ReColonización y Resistencia en Centro América
Documental, 57 minutos. Guatemala, 2011
ESTRENO EN GUATEMALA: 5 de mayo
PRÓXIMAMENTE EN CHIAPAS
TRAILERS:
Trailer 1. EL ORO O LA VIDA:
Trailer 2. EL ORO O LA VIDA:
El pueblo wixárika (huichol) de México nos pide que lo apoyemos en su lucha para proteger sus lugares sagrados ante una empresa minera canadiense. Los invitamos a unirse a la ONG Cultural Survival (Superviviencia Cultural) y mandar cartas por correo, fax, y correo electrónico a las autoridades indicadas del gobierno mexicano.
Para mayor información sobre la campaña, favor de visitar http://www.culturalsurvival.org/take-action/mexico/frenen-la-mina y http://salvemoswirikuta.blogspot.com/. La Proclamación publicada por las autoridades tradicionales wixaritari se encuentra aquí.
¿Qué se puede hacer?
1. Mandar mensajes al gobierno mexicano por correo electrónico aquí.
2. Utilizar un machote de carta modelo que se puede revisar y mandar por fax o correo aquí.
3. Firmar una carta de las ONGs que será enviada al gobierno mexicano (adjunta) em este correo.
4. Circular este mensaje a otras organizaciones que también luchan por los derechos humanos y la conservación ambiental.
Cultural Survival (Supervivencia Cultural) les ofrece un recurso valioso.
Si ustedes conocen a comunidades indígenas que luchan para defender sus derechos y sus territorios, tal vez Cultural Survival les puede ayudar. Colaboramos con pueblos indígenas para proteger su medio ambiente y defender sus derechos. Para mayor información, ver aquí.
*Por favor enviar este mensaje a la persona indicada en su organización que nos pueda asistir con ésta campaña, y contactarme directamente para indicarme cuál acción pueden tomar y cualquier otra consulta.*
Gracias por unir esfuerzos con nosotros y con los indígenas wixaritari. A la vez, les deseamos éxito en todas sus labores a favor de nuestro planeta y de todos sus pueblos.
Ana Lucía Fariña
Email: alfarina@culturalsurvival.org
Programa de Respuesta Global
Cultural Survival (Superviviencia Cultural)
http://www.culturalsurvival.org/
ACCIÓN SALVA LA SELVA:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció en mayo 2010 la suspensión cautelar temporal de la mina Marlin. Pero tanto la empresa minera como el gobierno hicieron desde entonces oídos sordos. Por eso, las comunidades decidieron presionar bloqueando de manera pacífica los accesos principales de la empresa minera a su proyecto. Marlin I es una mina de oro y plata subterránea y a cielo abierto situada en un área de 6 km2 en las inmediaciones del río Tzalá y Quivichil en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos. Abarca los territorios tradicionales de los pueblos mayas mam y sipakapense.
Dados los antecedentes e impactos de la mina , la CIDH solicita al Gobierno que: “suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., y […] prevenir la contaminación ambiental” . Además, solicita al Gobierno la adopción de medidas de descontaminación de las aguas de las comunidades indígenas; la atención médica de afectados por la contaminación y la garantía de la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades mayas afectadas.
El Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas presentó un informe sobre la minería en Guatemala justo el 4 de marzo de 2011, cuatro días después de los incidentes denunciados. Allí efectúa observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por proyectos extractivos en sus territorios tradicionales, y dedica un amplio capítulo al caso de la Mina Marlin. El Relator concluye su informe recomendando al Estado guatemalteco y a la empresa Goldcorp acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, incluyendo la suspensión de las operaciones de la mina.
Escriba al presidente guatemalteco en apoyo de las denuncias del Frente de Defensa Miguelense:
http://www.salvalaselva.org/mailalert/685/solidaridad-con-indigenas-maya-detener-la-mina-marlin-en-guatemala
Argentina/ RESISTENCIAS A LA UNIÓN DE INTERESES INDUSTRIALES Y GUBERNAMENTALES
En las principales provincias mineras los vecinos se organizan para frenar la minería a cielo abierto, una actividad altamente contaminante. En localidades como Esquel, Loncopué, Chilecito o Tinogasta han logrado frenar estas actividades.
