Honduras: Exigimos justicia por El Asesinato de compañeros Indígenas tolupanes Que luchaban contra Explotación minera

Honduras: Exigimos justicia por El Asesinato de compañeros Indígenas tolupanes Que luchaban contra Explotación minera

La minería sigue arrebatando vidas en Honduras

asesinatosLa Coalición Nacional de Redes Ambientales ante los repudiables hechos ocurridos en contra de los compañeros indígenas Tolupanes de la zona de Locomapa, Yoro, ante la opinión pública y organizaciones solidarias nacionales e internacionales se manifiesta en los siguientes términos:

1. Repudiamos y condenamos el asesinato de los indígenas Tolupanes: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez ocurrido el 25 de Agosto hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a sumarnos a esta lucha por la defensa de la vida en la Comunidad de San Francisco de Locomapa, Departamento de Yoro.

2. Los referidos asesinatos se produjeron al momento que la comunidad de San Francisco de Locomapa, se encontraba realizando una manifestación pacífica en rechazo a la instalación de una mina en sus territorios, ejerciendo su legítimo derecho a la oposición y a la defensa y protección de sus bienes naturales y sus medios de vida.

3. Denunciamos que estos asesinatos se derivan de la aprobación de la nefasta ley de minería aprobada en enero de 2013, en la que abiertamente se desnaturalizó el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas al otorgar concesiones de forma arbitraria e indiscriminada en todo el territorio nacional, incluyendo los territorios de los pueblos indígenas.

4. En reiteradas ocasiones La Coalición Nacional de Redes Ambientales, advirtió y responsabilizó al Estado y de Manera Especial el Congreso Nacional, Inhgeomin y la SERNA, sobre la conflictividad, violencia y derramamiento de sangre que se derivaría de la aprobación de una ley de minería al margen de las demandas ciudadanas y populares que exigíamos y exigimos la derogación de la ley y de todas las concesiones mineras otorgadas y la prohibición de la minería a cielo abierto.

5. Reafirmamos el Derecho de los pueblos a defender los derechos, de manera especial el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la vida y exigimos al Estado de Honduras el cumplimiento de su obligación de respetar y garantizar estos derechos.

6. Exigimos al Ministerio Publico y a la Policía Nacional una profunda y verdadera investigación de estos asesinatos, la aplicación de la justicia y el castigo para los responsables intelectuales y materiales de estos asesinatos ocurridos el 25 de Agosto en San Francisco de Locomapa, Departamento de Yoro.

7. A Inhgeomin y la SERNA exigimos un alto a la actitud indiferente y cómplice que han evidenciado en torno a los conflictos ambientales y territoriales donde las comunidades han manifestado su total rechazo a proyectos mineros e hidroeléctricos y donde pese a existir las denuncias de persecución, hostigamiento, amenazas a muerte de los líderes y la oposición de la población a estos proyectos , estas autoridades se han llamado al silencio desestimando la gravedad de los conflictos, como el presente donde de oficio deberían proceder a cancelar las solicitudes de concesiones o proyectos mineros aprobados.

8. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo indígena Tolupan de la Comunidad de Locomapa, Yoro, víctima de la voracidad de los empresarios mineros y de la indiferencia estatal y hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a sumarnos a esta lucha por la defensa de la vida, el acceso a la justicia y el respeto a los Derechos de los Pueblos.

26 de Agosto de 2013
Coalición Nacional de Redes Ambientales de Honduras

Firma petición Avaaz: JUSTICIA

Porque realizaban un ejercicio de autonomía y soberanía territorial por la defensa de sus bienes Naturales en Contra de la explotación minera ilegal que se hace en el territorio de las Tribus Indígenas, cuando fueron asesinados María Enriqueta Matute y los compañeros Armando Funez Medina y Ricardo Soto Fùnez, los cuales abatidos por personas armadas que circulan en la zona desde que se instaló una empresa minera extractora de antimonio.

Las comunidades indígenas rechazan la explotación minera por las empresas, ya que destruyen el ambiente, y se valen de la corrupción, sin dejar desarrollo a las comunidades.

Ademas, en cumplimiento del convenio 169 de la OIT que establece el reconocimiento a las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.

Por lo que, el derecho a la autodeterminación de los pueblos debe ser respetada…

DEMANDA DE EMPRESA MINERA CONTRA ESTADO SALVADOREÑO ES DESESTIMADA

DEMANDA DE EMPRESA MINERA CONTRA ESTADO SALVADOREÑO ES DESESTIMADA

CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador

antimineraEl Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (CIADI), denegó a la empresa minera Commerce Group Corp. la solicitud de prórroga para poder seguir demandando al Estado Salvadoreño.

Con la decisión se está dejando sin efecto la petición de la empresa de origen estadounidense del pago de 100 millones de dólares, que la empresa minera pedía como indemnización por la revocación de los permisos ambientales para la explotación de la minería metálica en el país.

Debido a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, El Salvador se ha visto sometido a dos procesos de arbitraje internacional por parte de empresas mineras. Por tanto CESTA Amigos de la Tierra como organización integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, expresa nuevamente  el rechazo y abandono a este tipo de acuerdos que los gobiernos promueven vorazmente en países de Latinoamérica.

Recientemente El Salvador junto con los países de la región centroamericana ha ratificado los denominados Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, actividades que no dudamos traerán serias repercusiones ambientales y sociales en las zonas donde se implementen. Además de que CA quedará sujeta a este tipo de demandas internacionales cuando los intereses comerciales de los países del bloque europeo no sean satisfactorios.

También es de lamentar que la decisión del CIADI contra la empresa Commerce Group se dio por la falta de pago en los costos procesales y no en el reconocimiento de los peligros contaminantes y destructivos que la industria minera ocasiona en el país.

En la mina San Sebastián en La Unión, la actividad minera ha dejado a la comunidad sin agua, sin suelo, la biodiversidad y la cadena alimenticia contaminada, además de graves enfermedades en los pobladores,

Por consiguiente como Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 demandamos la pronta aprobación de la Ley que prohíba la explotación minera en El Salvador, ya que hay evidencias técnicas y científicas, que la minería metálica no es compatible con la realidad socio-ambiental que se vive y tampoco traería beneficios sustanciales económicos o de empleo al país.

Actualmente, El Salvador también sostiene otro arbitraje con la empresa Pacific Rim que ha demanda al país por más de 315 millones de dólares. En el caso de la Pacific Rim se está en la etapa de alegación de pruebas del proceso. Se tiene hasta noviembre del próximo año para aportar. Se prevé que el litigio dure cerca de dos años más.

NOTAS de PRENSA:
CIADI falla a favor de El Salvador en indemnización a minera estadounidense
El Salvador evitó pagar 100 millones de dólares de indemnización tras ganar un arbitraje internacional a la empresa minera estadounidense Commerce Group, anunció hoy el fiscal general salvadoreño, Luis Antonio Martínez.

