EL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)
Reclama por la anulación del expediente judicial contra Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
8 de junio de 2013
A las autoridades judiciales del municipio de Santa Bárbara, Honduras.
A los magistrados de la Corte Suprema de Honduras.
A las empresas responsables del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (DESA-SINOHIDRO y banco FICOSAH).
A la opinión pública hondureña e internacional.
Ante la situación de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, expresamos nuestra rechazo a los reiterados episodios de violencia contra líderes sociales provocados por fuerzas estatales y también por mercenarios contratados por empresas, terratenientes y consorcios varios, de lo cual dan cuenta testimonios nacionales como diferentes informes de observación internacionales.
Consideramos que el proceso judicial del estado hondureño contra la luchadora por los derechos indígenas en su país, Berta Cáceres, es ilegítimo, ilegal y de alto riesgo para su seguridad personal, la de su familia y la de su organización, el COPINH. Berta Cáceres ha sido objeto de persecución e infame criminalización, a quien injustificadamente y sin pruebas formales se le ha abierto un expediente judicial en su contra por supuesta portación ilegal de arma de fuego.
El próximo 13 de junio a las 09.00 AM en la ciudad de Santa Bárbara, en el departamento del mismo nombre, Honduras, Berta Cáceres deberá acudir a la sede judicial para presentar su defensa ante dichas acusaciones falsas. El expediente judicial fue iniciado el viernes 24 de mayo de 2013 siguiendo a la detención ilegal de Berta Cáceres y del comunicador indígena Tomás Gómez, ambos miembros del COPINH, en momentos en que se trasladaban hacia la región del pueblo originario Lenca, quienes se movilizaban contra la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. De concretarse su instalación, la represa desplazaría a centenares de familias indígenas del Noroccidente hondureño.
En dicho operativo participaron más de 15 miembros del Ejército hondureño y posteriormente de la policía, deteniéndolos sin mediar orden de captura y a pesar de que la dirigente hondureña cuenta con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de DDHH tras haber recibido múltiples amenazas contra su persona. Berta y Tomás han testimoniado que los agentes concurrieron a la detención del vehículo de COPINH en móviles identificados con el consorcio responsable de la construcción de la presa (DESA-SINOHIDRO y banco FICOSAH). Berta fue detenida por casi 24 horas, y actualmente está imposibilitada de abandonar el país y debe hacerse presente en el juzgado en forma semanal hasta no dilucidarse el caso.
La detención de los miembros del COPINH da cuenta de la grave tendencia a la militarización de la policía en Honduras. El proceder de las fuerzas armadas y de seguridad hondureñas es violatorio de los derechos humanos de los luchadores y las luchadoras sociales, ambientales e indígenas, a quienes no obstante se los acosa de manera sistemática como si fueran “enemigos” y no como ciudadanos y ciudadanas con derechos.
La libertad y la vida de Berta Cáceres corren serio riesgo al depender del resultado de la audiencia del 13 de junio próximo. Por ello exigimos el respeto a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales en la materia y signados por el gobierno de Honduras. Del mismo modo la anulación inmediata del expediente de Berta Cáceres, y las garantías de seguridad para ella, su familia, así como de los miembros del COPINH.
Atentamente,
MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)
Los temas ambientales se van instalando poco a poco en las escuelas, en las familias y también en los medios de comunicación, aunque habitualmente omitiendo o falseando información en todo lo que pueda afectar a sus propios intereses económicos, o los de sus anunciantes, que muchas veces suelen ser las compañías que mayor daño ambiental causan, y que utilizan esos espacios para intentar limpiar su imagen. 
La detención de Bertha Cáceres y Tomás Gómez en Santa Bárbara ya es por sí mismo un acto de plena arbitrariedad represiva contra el movimiento popular. Es un acto más del Estado golpista que mantiene su estructura y objetivos intactos. Bertha Cáceres no es una lideresa más del movimiento popular, su arresto con pruebas falseadas (les acusan de portación ilegal de armas en apoyo de los pobladores del Municipio de Rio Blanco, Intíbucá) es solo una consecuencia, una arista del aspecto delincuencial con que opera la policía nacional para tener argumentos en sus relaciones públicas. Un distractivo, sin más. No es ese el punto. Cientos de hondureñas y hondureños han sido inculpados de la misma forma para enviarlos a prisión, y en el peor de los casos, asesinadas y asesinados para luego meter en sus bolsillos «las pruebas».
Desde hace más de dos décadas, a nivel mundial y nacional, se ha observado que existe un problema en el medio ambiente debido a que la ambición y la ignorancia han llevado a que el hombre ponga en grave peligro lo único que le permite su subsistencia, es decir, su entorno, su relación con la naturaleza que ha devenido en un ecocidio que amenaza el desarrollo de la propia vida.
Los pueblos indígenas, autoridades ancestrales y las organizaciones indígenas, campesinas, feministas, defensoras de Derechos Humanos, ambientalistas, iglesias y sindicalistas, el día de hoy, reunidas y reunidos: 
Ambas líderes llamaron la atención sobre el hecho de que Hidralia Energía está violando los derechos de los pueblos indígenas recogidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pese a tratarse de un acuerdo internacional ratificado tanto por el gobierno español como por el tema de Guatemala.
En este día de la MARCHA POR LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS, en Huehuetenango, Guatemala, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) se suma a la marcha. Marchamos en el corazón de cada uno de ustedes, desde cada rincón de nuestra querida Mesoamérica, en solidaridad con el reclamo de justicia, por la libertad de Rubén y el esclarecimiento del asesinato de Daniel Pedro de Santa Eulalia.
La imposición del modelo extractivo minero y el modelo energético en Guatemala; constituyen una nueva invasión a nuestros territorios, porque significan despojo, ocupación, contaminación, control social, represión y muerte para nuestras comunidades. El gobierno de Guatemala está empecinado en preparar la pista de aterrizaje (Reformas legales, militarización, criminalización de la protesta) para que empresas transnacionales, con toda impunidad puedan saquear nuestros bienes estratégicos como el agua y los minerales; este modelo del “falso desarrollo” se está implementando a la fuerza; violando el Derecho fundamental de la Consulta previa e informada; desconociendo las demandas legitimas de los pueblos, el proceso democrático y pacífico de 75 consultas comunitarias a nivel nacional.