Emma Gascó / PERIÓDICO DIAGONAL
Jueves 10 de febrero de 2011. Número 143
Imagínate que un conocido te enseña el mapa de tu pueblo dividido en cuadrados. Y que cada uno de esos cuadrados ya está adjudicado para la explotación de minerales. ¿Qué harías? “Yo mañana paro la minera”, dijo Aldo Flores y el día 14 de diciembre de 2009 inició junto con el abogado Sergio Ramírez un corte de ruta a la empresa Yamana Gold para salvar Andalgalá, un pueblo de 20.000 habitantes en la provincia de Catamarca. Los vecinos no tardaron en sumarse masivamente al corte y así crearon la Asamblea del Algarrobo. Hasta ahora han conseguido frenar las acciones de la minera, que estaba a punto de empezar a explotar Agua Rica, una mina de oro, plata y cobre a 17 kilómetros de la ciudad, que consumiría 300 millones de litros de agua al día, mientras que Andalgalá sufre cortes en el servicio todos los veranos. “La explotación de Agua Rica dejaría el pueblo sin agua y nos obligaría a irnos. Entonces la empresa podría explotar sin problemas los minerales que hay debajo del pueblo”, comenta Ruth Vega, activista de la Asamblea.
Allá donde se inicia un proyecto de megaminería, las empresas se encuentran con reacciones similares por parte de los habitantes de las localidades afectadas, organizados en asambleas de vecinos y coordinados a nivel nacional en la Unión de Asambleas Ciudadanas.En 2003, la población de Esquel (Chubut) fue la primera en impedir la explotación de un proyecto de megaminería. Después de que los vecinos arrancaran al municipio la celebración de un plebiscito, donde ganó el “No a la Mina” por un 81%, la canadiense Meridian Gold suspendió el proyecto.
“Tuvimos que aprender. Muchos teníamos la imagen de la minería con el casquito y el pico”, cuenta el periodista Pablo Quintana. La victoria del “No a la Mina” en Esquel marcó un antes y un después. Ese mismo año la provincia de Chubut aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro. En 2005 la provincia de Río Negro tomó una resolución similar. Unos años más tarde lo harán Tucumán, La Rioja y Mendoza. Para las otras asambleas supuso un espaldarazo y un aprendizaje. Pero también aprendieron las mineras y los gobiernos: nunca más se volvió a convocar un referéndum. Un reciente estudio de la consultora Aresco realizado en las principales provincias mineras evidencia la oposición de siete de cada diez personas a los emprendimientos mineros a cielo abierto.
LEER COMPLETA: http://www.diagonalperiodico.net/Vecinos-consiguen-frenar-proyectos.html
Las empresas mineras celebran que el precio de la plata alcanzó máximos históricos durante los últimos días. Pero los beneficios económicos para una minera canadiense no justifican la destrucción del patrimonio de la sierra de Catorce, en el Estado de San Luis Potosí en México para la extracción de este metal noble. Para los indígenas huicholes es allí donde nació el sol y se albergan sus manantiales sagrados, desde donde piden a sus dioses precisamente por el equilibrio del planeta. Firme una carta exigiendo al gobierno de México que detenga el proyecto minero y dicte una moratoria minera.
Acción de Salva la Selva:
http://www.salvalaselva.org/mailalert/650/plata-para-el-mercado-global-destruccion-para-los-huicholes-en-mexico
http://www.salvalaselva.org
La reforma al Código de Minería aprobada el martes 9 de noviembre 2010 declara a Costa Rica como el primer país de todo el continente americano que prohíbe la minería metálica a cielo abierto convirtiéndose en un país libre de esta actividad.
