Categoría: Resistencias Antisistemicas

Alejandro Villamar,
Revista América Latina en Movimiento, n.509 A diez años de la derrota del ALCA

La recién conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC,1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general de la OMC, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: «Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial.» (Singapur, 1996)

Diez y nueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: «En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial.» B. Obama, octubre de 2015

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional.

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio” su núcleo duro son objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional
Los Estado Unidos han acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional. Los tratados de libre comercio (TLC), han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

EEUU, después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o  mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión. El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano:11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). USTR. 2015.

Dentro de esta estrategia la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual. Los  Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales, de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente entre el mundo de países subdesarrollados. De los 42 tratados TBI que EEUU ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países), sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC, fueron añadidos a ese acervo. Cálculos con la estadística del USTR, 2015. En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor. Cálculos con datos UNCTAD.

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes. Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de los EEUU. En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y EEUU el 17% de las  6.5 millones de solicitudes Cálculos con Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después). Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después. Cálculos a partir de estadística del USTR

Una estrategia de tres pistas
Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de EEUU, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales. A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC, y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venia desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, Washington (1999); Cuatro años antes, la  Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas. Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.

El espacio regional donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a EEUU a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA. Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de los EEUU (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

«Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo. Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros.»: Thomas h. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable.
Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un “soft power” renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas.  Para ese propósito se propusieron 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales, 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas, 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos, y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves)  

En palabras de la ex Secretario de Estado, Hilary Clinton en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior..los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos. Transcenderemos a los estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones…colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, las Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas. Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico.

La Sra. Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994)  e intensificándolo después del 2005 con las alianza público-privada mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.

A la par, una red de instituciones y organizaciones “civiles” íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de EEUU, ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo), son también los “super-expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC http://www.riacnet.org/ de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundial, la Cumbre de las trasnacionales.

Por su parte la organización empresarial, creada por D. Rockefeler, Consejo de las Américas desde 2006 ha intensificado su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.

Así bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007 advertimos de esta peligrosa estrategia que no sólo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses. Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos, que pueda volver a derrotar a este SUPER-ALCA. 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2015.

Por José Adán Silva, IPS Noticias

Los profundos temores de la comunidad científica nacional e internacional sobre los daños a la naturaleza por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, resurgieron con fuerza al difundirse un estudio que revela que la gigantesca obra representa graves amenazas ambientales.

El informe “Canal de Nicaragua. Estudio de Impacto ambiental y Social. Resumen Ejecutivo” lo realizó la empresa británica Environmental Resources Management (ERM) a solicitud de Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKDN Group), la concesionaria china responsable del proyecto.

El resumen ejecutivo tiene 113 páginas y compendia una investigación cuyo contenido y volumen es desconocido porque ni el gobierno, ni ERM y HKND difundieron integralmente el Estudio de Impacto Ambiental y Social.

En el documento, ERM asegura que el megaproyecto podría ser beneficioso para el país, siempre que en su concepción, construcción y operación se incorporen las mejores prácticas internacionales en materia ambiental, económica y social, para lo que hace variados requerimientos.

Pero devela precisos riesgos y amenazas al ambiente de este país centroamericano de 6.1 millones de habitantes y 129.429 kilómetros cuadrados, al que la obra partiría horizontalmente en dos y atravesaría el lago Cocibolca, también conocido como el Gran Lago de Nicaragua, el segundo mayor cuerpo de agua dulce de América Latina con 8.624 kilómetros cuadrados.

Salvador Montenegro, exdirector ejecutivo del Centro para la Investigaciones en  Recursos Acuáticos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, destaca que el resumen del estudio sugiere estudios adicionales en el lago Cocibolca, para evaluar los riesgos al medioambiente y recomendar acciones para mitigarlos.

“Son observaciones que yo he venido realizando y nunca fueron tomadas en cuenta, al contrario, me acusaron de traidor al gobierno y de estar en oposición, cuando lo único que hacía era tratar de preservar la salud del lago Cocibolca”, dijo Montenegro a IPS.

El científico nicaragüense fue despedido del cargo en la universidad por alegadas presiones del gobierno del izquierdista presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien respalda el proyecto del canal, impulsado por la agencia progubernamental de inversiones que encabeza su hijo Laureano Ortega.

Ahora, Montenegro integra el conglomerado de científicos, académicos, ambientalistas y activistas de la sociedad civil aglutinados en el Grupo Cocibolca, abiertamente opositor al proyecto canalero.

Mónica López, activista del grupo, reseñó para IPS los principales hallazgos dentro del estudio de ERM que, a su criterio, evidencian que la obra abriría las puertas a una catástrofe ambiental sin precedentes en América Latina.

Según López, ERM concluye que ni HKND ni el gobierno tienen la experiencia y capacidad para ejecutar un proyecto de la magnitud planteada.

Por ello recomienda el respaldo de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para evitar daños en áreas sensibles como el Corredor Biológico Mesoamericano, la Reserva Indio Maíz, el río San Juan, el Cocibolca y reservas periféricas.

“El estudio dice que en situaciones normales, estas áreas usualmente serían consideradas intocables por su fragilidad social y ecológica”, observó López.

ERM sostiene que si no se realizan nuevos análisisy se aplican medidas de protección y mitigación “es probable que los impactos sean significativamente peores”.

Por ello recomendó estudios para medir los riesgos del canal por actividades sísmicas; otro para medir el impacto en el lago del dragado y las amenazas de la introducción de salinidad al agua dulce lacustre, así como otros sobre el riesgo de que el canal reduzca el flujo del lago al río San Juan.

También concluye que “sin acciones enérgicas y continuas de HKND y el gobierno” ni siquiera la Ruta Cuatro —la seleccionada y única considerada viable— tendría un impacto neto positivo para el ambiente que justificaría su construcción.

Con base en el resumen de ERM y en las consideraciones de científicos y expertos locales e internacionales, el Grupo Cocibolca envió una carta al presidente el 26 de octubre, solicitando la derogación de la ley que dio vida al proyecto canalero.

Ortega no ha respondido, pero HKND, a través de sus funcionarios fuera de Nicaragua, anunció la continuación de investigaciones para echar a andar el proyecto, con un costo previsto de 50.000 millones de dólares, la obra de mayor envergadura a nivel mundial en los últimos años.

El asesor jefe del proyecto de HKND, Bill Wild, dijo a medios locales que la empresa realizó “algunas optimizaciones con mayor costo para el proyecto, (para) evitar (y) reducir impactos ambientales y sociales, y minimizar los riesgos”.

Según Wild, los estudios iniciado en 2013 continuarán hasta 2016 y se complementarán con adicionales investigaciones topográficas e hidrológicas, encargados a la empresa australiana CSA Global.

El vicepresidente ejecutivo de HKND Group, Kwok Wai Pang, afirmó al periódico El Nuevo Diario que después de conocer el estudio de ERM “se realizarán más investigaciones a profundidad en la ruta”.

“Durante el estudio de factibilidad llevamos a cabo estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y arqueológicos y colectamos un volumen alto de información sísmica, niveles de agua, intrusión salina, entre otros, para elaborar un diseño conceptual”, aseguró.

También Telémaco Talavera, portavoz de la presidencial Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, minimizó las observaciones de ERM y de ambientalistas.

En diálogo con IPS y otros tres periodistas, se mostró confiado en la capacidad de HKND para “resolver con gran sabiduría cualquier inconveniente que surja, y que son normales en este tipo de proyectos de gran envergadura”.

