Categoría: Resistencias Antisistemicas

Boletín WRM

Una vez más, los gobiernos del mundo se reunirán a finales de año en el marco de la convención de las Naciones Unidas para, supuestamente, lidiar con la real y tangible problemática del cambio climático. No obstante, la agenda de las negociaciones sobre clima – empujada principalmente por los gobiernos de los países industrializados y grupos de cabildeo corporativo – sigue el mantra de la acumulación de capital, que para efectos de la crisis climática se traduce en el mercado de carbono. Este mantra ha llevado a que las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la destrucción ambiental en general incrementen cada vez más.

 

Esta creciente destrucción es “aceptada” y hasta promovida, siempre y cuando sea “compensada” con algún proyecto en otro lugar. Y son principalmente las poblaciones tradicionales y dependientes de los bosques quienes viven y sufren las consecuencias; no solo con los impactos de las intensas sequías, inundaciones y de tantos otros cambios en el clima, sino también a través del despojo y saqueo de los territorios, producto de la extracción legitimada y en expansión a causa del mercado de carbono. El último borrador (público) del acuerdo climático que sería implementado post-2020, y que se espera concretar en las negociaciones de este año en Paris, Francia, abre las puertas de par en par a mecanismos de mercado como REDD a nivel global (1).
 
 ¿Qué significa esto?
 
Los mecanismos del mercado de carbono como REDD han permitido continuar, legitimar e intensificar actividades destructivas como son las mineras, petroleras, gasíferas y de carbón, los monocultivos forestales, la agroindustria, entre otros. Este modelo extractivista ha resultado en el despojo, la violencia, la criminalización, la destrucción y la pérdida de centenares de pueblos a nivel mundial, y junto a ellos, sus culturas, espiritualidades, saberes, autonomías y control sobre sus vidas y territorios (2). ¿Cómo se puede hablar de un mecanismo que busca “frenar la deforestación” o “beneficiar a los pueblos de los bosques” cuando la lógica que subyace es la de expandir la extracción a escala industrial? A pesar de toda la propaganda y discursos creados para hacernos creer que REDD es una “solución viable”, la experiencia nos enseña que lo que se busca en realidad es mantener una economía de acumulación de capital que controla cada vez más territorios y llena los bolsillos de unos cuantos (3).
 
En este contexto, en diciembre de 2014, a puertas de las negociaciones sobre clima que se dieron lugar en Lima, Perú, más de 150 organizaciones y movimientos de todas partes del mundo lanzaron un Llamado a la Acción para Rechazar REDD y las industrias extractivas, para Frenar el capitalismo y Defender la vida y los territorios (4). El Llamado denuncia que “uno de los pilares fundamentales del nuevo capitalismo global son los ‘servicios ambientales’. Estos significan el sometimiento, financiarización, mercantilización, servidumbre y esclavitud de la naturaleza a la lógica del capital. El mercado de carbono, la compensación de biodiversidad o los mercados de agua son parte de esta forma de capitalismo.” Y añade que “con REDD+ la capacidad de los bosques y suelos de absorber carbono y retenerlo, de las plantas de hacer fotosíntesis, de criar el agua, de cultivarse o de crear biodiversidad está siendo cuantificada, monetarizada, apropiada, privatizada y financierizada como cualquier mercancía. El comercio de ‘servicios ambientales’ también impulsa la impunidad de los contaminadores y destructores porque en lugar de aplicarse la ley para prohibir contaminar y deforestar, lo pueden ‘compensar’ y además evita combatir el cambio climático pues no se ataca lo que lo provoca.”
 
Un paso importante de este Llamado fue el de articular claramente la crítica hacia REDD con sus implicaciones en la expansión del modelo extractivo, ya que sus promotores utilizan constantemente un discurso de “participación local”, “mejorar la gestión de los bosques”, “mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las poblaciones locales” e incluso de “implementar los derechos territoriales”. No obstante, como lo expresa el Llamado, “empresas como la petrolera Shell o la minera Río Tinto, de plantaciones de árboles para madera, pulpa y papel como Green Resources y Suzano, agroindustriales como Wilmar, Monsanto y Bunge, organismos multilaterales como el Banco Mundial o FAO, trasnacionales de la conservación como Wildlife Works, WWF, The Nature Conservancy o Conservación Internacional, empresas consultoras, la banca pública y privada, y muchos gobiernos, elaboran, apoyan y financian proyectos y programas REDD+ (…) Estos mecanismos socavan las verdaderas soluciones a la crisis climática pues son una distracción a los cambios en los modos de producción y consumo y hacia economías y sociedades libres de combustibles fósiles.”
 
Sin embargo, la campaña pro-mercados de carbono y REDD se intensifica a medida que nos acercamos a las negociaciones de fin de año, que esperan llegar a un acuerdo sobre REDD, desechando la evidencia recopilada sobre los nefastos impactos de este mecanismo. “Las negociaciones sobre el clima, cada vez más controladas por el poder corporativo, no tratan de salvar el clima, ni proteger los bosques y suelos, ni erradicar la pobreza o respetar los derechos de los pueblos indígenas. Por el contrario, protegen cobardemente a las corporaciones depredadoras, reforzando un modelo destructivo y patriarcal.”
 
Por lo tanto, denunciamos nuevamente que las decisiones para avanzar con los mercados de carbono y mecanismos afines, tomadas en salas de conferencias por representantes encorbatados, no reflejan la realidad de los pueblos y bosques, y mucho menos reflejan la imperante necesidad de iniciar una real transición para alejarnos de un modelo económico sediento de combustibles fósiles. Continuar con el mantra del mercado de carbono sería continuar con la imposición de más proyectos destructivos sobre aquellos pueblos que han defendido sus bosques y territorios por generaciones. Reiteramos el pedido a las organizaciones, movimientos sociales, grupos y redes a que se unan al Llamado a la Acción para fortalecer las voces que desde los bosques nos enseñan las verdaderas consecuencias de estos mecanismos. “¡Luchar contra REDD es también combatir al capitalismo!”
 
Puedes unirte al Llamado aquí: http://wrm.org.uy/es/todas-las-campanas/para-rechazar-redd-y-las-industrias-extractivas-para-enfrentar-el-capitalismo-y-defender-la-vida-y-los-territorios/
 
Notas:

1. http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/4infnot.pdf
2. Vea más información en: http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/mercantilizacion-de-la-naturaleza/redd-3/
3. Vea por ejemplo: http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/
4. http://wrm.org.uy/es/files/2014/11/Llamado-COP-Lima_NoREDD.pdf

Entrevista al Doctor JUAN ALMENDARES BONILLA
Científico y Defensor de la vida y la tierra.
Fotografía: http://conexihon.hn
Por: Ronnie Huete
Periodista y activista de derechos humanos

El siguiente artículo está redactado con auxilio  literal de una reciente entrevista que efectué en mi estadía en Honduras, con el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Dr. Juan Almendares, quien también es un reconocido científico de la salud a nivel internacional,  defensor de derechos humanos y de la tierra. En la entrevista, Almendares plantea una lectura profunda de la realidad que mantiene convulsionado al país latinoamericano de Honduras. Julio de 2015

Washington DC 22 de julio. Ante el análisis de la crisis de Honduras puede existir una visión reduccionista en el sentido filosófico, político e ideológico, porque aquí  se centra toda la situación en las figuras políticas y los partidos políticos, pero nosotros tenemos que analizar que la corrupción es un resultado de un proceso histórico que tiene que ver profundamente con la constante agresión capitalista, que ha sufrido Honduras.