CIADI falla a favor de El Salvador en indemnización a minera estadounidense

Minería: Industria de la muerte

Minería: Industria de la muerte

Corporaciones canadienses trasplantan en México sus métodos de exterminio indígena

ABRAHAM GARCÍA IBARRA, El Correo de la Tarde

(A las víctimas del homicidio industrial de Pasta de Conchos, Coahuila, que inmoló a 63 obreros, crimen todavía impune.)

canadáDe acuerdo con indicios razonablemente verosímiles -como hace un siglo lo hizo contra obreros mexicanos la Cananean Constolidated Cooper, empleando Rangers estadunidenses-, corporaciones mineras están contratando sicarios del crimen organizado (se habla expresamente de La Familia Michoacana, cuyas bandas operan en Michoacán y Jalisco) para reprimir violentamente la resistencia de comunidades indígenas, activistas sociales y movimientos ambientalistas contra la depredación y el saqueo. Durante el calderonato, el Grupo México, de Germán Larrea Mota-Velasco, estuvo protegido, particularmente en Cananea, por brigadas de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública.

 Desde que -en 1982- se instaló en el poder político la tecnoburocracia criolla, México empezó a padecer la más rapaz depredación de la riqueza nacional que se recuerde desde la Conquista, la Colonia y la dictadura porfiriana.

Después de la Reforma juarista del siglo XIX, que tiene como referente clave la desamortización de los bienes de la Iglesia Católica, algunos pensadores liberales coincidieron en que lo que no hizo la Reforma -anatemizada por Roma-,   fue desamortizar la mentalidad de los conservadores.

En el siglo XX, la contrarrevolución clero-empresarial empezó a conjurar desde el mismo momento en que el presidente Venustiano Carranza promulgó la Constitución de 1917. El núcleo de la resistencia, que se dio armada en la segunda década del siglo, se condensó contra el artículo 27, que reservó al dominio de la Nación la propiedad de los recursos del suelo y del subsuelo.

La expropiación de la industria petrolera en 1938, concitó de nuevo la rebelión armada contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se encomendó al general Saturnino Cedillo. Al año siguiente, se fundó el Partido Acción Nacional (PAN) -publicitado por algunos estudiosos como la “alternativa política a la Revolución Mexicana”-, que prometió a los mexicanos el humanismo político.

El ávilacamachismo (1940-1946) procuró reconciliarse con el clero. El alemanismo corrupto (1946-1952) contemporizó con la oligarquía privada. El ruizcortinismo (1952-1958) nadó de muertito con su oferta de austeridad republicana.

La ofensiva contra López Mateos

La contrarrevolución volvió al ataque, ahora contra Adolfo El joven López Mateos (1958-1964), cuando éste acometió la tarea de culminar la indemnización a las empresas petroleras expropiadas en 1938, y mexicanizó la industria eléctrica.

En 1976 se produjo la ruptura entre el poder presidencial y el poder económico (se estrenaba el Consejo Coordinador Empresarial), cuando Luis Echeverría decretó la expropiación de 100 mil hectáreas de los latifundios de los valles de El Yaqui y El Mayo, en Sonora.

En realidad, esa ruptura empezó a gestarse cuando Echeverría promovió desde un año antes la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos para regular la planeación del desarrollo urbano. Entonces, los oligarcas de Monterrey lo acusaron de pretender chilenizar México (allendizar, le llamaron otros, por el ya difunto Salvador Allende) y convocaron a lo que se conoció como la Conspiración de Chipinque, en la que se incitó al golpe de Estado.

México en la libertad

La segunda fase de dicha ruptura la incitó la expropiación de la banca en 1982 por José López Portillo -aclamada por el PRI-, que fue contestada con la campaña clero-empresarial denominada México en la libertad, que tuvo continuidad en los primeros meses de Miguel de la Madrid, quien, de su lado, impulsó la reforma de la Constitución para introducir lo que desde tiempo atrás se proponía como Capítulo Económico. Su eje fue la institución de la Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional. Simultáneamente, hizo concesiones a los banqueros expropiados en materia de participación en el sistema de banca y crédito.

No obstante, instalada la tecnoburocracia criolla en la Secretaría de Programación y Presupuesto, a cargo de Carlos Salinas de Gortari, y con menor incidencia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (el Banco de México era posiblemente el primer enclave), al alimón con ciertas troneras derechistas de Monterrey. Puebla, Hermosillo y la Ciudad de México, se inició una ofensiva de satanización contra Echeverría y López Portillo, y contra la dictadura de los sectores del PRI.

Los Documentos de Santa FE

Ese tránsito del modelo político-económico mexicano hacia el neoliberalismo, no se dio en el vacío ideológico. Hacia finales de la década de los 70, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, convocó en Nuevo México a tanques pensantes norteamericanos para trazarle la  carta de ruta al gobierno del republicano Ronald Reagan, en lo que se conoció en 1980 como Documentos de Santa Fe, que al tiempo se metamorfosearon en Consenso de Washington.

Reagan su ayuntaría con la también debutante en el Reino Unido, Margaret Thatcher, con la que proclamó -con la afiliación del flamante papa Juan Pablo II; éste para frenar la jesuítica Teología de la liberación-, la Revolución Conservadora, santo y seña, entre otras cosas, para combatir los ejes del mal.

En efecto, Los Documentos de Santa Fe fueron el llamado a zafarrancho de la CIA contra el activismo izquierdizante en América Latina, tarea a la que sirvieron de ariete los primates uniformados de Chile y Argentina, entre otros. No sólo. Los Documentos… contenían el diagnóstico sobre la crisis de los precios petroleros provocada por los gobiernos inscritos en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), y prescribían el control de las reservas petroleras latinoamericanas, con particular énfasis en Venezuela y México, según Richard M. Nixon (La Verdadera Guerra, la tercera) expuestos a caer en la órbita URSS-Cuba.

Petróleo, arma de negociación

Desde la saliniana Secretaría de Programación y Presupuesto, la tecnoburocracia criolla tejía sigilosamente el entramado de la era neoliberal, advirtiendo, en principio, contra la Reforma Económica propuesta, de entrada, por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), apoyada enseguida por el Congreso del Trabajo (CT), y asumida por la Confederación Nacional Campesina (CNC), con la que se concertó el Pacto Obrero-Campesino.

En una de las líneas centrales de las conclusiones de la Asamblea Nacional de la CTM para la Reforma Económica, se había postulado el petróleo como arma de negociación internacional, ahí donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) sentaba sus reales en México, esgrimiendo la primera carta de intención que, en la crisis económica finisexenal, se le impuso a Echeverría; en tanto, los acreedores de la deuda externa mostraban sus rapaces garras.

Vino el Golpe de Estado técnico (diputado priista don Antonio Martínez Báez dixit/ verano de 1988) y Salinas de Gortari se hizo del control absoluto del poder político, dinamitando la organización social y la división de poderes, para concentrar en Los Pinos todas las facultades, constitucionales y metaconstitucionales, habidas y por haber.

Los mentores de la tecnoburocracia criolla -en una primera camada identificada como los Chicago boys-,  tomaron carta de naturaleza en México: Von Hayek y Milton Friedman, en la vanguardia. Consigna: Desmantelar el Estado (su monserga de bienestar), y mandar al diablo la Justicia Social.

