Agrocombustibles: ¿con qué se comen?
Colectivo KOMAN ILEL
Con el inicio de este mes de abril llegaron más buenas nuevas: la empresa Interjet realizó el primer vuelo con biocombustible de jatropha y con ello se “cambia la historia de la aviación mexicana”.
Pese a las nefastas experiencias que las plantaciones de monocultivos han demostrado en los distintos lugares donde se han impuesto: deforestación de bosques y desertificación de sus suelos, violaciones a derechos humanos básicos como acceso a la (propia) vivienda, agua, alimentación, salud y territorio, uso de agrotóxicos altamente contaminantes y pérdida de soberanía alimentaria (donde se siembran monocultivos no es posible sembrar otro tipo de cultivos para alimentación humana), en México se vio de buena gana la introducción de una más de ellas.
Diversos medios nacionales y estatales (El Universal, Diario de Chiapas, Contacto Digital) cubrieron la feliz llegada del ecojet, primer vuelo comercial de demostración, un Airbus 320 que partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al de Tuxtla Gutiérrez y cuyos pasajeros de honor fueron empresarios del sector y altos funcionarios del estado, entre los cuales se encontraba el gobernador Juan Sabines Guerrero.
Las noticias se centraron en destacar el importante papel que cumple el estado de Chiapas en la generación de energías “amigables con el medio ambiente”. Entonces, del amplio abanico de científicos, investigadores y organizaciones civiles que trabajan día a día proyectos medioambientales con diferentes comunidades del estado, llama la atención el sesgo que el periódico La Jornada da a esta información eligiendo entrevistar a la directora ejecutiva del “reconocido organismo Conservación Internacional”
Lo que no se menciona en esta nota (ni en ninguna de las notas relacionadas que se publicaron en este periódico), es que Conservación Internacional es una de las tantas organizaciones medioambientales funcionales a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que con su financiamiento logran encubrir y legitimar sus intereses económicos a través del discurso de organizaciones de la sociedad civil, cuando en realidad, en este caso, representan a la empresa minera Barrick Gold, las petroleras British Petroleum y Shell, la cementera CEMEX, industrias tecnológicas como Dell, Hewlett-Packard y Sony e industrias alimenticias como Coca-Cola, Kraft Foods Inc., McDonald’s, Monsanto o el mismo Walmart, sólo por ejemplificar con algunas de ellas.
El séptimo rubro de los Objetivos del Milenio propuestos por la ONU a los que el entusiasta gobierno estatal adhirió el año pasado, se refiere a la sustentabilidad del medio ambiente y ha dado cabida a proyectos de pago por servicios ambientales por los que las comunidades que supuestamente serían beneficiadas ya están pagando las consecuencias a menos de un año de su implementación.
Otro de los entrevistados es el mismo presidente de Interjet, Miguel Alemán Velasco, quien comentó que con los biocombustibles se reactiva la economía regional además de combatirse el desempleo y la pobreza.
¿No les suena conocida la frase de otros proyectos estatales vanguardistas como el cultivo de palma africana, las ciudades rurales sustentables y los bonos de carbono en la selva Lacandona? Todas generarían empleo, aumentarían el desarrollo de las comunidades locales y mejorarían la calidad de vida de los campesinos que históricamente han cuidado de esos territorios.
El primer proyecto para biocombustibles en la región fue con el cultivo de palma africana (ver documental Desiertos de Aceite) el cual llegó a México auspiciado por grandes compañías agroindustriales como Unilever, Procter & Gamble, Henkel, Cognis y Cargill. Poco tiempo después sufrimos en carne propia que tras su siembra, pasarán recién 7 años antes que comience a dar ganancias. Durante el corto período productivo que posee, los campesinos se ven obligados a transportar su producción (absorbiendo el coste) hasta las fábricas que pertenecen a las mismas empresas que les venden las semillas y compran la producción al precio que también ellos mismos estipulan. Al cabo de 25 años, la palma africana deja de producir dejando un terreno empobrecido. Todo esto sin que el gobierno que lo promovió medie en favor de “su” población. Los beneficios son, una vez más, para los grandes empresarios.
Las políticas cómplices que nuestro gobierno de Chiapas viene implementando con mayor profundidad desde los noventa solo responden a intereses económicos extranjeros y son funcionales al actual sistema capitalista depredador. Así se ha logrado profundizar el deterioro de la calidad de vida de los pobladores gracias a la promoción de grandes extensiones de monocultivo, los desplazamientos forzados y la falta o falsas políticas consultivas a las personas directamente afectadas. Eso sin contar con que todo el resto de la población también sufrimos las consecuencias de la escasez de agua, la muerte de ecosistemas y bosques y las cada vez más crecientes privatizaciones de los elementos básicos de supervivencia. Ya no podemos decir que al menos respiramos porque el aire es gratis. Bienvenidas sean pues, las buenas nuevas.
Otras notas:
Bioenergéticos, una amenaza a la tierra
http://www.cuarto-poder.com.mx/%5CPagPrincipal_Noticia.aspx?idNoticia=233476&idNoticiaSeccion=4&idNoticiaSubseccion=16
Desiertos de aceite. Palma africana en Chiapas
Video producido por Otros Mundos AC. Chiapas:
La resistencia de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a que se construya la presa El Zapotillo que inundaría sus poblaciones, es un buen ejemplo de lo que para los gobiernos contemporáneos significa el desarrollo y el ejercicio del poder. Y también de la fuerza de la resistencia y de la dignidad de las personas.
El dia de ayer en el Revolutionfest en Guadalajara, Jalisco los grupos de Rock Aterciopelados y Maldita Vecindad dieron su apoyo y solidaridad a la comunidad de Temaca que lucha en contra de la presa El Zapotillo.
Vía una gestión integral del agua la ciudad puede rescatar 7 mil litros por segundo sin afectar a vecinos: Arturo Gleason
El pueblo wixárika (huichol) de México nos pide que lo apoyemos en su lucha para proteger sus lugares sagrados ante una empresa minera canadiense. Los invitamos a unirse a la ONG Cultural Survival (Superviviencia Cultural) y mandar cartas por correo, fax, y correo electrónico a las autoridades indicadas del gobierno mexicano.
Guadalajara, Jal., 7 de abril. La segunda mesa de diálogo entre autoridades federales y estatales con pobladores y asesores del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, estuvo a punto de romperse luego que funcionarios de la Secretaría de Gobernación advirtieron que no han retirado las denuncias penales contra quienes participaron en el plantón que impidió una semana la construcción de la presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco, proyecto que inundaría las tres comunidades en resistencia.
El diálogo que empezó este jueves 7 de abril a partir de las 10 de la mañana entre afectados, expertos en el tema de presas y autoridades del sector agua, donde según la agenda se abordaría el impacto socio-ambiental que tendría la presa El Zapotillo en el corto y largo plazo conforme a los lineamientos que establece la Comisión Mundial de Represas (CMR), representaba una oportunidad histórica para el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), en vista de que tendría que reconocerse que en cada proyecto de infraestructura hidráulica de este tipo existen graves afectaciones socio-ambientales inherentes a su construcción.
Este día 7 de abril de 2011, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, la comunidad de Temacapulín, que pretende ser inundada por la presa El Zapotillo, se ha sentado a la Mesa del Diálogo con el gobierno federal.
El lunes 4 de abril del 2011, se instaló el proceso de diálogo de los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, organizaciones asesoras, con una representante de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del gobierno federal, representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), representantes de la Comisión Estatal del Agua (CEA) del estado de Jalisco y representantes de la Subsecretaria de Asuntos del Interior del estado de Jalisco. Atestiguaron la instalación observadores del proceso de diálogo, un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y una representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El día de ayer 1 de de abril de 2011 inició el diálogo en la casa cural de Temacapulín entre la Secretaría de Gobernación Federal y Comisión Nacional del Agua y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Encabezándolas por parte de la SEGOB Carlos Reinoso, titular del Área de Análisis y Gobierno y Raúl Antonio Iglesias Benítez, Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA, y estando como mediadora Dolores González Sarabia de SERAPAZ. Lo tratado en el primer encuentro fue:
México, DF. Diversas organizaciones sociales y ambientalistas llamaron al inicio inmediato de una mesa de diálogo con las autoridades del más alto nivel para resolver el conflicto que ha generado el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco.
Más de 45 mil grandes represas se han construido en el mundo, han desplazado directamente a 100 millones de personas en todo el planeta inundando tierras equivalentes a tres veces el territorio de España. En México, existe un amplio contingente de desplazados por las inundaciones de las represas y el número de afectados se incrementa con el desarrollo de nuevos proyectos. En los altos del estado mexicano de Jalisco, los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en los márgenes del río Verde no quieren correr la misma suerte, evitarán a toda costa que sus pueblos terminen inundados bajo las aguas. Son tres de las comunidades más antiguas de Jalisco.
La paciencia llegó a su límite para los pobladores de Temacapulín, en el Estado mexicano de Jalisco. Es que después de cinco años de resistir la construcción de una represa en “El Zapotillo”, sobre el Río Verde, que de concretarse barrería con esa comunidad histórica y a pesar de los pronunciamientos de organismos de DDHH en contrario, la empresa constructora y las autoridades de gobierno han decidido seguir adelante.