Más problemas que los ambientales

Pero pese al optimismo del gobierno y HKDN sobre el proyecto, otros factores ajenos al tema ambiental ensombrecen sus perspectivas.

Por un lado, medios especializados aseguraron en septiembre que con la actual crisis financiera en China, el magnate detrás de HKND, Wang Jing, había perdido hasta 84 por ciento de su fortuna, calculada antes en más de 10.000 millones de dólares y reducida ahora a aproximadamente 1.200 millones de dólares.

Por otro, la creciente resistencia de los campesinos asentados en la ruta trazada del proyecto ha dañado el clima internacional para los negocios del grupo, según la activista López.

En el país se han realizado 55 marchas en contra del proyecto. La última convocó, el 27 de octubre en Managua, a campesinos afectados llegados de diferentes partes del país, junto con otros manifestantes, y tuvo gran repercusión en los medios internacionales por los enfrentamientos violentos entre quienes apoyan y rechazan el megaproyecto.

ERM destaca en su documento que el rechazo social afecta la viabilidad del proyecto.

“El proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales. El proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respetan las normas internacionales”, advierte el resumen.

Hasta ahora, el gobierno dio el aval a HKND para la expropiación de 2.909 kilómetros cuadrados de tierras sobre la ruta.

La ley del canal se aprobó en 2013, pero fue oficialmente en diciembre del 2014 que arrancó el proyecto, con obras menores en la zona sur del océano Pacífico.

La obra acuática unirá los océanos Atlántico y Pacífico con una ruta de 276 kilómetros de longitud, 105 de los cuales atravesarán el Cocibolca.

HKDN proyectó que la construcción llevaría cinco años a partir de 2013 y estimó que en 2019 el canal entraría en operación, pero ERM proyecta que la infraestructura no estaría lista en ese plazo.

Eric Vides Borrell y Rémy Vandame
El Colegio de la Frontera Sur
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
En La Jornada Ecológica n. 201

Como en otras partes del mundo, los apicultores en México se han vuelto testigos y vigilantes de las alteraciones del medio ambiente y han denunciado actos ilegales. Fue el caso cuando denunciaron el 10 de octubre de 2014 que se estaba sembrando soya genéticamente modificada (GM) en el estado de Campeche sin permiso vigente, y sin que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a pesar de las obligaciones de monitoreo que tiene, se haya dado de cuenta de ello.

La historia se remonta al año 2011, cuando se inició una fuerte polémica referente a la coexistencia entre la producción de miel y la producción de soya genéticamente modificada (ver La Jornada, 12 de junio 2012). Dos eventos fueron detonadores en el debate. Por un lado, la autorización de siembra comercial de soya GM otorgada por la Sagarpa a la empresa Monsanto el 6 de junio de 2012 para una superficie de 253 mil 500 hectáreas, en los tres estados de la península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche), en Chiapas, y en la región de la planicie de la Huasteca. Por otro lado un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en septiembre de 2011, que limitaba el comercio de miel con polen de cultivos transgénicos. En enero de 2014, el Parlamento Europeo votó una nueva definición de la miel, la cual equivale a quitar estas restricciones. Sin embargo, la miel mexicana es reconocida como de la mejor calidad en el mundo, por lo que los compradores siguen aplicando una tolerancia cero. Es decir piden que la miel sea libre de polen de organismos genéticamente modificados en los límites de detección de los mejores laboratorios.

Ante esta situación, organizaciones de apicultores de la península y colectivos como el Ma OGM (No a los OGM, en maya yucateco) emprendieron una serie de acciones mediáticas y jurídicas para evitar que se siembre la soya GM por motivos ecológicos, sociales y económicos. Esto dio como fruto que en abril de 2014, los jueces otorgaran el amparo solicitado por apicultores y comunidades, y que dejó sin efecto el permiso para la siembra de soya GM en Campeche y Yucatán.

Sin embargo, para cuidar la calidad de su producto y protegerse ellos mismos y sus familias, los apicultores vigilaron las siembras de soya y detectaron que, a pesar de no estar ya permitido, se había sembrado soya transgénica en Campeche, como lo denunciaron en octubre de 2014. Al hacer esto, se suman a los apicultores de Sudamérica, de Estados Unidos y de Europa, que históricamente denunciaron prácticas agrícolas que afectaban a las abejas y a los insectos en general.

De esta manera, los apicultores juegan también el importante papel de monitores ambientales, muchas veces más eficientes que las autoridades encargadas de ello. Actualmente, la siembra de soya GM es legal debido a que los promotores de cultivos GM impugnaron la decisión tomada por los jueces, los cuales pidieron una fianza a los denunciantes. Pero su monto era imposible de cubrir por los apicultores.

En un panorama más amplio es interesante medir que la reflexión de grupos de apicultores, como el Colectivo Apícola de los Chenes, gira en torno no solo a la posible presencia de polen de soya GM en la miel. Su preocupación es más profunda ya que cuestionan la coexistencia del modelo de producción agrícola intensiva, heredado de la revolución verde. Ahora ha incorporado el uso de semillas GM con el modelo de producción campesino, en donde la apicultura encuentra su lugar natural, y por lo tanto la conservación de la masa forestal más grande de Mesoamérica.

Los integrantes del colectivo citado estiman que la agricultura intensiva en el uso de insumos externos (plaguicidas y fertilizantes), semillas y combustibles fósiles difícilmente puede coexistir con la apicultura en el largo plazo. Y mucho menos si la siembra de soya toma el rumbo expansivo que ha tomado en otras partes del mundo. Un caso emblemático de este proceso es la selva del Amazonas y su rápida conversión a plantaciones de soya en las últimas décadas. Algo parecido ha ocurrido en amplias zonas de Argentina.

La preocupación de los apicultores se basa en problemas muy concretos que han enfrentado en los últimos años. Entre 2012 y 2013, 2 mil colonias de abejas murieron en los ejidos de Suc-Tuc y Oxa, del municipio Hopelchén y San Luis, municipio Campeche, entre otros. Los apicultores aseguran que las abejas murieron por la aplicación con avioneta de un insecticida en un rancho vecino destinado a la producción industrial de maíz. Este evento no atrajo la atención de las autoridades correspondientes, por lo que nunca pudo demostrarse la responsabilidad de dicho insecticida en la muerte masiva de abejas. Los apicultores tuvieron que negociar directamente con los responsables de la fumigación para buscar una indemnización.

Otro caso que preocupa a los apicultores es la aspersión con avioneta del herbicida glifosato sobre parcelas de soya transgénica en el municipio de Hopelchén. En la región existe incertidumbre sobre la legalidad de dichas aplicaciones aéreas. Analistas como Iván Retrepo han demostrado suficientemente en La Jornada, los efectos nocivos que el glifosato causa a la biodiversidad y a la salud humana. Además, Restrepo denunció cómo la Organización Mundial de la Salud considera a dicho herbicida como probable causa de cáncer.

Otros sectores de la población, además de los apicultores, han denunciado la deforestación ilegal y la perforación de pozos profundos en el estado de Campeche. Por ejemplo, la Organización de Derechos Humanos Indignación, recientemente hizo de conocimiento público tales hechos, así como el desecamiento de la laguna Ik. Esta denuncia hasta el momento ha tenido poca resonancia.

