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Video Documental “MEXICO A CIELO ABIERTO” LA MINERÍA EN MÉXICO Y EN CHIAPAS
A UN AÑO DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA ROBLERO
¡FUERA LA MINERA CANADIENSE BLCKFIRE DE CHIAPAS
Dirección: Andres DCO
Producción: Otros Mundos AC/Chiapas – Amigos de la Tierra México. 2010
Entra acá:
http://otrosmundoschiapas.org/materiales/mexico-a-cielo-abierto/
Video documental muy útil para todos los hermanos pueblos latinoamericanos, que seguimos resistiendo contra el despojo y la destrucción, soñando y empujando por una sociedad socialmente justa y ambientalmente sustentable.
Gracias a todos y todas los que aportaron para este gran triunfo.
Minería metálica en Costa Rica: Prohibida por ley. EL TRIUNFO TRAS LA LUCHA es un video basado en testimonios de las personas que estuvieron involucradas y cuentan las etapas por las que pasó la lucha anti-minera en Costa Rica.
COMUNICADO REMA CHIAPAS:
La Policía Real Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) ejecutó una orden de allanamiento en la oficina de Blackfire Exploration Ltd, en Calgary, Canadá, el pasado 20 de julio para dar seguimiento a la acusación de delito de sobornos de esta empresa y sus directivos con Julio César Velázquez Calderón, el que fuera alcalde del Municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.[1] Este conflicto bañado de irregularidades, ilegalidades y acciones coludidas entre la empresa minera canadiense, el gobierno federal mexicano y sus autoridades ambientales, el gobierno estatal de Chiapas y el gobierno municipal, terminó con el asesinato de líder opositor Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009.
Luego de un año y cuatro meses en que se interpusiera la demanda de soborno contra Blackfire, en marzo de 2010,[2] la RCMP apenas reacciona ante las evidencias presentadas y la confesión de la empresa. No en balde, Transparencia Internacional publicará este martes que Canadá ocupa el último lugar en la lucha contra la corrupción y persecución de delitos del Grupo de los Siete (G7) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que aglutina alrededor de 40 países del mundo.[3]
La lentitud del gobierno canadiense continúa solapando a las empresas que violan leyes allende sus fronteras. Esto también explica porqué la mayoría de las empresas mineras en el mundo tienen su origen en Canadá o están registradas en este país por ser paraíso de la impunidad para las corporaciones. Así, desde que Canadá aprobó en 1998 el Acto de Funcionarios Públicos Extranjeros en torno a la corrupción, sólo dos pequeños casos han sido atendidos. En 2005 una pequeña multa contra una empresa de Alberta y otro caso de corrupción en la India.
Por otro lado, el nuevo alcalde de Chicomuselo, Límbano Miguel López, denunció a principios de año que a seis días de haber asumido el cargo (6 de enero de 2011), “los ex funcionarios (el ex presidente municipal, Julio César Velázquez Calderón, el ex sindico Alirosay Muñoz Pérez, los ex regidores Conrado Flores Hernández, en contubernio con el ex tesorero Lidubin Ramos Cifuentes y el ex director de servicios públicos, Abigail Morales Ramírez) aún no entregan las chequeras de las cuentas públicas del municipio, dejaron descompuesto el equipo de computo de la tesorería (…) no se encontró ningún expediente técnico de obra pública, ni expedientes unitarios de comprobación del ejercicio fiscal 2010.”[4]
Terri Lynn Batycki de la RCMP alega que Blackfire pagaba ilegalmente al alcalde Julio César Velázquez Calderón, «para mantener la paz y evitar que los miembros locales de la comunidad de tomar las armas en contra de la mina.» Ante estas acusaciones contra la canadiense Blackfire, Pierre Gratton, el presidente y director ejecutivo de la Asociación Minera de Canadá, dice que apoya la ley, ratificando que Blackfire no es miembro de esta Asociación, y niega que el soborno sea un gran problema en la industria minera.
Por tanto, es claro no sólo la cultura de corrupción y mal manejos públicos del ex alcalde de Chicomuselo, sino que también los sobornos a las autoridades municipales es la práctica común de las trasnacionales mineras toda vez que el municipio es quien debe autorizar cambios de uso de suelo y otros aspectos necesarios para las mineras, pero también para el control territorial y la seguridad de las inversiones mineras.
Ante ello, demandamos que la RCMP deslinde lo antes posible las responsabilidades y castigue a los culpables. También es urgente que la RCMP haga una visita in situ en Chiapas para continuar con las investigaciones. Del mismo modo demandamos al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, agilice las investigaciones sobre la corrupción del ex alcalde de Chicomuselo luego que Rema y Otros Mundos AC interpusieran ante el Órgano de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Chiapas y al H. Cabildo del Municipio de Chicomuselo, una denuncia y solicitud sobre el destino de los recursos económicos que Backfire entregó al entonces alcalde de Chicomuselo.
