Victimas de la contrainsurgencia en Chiapas construyen “La Otra Justicia”

Otros Mundos AC/Chiapas

“Debemos aplicar una justicia diferente de la que aplica el Gobierno para no generar más violencia: castigar de otra manera, sin usar el dinero, y saber perdonar. ” Así habló un habitante de la comunidad de Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas, durante el Foro “La Otra Justicia” organizado los 10 y 11 de octubre en Acteal, Chenalhó. La comunidad de Viejo Velasco fue atacada en noviembre del 2006 por un grupo de 40 paramilitares originarios de la comunidad de Nueva Palestina, Ocosingo, acompañados de 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas. El saldo del ataque fue de 6 muertos, 2 desaparecidos y 36 desplazados. A la fecha, los responsables no fueron procesados, tampoco los desaparecidos encontrados ni los desplazados reubicados.

El Foro convocado por la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reunió a las numerosas victimas de los ataques perpetrados en Chiapas en el marco de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994. En el 1997, la organización pacifista prozapatista Las Abejas fue atacada por paramilitares del grupo “Paz y Justicia” quienes asesinaron a 45 personas mas 4 niños que estaban en el vientre de su madre.

Así mismo participaron en el foro miembros de varias comunidades del municipio de Tila (Zona Norte de Chiapas) cuyos familiares fueron asesinados o desaparecidos en una serie de ataques perpetrados en los años 1990 en contra de los y las que no adherían al PRI y apoyaban al EZLN. También asistieron a las discusiones los y las desplazados y desplazadas de Banavil, Tenejapa, quienes fueron atacados en diciembre del 2011 y forzados a dejar sus tierras.

Violencias de Estado reconocida por el Tribunal Permanente de los Pueblos

Todas estas masacres quedaron en la impunidad. “En el 1996, desaparecieron a mi hermana Minerva Guadalupe Pérez Torres, de 17 años de edad, en mi comunidad de Masojá Schucjá, Tila”, contó Domingo Pérez Torres en Acteal. “Puse una denuncia pero nunca procesaron el caso, me citaron sólo una vez en el 2009 para que diera mi testimonio pero después de eso, nunca volvieron a llamarme”, añadió. Domingo y los demás participantes al Foro ya no creen en la justicia del Estado mexicano. Por ello, entre 2012 y 2014 dieron sus testimonios ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una instancia internacional no gubernamental dedicada a examinar las violaciones a derechos humanos en varios países del mundo. En su “Capítulo México – Eje Guerra Sucia”, se concentró en la violaciones perpetradas en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas. En julio del 2014 concluyó: “Se cometieron violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en los casos Zona Norte, Viejo Velasco y Acteal, por conductas derivadas del accionar de los grupos paramilitares denominados Paz y Justicia, algunos pobladores de la comunidad Nueva Palestina y otros paramilitares ubicados en la Zona Norte del Estado; organizados por autoridades municipales, estatales y federales.”

Ese dictamen alivió a las victimas. “El Gobierno quiere que lo que pasa en casa quede en casa, pero al recibir nuestros testimonios, el TPP pudo dar a conocer a nivel internacional lo que hemos vivido”, explica Domingo. ¿Pero qué sigue después de la denuncia ante el resto del mundo y el rechazo a las instancias gubernamentales? “El TPP nos dejo con la tarea de construir nuestro propio camino hacia la Otra Justicia”, dijo un habitante de la Zona Norte al inicio del Foro. Durante los dos días del encuentro, los participantes se esforzaron por proponer una definición de lo que el pueblo tsotsil llama el “Lekil Chapanel” (la Buena Justicia, o el Buen Arreglo) y maneras de conseguirlo.

Para las victimas, el camino hacia la Otra Justicia reside en la lucha pacífica de los pueblos. “Cuando estamos exigiendo justicia estamos pidiendo la paz”, insistió Juan Vásquez Luna, de la Sociedad Civil Las Abejas. “Cuando el Coro de Acteal canta es para buscar la paz y exigir justicia no sólo para los 45 sino para todas las victimas”, añadió. “No estamos en contra de nadie ni queremos caer en la provocación con los enemigos”, dijo un habitante de la Zona Norte, quien sólo quiere que “que haya tranquilidad” en su pueblo. Según un compañero de Viejo Velasco, lo que exige su pueblo es que “se busquen los criminales para que paguen lo que es justo para poder reconciliarse con ellos y así recuperar su amistad como hermanos”.

Memoria, Organización, Solidaridad y Autonomía, necesarias para crear la Verdadera Justicia

El trabajo de memoria también es necesario para construir la Otra Justicia. “Cada miembro de Las Abejas conoce el caso y sabe como avanza el caso”, explicó Juan Vásquez Luna. “A veces los ancianos están cansados de buscar justicia y de contar la historia, pero cada vez que los niños les preguntan información porque quieren saber lo que paso y como Las Abejas fueron masacradas, allí siempre les cuentan”, dijo.

Según los participantes al Foro, los pueblos tienen que permanecer organizados y solidarios entre ellos. “Organicémonos con otros pueblos”, llamó una compañera integrante de La Sociedad Civil Las Abejas, para quien “es importante caminar junto con otras organizaciones para lograr juntos la justicia verdadera”. “Queremos la unión de los pueblos independientes”, insistió un habitante de la Zona Norte quien propuso que se crean “más vínculos con los medios libres”, mientras un miembro de la comunidad Viejo Velasco sugirió “hacer reuniones para elaborar una nueva constitución”.

Por fin, no habrá Otra Justicia sin la autonomía de los pueblos. “No esperamos nada del gobierno”, dijo un habitante de Viejo Velasco, miembro de la organización Xi’Nich. “Tenemos que avanzar nosotros solos, realizando otros foros y haciendo nuestras propias leyes. Ya tenemos bastante experiencia para elegir nuestras propias autoridades. ¡Queremos nuestra tierra para trabajarla y no para que nos entierren allí!”, añadió. Propuso crear “un congreso del pueblo y para el pueblo” con las demás victimas de la violencia de Estado y exigió que se apliquen por fin los Acuerdos de San Andrés.

“La Otra Justicia que estamos construyendo, también es para la Madre Tierra”

Después de dos días de convivencia e intercambio de ideas en Acteal, los participantes hicieron un pronunciamiento conjunto en el que reafirmaron su voluntad de defender su derecho a una vida digna ante las agresiones del Estado mexicano. “Bien sabemos que la guerra que vivimos es para desplazarnos, quitarnos la vida como personas y como pueblos, y despojarnos de la madre tierra. Por eso decimos, vamos a seguir juntándonos como comunidades, pueblos, organizaciones para defenderla, porque ahí, con la madre tierra está nuestra vida. por eso la justicia que exigimos, La Otra Justicia que estamos construyendo, también es para la Madre Tierra y queremos se reconozcan y se respeten sus derechos.” Se solidarizaron con las victimas de la violencia de Estado de todo el país, particularmente con los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, asesinados y desaparecidos el 26 de septiembre del 2014.

Abajo les compartimos el pronunciamiento:

Pronunciamiento conjunto de pueblos, comunidades y organizaciones del Foro Caminando La Otra Justicia

11 de octubre del 2015

Niñas, niños, mujeres y hombres provenientes de los pueblos Ch’ol, Tojolabal, Tseltal, Tsotsil y Zoque, integrantes de organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales, nos juntamos en un solo corazón y con el espíritu de lucha alimentado por nuestra memoria histórica y caminar de nuestras abuelas y abuelos que lucharon por la Justicia Verdadera, justicia que no se compra ni se vende, sino la justicia que nos da Vida y que reconoce y respeta nuestra dignidad.

Hemos caminado y seguimos recorriendo muchos y otros caminos y estamos quí, en esta Tierra Sagrada de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza de todas y todos de quienes no olvidamos, de quienes buscamos verdad, justicia y paz. Estamos aquí para juntar nuestras palabras, pensamientos y fortalecer nuestros corazones, para caminar hacia la Justicia Verdadera que nos traerá una vida digna y buen vivir como sueño y proyecto de Vida de nuestras abuelas y abuelos y que hoy es nuestra tarea y lucha conseguir ese sueño. Venimos a tomar fuerza con otros pueblos. El caminar con el Tribunal Permanente de los Pueblos nos dió ejemplo para seguir trabajando la organizacion y la lucha por la verdad, la no repeticion, y el no olvido.

Estar en Acteal nos recuerda nuestros muertos, ejecutados por la guerra que los de arriba no quieren nombrar. Hemos recordado que es triste la historia, que nos han tratado peor que a animales.

Y estamos aquí en Acteal, no para resignarnos. No estamos aquí para pensar si vamos a echarnos para atrás. No Estamos aquí para sacar un acuerdo y decir que “el mal gobierno es poderoso y no vamos a poder hacer nada”. No.

Estamos aquí en Acteal, en el Foro de La Otra Justicia, sobrevivientes y familiares de la guerra en zona Norte, de Xinich Viejo Velasco, de Banabil, del Poblado Primero de Agosto, asi como de otros pueblos que vivimos la impunidad en carne propia, para platicar y reafirmar nuestras palabras y la construcción del Lekil Chapanel, del Bats’il meltsanel, o sea, la Justicia Digna, la Justicia Verdadera, cabal y humanizada. Estamos aquí para una justicia que tome en cuenta nuestra memoria como pueblos.

Nuestro pensamiento y corazón saben bien que el mal gobierno nunca van a dar justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no tiene dignidad de poder aplicar la justicia, porque ellos sirven al gobierno, sirven al dinero, sirven a los ricos y criminales, sirven a la injusticia, sirven a la impunidad, han prostituido la justicia. Los gobiernos ya no gobiernan, encarcelan, matan, torturan, desaparecen, desplazan a quienes construimos la autonomía como alternativa de vida al sistema de muerte. Las leyes que construye el Estado son contra el pueblo. El sistema de justicia en México esta podrido.

De tanta impunidad, mentira, cinismo e hipocresía del mal gobierno, hicieron que nuestros ojos se abrieran, que nuestros oidos escucharan los gritos de dolor por la injusticia, y así nuestro corazón y pensamiento nos dicen de que la Justicia Verdadera, digna, duradera, humana y cabal no la va a dar el mal gobierno, ni sus jueces corruptos, mucho menos la mal llamada SCJN que ahora se ha convertido en la máxima casa de la impunidad y la mentira. La Justicia Verdadera vendrá de quienes estamos construyendo desde abajo.

Es por eso que el camino para encontrar una Justicia digna, duradera, humana y cabal, está en nuestras manos, eso quiere decir que nosotros y nosotras hombres y mujeres de pueblos conscientes tenemos que trabajar y llevarla a la práctica desde nuestras comunidades y pueblos.

Por eso los pueblos reafirmamos que estamos organizados, que seguiremos construyendo nuestras propias leyes. Afirmamos que los acuerdos de San Andrés Sakamch’en de lo Pobres, son parte de nuestros instrumentos para la Justicia Verdadera. Queremos contar con mujeres y hombres que sepan arreglar nuestros problemas, que sean dignos y no corruptos, sabias y sabios, que guien con buen corazón, con conciencia limpia y comprometida con la Verdad como las y los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos. Que nos respetan como pueblos y saben respetar la vida.

Para ello, reconocemos que necesitamos luchar juntos y juntas sin importar diferencias culturales, edades, profesiones, trabajos y religiones. solamente caminando juntas alcanzaremos La Otra Justicia que es para mujeres, hombres, niñas, niños, estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad, migrantes, las lesbianas, los homosexuales, los transgeneros, es decir para toda persona humillada, discriminada o oprimida y repremida injustamente por el sistema capitalista neoliberal.

En nuestros pueblos, queremos que regrese la armonia y la paz que se ha perdido por la injusticia y la guerra, queremos construir la justicia como una casa, desde el corazon verdadero.

Como mujeres queremos seguir guardando la vida y la memoria, enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos para que sepan lo que pasó. Seguir poniendo nuestra fuerza de mujeres junto con los hombres. Como jovenes, como hijos e hijas, hemos aprendido a caminar y tener conciencia de lucha para defender nuestra dignidad como mujeres y pueblos.

Como pueblos que hemos vivido la injusticia perpetrada por el Estado mexicano y sus operadores desde los diferentes niveles, convocamos a la conciencia de quienes nos han acompañado en sus luchas para que en cualquier lugar del planeta tierra, en cualquier rincón donde están cómodamente escondidos, sean estos señalados a través de cada quien su modo, porque aquí no olvidamos y nombramos a los asesinos, criminales del pueblo: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, presidentes de México; Emilio Chaufett exSecretario de Gobierno, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional, Gral. Mario Renán Castillo, Comandante de la 7ma. Region Militar, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda actual Secretario de la Defensa Nacional, Julio Cesar Ruiz Ferro, Roberto Albores Guillen, Pablo Salazar Mediguchía, Juan Sabines Guerrero, exgobernadores de Chiapas, y Manuel Velasco Coello, actual gobernador de Chiapas, y repudiamos los actos de represión de Miguel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal y entre otras personas, ya que ellos son quienes han herido al Pueblo y son los responsables directos e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.

Bien sabemos que la guerra que vivimos es para desplazarnos, quitarnos la vida como personas y como pueblos, y despojarnos de la madre tierra. Por eso decimos, vamos a seguir juntándonos como comunidades, pueblos, organizaciones para defenderla, porque ahí, con la madre tierra está nuestra vida. por eso la justicia que exigimos, La Otra Justicia que estamos construyendo, también es para la Madre Tierra y queremos se reconoscan y se respeten sus derechos.

Queremos decirles a las otras hermanas y hermanos que sufren y luchan por una Justicia Verdadera que el dolor de su corazón es tambien el dolor de nuestro corazón. Y les decimos que del dolor nace la luz que ilumina la esperanza y nos da fuerza y horizonte para ir caminando La Otra Justicia. Y exigimos la presentación con vida a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y exigimos justicia por el caso Narvarte.

Por ello les invitamos a que en donde quiera que estén, en donde quiera que vivan, en donde quiera que sueñan y trabajan; que también luchen, que también construyan esa Justicia Digna, humana, duradera, cabal. La Justicia Verdadera, el Lekil Chapanel y Bats’il tusanel.

Desde La Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Casa de La Memoria y de La Esperanza.

Organización Xi’nich
Pueblos Unidos para la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE)
Pueblo Creyente de Simojovel
Desplazados forzados del Poblado Primero de Agosto
Desplazados forzados de Banabil
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba)
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Colectivo Koman ilel (Mirada Colectiva)
Radio El Grito, Argentina

¡Fuera la Minustah de Haití!

Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México

Miércoles 14 de octubre del 2015
San Cristobal de las Casas, Chiapas, México

Al presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos,
A la embajada de Haití en México,
A las embajadas en México de cada país participando a la “Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití” (Minustah) (Efectivos militares: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordania, México, Nepal, Paraguay, Perú, Sri Lanka y Uruguay ; Agentes de policía: Argentina, Bangladesh, Benin, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Chad, Chile, Colombia, Côte d’Ivoire, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Francia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, India, Jamaica, Jordania, Kirguistán, Madagascar, Mali, Nepal, Niger, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Portugal, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Túnez, Turquía, Uruguay, Vanuatu y Yemen).

    Exigimos el fin de la militarización en Haití. Mañana, 15 de octubre, se acaba el año de prolongación del mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), iniciada en 2004, y se discutirá de su futuro en la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Otros Mundos A.C., miembro de la federación Amigos de la Tierra Internacional, como defensores de los derechos de los pueblos de Chiapas y México frente a los megaproyectos, la represión y la militarización, pensamos que es tiempo de acabar con esta misión que lleva ahora 11 años. Su presencia ha generado un saldo de muertos, enfermos y violencia hacia las mujeres haitianas. Millones de dólares se están gastando en la presencia de militares mientras el pueblo haitiano sufre de hambre y pobreza.

    Es tiempo de respetar el derecho del pueblo haitiano a su soberanía, a vivir en paz y no con la presencia de 4,577 soldados de 19 países y más de mil agentes de policía de 46 países invasores; 317 personas civiles internacionales, y 128 voluntarios de Naciones Unidas erogando más de 500 millones de dólares que no generan desarrollo local sino mayor pobreza para el pueblo haitiano.

    Si el presidente haitiano ha confirmado en Naciones Unidas el pasado 1o. de octubre que el actual proceso electoral legislativo y presidencial está “en buen camino” y que “el pueblo haitiano ha comprobado su capacidad a tomar su destino en sus manos”, ¿por qué pide un retiro progresivo de la misión y no su fin definitivo? ¿Por qué seguir imponiendo la presencia de miles de militares en las calles?

    La presencia de la Minustah no ha sido un factor de paz ni de estabilización en Haití sino de mayor violencia e impunidad. El personal de la misión ha violado los derechos de los Haitianos en varias ocasiones. Se reportaron casos de abuso sexual y de recurso a la prostitución, que ni siquiera fueron investigados sino solapados por la ONU y los mismos gobiernos que mantienen sus tropas en territorio ajeno. En 2010, se reprimió una protesta de la población local opuesta a la Minustah en la que un haitiano fue asesinado. También cascos azules provenientes de Nepal fueron acusados de ser al origen de la epidemia de cólera que provocó miles de muertos en Haití. La Minustah no está en Haití para proteger a su pueblo sino para resguardar los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos de América y otros países del Norte en su territorio, lleno de riquezas en su subsuelo.

    Como ciudadanos mexicanos, queremos aclarar que el anuncio del presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, el pasado 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, no nos representa. En este informó del despliegue de militares Mexicanos en Haití antes del fin del año 2015. ¿Qué tipo de retiro progresivo es este? Nos parece totalmente paradójico y criminal de parte de la ONU pretender asegurar la paz en Haití enviando allí a militares mexicanos acusados de violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en su propio pais. Recordamos que son sospechosos de haber participado en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.

¡Queremos paz para el pueblo de Haití!

¡No militares!

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Campaña Es hora de dejar en paz a Haití

ALBA Movimientos

Desde la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA Movimientos) se ha impulsado la Solidaridad con el Pueblo Haitiano, además de denunciar la intervención de las Tropas de Minustah allá.

Dando seguimiento a esta Campaña produjeron los afiches para difundirlos ampliamente entre los militantes de los Movimientos Populares de todo el mundo.

El lema del Afiche es “Es hora de dejar en paz a Haití” además de poner las palabras del Ministro de Defensa Brasileiro anunciando que se retiraran las tropas en 2016. Brasil hoy es el país que tiene mayor contingente militar en Haití, seguido por Chile y Uruguay. Por eso es necesario presionar a  estos gobiernos desde los Movimientos Populares de todo nuestro continente.

Todos los años, en Octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU se reune para definir la continuidad o no de la Minustah, por eso es muy  importante que en este mes de Septiembre y Octubre avancemos en una amplia Campaña Comunicacional en todos los medios que tenemos (afiches, páginas de internet, redes sociales, debates, conferencias, movilizaciones, etc).

Los acuerdos de San Andrés: 19 años

Magdalena Gómez. La Jornada

El pasado 16 de febrero se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996, en el marco del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, suspendido por los zapatistas siete meses después sin que el gobierno de Ernesto Zedillo hiciera nada por rencauzarlo. Más bien provocó la crisis con el incumplimiento a los acuerdos y el virtual sabotaje a la mesa sobre democracia y justicia. El espejismo del gobierno foxista pronto condujo a la imposibilidad de reanudar el diálogo ante la contrarreforma indígena de 2001, que se distanció de los históricos acuerdos en aspectos fundamentales.

Han transcurrido 14 años y tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto definieron la línea de aplicar el carácter de “cosa juzgada” sin abrir la posibilidad de otra reforma constitucional que enderece los entuertos. En cambio, las múltiples concesiones mineras y megaproyectos del anterior gobierno, y sobre todo el actual, que avanzó con reformas como la energética, plantean un desafío a la subsistencia misma de los pueblos indígenas. Ante ello los movimientos indígenas se rearticularon regionalmente con otros nuevos a fin de enfrentar la dinámica de conflictos desatados por la agresión a sus territorios. Por cierto, hay que destacar que el Estado no ha logrado cooptar al movimiento político indígena organizado. La decisión que anunció el EZLN tras la marcha del silencio, en diciembre de 2012, de reactivar vínculos con el Congreso Nacional Indígena (CNI) forma parte también de otra etapa del mismo movimiento, aún armado, en la cual se retoma la centralidad de la causa indígena, si bien no exclusiva en la agenda zapatista.

No se debe olvidar que durante casi 20 años el EZLN ha enfrentado la continuidad de la contrainsurgencia por diversas vías, pese a que está vigente la Ley para el Diálogo y éste se suspendió, pero formalmente no está roto. Dos décadas que encierran agravios ominosos, como el intento de desmantelar los municipios autónomos, la creación de grupos paramilitares, la impune masacre de Acteal, el divisionismo propiciado activamente mediante la zanahoria de los programas gubernamentales. Este factor debe tenerse presente cuando valoremos el proyecto autonómico de las juntas de buen gobierno en Chiapas, construido por el zapatismo a contrapelo del Estado.

El balance que ofreció la primera compartición EZLN-CNI en agosto de 2014 es muy significativo, pues los 29 espejos de despojo y movimientos de resistencia en curso fueron acompañados por un informe sobre criminalización que dio cuenta detallada de los asesinados, los desaparecidos, los presos, los perseguidos con orden de aprehensión y los casos de hostigamiento.

Tras una densa reconstrucción histórica señalaron: “En la actualidad los capitalistas neoliberales, con el apoyo de todos los partidos políticos y los malos gobiernos encabezados por el criminal y jefe paramilitar Enrique Peña Nieto, están aplicando las mismas políticas de despojo a gran escala que aplicaron los liberales del siglo diecinueve, los carranzas o los obregones, apuntalándose en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadunidense, en aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo”.

Y concluyeron que se reafirma el rompimiento del EZLN y el CNI con toda la institucionalidad: “Nadie va venir a salvarnos, nadie absolutamente nadie va a luchar por nosotros. Ni partidos políticos, ni políticos, ni leyes, ni nada hay para nosotros”. En síntesis, ofrecieron un fiel retrato de la política de Estado de reprimir antes que resolver y dar cauce a los conflictos. Este panorama nos muestra que la mira de la lucha de estos pueblos está en la defensa de sus derechos autonómicos y territoriales y al acercar la lupa a cada uno se puede observar que su resistencia se apoya en diversas estrategias. Algunos mantienen en jaque al Poder Judicial, a tribunales agrarios, y lamentablemente su experiencia demuestra que no se logran concretar los triunfos jurídicos, por lo que las vías de hecho se imponen.

Los acuerdos de San Andrés se convirtieron en el programa de los pueblos, que se expresa en la resistencia y estrategias de defensa y ni hablar de la razón de Estado que definió el suyo desde 2001 para ofrecer a los pueblos políticas asistencialistas, culturalistas que nada tienen que ver con la autonomía y la libre determinación. Por ello no respetan sentencias de la Corte a favor de la tribu yaqui ante la violación a su derecho territorial al agua sin pasar siquiera por el derecho a la consulta; por ello están presos Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria en Guerrero; Marco Antonio Suástegui, del consejo opositor a la construcción de la presa La Parota, y Mario Luna y Fernando Jiménez, de la tribu yaqui. Por ello los pueblos no esperan que se cumplan los acuerdos de San Andrés.

Minustah en Haití al servicio del capitalismo

Entrevista Beverly Keene :”La Minustah busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan”

Beverly Keene, de Jubileo y Dialogo 200 Argentina

Resumen Latinoamericano/ Por Mario Hernandez.

M.H.: Se cumplieron 5 años del terremoto que costara entre 250.000 y 300.000 vidas y también un nuevo aniversario de la independencia de Haití, primer país independiente de Latinoamérica, en 1804, 6 años antes de nuestro 25 de mayo. Con la característica particular de convertirse en la primer República negra que, entre otras cosas, eliminó la esclavitud. A estas efemérides se suma el hecho coyuntural que el Comité por el retiro de las tropas de Haití, en representación de una serie de organizaciones de nuestro país y latinoamericanas, se hizo presente en la Embajada de Chile con el objetivo de entregar una carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que visitó Haití entre los días 23 y 25 de enero y este mes está presidido precisamente por Chile. Esta declaración lleva una serie de firmas, como las de Jubileo Sur, Diálogo 2000 Argentina, Encuentro Sindical Nuestra América, Comité Argentino de Solidaridad por el retiro de las tropas de Haití, el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Mirta Baravalle de la misma organización, Frente Popular Darío Santillán, etc. Para conversar sobre esta carta al Consejo de Seguridad que aborda varias temáticas que queremos profundizar, hoy hemos invitado a Beverly Keene de Jubileo Sur, Diálogo 2000, miembro también del Comité argentino por el retiro de las tropas de Haití.

Una carta al Consejo de Seguridad que creo es una pintura bastante ajustada de la situación que vive el pueblo haitiano, donde se han producido algunas novedades de la coyuntura política de ese país como ser lo que humildemente he denominado un golpe de Estado, porque el pasado día 13 de enero han caducado las autoridades parlamentarias del Senado y la Cámara de Diputados y el actual presidente Martelly se ha hecho de la suma del poder público estableciendo un gobierno que funcionará por decreto, a través de la designación de un Primer Ministro, Evans Paul, quien reemplazó a Laurent Lamotte y que ha prometido en su asunción convocar a elecciones durante el transcurso del corriente año. Mientras tanto esa situación se produzca, lo cierto es que Michelle Martelly va a gobernar por decreto. ¿Qué nos podés comentar respecto de esta situación?

-B.K.: En primer lugar agradecer el espacio para hablar sobre Haití, a veces parece algo muy lejano a nosotros, pero aquí en Argentina tenemos muy presentes las estrategias diversas de intervención de Estados Unidos, Canadá y Francia, los poderes centrales en nuestro mundo hoy, en lo que son las vidas y las decisiones políticas de los pueblos de América Latina. Sin ir más lejos, tenemos el golpe de Estado que se produjo en Paraguay hace unos años atrás, el golpe en Honduras en 2009, y también el golpe de Estado en Haití en 2004, que llevó a la constitución de la Minustah, esta misión que se suponía era para la estabilización de Haití, cuando en realidad lo que se percibió en ese momento y que se ve con mucha más fuerza hoy, es que busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan.

Efectivamente, el golpe de Estado que se está dando en este momento en Haití, por las vías más modernas, no hace falta que los marines estadounidenses ocupen Haití como lo hicieron en 1915 porque se pueden dar el lujo de tercerizar la ocupación militar, como en este caso con las tropas de nuestros países de América Latina, de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etc., una serie de países que se utilizan no por un decreto del Departamento de Estado de Estados Unidos sino a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que recientemente el Presidente boliviano bautizó muy correctamente como “Consejo de Inseguridad”. En este caso se lo utiliza para imponer la voluntad de los poderes de siempre. En Haití esto significa en este momento el inicio de un período de gobierno por decreto. Justamente esta visita que se realizó el fin de semana el Consejo de Seguridad, sin duda tiene como objetivo legitimarlo, rodear esta nueva situación de un nuevo Primer Ministro, que puso un gabinete que los medios llaman “de consenso”, buscando legitimar este proceso que no es la voluntad del pueblo haitiano, sino de los poderes que en este momento ocupan Haití a través de las tropas de la Minustah.

Esta es una situación a la que tenemos que prestar mucha atención, en la que estamos involucrados directamente a través de la presencia de tropas argentinas en Haití, por ende, apoyando esta situación, y tenemos que escuchar la voluntad que expresan las voces de las organizaciones sociales y populares haitianas, reconociendo que tanto en Haití como en todos nuestros países hay una gran diversidad de opiniones políticas.

Hay partidos que se llaman y se dicen de la “oposición” que están acordando con Martelly para poner en marcha este nuevo golpe de Estado y hay partidos de la oposición que están en contra de esto y siguen manifestándose día por medio de manera masiva en las calles de Puerto Príncipe y en otras partes del país. También hay otros partidos, organizaciones sociales, movimientos populares en Haití que siguen reclamando lo que es lógico, su soberanía, el derecho del pueblo haitiano de hablar y poder decidir por sí mismo sin la intromisión de Estados Unidos, Francia, Naciones Unidas, la OEA o la Minustah, en sus asuntos internos. Muchas de estas organizaciones con las que tenemos un contacto permanente expresan su preocupación, no solamente por esta pérdida de soberanía sino por lo que está sucediendo por detrás de esto, un proceso de recolonización donde la política de mantener los salarios de Haití como los más bajos de todo el hemisferio, favoreciendo la instalación de la maquila, industrias sobre todo textiles que exportan a Estados Unidos a precios de miseria y favoreciendo la instalación de grandes empresas de exploración petrolera y aurífera.

En estos momentos han llevado una queja formal al Banco Mundial por su apoyo al gobierno de Haití por la posibilidad de reformar la Ley minera para que las empresas mineras ingresen y consoliden su posición sin ninguna posibilidad que el Parlamento las supervise o controle.

También hemos visto en estos últimos meses muchas manifestaciones y protestas de parte de comunidades pesqueras costeras en algunas partes de Haití, que han sido señaladas como sedes de futuras inversiones para el turismo de lujo, oponiéndose a la política de desplazar a las comunidades locales y quitar al pueblo no solamente los medios de su subsistencia sino también cualquier posibilidad de decir algo al respecto.

Hay protestas casi todos los días frente a estos avances en lo que es un proceso de recolonización y saqueo, porque aunque no lleguen a nuestros diarios hay una sociedad muy activa y alerta. Tenemos una situación muy compleja, de la que nos llega poca información, la clave es entender que hay un golpe de Estado en curso en Haití y la Minustah, la Misión de estabilización de las Naciones Unidas, es cómplice de ese golpe.

Las tropas de Argentina, Brasil y otros países no están cumpliendo misiones humanitarias, sino cumpliendo como guardia pretoriana de la verdadera ocupación de Estados Unidos, Canadá y Francia. La situación es de mucha dificultad para un pueblo que es el más empobrecido de nuestra América Latina y el Caribe. Es importante recordar que en su época de colonia francesa fue la más rica de Francia, entonces no es que Haití, como todos los países de América Latina seamos pueblos pobres, hay un proceso concreto de empobrecimiento que el pueblo haitiano sigue sufriendo. No podemos aceptar que esos países extranjeros sigan determinando su destino y menos aceptar tropas de nuestros países ayudando en ese cometido.
 

La presencia de la Minustah forma parte de una industria rentable para las Fuerzas Armadas latinoamericanas

-M.H.: Luego vamos a volver sobre la realidad interna de Haití. Has mencionado la presencia de tropas argentinas, y las has denominado como tropas de ocupación, no son las únicas tropas que forman parte de la Minustah, recientemente se ha producido un debate entre el gobierno saliente y entrante en Uruguay, el futuro Canciller Nin, quien fuera vicepresidente de Uruguay habló del inminente retiro de las tropas uruguayas y rápidamente el Canciller Almagro y el Ministro de Defensa, Huidobro, salieron a desautorizar ese punto de vista. Más allá de estas “contradicciones” me gustaría que le expliques a nuestros oyentes cuáles son los fundamentos por los cuales las autoridades argentinas sostienen la presencia de tropas de nuestro país en Haití.

-B.K.: En cierto sentido te podría responder que es muy fácil, en septiembre del año pasado le tocó al Congreso Argentino aprobar la salida de las tropas que participan en Haití de la Minustah, es una autorización que tiene que dar el Congreso en cualquier situación en la que Argentina quiera enviar tropas fuera del país o recibir dentro del país la visita de tropas de otro. En ese debate que se hizo en septiembre en la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Defensa de la Cámara de Diputados, un debate que el partido oficialista no esperaba, ya que esperaba un trámite como en anteriores oportunidades, varios partidos se presentaron para reclamar y exigir que hubiera un debate sobre la participación de Argentina en la Minustah y acordaron que los funcionarios del gobierno que fueron a defender la posición de la participación de Argentina en la Minustah no tenían argumentos, pero es una decisión que se sigue manteniendo.

Esa sería la respuesta más fácil. Otra es la que nos dio el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en marzo del año pasado visitó Haití durante 36 horas haciendo un saludo de rutina a las tropas estacionadas en Haití, cuando volvió de este viaje, al que lo acompañaron un batallón de periodistas, alrededor de 50 de casi todos los medios masivos, el mensaje fue muy claro y lo repitieron todos los medios, diciendo que la Minustah y la participación Argentina es una misión humanitaria, más o menos dando a entender que se había establecido después del terremoto y no 5 años antes del mismo. Se mostraban escenas de las tropas argentinas entregando agua en bidones a la población, como ejemplo de misión humanitaria. Esos son los argumentos oficiales.

En la Cancillería, a la que hemos ido durante los últimos años en repetidas ocasiones distintas organizaciones populares y sociales, para insistir en nuestro reclamo de retiro de las tropas, por lo general tampoco defienden mucho la presencia, sí hacen mucho hincapié en que no es una decisión de la cual Argentina se hace cargo sola, afirman que están ahí con otros países de América Latina y que el retiro sería en conjunto, no se tomaría una decisión unilateral.

Podría resultar respetable o entendible esta posición, pero no quita la responsabilidad de cada gobierno de estar defendiendo una situación para la que no tienen argumentos de peso. Si el motivo por el cual tenemos tropas de Argentina en Haití durante 11 años es para seguir entregando agua a la población, podemos concluir que ha sido un fracaso total, porque supongamos que esa fuese su misión, la verdad es que tanto tiempo y que no se haya podido resolver nada respecto a un problema que obviamente es real, porque el suministro de agua se sigue manejando con camiones y con bidones con agua y no se ha ido más allá de eso, lo que de por sí sería reconocer el fracaso de la misión.

Está claro que ese no es el objetivo. Según el Consejo de Seguridad, Haití representa un peligro para la seguridad de la región. Muchos gobiernos siguen aprobando eso en octubre cuando revén el mandato de la Minustah, y ese peligro se pone en boca de Estados Unidos, que dice que si la situación se complica en Haití van a tener muchos inmigrantes haitianos en las costas de Florida y como no pueden permitirlo la situación debe ser controlada.

Esa es la defensa oficial que se hace en el Consejo de Seguridad. Pero, en realidad, lo que vemos es que la permanencia se da por objetivos de control, dominación, saqueo y colonización del pueblo haitiano. Podemos mirar un poco más los argumentos que esgrimen distintos gobiernos en nuestra América Latina, podemos reconocer que hoy en día existen debates, como el que hemos visto entre el gobierno saliente y el entrante en Uruguay, que significa que hay preocupación sobre esta presencia de tropas latinoamericanas en Haití. Más de uno ha llegado a la conclusión de que se han metido en un callejón sin salida, en una trampa que puso Estados Unidos y Francia cuando invitaron a los gobiernos “progresistas” liderados en 2004 por Lula de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina, de hacerse cargo de esa ocupación y que ahora no saben cómo salir con elegancia.

El segundo problema, que puede ser muy pedestre, es que la presencia de los latinoamericanos hoy en Haití, en cualquiera de estas misiones de paz, es una industria, significa recursos, posibilidades de viajar para los efectivos que se anotan, es un privilegio, un premio monetario en su carrera.

En Argentina en estos últimos días, cosa que no sale en los noticieros, las Fuerzas Armadas han creado una escuela de capacitación y entrenamiento para los efectivos que participen en misiones de paz. Todo esto forma parte de una industria y cortar la presencia de Argentina en la Minustah la pone en peligro. Ese es un tema que se ve en la discusión, por ejemplo, con Uruguay. Las Fuerzas Armadas uruguayas tienen muchos más antecedentes en la participación en estas misiones de paz de Naciones Unidas, y es un reducto que también vemos en Brasil, incluso en Bolivia, Paraguay, Ecuador, donde se ponen en juego las relaciones entre los distintos sectores de nuestros propios gobiernos. Aquí, entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Cancillería y Presidencia, no todos tienen la misma postura. Y en más de un gobierno de América Latina en voz baja se ha planteado que no pueden sacar las tropas de Haití porque pueden crear un problema con las Fuerzas Armadas de su país. Esto es importante y lo tenemos que tener presente, si volvemos a los argumentos que los gobiernos esgrimen para sostener esa presencia en Haití, en los inicios se hablaba de la posibilidad de crear una política distinta, de cooperación regional con América Latina, que es algo que la mayoría de nosotros quisiéramos apoyar, como hace Cuba con la presencia de sus misiones médicas desde hace muchos años, como ha sido la política de Venezuela a través de Petrocaribe, un apoyo muy concreto a la vida cotidiana del pueblo haitiano. Pero lo que estamos viendo es que los gobiernos de América Latina están repitiendo los mismos errores, las mismas políticas de dominación y presencia de los poderes centrales. Por eso entendemos que este año, 2015, el centenario de la primera invasión y ocupación de Estados Unidos a Haití, es un momento crítico en la vida del pueblo haitiano, porque las organizaciones sociales haitianas están reivindicando la necesidad de avanzar en la refundación de su país, no con la ocupación de tropas de toda América Latina, sino con políticas realmente de cooperación, solidarias, de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos, es el momento para avanzar en ese plano y eso significa, primero, retirar las tropas y luego avanzar en políticas de apoyo en aspectos humanitarios, las cuales sin dudas se pueden ofrecer y también en todo lo que pueden ser políticas de apoyo a la institucionalidad haitiana, pero la que decida su pueblo, no Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OEA o la Comunidad Internacional.

-M.H.: Uno de los argumentos esgrimidos por nuestros gobernantes ha sido el factor que implica que la Minustah ayuda a detener la violencia en Haití. Yo me tomé el trabajo de investigar al respecto y la tasa de homicidios en Haití es de 7 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio en el Caribe es de 17, en México ese índice llega a 24 y en Honduras a 91. Una de las cosas que llama la atención es que, a pesar de las políticas asistencialistas y de las donaciones que proporcionaron ayuda a los damnificados del terremoto, el país sigue inmerso en la pobreza. Mencionaste en alguna de tus intervenciones anteriores, la construcción de hoteles de lujo. ¿Cómo se entiende esto?

-B.K.: Uno piensa en los intereses económicos que están en juego, tanto Haití como Cuba, están cerca de las costas de Estados Unidos, y es un destino caribeño muy atractivo, con aguas cálidas y hermosas. Esa atracción juega un rol en lo que es la codicia, la política hacia un país al cual efectivamente al poder no le importa que tiene un pueblo con mucha historia, de respeto hacia sí mismo, de resistencia, siendo el primer país en poner fin a la esclavitud, tal vez el único pueblo que logró tanto su liberación de la esclavitud como del yugo colonial.

Haití sigue siendo muy codiciado, sus playas, su sol, la riqueza de su suelo, que si bien ya está muy deteriorado por las políticas de saqueo que se sostienen hace varios siglos, ahora se apunta al subsuelo y las riquezas ahí escondidas. Ese es el problema, el pueblo haitiano estorba, está de más, sea yendo para la costa de Florida en sus barquitos buscando sobrevivir al hambre y la miseria que reina, o el que quiere vivir en su país y seguir luchando.

La política de dominación tiene intereses geopolíticos muy claros, de Estados Unidos a Venezuela tenés que pasar por encima o alrededor de Haití, si se quiere seguir bloqueando a Cuba, Haití está en un lugar privilegiado y como hemos visto históricamente a Estados Unidos le es suficiente con decir que es el “patio trasero” para seguir manteniendo el dominio. Desde todos esos puntos de vista el pueblo haitiano sigue sufriendo esta política de control y dominación.

La novedad de estos últimos casi 11 años de la presencia de la Minustah es la participación de las tropas de América Latina en ese proceso, lo cual lo torna doblemente inaceptable. La política de Estados Unidos, Canadá y Francia sigue más o menos sus canales de siempre, y han encontrado a muy bajo precio la posibilidad de involucrar tropas de otros países para llevar a cabo el trabajo sucio. Digo esto, porque hay varias declaraciones de los Embajadores de Estados Unidos en los debates del Consejo de Seguridad, e incluso hay un estudio hecho por una oficina de auditoría del Congreso de Estados Unidos que ha arrojado como información que para ese país mantener las tropas de la Minustah es mucho más barato que pagar la presencia de tropas propias. O sea, lo que para los militares de América Latina es un gran premio, por los recursos que se mueven detrás de su presencia en Haití, para Estados Unidos es muy barato.