Honduras ha sido golpeada históricamente por las empresas bananeras o las empresas mineras, y ahora con la Monsanto, cuyo negocio internacional es el de los transgénicos que se imponen sobre las soberanías de los países del sur. Por otro lado, también está el negocio del agro combustible. Todas esas son parte de las políticas multinacionales de los estados supranacionales, de las fuerzas hegemónicas económicas que han ido acompañadas de golpes de Estado.

El golpe de Estado de 2009 en Honduras, no fue únicamente un problema interno, sino un problema generado también por el Pentágono, y este proceso debe de entenderse como un golpe de Estado Multinacional contra el país, porque se suponía que en el momento político en que se produce el Golpe, Honduras se abría un espacio económico y social  hacia los países del sur.

Es en ese sentido que se produce el golpe de Estado, y realmente es inexplicable por qué se da el golpe, ya que el ex presidente Manuel Zelaya, tenía en contra el Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Nacional de Elecciones, al Ministerio Público, a la empresa privada, a los sectores fundamentalistas de la iglesia, y los medios de comunicación pagados por el sistema.

Golpe de Estado

 Indudablemente se da el golpe porque hay un proceso de movilización social del pueblo;  el ex presidente Zelaya abre el espacio para que incluso aumente el salario mínimo y todo esto crea una situación de intranquilidad para las empresas, y el capital transnacional basados en el enriquecimiento por explotación laboral.

Debido al  proceso echado a andar con el Golpe, Honduras entra de nuevo a una crisis que tiene su expresión en el gobierno actual, y todo se agrava. La agravación de este asunto, se enfoca en el tema de la corrupción, sobre todo la que existe en los sectores de salud y cobra su mayor fuerza con el desfalco de 350 millones de dólares (7 mil millones de lempiras) contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y cuyo resultado irradia en la muerte de 3 mil hondureños, que fallecieron por falta de medicamentos, decidía y atención médica, debido al descalabro financiero del IHSS.

Bajo este panorama, si nosotros analizamos a mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta de que el problema de la corrupción es un fenómeno interno, endógeno, pero también articulado a lo exógeno, es decir  al capitalismo también corrupto y a las políticas que genera el capitalismo en Honduras, como la presencia de bases militares, como el incremento de un estado militar policial.

La sumisión total del país a las políticas capitalistas, nos pone como un país subordinado, a los intereses de un estado trasnacional. En este proceso que se ha llamado “transparencia”, rendición de cuentas, se olvida algo muy importante, puesto que sólo se ven los resultados y no los mecanismos de acción política. Los mecanismos de decisión política son claves para generar la corrupción. A mi juicio es corrupción una política que privilegia las armas en vez de la salud y la educación.

Nosotros en realidad estamos obligados por las políticas del Pentágono a comprar armas en un país con una población con hambre, miseria y explotación, pero también los mecanismos de decisión política han golpeado a  la clase trabajadora, a los campesinos y  a los pueblos indígenas. 

Si nosotros observamos la Ley de Trabajo por hora, la violación de todos los derechos y las conquistas laborales de la clase trabajadora, la invasión tecnológica militar de los territorios, los desalojos violentos de las comunidades de los pueblos originarios y afro descendientes, todo esto está afianzado por la ley.

La creación de leyes perversas que en realidad afectan a los sectores más desposeídos del país. Todo esto va generando una situación de miseria, terror, violación de los derechos humanos. Sin embargo, dentro de ese marco de violación de los derechos humanos se va creando una reacción del pueblo.

Con el golpe  de Estado militar el pueblo salió a las calles y las movilizaciones fueron enormes, llegaron a más de un millón de personas, y desde luego un rechazo total de violación de los derechos del pueblo. En ese proceso, ha existido toda una especie de guerra mediática, una especie de fundamentalismo religioso que están aliados con los sectores del Golpe y la oligarquía.

Está variable sociológica, afecta al movimiento social, se golpea muy duro al magisterio que era la columna vertebral  de la resistencia hondureña, y para eso, se utilizan campañas de desprestigio, y se olvida que el Estado no lo he dado prioridad a la educación y lo mismo ocurre en salud. En este caso el Congreso Nacional se convierte como algo más significativo que crea políticas, y en las cuales en realidad lo que se establece es  una militarización completa del Estado de Honduras.

Pero  la militarización no solamente es hondureña, puesto que también es estadounidense. Ejemplo de ello, son las visitas frecuentes del Comando Sur de los Estados Unidos a Honduras, utilizando como pretexto la guerra contra las drogas. En consecuencia de eso, nosotros tenemos en realidad, una guerra no declarada en el país.

Ya van más de 4 mil personas asesinadas en cuatro años, y todo ello está en la impunidad con más del 90 por ciento. En el proceso muchos dirigentes opositores han sido asesinados, torturados y perseguidos.

Esto significa la ausencia de la libertad que también se refleja en la muerte de periodistas y abogados. Todas son muertes inexplicables. Se comienza a operar la Doctrina de la Seguridad Nacional con una cuestión diferente a lo que ocurrió en la década de los ochentas. Pero esencialmente esta doctrina es enemigo de los que están en contra del sistema neoliberal, los que están en contra de la militarización del país. Y es así que comienza la persecución contra los dirigentes de derechos humanos.

Los sectores más golpeados desde luego son las comunidades indígenas, lencas, tolupanes, pech, es decir toda la mayor parte de las comunidades indígenas y garífunas que han sido segregados violentamente de sus territorios.

El eje central de todo esto, son las violaciones de derechos territoriales de las comunidades de los pueblos ancestrales, ya que con el desalojo se crean proyectos trasnacionales que reflejan el racismo, con lo que son tratados estas comunidades. Esto nos lleva a una situación de mayor crisis y pobreza, Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio latinoamericano después de Haití.

Honduras es el país que tiene mayor cantidad de inmigrantes en el extranjero de América Central, y además también calificado como uno de los países más violentos del mundo, calificación que yo cuestiono, porque no es que el hondureño sea violento, sino que el sistema capitalista es de los más violentos en América Latina y considero que Honduras es un experimento ideológico, político, militarista, sobre todo del Pentágono y de otras fuerzas aliadas, con la oligarquía local, para implantar con mayor firmeza el capitalismo. 

En consecuencia, lo que despierta de nuevo al pueblo es la lucha contra la corrupción. El partido de gobierno es acusado de estar involucrado en la corrupción del país en el caso del Seguro Social de Honduras, en comprobados casos de robo y nepotismo, etc… Como respuesta de esto, se desarrollan movilizaciones de carácter pacífico en las cuales básicamente, la idea es caminar, salir en la noche con las antorchas y las manifestaciones indudablemente que tienen su merito, porque han movido a las personas a nivel personal.

Lo que hay que considerar es que la gente espontáneamente va a marchar y personas de diferentes tendencias políticas, sin embargo sin analizar a profundidad el contexto que mantiene enclaustrada a Honduras en la miseria, ellos únicamente marchan contra la corrupción.