Antecedentes.[5]
– Entre el 2008 y el 2009, el alcalde municipal de Chicomuselo recibió sobornos de la Blackfire. Otros Mundos, AC, y la REMA Chiapas dan a conocer estas pruebas.[6]
– En junio de 2009 Blackfire pide el desafuero del presidente municipal ante el Congreso.
– El 27 de noviembre de 2009 es asesinado por trabajadores de la Blackfire el líder opositor de la REMA en Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero.
– Diciembre de 2009, el gobierno de Chiapas clausura temporalmente la mina de Blackfire y encarcela a tres personas implicadas en asesinato.
– 24 de febrero de 2010 es encarcelado el Lic. Horacio Culebro Borrayas, abogado de la Blackfire.
– El 10 de marzo de 2010 nueve prestigiadas organizaciones canadienses solicitaron a RCMP la investigación por presunta violación a la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en contra la minera trasnacional Blackfire.[7]
– El 30 de junio de 2010, mediante oficio signado por REMA y Otros Mundos A.C., se demandó la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y del Propio Congreso del Estado, así como del Cabildo Municipal de Chicomuselo, con el fin de que aclararan los presuntos sobornos de la Blackfire y el presidente municipal. Hasta la fecha no ha habido respuesta de ningún nivel de gobierno a esta denuncia.[8]
Notas:
[1] http://www.theglobeandmail.com/news/national/rcmp-raid-calgary-miner-over-bribery-allegations/article2145226/
[2] Ver documento: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/631-solicitan-a-la-policia-real-montada-de-canada-investigar-a-la-minera-blackfire.html
[3] http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-ranked-worst-of-g7-nations-in-fighting-bribery-corruption/article2032347/
[4] http://www.diariodechiapas.com/noticias/2011010619312/region/siembran-el-caos-exfuncionarios-municipales-corruptos-de-chicomuselo
[5] Para ver todos los antecedentes sobre el caso de la Blackfire, ver: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria.html
[6] Ver los documentos: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-mariano-abarca/583-los-pagos-de-la-minera-canadiense-blackfire-al-presidente-municipal-de-chicomuselo-chiapas.html
[7] Ver documento: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/631-solicitan-a-la-policia-real-montada-de-canada-investigar-a-la-minera-blackfire.html
[8] Ver el documento: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-mariano-abarca/781-rema-chiapas-demanda-investigacion-por-corrupcion-del-ayuntamiento-y-la-empresa-canadiense-blackfire.html
Erika González, agosto de 2011, por Revista Pueblos
El enorme valor que tenían los recursos naturales en el siglo XIX determinaba su carácter estratégico en el comercio internacional. Ahora, en pleno siglo XXI, la escalada de precios de las materias primas y su enorme demanda impulsan de nuevo un fuerte extractivismo en América Latina. Las principales beneficiadas son, como en épocas anteriores de la historia, las grandes corporaciones transnacionales.
La masacre se calificó como “el año de los tiros”. Este lamentable hecho tuvo lugar cuando terminó una manifestación de trabajadores mineros y hombres y mujeres del campesinado que protestaban contra la minera transnacional Rio Tinto, de origen inglés. Las condiciones laborales semiesclavistas, la deforestación y las toneladas de gases tóxicos expulsados, procedentes de la quema al aire libre de los minerales, fueron los desencadenantes de dicha movilización. Los cargos políticos del gobierno local rechazaron cualquier reclamación a la compañía: no podían tomar ninguna decisión que la perjudicase pues prácticamente todos ellos estaban relacionados, de una manera u otra, con la compañía. El hecho de que el ejército abriera fuego contra una muchedumbre concentrada al finalizar la manifestación sólo puede ser explicado por esta connivencia [1].
“El año de los tiros” podría haber ocurrido en la actualidad en ciertos países de África, Asia o América Latina donde las grandes compañías multinacionales se aseguran, por todos los medios, el control de los territorios ricos en recursos naturales estratégicos. En realidad este hecho aconteció en el municipio de Minas de Riotinto, Huelva (España) el 4 de febrero de 1888. Podría parecer exagerado comparar la minería de hace más de un siglo y la actual, y es verdad que hay muchas diferencias (está perseguido el empleo de niños y niñas, hay una mínima regulación ambiental y laboral, etc.). Pero también hay paralelismos, como la importancia estratégica de los recursos naturales para la economía mundial y los actores que la impulsan y se benefician de su explotación: las corporaciones transnacionales. En el caso de la minería, las mayores compañías de hoy son las mismas que a finales del siglo XIX: la transnacional australiana BHP Billiton, por ejemplo, resultó de la fusión entre BHP (creada en Australia en 1885) y Billiton (creada en Holanda en 1860), mientras la sudafricana Anglo American fue creada en 1917 y la multinacional británica Rio Tinto en 1873.