Para hablar de una realidad que tiene que ver con la actualidad del pueblo haitiano, Estados Unidos, Francia y Canadá son los países que más contribuyen al presupuesto de la Minustah, en este momento están invirtiendo alrededor de U$S 500 millones anuales para mantenerla. Les costaría muchísimo más mandar tropas de sus propios países. Esos mismos gobiernos han sido incapaces, con todo el conjunto de la llamada Comunidad Internacional, de poner U$S 50 millones para agua potable y la erradicación de la epidemia de cólera que fue introducida por la Minustah, es su responsabilidad aunque la ONU está escondiéndose detrás de que las tropas tienen inmunidad.

-M.H.: Quisiera señalar que el cólera había desaparecido de Haití hace 50 años. Hace pocos días un Tribunal Superior de Nueva York, donde se presentaron los damnificados a exigir indemnizaciones, se pronunció en este sentido que mencionabas, que las tropas no son imputables, por lo tanto, no corresponde el pago de ningún tipo de indemnización ni cargo a las Naciones Unidas, por la reintroducción del cólera en Haití.

La prensa mundial tiende a presentar los problemas de Haití de manera tendenciosa, extrapolándolos de su historia y del contexto neocolonial en que se engendraron. Como si la pobreza endémica, la desforestación, el cólera, los daños de las catástrofes nacionales y el arrebato de la soberanía hubieran sido producidos por un pueblo inconsciente o por un clima adverso, poco se habla de los despilfarros y costos logísticos de las más de 10.000 ONGs presentes en Haití que en la mayoría de los casos constituyen más del 60% de su presupuesto.

-B.K.: Yo no conozco exactamente la cifra, pero la presencia de grandes ONGs existe y me consta que es avasallante. No solamente por los informes y las versiones periodísticas y las denuncias de las organizaciones haitianas, sino porque te das cuenta llegando a Haití desde el propio aeropuerto. La presencia principalmente de las grandes organizaciones que se dedican supuestamente al desarrollo o reconstrucción después de una catástrofe como el terremoto, que son una industria que mueve mucha plata, tal vez en algunos casos con mejores intenciones otras con peores, y ve cualquier situación de este tipo como un campo fértil de ganancias, en prestigio, en plata y en la posibilidad de seguir su cometido.

También hay una enorme presencia de organizaciones más chicas pero que pertenecen a los sectores religiosos muy conservadores de Estados Unidos, algunos independientes y otros que forman parte de conglomerados con una clara intencionalidad política. Otros tienen una intencionalidad política menos clara pero sirven a los mismos fines. Esa presencia en Haití que fue terriblemente multiplicada después del terremoto ha sido denunciada por las organizaciones haitianas de manera sistemática. En cierto sentido sienten que detrás de ese ejército llamado de cooperación o de desarrollo, se les escapaba de las manos cualquier posibilidad de opinar sobre la reconstrucción de su propio país.

Las decisiones y la plata siempre se mueven por fuera del presupuesto del gobierno haitiano y el Estado ha sido muy marginado. Es un proceso que lamentablemente no es único en Haití, se puede ver en muchos otros países, como Indonesia después del tsunami en 2005, y lo vimos en Irak, porque las guerras significan una destrucción descomunal de la población y su reconstrucción son industrias de gran escala. En el caso de Irak, las denuncias de la tercerización de la guerra a empresas contratistas de parte del gobierno de Estados Unidos, y luego la reconstrucción de esos desastres realizadas por las mismas empresas. Esta es una realidad de nuestro siglo XXI, la destrucción y la reconstrucción son industrias y significan una exclusión de la población de cualquier posibilidad de participación en la toma de decisiones, en el diseño de esas reconstrucciones, en la construcción de su futuro.

Hoy en Haití esto forma parte importante del contexto, entonces cuando escuchamos a las organizaciones populares haitianas o las manifestaciones callejeras pidiendo el retiro de los extranjeros, tenemos que ubicarnos en esa realidad, están hartos de esa intervención porque están en todos lados, desde lo más cotidiano hasta el debilitamiento del Estado Haitiano. No hay organización popular haitiana que defienda la capacidad del Estado haitiano o del gobierno para resolver los problemas del pueblo, reconocen grandes debilidades, pero en ese reconocimiento también está que, tanto los gobiernos de la llamada “comunidad internacional” como las ONGs, las empresas contratistas y las instituciones financieras, participan con políticas deliberadas en ese debilitamiento del Estado.

Parte de lo que reclaman las organizaciones populares haitianas en este momento es que cambiar simplemente los nombres en el gobierno y en el gabinete y seguir excluyendo al pueblo haitiano de cualquier posibilidad de tomar las decisiones, no va a resolver los problemas políticos y sociales. Es el propio pueblo el que tiene que resolverlos y construir su propia fortaleza con organizaciones populares para lograr esos objetivos.

-M.H.: Personalmente los argumentos me han convencido de que Haití no es una amenaza para la paz mundial ni regional. No sé si a los que han escuchado este programa les ha sucedido lo mismo, pero el objetivo de esta entrevista era justamente clarificar sobre algunos aspectos poco conocidos de la realidad haitiana. Si ha quedado algún tema sobre el que desearías ampliar te invito a que lo hagas.

-B.K.: Algo que me gustaría agregar es una invitación, realmente tenemos una posibilidad y un privilegio pero que es también una necesidad de ir conociendo a este pueblo que ha contribuido tanto a la historia no solamente propia sino de América Latina y el mundo en la lucha por la independencia, por los derechos humanos y el fin de la esclavitud. Es un pueblo que tiene una cultura impresionante en lo que tiene que ver a sus contribuciones en el arte, la música, el teatro, el cine. Tenemos mucho para disfrutar de este pueblo y para aprender de sus luchas y su resistencia hoy en día. Es un deber que tenemos para ir consolidando los lazos de hermandad y de lucha conjunta con otros pueblos de América Latina.

Este año desde el Comité argentino de solidaridad por el retiro de las tropas de Haití esperamos poder avanzar con actividades, para lo cual nos ponemos a disposición de cuanta organización o casa cultural, para acercar la cultura de este pueblo y ver cómo podemos vincular más estrechamente las luchas, conflictos y resistencias también del pueblo argentino por su supervivencia, por su soberanía, por su autodeterminación con las luchas del pueblo haitiano. Va esa invitación, más allá de la presentación mañana de esta nueva carta en la Embajada de Chile.

-M.H.: Justamente aquí, en el barrio de Barracas, la Escuela 11 se llama República de Haití.

Firma Por el Retiro de las Tropas de Ocupación en Haití

Campaña de Firmas Avazz.org.

FIRMA LA CARTA AQUÍ

CARTA A JOSÉ MUGICA:

Señor Presidente de Uruguay

Somos simples ciudadanos de este país, orgullosos de su tradición democrática y pacifista, de su defensa de los principios básicos de autodeterminación y soberanía, que no son simples palabras.

Es claro para todos nosotros y también para usted que la intervención en la tierra hermana de Haití es injustificable, insostenible, y que además ha fracasado y no tiene ninguna perspectiva de aportar algo positivo al pueblo haitiano, ni tampoco al uruguayo. No vamos a repetir de nuevo los argumentos por todos conocidos, y de los que usted mismo ha sido un claro vocero al decir que “no seremos guardia pretoriana de una dictadura”.

Luego de eso, señor presidente, no caben los eufemismos ni buscar matices ni palabras para evadir la realidad. Tal vez no podamos y no tengamos potestad para decir quien tiene la razón en Haití y quien no, pero entonces, por eso mismo, no tenemos nada que hacer allí con tropas de ocupación.

Si son altos los motivos para forjar compromisos y relaciones estrechas y recíprocas con los países de la región, causa que todos queremos, con más razón podemos decir que ninguna hermandad entre pueblos podrá construirse empezando con el abuso del hermano más débil, como es en este caso.

No puede haber cálculo ni interés particular ni sectorial ni excusa alguna que justifique ya continuar la presencia de las tropas uruguayas en Haití, en una ocupación que la sociedad haitiana rechaza día a día por todos los medios por los que puede hacerlo, porque los medios institucionales para que que ese pueblo exprese su propia opinión les han sido negados y se les sigue negando.

Se compartan o no los esfuerzos que su gobierno ha hecho en Haití, hoy, ya agotados por completo, resulta más que evidente que la única actitud de coherencia en la defensa de los principios que siempre ha sostenido nuestro país, solo puede ser el retiro total, inmediato e incondicional de las tropas uruguayas

Por lo anterior y por todo lo que usted ya sabe, señor presidente, le pedimos que antes de terminar su mandato sea el vehículo para que el país tenga un gesto supremo de dignidad, y deje de ocupar la tierra haitiana.

(Solicitamos que todos los adherentes a estos conceptos reproduzcan esta carta por todos los medios posibles, incluyendo redes sociales y listas de contacto, y la reenvíen a comunicacion@presidencia.gub.uy y a todos los destinos que les parezcan útiles)

España: Informe Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar. Análisis del presupuesto de Defensa español del año 2015

Informe 25.

Autores: Pere Ortega y Jordi Calvo Rufanges.
Centre Delàs d’Estudis per la Pau · Justícia i Pau, Barcelona, diciembre 2014

El Gobierno ha presentado unos presupuestos de defensa para 2015 que suponen un cambio de tendencia en lo que se refiere al gasto militar español de los últimos años. Se produce por primera vez desde que empezó la crisis en 2008, un aumento del presupuesto militar español. Además, de nuevo, se trata de unos presupuestos de defensa tramposos porque, a sabiendas de que el gasto final en algunas partidas será considerablemente mayor, siguen ocultando sus intenciones bajo el más que inexacto cálculo de dos significativas partidas del presupuesto de Defensa: la destinada a los Programas Especiales de Armamento (PEAS) y la destinada al coste de las Operaciones militares en el exterior. Es también de gran relevancia este año el importante aumento del gasto destinado a la I+D militar.

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Informe Sipaz: “la contrainsurgencia sigue operando”. Retroceso, simulacion e impunidad de los DDHH

Derechos Humanos en México – “retroceso”, “simulación” e “impunidad”, afirman organizaciones civiles

SIPAZ

Mientras las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto siguen avanzando a través de la aprobación de leyes secundarias (en particular en materia energética) y en medio de los rumores acerca de beneficios económicos que los miembros de la actual legislatura se estarían asignando por sus “logros”, se mantienen procesos de movilización y cuestionamientos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos.

