México: Por intereses de empresas mineras la “división de la CRAC”, acusan

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

por Sergio Ferrer. Kaos en la Red

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria lanzó un llamado de alerta a las comunidades adheridas a su sistema de justicia comunitario y a organizaciones fraternas para que “no se confundan, participen en nuestras asambleas y se percaten por su propia cuenta de lo que está ocurriendo en territorio comunitario”.

A través de un comunicado, la CRAC asegura que las declaraciones a la prensa hechas por los ex consejeros Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, a quienes llama principales artífices y promotores de la división, tienen de fondo promover la confrontación y desconfianza para que las empresas mineras a través de ellos puedan implantarse en el territorio con mayor facilidad.

En cuanto al oficio girado a estos dirigentes, la coordinadora señala que les enviaron una invitación para participar en reunión de consejeros y coordinadores el 19, lo cual rechazaron, para analizar posibles alternativas para solucionar el conflicto generado en los pueblos “pero con su inasistencia confirman su incapacidad para construir acuerdos… demostrando su ánimo de abonar al conflicto”.

En el texto emitido por el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y en el que aparecen los nombres de las cuatro casas de justicia, la CRAC asegura que no permitirá que haya división en las comunidades porque “es única y mantiene su proyecto original e histórico de construir un sistema integral que atienda las necesidades de los pueblos y comunidades, no solamente en los ámbitos de la seguridad, la justicia y la reeducación, sino también se han comenzado a construir otras instancias organizativas como la Comisión de Salud, la Comisión de Comunicación Comunitaria, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Educación y otras”, remarcan.

En otra parte del texto destacan como máxima autoridad del sistema comunitario a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias tras lo cual indican que no han reconocido otra casa de justicia más que las cuatro existentes en: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso por lo que la instancia creada por el grupo encabezado por Plácido Valerio y Cruz Rosas no representa al sistema comunitario.

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

El comunicado afirma que “intentaron montarse en el proceso de formación de la CRAC en Ayutla pero no lo lograron por lo que conformaron sus grupos de autodefensa, intentaron apoderarse de los cargos de coordinadores y comandantes en San Luis Acatlán y no lo lograron por lo que ahora intentan formar una nueva instancia adjudicándose “ con soberbia el cargo de fundadores del sistema comunitario, cuando el merito es de los pueblos y de muchos compañeros que con humildad siguen abonando a este proceso organizativo único e irrepetible”, concluyen.

Extractivismo, un debate necesario en América Latina

Por Leandro Morgenfeld, IADE

La primera década del siglo XXI generó un boom de la economía latinoamericana, basado en parte en la alta demanda y precios de las commodities. ¿Qué peligros sociales y ambientales tiene el esquema basado en las exportaciones agro-mineras? ¿Es posible otra utilización de los bienes comunes de la naturaleza? Los dilemas de la región.

América Latina, en los últimos años, tuvo un crecimiento económico sorprendente, sostenido por la alta demanda y precios de la soja, petróleo y bienes minerales. En la última década, proliferó el modelo extractivista, que se basa en la apropiación de cuantiosos volúmenes de bienes naturales, generalmente bajo prácticas intensivas, que en su mayor parte se exportan como materias primas (minería, agricultura, actividad forestal e hidrocarburífera).

Los países de la región están recreando, en un nuevo contexto mundial, un modelo agro-minero exportador. Este avance del extractivismo produce consecuencias negativas, debido al uso generalizado de agrotóxicos, desmontes, desalojos de comunidades rurales, contaminación, concentración de tierras y represión contra quienes resisten esas políticas. Las principales beneficiadas son las grandes corporaciones, en detrimento de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores y la población en general, que sufre y sufrirá los nefastos efectos ecológicos. Pero también le sacaron provecho, indirectamente, los Estados latinoamericanos, que captan una parte (minúscula generalmente) de esas rentas, pudiendo equilibrar sus cuentas fiscales y, en algunos casos, ampliando el gasto social. Esto último plantea un dilema fundamental para algunos gobiernos de la región.

Esta inserción económica internacional latinoamericana de los primeros años del siglo XXI (que permitió lograr balanzas comerciales positivas y superavit fiscal) se dio en un contexto mundial de aumento de la demanda de bienes comunes de la naturaleza, especialmente por haberse transformado China en una importadora creciente de materias primas.

No es casual que África y América Latina se hayan transformado en dos áreas fundamentales de disputa entre las históricas potencias imperiales y China, succionadora de bienes minerales y agropecuarios en estos dos continentes. La necesidad de alimentar a millones de personas que se incorporan cada año como consumidores al sistema capitalista y el creciente consumo energético de bienes hidrocarburíferos y minerales no renovables impulsó en la última década un aumento inédito de los precios y demanda de los mismos, impactando en la inserción económica internacional de los países latinoamericanos. Parece haber un ciclo en el que se invirtió la histórica tendencia al “deterioro de los términos de intercambio”.

Esta orientación -el denominado “consenso de las commodities”- no se circunscribe a los gobiernos neoliberales de la región, ni a los países tradicionalmente mineros (Chile, Perú, Bolivia). Brasil, por ejemplo, es hoy el principal productor y exportador de bienes minerales. Según el especialista Eduardo Gudynas, en ese país se extrajeron 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011. El resto de los países sudamericanos, en total, sumaron 147 millones de toneladas. En el caso de Argentina, según el periodista Darío Aranda, el monocultivo de soja pasó en la última década de 12 a casi 20 millones de hectáreas (del 38% al 56% de la superficie cultivada). En el caso de la minería, hace 10 años había 40 proyectos y hoy existen 600. Corporaciones transnacionales, con la Barrick Gold a la cabeza, hacen grandes negocios en el país.

Además de haberse demostrado que la idea del “desacople” (la ilusión de que América Latina podía evitar las consecuencias de la crisis económica global) era errada, el modelo extractivista plantea un debate importantísimo: ¿Es sostenible desde el punto de vista social este modelo agro-minero exportador? ¿Y desde el punto de vista ambiental?

Para algunos, el tema ambiental es secundario, y la especialización en la producción y exportaciones de commodities es lo que permitió a los gobiernos progresistas de la región recuperar la influencia del Estado y ampliar las políticas sociales. Entre quienes sí advierten sobre las consecuencias nefastas, existen dos grandes grupos. El primero, integrado por los activistas que apuestan a un capitalismo verde, es decir plantean que es necesario incrementar las regulaciones y controles en función de un modelo extractivo sustentable. El segundo, compuesto por quienes advierten que la destrucción (consumo sin reposición) exponencial de minerales y bienes agropecuarios llevará en pocas décadas a una crisis sistémica y civilizatoria. La salida, esgrimen, tiene que ver con el ecosocialismo, es decir con una perspectiva que denuncie el carácter irreconciliable del capitalismo con la preservación de un equilibrio ecológico. Sostienen la necesidad de construir otro tipo de sociedad -que no se base en la explotación del hombre por el hombre- y otro patrón de producción-consumo que no aniquile los bienes comunes de la tierra en el mediano plazo.

Esta última posición se entronca con las luchas y los planteos de diversos movimientos sociales latinoamericanos (como los que se produjeron la semana pasada, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto) que denuncian la minería a cielo abierto, la sojización, la desforestación, la expropiación de pequeños campesinos y pueblos originarios, vinculando ambas luchas, social y ambiental, en una perspectiva anti-imperialista y anti-capitalista. Advertir los peligros de la profundización de la “acumulación por desposesión” -concepto de David Harvey- es un paso fundamental para construir una estrategia de resistencia frente a la ofensiva del gran capital para apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza.

Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada

Envío de Carta a:
-Enrique Peña Nieto, Presidente de México
-Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la CNDH
-Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación
-Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
-Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco
-Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO

Por este medio solicito que el Consorcio Minero Peña Colorada detenga las amenazas de desalojo contra los pobladores de Los Potros, comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, en territorio en disputa entre Colima-Jalisco.

Hemos sido informados que el día 21 de junio a las 9:00 horas, fueron citados en las oficinas del Consorcio “Benito Juárez Peña Colorada” S.A. de C.V., en el Poblado Peña Colorada, Municipio de Colima, José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, de la comunidad de Los Potros, Municipio de Cuautitlán, Jalisco para hacerles la oferta de entregarles $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos a cada uno) para que definitivamente abandonen sus terrenos con una longitud de 42 hectáreas, y la empresa pueda hacer uso de un total de 801 hectáreas que le fueron concesionadas ilegalmente por el comisariado ejidal de Ayotitlán, sin consultar a la comunidad indígena, como de “ocupación temporal” para vertedero de residuos tóxicos producto de la extracción minera. De negarse a aceptar esta hoy, les sentenciaron “comenzaremos a llevar material de desecho y descargarlo en sus terrenos”.

José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo, quienes forman parte de la organización Frente Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (FREMMAR), fueron también denunciados hace unas semanas ante el ministerio público de Cuautitlán, por el comisariado ejidal de Ayotitlán, conformado por los CC. Ambrosio Isaac Chávez, Hermenegildo de los Santos José y Beatos Chávez Rosales, por despojo y daños (en sus propios terrenos), esto por negarse a dejar sus tierras y por la defensa que han hecho de su territorio ante diferentes empresas mineras en la región, así mismo por denunciar al Consorcio “Benito Juárez” Peña Colorada ante distintas instancias ambientales (PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA) tanto de Colima como de Jalisco, por la contaminación del río Marabasco con desechos tóxicos producto de la extracción minera.

Ante esta situación de urgencia exigimos:

1.- La intervención de autoridades estatales y federales para que se garantice la integridad física, psicológica y moral, así como la seguridad de los CC José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, para que puedan seguir viviendo y trabajando en sus terrenos como lo han hecho toda su vida.
2.- Cese el hostigamiento por parte de la empresa minera “Benito Juárez, Peña Colorada S.A. de C.V. a la comunidad indígena nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco y se respeten sus derechos humanos y constitucionales.
3.- Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicte inmediatamente las Medidas Cautelares solicitadas por Bios Iguana A.C., enviadas por correo certificado y recibidos con fecha 17 de Junio del presente para la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco.
4.- Que se garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
5.- Exigimos que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de estos acontecimientos de hostigamiento e intimidación, haciendo públicos los resultados de dicha investigación y que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
6.- Responsabilizamos a las autoridades federales y al gobierno de los Estados de Colima y Jalisco de cualquier agresión física o psicológica que puedan sufrir los pobladores de Los Potros de la comunidad indígena de Ayotitlán.

Atentamente,

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO

Las entrañas de México, saqueadas por las mineras

Por Arturo Rodríguez García, revista Proceso

El oro y la plata significan riqueza… pero sólo para unos cuantos empresarios mineros, no para México ni mucho menos para las comunidades de indios y campesinos a quienes se despoja impunemente. Desde 1993 la ley lo permite. Pero esta ley privilegia la extracción de minerales al costo de envenenar la tierra que podría haber servido para la agricultura y la ganadería. La voracidad de las compañías dedicadas a la minería –que no pagan regalías y apenas unas migajas de impuestos– pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y lleva la tensión social al límite.

La política minera asumida desde hace dos décadas por el Estado mexicano amenaza con provocar una confrontación social, un grave problema alimentario y, por sus proporciones, volverse un asunto de seguridad nacional.

Para dar continuidad a esa política, los cambios hechos a la Ley Minera en la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril –aunque el tema no estaba en agenda, la bancada del PRI lo metió de última hora– y que aún deben pasar por el Senado, no tomaron en cuenta a los pueblos indígenas ni al sector agrario, son inconstitucionales en tanto violan tratados internacionales, contravienen el Pacto por México y desdeñan una iniciativa que se estaba integrando en su Consejo Rector.