El triunfo es un resultado de la ardua labor de los movimientos sociales y grupos ambientales, que a través de años de intensas movilizaciones, protestas y presión social consiguieron que Gobierno y Asamblea Legislativa ponga freno a este tipo de minería destructiva y contaminante.
Sin embargo la ley no se aplica de forma retroactiva. Esto significa que continua en pie el proyecto minero de Crucitas de San Carlos, al norte del país, uno de los que dio pie a las movilizaciones y campañas masivas en Costa Rica. En los próximos días, un Tribunal debe responder a una demanda interpuesta por los defensores del medio ambiente por irregularidades en la concesión de los permisos, y el gobierno debe resolver si se deroga el decreto de utilidad pública y conveniencia nacional otorgado a este proyecto minero.
En este preciso momento no debe bajarse la guardia. Escriba a la presidenta costarricense Laura Chinchilla, al Vicepresidente primero Alfio Piva y al Ministro del Ambiente, pidiendo total coherencia con la nueva ley, y una Costa Rica totalmente libre de minería metálica a cielo abierto.
http://www.salvalaselva.org/mailalert/640/no-mas-mineria-en-costa-rica-que-rija-la-coherencia
FIRMA:
http://www.salvalaselva.org/mailalert/632/chiapas-alto-a-la-destruccion-de-las-montanas-de-salsipuedes?sms_ss=facebook&at_xt=4ccb10224be4c9ae%2C0
En plena ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, unas depredadoras minas de material pétreo a cielo abierto (grava y arena), están causando un verdadero ecocidio desde hace más de 20 años. La destrucción del bosque de las montañas de Salsipuedes, al sureste de la ciudad, supone la desaparición de la flora y la fauna, la extinción de especies maderables y la alteración irreversible del ciclo hidrológico natural. Ya se han desecado o alterado la mayoría de los pozos que abastecen de agua a la ciudad. La contaminación propia de la minería y el cambio climático vienen a sumarse a la gravedad de la situación.
El pueblo sancristobalense defiende su derecho a la salud, al agua, al medio ambiente sano y a la integridad física. Se teme además las vidas y el patrimonio de las familias cuyas viviendas conlindan con estas minas. Como zona geológicamente inestable y dentro de la principal área sísmica de México, existe un riesgo real de que los inmensos taludes que la depredadora actividad minera deja desnudos, se desprendan arrastrando con ellos grandes porciones de suelo que caerían sobre colonias, centros educativos y zonas habitacionales. Ya se ha registrado un primer deslave en la colonia Almolonguilla, en el que «afortunadamente no hubo vidas que lamentar, pero es una advertencia», denuncian vecinos de San Cristóbal.
El efecto actual de las minas de Salsipuedes es devastador y pone en riesgo, a mediano plazo la supervivencia de la ciudad. En 2008 se estimaban 45 hectáreas devastadas que hoy día ya ascienden a 100. La superficie afectada sigue incrementándose, debido a la continua demanda del material pétreo. Las minas limitan ya con el propio centro histórico (Barrios San Diego y La Florecilla) y el impacto sobre el paisaje puede observarse claramente desde cualquier acceso a San Cristóbal.
El material que se extrae de Salsipuedes está destinado a la construcción de nuevas carreteras y autopistas, como la criticada San Cristóbal-Palenque (http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=482) o la ampliación de la vía San Cristóbal-Comitán. También la llamada ciudad rural «sustentable» de Santiago del Pinar (los Altos) se está construyendo a expensas de la destrucción de las montañas de la ciudad de San Cristóbal.
Por si fuera poco, en la cada vez más común línea de la criminalización de la protesta social, se ha desatado una campaña de difamación pública y de hostigamiento, en contra de algunas personas que desde diferentes frentes, denuncian todos estos hechos.
La actividad minera impacta negativamente la calidad de vida de toda la población de San Cristóbal de las Casas y de sus miles de turistas y visitantes. Al gobernador de Chiapas le pesa mucho la presión de la opinión pública internacional, pues una de sus principales banderas políticas es el turismo extranjero, y lo que él llama «ecoturismo». Este es un muy buen momento para enviarle una carta.