Primero, el nervio vital del Estado

Del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, (1990) vino la exigencia primera de privatización de la banca. Pedro Aspe Armella y Guillermo Ortiz Martínez, sus operarios. Pero los trazos neoliberales ya estaban en el borrador desde De la Madrid, y el lápiz seguiría corriendo:

1)   Despojar al Estado de su facultad rectora de la economía (todavía, efectivamente, mixta), legislando o de facto, mediante la venta o liquidación de las empresas públicas;

2)   Extinguir la presencia del sector social (sindicatos, cooperativas, ejidos, comunidades agrarias, asociaciones de pequeños propietarios, etcétera) en el proceso económico;

3)   Estrangular o desaparecer toda figura de banca de desarrollo ocupada en la atención crediticia a aquellas unidades de producción (bancos Agrícola, de Pesca y Desarrollo Portuario, Fondo de Fomento Ejidal, etcétera);

4)   Trastocar el régimen de gestión de los distritos de riego, entregándolos a los latifundistas o a corporativos exportadores, preferentemente extranjeros;

5)   Liquidar entes estatales, proveedores de insumos para potenciar la producción del campo (un  caso, Fertimex);

6)   Limitar o anular los seguros de protección a los productores rurales, pesqueros, etcétera, en casos de desastre;

7)   Desaparecer organismos socialmente compensatorios y de regulación de mercado de abasto y consumo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares/ Conasupo, por ejemplo.);

8)   Como para los obreros los topes salariales, para los campesinos la cancelación de los precios de garantía;

9)   Por si acaso no bastara la discrecionalidad administrativa usurpada por la Presidencia de la República, buscar su legitimación en el proceso legislativo ordenado a un dócil Congreso de la Unión.

Camino a la servidumbre

mexicoLos listados, no fueron actos aislados. Fueron un sistema instrumentado por la tecnoburocracia criolla para hacer de los mexicanos una sociedad de servicio. De servidumbre al inversionista extranjero, dicho con más propiedad. Por eso, a Carlos se le puso el remoquete Salinas Recortari y el Consejo Nacional de la Publicidad, de matriz privada, le puso bocinas al propósito con  su slogan: ¡Empléate a ti mismo!

Ahora resulta que cunde el pánico porque, de la Población Económicamente Activa (PEA), seis de cada diez mexicanos están ocupados (ocupación no es empleo, que jurídicamente es depositario de  derechos laborales) en la economía negra. De lo que viene que, en esa categoría, la suma es de más de 28 millones de mexicanos en tal situación. Eco lejano de la mexiquense Sor Juana: Parecer quiere el denuedo/ de vuestro parecer loco/ el niño que pone el coco/ y luego le tiene miedo…

Labriegos, expulsados del Edén

Ese, económica y socialmente disolvente diseño (como si fuera una helada matriz insumo-producto), ya estaba en ejecución cuando el salinato puso la puntilla, al sustraer el sector social de las zonas productivas mediante la reforma constitucionales al 27 (febrero de 1992, aprobada por la mayoría priista, y particularmente por su bancada campesina de la CNC), y le asestó luego al infelizaje rural el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Canadá. De Canadá, básicamente, nos viene el tema de esta entrega.

Antes -permítasenos la licencia-, contemos el cuento de la modernización del campo con la coartada de la economía a escala. Ya para 1993, Hacienda (Aspe Armella) hablaba de 600 proyectos relacionados con esa falacia. Reforma Agraria sólo reconocía 120, y un publicista del salinato reducía el número a 110. Hablaban, sin concierto, de las asociaciones empresarios-campesinos, como ahora se habla de las asociaciones público-privadas. (El banco de sangre en manos de Drácula.)

La prueba piloto se concentró en Vaquerías, Nuevo León. Se otorgó la concesión al empresario priista regio Alberto Santos, conocido en el medio empresarial como Don Galleto (Galletas Gamesa-Desarrollo Integral del Campo Mexicano).

Antes de que el proyecto agotara el cuantioso presupuesto para esa época (12 millones de dólares destinados al ensayo, al que Gamesa sólo aportó 15 por ciento) apareció el lobo feroz: Santos negoció con la trasnacional Pepsi la cesión de Gamesa, a la que otro corporativo trasnacional, Purina, le había interpuesto demanda de embargo.

Fue, en ese contexto, cuando intervino como tercera interesada otra trasnacional, Coca Cola, opuesta a su rival en aguas negras, Pepsi, que expandía su mercado en tierras mexicanas. Al fin y al cabo, Pepsi le había advertido a Santos que no le interesaba asociarse con campesinos. Ahí terminó la leyenda de la economía a escala para la modernización del agro mexicano. El municipio de China, donde está enclavado Vaquerías, hoy es dominio del narco.

La leyenda del Halcón negro

Antes de retornar al TLC, una incursión por el oeste de los Estados Unidos (1830), sólo para citar al legendario jefe indio sauk, reconocido como Halcón negro, guerrero embaucado por uno de los engañosos 90 tratados firmados por Andrew Jackson para despojar y desplazar de sus tierras a las naciones originarias, a fin de ceder su dominio a los colonos blancos; tratado contra el cual  el caudillo sauk se sublevó.

La década anterior, se había expedido el Tratado Indian Spring, sobre tierra de los Criques. Fue tan leonino y perverso, que el Senado lo rechazó. Se escribió entonces que los tratados eran resultado de pactos corruptos, habida cuenta que sedicentes jefes indios “se vendían a los blancos a cambio de jugosas recompensas”. Por otro tratado de la misma factura, el de Dancing Rabbit, los Choctaws (Alabama), perdieron 3.2 millones de hectáreas.

Llegaría La fiebre del oro

Eran tiempos en que todavía Gran Bretaña metía sus narices en la República de Texas (estado arrebatado a México), ponía la mira en Hawai y oteaba sobre las bahías de San Francisco y San Diego, California, pretexto más que auspicioso para enervar la nuevecita doctrina del Destino manifiesto, del célebre James Monroe.

Como sea, eran tiempos precursores de la fiebre del oro. Entonces, los gambusinos blancos se conformaban apenas con la plata. Aparte de las tierras fértiles, esa era, pues,  otra razón para el exterminio indígena (pieles rojas) por los blancos. Toda una escuela de crueldad despiadada, dicho así aunque incurramos en un pleonasmo, porque es el modelo que prevalece en México -a cargo de Canadá-, a la sombra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para saciar sus mercantilistas fines, las  impunes corporaciones mineras canadienses practican sus crímenes en su propio ámbito doméstico, para luego exportar sus depurados métodos a territorios con gobiernos sumisos: Verbigracia: En la provincia Saskatchewan, hogar nativo de la nación Deline Dene, aguas del Lago Gran Oso han sido envenenadas con 1.7 millones de toneladas de desechos y residuos radiactivos. Por los efectos de la radiación, han muerto 50 hombres de la comunidad.

Tomadas, 605 reservas de pueblos originarios

Según un seguimiento histórico, desde 1927, 27 por ciento de 609 reservas de pueblos originarios de Canadá ha  sufrido algún tipo de actividad de exploraciones para minerales no metálicos.

En la Columbia Británica -donde 97 por ciento de las tierras de los pueblos originarios se ha clasificado como “sin concesión”, según las leyes canadienses e internacionales-, el Plan Minero de 2005 de la provincia clasificó más de 85 por ciento de la tierra como “abierta a la exploración”, e incluso estableció u mecanismo para el registro en Internet de los derechos para la explotación minera. (La minería canadiense en México: Violencia hecha en Canadá, Mandeep Dhillon, 7-V-2007)

El reporte citado afirma que “la devastación y la violencia perpetrados por las empresas mineras canadienses, han sido ampliamente documentadas y vinculadas con violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán”.