En países industrializados, la agricultura de altos insumos ha mostrado ser nociva para las abejas, como lo muestra la mortalidad anual de 30 por ciento de las colmenas, que se ha vuelto parte de la triste rutina en países europeos y en Estados Unidos. Sabemos ya que se debe a la combinación de varios factores presentes en los paisajes destinados a la agricultura intensiva. Entre ellos, la alta exposición de las abejas a los agroquímicos, la baja diversidad de plantas de las cuales ellas se pueden alimentar, aunado a una presencia cada vez mayor de las enfermedades de las abejas.

Afortunadamente, México no presenta todavía este nivel de intensificación de la agricultura, lo que podría explicar por qué las abejas no sufren tan alta mortalidad. Sin embargo, la tendencia es hacia la intensificación agrícola, por lo que vamos en camino de estar en la situación de riesgo en que ya se están los países donde sí ocurre elevada pérdida apícola.

Esto obliga a preguntarnos sobre qué clase de paisajes queremos: ¿simplificados, con monocultivos y contaminados por plaguicidas, donde ya no quepan abejas y apicultores? O paisajes manejados por campesinos que albergan una gran diversidad biológica, además de permitir la conservación de la gran selva de la península de Yucatán, donde abejas y apicultores sigan existiendo armónicamente.

Cuando la conversión al modelo intensivo se da a marcha forzada, muchas veces en base a prácticas ilegales, es urgente preguntar qué es lo que esperamos en el futuro. La sociedad civil, por iniciativa de los apicultores, ha iniciado el debate. Por ello, urge que las autoridades aseguren no solo la aplicación de la ley, sino también que respalden la lucha de los apicultores y demás campesinos que buscan una agricultura sustentable. Y de esa manera, un modelo de país bien distinto al que hoy tenemos, en el que prevalecen los intereses de unos cuantos y no los de la mayoría.

AVISO A LA PRENSA
Amigos de la Tierra Internacional
8 de octubre, 2015

BONN, ALEMANIA, 8 de octubre de 2015 –  Previo a la última ronda de negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas en Bonn [1] antes de la cumbre del clima en París a finales de este año, una alianza mundial destaca la necesidad de transformar nuestro sistema energético y económico, y de detener el cambio climático, con los días 9-10 de octubre para reivindicar el poder: Reclaim Power. [2]

“El consumo mundial de energía actual es enorme y aumenta rápidamente, pero más de 1300 millones de personas carecen de acceso a la electricidad, y muchas más tienen apenas la suficiente para lograr el derecho a una vida digna. Ha llegado el momento de reivindicar el poder; de tomar el control de nuestros propios sistemas energéticos. Grupos de Amigos de la Tierra Internacional participan en eventos de #ReclaimPower e invitan a gente de todo el mundo a unirse a nosotros”, dijo Lucy Cadena, coordinadora del programa justicia climática y energía de Amigos de la Tierra Internacional.

El cambio climático está causando estragos en nuestros sistemas de agua y alimentos y está causando fenómenos meteorológicos letales más fuertes y más frecuentes que destruyen hogares, medios de subsistencia y comunidades, sobre todo entre los más pobres y más vulnerables.

“El sector energético es el sector más grande y con más rápido crecimiento en contribuir al cambio climático. Más de un tercio de todas las emisiones humanas de gases de efecto invernadero proviene de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas para la energía”, dijo Lucy Cadena.

“El daño no se produce tan solo a partir de combustibles fósiles. La producción y promoción agresivas de los grandes agrocombustibles a expensas de alimentos y medios de vida, las mega-represas y proyectos hidroeléctricos que devastan los ecosistemas y las comunidades, la energía nuclear y la quema tóxica de residuos y basura que provienen de la energía forman parte de el sistema energético sucio actual”, añadió.

#ReclaimPower es un llamamiento mundial de movimientos sociales, redes internacionales, organizaciones sin fines de lucro y grupos de base unidos a través de los continentes para:

– Prohibir nuevos proyectos de energía sucia
– Poner fin a subsidios gubernamentales y al apoyo financiero público para la energía sucia
– Desinvertir en empresas de combustibles fósiles
– Brindar acceso universal a la energía
– Poner fin al consumo excesivo de energía de corporaciones y élites globales
– Hacer una transición rápida y justa a sistemas de energía renovable públicos y comunitarios.

Hay señales alentadoras.

El movimiento mundial por la desinversión en las empresas de combustibles fósiles creció 50 veces en tan solo el año pasado, con los compromisos de desinversión superando los $2,6 billones. Según un informe de Arabella Advisors lanzado el 22 de septiembre, los compromisos de desinversión abarcan 430 instituciones y 2.040 individuos a lo largo de 43 países.

La instalación de energía renovable también está aumentando en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, la energía solar es la fuente energética de más rápido crecimiento. En Reino Unido, la energía eólica terrestre se ha vuelto más económica que la electricidad procedente de cualquier otra fuente.

Como el 9 y 10 de octubre también son los dos primeros días de las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Lima, Perú, los organizadores de #ReclaimPower también solicitan a estas instituciones financieras internacionales que pongan fin al apoyo financiero público para la energía sucia.

IMÁGENES

Se pueden ver fotos de actos de Reclaim Power a lo largo del mundo en www.reclaimpower.net

NOTAS A LOS EDITORES

[1] Los representantes gubernamentales se reúnen en la CMNUCC en Bonn del 19 al 23 de octubre.
http://unfccc.int/meetings/bonn_oct_2015/meeting/8924.php
Según observadores, entre ellos un estudio reciente de Climate Interactive, los compromisos climáticos nacionales presentados por los gobiernos del mundo hasta ahora no son suficientes para evitar el calentamiento global peligroso.

[2] Reclaim Power es una convergencia de medidas en todo el mundo por parte de movimientos sociales, redes internacionales, organizaciones no gubernamentales y grupos de base alineados para luchar no solo contra la energía sucia y perjudicial, sino también para luchar por los derechos del pueblo a la energía, así como energía renovable pública y controlada por la comunidad.
El movimiento organizó 580 actos en 60 países a lo largo de octubre de 2013, y llevó a cabo 630 actos en tan solo una semana de acciones mundiales en octubre de 2014.
El 9 y 10 de octubre de 2015 aún más individuos y grupos se unirán a Reclaim Power en demanda de justicia climática.

Llamamiento por la Semana contra el Muro del Apartheid 2015: 9-16 de Noviembre

Magdalena Donoso, co-coordinator of GAIA in Latin America.
Zero Waste World

Cuestiones tan fundamentales como aire limpio, derechos humanos y trabajo digno se contraponen en Mesoamérica cuando enfrentados a los residuos. En la región se concentran decenas de propuestas de incineración de residuos domiciliarios—un proceso que contamina y hace daño al clima y a la salud — tanto en instalaciones que pretenden construirse como en cementeras en busca de residuos para uso como combustible. Al mismo tiempo, son decenas de comunidades las que se organizan para buscar soluciones y caminos alternativos que conduzcan a una nueva relación con los residuos, más respetuosa y justa con el medio ambiente y con las personas.

Con una generación de residuos anual que supera las 160 millones de toneladas, América Latina enfrenta con una urgencia nunca antes vista la problemática producida por la indiscriminada generación de residuos. En el caso de Mesoamérica, palpitan con fuerza diversos movimientos inspiradores que, junto con enfrentar conflictos socioambientales relacionados con la gestión de los residuos que arriesgan su entorno y su salud, se organizan y movilizan en la búsqueda activa de soluciones. Una diversidad de iniciativas se está llevando a cabo a nivel de barrios, comunidades, nacional y regional, bajo los principios de participación, recuperación, rediseño y compostaje. Estas entran con fuerza en el escenario en contraposición a las grandes corporaciones que pretenden imponer sus modelos de “manejo de los residuos” contaminante y derrochador. ¿La fórmula? Incinerarlo todo, “destruirlo” o hacerlo “desaparecer” por arte de magia, magia que no es más que quemar o enterrar. “Desaparecer” es, en realidad, una forma amigable de explicar el proceso de convertir los residuos en contaminación como carbón y metano, tóxicos como dioxinas y plomo, y ceniza que terminan en vertederos.