Esas son las conclusiones del titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, quien en los últimos meses ha podido constatar los estragos de las operaciones mineras en todo el país: Despojo y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, empobrecimiento de las poblaciones donde la producción mineral es boyante y destrucción, en muchos casos irremediable, del ambiente.

Todo ello, agrega, ha sido facilitado por leyes laxas, actores políticos con intereses en el sector y un saqueo indiscriminado de recursos minerales por parte de empresas que pagan muy pocos impuestos y no dejan regalías.

Según el funcionario el riesgo de confrontación social es grave y en diferentes zonas del país ya se observan los reclamos de indígenas y campesinos afectados, mientras los consorcios mineros aumentan sus ganancias sin dar nada a cambio.

De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.

Según cifras de Martínez Veloz, durante todo el periodo colonial se extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 de plata; de 2000 a 2010 en México se extrajeron 420 toneladas de oro y 35 mil de plata.

El funcionario sostiene que México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen.

“La cuestión es que si la minería produce empleos, propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades indígenas de las zonas mineras son las más pobres? El ejemplo es la Sierra Tarahumara”, plantea.

Señala que con la reforma, que impone 5% de pago por uso de suelo, se aprobó una ley que reduce un fenómeno complejo, con numerosas variables ambientales, sociales, políticas y jurídicas, a un asunto de un monto muy reducido de impuestos.

“Creo que hay muchos elementos para que pueda ser cuestionada en la Corte –opina Martínez Veloz–. Pero aquí la cuestión es: ¿Cuál es la prisa de aprobar una iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas de México en un asunto tan delicado que puede generar confrontaciones de carácter social en diferentes partes del país?”

Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, la entrega de la riqueza del subsuelo a las empresas deja números alarmantes: De los aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad (unos 98 millones de hectáreas) se concesionaron a compañías mineras.

De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el comisionado y que están en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2011 México tuvo una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas. Ese es el último año reportado y también el de mayor siembra desde 1981.

Los mismos datos, actualizados a junio de 2012, establecen que la superficie agrícola y ganadera en México es de aproximadamente 106 millones de hectáreas.

En opinión de Martínez Veloz, si se considera que el resto del territorio nacional es no productivo, el contraste de la superficie agrícola con la minera es de alarmar: Quedan 7 millones de hectáreas para la producción alimentaria. De ahí que el comisionado prefiera dimensionar el problema en los siguientes términos: “No se ha concesionado la mitad del país sino casi la totalidad de la superficie productiva de México”.

A partir de 1993, cuando la minería se convirtió en actividad primaria, los números reflejaron un incremento gradual del territorio concesionado.

De 1993 a 2000 la superficie concesionada sumó más de 38 millones de hectáreas. Durante los 12 años de gobiernos panistas se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas, de las cuales más de 30 millones fueron repartidas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Los señores Zedillo, Fox y especialmente Calderón tendrían que dar una explicación sobre la forma en que condujeron el sector y el grave daño que hicieron al país”, dice Martínez Veloz.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1905, ya en circulación)

LA CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES EN MEXICO A LAS COMPAÑIAS MINERAS TRASNACIONALES

Entre las trasnacionales mineras que operan en Mexico, se encuentran en primer lugar las canadienses por el numero de concesiones y las grandes extenciones de tierra sobre las que han obtenido concesiones para exploración y explotación de minerales a cielo abierto, como el oro y la plata  Entre ellas están la BLACK FIRE, con 200,000 Hs.,la RADIUS GOLD con 103,000 Hs.,la LINEAR GOLD con casi 200,000 Hs.,CODELCO con 122,000Hs., ZALAMERA con 246,000 Hs., FIRST MAJESTIC, NEW GOLD, Cam Sim MINAS.

La SEMARNAT dará su dictamen el día 2 de Junio, así que no tenemos mucho tiempo!!!

Haz clic aquí para leer más acerca de ello y para firmar: AQUÍ

Minera de Slim en montañas de Chiapas

El hombre más adinerado del mundo a través de una de sus empresas, concesionó la mitad del territorio de Solosuchiapa Chiapas, sacaría oro, plata y plomo. Los permisos funcionaran  si los pueblos dejan entrar a una minera.  

IRIS VELAZQUEZ/FILO&SOFIA

El subsuelo de las montañas del Norte del estado ha sido concesionado por la minera San Francisco del Oro S.A. de C.V. propiedad del empresario Carlos Slim. En el municipio de Solosuchiapa al norte del estado, desde hace dos décadas hasta la fecha esa empresa logró que se le otorgara en concesión el 42 por ciento de su territorio municipal. Este municipio es distintivo por sus cascadas, sus ríos Amatan, La Sierra, Negro y Arroyo Moquimba los cuales no sólo son  importantes para los pobladores de comunidades de los alrededores sino también, para esa compañía porque precisamente en este territorio se encuentra  una fuente importante para extraer el oro, plata y plomo que posee el subsuelo de Solosuchiapa y donde se han concesionado 15 mil 560  hectáreas.

Podrían extraer si consiguen permiso de pueblos San Francisco del Oro S.A. de C.V. podría dejar de explotar esta zona  hasta el año 2045 si consigue mantener el permiso de suelo de los pueblos, ejidos o particulares,  pues son ellos quienes finalmente otorgan o no esa autorización de la mano con las dependencias federales.

Existen minas en Chiapas que luego de iniciar actividad con  permisos de habitantes, fueron ellos quienes lograron que detuviera actividad. El caso más reciente sucedió en Escuintla, en la Sierra de Chiapas, a mediados del año pasado pobladores lograron que la mina Nueva Francia detuviera sus actividades. Los pobladores comprobaron que estaba trabajando en la ilegalidad, cuenta  a este semanario Romeo García Cortés, habitante afectado.       

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el 1992 las reformas al artículo 27 Constitucional señalan que los minerales son explotables y concesionables, aunque la misma Ley Agraria señala que serán los dueños de las tierras quienes darán o no su permiso. Al menos en Chiapas la Secretaría de Economía federal no registra en sus archivos convenios privados para la expropiación minería celebrado entre un concesionario y un dueño de superficie. De acuerdo a datos de la Dirección General Minera de la SE Federal, obtenidos a través de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, los lotes Santa Fe Tres, Santa Fe Dos, Cuatro y Cinco forman parte de la concesión de San Francisco del Oro S.A. de C.V .en Solosuchiapa.

Está empresa es propiedad de la minera Frisco S.A. de la que es dueño uno de los hombres más adinerados del mundo, Carlos Slim. San Francisco  está en la entidad de Chihuhua sus primeras exploraciones fuerom en 1550 según datos de su página oficial.  Mientras que a Chiapas llegó en 1988 en el lote Santa Fe de Solosuchiapa.

Esas concesiones de extracción fueron otorgadas en los  años 88, 94, 95, 2004 y 2005. De acuerdo a esas fechas coinciden con las primeras  exploraciones en la entidad que data de los años 80. Hoy, diversas dependencias participan en la otorgación de un permiso minero,  como son SEMARNAT, CONAGUA, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda.

Cuando se le pregunta sobre el tema a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del estado encabezada por Carlos Morales, esté niega que la dependencia a su cargo deberá ofrecer legalidad a las concesiones mineras en Chiapas, “no nos compete”, suele decir quien fue candidato a la alcaldía de Tuxtla.

Esto pese a que la legislación dice lo contrario a su dicho, pues señala la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal de esa dependencia deberá  asegurar el ejercicio legal de las concesiones mineras asentadas en esta entidad para saber si se promueve el cumplimiento de la legislación ambiental.

Slim, también ha puesto los ojos en zonas protegidas del estado. Se trata de La Selva Lacandona y la reserva forestal «El Triunfo” para «alcanzar resultados de conservación relevantes, perdurables y estratégicos que no sólo beneficien al medio ambiente sino también a la ciudadanía», señala en su página de internet   su Fundación.

El modelo de extracción minera está concesionado, el 19 % por ciento del subsuelo de la entidad.  La mayoría de dueños de las concesiones son mexicanos porque así lo exige la legislación mexicana, aunque en algunos casos las empresas sean extranjeras.

El problema no es el mineral en sí mismo, sino el modelo que sustenta su extracción industrializada, dice Gustavo Castro de la Red Mexicana de Afectados Contra la Minería (REMA) Chiapas.

“No toma en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales, económicos o locales. Elimina sus propias fuentes de reproducción y acumulación de capital, ni considera el agotamiento y el daño irreversible sobre el medio ambiente.

No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este modelo tienen nombre: las cada vez más grandes corporaciones supranacionales, agrega.

TIERRA ARRASADA

NÚMERO DE LA JORNADA DEL CAMPO DEDICADO A LA MINERÍA

CONTENIDO:
-Tierra habitada
-El eslabón faltante
-El modelo extractivo minero
-Criminalización del movimiento Antiminero
-Los Caminos de la resistencia: de la Montaña a la Costa Chica
-Concesiones mineras y derechos de los pueblos indígenas
-Minería tóxica
-Los derechos de los pueblos y la minería
-Cerro de San Pedro: Breve reseña de sus luchas
-La Mina Peña Colorada Devasta Territorio Nahua
-De aguas y “locomotoras minero-energéticas”

El modelo extractivo minero

Gustavo Castro Soto Otros Mundos AC / Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) / M4
En cada proyecto minero hay algún tipo de conflicto con la empresa, misma que argumenta que los opositores no desean el desarrollo. También se dice que no debería haber oposición a la actividad minera porque todos usamos sus productos, lo cual es cierto. Sin embargo, el problema no es el mineral en sí mismo, sino el modelo que sustenta su extracción industrializada.

Para lograr el objetivo de mayor ganancia y acumulación de capital, la industria busca disminuir sus costos aumentando la pobreza: mejora su tecnología, abarata los costos de la materia prima, disminuye tiempos y distancias, paga menos a la trabajadora y al trabajador, evita impuestos, logra nulas regulaciones ambientales y legales, se aprovecha de tratados de libre comercio, obtiene créditos blandos, busca servicios baratos o gratuitos (agua, energía, infraestructura, etcétera), externaliza los costos sociales y medioambientales y logra subsidios, entre otras fórmulas.

La actividad extractiva –antes concebida como actividad minera, petrolera y gas– ahora implica toda la extracción industrial directa e indirecta sobre los bienes comunes naturales convertidos en “recursos naturales” por medio de precio y dueño: petróleo, gas, carbón, tierras, minerales, madera, agua (embotellamiento, represas de almacenamiento, etcétera), energía, pesca industrializada; material genético de plantas, animales y humanos; elementos químicos, captura –sumideros– de carbono, producción de oxígeno, monocultivos de la agroindustria y de las plantaciones forestales, granjas camaronícolas, etcétera. O la industria que extrae y sobreexplota la mano de obra, las tierras y los territorios; el agua, los minerales y la energía convertidos en tomates, soya, piña, madera y carne, entre otros.

De esta forma, el “modelo de la industria extractiva” es el conjunto de actividades a gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, que le incorpora precio y dueño con el fin de obtener el mayor lucro posible, y que evita restituir, reparar, mitigar, compensar, consultar e informar, sin asumir los costos de dicha extracción. No toma en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales, económicos o locales. Elimina sus propias fuentes de reproducción y acumulación de capital; no toma en cuenta el tiempo para que los bienes comunes naturales se reproduzcan, ni considera el agotamiento y el daño irreversible sobre el medio ambiente. No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este modelo tienen nombre: las cada vez más grandes corporaciones supranacionales.

En este marco hablamos del “modelo extractivo minero” que el capitalismo transforma en una industria que aumenta el cambio climático, que no genera cadenas ni procesos económicos locales importantes para la gente, concentra grandes extensiones de tierra y despoja de sus territorios a muchos pueblos originarios. Transfiere enormes recursos y ganancias a las grandes corporaciones sin dejar casi nada, sólo pobreza y grandes consecuencias sociales y ambientales.

La industria extractiva minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero trasnacional, pero también a las condiciones y actores político-económicos internacionales de cada país. Entre 1990 y 1997, a nivel mundial las inversiones en exploración minera crecieron en 90 por ciento. Y en América Latina el aumento fue de 400 por ciento, equivalente a una inversión acumulada de 17 mil 300 millones de dólares. Esta región se convirtió así en la principal receptora de capitales mineros en todo el mundo, a pesar de representar sólo 30 por ciento del total de las inversiones mundiales.

A fines de los años 90s sólo diez empresas controlaban el 50 por ciento de la producción mundial de cobre; tres empresas el 70 por ciento del hierro y seis compañías el 90 por ciento del aluminio. La proporción mundial de oro que cubría América Latina pasó de cinco por ciento en 1980 a 10.3 en 1990 y a 14.9 por ciento en 2004. En la actualidad, la extracción de plata durante 26 meses y la aurífera de seis meses es equivalente al tesoro colonial comprendido durante ¡120 años!, entre 1530 y 1650. Y con un mismo ritmo, cuatro años de extracción de plata y un año de oro es equivalente al tesoro colonial arribado a España desde la Conquista hasta la emancipación de las colonias americanas en 1808. Por su lado, México produjo 2 mil 747 millones de kilos de plata en 2002 (igual al 16 por ciento de la producción mundial, y a más de la producción del resto de América en una década) y hoy supera a toda la plata extraída de América y arribada a España durante la Colonia.

Por tanto, el problema no son los minerales, ni las rocas, los metales, los no metales y otros bienes comunes naturales de la corteza terrestre, sino el sistema capitalista y su modelo extractivo que depreda la naturaleza, la tierra, los bienes comunes naturales, por la acumulación incesante de capital generando economías de enclave. Esta carrera es insustentable y habrá que combatirla.

Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

11-14 DE ABRIL DE 2013

El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años.

A orillas del preciado y alimentador de vida río San Juan, durante tres días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México,  Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como a la diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas y la naturaleza, en el área Mesoamericana.

Coincidimos en el diagnóstico sobre:
1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región,
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas,
3. El mayor alcance de la difusión del problema  en otros sectores sociales,
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros,
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional,
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida,
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera,
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos.

Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son:
1.- Los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras, facilitan  las condiciones de conglomerados transnacionales en la extracción minera garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y cotidiana.
2.- Bajo el amparo de legislaciones, las empresas explotan contaminan, degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida.
3.- En lo social, provocan la descomposición del tejido social, aprovechándose de la situación económica de la población y con las dadivas causan rompimiento de familias, comunidades.
4.- En materia de salud, con la ejecución de estos proyectos amenazan  y afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal técnico y especializado para los controles de estas enfermedades además de la medicina.
5.-Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la cultura de los pueblos, la perdida de las formas propias de las comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los recursos hídricos, y hacen demagogia con pocos empleos, mal remunerados y de corto tiempo.
6.- Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de líderes que están en contra de la explotación minera metálica.
7.-Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras, sobrepasan las leyes internas de los países.
8.- Tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y ocultan la inmensidad del daño.

Son impostergables políticas y acciones públicas contra los impactos y contra el mismo modelo extractivista minero

Deuda ambiental minera

Las crecientes evidencias que nuestro pueblos,  la investigación científica y las instituciones recogen sobre los daños derivados del modelo extractivo minero depredador son alarmantes y requieren acciones inmediatas y de mayor plazo. La contaminación del agua, suelo, aire y ecosistemas enteros por emisiones de las actividades minerasse  profundizan.

En contraste con los tamaños de los llamados “beneficios” económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan con mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles. Esa pesada carga de daños y deuda ambiental pretenden “heredarla” a nuestros pueblos poniendo en riesgo la salud comunitaria, la salud pública y el futuro de nuestros países.

Las Contra Reformas Legislativas

Los gobiernos de la zona mesoamericana, no son excepción alguna del compromiso internacional de armonizar las Constituciones y las Leyes temáticas, entre ellas las leyes mineras, con la primacía de los derechos humanos y los tratados y Protocolos internacionales de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las llamadas “reformas” en curso a las leyes mineras, promovidas por los gobiernos y las empresas mineras y financieras contienen una abierta violación al derecho internacional, entre ellas, el respeto y fortalecimiento del consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos, lo mismo que la consulta popular, sin tocar los injustos privilegios al capital financiero, ni fortalecer la capacidad institucional para cumplir con la obligación estatal de proteger y regular los bienes comunes de nuestros pueblos.

Maquillajes de Injusticia Fiscal

El régimen de injustos privilegios fiscales promovidos hace años para atraer inversión extranjera en la actividad minera y seguir alimentado la falsa idea de “desarrollo” minero en nuestro países, está siendo maquillado mediante reformas fiscales donde sin remediar y fortalecer el pago real y oportuno de impuestos y derechos a cualquier actividad que produce ganancias, se propagandiza la introducción o ligero aumento del pago de limosnas denominadas “regalías”.

El creciente impacto ambiental, social, a la salud y a la economía local y nacional por el modelo extractivo minero depredador, nunca se subsanará, ni siquiera mitigará con limosnas fiscales, sean regalías, o falso apoyo de las empresas a las comunidades. Es urgente y necesario que evaluemos el monto de daños provocado por la actividad minera, lo contrastemos con los muy propagandizados “beneficios” y ante todo se adopten políticas preventivas y que pongan alto al creciente pasivo de la minería.

Denunciar los Tribunales Privados Internacionales.

Las empresas mineras legalmente sancionadas en nuestros países por violación a las leyes o por el ejercicio del derecho de nuestros pueblos, han iniciado una campaña de multimillonarias demandas “legales” ante tribunales internacionales privados, promovidos por los Tratados de Libre Comercio. Denunciamos y rechazamos las amenazas y las instancias de las trasnacionales mineras que violan la soberanía de nuestros países.

Llamamos a los parlamentos y gobiernos del área mesoamericana a sumarse a la digna acción de denunciar a los tribunales internacionales cuasi-privados, como el CIADI, donde las empresas trasnacionales pretenden juzgar a los gobiernos y demandar cifras multimillonarias por falsos daños derivados del ejercicio del derecho de nuestros países.

Impulsar y Proteger otras formas de vivir de nuestros pueblos

Reiteramos que nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida de nuestros pueblos, y exigimos y luchamos por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza.

Como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos:
1. la derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios.
2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos.
3. Respeto y cumplimiento al convenio internacional 169 de la OIT, relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta ciudadana, y el respeto y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Exigimos el respeto de la Soberanía de nuestros pueblos, ante las empresas mineras transnacionales.
5. Exigimos que los Gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo al otorgamiento de una licencia ambiental para la exploración y explotación minera  implementado desde las comunidades, basado en el mecanismo que las comunidades decidan.
6. Que los Gobiernos divulguen la información real de las concesiones otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado.
7. Exigimos que la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza no sea criminalizada.
Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos comunitarios y constructor de futuro y esperanza.

¡De Panamá a Canadá, la minería No Va!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4

México: San José del Progreso exige salida de la minera Fortuna Silver

por Daniel Arellano Chávez, kaosenlared.net
Los agresores detuvieron su camino rumo a confrontar a la población, pero momentos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego provenientes del lugar donde se encontraban parapetados los agresores

Por la mañana de este 15 de marzo de 2013, cientos de niñ@s, hombres y mujeres de todas las edades, se reunieron a las afueras de las instalaciones de la minera Fortuna Silver Mines que en San José del Progreso opera desde hace años bajo el nombre de Minera Cuzcatlán, los indignados habitantes se reunieron para exigir la salida inmediata de la minera y el castigo a los asesinos de Bernardo Méndez y del crimen ejecutado contra Bernardo Vázquez Sánchez el 15 de marzo de hace un año.

Pancartas, mantas, fotos y una calavera a modo de mono de calenda representando la asesina labor de la Fortuna Silver Mines, sirvieron para expresar la indignación de cientos de habitantes que se mantienen en resistencia en la firme decisión de expulsar a la minera de los territorios del Valle de Ocotlan.

Momentos de tensión se vivieron alrededor de las 12:30 del día, cuando en varios vehículos se acercaron a las inmediaciones de la mina personas que en visible actitud de agresión, descendieron de los mismos para recoger piedras al lado del camino, sin embargo esto no intimidó a la gente que se opone a la extracción de minerales en su territorio para beneficio de la transnacional canadiense. Los agresores detuvieron su camino rumo a confrontar a la población, pero momentos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego provenientes del lugar donde se encontraban parapetados los agresores, mismas detonaciones que se realizaron en dirección a la puerta de la mina, lugar en que se encontraban mujeres, niñ@s y pueblo en general, en una clara acción de intimidación paramilitar, misma que fue coberturada con la complicidad de la Policía Estatal, que se encontraba a escasos metros del lugar de donde provenían los disparos. Así es como la minera canadiense Fortuna Silver Mines pretende intimidar la digna resistencia de los habitantes de San José del Progreso, respaldada con la impunidad que le otorga Gabino Cué a los paramilitares que han accionado sus armas contra la población saldándose en muertes y la agresión de este día.

Sin embargo, esto no bastó para atemorizar a los habitantes de San José del Progreso, que permanecieron en las afueras de la mina, expresando su total repudio a la empresa canadiense que continúa ampliando sus operaciones en el subsuelo de la región. Prueba de ello son los testimonios de campesinos,  que denuncian el estruendo de la maquinaría que la empresa activa por las noches para evitar evidenciar el arrasamiento que día a día avanza sobre el territorio de San José, así como la visible operación de los molinos de trituración que apenas en unas horas crearon varios montículos de material triturado, movilizados con maquinaria pesada rumbo a la extremadamente vigilada presa de jales que ya está en operación.

Así es como este día, ni la intimidación de un francotirador de la empresa colocado en la parte alta de un cerro de material desechado, ni los disparos de paramilitares, ni la complicidad de Gabino Cué y su policía estatal, amedrentan la firme resistencia de los pueblos del Valle de Ocotlan que con esta acción de resistencia memoria y homenaje a Bernardo Vázquez Sánchez, gritan con indignación

¡Fuera la Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines!

¡Castigo a los asesinos!

Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Los tres hombres más ricos de México basan su fortuna principalmente en la explotación minera, facilitada por leyes permisivas sin par en el continente, y dejando a su paso destrucción ambiental y comunitaria.
Adazahira Chávez, desinformemonos.org

México. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la legislación minera en México.

Los tres primeros lugares de la lista de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que  se pueden concesionar los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los mexicanos por el carácter preferente del que goza esta actividad industrial.

Empresarios mexicanos: explotación y especulación

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, aún antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva ley minera.

“Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”, señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que los periodos de concesión fueran prácticamente de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.

“Casi todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el patrimonio nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también permite que las concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor en la bolsa.

Ante la idea de que la mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver se concentran todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.

La producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

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Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente “pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan”, informa el abogado e historiador.  México es “el único país en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral extraído.

Una comparación que ilumina es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni un centavo”, acusa López Bárcenas.

 “Facilidades”,

Revolution Resources –la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el más estable políticamente en América Latina.

Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en América Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes permisivas en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos mínimos que había en algunas disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales que pelearan por el medio ambiente.

Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver.

Daños y resistencias

En octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).

Para López Bárcenas, la preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace. “Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando estén devastando el territorio”, declara.

Muchas comunidades que rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se tiene que revolver toda la superficie terrestre.

La ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la renta de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada.

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras, pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de desplazamiento forzado.

Otro de los costos es la afectación al derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer minería”.

También se afecta el derecho al agua. En el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese esquema”, concluye López Bárcenas.

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta social aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones argumentando la violación a su derecho a la consulta.

Uno de los frentes de protesta “es el legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los contratos de arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se respetó el derecho a la consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de los frentes a nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno según su capacidad, analiza el experto.

Posibilidades de reforma

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente el tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad que existiera ahí anteriormente.

Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y defender su derecho al territorio”, finaliza.

Publicado el 18 de marzo de 2013

Neoextractivismo vs. la defensa integral de los territorios

SurSiendo, Comunicación e Intervención Social

En este fragmento de menos de dos minutos que forma parte del documental brasileño El veneno está en la mesa, Eduardo Galeano expresa un sentir de muchæs latinoamericanæs: los gobiernos progresistas también han traicionado a los pueblos. Apenas un ejemplo alcanza para justificar esta afirmación y el elegido es el caso de los agrotóxicos. Valga un ejemplo dentro del ejemplo: con miras a cumplir su Plan Estratégico Agroalimentario 2020 el gobierno argentino pretende instalar en Mendoza “el megaemprendimiento más grande del mundo en materia de potasio”. Sus presentaciones en cloruro potásico y nitrato de potasio se emplean como base para los fertilizantes. Y es que para alcanzar las metas económicas propuestas se necesita profundizar aún más el modelo de monocultivo de soja, a la postre esto le posicionaría como uno de los principales productores de fertilizantes del mundo. El proyecto minero será emplazado en las márgenes del Río Colorado el cual nace en la Cordillera recorre cinco provincias argentinas y desemboca en el Océano Atlántico, es decir atraviesa toda la Patagonia de Oeste a Este. Desde SURsuelo, Fabián Chiaramello comenta que “el proyecto de Potasio Río Colorado va a generar el fertilizante destinado a los agronegocios brasileros que aportará aún más en la deforestación del Amazonas. La ecuación es perversa: se construye una megaplanta que consume cantidades de agua y energía abismales, que puede tener consecuencias ambientales muy graves, para producir un fertilizante que será utilizado para seguir profundizando el monocultivo sojero que desaloja campesinos y pueblos originarios, contamina con sus agrotóxicos, provoca desmontes, deteriora el suelo y concentra cada vez más la producción”.

Así, mientras asistimos a estas complicidades políticas legalizadas, en otras partes del mundo se sanciona una vez más a Monsanto por su responsabilidad en la intoxicación química de un agricultor francés. Con esto no queremos reforzar esas viejas ideas de un “norte” civilizado y democrático y un “sur” bárbaro y corrupto. Estas sentencias solo nos demuestran que las corporaciones se maquillan para cada ocasión: mientras en Estados Unidos y Europa ya se tiñeron el cabello y hablan de economías verdes y servicios ambientales, en América Latina, África y gran parte de Asia los discursos del progreso aún no parecen estar del todo deslegitimados y los pueden seguir usando.

Ninguna de estas visiones pone en entredicho las bases netamente económicas sobre las que camina el sistema y en cambio se enmarcan dentro del neoextractivismo. ¿Otro neo más? La mayoría de las veces los prefijos nos sientan bien: re, co, alter, anti, meta, trans… Pero también están los otros, los que nos caen mal y parece que el neo encabeza la lista mientras mega le sigue de cerca. Es una cuestión de escalas.

Una de las figuras principales de este modelo neoextractivista es el Estado, que según el uruguayo Eduardo Gudynas “juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes por medio de políticas sociales”. El neoextractivismo refiere más que a una actividad concreta a una forma de extracción: todas aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales y (casi) sin mediar proceso son trasladados lejos de la zona de origen. Minería, petróleo, gas, represas, monocultivos (de cereales o forestales), agroindustria, ganadería o pesca intensiva, etc. entran dentro de esta categoría y logran seguir aumentando la concentración. De entre ellas la minería es la que puede acabar con la mayor cantidad de recursos no renovables en menor tiempo. Es la más insustentable. Sin embargo esta actividad extractiva está en la cabeza de todas las agendas políticas latinoamericanas: desde México hasta Argentina pasando por Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y Uruguay (por mencionar solo a los progresistas). Apenas El Salvador está planteándose por estas fechas prohibir de forma permanente las actividades mineras. En un país pequeño, tan densamente poblado y con una fuerte escasez hídrica esa prohibición sería lo más acertado.

Todo depende, como dijimos, de las escalas. Aire, agua, tierra y energía son los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza y también los cuatro elementos sobre los que el capitalismo avanza en estos tiempos a toda velocidad. Y es que incluso si esa redistribución fuera real tampoco se justificarían los daños sociales y ambientales que estos megaproyectos dejan en los territorios: Ocupaciones (para)policial y (para)militar, despojos, contaminación, abusos de todo tipo contra las poblaciones locales.