¿Cómo es posible que a principios del siglo XXI el extractivismo y el control del territorio sean claves en el comercio internacional? En 2010, los recursos naturales concentraron el 43 por ciento de la inversión hecha por las transnacionales en América del Sur [2]. Esta atracción hacia el sector primario tiene mucho que ver con el aumento del precio de las materias primas. Por ejemplo, el oro en los últimos cinco años ha incrementado su precio en un 150 por ciento [3], así que explotar este mineral, y otros como el cobre y el carbón, está suponiendo una fuente extraordinaria de ingresos para las compañías multinacionales. El hecho de que estas empresas aumenten un 45 por ciento sus inversiones en la exploración de minerales, como el oro y el cobre [4], ilustra su rentabilidad. América Latina es, por cierto, la principal receptora de estas inversiones.
El frente extractivo en América Latina
Los intereses de las transnacionales en la región latinoamericana han ido cambiando según las expectativas de ingresos crecientes, según las leyes que condicionaban su actividad y según las políticas que dictaban las instituciones financieras internacionales.
En la década de los ochenta y noventa, los gobiernos latinoamericanos, siguiendo las máximas del Consenso de Washington (desregular, liberalizar y privatizar), pusieron a la venta las grandes empresas públicas del sector servicios. Y lo hicieron en condiciones muy ventajosas para los capitales foráneos: precios de venta inferiores al valor de las empresas, posibilidad de gestión en oligopolio o, incluso, en monopolio, desregulación ambiental, social y laboral, reducción de la fiscalidad, etc. Esta especie de saldo de empresas causó un aumento muy significativo de la inversión extranjera en el área de servicios, es decir, llegaron multitud de compañías transnacionales comprando todo lo que se vendía. La procedencia de estas corporaciones se situaba en Europa y los capitales españoles, entre otros, adquirieron entonces un considerable protagonismo. Su gran tamaño, procedente de las privatizaciones y fusiones que tuvieron lugar en el Estado español durante los noventa, permitió el salto transatlántico en lo que se podría denominar el “segundo desembarco” [5]. De esta forma se hicieron con el control de importantes sectores económicos de América Latina, como la banca, las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros y el turismo.
Hoy se siguen dando fusiones y adquisiciones muy importantes en el ámbito de los servicios: la mayor compra en 2010 fue la que realizó Telefónica sobre la compañía brasileña Vivo [6]. Pero, en general, una vez finalizada la oleada de privatizaciones la inversión extranjera cayó en el sector terciario y creció en el de recursos naturales. Y es que la maquinaria que reduce el coste de la extracción, los tratados bilaterales y regionales de protección de inversiones, la mínima fiscalidad y la ausencia de marcos regulatorios para el control de las multinacionales ponen en bandeja a las grandes empresas la obtención de ingentes beneficios mediante la explotación y exportación de las materias primas.
El protagonismo actual de los recursos naturales en los flujos comerciales y de inversión también se debe a la demanda de los países del Norte y a la creciente clase consumidora de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Aunque, además, entran en juego los fondos de inversión que, después de generar burbujas especulativas con desastrosas consecuencias sociales y ambientales en el sector de las tecnologías y la vivienda, ahora se dirigen a las materias primas, ya sean minerales, hidrocarburos o alimentos.
El espejismo de la desmaterialización de la economía
La imagen de una mina a cielo abierto en Perú, los campos petrolíferos de Bolivia o la infinita extensión de soja en Paraguay choca frontalmente con la tesis de la desmaterialización de la economía en los países del Norte global. La terciarización de la matriz productiva y el desplazamiento de la industria a los países del Sur promueven en los países del Norte la percepción social de la eficiencia y la reducción en la dependencia de estos recursos. Nada más lejos de la realidad, el incremento exponencial en el consumo de productos tecnológicos, la elevada demanda de productos agroindustriales o la intensificación del comercio global, entre otras cuestiones, demanda una imparable búsqueda de más minerales, más hidrocarburos, más suelo para la agroindustria, más agua.
Ante el avance del frente petrolero, minero o sojero se repite el mismo testimonio, como si quienes hablaran formaran parte de una misma comunidad, de un mismo territorio. Celina, joven de la localidad de Yanta, situada en los Andes peruanos, afirma: “Si la minería (transnacional Majaz-Río Blanco) entra acá destruye todo, destruye el medioambiente, el agua, si no hay agua no podríamos vivir”. En Guatemala, durante una protesta frente a la embajada canadiense, un campesino, megáfono en mano, grita: “¡Vamos a seguir luchando para que [la transnacional] Montana Marlin ya no esté en nuestro pueblo destruyendo nuestra naturaleza!” Un líder social afrocolombiano habla como testigo ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que juzga a las multinacionales de la minería por la violación de derechos humanos en Colombia, en este caso a la transnacional Glencore: “Que por favor se asiente un castigo, se señale una culpabilidad para que cesen los atropellos, las injusticias. Ojalá que se cerrara definitivamente esta empresa para que nuestra naturaleza y nosotros podamos convivir en paz” [7].
Se repiten las denuncias pero también las luchas en multitud de lugares separados por miles de kilómetros: en Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, México, Panamá… Y cada vez en más territorios.
*Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Este artículo ha sido publicado en el nº 47 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011.
