EL ESCARAMUJO año 7 Número 32
LA MINERÍA Y LA RESISTENCIA EN MÉXICO
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, A.C./Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/M4
17 de enero de 2013; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
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La minería es el megaproyecto de mayor impacto social, ambiental, económico, territorial, político y cultural. La violación a los derechos humanos es sistemática y bajo el Modelo Extractivo Minero es insustentable. El gobierno mexicano ha otorgado alrededor de 27 mil concesiones mineras en todo el país. Las resistencias se levantan en cada rincón de México. Pero es hasta el mes de junio de 2008 cuando nace la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en el estado de Jalisco, donde cientos de personas se dieron cita en este histórico encuentro provenientes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades; organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, movimientos, colectivos de estudiantes, académicos, entre otros, provenientes de 12 estados del país: Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila y Veracruz. Y actualmente incluye también a los estados de Colima, Guanajuato y Baja California Sur. Y a partir del 2012 forma parte activa del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) que nace en ese mismo año.1
Desde entonces se han llevado a cabo distintas formas de lucha social, jurídica, de movilización, mediáticas y otros tipos para resistir al Modelo Extractivo Minero. Hoy, el movimiento social de resistencia contra la minería en México se encuentra en todos los rincones del país, pero se enfrenta a un reto mayúsculo. El gobierno del presidente impuesto Enrique Peña Nieto pretende reformar la ley minera, de agua, energética, laboral y agraria con el fin de adaptar el país a la nueva embestida de la acumulación del capital en manos de las grandes corporaciones trasnacionales, con la incorporación de México al Tratado Trans Pacífico que sería el acuerdo comercial más ambicioso jamás conocido.
Estas cuatro reformas legislativas van íntimamente relacionadas para beneficiar a las inversiones mineras. Y en el caso de las modificaciones a la reformas en materia agraria, el gobierno pretende eliminar el ejido, que se ha convertido en el escenario clave de resistencia del movimiento contra la minería, basado en mecanismos de control sobre su territorio, en acuerdos ejidales y comunitarios, en mecanismos de observación, en estructuras organizativas, culturales, políticas y sociales. Es aquí donde el movimiento contra la minería debe desplegar las mejores iniciativas y estrategias para lograr continuar con este espacio que garantice la autonomía y repeler a los buitres extractivistas que rondan los territorios.
Aunque la resistencia también ha logrado detener proyectos mineros, el costo ha sido muy alto. Han quedado comunidades divididas, amenazadas, con diversos impactos como veremos más adelante, pero sobre todo con compañeros y compañeras asesinadas. Y los proyectos mineros siguen avanzando. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué nos hace falta probar? ¿Qué otras estrategias habrá que implementar? Al final, tanto la REMA como el M4 han concluido que la mejor estrategia es la prevención, logrando que las comunidades indígenas y campesinas y sus diversas expresiones organizativas logren tomar conciencia de los impactos negativos de la minería y generen acciones, estrategias y mecanismos para evitar que las empresas mineras se instalen en los territorios. También logrando tomar conciencia que el Modelo Extractivo Minero nos afecta a toda la sociedad, al planeta; que somos toda la sociedad consumista responsable de combatir este modelo. En este sentido, que toda la sociedad somos afectados por este Modelo Extractivista. Por otro lado, además de la resistencia activa, es necesario y urgente pasar a la resistencia propositiva que implica generar nuevas formas de vida local y regional frente al Modelo Extractivo Minero del capitalismo depredador.
La minería es el megaproyecto que más vidas en accidentes ha cobrado en todo el mundo. La mina de plomo, cobre y zinc (Industrial Minera México) en Zacatecas, ha cobrado en los últimos 4 años al menos 100 personas fallecidas por malas condiciones de seguridad, laborales y problemas de salud. En los primeros 8 meses de 2012 fallecieron 25 trabajadores en la región carbonífera de Coahuila. El total de mineros del carbón siniestrados desde 2006 hasta la fecha es de 147 (2006, 77; 2007, 3; 2008, 1; 2009, 8; 2010, 13 mineros y 2011, 30 más); caídos en pocitos, tajos y minas subterráneas de carbón, plantas de beneficio y transporte del carbón. En 2008 se registró un derrame de miles de litros de jales de la mina La María afectando flora, fauna y red pluvial. En 2010 la minera MINDFANDERS que opera ilegalmente la mina Dolores en Chihuahua, provocó un derrame de cianuro de sodio sin control. En 2012 se registró intoxicación con monóxido de carbono en la mina de mercurio El Mono, en Querétaro, con un saldo de tres muertos. En 2012 la inundación de la mina de carbón en Saltillo, Coahuila, registró dos mineros atrapados.
La minería es el megaproyecto de mayor consumo de energía y de agua. Es la fuente de mayor contaminación ambiental. Con la contaminación del agua y el aire; por los desechos y la deforestación, entre otros factores, el Modelo Extractivo Minero acaba con los suelos y las posibilidades de generar alimentos. El ruido, la pérdida del paisaje y de la biodiversidad son otros afectos aunado a la pérdida de territorios, de viviendas y de la propia salud.
Los proyectos mineros van acompañados de corrupción, de perdida de culturas indígenas, de divisiones comunitarias y familiares. Con la pobreza que genera la minería las más afectadas son las mujeres, las niñas y los niños. Las empresas mineras prometen empleo, desarrollo, agua, escuelas, clínicas, riqueza, vivienda digna, entre otras promesas que nunca llegan, y cuando uno se da cuenta, ya es muy tarde. Las mineras se imponen con chantajes, mentiras, despojo y sin consultar; con presiones, órdenes de aprehensión y presos, persecución, incumplimientos de contratos, actos ilegales, amenazas y hasta con la muerte.
La minería atenta contra la vida con militarización, criminalización, control y asesinatos. Para reprimir la resistencia y desalojar a los pobladores, las compañías mineras contratan a empresas privadas de seguridad, arman a su personal, se apoyan en grupos paramilitares, ex militares, escuadrones de la muerte, “guardias blancas”, y de la fuerza pública local o federal. En México, Joaquín Rojo de la Vega Ulloa, de la Asociación de Mineros de Sonora (AMSAC) afirmó: “(…) hemos tenido la necesidad de crear cuerpos paramilitares, para que nos protejan (…)”. (01 de Mayo de 2012).
Las fuerzas armadas militarizan caminos, ciudades y regiones indígenas para controlar el descontento social y garantizar las inversiones de las empresas mineras, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las autoridades locales y federales criminalizan la resistencia a abandonar las tierras y viviendas, las movilizaciones en las calles, las protestas públicas, los bloqueos, la toma de campamentos, la retención de equipo, las declaraciones de prensa y hasta las demandas legales. Las acusaciones son de terrorismo, delincuencia organizada, asociación delictuosa, atentados contra la paz, bloqueo al libre tránsito o a las vías de comunicación, etc.
Los intereses económicos de las corporaciones mineras son tan fuertes que no les importa cobrar heridos, desplazados, asilados políticos, presos y hasta la vida de luchadores y luchadoras que se oponen a sus proyectos. Así, activistas de San Luis Potosí han recibido agresiones físicas y amenazas por la minera NewGold. En Puebla la población totonaca es amenazada por negarse a vender sus terrenos a la empresa Grupo México. En Chiapas, Blackfire es acusada del asesinato de Mariano Abarca Roblero (2009), miembro de la REMA.
En Oaxaca es asesinada Betty Cariño (2010), integrante de la Coordinación Nacional de la REMA. También se registraron 4 ataques (2012) por grupos armados ligados a la autoridad municipal y a la empresa minera Fortuna Silver Mines, resultando asesinado Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, y 8 personas heridas entre mujeres y hombres. En el Estado de México, en el contexto del derrame de químicos por la empresa canadiense Genco Resources (2010), fueron asesinados dos inspectores, uno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Estado, Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas. En Chihuahua fueron asesinados (2012) Ismael Solorio Urrutia y de su esposa que se oponían a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver. En Coahuila fue asesinado José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador quien aseguró que fue asesinado por narcotraficantes que tienen negocios y concesiones en el sector minero.
En Colima, el Consorcio Minero Peña Colorada, S.A. (trasnacional Ternium), en alianza con los gobiernos locales y sus policías de Jalisco y Colima, durante años han mantenido asediados a los indígenas nahua-otomíes de Ayotitlán con hostigamiento, amenazas, mentiras, chantajes, persecución, corrupción, órdenes de aprehensión y presos, robo de tierras del territorio ancestral de la República de Indios de Ayotitlán; sin consulta e información; documentación falsa de convenios, promesas de servicios incumplidas; contaminación ambiental por deshechos, explosivos, lixiviación, metales pesados; enfermedades, desplazamiento forzado, devastación de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, heridos, asesinatos por la presión para la venta de tierras; deforestación ilegal de hectáreas, apertura ilegal de camino; ausencia de resarcimiento, indemnizaciones ridículas o ninguna; colapso de la cortina de la presa de jales (2012) perjudicando y sepultando viviendas, animales domésticos, tierras de cultivo y perdida de fuentes de agua, ríos, arroyos; y familias desplazadas.
Ya no queremos más muertos en la resistencia contra la minería. Por ello habrá que reforzar las estrategias de denuncia de violaciones a los derechos, las estrategias de seguridad, pero sobre todo la prevención organizada para evitar desde un principio la instalación de los proyectos mineros; convencidas y convencidas de que otros mundos son posibles, que es necesario combatir y frenar con urgencia el Modelo Extractivo Minero..
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