Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 3 de octubre de 2020
Lorenzo Chim
Campeche, Cam., Mediante argucias legales, engaños, sobornos a los comisariados ejidales, avalúos amañados y presiones, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y representantes de los consorcios que construirán los tramos del Tren Maya engañan a los ejidatarios para expropiarles las tierras por donde pasarán las vías férreas, denunció la asesora independiente de los ejidos 5 de Febrero, Miguel Colorado, Xbacab y Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Champotón, Naayeli Ramírez.
Acusó que ha faltado transparencia en la firma de los convenios de ocupación de tierras para el paso del tren por esas comunidades y que la Procuraduría Agraria ha incumplido su obligación de acompañar este proceso de diálogo con los campesinos. “No acuden sus visitadores a las asambleas ejidales –máxima autoridad para decidir el destino de las tierras– y cuando algunos comisariados han presentado quejas por irregularidades en el proceso, evaden su responsabilidad y ponen trabas”, añadió la también investigadora y académica por el Tecnológico de Monterrey.
Por ley, recordó Ramírez, toda afectación a tierras ejidales tiene que tomarse por acuerdo de asamblea, pero en varios casos acordaron la integración de una comisión gestora
con los mismos poderes y facultades de una asamblea ejidal. Ha habido abusos, pues emiten documentos sin sustento legal y se toman acuerdos sin el respaldo real de los ejidatarios.
“Tampoco son transparentes en cuanto al valor de la tierra, los avalúos del Instituto Nacional de Bienes Nacionales han sido amañados y, en el peor de los casos, entregan una cantidad menor a la que ya se había acordado y dejan en la indefensión a los ejidatarios.
“La falta de información de los campesinos los ha obligado a aceptar esos convenios y, en otros casos, a los comisariados ejidales se les entrega dinero para que ‘convenzan’ a los demás de aceptar los términos que impone el Fonatur.”
Narró que, en el caso del ejido 5 de Febrero, firmaron un convenio de ocupación, pero al final terminará siendo una expropiación de más de 29 hectáreas a un precio de 2 millones 283 mil pesos. “Cuando los ejidatarios inconformes vieron sus cheques con un pago menor a lo acordado, les dijeron ‘esto es lo que hay, no tenemos más’ y no les ha quedado más que aceptar”.
Se supone que se nombraron comisiones de seguimiento que integran, entre otros, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria y Fonatur, a fin de acompañar este proceso en los ejidos, pero por el pretexto de la pandemia no se han reunido para atender quejas e inconformidades. La Procuraduría Agraria no trabaja, no manda visitadores, no revisa actas de asamblea, tampoco atiende las quejas de los comisariados y lo peor es que, en otros casos, ni siquiera ha habido asambleas, dijo.
Ante estas irregularidades, los comisarios ejidales de las comunidades afectadas exigen transparencia en la información sobre las afectaciones a los ejidos, pues en varios casos tendrá que haber desalojos, pero en el convenio de ocupación no se estableció alguna indemnización adicional para esas familias, no se toman decisiones informadas, sino con promesas y con dinero, abusando de la pobreza de los campesinos, sostuvo Naayeli Ramírez.
Lo que pedimos es que las autoridades ejidales puedan ir a la Procuraduría Agraria para verificar los contratos, que haya un acompañamiento real del gobierno federal, pues hasta ahora se puede asegurar que Fonatur está tratando de convencer a los ejidos de manera irregular, ilegal y corrupta
, afirmó la investigadora.
Imagen: Protesta realizada en Mérida, Yucatán, en junio pasado.Foto Cuartoscuro
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