Justicia y libertad
Fueron liberados los ocho presos de Santa Cruz Barillas que permanecían detenidos
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Los ocho campesinos del municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango, que permanecían presos desde el 2 de mayo del año pasado luego de una durísima represión, fueron liberados el jueves al mediodía del llamado “Preventivo” de la Zona 18 de la capital del país, Guatemala.
La medida fue autorizada por un juez del municipio de Santa Eulalia, también de Huehuetenango, que clausuró el expediente y ordenó al Ministerio Público una investigación. En noviembre habían sido liberados otros dos campesinos, sobre lo cual Radio Mundo Real informó en ese entonces desde la “Gira Internacional de Solidaridad con comunidades afectadas por megaproyectos mineros en Centroamérica”, que visitó a los presos de Santa Cruz Barillas. La radio ha dado amplio seguimiento a este caso.
“La alegría que tenemos en estos días es la liberación de los ocho campesinos detenidos restantes de los 14” que eran en total, dijo a Radio Mundo Real el dirigente Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), parte de la Via Campesina. En la liberación “estuvieron los familiares, las esposas, los hijos de nuestros compañeros”, contó.
Según Pascual, este viernes los ocho liberados darán una conferencia de prensa y tendrán reuniones con autoridades responsables de hacer cumplir los derechos humanos en el país, para darle seguimiento a las denuncias de violaciones a esos derechos y a la lucha en Santa Cruz Barillas.
En ese municipio se lleva adelante un fuerte proceso de resistencia campesino e indígena a la construcción de la hidroeléctrica Santa Cruz, en manos de la empresa española Hidralia. Ese proyecto fue repudiado por las comunidades locales, en ejercicio de su derecho a las consultas populares, que desde 2007 entregaron más de un 90 por ciento de rechazo a emprendimientos hidroeléctricos y mineros en la región. Desde ese año la represión y persecución de dirigentes locales en la zona no cesa.
El 1º de mayo de 2012 en horas del mediodía un conjunto de hombres armados emboscaron a tres líderes comunitarios de la zona de Santa Cruz Barillas. El atentado logró asesinar a Andrés Francisco Miguel, y sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé fueron gravemente heridos. Los dos se negaban a vender sus tierras y sufrían persecución legal por parte de Hidro Santa Cruz, la empresa de Hidralia.
Las personas heridas y testigos de la muerte de Andrés Francisco Miguel relataron que sus agresores se conducían en vehículos similares a los de la compañía. Por eso la población asumió que el atentado fue promovido por personas vinculadas a ella.
Ese mismo 1º de mayo el gobierno del ultra derechista Otto Pérez Molina declaró Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, donde se celebraban por esos días las fiestas municipales. Hubo una gran manifestación en la zona para exigir justicia y el 2 de mayo fueron detenidos numerosos campesinos arbitrariamente, durante una durísima represión. Con el Estado de Sitio se desataron todo tipo de atrocidades: allanamientos, detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos, violaciones y desapariciones. Campesinos e indígenas heridos debieron esconderse en las montañas y hubo vejaciones de militares a mujeres y niños.
Al salir ayer del centro penitenciario los campesinos volvieron a contar a la prensa que habían sido detenidos por particulares, que los golpearon inclusive con armas. Fueron apresados en varias partes de Santa Cruz Barillas, sin que se les diera una explicación ni lectura de los cargos, en una flagrante violación a sus derechos sociales y políticos. Los campesinos dijeron además que no abandonarán la lucha por sus derechos.
“Ya no queda nadie más detenido. Es un aliento a la continuidad de la lucha en Santa Cruz Barillas, en vistas de que (…) la empresa Hidro Santa Cruz ha querido forzar al alcalde municipal para que firme el acuerdo, el compromiso, donde se autoriza plenamente la instalación de la hidroeléctrica en el río Cambalán”, señaló Pascual.
Según el dirigente, los campesinos que han sido liberados “quedan sin ningún proceso judicial” porque hubo en el caso “casi inexistencia de pruebas, de testigos de los delitos por los cuales fueron acusados”. “La empresa desistió de continuar con el caso porque creemos nosotros que no consiguieron pruebas, y no hay testigos, nada que les permita continuar con la acusación penal”, agregó.
A la hora de explicar el por qué del resultado favorable para los campesinos, lo que no es usual en nuestra América Latina, el representante del CUC dijo que hubo un buen trabajo jurídico del equipo de abogados, resistencia permanente de campesinos e indígenas y un trabajo de denuncias a nivel mediático.
Pascual también contó en la charla con Radio Mundo Real que hoy se realiza la audiencia por el campesino Felipe Gutiérrez, detenido en febrero del año pasado en las protestas contra las hidroeléctricas Palo Viejo I y II. “Así que en el día de hoy posiblemente tengamos buenas noticias de que se deje también en libertad a Gutiérrez”, acotó.
Foto: Comité de Unidad Campesina (CUC) – Via Campesina.
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