Energía renovable en América Latina, abusos y violencia en aumento

Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el modelo energético en América Latina y la transición energética – A 10 de agosto del 2021

Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable que operan en América Latina están en aumento. Tan solo en dicha región ocurren el 61 por ciento de las denuncias de abusos a nivel global y el número va en aumento.

Este análisis se desprende de la investigación (In)justicia energética en América Latina, mediante la cual se documentó 501 casos de abusos corporativo. En total, se recopilaron mas de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos privados y estatales operando en 17 países en América Latina.

Las denuncias fueron registradas entre 2010 y septiembre del 2020 por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Categorías de abusos derivadas de las denuncias. Elaboración del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

Los abusos al derecho a la tierra y el territorio son los tipos más comunes de violencia. Le siguen los ataques contra personas defensoras, violaciones a derechos indígenas, al derecho a un medio ambiente sano y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

“Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, mencionó Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Denuncias

El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.

El reporte se enfoca en los tres sectores de la energía renovable más populares en el continente americano: hidroeléctrico con el 63 por ciento de todas las empresas y bancos de energía renovable, eólico con 31 por ciento y solar con el restante 6 por ciento de las corporaciones y entes financieros. Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías renovables, de forma que registraron abusos en diferentes geografías y mediante distintos proyectos.

De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, mientras el sector eólico lo es del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento.

México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), en comparación de América del Sur, con 158 casos (32%). Al mismo tiempo, Honduras es el país con el mayor número de casos, seguido de México y Colombia.

En México cerca de uno de cada cinco de todos los abusos relacionados con el desarrollo de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. Por su parte, Centroamérica es la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los derechos territoriales.

En tanto, en Sudamérica sereporta la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el desarrollo de energía renovable, con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico, así como los mayores abusos contra el derecho a la alimentación.

Por si fuera poco, la región también está en la mira de las principales industrias mineras, cuyo interés en extraer minerales críticos para producir las tecnologías “limpias”, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, incrementan los abusos y violencia del sector minero en los países latinoamericanos.

Según datos del índice de Minerales de la Transición, como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.

Entre las denuncias registradas durante 2010 a 2020, los abusos contra los derechos humanos en toda América Latina crecieron en un 1, 050 por ciento, esto es, de ocho casos reportados en 2010 pasaron a 92 casos denunciados en 2020.

Imagen: En portada: Comunidades organizadas instalaron un campamento en 2016 para evitar la imposición de un parque solar en Choluteca, Honduras. Foto de Aldo Santiago

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