Para contraponer esas fuerzas se hacen necesarias articulaciones amplias, a nivel nacional e internacional, que contribuyan a encontrar soluciones informadas. Fue el caso de los casi 40 convocados por Cesta Amigos de la Tierra El Salvador y GAIA en junio pasado en El Salvador. En un encuentro mesoamericano sin precedentes, los grupos presentes –con representantes de El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, México, Nicaragua y Panamá, se trazaron importantes objetivos, expresados en una sólida Declaración. Entre ellos, animar a los municipios a la gestión sustentable y eficiente de desechos y residuos, fortalecer los principios de basura cero, apoyar a los recicladores de base, y manifestar su apoyo solidario con los grupos reprimidos por la causa.

Las fuerzas contrapuestas de Nicaragua

En Nicaragua existe una vibrante comunidad de recicladores organizada en la Red de Emprendedores Nicaraguenses del Reciclaje RedNICA, que agremia a más de 4 mil recicladores. El reciclaje ahorra entre 3 y 5 veces la energía que la incineración pretende producir y protege el aire, la justicia, y el clima al mismo tiempo. Esta Red, que a su vez es parte de la Red Latinoamericana de Recicladores, señala que “los US$ 46 millones que genera el reciclaje al país no lo mueven las empresas, sino los recicladores”. Junto con ello, en el país hay pilotajes en lugares que están creando modelos propios que innoven el manejo de residuos. Es el caso del municipio de Ciudad Sandino, en el departamento de Managua. Allí, con aportes de la Unión Europea, y bajo la coordinación de la Fundación Italiana COSPE, se ha desarrollado la iniciativa “Fortalecimiento institucional de la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino en la Gestión Integral de los Residuo Sólidos”, que contempla el equipamiento, capacitación del personal en la buena gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, reorganización del personal con una visión integral orientada a la recolección diferenciada, e incorporación de la población recicladora.

En este escenario promisorio en cuanto a actores, iniciativas y movimiento económico en torno al reciclaje, es difícil comprender por qué el país considera la opción de aceptar la absurda oferta de construir doce, sí, ¡doce! incineradoras de residuos en el país. Han sido los mismos recicladores, en conjunto con otras organizaciones sociales, quienes han hecho frente a estos planes.

Costa Rica: Hacia Basura Cero
Más al sur, Costa Rica vive una situación similar con propuestas de al menos tres incineradoras que viene de la mano de una enorme presión de Municipios entusiasmados con la idea. En ese país, presionado por la movilización ciudadana encarnada en la agrupación Hacia Basura Cero Costa Rica, el Ministerio de Salud declaró una moratoria que prohibía la incineración mientras no se comprobara que era una tecnología que no dañaba la salud de las personas. El lobby para bajar dicha moratoria fue enorme. Una Carta enviada al Presidente de la República en julio pasado y titulada “No a la incineración y tecnologías similares, por una estrategia Hacia Basura cero”, redactada por el movimiento mencionado, fue suscrita por más de mil personas y organizaciones, se hicieron conferencias de prensa y se organizaron diálogos y foros. Pero la presión llevó al Presidente del país a firmar el decreto que regula la incineración en el país. Con esta acción, Solís incumplió lo dicho en su propio Pacto Ambiental: “desestimar cualquier forma de transformación térmica y de residuos en el país hasta tanto no se demuestre su inocuidad para la salud pública y no se haya logrado establecer a nivel nacional (…) una cultura hacia el rechazo en el consumo, reducción, reutilización y separación de residuos valorizables como hábito social”. La parte buena de la historia es que al mismo tiempo catalizó una fuerza ciudadana diversa y comprometida que ya está dando claras señales respecto del camino que la comunidad quiere trazar, versus la que la industria de la incineración quiere imponer.

México y la amenaza de las cementeras

Irónicamente, bajo la campaña “Limpiemos nuestro México 2015” autoridades de México anunciaron hace unos meses la promoción de “la generación de energía por medio de la basura como una manera de incorporar ésta a la cadena productiva del país”. Lo que hay detrás es el aumento de las prácticas de incineración de residuos en hornos cementeros.

La incineración de residuos en cemento pasa con frecuencia sin regulación ni declaración, y puede causar graves problemas de salud en las comunidades vecinas. A menudo, hornos de cemento son situados cerca de las tierras indígenas y las comunidade rurales o empobrecidas.

A la cuestionada quema que todos conocemos de residuos peligrosos, llantas, etc. en estas plantas, se suma lo que viene denunciando el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración hace mucho tiempo. El organismo, con miembros en 5 Estados, ve con preocupación la insistencia tanto de la empresa cementera “Sociedad Cooperativa Cruz Azul” como del gobierno del Estado de Morelos de firmar un convenio para enviar a sus hornos aproximadamente mil toneladas diarias de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para convertirse en Combustible Derivado de Residuos (CDR) el que será incinerado en la planta que esta empresa tiene en el municipio de Tula, Hidalgo.

Estas instancias ciudadanas han generado una resistencia positiva en la defensa del territorio, y se han convertido en referentes que han posicionado el tema en los medios de comunicación, incluso deteniendo de manera temporal la incineración de residuos. A estas acciones se ha sumado la construcción de articulaciones y fondos para el desarrollo de estrategias de difusión, educación e incidencia a través de talleres, asambleas y foros. Cuando enfrentados al poder de las grandes corporaciones, no deja de sorprender la fuerza de las acciones comunitarias, capaces de traspasar límites insospechados si se trata de proteger la salud y la vida de los suyos, la tierra y el aire.

Vía Hijos de la Tierra

Anuncia Enlace Zapatista (http://enlacezapatista.ezln.org.mx) el lanzamiento de Grietas Medios para armar, (http://www.grieta.org.mx) portal web que recopila la información de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen y da un mapeo muy completo de las agresiones capitalistas en cada uno de los estados de la república y de las resistencias en los pueblos originarios que se han sumado al llamado del Congreso Nacional Indígena, así como los comunicados y actividades de los pueblos zapatistas de Chiapas, como el Seminario del Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, los comunicados del EZLN y las Juntas de Buen Gobierno.

En el portal se define su política editorial, “Grieta, Medio para Armar, es un espacio de seguimiento a medios informativos que apunta a hacer una radiografía de los conflictos y procesos organizativos de abajo a nivel nacional”, un espacio que sin duda ayuda al trabajo de sistematización y enlace de todas esas noticias que se producen desde las resistencias y las rebeldías que existen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y seguramente se convertirá pronto en un referente en donde observar ese México de abajo que se resiste y construye a contra de la depredación capitalista. Para los pueblos y grupos dedicados a la defensa de la tierra y territorio es un espacio que se propone dar un enorme seguimiento a estos procesos en cada uno de los estados del país.  Desde esa iniciativa se puede tener un panorama amplio de lo que sucede más allá de nuestra localidad y permite estar dando seguimiento con la velocidad que permite el internet y las redes sociales virtuales.

Bienvenida Grieta Medio para armar, alimentado por un esfuerzo colectivo y fortalecido por la capacidad organizativa de buscar darle un cuerpo más integral de lo que pasa en México.

Con Daniel Pascual (CLOC-VC) sobre las jornadas de movilización en Guatemala

Radio Mundo Real

Las organizaciones populares, indígenas, campesinas, feministas, estudiantiles y urbanas de Guatemala se encuentran movilizadas reclamando la refundación del sistema político y económico del país centroamericano ante la constatación de una cadena de corrupción que alcanza al militar y presidente Otto Pérez Molina, a las puertas de las fechas fijadas para las elecciones nacionales.

Al respecto, Radio Mundo Real consultó al referente del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Vía Campesina Centroamérica para conocer los prígenes y eventuales derivaciones de estas movilizaciones.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales en Guatemala están previstas para el 6 de setiembre.

La marcha pacífica convocada para hoy jueves por la Asamblea Social y Popular (ASP) resultaría multitudinaria según Pascual, ante la confirmación de diversos sectores para participar en lo que incluirá el primer Paro Nacional –especialmente en la ciudad capital- en contra de Otto Pérez Molina y el estado de corrupción general.
Ciudadanos, campesinos, estudiantes de enseñanza media y universitarios, empresarios, comerciantes, padres de familia, empleados públicos y privados participan de las protestas, que incluirán el rotundo rechazo a la clase política oficialista y respaldo al Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al respecto Daniel Pascual señaló, en la entrevista que puede escucharse en audio adjunto que la crisis de corrupción se destapó en varias esferas del estado, desde la Presidencia, la Policía Nacional Civil, el Congreso y el sistema de previdencia o seguridad social.

Como ejemplo, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada como cabecilla de la estructura de defraudación aduanera guarda prisión preventiva en el centro de detención para mujeres Santa Teresa, mientras se resuelve el proceso en su contra.

El referente campesino indicó que las elecciones previstar para setiembre carecen de legitimidad por haberse incumplido varias de las reglamentaciones electorales, vinculándose el financiamiento de las campañas con los hechos de corrupción.

Escucha el testimonio de Daniel Pascual desde Ciudad de Guatemala en audio adjunto: MP3 (12.7 MB)

Boletín WRM

Una vez más, los gobiernos del mundo se reunirán a finales de año en el marco de la convención de las Naciones Unidas para, supuestamente, lidiar con la real y tangible problemática del cambio climático. No obstante, la agenda de las negociaciones sobre clima – empujada principalmente por los gobiernos de los países industrializados y grupos de cabildeo corporativo – sigue el mantra de la acumulación de capital, que para efectos de la crisis climática se traduce en el mercado de carbono. Este mantra ha llevado a que las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la destrucción ambiental en general incrementen cada vez más.

Esta creciente destrucción es “aceptada” y hasta promovida, siempre y cuando sea “compensada” con algún proyecto en otro lugar. Y son principalmente las poblaciones tradicionales y dependientes de los bosques quienes viven y sufren las consecuencias; no solo con los impactos de las intensas sequías, inundaciones y de tantos otros cambios en el clima, sino también a través del despojo y saqueo de los territorios, producto de la extracción legitimada y en expansión a causa del mercado de carbono. El último borrador (público) del acuerdo climático que sería implementado post-2020, y que se espera concretar en las negociaciones de este año en Paris, Francia, abre las puertas de par en par a mecanismos de mercado como REDD a nivel global (1).
 
 ¿Qué significa esto?
 
Los mecanismos del mercado de carbono como REDD han permitido continuar, legitimar e intensificar actividades destructivas como son las mineras, petroleras, gasíferas y de carbón, los monocultivos forestales, la agroindustria, entre otros. Este modelo extractivista ha resultado en el despojo, la violencia, la criminalización, la destrucción y la pérdida de centenares de pueblos a nivel mundial, y junto a ellos, sus culturas, espiritualidades, saberes, autonomías y control sobre sus vidas y territorios (2). ¿Cómo se puede hablar de un mecanismo que busca “frenar la deforestación” o “beneficiar a los pueblos de los bosques” cuando la lógica que subyace es la de expandir la extracción a escala industrial? A pesar de toda la propaganda y discursos creados para hacernos creer que REDD es una “solución viable”, la experiencia nos enseña que lo que se busca en realidad es mantener una economía de acumulación de capital que controla cada vez más territorios y llena los bolsillos de unos cuantos (3).
 
En este contexto, en diciembre de 2014, a puertas de las negociaciones sobre clima que se dieron lugar en Lima, Perú, más de 150 organizaciones y movimientos de todas partes del mundo lanzaron un Llamado a la Acción para Rechazar REDD y las industrias extractivas, para Frenar el capitalismo y Defender la vida y los territorios (4). El Llamado denuncia que “uno de los pilares fundamentales del nuevo capitalismo global son los ‘servicios ambientales’. Estos significan el sometimiento, financiarización, mercantilización, servidumbre y esclavitud de la naturaleza a la lógica del capital. El mercado de carbono, la compensación de biodiversidad o los mercados de agua son parte de esta forma de capitalismo.” Y añade que “con REDD+ la capacidad de los bosques y suelos de absorber carbono y retenerlo, de las plantas de hacer fotosíntesis, de criar el agua, de cultivarse o de crear biodiversidad está siendo cuantificada, monetarizada, apropiada, privatizada y financierizada como cualquier mercancía. El comercio de ‘servicios ambientales’ también impulsa la impunidad de los contaminadores y destructores porque en lugar de aplicarse la ley para prohibir contaminar y deforestar, lo pueden ‘compensar’ y además evita combatir el cambio climático pues no se ataca lo que lo provoca.”
 
Un paso importante de este Llamado fue el de articular claramente la crítica hacia REDD con sus implicaciones en la expansión del modelo extractivo, ya que sus promotores utilizan constantemente un discurso de “participación local”, “mejorar la gestión de los bosques”, “mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las poblaciones locales” e incluso de “implementar los derechos territoriales”. No obstante, como lo expresa el Llamado, “empresas como la petrolera Shell o la minera Río Tinto, de plantaciones de árboles para madera, pulpa y papel como Green Resources y Suzano, agroindustriales como Wilmar, Monsanto y Bunge, organismos multilaterales como el Banco Mundial o FAO, trasnacionales de la conservación como Wildlife Works, WWF, The Nature Conservancy o Conservación Internacional, empresas consultoras, la banca pública y privada, y muchos gobiernos, elaboran, apoyan y financian proyectos y programas REDD+ (…) Estos mecanismos socavan las verdaderas soluciones a la crisis climática pues son una distracción a los cambios en los modos de producción y consumo y hacia economías y sociedades libres de combustibles fósiles.”
 
Sin embargo, la campaña pro-mercados de carbono y REDD se intensifica a medida que nos acercamos a las negociaciones de fin de año, que esperan llegar a un acuerdo sobre REDD, desechando la evidencia recopilada sobre los nefastos impactos de este mecanismo. “Las negociaciones sobre el clima, cada vez más controladas por el poder corporativo, no tratan de salvar el clima, ni proteger los bosques y suelos, ni erradicar la pobreza o respetar los derechos de los pueblos indígenas. Por el contrario, protegen cobardemente a las corporaciones depredadoras, reforzando un modelo destructivo y patriarcal.”
 
Por lo tanto, denunciamos nuevamente que las decisiones para avanzar con los mercados de carbono y mecanismos afines, tomadas en salas de conferencias por representantes encorbatados, no reflejan la realidad de los pueblos y bosques, y mucho menos reflejan la imperante necesidad de iniciar una real transición para alejarnos de un modelo económico sediento de combustibles fósiles. Continuar con el mantra del mercado de carbono sería continuar con la imposición de más proyectos destructivos sobre aquellos pueblos que han defendido sus bosques y territorios por generaciones. Reiteramos el pedido a las organizaciones, movimientos sociales, grupos y redes a que se unan al Llamado a la Acción para fortalecer las voces que desde los bosques nos enseñan las verdaderas consecuencias de estos mecanismos. “¡Luchar contra REDD es también combatir al capitalismo!”
 
Puedes unirte al Llamado aquí: http://wrm.org.uy/es/todas-las-campanas/para-rechazar-redd-y-las-industrias-extractivas-para-enfrentar-el-capitalismo-y-defender-la-vida-y-los-territorios/
 
Notas:

1. http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/4infnot.pdf
2. Vea más información en: http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/mercantilizacion-de-la-naturaleza/redd-3/
3. Vea por ejemplo: http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/
4. http://wrm.org.uy/es/files/2014/11/Llamado-COP-Lima_NoREDD.pdf

Entrevista al Doctor JUAN ALMENDARES BONILLA
Científico y Defensor de la vida y la tierra.
Fotografía: http://conexihon.hn
Por: Ronnie Huete
Periodista y activista de derechos humanos

El siguiente artículo está redactado con auxilio  literal de una reciente entrevista que efectué en mi estadía en Honduras, con el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Dr. Juan Almendares, quien también es un reconocido científico de la salud a nivel internacional,  defensor de derechos humanos y de la tierra. En la entrevista, Almendares plantea una lectura profunda de la realidad que mantiene convulsionado al país latinoamericano de Honduras. Julio de 2015

Washington DC 22 de julio. Ante el análisis de la crisis de Honduras puede existir una visión reduccionista en el sentido filosófico, político e ideológico, porque aquí  se centra toda la situación en las figuras políticas y los partidos políticos, pero nosotros tenemos que analizar que la corrupción es un resultado de un proceso histórico que tiene que ver profundamente con la constante agresión capitalista, que ha sufrido Honduras.

Honduras ha sido golpeada históricamente por las empresas bananeras o las empresas mineras, y ahora con la Monsanto, cuyo negocio internacional es el de los transgénicos que se imponen sobre las soberanías de los países del sur. Por otro lado, también está el negocio del agro combustible. Todas esas son parte de las políticas multinacionales de los estados supranacionales, de las fuerzas hegemónicas económicas que han ido acompañadas de golpes de Estado.

El golpe de Estado de 2009 en Honduras, no fue únicamente un problema interno, sino un problema generado también por el Pentágono, y este proceso debe de entenderse como un golpe de Estado Multinacional contra el país, porque se suponía que en el momento político en que se produce el Golpe, Honduras se abría un espacio económico y social  hacia los países del sur.

Es en ese sentido que se produce el golpe de Estado, y realmente es inexplicable por qué se da el golpe, ya que el ex presidente Manuel Zelaya, tenía en contra el Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Nacional de Elecciones, al Ministerio Público, a la empresa privada, a los sectores fundamentalistas de la iglesia, y los medios de comunicación pagados por el sistema.

Golpe de Estado

 Indudablemente se da el golpe porque hay un proceso de movilización social del pueblo;  el ex presidente Zelaya abre el espacio para que incluso aumente el salario mínimo y todo esto crea una situación de intranquilidad para las empresas, y el capital transnacional basados en el enriquecimiento por explotación laboral.

Debido al  proceso echado a andar con el Golpe, Honduras entra de nuevo a una crisis que tiene su expresión en el gobierno actual, y todo se agrava. La agravación de este asunto, se enfoca en el tema de la corrupción, sobre todo la que existe en los sectores de salud y cobra su mayor fuerza con el desfalco de 350 millones de dólares (7 mil millones de lempiras) contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y cuyo resultado irradia en la muerte de 3 mil hondureños, que fallecieron por falta de medicamentos, decidía y atención médica, debido al descalabro financiero del IHSS.

Bajo este panorama, si nosotros analizamos a mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta de que el problema de la corrupción es un fenómeno interno, endógeno, pero también articulado a lo exógeno, es decir  al capitalismo también corrupto y a las políticas que genera el capitalismo en Honduras, como la presencia de bases militares, como el incremento de un estado militar policial.

La sumisión total del país a las políticas capitalistas, nos pone como un país subordinado, a los intereses de un estado trasnacional. En este proceso que se ha llamado “transparencia”, rendición de cuentas, se olvida algo muy importante, puesto que sólo se ven los resultados y no los mecanismos de acción política. Los mecanismos de decisión política son claves para generar la corrupción. A mi juicio es corrupción una política que privilegia las armas en vez de la salud y la educación.

Nosotros en realidad estamos obligados por las políticas del Pentágono a comprar armas en un país con una población con hambre, miseria y explotación, pero también los mecanismos de decisión política han golpeado a  la clase trabajadora, a los campesinos y  a los pueblos indígenas. 

Si nosotros observamos la Ley de Trabajo por hora, la violación de todos los derechos y las conquistas laborales de la clase trabajadora, la invasión tecnológica militar de los territorios, los desalojos violentos de las comunidades de los pueblos originarios y afro descendientes, todo esto está afianzado por la ley.

La creación de leyes perversas que en realidad afectan a los sectores más desposeídos del país. Todo esto va generando una situación de miseria, terror, violación de los derechos humanos. Sin embargo, dentro de ese marco de violación de los derechos humanos se va creando una reacción del pueblo.

Con el golpe  de Estado militar el pueblo salió a las calles y las movilizaciones fueron enormes, llegaron a más de un millón de personas, y desde luego un rechazo total de violación de los derechos del pueblo. En ese proceso, ha existido toda una especie de guerra mediática, una especie de fundamentalismo religioso que están aliados con los sectores del Golpe y la oligarquía.

Está variable sociológica, afecta al movimiento social, se golpea muy duro al magisterio que era la columna vertebral  de la resistencia hondureña, y para eso, se utilizan campañas de desprestigio, y se olvida que el Estado no lo he dado prioridad a la educación y lo mismo ocurre en salud. En este caso el Congreso Nacional se convierte como algo más significativo que crea políticas, y en las cuales en realidad lo que se establece es  una militarización completa del Estado de Honduras.

Pero  la militarización no solamente es hondureña, puesto que también es estadounidense. Ejemplo de ello, son las visitas frecuentes del Comando Sur de los Estados Unidos a Honduras, utilizando como pretexto la guerra contra las drogas. En consecuencia de eso, nosotros tenemos en realidad, una guerra no declarada en el país.

Ya van más de 4 mil personas asesinadas en cuatro años, y todo ello está en la impunidad con más del 90 por ciento. En el proceso muchos dirigentes opositores han sido asesinados, torturados y perseguidos.

Esto significa la ausencia de la libertad que también se refleja en la muerte de periodistas y abogados. Todas son muertes inexplicables. Se comienza a operar la Doctrina de la Seguridad Nacional con una cuestión diferente a lo que ocurrió en la década de los ochentas. Pero esencialmente esta doctrina es enemigo de los que están en contra del sistema neoliberal, los que están en contra de la militarización del país. Y es así que comienza la persecución contra los dirigentes de derechos humanos.

