Servindi presenta un informe sobre los impactos en Asia y en África de los mecanismos de compensación en base al comercio de carbono, conocido como REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).
El colonialismo y la esclavitud jamás se marcharon: REDD+ en Asia y África
Por Oscar Guerrero Bojorquez*
Mientras los gobiernos del mundo asisten al debate sobre las catastróficas consecuencias que acarrea el calentamiento global, sucediéndose intensas negociaciones entre las delegaciones para llegar a unos términos mínimos de consenso, una estructura mercantil de alcance global amenaza con establecer una nueva forma de subyugación en Asia y África apropiándose de uno de los principales agentes de la vida en la Tierra: los bosques.
El actor central de esta amenaza se denomina REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques), cuenta con el patrocinio de Naciones Unidas y se presenta como una de las soluciones a la problemática del cambio climático. Dicho en términos sencillos la REDD es un esquema donde los países industrializados que más contaminan el planeta pagan a los países no industrializados para que se reduzcan los niveles de emisión de gases de efecto invernadero que provoca la deforestación y degradación de los bosques. Con ello, criminales climáticos como Shell o Chevron-Texaco pueden dormir tranquilos ya que si se sobrepasan en emisiones de carbono podrán comprar un bono equivalente al exceso de contaminación.
En efecto, todos los estudios científicos sobre el tema afirman que aproximadamente un 20 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son producto de la tala de los bosques, siendo los grupos transnacionales los principales responsables de semejante realidad. Por ello preocupa que las fuentes de financiamiento de REDD provengan del sector privado que incluye a las industrias extractivas que tanto daño han causado al medio ambiente.
Aunque los criterios que regirán este nuevo esquema no han sido consensuados en definitiva por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), están en marcha varios planes piloto en distintos países. Pero diversos informes de organizaciones internacionales de la sociedad civil basados en el trabajo que realizan en el terreno muchos especialistas en la materia hablan de que no solo se está lejos de satisfacer las expectativas creadas sino que además muchos pobladores de comunidades indígenas están viéndose severamente afectados en sus derechos más elementales por decir lo menos. Este artículo se centra en el alto costo social y ambiental que han supuesto la implementación de programas REDD en países de Asia y África en el curso de los últimos años.
Panorama REDD en Asia
Papua Nueva Guinea
En el año 2010 los proyectos tipo REDD Kamula Doso para el Manejo Forestal Mejorado y Abril Salumei para el Manejo Sustentable de Bosques solicitaron su aprobación según los estándares de la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA). Sin embargo testimonios recogidos en las comunidades dan cuenta de que la información y la comprensión del proyecto en la región son insuficientes como para concluir que el derecho a la consulta previa se está cumpliendo.
La empresa Nupan de Kirk Roberts creó el proyecto de Kamula Doso con la idea inicial de beneficiar a las comunidades indígenas. Sin embargo, salieron a la luz unos documentos oficiales sobre Créditos de Carbono Voluntarios enviados a la compañía de Roberts por parte de un funcionario del estado. Quedó claro que una empresa privada recibía autorizaciones del estado para llevar adelante sus proyectos a espaldas de las comunidades.
En concreto la propuesta REDD en Abril Salumei no responde a las controversias surgidas en torno a la tenencia de las tierras y la representación de la compañía de los terratenientes en la región. Más aún, los métodos empleados en las asambleas para informar lo que se pretende hacer son deplorables. Los agentes del proyecto REDD Abril Salumei llegan para presionar a la gente de las aldeas dejando sentado desde un inicio que su presencia no es para explicar ni menos responder preguntas, sino para únicamente escuchar un “si” o un “no” al proyecto.
En tales condiciones, las garantías mínimas para iniciar un diálogo brillan por su ausencia, la tala de los bosques no se detiene y los nativos no se están beneficiando de nada, todo lo cual evidencia el desastroso estado en el que se encuentra el comercio del carbono en Papúa Nueva Guinea. Así, los promotores de REDD en este caso han quedado realmente mal parados.