 Esa es la razón por la que de nuevo  tenemos un reduccionismo filosófico e ideológico, político, porque las marchas inicialmente estuvieron alimentadas precisamente por los sectores de poder, sin embargo después esto se vuelve un poco molesto para el sistema, porque empiezan a plantear otros derechos y se suman a estas marchas de la fuerza opositora, y le van dando otro carácter. 

Después de esto, se forma la huelga de hambre, a la que se suman los indígenas tolupanes y también es acuerpada de forma simbólica por el pueblo originario lenca, las comunidades garífunas y por supuesto con la participación activa de los defensores de los derechos humanos, en su mayoría pertenecientes a organismos no gubernamentales.

La represión que ha sufrido está huelga de hambre pacifica así como  el desalojo violento de los universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), son políticas que toman de pronto un marcado y peligroso  tinte fascista.

Aquí vemos tres aspectos, el aspecto ontológico, el aspecto de la realidad concreta
y el aspecto estructural.

Hay una estructura de realidad objetiva que es represiva contra el pueblo, que es represiva contra los jóvenes, es decir hay una guerra no declarada inspirada bajo las ideas de Carl Schmitt, un teórico político hitleriano que habla de  la guerra total. Una guerra, no sólo es militar, porque están todas las fuerzas coludidas como la fundamentalista religiosa, las fuerzas del Estado mismo, así como también la fuerza mediática y desde luego las fuerzas que puedan surgir en los valores conservadores cotidianos de la sociedad. En ese sentido es la realidad. Y en otro sentido, el hambre la miseria, no hay acceso a la salud a la educación y al trabajo. Pero el pueblo esta distraído también en otra lucha y la reduce sólo a la corrupción.
En la posición epistemológica, es decir la lucha de las ideas, está la reelección electoral del sistema. Pero la gente está luchando contra la corrupción, mientras el problema concreto continúa, a la gente la siguen asesinando, sigue la violación a los derechos humanos, siguen las bases militares norteamericanas y también la existencia de las bases militares colombianas, mexicanas, y esto nos lleva a una situación extremadamente grave en y para el país. Sumado a eso, nos parece a nosotros, que por un lado, toda la orientación está en la parte epistemológica y se descuida la parte oncológica.

Los medios se centran en los problemas de información, menos en el aspecto epistemológico. Y  en el enfoque político, hay una falacia política al no articular la realidad con el conocimiento, al no articular estos dos elementos. El gobierno plantea el dialogo, sin embargo responde con represión militar. No hay dialogo.

La creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con la dirigencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el financiamiento del gobierno estadounidense, cuyo senado aprobó 200 millones de dólares recientemente para brindar apoyo a la CICIH, comprueba quiénes realmente manipularán esta comisión. El problema es que no se trata sólo de de una comisión. Porque se necesita un mejoramiento en lo problemas reales de Honduras como la miseria y los demás señalados. En el plan de la prosperidad del triangulo norte, los Estados Unidos están planteando únicamente defender sus intereses.

El pueblo no solamente tiene que marchar con los pies, tiene que marchar con la conciencia. Y esto significa que las organizaciones de derechos humanos (DDHH), deben plantear la realidad, de  manera que nosotros movamos la conciencia frente al militarismo.

Debemos de exigir que se desmantelen las bases militares norteamericanas en Honduras, para que seamos un país más soberano. Segundo, que la cooperación internacional no sólo se centre en el apoyo de un Estado, sino que en el apoyo a un pueblo, y que también el pueblo vaya pensando en crear sus propios tribunales que contribuyan a la creación de una verdadera justicia y soberanía del país. La situación de Honduras requiere mucho de la solidaridad internacional. El modelo que está utilizando el modelo neoliberal imperialista, es la hondureñización de América latina.

La situación de Honduras es la de un país aislado, pero hace falta más conciencia del ser social del ser material. Por tal motivo existe un pueblo que está luchando por su emancipación, su libertad y nosotros queremos la solidaridad internacional y la ternura revolucionaria. 

En el marco del reduccionismo filosófico, la CICIH será reducida a la cuestión de la corrupción financiera, pero no en la cuestión política nacional e internacional, puesto que los actores intelectuales, nunca serán enjuiciados bajo ese contexto de CICIH. Para llevar a cabo esto, hay que realizar el análisis profundo y partir de que una política corrupta, que tenga las fuerzas hegemónicas internacionales, es corrupta y es inmoral, cuando apoya la utilización de las armas, la compra de los instrumentos de guerra y menoscaba realmente el desarrollo de la salud.

Todas estas políticas corruptas ligadas a la oligarquía resultan inmorales cuando permiten la instalación de empresas transnacionales, como la Monsanto en Honduras, cuando se desarrollan políticas  de agro combustibles y mineras, que vulneran la vida de los indígenas, y colocan a los hondureños como desechos humanos. Ejemplo de ello, son las «ciudades modelo» conocidas como zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), pero que realmente solo representan un capital trasnacional dentro de Honduras y esto representa una evidente traición a la vida de los pueblos.

El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar

LaMarea

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* // Durante toda esta semana, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, ha tenido lugar la 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En cumplimiento del mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en su resolución aprobada hace un año recogía que la misión de este grupo es “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, los representantes de los países que asistieron a esta reunión —como se trata de un grupo de composición abierta, cualquier país del mundo, sea o no miembro del Consejo de Derechos Humanos, puede participar en él— han expresado sus ideas sobre cómo habría de ser y qué debería incluir un instrumento internacional de este tipo.

 

En esa misma línea, en la ONU también han tenido presencia diferentes expertos, juristas, miembros de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y personas afectadas por las operaciones de las grandes corporaciones. Como Rosiane Mendes, habitante de una comunidad de pescadores del estado brasileño de Maranhão que está sufriendo los impactos de las actividades de la compañía minera Vale: “Estamos aquí, como afectados por las transnacionales, para presentar propuestas a los Estados para llevar a las empresas a la justicia por las violaciones de nuestros derechos”. En representación de la campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner Fin a la Impunidad, Mendes resumía en su intervención ante el plenario lo que pedimos desde esta plataforma: “Queremos ser consultados, participar en las decisiones y en la fiscalización de las empresas. Para eso estamos hoy aquí en Ginebra: para decir sí al desmantelamiento de las corporaciones transnacionales”.

Sin embargo, aunque sin duda es un avance que todas estas voces puedan ser escuchadas en el seno de Naciones Unidas, el proceso de elaboración de una normativa internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales va a ser largo y costoso. Así lo apuntan ya las discusiones de esta semana en Ginebra, que permiten divisar un horizonte complicado y lleno de obstáculos para sacar adelante esta iniciativa. Dicho de otro modo: las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir este proceso. Y, para ello, desplegarán estrategias como las siguientes.

Bloquear la discusión. El lunes 6 de julio, en la jornada inaugural del grupo intergubernamental de trabajo, la Unión Europea trató de impedir que el proceso echara a andar. Así, tras permitir que la embajadora de Ecuador fuera elegida presidenta de la mesa, el representante de la UE propuso que no se hablara solo de las transnacionales, sino de todas las empresas; además, pidió que la agenda de discusión se modificase para abordar la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas. Quitando el único apoyo de México, el resto de países que intervinieron —Cuba, Sudáfrica, Pakistán, Bolivia, Rusia, El Salvador, China, Egipto, Venezuela e Indonesia— expresaron su oposición a la postura de la Unión Europea, ya que el mandato de la ONU en su resolución hace referencia a las empresas de carácter transnacional y no habla de tratar el Marco Ruggie. Después de una serie de consultas informales y de que todo pudiera finalmente continuar según la senda prevista, la UE se retiró de los debates y no volvió a aparecer en toda la semana. Primero, intentó obstaculizar la discusión tratando de llevarla al terreno que le convenía; segundo, viendo que esta estrategia no iba a dar resultado, se quitó de en medio.