Edgardo Mira, agosto de 2011, por Revista Pueblos
El tema de la minería transfronteriza no puede abordarse de manera simplista y relacionándolo únicamente con la existencia de proyectos que se localizan en la zonas fronterizas, es decir, con la delimitación física, política y administrativa entre los países. Tradicionalmente las fronteras han sido vistas como punto de finalización y punto de partida entre países, como focos de conflictos y de inestabilidad: tanto es así que los conflictos entre países se concretizan a partir de las fronteras.
http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2229
César Padilla, agosto de 2011, por Revista Pueblos
El incremento de las actividades mineras en América Latina no ha cesado desde mediados de los 90. La región atrae cerca del 27 por ciento de las inversiones en este sector y hay muchos proyectos por comenzar. Varios países basan sus exportaciones en la minería y otros de la región intentan sumarse a esta lista.
-Revelan daños en sus paredes de laja por la operación de la compañía Cales y Morteros
-Se presentaron demandas ante la Profepa, informó el director de la reserva natural, Adrián Méndez
-Señalan que habitantes de la zona padecen enfermedades respiratorias asociadas con la cal
Angélica Enciso L. Periódico La Jornada. Lunes 22 de agosto de 2011
El parque nacional El Cañón del Sumidero, ubicado en Chiapas, enfrenta problemas de deforestación y sus delicadas paredes de laja son vulnerables a la explotación que hace la empresa Cales y Morteros, por lo que se presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó el director de esta reserva, Adrián Méndez.
Además, los habitantes de la zona sufren por problemas de contaminación, padecen enfermedades respiratorias y sus casas presentan cuarteaduras, señaló René Gómez, habitante de Ribera Cahuaré.
Este sitio de importante diversidad biológica, donde hay especies únicas de orquídeas y bromelias, y concentra 11 por ciento de los mamíferos y 17 por ciento de las aves del país, ha perdido alrededor de 2 mil 600 hectáreas de las 21 mil 789 que estableció el decreto de creación del parque, publicado el 8 de diciembre de 1980.
Los problemas que existen en el parque por la operación de Cales y Morteros, y otras dos empresas que operan en los límites de esta área natural protegida, son el cambio de uso de suelo y que las explosiones que provocan para la extracción de cal generan cuarteaduras en porciones del territorio, señaló Méndez.
Además, Cales y Morteros «ha avanzado más allá de lo que tenía concesionado» y aunque todavía no se observan cuarteaduras en las paredes del cañón, «está muy cerca de ellas. Es una pared de laja, que es muy vulnerable si el grosor disminuye», agregó Méndez en entrevista telefónica.
Sostuvo que esta compañía realiza actividades sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Por ello y ante los efectos ambientales observados, detalló que se presentaron dos denuncias ante la Profepa, en 2004 y en 2009. Se aplicó una sanción administrativa, una multa y una clausura parcial, pero la compañía se amparó.
La empresa, que opera en ese sitio desde hace 45 años, «no ha podido acreditar su concesión. Sabemos que ya rebasó los límites o estaría en ello», agregó Méndez. «Las actividades mineras son incompatibles con la conservación, transforman el entorno y causan cambios irreversibles. No hay forma de restaurar el sitio: el daño ya está hecho», aseveró.
Cuando la empresa llegó a esta zona no se había decretado el parque; al establecerse, esta explotación minera quedó dentro del polígono del área natural protegida. También había pocos habitantes. En 40 años, la población creció: actualmente hay 17 mil personas en 11 espacios del área.
En su página de Internet, Cales y Morteros señala que «es una empresa comprometida con el medio ambiente, lo que ha hecho que implemente tecnología que reduzca los niveles de contaminación».
En un video elaborado por habitantes de Cahuaré se observan las cuarteaduras de unas 60 casas y polvo blanco en los árboles. Detallaron que en 2002 comenzaron a presentar denuncias ante la Profepa y otras instancias por los daños ambientales que ya desde entonces se observaban.
En las primeras inspecciones, la Profepa encontró que la empresa operaba sin licencia, los niveles de ruido eran por encima de la normatividad y había emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Los habitantes señalaron que nueve años de gestiones ante Semarnat y Profepa «no han servido de nada; al contrario, han favorecido para que (la empresa) corrija las ilegalidades en las que ha trabajado durante 40 años, mientras vivimos en este paisaje lunar, tragando humo, polvo, vapor y ruido las 24 horas del día».
De acuerdo con un estudio realizado en mayo de este año y del que tienen copia los habitantes, la Secretaría de Salud de Chiapas evaluó el estado de la población de la Ribera Cahuaré. Los problemas más frecuentes que detectó fueron las afecciones de las vías respiratorias y de la piel, «lo cual se asocia con la expansión de cal de la fábrica que se encuentra en su localidad».
El reporte indicó que 47 por ciento de los casos de enfermedades corresponden a las afecciones respiratorias, y las mayores tasas de morbilidad están en la población de 5 a 9 años, seguida de la de 10 a 14 años de edad. «La cal esparcida en el ambiente es un factor importante para el desarrollo de enfermedades respiratorias.»
Fuente: Dicidente Radio
Skarlos, México DF. El 22 de julio se llevo a cabo una manifestación en el Ángel de la independencia con motivo del día mundial contra la Minería a cielo abierto, la cual fue convocada por el Frente Amplio Opositor a la Minería y Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSAA.C.) buscando el alto a este tipo de explotación Minera que causa daños socio ambientales irreversibles.
Este tipo de explotación minera (a Cielo Abierto) es una actividad altamente destructora y contaminante, la cual provoca daños permanentes e irreversibles; destruye montañas, utiliza cianuro para la separación de los metales y gasta diariamente alrededor de 30 millones de litros de agua, este hecho hace que se sequen mantos freáticos o los contamina con metales pesados ocasionando enfermedades crónico degenerativas. Por si fuera poco este procedimiento deja desechos de material estéril los cuales se esparcen hectáreas a la redonda, acidificando la tierra y dejándola improductiva de forma permanente.
Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en toda América Latina en la década de los 90, leyes mineras más que permisivas, vigentes hasta nuestros días, les abrieron las puertas a empresas transnacionales (sobre todo canadienses) facilitando la explotación de la naturaleza y la mano de obra barata; negocios para unos cuantos, destrucción y muerte para los pueblos.
Un caso paradigmático que muestra las redes de corrupción internacional que existen en este país es lo sucedido en el Cerro de San Pedro, pues ya que a pesar de existir diversos procedimiento jurídicos en tribunales mexicanos que prohíben que siga trabajando la Minera San Xavier ésta se encuentra trabajando en completo desacato a las sentencias.
En México existen aproximadamente de 22 mil concesiones de exploración y más de 850 proyectos mineros de tajo a cielo abierto, lo que equivale al 20 % del territorio nacional, extendiéndose este nuevo boom del oro a todos los países del sur tanto América Latina, África y Asia.
Entrevista con Mario Ramos miembro fundador del Frente Amplio Opositor a la minera San Xavier (FAO) que nos habla sobre la situación de la lucha contra la minera, ademas de las afectaciones socio ambientales que trae consigo la explotación a tajo abierto.
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Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Por ello mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en los tribunales de Canadá.
Las inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.
Al igual que en otras regiones mineras, en África existen numerosas acusaciones de abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente asociado a estas inversiones. Hace poco cinco personas murieron por disparos en disturbios ocurridos en la mina North Mara de Barrick Gold en Tanzania, y junto con esto se han dado a conocer acusaciones de abusos sexuales en el mismo lugar. La empresa Barrick reconoció que existen «sospechas fundadas» de que sus guardias de seguridad habrían cometido abusos en contra de mujeres locales.
Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Esto debido a que muchos gobiernos son incapaces, o no tienen voluntad política, para regular efectivamente corporaciones transnacionales, y los sistemas de administración de justicia están trabados por innumerables circunstancias. Por lo mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en Canadá.
Ésta es la jurisdicción que otorgó la personalidad jurídica a muchas compañías mineras al momento de su creación. Canadá es también la mayor fuente de capital a nivel mundial para el sector minero.
El gobierno canadiense promueve proactivamente la industria minera financiando y asegurando las operaciones en el exterior, a través de instituciones domésticas o por medio de la banca de desarrollo multilateral.
Canadá proporciona además apoyo político a las compañías mineras y promociona activamente el concepto de responsabilidad social empresarial.
El gobierno canadiense es también un importante accionista en este sector por la vía de un fondo público de pensiones cuyos activos están avaluados en $148 billones de dólares.
A la fecha, Canadá ha abdicado de su responsabilidad de gobernanza con respecto a las actividades del sector minero en el extranjero, ya sea regulando las compañías o regulando las agencias gubernamentales que las apoyan, o asumiendo iniciativas legislativas que aseguren que quienes han resultado perjudicados por las actividades de éstas, aún siendo no-nacionales, puedan demandar indemnizaciones en Canadá.
En 1997, un grupo de indígenas de Guyana inició una demanda en la Corte Superior de Justicia de Quebec. Los ciudadanos guyaneses fueron víctimas de un desastre medioambiental como consecuencia de la operación de la mina de oro Omai. La demanda basada en conductas negligentes fue presentada en Quebec, por encontrarse allí el domicilio legal del propietario mayoritario de la mina, Cambior.
Esta fue la primera demanda resentada por no-nacionales en una corte de justicia canadiense en relación a las actividades mineras de compañías canadienses en el extranjero. La Corte desestimó el caso, renunciando a ejercer jurisdicción. La decisión del juez señaló al estado de Guyana como el lugar apropiado para presentar la acción, a pesar de existir testimonios en la causa acerca de la imposibilidad del sistema de justicia de ese país para proveer a las víctimas con un juicio justo, y condenó a los demandantes al pago de las costas a la compañía. Subsecuentes demandas presentadas en Guyana fueron desestimadas, dejando a las víctimas sin reparación alguna.
El caso ‘Cambior’ implicó arrojar un vaso de agua fría en materia de litigación en Canadá con respecto a las actividades de compañías mineras canadienses en el extranjero. Potenciales demandantes fueron desalentados por este precedente judicial y la condena al pago de las costas judiciales.