Ángeles Mariscal. Corresponsal
Periódico La Jornada, Miércoles 20 de octubre de 2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/20/index.php?section=estados&article=034n2est
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de octubre. El segundo tribunal colegiado del vigésino circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de México, determinó que la mina de barita ubicada en el municipio de Chicomuselo deberá permanecer cerrada hasta que la compañía canadiense Blackfire, concesionaria del yacimiento, cumpla la normatividad que indique la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn) de Chiapas.
Lo anterior fue resultado de la apelación que presentó la Semavihn contra un amparo que obtuvo Blackfire para reabrir el yacimiento. Esta mina, conocida como Ampliación La Revancha, ubicada en el kilómetro 45 del tramo Chicomuselo-Barrio San Ramón, en el ejido Grecia, fue clausurada el 7 de diciembre de 2009 por incumplir normas de ambientales del estado.
La mina de barita –material que se utiliza en la fabricación de pinturas y como aditivo para perforación de pozos– fue clausurada días después del asesinato del dirigente Mariano Abarca, cometido el 27 de noviembre de 2009. Personal que trabaja para Blackfire fue acusado de estar involucrado en la muerte del activista, quien se oponía a la explotación minera en su municipio.
En medio de las protestas por el homicidio, la Semavihn clausuró la minera por presuntas violaciones a las ley ambiental del estado.
Los directivos de la empresa interpusieron un amparo federal y lo ganaron el 30 de abril pasado, cuando el juez quinto de distrito resolvió que el cierre de la empresa compete exclusivamente a las autoridades federales e invalidó la acción del gobierno de Chiapas.
En un comunicado, el gobierno de Chiapas refirió que esta resolución señala que si bien Blackfire «tiene los permisos correspondientes para la extracción de barita, debe contar con la autorización de la Semavihn para realizar el aprovechamiento del material pétreo y la apertura de caminos».
La mina estuvo en operaciones cerca de un año antes de ser clausurada. Según Brent Willis, Blackfire «está comprometida a extraer la barita de manera segura y responsable, cumpliendo las normas internacionales de mejores prácticas y con total respeto al medio ambiente».
El pasado 10 de octubre, habitantes de Chicomuselo, integrantes de las comunidades eclesiales de bases de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pidieron la cancelación definitiva de la concesión y señalaron que la minera daña el ambiente y no ha impulsado proyectos de desarrollo social en la zona.
Guadalupe Rodríguez
Después de contemplar aliviados cómo la Pachamama gustó de volver a parir milagrosamente a los 33 mineros chilenos, y de haber derramado lágrimas y suspiros de alivio frente a la caja boba, es el momento para enfriar la cabeza y volver a la reflexión.
Los medios masivos se centran en el drama humano, y en lo anecdótico, dando menor espacio a las condiciones sociales, económicas y políticas que crearon este y otros desastres recientes. Por la gravedad de las consecuencias, empresas y gobiernos deberían enfrentar la responsabilidad criminal, por ser quienes causan una destrucción y contaminación de estas dimensiones con sus actividades y sus políticas. Por la imposición de una economía basada en el crecimiento sin límites, se puede prever fácilmente que este tipo de catástrofes irán en aumento en el futuro.
Los que siguen son hechos contundentes que ejemplifican la situación.
Chile es el productor de cobre más importante del mundo
La mina San José es una explotación de cobre y oro muy antigua, situada cerca de la ciudad de Copiapó, en el desierto de Atacama. Pertenece a la Compañía Minera San Esteban, que practica la mediana minería. En operación desde el siglo XIX, se ha vinculado a varios accidentes mortales en el pasado que motivaron su cierre hace unos años durante un breve período. Tras su reapertura, en los últimos cuatro años hubo tres accidentes fatales. La empresa acumula denuncias por su inseguridad, que una vez más se vio trágicamente confirmada por el accidente que dejó a los muy famosos 33 mineros enterrados a más de 700 metros de profundidad durante más de 70 días. Apenas un mes antes del derrumbe hubo en la mina un accidente con una víctima que sufrió amputación de una pierna. De acuerdo con las denuncias, las irregularidades de la compañía San Esteban incluyen, entre otras muchas, el retraso del anuncio del accidente, violación de medidas de seguridad y el impago del seguro social de los mineros. Pero la empresa no fue sancionada.