Deslegitimar el debate. Ninguna de las grandes potencias estuvo presente en el resto de los debates a lo largo de la semana. Además de la Unión Europea, que solo participó al principio de la discusión para tratar de bloquearla y nunca más volvió a la sala —solo uno de sus países miembros, Francia, mantuvo allí un representante, que en ningún momento llegó a intervenir—, Estados Unidos, Japón y Canadá ni siquiera hicieron acto de presencia. Es decir: los mismos países que hace un año se opusieron a que la resolución saliera adelante no iban a permitir ahora que con su participación se avalase un proceso que pudiera perjudicar los intereses de las corporaciones transnacionales. Una estrategia de deslegitimación: dejemos que los países del “eje del mal” hablen entre ellos —Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela fueron de los más activos a la hora de exigir una normativa internacional vinculante para las grandes empresas— para, cuando llegue el momento y sea necesario, contraatacar diciendo que los resultados que pueda obtener el grupo de trabajo no son representativos porque solo habrán tenido en cuenta a unos pocos países.

Eternizar el proceso. La propia dinámica que sigue Naciones Unidas a la hora de abordar cualquier iniciativa es, en sí misma, una forma de demorar —casi indefinidamente, o al menos por largos periodos de tiempo— la posibilidad de establecer nuevas normas. Recordemos: la resolución para crear este grupo de trabajo se aprobó en 2014; este año acaba de producirse la primera sesión de debates y el que viene tendrá lugar la segunda; en 2017 tendremos una propuesta inicial de estructura del tratado y habrá que esperar hasta 2018 para disponer de un borrador del texto. Eso sin contar con que pueda haber nuevos intentos de bloqueo por medio, junto con el hecho de que, cuando empiecen a circular documentos con propuestas concretas, el proceso se alargará al tener que introducir enmiendas y disposiciones adicionales. De nuevo, la asimetría entre la fortaleza de lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: frente a la rapidez con que la Unión Europea y Estados Unidos negocian los acuerdos comerciales y de inversión —con un TTIP que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, veamos todos los acuerdos comerciales que han sido rápidamente negociados en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica…) y ese tratado de “libre comercio” de la UE con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) que ya solo está pendiente de ser traducido a todos los idiomas de la Unión para ser ratificado—, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones por todos lados.

Aprovecharse del pluralismo. Resulta habitual que, cuando la responsabilidad de organizar comisiones y grupos de trabajo recae en quienes controlan el poder político y económico, no inviten a las personas y colectivos contrarios a sus posiciones. Tenemos un ejemplo de ello en las decenas de foros oficiales sobre “responsabilidad social” que se han hecho en la última década y media: mientras las escuelas de negocios, los think tanks empresariales y las organizaciones sociales que no veían con malos ojos la RSC han copado las mesas y los debates, quienes hemos tenido una postura crítica con ese nuevo paradigma de relaciones empresa-sociedad no hemos tenido la oportunidad de expresar nuestros argumentos en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando la organización de los debates corre a cargo de las instituciones y gobiernos “progresistas” —en este caso, la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra—, suele invitarse a representantes de todas las posturas. Pero este pluralismo político, indudablemente necesario para no caer en las mismas prácticas que se critican, es ahora aprovechado por las grandes potencias para incorporar a sus “técnicos” y “expertos” a la discusión y así poder dilatar todo el procedimiento.

Fomentar la captura corporativa. Esta 1ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental se llevó a cabo en la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones del edificio de la ONU en Ginebra. A la entrada de dicha sala, una placa recuerda quién sufragó su restauración en 2008: el gobierno español —que pagó la cúpula de Miquel Barceló en parte con dinero de la cooperación internacional, concretamente del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)— y una fundación creada al efecto por las grandes multinacionales españolas. Es un hecho muy simbólico, como lo es que todo el sistema de telecomunicaciones y megafonía de la sala esté lleno de logotipos de Telefónica, que revela hasta dónde llega la penetración empresarial en el seno de Naciones Unidas: las mismas empresas que son objeto de estudio del grupo de trabajo han sido las que han costeado las obras de reforma de la ONU donde luego se discute sobre ellas. Desde que en 1927 Rockefeller financiara la biblioteca de la Sociedad de Naciones que aún hoy sigue funcionando en su sede de Ginebra, hasta que Kofi Annan presentase en 1999 el Global Compact en el Foro Económico Mundial de Davos con el aval de las mayores transnacionales del planeta, pasando por todo el fomento de las “alianzas público-privadas” y el “capitalismo inclusivo” del que ha hecho gala la ONU en la primera década de este siglo, esta organización multilateral ha sufrido un innegable proceso de “captura corporativa”.

Los lobbies empresariales, apoyados por los gobernantes de los Estados centrales, van a hacer todo lo posible por descarrilar este proceso. Ya lo hicieron en las tres últimas décadas del siglo pasado, impidiendo la creación de un tratado internacional vinculante para las grandes corporaciones y desplazando el debate al terreno de la RSC y la voluntariedad, tal y como nos cuenta Alejandro Teitelbaum en su libro La armadura del capitalismo. Frente a ello, siguiendo a este jurista —que trabajó durante muchos años representando a diferentes organizaciones sociales ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y conoce bien cómo (no) funcionan los mecanismos de Naciones Unidas—, habremos de centrarnos en un objetivo fundamental: “Que la gente conozca lo mejor posible en todos sus aspectos el sistema del poder vigente y su intrínseca injusticia, inhumanidad e irracionalidad, y que comprenda que la solución no es individual, sino que es colectiva y que consiste en transformar radicalmente el sistema”.

* Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

“Esto apenas empieza”

Radio Mundo Real
“En estas condiciones, no queremos elecciones” voceaban los participantes de un Plantón Ciudadano de cinco días frente al Congreso guatemalteco en la ciudad capital, reclamando la suspensión de los comicios en ese país, previstos para el mes de octubre próximo y al mismo tiempo la aprobación de una propuesta de reforma constitucional emanada de la indignación generalizada por una red de corrupción que alcanza los principales círculos del presidente Otto Pérez Molina.

El Plantón Ciudadano fue una iniciativa de la Asamblea Social y Popular en la que se articulan desde el mes de abril los movimientos indígenas, campesinos y garífunas (afros), autoridades ancestrales mayas, estudiantes y otros sectores, reclamando la renuncia de los cuadros de gobierno implicados en la corrupción constatada por una comisión investigadora oficial.

Sus principales demandas del Plantón, que contó con la participación de hombres y mujeres de toda Guatemala, buscó presionar a los diputados para la aprobación de algunas reformas que hacen al sistema político y electoral.

