Conagua somete a instancias del gobierno federal para violar derechos del pueblo de Temacapulín, Jalisco

·CONAGUA somete a otras instancias del gobierno federal para continuar violando los Derechos Humanos de los habitantes de Temacapulín ante la presa El Zapotillo, actuando en la ilegalidad y perpetuando violaciones severas en el ámbito ambiental, alimentario, salud y cultural.

Como prueba de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la ilegalidad con que la Comisión Nacional del Agua continúa edificando la presa El Zapotillo, es que ha emprendido a través de la CEA una guerra mediática a través de spots en radio comercial y desplegados en periódicos de Jalisco, con la cual pretende convencer engañosamente a la opinión pública que radica en la Zona Metropolitana de Guadalajara de las “bondades” de la obra.

Precisamente José Luis Luege Tamargo titular de la CONAGUA cuando fue llamado a comparecer el mes pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal, volvió a falsear declaraciones e información, ya que continúa sin tener el cambio de uso de suelo por parte del único que puede aprobarlo, el Cabildo del Municipio de Cañadas de Obregón. Sin embargo presentó un documento firmado por la SEDESOL, que se trata de un acta de inspección de campo efectuada el 05 de noviembre de 2010 por esta dependencia federal, como si fuera el indicado, confirmando ante los diputados de varias fracciones ahí reunidos, que no escatima en mentirle a la opinión pública, a los directamente afectados por la obra y a los medios de comunicación. Hoy la construcción de la presa continúa ejecutándose en total ilegalidad porque no tiene el permiso para levantar una cortina de 105 ms, por tanto, Luege Tamargo, Raúl A. Iglesias Benítez, César Coll Carabias y Emilio González Márquez mienten.

La Comisión Nacional del Agua, en contubernio con el gobierno del Estado de Jalisco y Guanajuato, edifica una represa en absoluto marco de ilegalidad sin una sola consecuencia y haciendo movimientos políticos que rompen con el supuesto Estado de Derecho que guarda el país: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aceptó someter sus preceptos básicos y pasar por encima de la Ley Federal de Monumentos Históricos, Arqueológicos y Artísticos. El resolutivo que presentó la Coordinación Nacional de Monumentos cuya oficina se encuentra en la Ciudad de México, como consecuencia de la presión ejercida por la CONAGUA al impugnar el peritaje publicado el 14 de abril, donde se especifica que el mayor porcentaje de los monumentos históricos de Temacapulín deben conservarse en su lugar y sitio de origen, afirma completamente lo contrario autorizando la remoción de los monumentos incluso extralimitándose en sus atribuciones legales al firmar que es viable la construcción de la presa El Zapotillo y concluir que: “a pesar de reconocer que el conjunto urbano rural de la localidad Temacapulín, tiene atributos que le otorgan valores ambientales, estos quedan en amplia desventaja al evaluar el costo económico y social que representaría cancelar el proyecto hidráulico por preservar la integridad de dicho conjunto.”

Ya en otras ocasiones el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha afirmado con documentos en la mano, resoluciones judiciales, dictámenes y peritajes basados en estudios científicos, no con la postura política de académicos respetados en diversas materias, sino con resoluciones apegadas a reglamentos y metodologías de investigación válidas, oficiales que: El Zapotillo no tiene sustento técnico, sino que se apega estrictamente a razones políticas y económicas, que incluso, no resolverán la problemática de abastecimiento de agua ni para Jalisco ni para Guanajuato.

Ya Juan Marco Gutiérrez Subsecretario de la SEGOB, durante la Mesa Resolutiva celebrada el 1 de junio en Tepatitlán, ante la inminente pérdida de argumentos que las dependencias de gobierno tanto a nivel federal como estatal con la que no pueden defender un macroproyecto que a todas luces significa sólo beneficio para las empresas constructoras y los gobiernos en turno que facilitan las licitaciones, refrendó la amenaza e intimidación que caracteriza la actual estrategia de violencia de Estado por parte del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa de que la presa continuaría haciéndose pese a los argumentos expuestos. Por ello, SEGOB no ha retirado las denuncias penales interpuestas contra quienes participaron en la toma de la presa El Zapotillo, tanto en el ámbito federal y local, las cuales hasta la fecha se ha negado a cancelar y dejar sin efecto. Uno de los primeros compromisos iniciales frente al movimiento y condición mínima para ceder y retirarnos de la construcción fue precisamente esa. A la fecha, solo tenemos evasivas y salidas fáciles.

No solo el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo puede reconocer que hoy día sabe, está informado a conciencia y estima que las presas no son un alternativa, ni sinónimo de desarrollo para nuestros pueblos, ya otros pueblos, ciudades, académicos y especialistas en el tema están conscientes de ello: históricamente lo único que se deriva de una represa es desolación, desplazamiento, desempleo, migración y muerte para las personas que corren la mala suerte de ser perseguidos por el sistema político del Estado que a través de sus funcionarios en turno imponen negocios en nombre del desarrollo, sin justificación.

Por todo es que decimos NO a la presa El Zapotillo, no olvidemos el fracaso de la presa Arcediano, la inutilidad de la presa El Salto y las miles de muertes y enfermedades que ha causado la contaminación del Río Santiago, sitio donde se instaló la primera hidroeléctrica de México.

Temacapulín continúa en su posición y llama a la desobediencia civil pacífica.

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