Alentadas por la obtención de precios récord en minerales, las compañías mineras canadienses han experimentado un desenfrenado crecimiento a nivel mundial, pero más y más acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales se levantan a su paso. Pasados más de diez años desde el caso Cambior, existe una mayor conciencia en Canadá respecto del impacto de la actividad minera a nivel global, incluida la comunidad jurídica, lo que ha llevado a algunos extranjeros a intentar nuevamente el camino judicial en busca de reparaciones.
Desde el año 2009, se han presentado ante Cortes de Justicia de Canadá cuatro demandas interpuestas en contra de mineras canadienses. La primera fue presentada en la provincia de Ontario por tres ecuatorianos quienes fueron amenazados y agredidos físicamente por fuerzas de seguridad al parecer contratadas por la empresa minera Copper Mesa.
Los demandantes interpusieron una acción por negligencia en contra de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y dos directores de la compañía minera. La Corte Superior de Justicia de Ontario desestimó los argumentos con respecto al ‘deber legal de cuidado’ por parte de los demandados, desechando la idea de que la Bolsa de Valores de Toronto o los directores corporativos tenían un vínculo con los demandantes de una entidad tal como para generar una obligación legal. La decisión fue confirmada en la apelación.
Dos casos adicionales en que los demandantes son guatemaltecos fueron presentados en Ontario en contra de la compañía Hudbay Minerals Inc.
El primer caso se basa en denuncias de que guardias de seguridad contratados por la empresa minera asesinaron a un líder indígena quien se oponía a la operación de la mina. La segunda demanda fue presentada por once mujeres indígenas quienes alegan haber sido masivamente violadas por guardias de seguridad de la compañía, oficiales de policía y de la armada al desalojar a sus familias para permitir las operaciones de la minera. La Corte Superior de Ontario debe aún decidir si tiene jurisdicción para conocer estos casos y pronunciarse respecto de las peticiones formuladas por los ciudadanos guatemaltecos.
Finalmente, el año pasado, nacionales congoleses presentaron una petición de certificación de una ‘acción pública’ ante la Corte Superior de Quebec, la misma Corte que rechazó la petición presentada por los guyaneses. La petición se basa en violaciones flagrantes a los derechos humanos ocurridas en 2004 en el poblado congolesa de Kilwa. Al menos setenta y tres civiles fueron ejecutados sumariamente cuando las Fuerzas Armadas congolesas atacaron a los residentes locales. Otros sufrieron tortura y detenciones ilegales. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que la compañía canadiense, Anvil Mining, proveyó a la armada con aviones, vehículos, personal y comida durante el ataque.
En 2006, un fiscal militar congoleño presentó cargos de crímenes de guerra en contra de soldados congoleses implicados en los hechos. Tres ex empleados de la minera Anvil Mining fueron también sindicados como cómplices en la comisión de los crímenes. Sin embargo, la Corte Militar exculpó a todos los demandados, incluido el ex-gerente general de la subsidiaria congolesa de la compañía Anvil, Pierre Mercier, un ciudadano canadiense. Los procedimientos judiciales fueron ampliamente criticados. Louise Arbour, ex-jueza de la Corte Suprema de Canadá y la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación, tanto con el procedimiento judicial como con los resultados del mismo.
La demanda de 2010 fue presentada por sobrevivientes de los hechos ocurridos en Kilwa y familiares de las víctimas ante la Corte en Quebec. Los argumentos de los demandantes eran que la ayuda logística proporcionada por Anvil a la armada congolesa había facilitado la comisión de violaciones a los derechos humanos y por ello la compañía estaba implicada en los hechos. En concreto, los demandantes alegaban que se usaron vehículos de la compañía Anvil para transportar civiles a las afueras de la ciudad, donde luego fueron ejecutados, y que aviones arrendados por la compañía fueron usados para llevar militares a Kilwa, lugar en que fueron cometidos los crímenes.
En marzo, la empresa Anvil intentó que el caso fuese desestimado, argumentando falta de jurisdicción. Se señaló que la conexión entre Quebec y los incidentes investigados era demasiado leve como para alegar que Quebec tenía jurisdicción para resolver sobre los mismos. La compañía enfatizó, por ejemplo, que su casa matriz estaba localizada en Australia y que no existían decisiones respecto de las operaciones efectuadas en la mina Dikilushi que hubiesen sido adoptadas en Quebec. Finalmente, Anvil argumentó que en caso de considerar la Corte que tenía competencia para conocer del asunto, debía declinar resolver sobre el caso pues existían jurisdicciones más idóneas como la Republica Democrática del Congo (DRC) o Australia, tal como ya había sido resuelto en el caso Cambior.
Al mes siguiente, la Corte Superior de Quebec rechazó la petición de inadmisibilidad presentada por Anvil y decidió que tenía competencia para conocer del caso. El juez Emery estimó que «es imposible determinar si las autoridades del Congo o Australia son claramente más competentes para conocer del caso. Por lo demás, a esta altura en el proceso, todo indica que si esta Corte no conoce del asunto […] no existiría otra posibilidad para demandar reparaciones civiles por partede las víctimas.
La decisión de la Corte es significativa. Implica una nueva apertura por parte del poder judicial, al menos en la provincia de Quebec, al considerar casos en que los demandantes son extranjeros y los hechos acaecieron fuera de Canadá. Sin embargo, en el último capítulo de lo que promete ser un muy controversial caso, la decisión adoptada a comienzos de junio fue declarada apelable a solicitud de la compañía minera. La reciente ola de litigios en Canadá, interpuesta por demandantes foráneos, constituye un desarrollo alentador que podría eventualmente ofrecer a las víctimas reparaciones por daños sufridos y producir un efecto disuasivo de malas prácticas corporativas. Los esfuerzos efectuados para avanzar hacia la responsabilidad de corporaciones transnacionales contrastan con la situación bastante menos alentadora de otro sector transnacional: las instituciones financieras internacionales.
En 2004, con anterioridad a la masacre de Kilwa, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorgó a Anvil una garantía de US$ 13.6 millones de dólares contra riesgos de guerra y disturbios civiles en el Congo. OMGI, organismo del Banco Mundial, tiene como labor facilitar inversión privada en mercados emergentes y en vías de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (CFI), otra agencia del Banco Mundial, efectúa una labor similar otorgando créditos a compañías privadas. Durante el año financiero 2010, OMGI y CFI otorgaron en total a las empresas mineras más de US$ 900 millones de dólares de ayuda. Dada la naturaleza multilateral de estas instituciones, las Cortes canadienses difícilmente aceptarán jurisdicción en casos que los involucren como cómplices con respecto a malas prácticas corporativas de sus clientes.
Las reparaciones a víctimas de abusos por corporaciones es un tema que requiere urgente atención. Una prioridad obvia es fortalecer la institucionalidad judicial en los países en que se cometan los abusos. Sin embargo, es también muy relevante que los poderes judiciales de los países en que las multinacionales tienen su domicilio legal, como es el caso de Canadá, se declaren competentes para conocer de casos en que se alega negligencia o malas prácticas con consecuencias penales de las compañías nacionales en el extranjero, especialmente en los casos en que las víctimas carecen de otra alternativa para recibir justicia. El rol de los gobiernos donde las compañías tienen su domicilio legal al facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos y otras clases de abusos, debería ser examinado por cortes domésticas. Finalmente, al igual que con el sector privado, la naturaleza multinacional de las instituciones financieras internacionales no debiera obstaculizar el control de los tribunales de justicia.
Por Karyn Keenan, Iniciativa de Halifax (www.halifaxinitiative.org)
No a la mina
www.noalamina.org
LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES SON AFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL, LO CUAL SE ASOCIA CON LA EXPANCIÓN DE CAL DE LA EMPRESA CALES Y MORTEROS DE CHIAPAS QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD.
AUDIO DENUNCIA RADIO POZOL: http://www.pozol.org/audios/2011/cahuare-chiapas/cahuare-chiapas-canon-sumidero.MP3
MÁS INFORMACIÓN:
ReColonización y Resistencia en Centro América
Documental, 57 minutos. Guatemala, 2011
ESTRENO EN GUATEMALA: 5 de mayo
PRÓXIMAMENTE EN CHIAPAS
TRAILERS:
Trailer 1. EL ORO O LA VIDA:
Trailer 2. EL ORO O LA VIDA:
El pueblo wixárika (huichol) de México nos pide que lo apoyemos en su lucha para proteger sus lugares sagrados ante una empresa minera canadiense. Los invitamos a unirse a la ONG Cultural Survival (Superviviencia Cultural) y mandar cartas por correo, fax, y correo electrónico a las autoridades indicadas del gobierno mexicano.
Para mayor información sobre la campaña, favor de visitar http://www.culturalsurvival.org/take-action/mexico/frenen-la-mina y http://salvemoswirikuta.blogspot.com/. La Proclamación publicada por las autoridades tradicionales wixaritari se encuentra aquí.
¿Qué se puede hacer?
1. Mandar mensajes al gobierno mexicano por correo electrónico aquí.
2. Utilizar un machote de carta modelo que se puede revisar y mandar por fax o correo aquí.
3. Firmar una carta de las ONGs que será enviada al gobierno mexicano (adjunta) em este correo.
4. Circular este mensaje a otras organizaciones que también luchan por los derechos humanos y la conservación ambiental.
Cultural Survival (Supervivencia Cultural) les ofrece un recurso valioso.
Si ustedes conocen a comunidades indígenas que luchan para defender sus derechos y sus territorios, tal vez Cultural Survival les puede ayudar. Colaboramos con pueblos indígenas para proteger su medio ambiente y defender sus derechos. Para mayor información, ver aquí.