Las peticiones del “Plantón de la Dignidad” incluyen la creación de un régimen de representación política equitativo y alternado por género, pertenencia étnica y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en sus listados de candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales. Exige también que se elimine el financiamiento privado a los partidos políticos, “para que estos no tengan que pagar la factura a sus financistas con dinero del pueblo de Guatemala”.

Que se garantice el acceso equitativo a los medios de comunicación para todas las organizaciones políticas, evitando de ese modo contratos millonarios con los monopolios televisivos y radiales. Que se permita la creación de Comités Cívicos distritales que puedan proponer candidatos a diputados por su distrito, la limitación de reelección de Diputados y alcaldes municipales y permitir el voto nulo a la presidencia de las comunidades. El Petitorio del Plantón puede consultarse en forma íntegra en archivo adjunto a este reporte.

“Mayas, xincas, mestizos, campesinos y obreros, artistas y escritores, estudiantes y maestros, profesionales y académicos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del campo y la ciudad, de distintos pueblos, regiones y luchas del país, llegamos y nos mantuvimos en El Plantón. Acompañados de nuestros compañeros y compañeras de vida, de nuestros padres, hermanos, hijos e hijas, como parte de los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Social y Popular, llegamos y nos mantuvimos en lo que estamos convencidos ha sido El Plantón de la Dignidad”, señala el Balance Político del Plantón.

Y agrega: “Fiesta y ceremonia, juego y fraternidad, encuentro y esperanza, espíritu de lucha y compromiso, se vieron expresados en discursos y consignas, música y baile, comunicados y mantas, diálogos y debates, en los cuales mujeres y hombres, honrados y trabajadores, llegamos a realizar este Plantón de la Dignidad durante el día y la noche, como acción política para avanzar en la transformación política, social y ética del Estado y la sociedad guatemalteca”.

“Tenemos una democracia comprada y queremos una democracia real y participativa, con representación equitativa, porque esta crisis lo que demuestra es que el actual formato del estado caducó”, dice aRadio Mundo Real Sandra Morán, desde el Plantón. Sandra hace parte de la Alianza Política Sector de Mujeres.

Luego escuchamos a Carlos Díaz, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos (USAC) que explica quiénes y porqué surge la Asamblea Social y Popular y de no ser tomadas en cuenta sus propuestas iran a buscar a los diputados a sus casas.

Seguidamente Daniel Pascual de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) también habla sobre las redes de corrupción que han operado y que han sido descubiertos y como el gobierno del Partido Patriota, conformado por varios ex militares vinculados a la dictadura y el genocidio contra los pueblos originarios ha criminalizado y reprimido a los pueblos para satisfacer intereses de empresas nacionales y transnacionales.

Por último, Rosalina Tuyuc habla sobre la manifestación pacífica en el Congreso e intimidaciones a personas y dirigentes que son parte del Platón. Todos son integrantes de la Asamblea Social y Popular y su testimonio puede escucharse en audio adjunto. Los testimonios fueron recabados por el Equipo de Comunicación de la Organización CEIBA (Amigos de la Tierra Guatemala).

Descargar audio
http://www.radiomundoreal.fm/IMG/mp3/info_especial_planton_guatemala.mp3

Revista No.. 505 – Junio 2015

Francisco y los movimientos populares – Tierra, Techo y Trabajo

Contenido:

El Papa Francisco y los movimientos populares
La importancia de una aproximación histórica

João Pedro Stedile
 
La exclusión en el capitalismo contemporáneo

Juan Grabois

Tiempos de resistencia ética

Osvaldo León

Base material y espiritual

Tierra y territorio para el desarrollo del Vivir Bien

Diego Montón y Deo Carrizo

¿A quién sirve el caos climático?

Silvia Ribeiro

La reforma política, la corrupción y el derecho a la ciudad

Eduardo Cardoso

Sobre la autogestión

Walter De los Santos

Acerca de la Economía Popular

Romina Chuffardi, et al.

 

Laudato Si’: sobre el cuidado de la casa común

Un llamado a la conversión ecológica

ALAI

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Entre el 6 y el 10 de julio de 2015 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) inicia un proceso histórico que tiene el potencial de abrir el camino hacia el acceso a la justicia para las comunidades afectadas por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las empresas transnacionales (ETNs) en todo el planeta. Este proceso podría también contribuir en revertir las fuerzas que en los últimos 40 años de globalización neoliberal han favorecido de forma creciente los intereses privados frente a la soberanía de los pueblos.

 

¡Súmate a la Movilización Popular por un Tratado de las Naciones Unidas sobre las transnacionales, dentro y fuera del CDH!

 

 

Nunca antes había sido tan urgente la necesidad de controlar a las empresas transnacionales. En todo el planeta, el avance de las ETNs sobre los bienes comunes y los territorios mediante un acaparamiento global de los recursos se basa en la violación de los Derechos Humanos y la certeza de la impunidad inherente a las operaciones comerciales. Más aún, procesos como la captura corporativa del interés público son visibles dentro de las Naciones Unidas – donde las trasnacionales han infiltrado las negociaciones sobre el cambio climático y muchos otros proceso – así como en diversas negociaciones sobre los tratados bilaterales de libre comercio y protección de las inversiones, tales como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el Tratado de Comercio Transpacífico (TTP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), todos ellos planificados para consolidar y profundizar el poder de las transnacionales.

 

 

Historia reciente de este proceso

 

En junio de 2014, movimientos sociales y organizaciones de todo el planeta se reunieron en Ginebra para denunciar esta situación, exigiendo acceso a la justicia y presionando para que el CDH estableciera un instrumento legalmente vinculante para las transnacionales en el respeto de los Derechos Humanos. Como resultado de este esfuerzo colectivo y de la presión de más de 600 organizaciones y movimientos sociales, veinte países miembros del CDH representando a 3.800 millones de personas aprobaron la creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por sus siglas en inglés) para iniciar el proceso de negociación que de pie a un Tratado de las Naciones Unidas sobre las transnacionales. La Resolución votada está a punto de cumplir un año. Los Pueblos vienen reivindicando este instrumento vinculante en las Naciones Unidas desde hace décadas. ¡Ha llegado el momento!

 

Quiénes somos

 

La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a su Impunidad – una coalición de 190 movimientos sociales, redes y organizaciones de todo el planeta, en coordinación con la Alianza para el Tratado y movimientos sociales de Suiza organizan una semana de actividades en Ginebra para dar visibilidad a la resistencia popular ante las violaciones y crímenes cometidos por las transnacionales a nivel global y a los/as defensore/as de los Derechos Humanos. También se trata de demostrar a los Estados miembros del CDH que existe un amplio apoyo popular internacional para el proceso de constitución del Tratado.

 

Actividades programadas

 

 

La movilización popular coincidirá con la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental que iniciará sus debates y discusiones sobre los contenidos del Tratado. Un año después del voto histórico, los movimientos sociales regresan a Ginebra del 6 al 10 de julio de 2015. Con sus actividades demostrarán a los estados miembro del CDH y al mundo, que sigue viva la presión popular sobre los gobierno en el proceso hacia el Tratado sobre las transnacionales.

 

Las actividades se realizarán tanto al interior de la Sede de las Naciones Unidas, como al exterior. Al interior, se ha planeado la realización de varios “side events” y conferencias de prensa, y un seguimiento de las negociaciones, así como un trabajo de cabildeo a los gobiernos para asegurarnos que escuchen las voces de las comunidades afectadas por las transnacionales.