La mina San José forma parte de un complejo minero que produce alrededor de 1.200 toneladas de cobre al año. El cobre es la principal exportación del país y una de las mayores fuentes de ingresos. A pesar de eso, las medidas de seguridad y el control en este sentido del sector deja muchísimo que desear. No sé por qué, pero cuando el presidente de Chile declara satisfecho cómo y cuánto van a mejorar, no me lo termino de creer.
El lodo tóxico que se “vertió” en Hungría
Ocurrido el 4 de octubre de 2010 y aun de plena actualidad, el accidente de la planta de alúmina (óxido de aluminio Al2O3) en la ciudad de Ajkai al oeste de Hungría es otro “síntoma” de un sistema político-económico irracional. La alúmina es un subproducto que resulta de refinar la bauxita (http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina) y se utiliza para la producción de aluminio y otros productos.
Los medios de comunicación de masas hablan de “vertido” o “fuga”, lo que sugieren al oyente o al lector la sensación de un problema pequeño y bajo control. Pero fue una riada, un derrame, un torrente de lodo tóxico rojo anaranjado con radiactividad y lleno de metales pesados, que se desparramó por todo el medio, los campos de cultivo, las aguas, la vegetación, las calles. Al menos nueve personas han muerto y hay más de 150 heridos. Cientos de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Constituye la mayor catástrofe ecológica en la historia de Hungría y sus consecuencias sobre la salud aún se desconocen. Son varios los pueblos afectados, como Kolontar o Devecser. También un afluente del Danubio. Los costos de limpieza ascenderán a millones de euros. Los daños permanecerán en el ambiente durante décadas, y eso, no hay dinero que lo compense.
El petróleo de BP regó el Golfo de México
El caso de BP pasó de largo. Ya no se habla de él. La friolera de 4,9 millones de barriles de crudo fluyeron desde el fondo del mar de manera ininterrumpida desde el 20 de abril de 2010 y durante los 85 días que tomó controlar el vertido.
En Europa, en el mar del Norte y en el Mediterráneo existen cientos de plataformas petrolíferas1. Pero la Comisión Europea, tras examinar la normativa existente en esta materia, acaba de suavizar su anunciada intención de controlar estrictamente las plataformas marinas de extracción de petróleo con el fin de evitar catástrofes ambientales como la de BP en el golfo de México. En lugar de una moratoria, establecería una mera opción a tomar por los diferentes estados miembros. La disminución en las exigencias se debería a los intereses del sector, muy bien representados en Bruselas.
Además, de acuerdo con la lógica del crecimiento global que marca la Unión Europea y crea la necesidad de abrir nuevas plataformas petrolíferas, las empresas deberán disponer de un plan de emergencia y probar que tienen disponibles los medios financieros necesarios para pagar los daños a las especies marinas protegidas y a los hábitats naturales que pueda causar un accidente. Esto indica ciertas buenas intenciones, pero no tiene en cuenta que muchos de estos daños son irreparables.
La UE no considera que racionalizar y reducir el consumo de gas y petróleo y reducir paralelamente los mercados energéticos sea una opción ni un camino a tomar.
¿Qué nos va a quedar?
Pues a este paso, nada. La misma lógica de desarrollo, que ha llevado a la escasez de materias primas, conduce a la realización de proyectos técnicamente cada vez más complejos, en lugares más remotos, y con la consecuente peligrosidad aumentada.