Por estos tiempos el concepto de territorialidad se está utilizando de nuevo como base y sostén para defender física y teóricamente esos espacios que habitamos. Jean Robert dice que “a lo mejor, muchos no saben que, con ello, están inventando un potente concepto analítico nuevo para hablar de una vieja realidad que tiene que ver con el cultivo, la cultura, las costumbres y también la hospitalidad y, por supuesto, la subsistencia, palabra deshonrada por el mal uso que le dieron los lingüistas y economistas ‘de arriba’”. Un concepto parecido podría ser el de biocultura, mismo sobre el que los pueblos huicholes de México están reafirmando legalmente la defensa de su centro sagrado en Wirikuta ante la minería y las agroindustrias. Y es que está visto que para lograr una defensa integral de los territorios primero necesitamos reconocer cuáles son los territorios en los que se establecen esas luchas. El ideológico es quizás el más profundo de ellos. Volviendo a citar a Robert, “lo que vivimos ahora es el efecto de sueños de poder desproporcionados y de omnisciencia desencadenados de sus ataduras tradicionales. Al caer sobre la tierra como desechos, amenazan el sentido común de la gente, que es percepción de la proporción, de la escala, de la justa importancia de las cosas y de los límites de las fuerzas propias. (…) Hoy en día, este contrario de la territorialidad se llama desarrollo urbano y se enseña en las universidades como diseño arquitectónico”.

Las resistencias no cesan, no descansan y no paran de crear alternativas a estos modelos. ¿Cómo no hacerlo cuando incluso los tribunales internacionales favorecen los derechos de las trasnacionales en lugar de hacer prevalecer los derechos colectivos de los pueblos? Un rápido vistazo sobre el más importante de ellos puede aproximarnos a una conclusión: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue creado en 1966 como una rama del Banco Mundial para fomentar el flujo internacional de inversiones. No será muy difícil acertar a quiénes beneficiará en las disputas.

De las falacias del neoextractivismo hay una que se sigue usando todavía hoy y no deja de llamar nuestra atención: “solo se oponen pero no proponen”. En este corto tiempo que llevamos escribiendo sobre bienes comunes hemos presentado varias propuestas (de esas que para algunæs no existen). Sin irnos muy lejos mientras en pleno siglo XXI los pequeños agricultores siguen siendo quienes alimentan al mundo, las agroindustrias -con un distorsionado discurso de fin de las hambrunas-, solo han logrado sembrar desertificación, enfermedades y especulación financiera.

Desde Grain nos recuerdan que “reencontrarnos con la agricultura como arte, como camino para la fructificación y como base de la cultura de nuestros pueblos es un desafío clave para la humanidad”. Lo que nos dignifica es nuestra capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas cotidianas y eso es un poco lo que se proponen desde los proyectos que buscan reencontrar la armonía que alguna vez hubo entre humanidad y naturaleza. Y no hace falta evocar imágenes de taparrabos para lograr esos fines. Los huertos urbanos y la permacultura son propuestas que se están trabajando en las ciudades y que valoran ambos fines: sustentabilidad y autonomía. Un caso concreto se da en las afueras de Buenos Aires, Argentina donde se atestigua un auge de aldeas ecológicas. Ya el año pasado Boaventura de Sousa hacía un buen resumen sobre las conclusiones a las que se llegaron desde la Cumbre de los Pueblos (aquella que se dio en paralelo a la oficial Río+20). “Primero, la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y financierización de la vida, implícita en el concepto de ‘economía verde’. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario, Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc. (…) Segundo, el pasaje gradual de una civilización antropocéntrica a una civilización biocéntrica (…) Tercero, defender la soberanía alimentaria (…) Cuarto, un vasto programa de consumo responsable que incluya una nueva ética del cuidado y una nueva educación para el cuidado y el compartir (…) Quinto, incluir en todas las luchas y en todas las propuestas de alternativas las exigencias transversales de profundización de la democracia y de lucha contra la discriminación sexual, racial, étnica, religiosa, y contra la guerra”. Un panorama parecido se presentó este año en la Declaración de la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile en la que se propuso recuperar derechos y bienes naturales, promover el paradigma del buen vivir, trabajar por la autogestión, la autoorganización y la soberanía alimentaria.

Las luchas y resistencias en las calles han sido y son necesarias para afirmarnos en los territorios. Gracias a este tipo de acciones el pueblo oaxaqueño, en México, logró detener el megaparque eólico Mareña Renovables que quería instalarse en el Istmo de Tehuantepec. Gracias a las alianzas que se tejen con medios digitales muchas de estas luchas se multiplican. En los últimos tiempos asistimos día con día a manifestaciones virtuales en apoyo a legítimos reclamos en territorios más o menos remotos (casos Dragon Mart Cancún, ciudades modelo en Honduras o Shell, culpable de contaminación en Nigeria, etc.) Pequeñas acciones, algunas que incluso vienen desde las administraciones públicas y todas ellas nos parecen bienvenidas, una vez más por la escala en la que se dan y por su replicabilidad.

Cada quien desde sus espacios de conocimiento están aportando a la construcción de alternativas posibles, deseables y palpables de sus formas de entender el Buen Vivir: ese concepto amplio y generoso del que nos gusta sentirnos parte y que incorpora pluralidad, plenitud, convivencia, armonía… Para empezar a definir(nos) siempre ayuda recordar lo que no es. Estas propuestas no son un remiendo del “desarrollo lineal e infinito”. Para Rebecca Hollender precisamente “la viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también”.

Todas las alianzas posibles son bienvenidas. Todas las complicidades también. El hecho de lograr flexibilidad y respeto como partes necesarias de la ecuación nos ayuda a construir alternativas desde lo local, vincularlo con lo regional y llegar hasta lo global. Retomando los ejemplos arriba citados, si los medios digitales llegaron para quedarse bueno será entonces que sigamos promoviendo la unión y solidaridad de esos espacios que permiten que pequeñas acciones se reproduzcan geométricamente con los altavoces de la Red. Eso y que “con un solo click” salvaremos el mundo no son sinónimos, pero tampoco creemos justo denostar estas acciones que aportan a una (tantas veces) aclamada amplificación de legítimas demandas. Hoy más que nunca están al alcance de nuestras manos. Elegir dónde y qué consumimos o qué compartimos en redes sociales son todas ellas acciones políticas que por pequeñas que sean aportan a “ese cambio que queremos ver en el mundo”.

Si volvemos a esto de los prefijos nos quedamos con las micropolíticas capaces de incidir en las macroestrcuturas para recrear alternativas vivibles.