 

Al exterior, ocuparemos la Plaza de las Naciones Unidas donde se ubica la silla quebrada. Véase el programa de actividades más abajo.

 

Esta movilización popular coincidirá con los movimientos sociales activos contra las negociaciones del TISA que tendrán lugar al mismo tiempo en Ginebra, así como con la llegada del tour de Alternatiba para la Justicia Climática a la ciudad. Todas estas movilizaciones estarán interconectadas.

 

Si tu movimiento/organización quiere ser incluido en la lista que convoca a la Movilización Popular, gracias por escribir a Diana Aguiar y Richard Girard hasta el viernes 19 de junio, a las siguientes direcciones: dianaguiar@gmail.com,richard@polarisinstitute.org

 

Más información: stopcorporateimpunity.org

Movilizaciones en Guatemala

Por: Gladys Tzul Tzul  [1]

ComunitariaPress

El día sábado 13 de junio de 2015 las tramas comunales de San Juan Sacatepéquez se abrazaron emotivamente con las tramas populares de la ciudad de Guatemala, su abrazo mostró su potencia y fuerza cuando evitaron que la policía reprimiera y capturará a dirigentes comunales de San Juan Sacatepéquez. Ese día se realizaba otra gran marcha que llamaba a destituir al presidente Otto Pérez Molina, y las comunidades de San Juan Sacatepéquez, acuerparon esta jornada de lucha comunitario-popular que ha venido produciendo una fuerza que ha logrado remover a la que era vicepresidenta, misma situación que ocurrió con varios ministros más. Así, ese día de San Juan Sacatepéquez salieron tres buses repletos de mujeres, hombres, niños y niñas que llegaron a la ciudad de Guatemala y se unieron al río humano que empuja la destitución de Molina y que de manera más amplia interpela el orden de mando colonial y racista sobre el que se sostiene la acumulación capitalista en Guatemala. [2]

Todas y todos sabemos que las comunidades san juaneras, por más de cinco años han luchado contra la imposición de la Cementera Progreso; esas comunidades conocen por experiencia concreta los efectos de la dictadura del gobierno del Partido Patriota y del capital nacional que a fuerza, por despojo y por muerte quiere imponer y construir el anillo periférico y la cementera San Gabriel, (ampliación de la empresa Cementos Progreso), han vivido masacres como la ocurrida en septiembre del año pasado en los Pajoques; han vivido dos estados de sitio, luchan por liberar a varios comunitarios encarcelados, han llorado varias vidas y se enfrentan a una serie de mecanismos que imponen la división y fragmentación de las 12 comunidades. Esa lucha es conocida en las comunidades guatemaltecas y también en las comunidades de Argentina, Perú, México, San Salvador, entre varias más, y han enseñado como se lucha por la vida.

La lucha sanjuanera es un acontecimiento importante para entender las álgidas protestas que están ocurriendo en Guatemala por estos días. En este texto reconstruyo y sugiero una interpretación que puede ser ampliada con las variadas y plurales ideas que ya se están realizando al respecto. Me detendré en San Juan Sacatepéquez, por el acontecimiento del día sábado, pero sabemos que en las comunidades ixiles, q’anjobales, k’ich’es, en los territorios de Xalapán, La Puya, Sayaxché se fraguan una serie de luchas que nos alimentan y que permanentemente interpelan y frenan a los proyectos de muerte.

Los hechos, primero: Ese día, 13 de junio l@s sanjuaneros después de participar en la marcha, puestos regresar a sus comunidades salieron aproximadamente a las seis de la tarde del centro de la Ciudad de Guatemala, punto la protesta. Pero la policía nacional civil lo impidió, porque atravesó una patrulla en la 31 avenida 21-77 de la zona 7 (casi en las salidas de la Ciudad de Guatemala) y detuvo a uno de los tres buses, montó un operativo con un más de 400 policías, antimotines, agentes de particular, algunos fuertemente armados detuvieron al bus que tenía placa de circulación No. C483BMQ[3]. Así, quedaron atrapados dentro de la camionetas madres con sus hijos y varios hombres que hacían un total de 60 personas; la policía primero argumentó que habían recibido una llamada porque en ese bus se estaba perpetrando un asalto, como es versión fue desmentida, argumentaron que dentro del bus viajaban personas que tenían ordenes de captura y exigían que todas las personas se identificaran con su Documento Personal de Identificación (DPI). Lo que la policía exigía era completamente ilegal. Las mujeres, estudiantes y jóvenes que primero acudieron a apoyar y proteger a las comunidades lo denunciaron tenazmente por la radio, por las redes sociales y por entrevistas. Esta fuera de la ley realizar órdenes de captura después de las seis de la tarde.

Segundo: Se activó el mecanismo comunal de información, las mujeres y los hombres que estaban dentro del bus, se comunicaron con sus familias, quienes a su vez avisaron a los estudiantes de la USAC que estaban participando en las manifestaciones para que apoyaran y los protegieran. Y así fue, con el paso del tiempo, cientos de hombres y mujeres llegaron a acuerparlos y formaron una cadena humana que impidió que la policía ingresara al bus y evito que la policía obligara a bajarlos del bus. Jóvenes mujeres y hombres universitarios se acordonaron y no se soltaron las manos, mientras algunos abogados comprometidos con las luchas de sus comunidades producían estrategias jurídicas para exigir que se hicieran mostrar las órdenes de captura y las cuales nunca fueron presentados y demandando exhibiciones personales.

Tercero: Parte de la ciudad se volcó. Los vecinos de la zona siete (lugar donde estaba retenido el bus) hizo parte de la cadena humana, y comenzaron a reunir alimentos para adultos y para niños, agua para beber; el bus llevaban retenido más de cuatro horas, y eran necesarios tener pañales para cambiar a los bebés y l@s vecinos de la séptima zona los juntaron y los entregaron. Las comunidades y sus autoridades se volcaron, pues los hombres ixiles con sus varas de autoridad juntos con varias mujeres luchadoras y defensoras de territorios produjeron la negociación con los policías y dieron ánimo y seguridad a l@s retenidos que quienes estaban afuera no los dejaría solos y que los estaban cuidando. Cuando las comunidades de San Juan se enteraron que habían retenido a sus compañeros, regresaron a liberarlos. A esas alturas el abrazo ya había logrado acordonar a la policía y lograban la liberación y evitando la violencia. Hubieron varios momentos en los que la policía estuvo a punto de reprimir, pero las mujeres, las autoridades indígenas y los estudiantes lograron frenarlo con ese cálculo político que se forja al calor de la experiencia cotidiana de cuidar y proteger la vida.

He reconstruido estos tres puntos porque a mi entender resultan fundamentales para habilitar la comprensión de lo que producen nuestras luchas políticas; porque no podemos pensar la lucha política sólo como un objetivo final, también hay que pensarla como la capacidad de ir produciendo horizontes amplio, plurales y abarcativos que nos transformas a nosotras y nosotros mismos.