Guatemala, ¿llamarada de petate?

(Cuando procesamos este material, recibimos noticias de que, por mandato de la Sala Primera de Apelaciones del Poder Judicial de Guatemala, se suspendió la licencia expedida por el gobierno de Otto Pérez Molina al proyecto de El Escobal, de la minera San Rafael, filial de la canadiense Tahoe Resource, que a su vez había adquirido los derechos de la minera paisana GoldCorp, que declinó a la explotación de yacimientos de plata a causa de la resistencia de la población. Se trata de la comunidad Xina, que puebla el Departamento de Santa Rosa -municipios de San Rafael Las Flores, Nueva Santa Rosa y Casillas-, en cuyo territorio el Ministerio de Energía y Minas había cedido a las mineras dos mil 400 kilómetros cuadrados.

El Ministerio citado había ignorado 250 recursos interpuestos por gestores que denunciaban el riesgo de contaminación a sus fuentes de agua. En mayo pasado, San Rafael había sido puesto en estado de sitio.)

Recordando la huelga de Cananea

La investigación publicada por Mandeep Dhillon recapitula sobre la huelga de Cananea contra la Cananean Consolidated Cooper, en 1906, llega hasta la firma del TLCAN y subraya las reformas de 1992 a las leyes Minera y de Inversión Extranjera mexicanas que permite, ésta última, hasta 100 por ciento de capital foráneo en actividades de exploración y explotación minera.

Hoy, dice el texto, “son las empresas mineras canadienses las que están en primera fila de las fuerzas colonizadoras de México (que significan para las comunidades indígenas, lesiones, muerte, destrucción ambiental y empobrecimiento); las mismas que se apoderaron, y se siguen apoderando, de las riquezas de las tierras de los pueblos indígenas de Canadá”.

En el top 10 de la minería mundial, las corporaciones canadienses -que acumulan ocho mil 300 propiedades en el planeta; mil 200 en América Latina y el Caribe- ocupan el primer lugar en explotación de zinc, uranio, níquel y potasio; segundo en azufre, asbesto, aluminio y cadmio; tercero en cobre y platino; cuarta en oro y quinta en plomo. A la vista están evidencias de que algunas son proveedoras de insumos para la industria bélica.

A partir de la firma del TLCAN, entre los  más prominentes inversionistas canadienses asentados en México destacan Scotiabank, TransAlta, Transcontinental,, Magna Internacional, Palliser, Presión Dilling, Fairmon y Hoteles Gour Seasons, pero nada que ver con el poderío de las 85 mineras (corte preliminar); 66 de las cuales tienen su matriz en Vancouver (casualmente donde desde hace más de seis años está exiliado el dirigente del Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia), 15 en Toronto, cuatro en Calgary, a saber:

La nómina del terror

Columbia Metals Corporation, Comaplex Minerals, Coniagas Resources, Continuum Resources, Copper Ridge Explorations, Corex Gold, Cream Minerals, Diadem Resources, ECU Silver Minning, Endeavour Silverm Energold Driling (Impàct Silver), Evolving Gold,, Esperanza Silver, Exxwllon Resources, Dundarave Resources, Farallon Resources (Hunter Dickinson), Firesteel Resources…

First Majestic Silver, Fording Canadian Coal Trust (NYCO), Formation Capital, Fronteer Development Group,  Gammon Lake Resources, Genco Resources, GoldCorp, Gold-Ore Resources, Golden Goliath Resources, Grandcru Resources, Grayd Panther Resources, Grid Capital, Hawkeye Gold and Diamonds. Hasta donde vamos, la voluptuosidad se encariña con el oro, la plata y los diamantes, según sus denominaciones sociales…

Horseshoe Gold Mining, Iamgold Corporation.royalties-Iciena Venture, International Croesus, Intrepid Mines, Kimber Rosources, Linear Gold, Mcmillan Gold, MAG Silver, Minefinders, Morgain Minerals, Metalica Resources, Mexoro Minerals, Northair Group, Northwestern Mineral Ventures, Oromex Rosources, Orko Silver, Pacific Comox Resources, Palmarejo Silver, Pinnacle Mines, Quaterra, Rome Resources, Ross River Mierals, Roxwell Gold Mines, Santoy Resources, Soho Resources Group, Sonora Gold Corp, Sparton Resources, Starcore International Ventures…

Stingray Resources, Southern Silver Exploration, Stoud Resources, Teck Cominco, Terra Novo Gold, Tumi Resources, Tyler Resources, UC Resources, Valdez Gold, War Eagle Mining Company y Zoruma Resources.

En su ultimo complaciente reporte que nos dejó el especialista en derecho familiar y secretario de Economía por obra y gracia de Felipe Calderón Hinojosa, Bruno Ferrari asegura que las mineras extranjeras traen consigo generación de infraestructura básica como caminos, drenaje, alumbrado, y la infraestructura social como vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales… (Je je je.)

Haciendo abstracción de tanta belleza, para 2011 el informe asegura que, entre 2007 y 2011, las inversiones alcanzaron un monto de 17 mil millones de dólares, capital representado por 288 empresas de tenencia extranjera, aplicado a 803 proyectos, de los que hacen punta Canadá (206/71 por ciento), los Estados Unidos (46), China ocho y Australia (siete). Para 2013 el registro consigna breve variante al alza.  El valor de la producción de metales preciosos fue para el mismo año de 111 mil 642 millones de pesos. La producción de oro se incrementó en 15.9 por ciento y plata 18.60 por ciento.

Y, ¿dónde está el tenebroso SAT?

A precios corrientes, la minería ampliada alcanzó la cota de 259.8 mil millones de pesos. Sonora, Zacatecas y Chihuahua y Coahuila aportan el 73 por ciento del valor total de la producción. El sexenio de Calderón Hinojosa fue jauja para el sector minero: Con un incremento de 14 puntos porcentuales, alcanzó un equivalente de 28 por ciento del valor de la producción de petróleo y gas, que, de su lado, cayó en el mismo periodo 11.8 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi.)

De lo que se cuida la Secretaría de Economía en su beneplácito a la inversión extranjera en la minería, es de esconder el régimen fiscal que privilegia al sector. El concesionario, por ejemplo, paga por derechos una irrisoria cuota de cinco pesos por hectárea concesionada en los primeros dos años, hasta alcanzar progresivamente 111 pesos. Pero, en cuanto al Impuesto sobre la Renta, la benevolente Secretaría de Hacienda le hace hasta 77 por ciento de deducción con la sola notificación de “nuevas inversiones”. Qué tal.

Modus operandi: Asesinato y destrucción

Industria de la muerte, fue la tipificación que se hizo de la minería en nuestro país en reciente foro del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP/sección México). La profesora e investigadora de la UNAM. María Fernández Campa Uranga caracterizó esa actividad como extensiva, depredadora y devastadora de suelos y vidas de las comunidades. Acusó que su modus operandi se funda en el asesinato de comuneros, líderes ejidales y activistas. (Sólo en esa audiencia, se citaron diez casos específicos.)