Cerrar ojos y oídos está a la orden del día para los gobiernos de Norte y de Sur. Dejar hacer. Y maquillar de verde: pretendiendo que toda iniciativa industrial y extractiva es sostenible, verde o renovable. Se sigue extrayendo petróleo, oro, uranio, cobre o hasta cultivando soja transgénica; para las empresas todo es “sostenible”. E incomprensiblemente, las políticas les apoyan. Y la sociedad civil cada vez tiene menos margen de denuncia, pues se empieza a restringir peligrosamente la libertad de expresión y opinión, así como a criminalizar a los movimientos sociales. Y la economía sigue por los suelos.
Si la mayoría de las grandes empresas están destinando gran cantidad de recursos a conformar su responsabilidad social corporativa, que en la mayoría de los casos consiste en burbujas de apariencias y buenas intenciones, aunque vacías, que paguen lo que deben a la sociedad y a la naturaleza. El caso más actual de los tres que hemos mencionado lo muestra claramente: los “responsables” de la compañía minera chilena sabían perfectamente que en el yacimiento San José no había vías de escape ni ventilación adecuada, ni la consolidación necesaria. Y las autoridades también, porque en varias ocasiones recibieron denuncias al respecto.
Mientras los ministros y presidentes se pasean por los lugares en los que han sucedido estas catástrofes, los ecologistas nos preguntamos quién va a ser la primera autoridad, alto cargo o propietario de transnacional en asumir la responsabilidad criminal de las diferentes tragedias personales y socioambientales, los traumas, la contaminación y la destrucción. Cada país se enfrentará a sus accidentes y tragedias de modo diferenciado. Lo que sí tendrán en común los desenlaces será, con toda seguridad, que los auténticos responsables no pagarán las consecuencias, sino los trabajadores de las minas o las plantas de producción, la población circundante y el medio ambiente. Y la impunidad seguirá su avance implacable en la sociedad global cuya economía global se dedica a producir bienes globales que desplaza por el globo arrasando con todo lo que se encuentra a su paso.
La respuesta está en no aceptar este tipo de proyectos, como ya sucede en miles de lugares en todo el Sur y el Norte global. La población está reaccionando. Nadie quiere las plantas industriales en su suburbio, las minas a cielo abierto en su reserva de bosque primario, las hidroeléctricas en su río, ni los vertidos nucleares en su patio trasero. Un mínimo porcentaje de todo esto es realmente necesario. Una de las claves está en reducir el consumo de energía y bienes. En vivir una vida más de acuerdo a la naturaleza, más cerca de la tierra, más amigable con el ambiente y con el otro. En replantear nuestra sociedad y las bases éticas sobre las que se asienta. Ahora o nunca.
Guadalupe Rodríguez. Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org
Por Daniela Estrada*
SANTIAGO, sep (IPS) – Quieren llamar la atención sobre desarrollos mineros en zonas limítrofes o con repercusiones bilaterales. Son los activistas latinoamericanos que se reunirán en la capital chilena para «juzgar» proyectos que consideran negativos para las comunidades locales, el ambiente y la seguridad nacional.
«Una de las particularidades de la actividad minera hoy es la expansión hacia zonas tradicionalmente no tocadas, donde se impedía el ingreso por razones geopolíticas o de seguridad nacional, como las fronteras de los países», explicó a IPS Lucio Cuenca, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), de Chile.
El OLCA es uno de los organizadores del primer tribunal ético contra la minería de frontera, a realizarse el 30 de este mes en Santiago. En esa instancia se analizarán proyectos de Argentina y Chile, Ecuador y Perú, Bolivia y Brasil, El Salvador y Guatemala, México y Guatemala y el de Costa Rica y Nicaragua (mina Crucitas).
El ejemplo paradigmático lo constituyen Argentina y Chile, que en 1997 firmaron el Tratado de Integración y Complementación Minera. Hasta ahora cinco proyectos han recibido de parte de una comisión binacional el protocolo necesario para operar en la limítrofe cordillera de Los Andes, rica en glaciares.
(…)
EN EL NORTE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, solicitó el 20 de mayo a Guatemala suspender la explotación de oro y plata de la mina Marlin, ubicada en el occidental departamento de San Marcos, fronterizo con México, al acoger una medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas.
