Alejandro Villamar, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras

Terra Noticias

México, DF.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció que algunas empresas canadienses que operan en México contratan sicarios para controlar, amenazar e incluso matar a activistas y opositores que se opongan a sus proyectos en diversas comunidades del país.

Esta organización basó su acusación con la documentación de 10 casos en los que están involucradas las compañías mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder– por los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo del 2012, en San José del Progreso, Oaxaca.

Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) informó que envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que pide se expulse del país a dos directivos de la empresa Esperanza Silver de México, pues en regiones enteras del país, las mineras canadienses “están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación”.

Alejandro Villamar, representante de la Rema expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras “abrumadoramente canadienses” contra defensores de derechos humanos y contra habitantes de los sitios en que están las concesiones que explotan.

En agosto de 2009, la Rema presentó una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que “sicarios de TeckCominko” dispararon con balas de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula, Guerrero, quien quedó inválido.

“Tres meses más tarde, en noviembre de 2009, denunciamos primero la detención arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de sicarios enviados por Blackfire Exploration.

Expuso que en octubre del año pasado fueron asesinados Ismael Solorio y su compañera Manuela Martha Solís, de El Barzón, de Chihuahua, quienes encabezaban la lucha contra la invasión ilegal de tierra que lleva a cabo MagSilver y su subsidiaria mexicana, Cascabel.

Mencionó, asimismo, la desaparición el pasado 23 de octubre de Celedonio Monroy Prudencio, indígena de Ayotitlán, Jalisco, y las amenazas de muerte contra Gaudencio Mancilla, de esa misma comunidad.

Asesinan a opositor de mina y disparan contra activista

Esta semana fue asesinado el comunitario y miembro de la Resistencia Pacífica en La Puya Santos Fidel Ajau Suret, y en otro hecho dispararon frente a la casa de la activista Yolanda Oquelí, quien el año pasado fue herida por arma de fuego.

Repudian asesinato de activista

Comunicado Urgente

Denunciamos el cobarde asesinato de Santos Fidel Ajau Suret activista del Plantón de La Puya

Santos Fidel Ajau Suret de 54 años de edad, vecino de la aldea San Antonio El Ángel y activista del plantón de La Puya, fue cobardemente asesinado el día martes 9 de julio, cuando volvía a su vivienda.

Repudiamos este vil asesinato ejecutado a las 17:15 horas por dos hombres que se conducían en motocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San Antonio El Ángel. Don Fidel recibió tres balazos por la espalda y luego dos tiros de gracia.

Además denunciamos que en la noche del mismo día martes 9 de julio, desconocidos realizaron disparos de arma de fuego frente a la casa de Yolanda Oquelí, en San José del Golfo.

El modus operandi de este asesinato es similar al del atentado contra Yolanda Oquelí en el mes de junio del año pasado. El domingo recién pasado Santos Ajau había recibido amenazas por parte de personas que han participado en los hostigamientos organizados por la empresa minera. Entre el mes de junio hasta la fecha, se han dado incidentes de hostigamiento y amenaza contra la resistencia en el plantón de La Puya, que incluye disparos con arma de fuego.

Las personas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen a la instalación del proyecto minero Progreso VII Derivada, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas sin haber consultado a la población de los municipios afectados. El proyecto minero es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA.

Los inversionistas de este proyecto han lanzado una campaña de hostigamiento y atentados contra la resistencia de La Puya, contratando a ex militares que estuvieron activos durante el conflicto armado interno. Tal es el caso del militar retirado Pablo Silas Orozco que ha encabezado las agresiones contra los activistas de La Puya. Orozco está ligado a proceso judicial por amenazas contra comunicadores sociales a quienes agredió física y verbalmente durante el mes de noviembre del año pasado.

Las comunidades que conforman en la resistencia La Puya, están en reuniones de acercamiento para exigir la cancelación del proyecto minero Progreso VII Derivada ante máximas autoridades como el Presidente Otto Pérez Molina y los ministros de Gobernación, Energía y Minas, y Ambiente y Recursos Naturales. A dichas autoridades les exigimos la cancelación inmediata de las licencias mineras y de hidroeléctricas otorgadas a empresas que han realizado acciones criminales contra la población.Tal el caso de Ecoener Hidralia Energia –Hidro Santa Cruz en Huehuetenango, Mina San Rafael – Tahoe Resources Inc. en Santa Rosa y la misma Kappes Cassiday & Associates -KCA.

¡Alto a los asesinatos de defensoras y defensores de la vida y el territorio!
¡Exigimos la investigación a fondo y el esclarecimiento del vil asesinato de Santos Fidel Ajau Suret!
¡Exigimos la investigación sobre el atentado e intimidaciones en contra de Yolanda Oqueli!
¡El gobierno de Pérez Molina debe cancelar las licencias a empresas extractivas que han realizado acciones criminales contra la población guatemalteca!
¡Sí a la vida, No a la minería!