Indonesia
En el Informe de las Naciones Unidas sobre el Índice de Gobernanza de Bosques, Tierras y REDD+ en Indonesia del año 2012 se mencionan cuestiones cruciales como la planificación y la zonificación forestales, los derechos a la tierra y los bosques y la necesidad de una distribución más justa de los beneficios pero no se incide en el tema de fondo, es decir, en la territorialidad. El gobierno del país asiático pretende dar luz verde al desarrollo de sistemas REDD sin haber resuelto antes el tema de la propiedad sobre las tierras y las zonas forestales. ¿Cómo se puede permitir que agentes internacionales desplieguen toda una telaraña de compensaciones en zonas donde no está claro a quién le pertenecen las tierras?
El gobierno de indonesia tiene la obligación de establecer las bases jurídicas sobre los derechos de propiedad de territorios donde hace mucho tiempo viven las comunidades indígenas. Sólo entonces e incluyendo a los pobladores nativos, podrá negociar con los organismos internacionales la eventual implementación y conveniencia de los proyectos REDD.
Desde el año 2009 Naciones Unidas asignó más de 5 millones 500 mil dólares a Indonesia en la implementación de distintos programas REDD+. Y seguramente seguirán dando más. Pero ello no resuelve nada, los pueblos indígenas sienten que no son involucrados en la toma de decisiones y por tanto este mecanismo no puede garantizarles ningún beneficio.
El proyecto REDD de Ulu Masen en Sumatra se proponía generar 3,3 millones de créditos de carbono por año con el fin de financiar proyectos de conservación y desarrollo para los pueblos indígenas. Nuevamente aquí se puso de manifiesto la poca claridad con que se plantean estos esquemas. Un estudio de la consultora Development Alternatives concluyó que el proyecto era inviable a causa de un conjunto de problemas que iban desde cuestiones de tenencia de tierra hasta las actividades sobre el terreno con las comunidades que nunca se habían considerado.
Como si esto fuera poco, a fines de 2013 más de 75 organizaciones de todo el mundo lanzaron en Indonesia un manifiesto denunciando ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) lo que ellos llaman REDD del arroz. Esta inusual práctica consiste en que empresas como Shell o Chevron utilizan el cultivo de arroz como una compensación por la contaminación que ocasionan sus actividades industriales.
Vietnam
En el año 2013 Vietnam siguió implementando la segunda fase del programa ONU-REDD en seis provincias. Los fondos destinados ascienden a la suma de 4 millones 400 mil dólares. De manera comprensible existe el temor entre las minorías étnicas de que se impongan restricciones al uso de sus tierras y bosques. No obstante, las autoridades vietnamitas llevaron a cabo un proceso de consulta a nivel nacional pero las propuestas que hicieron llegar los indígenas y sus observaciones no fueron atendidas.
En diciembre de 2013 se completó el primer borrador de las Directrices para la aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Si bien es cierto diversas organizaciones no gubernamentales forman parte de la estructura REDD en Vietnam y trabajan coordinadamente con el gobierno, no se han incluido a representantes de minorías étnicas en la mesa de negociaciones. Esto último ha originado que rebroten las dudas sobre el accionar del proyecto y su finalidad.
Panorama REDD en África
Kenia
En el marco de los objetivos de ONU-REDD Kenia realizó en el 2012estudios específicos sobre asuntos de gobernanza basados en tres aspectos relevantes: primero se quería saber de qué manera el país puede fortalecer su marco legal para adaptar el proyecto REDD+. La segunda interrogante tenía que ver con las lecciones que debería sacar Kenia de los proyectos actuales de carbono del suelo para informar a un futuro sistema nacional de beneficios compartidos. Por último se pretendía identificar los riesgos de corrupción del programa REDD+.
Pero la metodología empleada para el estudio no fueron las más apropiadas. Se incluyeron apenas “entrevistas nacionales” y “a nivel de campo”, pero incluso estos datos ONU-REDD sospechosamente no los incluyó en un Informe Semi-anual del año 2013. También se hizo una entrevista en línea y organizaron algunos talleres. No se han registrado otros métodos para informar a las comunidades nativas, lo cual nuevamente viola el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Lo peor estaba por venir. La ONG Survival International reveló que a inicios de 2014 el gobierno de Kenia ordenó el desalojo violento del Pueblo Sengwer del Bosque Embobut en las Lomas de Cherangany, llegando a incendiar cerca de un millar de casas de la aldea. El portavoz Sengwer, Yator Kiptum, denunció el “desastre” causado por la fuerza combinada del Servicio Forestal de Kenia y de la Administración de Policía declarando que el gobierno está acelerando la extinción del grupo étnico. En esta zona viven alrededor de 13 mil 500 aborígenes y son uno de los pocos grupos de cazadores-recolectores que quedan en el este de África.