Para hacerme comprender mejor, quiero aclarar a qué me refiero cuando digo tramas comunales-populares, hago uso de esos términos cuando quiero nombrar a las mujeres y hombres que producen relaciones sociales para vivirse comunalmente, quienes no viven del trabajo ajeno o explotan a otros, esos seres humanos que todos los días trabajan por cuidar, alimentar a sus familias, que defienden sus territorios; los y las vendedoras informales, las y los trabajadores de maquila que se organiza para vivir en condiciones de dignidad y con anhelos compartidos de no permitir más la represión Esas mujeres y hombres que por años mediante levantamientos y movilizaciones han abierto posibilidades de reapropiación colectiva de la riqueza material que producimos para que funcionen los hospitales y las escuelas[4].

Como dice Raul Zibechi: La emancipación es producción de vínculos. Para nuestro caso, el abrazo con l@s sanjuaner@s nos da esa esperanza emancipatoria.

NOTAS:

[1] K’iche’ de Guatemala, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrita al área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, vive en el Ecuador,  donde realiza una estancia doctoral sobre los levantamientos indígenas de la década de los 90 desde el Centro de Investigación de Movimientos Sociales del Ecuador. –CEDIME-.

[2] Estas reflexiones son parte del seguimiento día este acontecimiento el cual fue alimentado de conversaciones y discusiones con varias amigas, verdaderas hermanas.

[3] Datos obtenidos de los reportes de Prensa Comunitaria el día 13 de junio de 2015.

[4] Debo esta definición de lo comunitario popular Raquel Gutiérrez Aguilar, se puede profundizar más en Horizonte Comunitario Popular. Antagonismo y producción de lo común en América Latina. Ediciones de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Autodeterminación Ediciones.

Por: Marisol Garcés
Prensa Comunitaria

En Guatemala, desde hace muchos años, parecía que nada nos indignaba, pues a pesar de la criminalización de los pueblos que defienden territorios, del encarcelamiento de líderes indígenas, del debilitamiento de la institucionalidad de DDHH y de las mujeres, de la impunidad, de la cooptación del sistema de justicia por intereses oscuros, y del cierre de espacios de participación política; nada se movía. La indiferencia y el miedo era el común denominador de una ciudadanía complaciente con los factores de poder, con la corrupción, con el abuso y la explotación.

Desde que comenzaron las movilizaciones, algunos sectores se han dedicado a difundir la idea que estas marchas y plantones son pagados y movidos por intereses de grupos económicos o de partidos, que son desestabilizadores de la gobernabilidad y atentan contra la institucionalidad. Ejemplo de esto es una declaración dada por el diputado Luis Chávez, sub jefe de la bancada del partido Líder, el día 14 de mayo, afirmando que ya tenían identificados a unos de los organizadores de la manifestación y que seguirían un proceso penal contra ellos y aseguró que son manipulados por la UNE y la USAC. También durante la semana pasada, en Facebook y Twitter, muchas personas denunciaron que les habían llamado para decirles que no asistieran a la manifestación del 30 de mayo porque la organizaban guerrilleros o gente manipulada por Sandra Torres, y hasta se creó una denuncia en la página listaspam.com, donde se manifestó el mismo reclamo.

También funcionarios de gobierno, y el mismo presidente Otto Pérez Molina han desestimado las movilizaciones diciendo que se trata de “un grupito”, y posteriormente en declaraciones públicas señaló que “No voy a ponerme a competir, como lo pudiera hacer… integrantes del Partido Patriota (PP) me han ofrecido apoyo para realizar manifestaciones a mi favor… que han provenido de diferentes alcaldías, de diferentes municipios, de diferentes gentes… me han ofrecido llenar la Plaza de la Constitución”, pero insistió en que él no quiere hacer movilizaciones.Con esto se evidencia la desvalorización y tergiversación que hacen de la multitudinarias movilizaciones que han habido en Guatemala y en la mayoría de departamentos del país.
LEER COMPLETA

–Declaración de la Segunda Asamblea Social y Popular

–CUANTO MÁS PROFUNDO ES EL POZO, CON MÁS FUERZA SALE EL AGUA.
Los niveles de la crisis actual y las posibilidades que nos ofrecen

–Guatemala. Indígenas y campesinos exigen la renuncia del gobierno y proponen una asamblea constituyente.

–Guatemaltecos se movilizan para exigir renuncia del Presidente.
Exigieron la renuncia de Pérez Molina y cambios a las leyes electorales para prohibir la reelección de diputados y alcaldes en las próximos comicios generales de septiembre.

–Guatemala: ¿Quiénes y por qué le teme a un proceso de Asamblea Constituyente Popular?
En estas últimas semanas, ante las veladas crisis política y económica que evidencian el colapso institucional y jurídico del Estado, sectores indígenas y campesinos, frente a la ausencia de propuestas de indignados citadinos movilizados, plantean la “refundación de un Estado plural mediante un proceso constituyente popular”.

Los manifestantes rechazan la corrupción y piden la renuncia de Otto Pérez tras la defenestración de la vicepresidenta Baldetti
elpais.com

El grito de “Otto Pérez, renuncia” fue el más coreado este martes por una manifestación de campesinos que, desde las 6.00 de la mañana, recorrió las principales vías de acceso a la capital de Guatemala. Los manifestantes acusaron al presidente de corrupción. Aunque concurrida —entre 12.000 y 15.000 participantes, en su mayoría indígenas—, el número quedó lejos de los 60.000 que habían adelantado los organizadores.

A las demandas que han caracterizado al movimiento —rechazo a la corrupción y la petición de renuncia de Otto Pérez tras la defenestración de la vicepresidenta Baldetti—, los campesinos claman porque no se reduzca a “un cambio de caras”, sino que se proceda a una reforma profunda del Estado, y que se convoque a una asamblea constituyente que redacte una Carta Magna más acorde a la nueva realidad de Guatemala. Añaden pedidos más acordes con sus necesidades, como la nacionalización de la energía eléctrica y la prohibición de la minería a cielo abierto.

Este clamor, no obstante, se vio eclipsado por un nuevo escándalo de corrupción. La cúpula entera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue capturada después de que el Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destaparan un escándalo de tráfico de influencias que permitió que los tratamientos de hemodiálisis para enfermos renales se adjudicaran a una empresa que no cumplía los requisitos mínimos. Hasta 17 pacientes han muerto, y más de 100 sufren serios quebrantos de salud como consecuencia de los medicamentos administrados.

Entre los detenidos se encuentra el Presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, quien hasta su nombramiento para ese cargo se desempeñó como secretario privado de la Presidencia, y el presidente del Banco de Guatemala (central), en su calidad de asesor económico. Como la mayoría de altos cargos, ambos fueron nombrados por Pérez Molina.

En una rueda de prensa, el comisionado de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, explicó el procedimiento anómalo para otorgar el contrato a una empresa claramente no calificada, pero por el que las autoridades del IGSS cobraron una comisión que oscila entre el 15% y el 17% del monto total del contrato.

Pérez Molina dijo que los funcionarios por él nombrados traicionaron su confianza. “No admitiré culpa. Los que fallaron fueron ellos”, expresó, y añadió que respetará “la independencia de poderes, por lo que el desenlace solo corresponde a los tribunales de justicia”.

-Medios libres cubriendo movilización en Guatemala

Entrevista a dirigente histórica del Copinh galardonada con prestigioso premio ambiental.

El 20 de abril, en San Francisco, California, Berta Cáceres, incansable luchadora indígena Lenca y actual coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), recibió el Premio Ambiental Goldman 2015, el mayor galardón en el mundo para activistas de base en pro del medioambiente.