“Industria de la muerte”. No es casual, entonces, que el Grupo México, del ensoberbecido Germán Larrea Mota-Velasco, sea imputado socialmente de homicidio industrial por la tragedia, aún impune, en Pasta de Conchos, Sabinas, Coahuila.

Guatemala: Ordenan suspender licencia de explotación de la Mina San Rafael

Ordenan Suspender Licencia De Explotación De La Mina San Rafael

Por redacción  Panorama Noticias
minaLa sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil suspendió la licencia de explotación a Minera San Rafael y ordenó al director de minería Fernando Castellanos   del Ministerio de Energía y Minas, tramitar las oposiciones planteada  por  organizaciones sociales  que rechaza la explotación minera.

En Conferencia de prensa la  organización  ambiental CALAS  en compañía parlamento xinca, Codidena y el Comité en defensa de la vida y la paz de san Rafael las flores dieron a conocer la resolución   de la corte de suspender  las licencias de explotación de la mina  San Rafael  otorgada en meses pasados.

Lo anterior se da tras presentar un Recurso de Amparo en contra del otorgamiento de siete licencias de explotación minera, y se expusieran  los argumentos sobre el rechazo a  la misma.

Según  la denuncia de CALAS,  el director de Minería del Ministerio de Energía y Minas,  Fernando Castellanos, incurrió en   ilegalidad toda vez que  aprobó el otorgamiento de las licencias   de explotación minera  a nivel nacional   para el  aprovechamiento del subsuelo hasta los hasta 50 kilómetros lineales.

“Se extralimitó en   sus funciones   otorgando las licencias en fraude de ley  pese a que  la Corte  de  Constitucionalidad, CC, en el 2008 expulsó  del ordenamiento jurídico  el  aprovechamiento del subsuelo” afirmó  el Licenciado Rafael Maldonado de CALAS.

El Ministerio de Energía y Minas tiene un plazo de tres días para dictar resolución donde admite las proposiciones planteadas

 

Sala suspende licencia a mina El Escobal

Una Sala de Apelaciones ordenó hoy suspender la licencia de explotación a una mina de plata ubicada en el este de Guatemala, concedida por el Gobierno a la empresa canadiense Tahoe Resources Inc., a petición de los habitantes de las comunidades cercanas.
http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/07/24/sala-suspende-licencia-mina-escobal

Corte ordena suspender licencia de explotación minera

La licencia de explotación de la mina El Escobal, de la empresa San Rafael, quedó cancelada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, ramo civil; dicha compañía explotaría minerales en Santa Rosa y Jalapa.
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Corte-ordena-cancelar-licencia-explotacion_0_961703966.html

Mineras canadienses buscan sicarios para vigilar opositores en México

Alejandro Villamar, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras

Terra Noticias

mineríaMéxico, DF.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció que algunas empresas canadienses que operan en México contratan sicarios para controlar, amenazar e incluso matar a activistas y opositores que se opongan a sus proyectos en diversas comunidades del país.

Esta organización basó su acusación con la documentación de 10 casos en los que están involucradas las compañías mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder– por los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo del 2012, en San José del Progreso, Oaxaca.

Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) informó que envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que pide se expulse del país a dos directivos de la empresa Esperanza Silver de México, pues en regiones enteras del país, las mineras canadienses “están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación”.

Alejandro Villamar, representante de la Rema expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras “abrumadoramente canadienses” contra defensores de derechos humanos y contra habitantes de los sitios en que están las concesiones que explotan.

En agosto de 2009, la Rema presentó una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que “sicarios de TeckCominko” dispararon con balas de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula, Guerrero, quien quedó inválido.

“Tres meses más tarde, en noviembre de 2009, denunciamos primero la detención arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de sicarios enviados por Blackfire Exploration.

Expuso que en octubre del año pasado fueron asesinados Ismael Solorio y su compañera Manuela Martha Solís, de El Barzón, de Chihuahua, quienes encabezaban la lucha contra la invasión ilegal de tierra que lleva a cabo MagSilver y su subsidiaria mexicana, Cascabel.

Mencionó, asimismo, la desaparición el pasado 23 de octubre de Celedonio Monroy Prudencio, indígena de Ayotitlán, Jalisco, y las amenazas de muerte contra Gaudencio Mancilla, de esa misma comunidad.

Guatemala: Denunciamos el cobarde asesinato de Santos Fidel Ajau Suret activista del Plantón de La Puya

 

Asesinan a opositor de mina y disparan contra activista

puyaEsta semana fue asesinado el comunitario y miembro de la Resistencia Pacífica en La Puya Santos Fidel Ajau Suret, y en otro hecho dispararon frente a la casa de la activista Yolanda Oquelí, quien el año pasado fue herida por arma de fuego.

Repudian asesinato de activista

Comunicado Urgente

Denunciamos el cobarde asesinato de Santos Fidel Ajau Suret activista del Plantón de La Puya

Santos Fidel Ajau Suret de 54 años de edad, vecino de la aldea San Antonio El Ángel y activista del plantón de La Puya, fue cobardemente asesinado el día martes 9 de julio, cuando volvía a su vivienda.

Repudiamos este vil asesinato ejecutado a las 17:15 horas por dos hombres que se conducían en motocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San Antonio El Ángel. Don Fidel recibió tres balazos por la espalda y luego dos tiros de gracia.

Además denunciamos que en la noche del mismo día martes 9 de julio, desconocidos realizaron disparos de arma de fuego frente a la casa de Yolanda Oquelí, en San José del Golfo.

El modus operandi de este asesinato es similar al del atentado contra Yolanda Oquelí en el mes de junio del año pasado. El domingo recién pasado Santos Ajau había recibido amenazas por parte de personas que han participado en los hostigamientos organizados por la empresa minera. Entre el mes de junio hasta la fecha, se han dado incidentes de hostigamiento y amenaza contra la resistencia en el plantón de La Puya, que incluye disparos con arma de fuego.

Las personas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen a la instalación del proyecto minero Progreso VII Derivada, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas sin haber consultado a la población de los municipios afectados. El proyecto minero es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA.

Los inversionistas de este proyecto han lanzado una campaña de hostigamiento y atentados contra la resistencia de La Puya, contratando a ex militares que estuvieron activos durante el conflicto armado interno. Tal es el caso del militar retirado Pablo Silas Orozco que ha encabezado las agresiones contra los activistas de La Puya. Orozco está ligado a proceso judicial por amenazas contra comunicadores sociales a quienes agredió física y verbalmente durante el mes de noviembre del año pasado.

Las comunidades que conforman en la resistencia La Puya, están en reuniones de acercamiento para exigir la cancelación del proyecto minero Progreso VII Derivada ante máximas autoridades como el Presidente Otto Pérez Molina y los ministros de Gobernación, Energía y Minas, y Ambiente y Recursos Naturales. A dichas autoridades les exigimos la cancelación inmediata de las licencias mineras y de hidroeléctricas otorgadas a empresas que han realizado acciones criminales contra la población.Tal el caso de Ecoener Hidralia Energia –Hidro Santa Cruz en Huehuetenango, Mina San Rafael – Tahoe Resources Inc. en Santa Rosa y la misma Kappes Cassiday & Associates -KCA.

¡Alto a los asesinatos de defensoras y defensores de la vida y el territorio!
¡Exigimos la investigación a fondo y el esclarecimiento del vil asesinato de Santos Fidel Ajau Suret!
¡Exigimos la investigación sobre el atentado e intimidaciones en contra de Yolanda Oqueli!
¡El gobierno de Pérez Molina debe cancelar las licencias a empresas extractivas que han realizado acciones criminales contra la población guatemalteca!
¡Sí a la vida, No a la minería!

ORGANIZACIONES SOCIALES DE GUATEMALA, AMÉRICA LATINA Y TODO EL MUNDO

Extraer, saquear y depredar

Extraer, saquear y depredar

La Jornada de Oriente

    Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha aprendido
    a dominar la naturaleza mucho antes de haber
    aprendido a dominarse a sí mismo.
    Albert Schweitzer

mineriaSin discusión que valga, la grandeza de los imperios se ha cimentado siempre sobre la explotación y el atraco de los pueblos conquistados o subordinados. Estableciendo abusivos tributos, los conquistadores se apropian del producto del trabajo de los colonizados, ya sea en especie o en moneda. Pero donde el afán de riqueza maltrata con mayor severidad a países y comunidades es en la irracional explotación de sus recursos naturales, renovables y no renovables.

El arrasamiento de bosques y selvas, el despilfarro, contaminación y agotamiento de fuentes acuíferas; la contaminación del aire; la destrucción de arrecifes y manglares, y una interminable lista de crímenes contra el equilibrio y la salud ambientales han generado un desorden ecológico cuyas consecuencias finales son impredecibles, pero cuyos augurios son terribles.

Mención especial merece la explotación minera, porque en ella se concatenan las peores amenazas para el bienestar y la propia sobrevivencia de la especie humana. Es cierto que los minerales son y han sido fundamentales para el desarrollo. No se concibe actividad científica, económica o domestica sin su presencia. Esa omnipresencia exige cantidades cada vez mayores y de mejor calidad y hace de la industria minera, encargada de extraerlos y procesarlos, una de las actividades más lucrativas de la historia.

El peninsular Arturo Pérez Reverte, en El oro del rey, relata magníficamente la pública algarabía con que la nobleza española recibía, ya en Cádiz o Sevilla, los galeones cargados de oro y plata provenientes de sus colonias americanas. Describe la importancia vital de tales riquezas para el financiamiento de las guerras que España libraba contra casi toda Europa, así como la dependencia de la nobleza española (tan parasitaria que consideraba el trabajo ya no como un castigo, sino como una ofensa) de los metales americanos para sufragar su ridícula opulencia, y, finalmente, de la corrupción e ineptitud del gobierno para administrar la abundancia. Igual o parecido era en Inglaterra, Francia, Holanda y demás potencias europeas. Luego se valían de piratas y corsarios para robarse unas a otras. Nada nuevo bajo el sol.

Lo cierto es que hoy la industria minera es tan o más poderosa que en los tiempos coloniales. En México constituye, junto con el petróleo y las remesas, la principal fuente de divisas, y representa alrededor de 5 por ciento del PIB. Sólo durante el régimen de Calderón y sus cuates se otorgaron más de 26 mil concesiones mineras, el Grupo México se colocó en el top ten de la minería mundial y su ínclito dueño, Germán Larrea, ascendió en las listas de Forbes. ¿Cuánto se habrán llevado “por fuera” el propio Calderón, Ferrari, Lozano, Cordero y demás cuatachines? Porque ya se vio que para gobernar los panistas son una calamidad, pero para la lana son unos genios.

El otro hecho es que la minería se convirtió en una gran fuente de problemas sociales. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina reporta que numerosas comunidades indígenas de Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, se confrontan con diversas empresas mineras empeñadas en usufructuar de cualquier manera sus recursos.

En Zacatecas, por ejemplo, “245 localidades están expuestas a algún tipo de riesgo por la presencia de minas, de acuerdo con el Atlas de Peligros por Fenómenos Geológicos del Estado de Zacatecas”.

Y en Puebla, varios municipios de la Sierra Norte, como Cuetzalan, Huitzilan, Hueytamalco, Ixtacamaxtitlán, Olintla, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zautla tienen conflictos con compañías mexicanas como Grupo Frisco y Grupo México, así como con otras extranjeras de origen canadiense.

Ante la ausencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se ha hecho presente en la zona de conflicto la recién creada Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a través de su comisionado, Jaime Martínez Veloz, con quien se han sentado algunas bases para la discusión y solución de los diferendos entre mineras y comunidades.

Frente a los constantes problemas generados por la arbitrariedad de las mineras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En él se definen las bases legales y constitucionales que reconocen y defienden los derechos de las comunidades indígenas sobre sus recursos y los requisitos que deben cubrir las mineras para poder explotar esos recursos.

Y uno de los requisitos indispensables es la consulta y aprobación de la propia comunidad, sin las cuales toda actividad de las mineras es ilegal.

Este es el mejor camino para impedir que se continúen los aterradores métodos de extraer, saquear y depredar, que obviamente sólo benefician a las mineras y despojan a las comunidades indígenas de una de las pocas opciones que tienen para salir de la pobreza, el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

Cheiser: Como en los peores tiempos de la “Guerra Fría” Estados Unidos saca el garrote para amenazar a los países que, en pleno uso de su soberanía, decidan proteger a Edward Snowden, cuyo único delito fue dejar a los halcones gringos con las nalgas al aire, dando a conocer el intolerable espionaje que el gobierno ejerce sobre sus propios ciudadanos. Uno de los periodos más tristes y lamentables de Estados Unidos fue el vivido bajo el macartismo. Parece que la mayoría no aprendió la lección y a quienes sí la aprendieron los acusan de “traidores” y los entamban. La vida circular.

México: Por intereses de empresas mineras la “división de la CRAC”, acusan

México: Por intereses de empresas mineras la “división de la CRAC”, acusan

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

por Sergio Ferrer. Kaos en la Red

CRACLa Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria lanzó un llamado de alerta a las comunidades adheridas a su sistema de justicia comunitario y a organizaciones fraternas para que “no se confundan, participen en nuestras asambleas y se percaten por su propia cuenta de lo que está ocurriendo en territorio comunitario”.

A través de un comunicado, la CRAC asegura que las declaraciones a la prensa hechas por los ex consejeros Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, a quienes llama principales artífices y promotores de la división, tienen de fondo promover la confrontación y desconfianza para que las empresas mineras a través de ellos puedan implantarse en el territorio con mayor facilidad.

En cuanto al oficio girado a estos dirigentes, la coordinadora señala que les enviaron una invitación para participar en reunión de consejeros y coordinadores el 19, lo cual rechazaron, para analizar posibles alternativas para solucionar el conflicto generado en los pueblos “pero con su inasistencia confirman su incapacidad para construir acuerdos… demostrando su ánimo de abonar al conflicto”.

En el texto emitido por el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y en el que aparecen los nombres de las cuatro casas de justicia, la CRAC asegura que no permitirá que haya división en las comunidades porque “es única y mantiene su proyecto original e histórico de construir un sistema integral que atienda las necesidades de los pueblos y comunidades, no solamente en los ámbitos de la seguridad, la justicia y la reeducación, sino también se han comenzado a construir otras instancias organizativas como la Comisión de Salud, la Comisión de Comunicación Comunitaria, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Educación y otras”, remarcan.