En julio, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobó las leyes secundarias de la reforma en Telecomunicaciones. En los puntos polémicos están la posibilidad de que las autoridades ubiquen en cualquier sitio y en cualquier momento un aparato telefónico por razones de seguridad o en la persecución de un presunto delito; y el hecho que el Estado tenga facultades para ordenar el bloqueo de los servicios de telecomunicaciones en un área determinada. Además, se señala que el proceso legislativo correspondiente estuvo marcado por irregularidades, empezando por la participación de los legisladores que tienen vínculos laborales, empresariales o familiares con las empresas televisivas. Opositores al dictamen afirman que se trata de una “Ley Peña-Televisa”, “un regalo” a dicha televisora para pagarle favores recibidos durante su campaña a la Presidencia, como la calificó el senador panista, Javier Corral Jurado.

Cabe señalar que varias de las movilizaciones se dan por una reforma que todavía no ha sido aprobada, la agraria. Por ejemplo, el 23 de julio, entre 25 (según el Gobierno del Distrito Federal) y 35 mil campesinos (según los organizadores) marcharon en la ciudad de México para exigir una reforma agraria integral, en repudio de las leyes reglamentarias en materia energética y por el respeto a los derechos colectivos.

“Retroceso en la vigencia de los derechos humanos”

Con motivo del periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo lugar en México en agosto, redes y organizaciones civiles pidieron a este mecanismo que realice en breve una visita oficial “ante el retroceso en la vigencia de los derechos humanos” en el país, que ocupa el primer lugar en solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH. En este marco, se presentaron diagnósticos y casos que ilustraron la gravedad del momento.

En junio, el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, presentó el informe de la visita que realizó a México el año anterior. El informe resalta el elevado número de homicidios existentes en México, 100.000 desde el 2006, 70% de ellos relacionados con el narcotráfico. Otras de las críticas surgen por lo que algunos llaman la tendencia del gobierno federal a “desaparecer a los desaparecidos”. Cuestionan que las cifras durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto entregadas a la ONU en marzo difieren de las que las autoridades manejan en el país, así como de las recabadas por organizaciones civiles.

En agosto, se llevó a cabo en la Ciudad de México la pre-audiencia “Violencia de Género y Feminicidio” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)-Capítulo México. Se evidenciaron los distintos tipos de violencia hacia las mujeres que ocurren en el país, como feminicidio, discriminación, criminalización, violencia laboral, agresiones a defensoras y periodistas, violencia obstétrica y trata de personas. El Estado mexicano, señalaron el dictamen viola los tratados internacionales que ha firmado y ratificado a través de la “simulación y de la impunidad”.

Uno de los temas de mayor presencia mediática fue el de los migrantes (ver Enfoque). En julio, Carlos Bartolo Solís, director de la Casa de Migrante “Hogar de la Misericordia” de Arriaga, Chiapas, denunció haber recibido amenazas de atentados del crimen organizado. Organizaciones civiles del Sureste han venido denunciando que la nueva estrategia federal hacia mayor control en la frontera Sur contiene “numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana”.

CHIAPAS: “La contrainsurgencia sigue operando”

En julio, se llevó a cabo la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en El Limonar, municipio de Ocosingo que se enmarcó en el Eje Guerra Sucia. Abordó el caso de Viejo Velasco que en 2006 sufrió una masacre que dejó un saldo de cuatro personas ejecutadas y cuatro desaparecidas forzadamente. La invitación señaló: “Esta masacre se da en el contexto de guerra contrainsurgente diseñada e implementada por el Estado mexicano, a través del Plan de Campaña Chiapas ’94, cuyo resultado (…) ha sido: 85 ejecuciones, 37 desapariciones forzadas y más de 12 mil personas desplazadas forzadamente, en la zona Norte; y en la zona Altos: la masacre de Acteal donde los grupos paramilitares del PRI asesinaron a 45 personas en su mayoría mujeres e infantes (…) además de provocar el desplazamiento forzado de más de 6 mil personas”.

En agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció en un boletín titulado “La contrainsurgencia sigue operando en Chiapas” que “[e]n los últimos meses, el Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas, se ha caracterizado por una continua agresión hacia las Bases de Apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) con la acción de algunas organizaciones sociales regionales al servicio del Estado”. Sostuvo que el CDHFBC “ha realizado constantes intervenciones ante la gravedad de las agresiones a BAEZLN y la respuesta ha sido la parsimonia gubernamental y su incapacidad de actuación. Esta actitud de indiferencia mantiene y provoca conflictos que son llamados intercomunitarios como una manera de ocultar la contrainsurgencia, el objetivo es generar cansancio entre la población que resiste, que lucha, que va transformado su realidad desde su cultura y sus derechos”.

El 24 de mayo, más de 4 mil (BAEZLN), milicianos, miembros de la Comandancia del EZLN y centenares de personas y organizaciones civiles, nacionales e internacionales se reunieron en la comunidad de La Realidad para dar homenaje a José Luis Solís López, “Galeano”, BAEZLN asesinado el 2 de mayo pasado en este mismo lugar. El Subcomandante Insurgente (SCI) Moisés señaló como responsables del asesinato de Galeano a los tres niveles de gobierno y a personas concretas pertenecientes a distintas instituciones políticas. El SCI Marcos anunció su desaparición e indicó que su figura fue sólo una botarga (pantomima) mediática utilizada como forma de captación de la atención, porque así convenía a los intereses del EZLN, pero que en la actualidad la “farsa del subcomandante” ya no es necesaria. Ello se da dentro de una lógica de cambios internos que derivan en una dirección completamente indígena del movimiento: “el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el EZLN (…) Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos: El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino. El de raza: de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena”.

El 1° de agosto, 32 BAEZLN de la comunidad Egipto, pertenecientes al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Manuel, municipio oficial de Ocosingo, del Caracol de La Garrucha, se desplazaron de forma forzada, obligados por miembros del Ejido Pojcol, municipio de Chilón. Quince días después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció la persistencia e incremento de agresiones contra BAEZLN en comunidades de Ocosingo y expresó su “preocupación por el inminente riesgo a la vida, integridad y seguridad personal en que se encuentran expuestas las BAEZLN” de las comunidades El Rosario, Kexil, Egipto y Nuevo Poblado San Jacinto. Responsabilizó al gobierno de Chiapas “por hacer caso omiso de los hechos denunciados inicialmente, permitiendo que gradualmente se sigan perpetrando violaciones flagrantes a los derechos humanos con agravantes cada vez más serios”.

Cabe subrayar que estos hechos se dieron alrededor de las fechas de la Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México que tuvo lugar en La Realidad en agosto. Participaron en el evento unos 1.300 delegados y delegadas zapatistas y más de 300 indígenas representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI). Denunciaron las diferentes situaciones de despojo que viven los pueblos indígenas en el país y declararon que “hoy les decimos a los poderosos, a las empresas y a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo de los paramilitares Enrique Peña Nieto que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos”. Anunciaron que al final del año se realizará el “Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo”.

Chiapas: defensores en la mira

El 29 de mayo, fue detenida una comisión conformada por dirigentes y representantes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, integrantes de la organización ARIC Independiente y Mario Marcelino Ruíz Mendoza, de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), que acompañaba a la comisión en calidad de mediador. La detención se produjo cerca del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez donde fueron solicitados para iniciar una mesa de negociación. El objetivo de la mesa era, entre otros, la resolución de la situación agraria del conflicto abierto en la reserva de Montes Azules. Tarde esa misma noche, fue liberado el mediador de SERAPAZ. Los demás detenidos fueron liberados al día siguiente, luego de que se firmase en la Ciudad de México un acuerdo con autoridades federales y estatales para reabrir el proceso de diálogo. Los detenidos fueron acusados de motín, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, en relación a las manifestaciones y bloqueos carreteros que se produjeron en Ocosingo durante las semanas previas en protesta por lo que consideran la intromisión de organizaciones ambientalistas en las decisiones tomadas por las comunidades.

En junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció actos de vigilancia y hostigamiento en contra de sus integrantes y miembros de otras organizaciones civiles. El 29 de abril, en San Cristóbal de Las Casas, su director, Víctor Hugo López, fue vigilado desde un vehículo cuando se dirigía a una reunión de trabajo. El 23 de mayo, el mismo vehículo se encontraba en el punto donde se estaba formando la Caravana de Solidaridad con destino a La Realidad. Dentro del carro, se identificó a una persona, Felipe Osorio Lazo quien “tomaba vídeo de manera sospechosa”. Los coordinadores de la Caravana le solicitaron identificarse, entregar la cámara y retirarse del lugar. Dentro de la memoria encontraron fotografías y vídeos de miembros del CDHFBC y de otras organizaciones civiles.

En junio, se realizó una peregrinación por parte de unas 3.500 personas de la Parroquia y habitantes del municipio de Simojovel, para orar por la paz y el cese de la violencia, y para pedir a las autoridades “que cierren cantinas, centros nocturnos, de prostitución y de vicio que están dañando a las familias”. El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, ha recibido amenazas derivadas de estas protestas. En julio, el Pueblo Creyente de Simojovel realizó una nueva peregrinación con las mismas demandas y para denunciar las amenazas de muerte que han recibido integrantes del Consejo Parroquial. Acusaron a las autoridades municipales de favorecer esta situación.

En junio, se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En ese marco, el CDHFBC presentó el informe “La tortura, mecanismo de terror” que tiene registrados 17 casos recientes en Chiapas.

En una decisión que frena la tendencia al deterioro en el estado, se dio marcha atrás al Código de Uso Legítimo de la Fuerza que había sido aprobado en mayo pasado y cuestionado por limitar el derecho a la manifestación.

Tierra y territorio: viejos y nuevos conflictos

En junio, las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaron al comisariado ejidal “oficialista” Alejandro Moreno Gómez, por intentar “entregar [tierras] al mal gobierno”, al convocar una asamblea “ilegal” con el propósito de convencer a los tribunales de que la asamblea está de acuerdo con el despojo de las tierras de la comunidad cercanas a las cascadas de Agua Azul. El mismo mes, las y los ejidatarios de Tila denunciaron a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por realizar proyectos en su territorio sin el consentimiento de la asamblea.