No obstante, Montana Explotadora, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, acusada de contaminar varios ríos, continúa operando la mina por retrasos administrativos en el trámite de suspensión.
Mientras tanto Entre Mares, otra filial de la corporación canadiense, está a cargo del proyecto Cerro Blanco en el sudoriental departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador, al que se oponen grupos sociales salvadoreños y guatemaltecos.
«Existe el riesgo de un conflicto político binacional porque El Salvador tendría los argumentos legales para afirmar que se violan los derechos humanos de sus ciudadanos» debido a la eventual contaminación de los compartidos río Lempa y lago Güija, que surten de agua a la población salvadoreña, sostuvo a IPS Rafael Maldonado, del no gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala.
Natalia Atz, de la no gubernamental Asociación Ceiba de Guatemala, dijo a IPS que la realización de un tribunal ético contra la minería supone una gran oportunidad para mostrar los graves daños que esta industria está provocando a las comunidades en América Latina.
La mexicana Ana María Alvarado, de la directiva del no gubernamental Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, confirmó a IPS que expondrá en ese tribunal el caso de la empresa canadiense Blackfire Exploration, que extrae barita en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
En noviembre fue asesinado Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, reconocido opositor a Blackfire. Desde diciembre la mina permanece cerrada.
Una misión de organizaciones no gubernamentales canadienses que visitó Chiapas este año constató daños ambientales, corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de la minera.
* Aportes de Milagros Salazar (Lima), Franz Chávez (La Paz), Danilo Valladares (Guatemala), Emilio Godoy (México).(FIN/2010)
LEER COMPLETA: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96380
Por Acción Ecológica
La minería, al igual que otras industrias extractivas como la petrolera, causa severos e irreversibles impactos, en las sociedades y en el medio ambiente. Uno de estos impactos es el incremento del calentamiento global, con los consecuentes desastres climáticos. Aunque no siempre sea evidente, la relación entre minería y cambio climático es directa. Como una forma de lavar su imagen de ser parte de los responsables del cambio climático las empresas mineras promueven también los agrocombustibles con los conocidos impactos sobre el suelo, las comunidades, las culturas, los territorios indígenas, etc.
(…)
La industria minera y las falsas soluciones al cambio climático
En lugar de enfrentar el problema del cambio climático a través de medidas coherentes como ya no extraer más hidrocarburos ni abrir más minas, proteger los bosques y respetar los derechos de los pueblos que habitan en ellos o alentar la agricultura campesina, se están promoviendo falsas soluciones como son las hidroeléctricas, las plantaciones forestales o la energía nuclear y el mercado de carbono. La industria minera es una de las principales promotoras de estas falsas soluciones.
Por un lado, la minería demanda de mucha energía por lo que tiende a construir centrales hidroeléctricas, que como ya dijimos emiten metano que acrecienta el calentamiento global. Por otro lado, la industria minera se ve alentada a extraer más uranio para satisfacer la demanda de las centrales de energía atómica, y sus consecuentes riesgos e impactos socioambientales.
No debemos olvidar tampoco que la industria minera está utilizando los Mecanismos de Desarrollo Limpio y el mercado de carbono, a través de centrales hidroeléctricas o plantaciones forestales para obtener créditos de carbono que le permiten seguir contaminando la atmósfera y seguir causando los desastres ambientales.
Con el pretexto de utilizar energía limpia, se priva a las poblaciones locales del uso del agua y se la destina a la construcción de proyectos hidroeléctricos. Se pretende justificar la ocupación de cientos de miles de hectáreas de uso agrícola, páramos y bosques para la implementación de las plantaciones forestales, con el argumento de que los árboles de éstas son concentradores de carbono. La apropiación ilícita de enormes territorios de bosques y páramos, es vista como una medida para evitar emisiones de CO2 causadas por la deforestación. Por último, con la producción de los mal llamados agrocombustibles -que están ocupando millones de hectáreas de suelos agrícolas- se está quitando el alimento a la gente para dar combustible a los vehículos.
Tales falsas soluciones al calentamiento global está arrebatando los suelos, los territorios, el agua y la biodiversidad de los pueblos indígenas y campesinos del mundo. Como una forma de lavar su imagen de ser parte de los responsables del cambio climático las empresas mineras promueven también los agrocombustibles con los conocidos impactos sobre el suelo, las comunidades, las culturas, los territorios indígenas, etc. www.ecoportal.net
Acción Ecológica hacia la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de La Madre Tierra
LEER COMPLETO EN www.ecoportal.net
Fuente: Survival / Martes 24 de Agosto de 2010
Un pueblo indígena de la India ha logrado una impresionante victoria ante una de las mayores empresas mineras del mundo. En lo que supone una decisión extraordinaria, el ministro de Medio Ambiente de la India, Jairam Ramesh, ha bloqueado el proyecto de la empresa Vedanta Resources para construir una mina de bauxita en las colinas sagradas del pueblo indígena dongria kondh.
India – 24/08/2010. El Sr. Ramesh declaró que Vedanta ha mostrado un «escandaloso» y «flagrante desprecio por los derechos de los pueblos indígenas». El ministro también cuestionó la legalidad de la enorme refinería que Vedanta ya ha construido al pie de las colinas.
Esta noticia es una aplastante derrota para el multimillonario indio Anil Agarwal, el accionista mayoritario y propietario de Vedanta.
En los últimos años, el proyecto ha recibido ataques sin precedentes. Los Gobiernos noruego y británico, la Iglesia de Inglaterra, organizaciones como Survival International e incluso el gigante de seguros Aviva han criticado a la empresa y su ética.
Survival International ha liderado una campaña global contra la mina durante varios años. Survival alistó a personalidades como los actores Michael Palin y Joanna Lumley para defender la causa de este pueblo indígena; sus simpatizantes han escrito más de 10.000 cartas de protesta al Gobierno indio y más de 600.000 personas han visto el documental de Survival La mina. Su difícil situación llamó incluso la atención del director de Avatar James Cameron, y los dongria son ahora conocidos como
«los na’vi del mundo real».
La lucha ha enfrentado a los 8.000 miembros de este pueblo indígena, casi todos analfabetos, con el poder de una empresa valorada en ocho mil millones de dólares y su fundador, con una fortuna que se estima en los seis mil millones de dólares. Los dongria kondh han organizado numerosas manifestaciones, y dos de sus líderes fueron secuestrados y apaleados antes de ser puestos en libertad, en una atmósfera de creciente violencia.
Recientemente, un comité de expertos formado a instancias del ministro Ramesh recomendó que la mina no siguiera adelante, y estableció que Vedanta había actuado de forma ilegal y con «total desprecio hacia la ley».
La doctora Jo Woodman, investigadora de Survival, que ha experimentado en primera persona la atmósfera de intimidación que se vive en las colinas de los dongria, dijo hoy: «Estamos ante una victoria que nadie hubiera creído posible. La campaña de los dongria era la prueba de fuego para demostrar si un pueblo indígena pequeño y marginado podía enfrentarse a una masiva empresa multinacional con un ejército de relaciones públicas y grupos de presión y, además, el favor del Gobierno. De manera increíble, han triunfado el coraje y la tenacidad de los dongria, en alianza con el apoyo de muchas personas en la India y de los simpatizantes de Survival en todo el mundo».
El director de Survival, Stephen Corry, declaró: «La era en que las empresas mineras podían salirse con la suya y destruir a aquéllos que se interponían en su camino con impunidad está, afortunadamente, llegando a su fin. A pesar de esto, sigue siendo importante el que Vedanta pelease por sus planes hasta el final, negando repetidamente todo lo que decían los indígenas. La opinión pública debe mantenerse alerta con respecto a estos mal llamados ‘proyectos de desarrollo’; no podemos confiar en que las empresas vayan a respetar voluntariamente los derechos humanos, especialmente cuando tratan con pueblos indígenas que no pueden saber a
lo que se enfrentan».