En otra parte del texto destacan como máxima autoridad del sistema comunitario a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias tras lo cual indican que no han reconocido otra casa de justicia más que las cuatro existentes en: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso por lo que la instancia creada por el grupo encabezado por Plácido Valerio y Cruz Rosas no representa al sistema comunitario.

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

El comunicado afirma que “intentaron montarse en el proceso de formación de la CRAC en Ayutla pero no lo lograron por lo que conformaron sus grupos de autodefensa, intentaron apoderarse de los cargos de coordinadores y comandantes en San Luis Acatlán y no lo lograron por lo que ahora intentan formar una nueva instancia adjudicándose “ con soberbia el cargo de fundadores del sistema comunitario, cuando el merito es de los pueblos y de muchos compañeros que con humildad siguen abonando a este proceso organizativo único e irrepetible”, concluyen.

Extractivismo, un debate necesario en América Latina

Extractivismo, un debate necesario en América Latina

Por Leandro Morgenfeld, IADE

extractivismoLa primera década del siglo XXI generó un boom de la economía latinoamericana, basado en parte en la alta demanda y precios de las commodities. ¿Qué peligros sociales y ambientales tiene el esquema basado en las exportaciones agro-mineras? ¿Es posible otra utilización de los bienes comunes de la naturaleza? Los dilemas de la región.

América Latina, en los últimos años, tuvo un crecimiento económico sorprendente, sostenido por la alta demanda y precios de la soja, petróleo y bienes minerales. En la última década, proliferó el modelo extractivista, que se basa en la apropiación de cuantiosos volúmenes de bienes naturales, generalmente bajo prácticas intensivas, que en su mayor parte se exportan como materias primas (minería, agricultura, actividad forestal e hidrocarburífera).

Los países de la región están recreando, en un nuevo contexto mundial, un modelo agro-minero exportador. Este avance del extractivismo produce consecuencias negativas, debido al uso generalizado de agrotóxicos, desmontes, desalojos de comunidades rurales, contaminación, concentración de tierras y represión contra quienes resisten esas políticas. Las principales beneficiadas son las grandes corporaciones, en detrimento de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores y la población en general, que sufre y sufrirá los nefastos efectos ecológicos. Pero también le sacaron provecho, indirectamente, los Estados latinoamericanos, que captan una parte (minúscula generalmente) de esas rentas, pudiendo equilibrar sus cuentas fiscales y, en algunos casos, ampliando el gasto social. Esto último plantea un dilema fundamental para algunos gobiernos de la región.

Esta inserción económica internacional latinoamericana de los primeros años del siglo XXI (que permitió lograr balanzas comerciales positivas y superavit fiscal) se dio en un contexto mundial de aumento de la demanda de bienes comunes de la naturaleza, especialmente por haberse transformado China en una importadora creciente de materias primas.

No es casual que África y América Latina se hayan transformado en dos áreas fundamentales de disputa entre las históricas potencias imperiales y China, succionadora de bienes minerales y agropecuarios en estos dos continentes. La necesidad de alimentar a millones de personas que se incorporan cada año como consumidores al sistema capitalista y el creciente consumo energético de bienes hidrocarburíferos y minerales no renovables impulsó en la última década un aumento inédito de los precios y demanda de los mismos, impactando en la inserción económica internacional de los países latinoamericanos. Parece haber un ciclo en el que se invirtió la histórica tendencia al “deterioro de los términos de intercambio”.

Esta orientación -el denominado “consenso de las commodities”- no se circunscribe a los gobiernos neoliberales de la región, ni a los países tradicionalmente mineros (Chile, Perú, Bolivia). Brasil, por ejemplo, es hoy el principal productor y exportador de bienes minerales. Según el especialista Eduardo Gudynas, en ese país se extrajeron 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011. El resto de los países sudamericanos, en total, sumaron 147 millones de toneladas. En el caso de Argentina, según el periodista Darío Aranda, el monocultivo de soja pasó en la última década de 12 a casi 20 millones de hectáreas (del 38% al 56% de la superficie cultivada). En el caso de la minería, hace 10 años había 40 proyectos y hoy existen 600. Corporaciones transnacionales, con la Barrick Gold a la cabeza, hacen grandes negocios en el país.

Además de haberse demostrado que la idea del “desacople” (la ilusión de que América Latina podía evitar las consecuencias de la crisis económica global) era errada, el modelo extractivista plantea un debate importantísimo: ¿Es sostenible desde el punto de vista social este modelo agro-minero exportador? ¿Y desde el punto de vista ambiental?

Para algunos, el tema ambiental es secundario, y la especialización en la producción y exportaciones de commodities es lo que permitió a los gobiernos progresistas de la región recuperar la influencia del Estado y ampliar las políticas sociales. Entre quienes sí advierten sobre las consecuencias nefastas, existen dos grandes grupos. El primero, integrado por los activistas que apuestan a un capitalismo verde, es decir plantean que es necesario incrementar las regulaciones y controles en función de un modelo extractivo sustentable. El segundo, compuesto por quienes advierten que la destrucción (consumo sin reposición) exponencial de minerales y bienes agropecuarios llevará en pocas décadas a una crisis sistémica y civilizatoria. La salida, esgrimen, tiene que ver con el ecosocialismo, es decir con una perspectiva que denuncie el carácter irreconciliable del capitalismo con la preservación de un equilibrio ecológico. Sostienen la necesidad de construir otro tipo de sociedad -que no se base en la explotación del hombre por el hombre- y otro patrón de producción-consumo que no aniquile los bienes comunes de la tierra en el mediano plazo.

Esta última posición se entronca con las luchas y los planteos de diversos movimientos sociales latinoamericanos (como los que se produjeron la semana pasada, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto) que denuncian la minería a cielo abierto, la sojización, la desforestación, la expropiación de pequeños campesinos y pueblos originarios, vinculando ambas luchas, social y ambiental, en una perspectiva anti-imperialista y anti-capitalista. Advertir los peligros de la profundización de la “acumulación por desposesión” -concepto de David Harvey- es un paso fundamental para construir una estrategia de resistencia frente a la ofensiva del gran capital para apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza.

Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada

Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada

Envío de Carta a:
-Enrique Peña Nieto, Presidente de México
-Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la CNDH
-Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación
-Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
-Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco
-Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO

acciónPor este medio solicito que el Consorcio Minero Peña Colorada detenga las amenazas de desalojo contra los pobladores de Los Potros, comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, en territorio en disputa entre Colima-Jalisco.

Hemos sido informados que el día 21 de junio a las 9:00 horas, fueron citados en las oficinas del Consorcio “Benito Juárez Peña Colorada” S.A. de C.V., en el Poblado Peña Colorada, Municipio de Colima, José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, de la comunidad de Los Potros, Municipio de Cuautitlán, Jalisco para hacerles la oferta de entregarles $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos a cada uno) para que definitivamente abandonen sus terrenos con una longitud de 42 hectáreas, y la empresa pueda hacer uso de un total de 801 hectáreas que le fueron concesionadas ilegalmente por el comisariado ejidal de Ayotitlán, sin consultar a la comunidad indígena, como de “ocupación temporal” para vertedero de residuos tóxicos producto de la extracción minera. De negarse a aceptar esta hoy, les sentenciaron “comenzaremos a llevar material de desecho y descargarlo en sus terrenos”.

José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo, quienes forman parte de la organización Frente Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (FREMMAR), fueron también denunciados hace unas semanas ante el ministerio público de Cuautitlán, por el comisariado ejidal de Ayotitlán, conformado por los CC. Ambrosio Isaac Chávez, Hermenegildo de los Santos José y Beatos Chávez Rosales, por despojo y daños (en sus propios terrenos), esto por negarse a dejar sus tierras y por la defensa que han hecho de su territorio ante diferentes empresas mineras en la región, así mismo por denunciar al Consorcio “Benito Juárez” Peña Colorada ante distintas instancias ambientales (PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA) tanto de Colima como de Jalisco, por la contaminación del río Marabasco con desechos tóxicos producto de la extracción minera.

Ante esta situación de urgencia exigimos:

1.- La intervención de autoridades estatales y federales para que se garantice la integridad física, psicológica y moral, así como la seguridad de los CC José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, para que puedan seguir viviendo y trabajando en sus terrenos como lo han hecho toda su vida.
2.- Cese el hostigamiento por parte de la empresa minera “Benito Juárez, Peña Colorada S.A. de C.V. a la comunidad indígena nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco y se respeten sus derechos humanos y constitucionales.
3.- Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicte inmediatamente las Medidas Cautelares solicitadas por Bios Iguana A.C., enviadas por correo certificado y recibidos con fecha 17 de Junio del presente para la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco.
4.- Que se garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
5.- Exigimos que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de estos acontecimientos de hostigamiento e intimidación, haciendo públicos los resultados de dicha investigación y que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
6.- Responsabilizamos a las autoridades federales y al gobierno de los Estados de Colima y Jalisco de cualquier agresión física o psicológica que puedan sufrir los pobladores de Los Potros de la comunidad indígena de Ayotitlán.

Atentamente,

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO

Las entrañas de México, saqueadas por las mineras

Las entrañas de México, saqueadas por las mineras

Por Arturo Rodríguez García, revista Proceso

mineríaEl oro y la plata significan riqueza… pero sólo para unos cuantos empresarios mineros, no para México ni mucho menos para las comunidades de indios y campesinos a quienes se despoja impunemente. Desde 1993 la ley lo permite. Pero esta ley privilegia la extracción de minerales al costo de envenenar la tierra que podría haber servido para la agricultura y la ganadería. La voracidad de las compañías dedicadas a la minería –que no pagan regalías y apenas unas migajas de impuestos– pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y lleva la tensión social al límite.

La política minera asumida desde hace dos décadas por el Estado mexicano amenaza con provocar una confrontación social, un grave problema alimentario y, por sus proporciones, volverse un asunto de seguridad nacional.

Para dar continuidad a esa política, los cambios hechos a la Ley Minera en la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril –aunque el tema no estaba en agenda, la bancada del PRI lo metió de última hora– y que aún deben pasar por el Senado, no tomaron en cuenta a los pueblos indígenas ni al sector agrario, son inconstitucionales en tanto violan tratados internacionales, contravienen el Pacto por México y desdeñan una iniciativa que se estaba integrando en su Consejo Rector.

Esas son las conclusiones del titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, quien en los últimos meses ha podido constatar los estragos de las operaciones mineras en todo el país: Despojo y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, empobrecimiento de las poblaciones donde la producción mineral es boyante y destrucción, en muchos casos irremediable, del ambiente.

Todo ello, agrega, ha sido facilitado por leyes laxas, actores políticos con intereses en el sector y un saqueo indiscriminado de recursos minerales por parte de empresas que pagan muy pocos impuestos y no dejan regalías.

Según el funcionario el riesgo de confrontación social es grave y en diferentes zonas del país ya se observan los reclamos de indígenas y campesinos afectados, mientras los consorcios mineros aumentan sus ganancias sin dar nada a cambio.

De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.

Según cifras de Martínez Veloz, durante todo el periodo colonial se extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 de plata; de 2000 a 2010 en México se extrajeron 420 toneladas de oro y 35 mil de plata.

El funcionario sostiene que México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen.

“La cuestión es que si la minería produce empleos, propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades indígenas de las zonas mineras son las más pobres? El ejemplo es la Sierra Tarahumara”, plantea.

Señala que con la reforma, que impone 5% de pago por uso de suelo, se aprobó una ley que reduce un fenómeno complejo, con numerosas variables ambientales, sociales, políticas y jurídicas, a un asunto de un monto muy reducido de impuestos.

“Creo que hay muchos elementos para que pueda ser cuestionada en la Corte –opina Martínez Veloz–. Pero aquí la cuestión es: ¿Cuál es la prisa de aprobar una iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas de México en un asunto tan delicado que puede generar confrontaciones de carácter social en diferentes partes del país?”

Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, la entrega de la riqueza del subsuelo a las empresas deja números alarmantes: De los aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad (unos 98 millones de hectáreas) se concesionaron a compañías mineras.

De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el comisionado y que están en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2011 México tuvo una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas. Ese es el último año reportado y también el de mayor siembra desde 1981.

Los mismos datos, actualizados a junio de 2012, establecen que la superficie agrícola y ganadera en México es de aproximadamente 106 millones de hectáreas.

En opinión de Martínez Veloz, si se considera que el resto del territorio nacional es no productivo, el contraste de la superficie agrícola con la minera es de alarmar: Quedan 7 millones de hectáreas para la producción alimentaria. De ahí que el comisionado prefiera dimensionar el problema en los siguientes términos: “No se ha concesionado la mitad del país sino casi la totalidad de la superficie productiva de México”.

A partir de 1993, cuando la minería se convirtió en actividad primaria, los números reflejaron un incremento gradual del territorio concesionado.

De 1993 a 2000 la superficie concesionada sumó más de 38 millones de hectáreas. Durante los 12 años de gobiernos panistas se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas, de las cuales más de 30 millones fueron repartidas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Los señores Zedillo, Fox y especialmente Calderón tendrían que dar una explicación sobre la forma en que condujeron el sector y el grave daño que hicieron al país”, dice Martínez Veloz.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1905, ya en circulación)

LA CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES EN MEXICO A LAS COMPAÑIAS MINERAS TRASNACIONALES

LA CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES EN MEXICO A LAS COMPAÑIAS MINERAS TRASNACIONALES

mineriaEntre las trasnacionales mineras que operan en Mexico, se encuentran en primer lugar las canadienses por el numero de concesiones y las grandes extenciones de tierra sobre las que han obtenido concesiones para exploración y explotación de minerales a cielo abierto, como el oro y la plata  Entre ellas están la BLACK FIRE, con 200,000 Hs.,la RADIUS GOLD con 103,000 Hs.,la LINEAR GOLD con casi 200,000 Hs.,CODELCO con 122,000Hs., ZALAMERA con 246,000 Hs., FIRST MAJESTIC, NEW GOLD, Cam Sim MINAS.

La SEMARNAT dará su dictamen el día 2 de Junio, así que no tenemos mucho tiempo!!!

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