*Por favor enviar este mensaje a la persona indicada en su organización que nos pueda asistir con ésta campaña, y contactarme directamente para indicarme cuál acción pueden tomar y cualquier otra consulta.*
Gracias por unir esfuerzos con nosotros y con los indígenas wixaritari. A la vez, les deseamos éxito en todas sus labores a favor de nuestro planeta y de todos sus pueblos.
Ana Lucía Fariña
Email: alfarina@culturalsurvival.org
Programa de Respuesta Global
Cultural Survival (Superviviencia Cultural)
http://www.culturalsurvival.org/
ACCIÓN SALVA LA SELVA:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció en mayo 2010 la suspensión cautelar temporal de la mina Marlin. Pero tanto la empresa minera como el gobierno hicieron desde entonces oídos sordos. Por eso, las comunidades decidieron presionar bloqueando de manera pacífica los accesos principales de la empresa minera a su proyecto. Marlin I es una mina de oro y plata subterránea y a cielo abierto situada en un área de 6 km2 en las inmediaciones del río Tzalá y Quivichil en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos. Abarca los territorios tradicionales de los pueblos mayas mam y sipakapense.
Dados los antecedentes e impactos de la mina , la CIDH solicita al Gobierno que: “suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., y […] prevenir la contaminación ambiental” . Además, solicita al Gobierno la adopción de medidas de descontaminación de las aguas de las comunidades indígenas; la atención médica de afectados por la contaminación y la garantía de la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades mayas afectadas.
El Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas presentó un informe sobre la minería en Guatemala justo el 4 de marzo de 2011, cuatro días después de los incidentes denunciados. Allí efectúa observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por proyectos extractivos en sus territorios tradicionales, y dedica un amplio capítulo al caso de la Mina Marlin. El Relator concluye su informe recomendando al Estado guatemalteco y a la empresa Goldcorp acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, incluyendo la suspensión de las operaciones de la mina.
Escriba al presidente guatemalteco en apoyo de las denuncias del Frente de Defensa Miguelense:
http://www.salvalaselva.org/mailalert/685/solidaridad-con-indigenas-maya-detener-la-mina-marlin-en-guatemala
Argentina/ RESISTENCIAS A LA UNIÓN DE INTERESES INDUSTRIALES Y GUBERNAMENTALES
En las principales provincias mineras los vecinos se organizan para frenar la minería a cielo abierto, una actividad altamente contaminante. En localidades como Esquel, Loncopué, Chilecito o Tinogasta han logrado frenar estas actividades.
Emma Gascó / PERIÓDICO DIAGONAL
Jueves 10 de febrero de 2011. Número 143
Imagínate que un conocido te enseña el mapa de tu pueblo dividido en cuadrados. Y que cada uno de esos cuadrados ya está adjudicado para la explotación de minerales. ¿Qué harías? “Yo mañana paro la minera”, dijo Aldo Flores y el día 14 de diciembre de 2009 inició junto con el abogado Sergio Ramírez un corte de ruta a la empresa Yamana Gold para salvar Andalgalá, un pueblo de 20.000 habitantes en la provincia de Catamarca. Los vecinos no tardaron en sumarse masivamente al corte y así crearon la Asamblea del Algarrobo. Hasta ahora han conseguido frenar las acciones de la minera, que estaba a punto de empezar a explotar Agua Rica, una mina de oro, plata y cobre a 17 kilómetros de la ciudad, que consumiría 300 millones de litros de agua al día, mientras que Andalgalá sufre cortes en el servicio todos los veranos. “La explotación de Agua Rica dejaría el pueblo sin agua y nos obligaría a irnos. Entonces la empresa podría explotar sin problemas los minerales que hay debajo del pueblo”, comenta Ruth Vega, activista de la Asamblea.
Allá donde se inicia un proyecto de megaminería, las empresas se encuentran con reacciones similares por parte de los habitantes de las localidades afectadas, organizados en asambleas de vecinos y coordinados a nivel nacional en la Unión de Asambleas Ciudadanas.En 2003, la población de Esquel (Chubut) fue la primera en impedir la explotación de un proyecto de megaminería. Después de que los vecinos arrancaran al municipio la celebración de un plebiscito, donde ganó el “No a la Mina” por un 81%, la canadiense Meridian Gold suspendió el proyecto.
“Tuvimos que aprender. Muchos teníamos la imagen de la minería con el casquito y el pico”, cuenta el periodista Pablo Quintana. La victoria del “No a la Mina” en Esquel marcó un antes y un después. Ese mismo año la provincia de Chubut aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro. En 2005 la provincia de Río Negro tomó una resolución similar. Unos años más tarde lo harán Tucumán, La Rioja y Mendoza. Para las otras asambleas supuso un espaldarazo y un aprendizaje. Pero también aprendieron las mineras y los gobiernos: nunca más se volvió a convocar un referéndum. Un reciente estudio de la consultora Aresco realizado en las principales provincias mineras evidencia la oposición de siete de cada diez personas a los emprendimientos mineros a cielo abierto.
LEER COMPLETA: http://www.diagonalperiodico.net/Vecinos-consiguen-frenar-proyectos.html