En julio, se llevó a cabo el “Foro Sur-Suroeste de análisis y construcción de alternativas: tenencia, uso y usufructo de la tierra para las mujeres en Chiapas”, en el que participaron aproximadamente 300 personas. Se pronunciaron contra las políticas que buscan despojarlas de sus recursos naturales a través de proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, y de saqueo de sus conocimientos tradicionales. Denunciaron que estos proyectos se están llevando a cabo sin consulta ni autorización en territorios indígenas, y con el beneplácito de instituciones gubernamentales.

Finalmente, vale la pena mencionar que se están empezando a dar asambleas en varias partes de la zona por la que pasaría la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Es de prever que su posición se hará pública a partir del próximo mes. También, se han empezado a dar denuncias de la insistencia del gobierno estatal para que este proyecto avance.

LEER COMPLETO: SIPAZ

Los otros terremotos que hundieron Haití

Diez años de ocupación
El primer hotel de cinco estrellas en la capital de Haití ha sido financiado con dinero de la reconstrucción, un ejemplo de las oportunidades de negocio tras el terremoto.

IOLANDA FRESNILLO Puerto Príncipe (Haití)
diagonalperiodico.net

 “Desde el primer momento que la Minustah puso un pie en tierra haitiana, sus tropas han violado de forma sistemática los derechos humanos”. Lo dice Monica Riet, uruguaya, que el pasado 6 de mayo se encontraba en Puerto Príncipe como militante de la Coordinadora latinoamericana por la retirada de las tropas de la Minustah, la misión de Na­cio­nes Unidas por la Estabi­liza­ción de Haití. “Es un genocidio silencioso que va más allá de la ocupación militar”, añadía indignada por la participación de tropas uruguayas en la operación militar de la ONU.

La epidemia de cólera iniciada en uno de sus cuarteles a finales de 2010, que se ha cobrado ya más de 8.500 víctimas mortales y más de 700.000 casos de contagio, junto con las numerosas denuncias de agresiones sexuales, la militarización de los barrios populares o su participación en numerosos actos de represión sobre la sociedad civil, se cuentan entre los muchos motivos del rechazo mayoritario a la presencia de estas tropas extranjeras en el país.

Desde las elecciones de 2000, en las que Jean-Bertrand Aristide volvió a la presidencia tras unos comicios contestados por igual por la sociedad civil haitiana y por la comunidad internacional, Haití había vivido numerosas movilizaciones contra el Go­bierno, que derivaron en una fuerte escalada de violencia entre 2003 y 2004. Entre otros, grupos paramilitares financiados desde EE UU avivaron el conflicto hasta la intervención internacional. En febrero de 2004, el presidente Aristide volvía a dejar el país, de forma involuntaria, en un avión estadounidense. Tropas de EE UU, Canadá, Francia y Chile llegaban al país al día siguiente, precediendo el despliegue de la Minustah pocos meses más tarde. Una década después, la Minustah sigue en Haití, con tropas y policías de 50 países, principalmente latinoamericanos y asiáticos, bajo el liderazgo de Brasil.

La presencia de tropas extranjeras en Haití es tan sólo una de las múltiples injerencias políticas y económicas que ha sufrido el país en los dos últimos siglos. La devastación que provocó el terremoto de enero de 2010 no se puede entender sin esas injerencias. Beverly Bell, militante pro derechos humanos de Nueva Orleans, lo describe sin rodeos: “La astronómica destrucción en Haití puede ser rastreada hasta la violencia estructural, las políticas y sistemas que reflejan el colonialismo, imperialismo, racismo y patriarcado, y que se sienten de forma áspera y marcada en las vidas de los más pobres”. Polí­ticas que han continuado después del seísmo, ejemplificando nítidamente lo que Naomi Klein llamó “capitalismo del desastre”.

Tras el desastre, el negocio

El terremoto provocó más de 217.000 víctimas mortales y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Los costes y pérdidas causadas por el seísmo se estiman en 7.800 millones de dólares, equivalente a más del 120% del PIB haitiano de 2009. Pero más allá del nivel de de-sembolso prometido –alrededor del 60% en los dos primeros años– y de la eficacia de esa ayuda, otra maquinaria se puso en marcha: la del negocio que ofrecía la reconstrucción. Lo que el embajador de EE UU en Haití llamó “la carrera por el oro”.

No se equivocaba. Entre 2010 y 2012, tan sólo el 1,3% del valor contractual de los proyectos de la USAID fueron concedidos a contrapartes haitianas, según el Centro de Investigaciones Económicas y Polí­ticas. De las inversiones de USAID en Haití en 2013, más del 85% fueron a empresas y ONG norteamericanas. La Unión Europea sigue un patrón similar: en 2010 y 2011, el 76,7% del valor de los contratos de EuropeAid en Haití fueron para empresas europeas.

En el negocio de la reconstrucción destacan además los proyectos vinculados a lo que el Gobierno de Michel Martelly ha bautizado como “Haití: open for business”.

Abierto a los negocios

Amparada por los Clinton, la estrategia “abierto a los negocios” se ha dotado de una serie de apoyos institucionales entre los que destacan el Centro de Promoción de Inver­siones y el Consejo Presidencial Asesor sobre Crecimiento Econó­mico e In­versión en Haití, del que forma parte el expresidente José Ma­ría Aznar.

Ejemplos de cómo se está gestionando la reconstrucción son la minería, el turismo y la industria textil. Las reservas mineras de Haití, fundamentalmente de oro, han levantado interés entre empresas canadienses y de EE UU. Éstas han desembarcado ya en el país con la ayuda del Banco Mundial, que apoya financieramente y ayuda a redactar la nueva ley de minería. Sin información ni consultas a la población, han empezado ya las exploraciones en el norte del país, no sin resistencia de la población, que se empieza a organizar frente a esta nueva amenaza. En el sector turístico se han financiado con fondos para la reconstrucción, privados y públicos, numerosos hoteles y proyectos. Uno de ellos ha sido la construcción del primer hotel de cinco estrellas de la capital haitiana, Royal Oasis, con fondos de la Bush Clinton Haiti ­Fund recaudados para la reconstrucción del país y gestionado por la cadena española Occidental Hoteles. El Banco Mundial acaba de otorgar 45 millones de dólares para desarrollo turístico y está cofinanciando la construcción de otro hotel de lujo junto con la cadena hotelera Marriot. Vene­zuela, con fondos de Petroc­a­ribe, es uno de los financiadores del proyecto turístico de Île-à-Vache, fuertemente contestado por la población afectada.

En el ámbito de la industria, la estrategia es la construcción de, al menos, diez nuevas zonas francas industriales. Algunas de ellas como la de Caracol, en el norte del país, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros fondos para la reconstrucción. Haití cuenta ya con más de 30 fábricas, principalmente textiles, que gozan de condiciones favorables para la exportación a EE UU, ya que no pagan aranceles. Se­gún Mirlen Joanis, del Centro de Promoción de Mujeres Obreras, “las condiciones de trabajo son degradantes y a menudo se dan casos de acoso sexual en los lugares de trabajo, a lo que hay que añadir la violación sistemática de las leyes que marcan las condiciones laborales”, incluyendo la prohibición de la práctica de organización sindical.

Allí se cosen productos para empresas como Levi’s o Fruit of the Loom, que en 2009 presionaban al Gobierno haitiano, con la ayuda de la Administración de EE UU, para mantener el salario mínimo en poco más de 80 gourdes al día (1,2 euros). Las movilizaciones masivas de las trabajadoras consiguieron arrancar entonces una subida de 200 gourdes al día (3,6 euros). Ante el mísero incremento en 2013 de 25 gourdes (menos de medio euro), las trabajadoras de las zonas industriales de Puerto Príncipe iniciaron nuevas movilizaciones. Reclaman un salario mínimo de al menos 500 gourdes al día (8,3 euros) y derecho a la seguridad social. La cesta mínima de comida tiene un coste de 429 gourdes, y el coste de vida (incluyendo vivienda, transporte y otros gastos) está por encima de los 1.000 gourdes al día.

Presumir de salarios bajos

De hecho, el Gobierno haitiano presume públicamente de tener salarios más bajos que México, República Dominicana, India o incluso China y Paquistán, y tan sólo unos céntimos de dólar por encima de Bangladesh o Camboya, por más horas anuales de trabajo. Presumen también de ofrecer condiciones excepcionales a las empresas inversoras: 0% de impuestos sobre los beneficios, 0% sobre las ventas y 0% de impuestos añadidos. Unas condiciones que se repiten para las empresas turísticas que inviertan en el país. Según el propio FMI, dichas exenciones se deberían revisar para incrementar los ingresos fiscales del Estado, pero siempre “sin poner en peligro el interés de las empresas inversoras”.

Para Nixon Boumba, activista del Movimiento Democrático Popular, “la reconstrucción en Haití se ha convertido en una vasta operación de capitalismo del desastre, que no busca socorrer a las víctimas, sino servirse de las víctimas y de la catástrofe para hacer beneficios”.

Guatemala: Desalojo violento en Monte Olivo

Convergencia Waqibkej

En seguimiento al desalojo violento que está perpetrando las fuerzas de la policía nacional civil de Guatemala, el cual se está llevando acabo en la Comunidad de Monte Olivo, se encuentran 4 comunitarios detenidos entre los cuales se encuentran: Isabela Choc, Cristina y Cármen Hun y Magdiel Ical Hun de los cuales no se ha determinado a donde los han llevado.

Este desalojo violento lo está llevando acabo un contingente mayor a las 75 radiopatrullas de las fuerzas policiales, los cuales han lanzado bombas lacrimógenas, intoxicando e hiriendo a niñas, niños, hombres, mujeres así como mujeres en estado de gestación, violentando los derechos humanos de la población comunitaria.

La comunidad Monte Olivo, este sitio es símbolo de la resistencia pacífica que mantiene ésta comunidad pues ahí permanecen en un plantón permanente.

Así mismo nos informan que quien directamente está dirigiendo el operativo violento es el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.

Dentro de este operativo están quemando la vestimenta de la población con mayor énfasis en los cortes (faldas) de las mujeres.

En declaraciones del compañero comunicador de la comunidad de Monte Olivo nos comenta sobre lo acontecido durante esta nueva jornada de violencia del Gobierno de Otto Pérez Molina.

NOTAS:
NUEVAMENTE COMUNIDADES HAN SIDO VIOLENTADAS POR LA MAQUINARIA REPRESORA DE PÉREZ MOLINA

En territorio Q´eqchi´La solidaridad se fortalece desde el mismo pueblo
La solidaridad, el apoyo a quienes están sufriendo represión estatal se suman muchas otras voces para expresar su descontento, indignación por tanto abuso y la situación de violaciones a los derechos humanos y el ambiente de crisis que está generando el gobierno. La falta de garantías constitucionales, los secuestros, asesinatos, desalojos, cateos, detenciones sin órdenes judiciales son una preocupación para mucha gente

En territorio Q´eqchi´: Detenciones arbitrarias y violentas
Lo ocurrido ahora en algunas comunidades de Alta Verapaz y la crisis que está ocasionado el gobierno en donde han detenido a personas que ejercían su derecho de protesta, está relacionado con lo que ocurre en otros lugares para proteger a las empresas nacionales o transnacionales.

Carta: Queremos la Minustah a fuera de Haití

Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México 

Junio de 2014

¡Queremos la Minustah a fuera de Haití!

A las embajadas en México de cada país participando a la Misión de estabilización de las Naciones Unidas,
En particular a las embajadas en México de los países americanos contribuyendo en la Minustah (Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay), Y a la embajada de Haití en México,

Descargar Carta PDF

Pedimos la retirada definitiva de las fuerzas de las Naciones Unidad de Haití, tras 10 años de ocupación ilegitima.

Desde el 1er de junio de 2004, una fuerza internacional coordinada por la ONU ocupa el suelo haitiano sin legitimidad. La llamada Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) cuenta hoy con efectivos de 9 407 personas provenientes de 56 países, dentro de ellos 5 219 soldados y 2 149 policías, negando la capacidad de los haitianios a gobernarse de manera soberana y violando en varias ocasiones los derechos humanos.

Nosotros, como miembros de la asociación civil mexicana Otros Mundos, A.C. representante de la federación ambientalista Amigos de la Tierra en México, pedimos a Haití y cada uno de los estados participando en la misión, la retirada definitiva de la Minustah. Nuestro mensaje se dirige en particular a nuestros vecinos del continente americano que mandaron soldados y policías en el país caribeño: Argentina, Brasil (el actual comandante de la fuerza de la Minustah es brasileño), Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.

Cabe recordar que de 1915 a 1934, el ejercito norteamericano ocupó Haití, con el pretexto de acabar con la crisis política que sacudía el país en este momento (el ultimo presidente había sido asesinado). La historia se repitió hace 10 años cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la herramienta de Estados Unidos para asegurar su poder en la escena internacional, decidió enviar cascos azules en Haití bajo la resolución 1542. Justificó su injerencia con la necesidad de “mantener un entorno seguro y estable” en el país tras la oleada de violencias que se desató después de la salida forzada del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004, organizada por Washington y Paris.

La Minustah nunca impulsó el proceso democrático en Haití, mientras afirmaba que su presencia era necesaria para “organizar, supervisar, y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales libres y limpias”. Sucedió todo el contrario. El proceso electoral de 2010-2011, que se desarrolló ante los ojos y con el aval de los representantes de la ONU y que llevó al actual presidente Michel Martelly al poder, fue uno de los más violento y fraudulento de la historia de Haití.

En vez de “proteger a los civiles que se encuentren en riesgo inminente de violencia física” en Haití, como lo pretendía, el personal de la Minustah cometió crímenes en contra de la población local. Se registraron casos de abuso sexual y de recurso a la prostitución, que la propia ONU tuvo que reconocer. Se declaró “indignada” ante estos crímenes y abrió investigaciones pero nunca cuestionó su presencia en el país.

Además, estallaron numerosos enfrentamientos violentes entre cascos azules y civiles haitianos. En noviembre de 2010 por ejemplo, un haitiano fue asesinado por las tropas de la ONU y al menos diez otros personas fueron heridas durante una protesta contra la presencia de la Minustah.

Estos manifestantes estaban acusando a la Minustah de ser responsable de la introducción del cólera en Haití en octubre de 2010, cuando llegaron cascos azules provenientes de Nepal y portadores de la enfermedad. Como lo enseñaron varios estudios científicos independientes, por ejemplo el de la universidad norteamericana Yale Law School, las infraestructuras del campo donde estaban instaladas las tropas nepaleses eran muy mal diseñadas. Esta negligencia fue fatal ya que sus aguas residuales se vertieron directamente en el río Artibonite, el río mas grande del país, contaminando a la población. Así que 2000 personas murieron del cólera dentro de solo un mes.

Hasta la fecha, la epidemia no fue erradicada en Haití, donde se registraron 8 556 muertos y otros 701 961 personas infectadas desde su aparición, según el ultimo informe de la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios en Haití (ver el informe en inglés o en francés). La ONU lucha hoy para la erradicación de la enfermedad, pero nunca reconoció su responsabilidad en esta catástrofe humanitaria.

Ante estos 10 años de fracasos y de violaciones de derechos humanos, exigimos la retirada de las fuerzas de la ONU de Haití. Esta decisión respectaría la voluntad del pueblo haitiano : según una encuesta hecha en Port-au-Prince en 2011 por la Universidad de Estado de Haití, solo un 24.2% de los habitantes de la capital piensan que la presencia de la Minustah es “una buena cosa”, mientras 40.9% piensan el contrario.

No somos ingenuos. Sabemos bien que la Minustah no está el suelo de nuestra vecina caribeña para defender a su pueblo, sino para defender los intereses de los países ocupantes. En efecto, el territorio haitiano es una fuente de riquezas naturales muy grande, para las empresas mineras en particular. Según el Observatorio de conflictos mineros de América latina, un tercio del norte de Haití es el objeto de investigaciones y de labores de exploración por parte de empresas extranjeras. Cerca de 2.400 km² de sus tierras ya están destinados a compañías haitianas que representan intereses de compañías de Estados Unidos y Canadá, añadió el OCMAL.

Por eso, ¡ nos solidarizamos con el pueblo haitiano y exigimos el fin de la Minustah ¡

OTROS MUNDOS, AC/AMIGOS DE LA TIERRA MEXICO

Financiarización y militarización, entrevista con Otros Mundos Chiapas

Entrevista con Nieves Capote, integrante de Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México

RadioMundoReal

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La militarización en América Latina ha sido un fenómeno que se suele relacionar con las garantías para la entrada de agentes corporativos a la región, y a su vez ha significado procesos de despojo comunitario frente a sus formas de vida y medios de subsistencia. Este fenómeno fue analizado por Nieves Capote, integrante de Otros Mundos Chiapas -Amigos de la Tierra México, en diálogo con Radio Mundo Real.

La conversación tuvo lugar sobre el final de la reunión que Amigos de la Tierra convocara en la capital francesa París, entre el 26 y el 28 de mayo, para analizar el proceso de financiarización de la naturaleza y los conflictos que surgen y se extienden como consecuencia de esa nueva estrategia de acumulación de capital.

Para Capote la “financiarización no se puede separar de todo lo que es el sistema capitalista y su forma de dominar. Entendemos el sistema capitalista como un sistema de dominación que incluye aspectos sociales, políticos, legales, culturales e ideológicos, pero también militares […] en el caso de la financiarización es imposible pensar que esto se desarrolla de manera distinta, allí donde hay territorios, poblaciones o gente que tiene un pensamiento diferente o que se opone a este tipo de proyectos de financiarización, la imposición va a ser por la vía militar”.

En el caso de México, y como explicó Capote para el contexto mesoamericano, se da capacitación a los ejércitos locales y la policía para aumentar su influencia en los territorios, acompañando esto con el aumento de los presupuestos económicos para estas instituciones, mientras simultáneamente descienden los referidos a educación, sanidad, entre otros.

Refiriéndose a un ejemplo concreto de militarización y financiarización de la naturaleza, la activista mexicana hizo alusión al proyecto trinacional de un mecanismo REDD (Sigla de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) que se desarrolla con la participación de Estados Unidos, México y Brasil, y que se ubica en la Selva Lacandona, precisamente en la reserva de Montes Azules. “Es un proyecto que ha sido dado a un grupo muy minoritario, se ha usado una política de despojo hacia otros grupos que también están al mismo tiempo en el territorio […] y duplica el nivel de visión de que los otros pobladores son invasores y entonces tienen que ser expulsados” señaló Capote.

A su vez, y en relación directa a la militarización territorial, la criminalización de las y los defensores de la naturaleza y quienes se oponen a la entrada de megaproyectos está siendo promovida con distintos procesos según explica Capote: “Hay una parte de la criminalización que tiene que ver con cosas que pareciera que no son criminalización. Parte de las reformas que se han hecho ahora en México, concretamente la reforma energética que establece que allí donde hay un proyecto de interés energético para el país, éste tiene más valor que la presencia en el territorio de las poblaciones y su derecho sobre ese territorio. Esto favorece la criminalización porque implica procesos de despojo y éstos no se hacen negociadamente en la mayoría de los casos, se hacen por la vía de la fuerza” expresó Nieves. “Nosotros tenemos ahora la situación que hace una semana en Chiapas, justamente en este mismo contexto de conflicto en la selva Lacandona, el gobierno del Estado ha firmado una ley que criminaliza la protesta y da permiso a la policía para disparar armas de fuego contra cualquier población que altere el orden público” agregó.

Finalmente, al referirse a su valoración de los días de reunión de Amigos de la Tierra Internacional para el análisis de la financiarización de la naturaleza, Nieves concluyó que “siempre en un trabajo de la federación que implica continentes diversos y también países diversos, hay un tema de realidades distintas que se juntan a dialogar desde ángulos diferentes. Estos tres días han sido un esfuerzo de poder comprender estas diferencias y de poder conjuntar qué aspectos tenemos en común. Esta crisis que se está viviendo en Europa da mucha más posibilidad de encontrar puntos de comunión, acuerdos y luchas compartidas”.