Los sectores más golpeados desde luego son las comunidades indígenas, lencas, tolupanes, pech, es decir toda la mayor parte de las comunidades indígenas y garífunas que han sido segregados violentamente de sus territorios.

El eje central de todo esto, son las violaciones de derechos territoriales de las comunidades de los pueblos ancestrales, ya que con el desalojo se crean proyectos trasnacionales que reflejan el racismo, con lo que son tratados estas comunidades. Esto nos lleva a una situación de mayor crisis y pobreza, Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio latinoamericano después de Haití.

Honduras es el país que tiene mayor cantidad de inmigrantes en el extranjero de América Central, y además también calificado como uno de los países más violentos del mundo, calificación que yo cuestiono, porque no es que el hondureño sea violento, sino que el sistema capitalista es de los más violentos en América Latina y considero que Honduras es un experimento ideológico, político, militarista, sobre todo del Pentágono y de otras fuerzas aliadas, con la oligarquía local, para implantar con mayor firmeza el capitalismo. 

En consecuencia, lo que despierta de nuevo al pueblo es la lucha contra la corrupción. El partido de gobierno es acusado de estar involucrado en la corrupción del país en el caso del Seguro Social de Honduras, en comprobados casos de robo y nepotismo, etc… Como respuesta de esto, se desarrollan movilizaciones de carácter pacífico en las cuales básicamente, la idea es caminar, salir en la noche con las antorchas y las manifestaciones indudablemente que tienen su merito, porque han movido a las personas a nivel personal.

Lo que hay que considerar es que la gente espontáneamente va a marchar y personas de diferentes tendencias políticas, sin embargo sin analizar a profundidad el contexto que mantiene enclaustrada a Honduras en la miseria, ellos únicamente marchan contra la corrupción.

 Esa es la razón por la que de nuevo  tenemos un reduccionismo filosófico e ideológico, político, porque las marchas inicialmente estuvieron alimentadas precisamente por los sectores de poder, sin embargo después esto se vuelve un poco molesto para el sistema, porque empiezan a plantear otros derechos y se suman a estas marchas de la fuerza opositora, y le van dando otro carácter. 

Después de esto, se forma la huelga de hambre, a la que se suman los indígenas tolupanes y también es acuerpada de forma simbólica por el pueblo originario lenca, las comunidades garífunas y por supuesto con la participación activa de los defensores de los derechos humanos, en su mayoría pertenecientes a organismos no gubernamentales.

La represión que ha sufrido está huelga de hambre pacifica así como  el desalojo violento de los universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), son políticas que toman de pronto un marcado y peligroso  tinte fascista.

Aquí vemos tres aspectos, el aspecto ontológico, el aspecto de la realidad concreta
y el aspecto estructural.

Hay una estructura de realidad objetiva que es represiva contra el pueblo, que es represiva contra los jóvenes, es decir hay una guerra no declarada inspirada bajo las ideas de Carl Schmitt, un teórico político hitleriano que habla de  la guerra total. Una guerra, no sólo es militar, porque están todas las fuerzas coludidas como la fundamentalista religiosa, las fuerzas del Estado mismo, así como también la fuerza mediática y desde luego las fuerzas que puedan surgir en los valores conservadores cotidianos de la sociedad. En ese sentido es la realidad. Y en otro sentido, el hambre la miseria, no hay acceso a la salud a la educación y al trabajo. Pero el pueblo esta distraído también en otra lucha y la reduce sólo a la corrupción.
En la posición epistemológica, es decir la lucha de las ideas, está la reelección electoral del sistema. Pero la gente está luchando contra la corrupción, mientras el problema concreto continúa, a la gente la siguen asesinando, sigue la violación a los derechos humanos, siguen las bases militares norteamericanas y también la existencia de las bases militares colombianas, mexicanas, y esto nos lleva a una situación extremadamente grave en y para el país. Sumado a eso, nos parece a nosotros, que por un lado, toda la orientación está en la parte epistemológica y se descuida la parte oncológica.

Los medios se centran en los problemas de información, menos en el aspecto epistemológico. Y  en el enfoque político, hay una falacia política al no articular la realidad con el conocimiento, al no articular estos dos elementos. El gobierno plantea el dialogo, sin embargo responde con represión militar. No hay dialogo.

La creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con la dirigencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el financiamiento del gobierno estadounidense, cuyo senado aprobó 200 millones de dólares recientemente para brindar apoyo a la CICIH, comprueba quiénes realmente manipularán esta comisión. El problema es que no se trata sólo de de una comisión. Porque se necesita un mejoramiento en lo problemas reales de Honduras como la miseria y los demás señalados. En el plan de la prosperidad del triangulo norte, los Estados Unidos están planteando únicamente defender sus intereses.

El pueblo no solamente tiene que marchar con los pies, tiene que marchar con la conciencia. Y esto significa que las organizaciones de derechos humanos (DDHH), deben plantear la realidad, de  manera que nosotros movamos la conciencia frente al militarismo.

Debemos de exigir que se desmantelen las bases militares norteamericanas en Honduras, para que seamos un país más soberano. Segundo, que la cooperación internacional no sólo se centre en el apoyo de un Estado, sino que en el apoyo a un pueblo, y que también el pueblo vaya pensando en crear sus propios tribunales que contribuyan a la creación de una verdadera justicia y soberanía del país. La situación de Honduras requiere mucho de la solidaridad internacional. El modelo que está utilizando el modelo neoliberal imperialista, es la hondureñización de América latina.

La situación de Honduras es la de un país aislado, pero hace falta más conciencia del ser social del ser material. Por tal motivo existe un pueblo que está luchando por su emancipación, su libertad y nosotros queremos la solidaridad internacional y la ternura revolucionaria. 

En el marco del reduccionismo filosófico, la CICIH será reducida a la cuestión de la corrupción financiera, pero no en la cuestión política nacional e internacional, puesto que los actores intelectuales, nunca serán enjuiciados bajo ese contexto de CICIH. Para llevar a cabo esto, hay que realizar el análisis profundo y partir de que una política corrupta, que tenga las fuerzas hegemónicas internacionales, es corrupta y es inmoral, cuando apoya la utilización de las armas, la compra de los instrumentos de guerra y menoscaba realmente el desarrollo de la salud.

Todas estas políticas corruptas ligadas a la oligarquía resultan inmorales cuando permiten la instalación de empresas transnacionales, como la Monsanto en Honduras, cuando se desarrollan políticas  de agro combustibles y mineras, que vulneran la vida de los indígenas, y colocan a los hondureños como desechos humanos. Ejemplo de ello, son las «ciudades modelo» conocidas como zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), pero que realmente solo representan un capital trasnacional dentro de Honduras y esto representa una evidente traición a la vida de los pueblos.

El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar

LaMarea

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // Durante toda esta semana, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, ha tenido lugar la 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En cumplimiento del mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en su resolución aprobada hace un año recogía que la misión de este grupo es “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, los representantes de los países que asistieron a esta reunión —como se trata de un grupo de composición abierta, cualquier país del mundo, sea o no miembro del Consejo de Derechos Humanos, puede participar en él— han expresado sus ideas sobre cómo habría de ser y qué debería incluir un instrumento internacional de este tipo.

En esa misma línea, en la ONU también han tenido presencia diferentes expertos, juristas, miembros de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y personas afectadas por las operaciones de las grandes corporaciones. Como Rosiane Mendes, habitante de una comunidad de pescadores del estado brasileño de Maranhão que está sufriendo los impactos de las actividades de la compañía minera Vale: “Estamos aquí, como afectados por las transnacionales, para presentar propuestas a los Estados para llevar a las empresas a la justicia por las violaciones de nuestros derechos”. En representación de la campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner Fin a la Impunidad, Mendes resumía en su intervención ante el plenario lo que pedimos desde esta plataforma: “Queremos ser consultados, participar en las decisiones y en la fiscalización de las empresas. Para eso estamos hoy aquí en Ginebra: para decir sí al desmantelamiento de las corporaciones transnacionales”.

Sin embargo, aunque sin duda es un avance que todas estas voces puedan ser escuchadas en el seno de Naciones Unidas, el proceso de elaboración de una normativa internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales va a ser largo y costoso. Así lo apuntan ya las discusiones de esta semana en Ginebra, que permiten divisar un horizonte complicado y lleno de obstáculos para sacar adelante esta iniciativa. Dicho de otro modo: las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir este proceso. Y, para ello, desplegarán estrategias como las siguientes.

Bloquear la discusión. El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar. Así, tras permitir que la embajadora de Ecuador fuera elegida presidenta de la mesa, el representante de la UE propuso que no se hablara solo de las transnacionales, sino de todas las empresas; además, pidió que la agenda de discusión se modificase para abordar la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas. Quitando el único apoyo de México, el resto de países que intervinieron —Cuba, Sudáfrica, Pakistán, Bolivia, Rusia, El Salvador, China, Egipto, Venezuela e Indonesia— expresaron su oposición a la postura de la Unión Europea, ya que el mandato de la ONU en su resolución hace referencia a las empresas de carácter transnacional y no habla de tratar el Marco Ruggie. Después de una serie de consultas informales y de que todo pudiera finalmente continuar según la senda prevista, la UE se retiró de los debates y no volvió a aparecer en toda la semana. Primero, intentó obstaculizar la discusión tratando de llevarla al terreno que le convenía; segundo, viendo que esta estrategia no iba a dar resultado, se quitó de en medio.

Deslegitimar el debate. Ninguna de las grandes potencias estuvo presente en el resto de los debates a lo largo de la semana. Además de la Unión Europea, que solo participó al principio de la discusión para tratar de bloquearla y nunca más volvió a la sala —solo uno de sus países miembros, Francia, mantuvo allí un representante, que en ningún momento llegó a intervenir—, Estados Unidos, Japón y Canadá ni siquiera hicieron acto de presencia. Es decir: los mismos países que hace un año se opusieron a que la resolución saliera adelante no iban a permitir ahora que con su participación se avalase un proceso que pudiera perjudicar los intereses de las corporaciones transnacionales. Una estrategia de deslegitimación: dejemos que los países del “eje del mal” hablen entre ellos —Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela fueron de los más activos a la hora de exigir una normativa internacional vinculante para las grandes empresas— para, cuando llegue el momento y sea necesario, contraatacar diciendo que los resultados que pueda obtener el grupo de trabajo no son representativos porque solo habrán tenido en cuenta a unos pocos países.

Eternizar el proceso. La propia dinámica que sigue Naciones Unidas a la hora de abordar cualquier iniciativa es, en sí misma, una forma de demorar —casi indefinidamente, o al menos por largos periodos de tiempo— la posibilidad de establecer nuevas normas. Recordemos: la resolución para crear este grupo de trabajo se aprobó en 2014; este año acaba de producirse la primera sesión de debates y el que viene tendrá lugar la segunda; en 2017 tendremos una propuesta inicial de estructura del tratado y habrá que esperar hasta 2018 para disponer de un borrador del texto. Eso sin contar con que pueda haber nuevos intentos de bloqueo por medio, junto con el hecho de que, cuando empiecen a circular documentos con propuestas concretas, el proceso se alargará al tener que introducir enmiendas y disposiciones adicionales. De nuevo, la asimetría entre la fortaleza de lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: frente a la rapidez con que la Unión Europea y Estados Unidos negocian los acuerdos comerciales y de inversión —con un TTIP que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, veamos todos los acuerdos comerciales que han sido rápidamente negociados en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica…) y ese tratado de “libre comercio” de la UE con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) que ya solo está pendiente de ser traducido a todos los idiomas de la Unión para ser ratificado—, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones por todos lados.

Aprovecharse del pluralismo. Resulta habitual que, cuando la responsabilidad de organizar comisiones y grupos de trabajo recae en quienes controlan el poder político y económico, no inviten a las personas y colectivos contrarios a sus posiciones. Tenemos un ejemplo de ello en las decenas de foros oficiales sobre “responsabilidad social” que se han hecho en la última década y media: mientras las escuelas de negocios, los think tanks empresariales y las organizaciones sociales que no veían con malos ojos la RSC han copado las mesas y los debates, quienes hemos tenido una postura crítica con ese nuevo paradigma de relaciones empresa-sociedad no hemos tenido la oportunidad de expresar nuestros argumentos en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando la organización de los debates corre a cargo de las instituciones y gobiernos “progresistas” —en este caso, la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra—, suele invitarse a representantes de todas las posturas. Pero este pluralismo político, indudablemente necesario para no caer en las mismas prácticas que se critican, es ahora aprovechado por las grandes potencias para incorporar a sus “técnicos” y “expertos” a la discusión y así poder dilatar todo el procedimiento.

Fomentar la captura corporativa. Esta 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental se llevó a cabo en la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones del edificio de la ONU en Ginebra. A la entrada de dicha sala, una placa recuerda quién sufragó su restauración en 2008: el gobierno español —que pagó la cúpula de Miquel Barceló en parte con dinero de la cooperación internacional, concretamente del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)— y una fundación creada al efecto por las grandes multinacionales españolas. Es un hecho muy simbólico, como lo es que todo el sistema de telecomunicaciones y megafonía de la sala esté lleno de logotipos de Telefónica, que revela hasta dónde llega la penetración empresarial en el seno de Naciones Unidas: las mismas empresas que son objeto de estudio del grupo de trabajo han sido las que han costeado las obras de reforma de la ONU donde luego se discute sobre ellas. Desde que en 1927 Rockefeller financiara la biblioteca de la Sociedad de Naciones que aún hoy sigue funcionando en su sede de Ginebra, hasta que Kofi Annan presentase en 1999 el Global Compact en el Foro Económico Mundial de Davos con el aval de las mayores transnacionales del planeta, pasando por todo el fomento de las “alianzas público-privadas” y el “capitalismo inclusivo” del que ha hecho gala la ONU en la primera década de este siglo, esta organización multilateral ha sufrido un innegable proceso de “captura corporativa”.

Los lobbies empresariales, apoyados por los gobernantes de los Estados centrales, van a hacer todo lo posible por descarrilar este proceso. Ya lo hicieron en las tres últimas décadas del siglo pasado, impidiendo la creación de un tratado internacional vinculante para las grandes corporaciones y desplazando el debate al terreno de la RSC y la voluntariedad, tal y como nos cuenta Alejandro Teitelbaum en su libro La armadura del capitalismo. Frente a ello, siguiendo a este jurista —que trabajó durante muchos años representando a diferentes organizaciones sociales ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y conoce bien cómo (no) funcionan los mecanismos de Naciones Unidas—, habremos de centrarnos en un objetivo fundamental: “Que la gente conozca lo mejor posible en todos sus aspectos el sistema del poder vigente y su intrínseca injusticia, inhumanidad e irracionalidad, y que comprenda que la solución no es individual, sino que es colectiva y que consiste en transformar radicalmente el sistema”.

* Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).