Las autoridades han negado estos hechos y lejos de asumir una actitud autocrítica afirman con arrogancia que en los alrededores del bosque Embobut se está “educando” a las comunidades sobre la financiación del carbono. En otros términos, los representantes de REDD+ no solicitan ningún permiso ni ven la necesidad de preguntar a los indígenas lo que piensan sobre el negocio del carbono, simplemente van y establecen las condiciones del proyecto. Acto seguido dan por clausurada la asamblea no sin antes advertir que quienes se opongan serán castigados. Así funciona REDD+ en Kenia con el contubernio de las autoridades gubernamentales.
Mozambique
Al caer la tarde, Albertina Francisco, campesina de la comunidad de Nhambita, en la provincia de Sofala en Mozambique, regresa a su casa, cansada, después de otro día de actividad en su granja. Además de ocuparse del maíz, sorgo y mandioca que cultiva, Albertina comenzó a tener una tarea enorme y adicional: cuidar los árboles que plantó hace algunos años, para no verse penalizada a fin de año por la Envirotrade, la empresa británica con la cual tiene un contrato de provisión de carbono. Lo que sucede es que Albertina debe, obligatoriamente, evitar la muerte de las plantas y garantizar su buen desarrollo de tal modo que, por lo menos un 85 por ciento de las plantas recibidas sobrevivan. Como Albertina, 1.400 campesinas y campesinos más de Nhambita y otras comunidades cumplen la misma jornada.
El proyecto se denomina “Nhambita Community Carbon Project”. El objetivo de la empresa Envirotrade consiste en secuestrar carbono a partir de la agro-forestación, comercializar los créditos de carbono en el mercado voluntario, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Comprando créditos de carbono, las empresas de países industrializados pueden “vender” una buena imagen a sus clientes, limpiar su conciencia y proseguir con la contaminación del planeta.
Una falsa solución que incrementa los conflictos
Descritos algunos de los casos, en donde se llevan adelante planes piloto ONU-REDD, los abusos y explotaciones saltan a la vista. Solamente entre los años 2000 y 2010, unos dos millones de kilómetros cuadrados de tierras en Asia, África y América Latina y el Caribe fueron adquiridos o negociados bajo acuerdos firmados en nombre de gobiernos extranjeros o empresas transnacionales.
Los proyectos tipo REDD presionan por los bosques y causan conflicto dentro y entre comunidades indígenas, y otras poblaciones vulnerables. La pérdida del uso tradicional de los bosques, los incentivos financieros, el convertir los bosques en mercancía, la especulación financiera y el despojo de tierras socavan los sistemas tradicionales de gobernanza. Se corre el peligro de hallarnos ante una nueva forma de colonialismo disfrazada de lucha contra el cambio climático.
La solución no está en mercantilizar lo que nos queda de la naturaleza como pregonan los defensores de REDD. Muy por el contrario, es hora de parar la mano, expulsar a los agentes del capitalismo depredador de los bosques, detener la producción consumista a gran escala, golpear la columna vertebral de entidades responsables de crímenes ambientales como el Banco Mundial, volver a nuestros orígenes y reconocer que las comunidades indígenas tienen derecho a seguir conservando y aprovechando los bosques de manera sostenible y de acuerdo a su propia visión del mundo.
Bibliografía
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13. Desarrollo Con Menos Carbono. Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio Climático. Washington, 2009. Augusto de la Torre, Pablo Fajnzylber y John Nash.
14. El Mundo Indígena 2014. Copenhague, 2014. Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas IWGIA. Varios autores.
15. REDD+ en América Latina: Estado actual de las estrategias de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Santiago, 2014. José Eduardo Sanhueza y Mariana Antonissen.
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*Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional.