El Escaramujo 67: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas (Parte I)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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La estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD +) es una iniciativa política internacional que surgió en 2005 dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Refuerza el discurso de mercantilización y financiarización de la naturaleza y los procesos ecológicos a partir de mercados internacionales de carbono; donde los países o industrias con obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pueden comprarle el derecho de emitir a países o comunidades que no tienen esta obligación (Furtado, 2016).

Estos últimos compensan – mas no mitigan – las emisiones mediante proyectos de reforestación o conservación de bosques principalmente a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). A pesar de que estos mecanismos financieros han mostrado su incapacidad para reducir las emisiones, REDD+ impulsa la creación de Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) a los que acceden “abiertamente” comunidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) como vendedores y el sector privado como comprador, y los mercados de resultados principalmente para que los países con obligación de reducir emisiones compren “los excesos de créditos de carbono” de otros países.

Además de la ineficacia de estos mecanismos, la implementación de REDD+ en los territorios ha estado rodeada de denuncias y críticas desde movimientos sociales, ambientalistas y académicos que han visibilizado la exclusión, criminalización e instrumentalización de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, la incidencia en conflictos territoriales y despojo de la tierra, la mercantilización de la conservación, el control sobre los procesos autonómicos comunitarios, y el limitado impacto de la lógica de compensación de emisiones que encubre las causas estructurales de la crisis climática y ambiental (Kill, 2015; Furtado, 2016).

Estos cuestionamientos han desencadenado la organización de comunidades rurales y pueblos indígenas que han planteado la necesidad de rediseñar la estrategia de acuerdo a sus intereses y se han declarado en oposición a REDD+, optando por gestionar sus 1 territorios de forma tradicional y autónoma .

México enREDDado

Pese a las denuncias, la demostrada incapacidad de REDD+ y otros mecanismos financieros para mitigar el cambio climático y la ausencia de un acuerdo político internacional sobre la estrategia, el gobierno mexicano, bajo pretexto de mostrar buena voluntad, viene creando la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde el año 2010. Para tal fin tienen que transformar la política ambiental y de desarrollo rural sustentable, generar la integración de las entidades federales y la coordinación de las políticas y programas públicos agropecuarios, forestales y de otros usos del suelo.

A partir de los cambios y luego de asegurar el apoyo financiero y tecnológico de los países “desarrollados”, el gobierno mexicano se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020 y un 50% para 2050, en relación a las emisiones del año 2000, y al tránsito hacia una tasa cero de perdida de dióxido de carbono (CO2) en los “ecosistemas originales” (CONAFOR, 2015). Estos compromisos deben entenderse como parte de un discurso político de “buena voluntad” ante el exterior que no es compatible con la realidad ambiental y los inexistentes avances en mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Entre 1990-2010, periodo de impulso de compromisos y acuerdos internacionales de cambio climático como el de Kioto, las emisiones nacionales en vez de reducirse se aumentaron un 33.4% (Sosa-Rodríguez, 2015).

La ENAREDD+ ha sido construida por una variedad de actores encabezados por tres instancias: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como entidad pública; los Comités Técnicos Consultivos (CTC-REDD+) constituidos por entidades públicas federales y estatales, organizaciones civiles nacionales e internacionales, organizaciones sociales, instituciones educativas y el sector privado. Así como la Alianza México-REDD+, una plataforma de ONG que incide en la política nacional, las agendas de investigación, los proyectos locales y la gestión de la financiación. La Alianza está conformada por The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y The Woods Hole Research Center.

En materia financiera, entre 2009 y 2014 se realizaron acuerdos para REDD+ en México por cerca de 800 millones de dólares. El 42% proviene de recursos nacionales y el dinero restante procede de fondos públicos y privados multilaterales (Cuadro 1). La mayoría de los recursos por donaciones y endeudamientos que han asumido entidades federales y gobiernos estatales son administrados por la CONAFOR para fortalecer financieramente REDD+ y los PSA.

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