, costumbres, tradiciones y medio ambiente es más valioso que la contraprestación económica que pudieran recibir”. Este acto es inédito porque por primera vez en la historia de este país un Tribunal jurisdiccional reconoce un Territorio como Libre de Minería.

·         La generación de un acta de colectiva firmada ante Notario Público por 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán por la que DECLARAN SUS TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS

En lo Jurídico,
·         La Comunidad San Miguel del Progreso, Mpio. de Malinaltepec, Región Montaña, Guerrero, acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” interpuso una demanda de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión minera en su territorio indígena, contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. En la acción legal se solicitó que se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El 12 de febrero de 2014 fue notificada una sentencia histórica: el Juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

·         En el mismo sentido, las organizaciones Colectivo de Abogados y Acción Colectiva Socioambiental están actualmente coordinando cinco procesos semejantes en diferentes Estados de la República.

Por todo lo anterior, vale insistir en que la REMA actúa fundamentalmente inspirada por la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos. Esta convicción, indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no quede subordinada a las respectivas autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos ha hecho posible que, en una época en la que muchos referentes sociales de validez colectiva se ven constreñidos para articular medios y fines, las luchas y organizaciones de la REMA continúen impulsando –no sin dificultades- una política encaminada a transformar la realidad.

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!

¡DE CANADA A PANAMA LA MINERÍA NO VA!

www.remamx.org

Las industrias extractivas se constituyen bajo la premisa de que es posible la generación de riqueza a expensas de la destrucción -en muchos casos irreversible- de una parte del medioambiente. Es por lo tanto una fuente de conflictos cuya resolución definitiva pasa por replantear la lógica desde donde las partes observan la situación-problema.

 

Recientemente, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos lanzó un estudio llamado Conflict translates enviromental and social risk into business costs, donde a través de entrevistas a profesionales de distintas áreas que trabajan en esta industria se analizan 50 proyectos mineros de envergadura (17 de ellos localizados en Latinoamérica) en los que se presentaron conflictos con las poblaciones locales. El objetivo del estudio es comprender el alcance que estas situaciones tienen sobre la capacidad de operación y los costos de las empresas.

Según el informe elaborado por Lorena R. Schrott del Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en relación al mencionado estudio, se destaca que:

Si bien en el contexto de una situación crítica existen mecanismos y oportunidades propicios para el diálogo, se observa una creciente tendencia a enfocar las estrategias de lucha en el empleo de la acción directa, lo que conlleva a una escalada en violencia de los conflictos: en el 48% de los casos se produjeron heridos; en el 42%, muertes; y en el 34%, daños o destrucción de infraestructura, debiendo suspenderse o abandonarse, entre 2001-2012, el 30% de los proyectos.

Schrott nos hace notar también que “uno de los principales hallazgos que surge es que la suspensión o abandono prematuro de los proyectos se materializa cuando las empresas se encuentran determinando su factibilidad, o bien durante la fase de construcción, caracterizada por la experimentación de dramáticas transformaciones ambientales al tiempo que se produce un gran flujo de trabajadores temporarios.”

Las etapas iniciales constituyen el período de mayor vulnerabilidad para los proyectos, debido a que es en torno a esos puntos decisivos que las comunidades planifican sus campañas y actúan con expectativa de éxito, encontrándose en posición de ejercer a su favor una influencia gravitante que puede llevar a la decisión de suspender o abandonar un determinado proyecto.

Por último, la pormenorizada revisión de los casos permite apreciar que, ante un eventual escenario conflictivo, las empresas deberán contemplar la asignación de cuantiosos recursos financieros para estar en condiciones de hacer frente a contingencias como retardos de naturaleza logística, la pérdida de productividad asociada a las pausas operacionales voluntarias o impuestas, y la repercusión negativa en el estado moral, físico y psíquico de su personal.

Y es que cuando de cifras se trata las empresas mineras resienten los efectos del conflicto. Un ejemplo paradigmático es -según cuenta el estudio- el del consorcio Newmont-Minas Buenaventura. Durante 2010, a causa de un conflicto con una comunidad adyacente, este consorcio perdió cerca de 750 millones de dólares como consecuencia de un retraso de 9 meses en el proceso de construcción del proyecto Minas Conga en Perú. Esto equivale a aprox. 2,7 millones de dólares por cada día/calendario que se dejó de operar. El documento cita también otros ejemplos de menor magnitud pero igual efecto descalabrante.

Otras típicas fuentes de pérdidas relacionadas a conflictos son:

• Los costos de oportunidad, que se generan a partir de la imposibilidad de avanzar en las metas propuestas y/o aprovechar ocasiones para expansión, reinversión o venta.
• Los costos administrativos. Normalmente se pasa por alto el costo que se produce al requerirse una dedicación adicional de tiempo por parte de directivos, consultores y personal ejecutivo en general al dedicar mayor atención al conflicto.
• El incremento en el precio de los seguros y los créditos.

En resumen, las empresas mineras que ignoren o no interpreten adecuadamente el impacto que su actividad podría causar al ambiente y las comunidades, corren serio riesgo de ver sus proyectos suspendidos o descartados antes incluso de comenzar a operar, y sin por ello evitar enormes pérdidas económicas que atentan contra su supervivencia, y que -de haber sido invertidas en innovación para mejorar la calidad y limpieza de sus operaciones- bien podrían haber evitado el conflicto en primer lugar.

Sin dudas la minería practicada de manera convencional pone en peligro no solamente la sostenibilidad de los ecosistemas donde opera (y las comunidades que los habitan) sino que también arriesga su propia sostenibilidad como negocio.

Sin embargo, la extracción de recursos naturales con fines económicos es un hecho que no va a cambiar en el corto o mediano plazo. La minería seguirá siendo fundamental para el desarrollo de todos los países del mundo. Latinoamérica continuará basando gran parte de su economía de las próximas décadas en esta industria. Nuestras sociedades se construyen en base a la extracción y transformación de los recursos naturales en tecnológicas que nos permiten sobrevivir, ser saludables y prosperar.

Urge entonces plantearnos un cambio substancial tanto de prácticas como de los marcos regulatorios. Urge hacer de las industrias extractivas una actividad económica que vaya más allá de la responsabilidad social corporativa; que sea un modelo ético de creación de riqueza basado en la dignidad humana, la inclusión económica y el cuidado de los recursos naturales.

Vía Movimiento M4