ORGANIZACIONES SOCIALES DE GUATEMALA, AMÉRICA LATINA Y TODO EL MUNDO

Extraer, saquear y depredar

La Jornada de Oriente

Sin discusión que valga, la grandeza de los imperios se ha cimentado siempre sobre la explotación y el atraco de los pueblos conquistados o subordinados. Estableciendo abusivos tributos, los conquistadores se apropian del producto del trabajo de los colonizados, ya sea en especie o en moneda. Pero donde el afán de riqueza maltrata con mayor severidad a países y comunidades es en la irracional explotación de sus recursos naturales, renovables y no renovables.

El arrasamiento de bosques y selvas, el despilfarro, contaminación y agotamiento de fuentes acuíferas; la contaminación del aire; la destrucción de arrecifes y manglares, y una interminable lista de crímenes contra el equilibrio y la salud ambientales han generado un desorden ecológico cuyas consecuencias finales son impredecibles, pero cuyos augurios son terribles.

Mención especial merece la explotación minera, porque en ella se concatenan las peores amenazas para el bienestar y la propia sobrevivencia de la especie humana. Es cierto que los minerales son y han sido fundamentales para el desarrollo. No se concibe actividad científica, económica o domestica sin su presencia. Esa omnipresencia exige cantidades cada vez mayores y de mejor calidad y hace de la industria minera, encargada de extraerlos y procesarlos, una de las actividades más lucrativas de la historia.

El peninsular Arturo Pérez Reverte, en El oro del rey, relata magníficamente la pública algarabía con que la nobleza española recibía, ya en Cádiz o Sevilla, los galeones cargados de oro y plata provenientes de sus colonias americanas. Describe la importancia vital de tales riquezas para el financiamiento de las guerras que España libraba contra casi toda Europa, así como la dependencia de la nobleza española (tan parasitaria que consideraba el trabajo ya no como un castigo, sino como una ofensa) de los metales americanos para sufragar su ridícula opulencia, y, finalmente, de la corrupción e ineptitud del gobierno para administrar la abundancia. Igual o parecido era en Inglaterra, Francia, Holanda y demás potencias europeas. Luego se valían de piratas y corsarios para robarse unas a otras. Nada nuevo bajo el sol.

Lo cierto es que hoy la industria minera es tan o más poderosa que en los tiempos coloniales. En México constituye, junto con el petróleo y las remesas, la principal fuente de divisas, y representa alrededor de 5 por ciento del PIB. Sólo durante el régimen de Calderón y sus cuates se otorgaron más de 26 mil concesiones mineras, el Grupo México se colocó en el top ten de la minería mundial y su ínclito dueño, Germán Larrea, ascendió en las listas de Forbes. ¿Cuánto se habrán llevado “por fuera” el propio Calderón, Ferrari, Lozano, Cordero y demás cuatachines? Porque ya se vio que para gobernar los panistas son una calamidad, pero para la lana son unos genios.

El otro hecho es que la minería se convirtió en una gran fuente de problemas sociales. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina reporta que numerosas comunidades indígenas de Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, se confrontan con diversas empresas mineras empeñadas en usufructuar de cualquier manera sus recursos.

En Zacatecas, por ejemplo, “245 localidades están expuestas a algún tipo de riesgo por la presencia de minas, de acuerdo con el Atlas de Peligros por Fenómenos Geológicos del Estado de Zacatecas”.

Y en Puebla, varios municipios de la Sierra Norte, como Cuetzalan, Huitzilan, Hueytamalco, Ixtacamaxtitlán, Olintla, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zautla tienen conflictos con compañías mexicanas como Grupo Frisco y Grupo México, así como con otras extranjeras de origen canadiense.

Ante la ausencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se ha hecho presente en la zona de conflicto la recién creada Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a través de su comisionado, Jaime Martínez Veloz, con quien se han sentado algunas bases para la discusión y solución de los diferendos entre mineras y comunidades.

Frente a los constantes problemas generados por la arbitrariedad de las mineras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En él se definen las bases legales y constitucionales que reconocen y defienden los derechos de las comunidades indígenas sobre sus recursos y los requisitos que deben cubrir las mineras para poder explotar esos recursos.

Y uno de los requisitos indispensables es la consulta y aprobación de la propia comunidad, sin las cuales toda actividad de las mineras es ilegal.

Este es el mejor camino para impedir que se continúen los aterradores métodos de extraer, saquear y depredar, que obviamente sólo benefician a las mineras y despojan a las comunidades indígenas de una de las pocas opciones que tienen para salir de la pobreza, el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

Cheiser: Como en los peores tiempos de la “Guerra Fría” Estados Unidos saca el garrote para amenazar a los países que, en pleno uso de su soberanía, decidan proteger a Edward Snowden, cuyo único delito fue dejar a los halcones gringos con las nalgas al aire, dando a conocer el intolerable espionaje que el gobierno ejerce sobre sus propios ciudadanos. Uno de los periodos más tristes y lamentables de Estados Unidos fue el vivido bajo el macartismo. Parece que la mayoría no aprendió la lección y a quienes sí la aprendieron los acusan de “traidores” y los entamban. La vida circular.

México: Por intereses de empresas mineras la “división de la CRAC”, acusan

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

por Sergio Ferrer. Kaos en la Red

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria lanzó un llamado de alerta a las comunidades adheridas a su sistema de justicia comunitario y a organizaciones fraternas para que “no se confundan, participen en nuestras asambleas y se percaten por su propia cuenta de lo que está ocurriendo en territorio comunitario”.

A través de un comunicado, la CRAC asegura que las declaraciones a la prensa hechas por los ex consejeros Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, a quienes llama principales artífices y promotores de la división, tienen de fondo promover la confrontación y desconfianza para que las empresas mineras a través de ellos puedan implantarse en el territorio con mayor facilidad.

En cuanto al oficio girado a estos dirigentes, la coordinadora señala que les enviaron una invitación para participar en reunión de consejeros y coordinadores el 19, lo cual rechazaron, para analizar posibles alternativas para solucionar el conflicto generado en los pueblos “pero con su inasistencia confirman su incapacidad para construir acuerdos… demostrando su ánimo de abonar al conflicto”.

En el texto emitido por el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y en el que aparecen los nombres de las cuatro casas de justicia, la CRAC asegura que no permitirá que haya división en las comunidades porque “es única y mantiene su proyecto original e histórico de construir un sistema integral que atienda las necesidades de los pueblos y comunidades, no solamente en los ámbitos de la seguridad, la justicia y la reeducación, sino también se han comenzado a construir otras instancias organizativas como la Comisión de Salud, la Comisión de Comunicación Comunitaria, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Educación y otras”, remarcan.

En otra parte del texto destacan como máxima autoridad del sistema comunitario a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias tras lo cual indican que no han reconocido otra casa de justicia más que las cuatro existentes en: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso por lo que la instancia creada por el grupo encabezado por Plácido Valerio y Cruz Rosas no representa al sistema comunitario.

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

El comunicado afirma que “intentaron montarse en el proceso de formación de la CRAC en Ayutla pero no lo lograron por lo que conformaron sus grupos de autodefensa, intentaron apoderarse de los cargos de coordinadores y comandantes en San Luis Acatlán y no lo lograron por lo que ahora intentan formar una nueva instancia adjudicándose “ con soberbia el cargo de fundadores del sistema comunitario, cuando el merito es de los pueblos y de muchos compañeros que con humildad siguen abonando a este proceso organizativo único e irrepetible”, concluyen.

Extractivismo, un debate necesario en América Latina

Por Leandro Morgenfeld, IADE

La primera década del siglo XXI generó un boom de la economía latinoamericana, basado en parte en la alta demanda y precios de las commodities. ¿Qué peligros sociales y ambientales tiene el esquema basado en las exportaciones agro-mineras? ¿Es posible otra utilización de los bienes comunes de la naturaleza? Los dilemas de la región.

América Latina, en los últimos años, tuvo un crecimiento económico sorprendente, sostenido por la alta demanda y precios de la soja, petróleo y bienes minerales. En la última década, proliferó el modelo extractivista, que se basa en la apropiación de cuantiosos volúmenes de bienes naturales, generalmente bajo prácticas intensivas, que en su mayor parte se exportan como materias primas (minería, agricultura, actividad forestal e hidrocarburífera).

Los países de la región están recreando, en un nuevo contexto mundial, un modelo agro-minero exportador. Este avance del extractivismo produce consecuencias negativas, debido al uso generalizado de agrotóxicos, desmontes, desalojos de comunidades rurales, contaminación, concentración de tierras y represión contra quienes resisten esas políticas. Las principales beneficiadas son las grandes corporaciones, en detrimento de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores y la población en general, que sufre y sufrirá los nefastos efectos ecológicos. Pero también le sacaron provecho, indirectamente, los Estados latinoamericanos, que captan una parte (minúscula generalmente) de esas rentas, pudiendo equilibrar sus cuentas fiscales y, en algunos casos, ampliando el gasto social. Esto último plantea un dilema fundamental para algunos gobiernos de la región.

Esta inserción económica internacional latinoamericana de los primeros años del siglo XXI (que permitió lograr balanzas comerciales positivas y superavit fiscal) se dio en un contexto mundial de aumento de la demanda de bienes comunes de la naturaleza, especialmente por haberse transformado China en una importadora creciente de materias primas.

No es casual que África y América Latina se hayan transformado en dos áreas fundamentales de disputa entre las históricas potencias imperiales y China, succionadora de bienes minerales y agropecuarios en estos dos continentes. La necesidad de alimentar a millones de personas que se incorporan cada año como consumidores al sistema capitalista y el creciente consumo energético de bienes hidrocarburíferos y minerales no renovables impulsó en la última década un aumento inédito de los precios y demanda de los mismos, impactando en la inserción económica internacional de los países latinoamericanos. Parece haber un ciclo en el que se invirtió la histórica tendencia al “deterioro de los términos de intercambio”.

Esta orientación -el denominado “consenso de las commodities”- no se circunscribe a los gobiernos neoliberales de la región, ni a los países tradicionalmente mineros (Chile, Perú, Bolivia). Brasil, por ejemplo, es hoy el principal productor y exportador de bienes minerales. Según el especialista Eduardo Gudynas, en ese país se extrajeron 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011. El resto de los países sudamericanos, en total, sumaron 147 millones de toneladas. En el caso de Argentina, según el periodista Darío Aranda, el monocultivo de soja pasó en la última década de 12 a casi 20 millones de hectáreas (del 38% al 56% de la superficie cultivada). En el caso de la minería, hace 10 años había 40 proyectos y hoy existen 600. Corporaciones transnacionales, con la Barrick Gold a la cabeza, hacen grandes negocios en el país.

Además de haberse demostrado que la idea del “desacople” (la ilusión de que América Latina podía evitar las consecuencias de la crisis económica global) era errada, el modelo extractivista plantea un debate importantísimo: ¿Es sostenible desde el punto de vista social este modelo agro-minero exportador? ¿Y desde el punto de vista ambiental?

Para algunos, el tema ambiental es secundario, y la especialización en la producción y exportaciones de commodities es lo que permitió a los gobiernos progresistas de la región recuperar la influencia del Estado y ampliar las políticas sociales. Entre quienes sí advierten sobre las consecuencias nefastas, existen dos grandes grupos. El primero, integrado por los activistas que apuestan a un capitalismo verde, es decir plantean que es necesario incrementar las regulaciones y controles en función de un modelo extractivo sustentable. El segundo, compuesto por quienes advierten que la destrucción (consumo sin reposición) exponencial de minerales y bienes agropecuarios llevará en pocas décadas a una crisis sistémica y civilizatoria. La salida, esgrimen, tiene que ver con el ecosocialismo, es decir con una perspectiva que denuncie el carácter irreconciliable del capitalismo con la preservación de un equilibrio ecológico. Sostienen la necesidad de construir otro tipo de sociedad -que no se base en la explotación del hombre por el hombre- y otro patrón de producción-consumo que no aniquile los bienes comunes de la tierra en el mediano plazo.

Esta última posición se entronca con las luchas y los planteos de diversos movimientos sociales latinoamericanos (como los que se produjeron la semana pasada, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto) que denuncian la minería a cielo abierto, la sojización, la desforestación, la expropiación de pequeños campesinos y pueblos originarios, vinculando ambas luchas, social y ambiental, en una perspectiva anti-imperialista y anti-capitalista. Advertir los peligros de la profundización de la “acumulación por desposesión” -concepto de David Harvey- es un paso fundamental para construir una estrategia de resistencia frente a la ofensiva del gran capital para apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza.

Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada

Envío de Carta a:
-Enrique Peña Nieto, Presidente de México
-Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la CNDH
-Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación
-Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
-Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco
-Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO

Por este medio solicito que el Consorcio Minero Peña Colorada detenga las amenazas de desalojo contra los pobladores de Los Potros, comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, en territorio en disputa entre Colima-Jalisco.

Hemos sido informados que el día 21 de junio a las 9:00 horas, fueron citados en las oficinas del Consorcio “Benito Juárez Peña Colorada” S.A. de C.V., en el Poblado Peña Colorada, Municipio de Colima, José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, de la comunidad de Los Potros, Municipio de Cuautitlán, Jalisco para hacerles la oferta de entregarles $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos a cada uno) para que definitivamente abandonen sus terrenos con una longitud de 42 hectáreas, y la empresa pueda hacer uso de un total de 801 hectáreas que le fueron concesionadas ilegalmente por el comisariado ejidal de Ayotitlán, sin consultar a la comunidad indígena, como de “ocupación temporal” para vertedero de residuos tóxicos producto de la extracción minera. De negarse a aceptar esta hoy, les sentenciaron “comenzaremos a llevar material de desecho y descargarlo en sus terrenos”.

José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo, quienes forman parte de la organización Frente Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (FREMMAR), fueron también denunciados hace unas semanas ante el ministerio público de Cuautitlán, por el comisariado ejidal de Ayotitlán, conformado por los CC. Ambrosio Isaac Chávez, Hermenegildo de los Santos José y Beatos Chávez Rosales, por despojo y daños (en sus propios terrenos), esto por negarse a dejar sus tierras y por la defensa que han hecho de su territorio ante diferentes empresas mineras en la región, así mismo por denunciar al Consorcio “Benito Juárez” Peña Colorada ante distintas instancias ambientales (PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA) tanto de Colima como de Jalisco, por la contaminación del río Marabasco con desechos tóxicos producto de la extracción minera.

Ante esta situación de urgencia exigimos:

1.- La intervención de autoridades estatales y federales para que se garantice la integridad física, psicológica y moral, así como la seguridad de los CC José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, para que puedan seguir viviendo y trabajando en sus terrenos como lo han hecho toda su vida.
2.- Cese el hostigamiento por parte de la empresa minera “Benito Juárez, Peña Colorada S.A. de C.V. a la comunidad indígena nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco y se respeten sus derechos humanos y constitucionales.
3.- Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicte inmediatamente las Medidas Cautelares solicitadas por Bios Iguana A.C., enviadas por correo certificado y recibidos con fecha 17 de Junio del presente para la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco.
4.- Que se garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
5.- Exigimos que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de estos acontecimientos de hostigamiento e intimidación, haciendo públicos los resultados de dicha investigación y que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
6.- Responsabilizamos a las autoridades federales y al gobierno de los Estados de Colima y Jalisco de cualquier agresión física o psicológica que puedan sufrir los pobladores de Los Potros de la comunidad indígena de Ayotitlán.

Atentamente,

FIRMA EN EL FORMULARIO DE ENVÍO

Las entrañas de México, saqueadas por las mineras

Por Arturo Rodríguez García, revista Proceso

El oro y la plata significan riqueza… pero sólo para unos cuantos empresarios mineros, no para México ni mucho menos para las comunidades de indios y campesinos a quienes se despoja impunemente. Desde 1993 la ley lo permite. Pero esta ley privilegia la extracción de minerales al costo de envenenar la tierra que podría haber servido para la agricultura y la ganadería. La voracidad de las compañías dedicadas a la minería –que no pagan regalías y apenas unas migajas de impuestos– pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y lleva la tensión social al límite.

La política minera asumida desde hace dos décadas por el Estado mexicano amenaza con provocar una confrontación social, un grave problema alimentario y, por sus proporciones, volverse un asunto de seguridad nacional.

Para dar continuidad a esa política, los cambios hechos a la Ley Minera en la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril –aunque el tema no estaba en agenda, la bancada del PRI lo metió de última hora– y que aún deben pasar por el Senado, no tomaron en cuenta a los pueblos indígenas ni al sector agrario, son inconstitucionales en tanto violan tratados internacionales, contravienen el Pacto por México y desdeñan una iniciativa que se estaba integrando en su Consejo Rector.

Esas son las conclusiones del titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, quien en los últimos meses ha podido constatar los estragos de las operaciones mineras en todo el país: Despojo y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, empobrecimiento de las poblaciones donde la producción mineral es boyante y destrucción, en muchos casos irremediable, del ambiente.

Todo ello, agrega, ha sido facilitado por leyes laxas, actores políticos con intereses en el sector y un saqueo indiscriminado de recursos minerales por parte de empresas que pagan muy pocos impuestos y no dejan regalías.

Según el funcionario el riesgo de confrontación social es grave y en diferentes zonas del país ya se observan los reclamos de indígenas y campesinos afectados, mientras los consorcios mineros aumentan sus ganancias sin dar nada a cambio.

De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.

Según cifras de Martínez Veloz, durante todo el periodo colonial se extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 de plata; de 2000 a 2010 en México se extrajeron 420 toneladas de oro y 35 mil de plata.

El funcionario sostiene que México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen.

“La cuestión es que si la minería produce empleos, propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades indígenas de las zonas mineras son las más pobres? El ejemplo es la Sierra Tarahumara”, plantea.

Señala que con la reforma, que impone 5% de pago por uso de suelo, se aprobó una ley que reduce un fenómeno complejo, con numerosas variables ambientales, sociales, políticas y jurídicas, a un asunto de un monto muy reducido de impuestos.

“Creo que hay muchos elementos para que pueda ser cuestionada en la Corte –opina Martínez Veloz–. Pero aquí la cuestión es: ¿Cuál es la prisa de aprobar una iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas de México en un asunto tan delicado que puede generar confrontaciones de carácter social en diferentes partes del país?”

Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, la entrega de la riqueza del subsuelo a las empresas deja números alarmantes: De los aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad (unos 98 millones de hectáreas) se concesionaron a compañías mineras.

De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el comisionado y que están en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2011 México tuvo una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas. Ese es el último año reportado y también el de mayor siembra desde 1981.

Los mismos datos, actualizados a junio de 2012, establecen que la superficie agrícola y ganadera en México es de aproximadamente 106 millones de hectáreas.

En opinión de Martínez Veloz, si se considera que el resto del territorio nacional es no productivo, el contraste de la superficie agrícola con la minera es de alarmar: Quedan 7 millones de hectáreas para la producción alimentaria. De ahí que el comisionado prefiera dimensionar el problema en los siguientes términos: “No se ha concesionado la mitad del país sino casi la totalidad de la superficie productiva de México”.

A partir de 1993, cuando la minería se convirtió en actividad primaria, los números reflejaron un incremento gradual del territorio concesionado.

De 1993 a 2000 la superficie concesionada sumó más de 38 millones de hectáreas. Durante los 12 años de gobiernos panistas se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas, de las cuales más de 30 millones fueron repartidas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Los señores Zedillo, Fox y especialmente Calderón tendrían que dar una explicación sobre la forma en que condujeron el sector y el grave daño que hicieron al país”, dice Martínez Veloz.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1905, ya en circulación)

LA CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES EN MEXICO A LAS COMPAÑIAS MINERAS TRASNACIONALES

Entre las trasnacionales mineras que operan en Mexico, se encuentran en primer lugar las canadienses por el numero de concesiones y las grandes extenciones de tierra sobre las que han obtenido concesiones para exploración y explotación de minerales a cielo abierto, como el oro y la plata  Entre ellas están la BLACK FIRE, con 200,000 Hs.,la RADIUS GOLD con 103,000 Hs.,la LINEAR GOLD con casi 200,000 Hs.,CODELCO con 122,000Hs., ZALAMERA con 246,000 Hs., FIRST MAJESTIC, NEW GOLD, Cam Sim MINAS.

La SEMARNAT dará su dictamen el día 2 de Junio, así que no tenemos mucho tiempo!!!

Haz clic aquí para leer más acerca de ello y para firmar: AQUÍ

Minera de Slim en montañas de Chiapas

El hombre más adinerado del mundo a través de una de sus empresas, concesionó la mitad del territorio de Solosuchiapa Chiapas, sacaría oro, plata y plomo. Los permisos funcionaran  si los pueblos dejan entrar a una minera.  

IRIS VELAZQUEZ/FILO&SOFIA

El subsuelo de las montañas del Norte del estado ha sido concesionado por la minera San Francisco del Oro S.A. de C.V. propiedad del empresario Carlos Slim. En el municipio de Solosuchiapa al norte del estado, desde hace dos décadas hasta la fecha esa empresa logró que se le otorgara en concesión el 42 por ciento de su territorio municipal. Este municipio es distintivo por sus cascadas, sus ríos Amatan, La Sierra, Negro y Arroyo Moquimba los cuales no sólo son  importantes para los pobladores de comunidades de los alrededores sino también, para esa compañía porque precisamente en este territorio se encuentra  una fuente importante para extraer el oro, plata y plomo que posee el subsuelo de Solosuchiapa y donde se han concesionado 15 mil 560  hectáreas.

Podrían extraer si consiguen permiso de pueblos San Francisco del Oro S.A. de C.V. podría dejar de explotar esta zona  hasta el año 2045 si consigue mantener el permiso de suelo de los pueblos, ejidos o particulares,  pues son ellos quienes finalmente otorgan o no esa autorización de la mano con las dependencias federales.

Existen minas en Chiapas que luego de iniciar actividad con  permisos de habitantes, fueron ellos quienes lograron que detuviera actividad. El caso más reciente sucedió en Escuintla, en la Sierra de Chiapas, a mediados del año pasado pobladores lograron que la mina Nueva Francia detuviera sus actividades. Los pobladores comprobaron que estaba trabajando en la ilegalidad, cuenta  a este semanario Romeo García Cortés, habitante afectado.       

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el 1992 las reformas al artículo 27 Constitucional señalan que los minerales son explotables y concesionables, aunque la misma Ley Agraria señala que serán los dueños de las tierras quienes darán o no su permiso. Al menos en Chiapas la Secretaría de Economía federal no registra en sus archivos convenios privados para la expropiación minería celebrado entre un concesionario y un dueño de superficie. De acuerdo a datos de la Dirección General Minera de la SE Federal, obtenidos a través de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, los lotes Santa Fe Tres, Santa Fe Dos, Cuatro y Cinco forman parte de la concesión de San Francisco del Oro S.A. de C.V .en Solosuchiapa.

Está empresa es propiedad de la minera Frisco S.A. de la que es dueño uno de los hombres más adinerados del mundo, Carlos Slim. San Francisco  está en la entidad de Chihuhua sus primeras exploraciones fuerom en 1550 según datos de su página oficial.  Mientras que a Chiapas llegó en 1988 en el lote Santa Fe de Solosuchiapa.

Esas concesiones de extracción fueron otorgadas en los  años 88, 94, 95, 2004 y 2005. De acuerdo a esas fechas coinciden con las primeras  exploraciones en la entidad que data de los años 80. Hoy, diversas dependencias participan en la otorgación de un permiso minero,  como son SEMARNAT, CONAGUA, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda.

Cuando se le pregunta sobre el tema a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del estado encabezada por Carlos Morales, esté niega que la dependencia a su cargo deberá ofrecer legalidad a las concesiones mineras en Chiapas, “no nos compete”, suele decir quien fue candidato a la alcaldía de Tuxtla.

Esto pese a que la legislación dice lo contrario a su dicho, pues señala la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal de esa dependencia deberá  asegurar el ejercicio legal de las concesiones mineras asentadas en esta entidad para saber si se promueve el cumplimiento de la legislación ambiental.

Slim, también ha puesto los ojos en zonas protegidas del estado. Se trata de La Selva Lacandona y la reserva forestal «El Triunfo” para «alcanzar resultados de conservación relevantes, perdurables y estratégicos que no sólo beneficien al medio ambiente sino también a la ciudadanía», señala en su página de internet   su Fundación.

El modelo de extracción minera está concesionado, el 19 % por ciento del subsuelo de la entidad.  La mayoría de dueños de las concesiones son mexicanos porque así lo exige la legislación mexicana, aunque en algunos casos las empresas sean extranjeras.

El problema no es el mineral en sí mismo, sino el modelo que sustenta su extracción industrializada, dice Gustavo Castro de la Red Mexicana de Afectados Contra la Minería (REMA) Chiapas.

“No toma en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales, económicos o locales. Elimina sus propias fuentes de reproducción y acumulación de capital, ni considera el agotamiento y el daño irreversible sobre el medio ambiente.

No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este modelo tienen nombre: las cada vez más grandes corporaciones supranacionales, agrega.