 

Entre las motivaciones para otorgarle el premio, la Fundación Ambiental Goldman destaca el minucioso trabajo de organización de las comunidades lencas en Honduras, así como la exitosa lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca[1], situado en la zona de Río Blanco, sobre las aguas del sagrado río Gualcarque.

 

 

Promovido por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA) y ejecutado, entre otros, por la poderosa compañía constructora de capital chino Sinohydro, el proyecto Agua Zarca nunca pudo avanzar debido a la férrea resistencia de las comunidades indígenas de la zona organizadas en el Copinh.

 

Ni el constante acoso y las amenazas, la militarización del territorio, la criminalización y judicialización de la protesta, ni la brutal represión que ha dejado un saldo trágico de muertos y heridos, pudieron doblegar su espíritu de lucha.

 

Durante su conversación en exclusiva con La Rel, la dirigente indígena Berta Cáceres explicó que este importante premio internacional es un reconocimiento a la defensa indómita de los bienes comunes, ante la implementación de un modelo extractivista que privatiza y saquea recursos naturales, acapara territorios y desplaza poblaciones.

-¿Qué significado tiene para ti, para el Copinh y para las comunidades lencas este premio?
-Es un reconocimiento a los 22 años de lucha colectiva del Copinh y a la lucha de resistencia de más de 200 comunidades lencas, en defensa de los bienes de la naturaleza, del territorio, de la cultura.

 

Asimismo, contribuye a que el mundo ponga nuevamente sus ojos en Honduras, abriendo un espacio internacional donde poder denunciar lo que en realidad ocurre en el país en cuanto a la implementación del modelo extractivista, que siempre lleva consigo políticas de militarización, represión y saqueo.

 

Hay un avance acelerado de la transnacionalización y de un proyecto más amplio de dominación que se está imponiendo a nivel regional.

 

En Honduras se da a través de varios instrumentos, como la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “ciudades modelo”, la instalación de nuevas fuerzas de tarea y bases militares norteamericanas y la implementación de programas como la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

 

En este sentido, el Premio Goldman 2015 representa un verdadero reto, que nos exige más compromiso y dedicación en un contexto muy difícil.

 

Honduras, un país récord en asesinatos políticos
El país más peligroso para los activistas ambientales

 

-De acuerdo con un informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas ambientales y de la tierra a nivel mundial. Honduras aparece como el cuarto país más afectado después de Brasil, Colombia y Filipinas.
-Es una tragedia que las autoridades pretenden ocultar. Según el informe “¿Cuántos más?”, las tres cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica, y Honduras fue el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra.

 

El 40 por ciento de estas víctimas era indígena y las principales causas de su muerte fueron la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria. El informe destaca también que, entre 2002 y 2014, en Honduras se produjeron 111 asesinatos de defensores ambientales y de la tierra.

 

Una tragedia que debemos denunciar y que hay que detener.

 

-El pasado 1 de abril se cumplieron dos años de resistencia en Río Blanco. ¿Cómo sigue la lucha contra el proyecto Agua Zarca?
-De hecho el proyecto nunca pudo desarrollarse. Sinohydro abandonó la zona y la Corporación Financiera Internacional (CFI), institución del Banco Mundial, retiró su financiamiento. Sin embargo, DESA pretende ahora ejecutarlo 1,5 kilómetros aguas arriba del punto original, generando nuevas tensiones con las comunidades lencas.

 

Paralelamente estamos denunciando que la transnacional de capital estadounidense y canadiense Blue Energy quiere desarrollar un proyecto hidroeléctrico sobre el río Cangel, también sagrado para el pueblo lenca.

 

El Copinh y las comunidades se han movilizado y han denunciado la flagrante violación del Convenio 169 de la OIT y del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como los primeros actos de hostigamiento contra la población y los intentos para dividir a las comunidades.

 

-Es una lucha que parece no tener fin…
-Tanto el pueblo lenca como los demás pueblos originarios de Honduras nos enfrentamos a un proyecto hegemónico impulsado por el gran capital nacional y transnacional, que tiene sus intereses puestos en el sector energético, la minería y la agroindustria. Todo eso implica la privatización de territorios y fuentes de agua, y constituye una amenaza muy grave.

 

Ya hemos presentado una denuncia formal ante las diferentes instancias del Estado contra docenas de proyectos hidroeléctricos, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta favorable. A esto hay que agregar no menos de cien proyectos mineros que se están gestionando en territorio lenca.

 

-¿Crees que haber llevado esta situación ante los ojos del mundo será un elemento de disuasión?
-Tomando en cuenta el nivel de agresividad mostrado por el gobierno de Honduras y las empresas, y considerando la impunidad con que actúan, no creo que se vaya a generar algún cambio espontáneo.

 

El gobierno de Juan Orlando Hernández trata ahora de vincular los asesinatos de defensores ambientales y de la tierra con la violencia común, pero hay suficientes elementos para demostrar que existe una política dirigida, planificada, estructurada y financiada para la criminalización de la lucha de todos los movimientos sociales y populares.

 

La instalación y expansión de proyectos transnacionales en los territorios no sólo genera conflictividad, sino múltiples formas de violación de los derechos humanos, incluso asesinatos.

 

Ojalá me equivoque, pero creo que en lugar de disminuir, la persecución contra las y los luchadores va a recrudecer.

 

Terrorismo mediático
Una lucha invisibilizada por la prensa corporativa

 

-Prácticamente ningún medio de comunicación corporativo nacional ha informado sobre el premio que te han entregado. ¿Te sorprendió?
-Para nada. Hay toda una política y una estrategia de estos medios de silenciar tanto los logros y las victorias del movimiento social y popular, como el avance de los proyectos emancipadores de los pueblos.

 

Ocultar las luchas de liberación de los territorios frente a la presión impuesta por el modelo neoliberal es parte del terrorismo mediático, que ya hemos experimentado a partir del golpe de Estado de 2009.

 

Prueba de ello fue la total invisibilización en Honduras de mi presencia en el Vaticano durante el encuentro entre el papa Francisco y los movimientos sociales y populares del mundo.

 

-La Rel-UITA reitera su solidaridad con la justa lucha del Copinh y te felicita por este importante premio.
–Les agradezco por su solidaridad y por estar siempre pendientes de todas las causas de los pueblos en Latinoamérica.

 

-¿Qué es lo que viene ahora para el Copinh?
-En estos días me estoy reuniendo con varios actores de la política estadounidense y con instancias internacionales con sede en Washington.
Ya me reuní con varios senadores y congresistas, con el director para Centroamérica y México del Banco Mundial, así como con los asesores en temas ambientales de la Casa Blanca, con la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) de la CFI, y con las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Durante estos encuentros y reuniones he podido presentar la grave situación que estamos viviendo las y los hondureños.

 

Pronto voy a regresar a mi tierra y voy a reincorporarme a la lucha diaria del Copinh. Vamos hacia un proceso de fortalecimiento de la organización, de mayor articulación a nivel nacional e internacional, de profundización de la lucha contra este modelo saqueador.

 

Notas
– [1] Comunidades indígenas lencas en defensa de ríos y territorios y Ni balas ni machetes detendrán nuestra lucha por el agua y la tierra

 Fuente: Rel-UITA