¡Libertad!
Ejército hondureño derrotado en su acusación contra la luchadora Berta Cáceres: los movimientos celebran un triunfo contra el autoritarismo
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La verdad se impuso frente al montaje militar y político contra la integrante del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres, que obtuvo en un marco de movilización nacional y solidaridad internacional la anulación de las medidas que coartaban su libertad, aunque el juicio no se cerró definitivamente.
Este jueves 13 sobre las 17 horas de Honduras, el abogado de Berta Cáceres Marcelino Martínez explicó a Radio Mundo Real en enlace telefónico desde Santa Bárbara que no hubo elementos suficientes de prueba contra la luchadora hondureña y que por ende recupera su posibilidad de viajar fuera del país.
A Berta se la acusaba de posesión ilegal de arma de fuego aunque los testimonios a cargo de militares y policías que realizaran el cateo de su vehículo en forma irregular el 24 de mayo pasado no fueron suficientes para fundamentarla, explicó Martínez.
Aunque la defensa reclamaba el sobreseimiento definitivo, el juicio se mantendrá aún abierto y se aguarda que la parte acusatoria, el Estado a través de la Procuraduría de la República, debería aprobar nuevos elementos. Durante la audiencia que alcanzó casi las ocho horas de duración, la parte acusatoria reclamó pena de prisión para la luchadora, quien en reiteradas oportunidades ha denunciado amenazas contra su persona y su organización.
“Quedó evidenciado que los miembros del ejército entraron en grandes contradicciones y cumplían órdenes. La policía no realizó ninguna investigación sino que se limitó a repetir la versión del Ejército”.
Se trató de una jornada agotadora en las inmediaciones del juzgado de la ciudad de Santa Bárbara, donde los militares responsables de la presunta incautación del arma ilegal en el vehículo del COPINH, cargo por el cual se acusó a Berta, concurrieron uniformados a la dependencia judicial.
Esa ciudad hondureña amaneció con presencias inusuales con el arribo de delegadas y delegados de los puntos más remotos del país, convocados en solidaridad con la luchadora por los derechos indígenas.
En efecto, representantes de más de 40 organizaciones rodean esta mañana en Santa Bárbara, Honduras la primera audiencia contra la coordinadora del COPINH.
Varios y varias de esos representantes dieron su testimonio a Radio Mundo Real en enlace telefónico con la radio lenca Guarajambala a través de la comunicadora Telma Hernández quien recogió palabras de compromiso en no permitir el encarcelamiento de Berta.
Desde Tegucigalpa, el Aguán, la región de Río Blanco con más de 70 días de movilización precisamente contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca –toma a la que se conducía Berta y el comunicador indígena del COPINH el 24 de mayo cuando fueron detenidos; de mujeres campesinas, consejos de ancianos, indígenas, el Frente Nacional de Resistencia Popular, además de otras organizaciones sociales y políticas.
La detención el pasado 24 de mayo de Berta Caceres y Tomas Gomez a manos de un grupo de militares, bajo los cargos de posesión de un arma ilegal, es parte de una campaña desatada en contra de la defensa de los territorios de los pueblos indígenas de Honduras.

Ante la situación de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, expresamos nuestra rechazo a los reiterados episodios de violencia contra líderes sociales provocados por fuerzas estatales y también por mercenarios contratados por empresas, terratenientes y consorcios varios, de lo cual dan cuenta testimonios nacionales como diferentes informes de observación internacionales.
Los temas ambientales se van instalando poco a poco en las escuelas, en las familias y también en los medios de comunicación, aunque habitualmente omitiendo o falseando información en todo lo que pueda afectar a sus propios intereses económicos, o los de sus anunciantes, que muchas veces suelen ser las compañías que mayor daño ambiental causan, y que utilizan esos espacios para intentar limpiar su imagen. 
La detención de Bertha Cáceres y Tomás Gómez en Santa Bárbara ya es por sí mismo un acto de plena arbitrariedad represiva contra el movimiento popular. Es un acto más del Estado golpista que mantiene su estructura y objetivos intactos. Bertha Cáceres no es una lideresa más del movimiento popular, su arresto con pruebas falseadas (les acusan de portación ilegal de armas en apoyo de los pobladores del Municipio de Rio Blanco, Intíbucá) es solo una consecuencia, una arista del aspecto delincuencial con que opera la policía nacional para tener argumentos en sus relaciones públicas. Un distractivo, sin más. No es ese el punto. Cientos de hondureñas y hondureños han sido inculpados de la misma forma para enviarlos a prisión, y en el peor de los casos, asesinadas y asesinados para luego meter en sus bolsillos «las pruebas».
Los cuatro hacen parte de Amigos de la Tierra, la red ambientalista más grande del mundo, que concentra a unos dos millones de defensores de las luchas populares en 74 países. Exigen que los indígenas, los negros y los campesinos tengan agua limpia y territorio propio, trabajan por la defensa de la cultura, se oponen a las grandes compañías que, para ellos, se enriquecen por cuenta de los recursos ajenos, declaran al capitalismo su principal enemigo. No les molesta que los denominen radicales, creen que sólo un discurso que busque un cambio de raíz puede poner a tambalear a los estados que se olvidaron a sus minorías.
Desde hace más de dos décadas, a nivel mundial y nacional, se ha observado que existe un problema en el medio ambiente debido a que la ambición y la ignorancia han llevado a que el hombre ponga en grave peligro lo único que le permite su subsistencia, es decir, su entorno, su relación con la naturaleza que ha devenido en un ecocidio que amenaza el desarrollo de la propia vida.