TIERRA ARRASADA

NÚMERO DE LA JORNADA DEL CAMPO DEDICADO A LA MINERÍA

CONTENIDO:
-Tierra habitada
-El eslabón faltante
-El modelo extractivo minero
-Criminalización del movimiento Antiminero
-Los Caminos de la resistencia: de la Montaña a la Costa Chica
-Concesiones mineras y derechos de los pueblos indígenas
-Minería tóxica
-Los derechos de los pueblos y la minería
-Cerro de San Pedro: Breve reseña de sus luchas
-La Mina Peña Colorada Devasta Territorio Nahua
-De aguas y “locomotoras minero-energéticas”

El modelo extractivo minero

Gustavo Castro Soto Otros Mundos AC / Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) / M4
En cada proyecto minero hay algún tipo de conflicto con la empresa, misma que argumenta que los opositores no desean el desarrollo. También se dice que no debería haber oposición a la actividad minera porque todos usamos sus productos, lo cual es cierto. Sin embargo, el problema no es el mineral en sí mismo, sino el modelo que sustenta su extracción industrializada.

Para lograr el objetivo de mayor ganancia y acumulación de capital, la industria busca disminuir sus costos aumentando la pobreza: mejora su tecnología, abarata los costos de la materia prima, disminuye tiempos y distancias, paga menos a la trabajadora y al trabajador, evita impuestos, logra nulas regulaciones ambientales y legales, se aprovecha de tratados de libre comercio, obtiene créditos blandos, busca servicios baratos o gratuitos (agua, energía, infraestructura, etcétera), externaliza los costos sociales y medioambientales y logra subsidios, entre otras fórmulas.

La actividad extractiva –antes concebida como actividad minera, petrolera y gas– ahora implica toda la extracción industrial directa e indirecta sobre los bienes comunes naturales convertidos en “recursos naturales” por medio de precio y dueño: petróleo, gas, carbón, tierras, minerales, madera, agua (embotellamiento, represas de almacenamiento, etcétera), energía, pesca industrializada; material genético de plantas, animales y humanos; elementos químicos, captura –sumideros– de carbono, producción de oxígeno, monocultivos de la agroindustria y de las plantaciones forestales, granjas camaronícolas, etcétera. O la industria que extrae y sobreexplota la mano de obra, las tierras y los territorios; el agua, los minerales y la energía convertidos en tomates, soya, piña, madera y carne, entre otros.

De esta forma, el “modelo de la industria extractiva” es el conjunto de actividades a gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, que le incorpora precio y dueño con el fin de obtener el mayor lucro posible, y que evita restituir, reparar, mitigar, compensar, consultar e informar, sin asumir los costos de dicha extracción. No toma en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales, económicos o locales. Elimina sus propias fuentes de reproducción y acumulación de capital; no toma en cuenta el tiempo para que los bienes comunes naturales se reproduzcan, ni considera el agotamiento y el daño irreversible sobre el medio ambiente. No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este modelo tienen nombre: las cada vez más grandes corporaciones supranacionales.

En este marco hablamos del “modelo extractivo minero” que el capitalismo transforma en una industria que aumenta el cambio climático, que no genera cadenas ni procesos económicos locales importantes para la gente, concentra grandes extensiones de tierra y despoja de sus territorios a muchos pueblos originarios. Transfiere enormes recursos y ganancias a las grandes corporaciones sin dejar casi nada, sólo pobreza y grandes consecuencias sociales y ambientales.

La industria extractiva minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero trasnacional, pero también a las condiciones y actores político-económicos internacionales de cada país. Entre 1990 y 1997, a nivel mundial las inversiones en exploración minera crecieron en 90 por ciento. Y en América Latina el aumento fue de 400 por ciento, equivalente a una inversión acumulada de 17 mil 300 millones de dólares. Esta región se convirtió así en la principal receptora de capitales mineros en todo el mundo, a pesar de representar sólo 30 por ciento del total de las inversiones mundiales.

A fines de los años 90s sólo diez empresas controlaban el 50 por ciento de la producción mundial de cobre; tres empresas el 70 por ciento del hierro y seis compañías el 90 por ciento del aluminio. La proporción mundial de oro que cubría América Latina pasó de cinco por ciento en 1980 a 10.3 en 1990 y a 14.9 por ciento en 2004. En la actualidad, la extracción de plata durante 26 meses y la aurífera de seis meses es equivalente al tesoro colonial comprendido durante ¡120 años!, entre 1530 y 1650. Y con un mismo ritmo, cuatro años de extracción de plata y un año de oro es equivalente al tesoro colonial arribado a España desde la Conquista hasta la emancipación de las colonias americanas en 1808. Por su lado, México produjo 2 mil 747 millones de kilos de plata en 2002 (igual al 16 por ciento de la producción mundial, y a más de la producción del resto de América en una década) y hoy supera a toda la plata extraída de América y arribada a España durante la Colonia.

Por tanto, el problema no son los minerales, ni las rocas, los metales, los no metales y otros bienes comunes naturales de la corteza terrestre, sino el sistema capitalista y su modelo extractivo que depreda la naturaleza, la tierra, los bienes comunes naturales, por la acumulación incesante de capital generando economías de enclave. Esta carrera es insustentable y habrá que combatirla.

Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

11-14 DE ABRIL DE 2013

El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años.

A orillas del preciado y alimentador de vida río San Juan, durante tres días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México,  Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como a la diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas y la naturaleza, en el área Mesoamericana.

Coincidimos en el diagnóstico sobre:
1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región,
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas,
3. El mayor alcance de la difusión del problema  en otros sectores sociales,
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros,
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional,
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida,
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera,
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos.

Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son:
1.- Los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras, facilitan  las condiciones de conglomerados transnacionales en la extracción minera garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y cotidiana.
2.- Bajo el amparo de legislaciones, las empresas explotan contaminan, degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida.
3.- En lo social, provocan la descomposición del tejido social, aprovechándose de la situación económica de la población y con las dadivas causan rompimiento de familias, comunidades.
4.- En materia de salud, con la ejecución de estos proyectos amenazan  y afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal técnico y especializado para los controles de estas enfermedades además de la medicina.
5.-Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la cultura de los pueblos, la perdida de las formas propias de las comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los recursos hídricos, y hacen demagogia con pocos empleos, mal remunerados y de corto tiempo.
6.- Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de líderes que están en contra de la explotación minera metálica.
7.-Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras, sobrepasan las leyes internas de los países.
8.- Tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y ocultan la inmensidad del daño.

Son impostergables políticas y acciones públicas contra los impactos y contra el mismo modelo extractivista minero

Deuda ambiental minera

Las crecientes evidencias que nuestro pueblos,  la investigación científica y las instituciones recogen sobre los daños derivados del modelo extractivo minero depredador son alarmantes y requieren acciones inmediatas y de mayor plazo. La contaminación del agua, suelo, aire y ecosistemas enteros por emisiones de las actividades minerasse  profundizan.

En contraste con los tamaños de los llamados “beneficios” económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan con mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles. Esa pesada carga de daños y deuda ambiental pretenden “heredarla” a nuestros pueblos poniendo en riesgo la salud comunitaria, la salud pública y el futuro de nuestros países.

Las Contra Reformas Legislativas

Los gobiernos de la zona mesoamericana, no son excepción alguna del compromiso internacional de armonizar las Constituciones y las Leyes temáticas, entre ellas las leyes mineras, con la primacía de los derechos humanos y los tratados y Protocolos internacionales de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las llamadas “reformas” en curso a las leyes mineras, promovidas por los gobiernos y las empresas mineras y financieras contienen una abierta violación al derecho internacional, entre ellas, el respeto y fortalecimiento del consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos, lo mismo que la consulta popular, sin tocar los injustos privilegios al capital financiero, ni fortalecer la capacidad institucional para cumplir con la obligación estatal de proteger y regular los bienes comunes de nuestros pueblos.

Maquillajes de Injusticia Fiscal

El régimen de injustos privilegios fiscales promovidos hace años para atraer inversión extranjera en la actividad minera y seguir alimentado la falsa idea de “desarrollo” minero en nuestro países, está siendo maquillado mediante reformas fiscales donde sin remediar y fortalecer el pago real y oportuno de impuestos y derechos a cualquier actividad que produce ganancias, se propagandiza la introducción o ligero aumento del pago de limosnas denominadas “regalías”.

El creciente impacto ambiental, social, a la salud y a la economía local y nacional por el modelo extractivo minero depredador, nunca se subsanará, ni siquiera mitigará con limosnas fiscales, sean regalías, o falso apoyo de las empresas a las comunidades. Es urgente y necesario que evaluemos el monto de daños provocado por la actividad minera, lo contrastemos con los muy propagandizados “beneficios” y ante todo se adopten políticas preventivas y que pongan alto al creciente pasivo de la minería.

Denunciar los Tribunales Privados Internacionales.

Las empresas mineras legalmente sancionadas en nuestros países por violación a las leyes o por el ejercicio del derecho de nuestros pueblos, han iniciado una campaña de multimillonarias demandas “legales” ante tribunales internacionales privados, promovidos por los Tratados de Libre Comercio. Denunciamos y rechazamos las amenazas y las instancias de las trasnacionales mineras que violan la soberanía de nuestros países.

Llamamos a los parlamentos y gobiernos del área mesoamericana a sumarse a la digna acción de denunciar a los tribunales internacionales cuasi-privados, como el CIADI, donde las empresas trasnacionales pretenden juzgar a los gobiernos y demandar cifras multimillonarias por falsos daños derivados del ejercicio del derecho de nuestros países.

Impulsar y Proteger otras formas de vivir de nuestros pueblos

Reiteramos que nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida de nuestros pueblos, y exigimos y luchamos por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza.

Como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos:
1. la derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios.
2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos.
3. Respeto y cumplimiento al convenio internacional 169 de la OIT, relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta ciudadana, y el respeto y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Exigimos el respeto de la Soberanía de nuestros pueblos, ante las empresas mineras transnacionales.
5. Exigimos que los Gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo al otorgamiento de una licencia ambiental para la exploración y explotación minera  implementado desde las comunidades, basado en el mecanismo que las comunidades decidan.
6. Que los Gobiernos divulguen la información real de las concesiones otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado.
7. Exigimos que la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza no sea criminalizada.
Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos comunitarios y constructor de futuro y esperanza.

¡De Panamá a Canadá, la minería No Va!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4