La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como “Ley Monsanto”, fue derogada este jueves, “de urgencia nacional”, con los votos a favor de 111 diputados al Congreso de la República, cuatro en contra y 33 ausentes.
Diversos sectores sociales, mayoritariamente campesinos, habían manifestado su rechazo a la legislación; Álvaro Folgar, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, consideró que derogar la ley fue lo mejor que pudo hacer el Legislativo; Folgar exhortó a los diputados a actuar con responsabilidad e incluir a la sociedad civil en la discusión y aprobación de leyes de impacto nacional.
El dirigente de la Vía Campesina Guatemala, Daniel Pascual, consideró que “es un gran triunfo para la lucha aquí en Guatemala, principalmente para los pueblos Mayas, Xincas y Garífunas, de los hombres y mujeres de maíz”.
Pascual señaló que esta ha sido una de las pocas veces que se ha podido hacer retroceder una ley en Guatemala, y que ha significado una derrota no sólo para la transnacional “Monsanto”, sino para las multinacionales semilleras Dupont, Bayer, entre otras empresas que “controlar la producción de semillas y alimentos”.
La “Ley Monsanto”, denominada así por considerarse que favorecería a esa compañía internacional, contemplaba penas de uno a cuatro años a las personas que utilizaran o transportaran semillas patentadas, sin el permiso del propietario.
Las licencias serían concedidas a personas individuales o jurídicas, nacionales e internacionales, que hubieran creado o descubierto una semilla, entre las que también se incluían las ya utilizadas, como el maíz o el frijol.
Representantes de diversas organizaciones, entre ellas la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG) habían señalado que esta legislación vulneraría la biodiversidad de semillas existentes en Guatemala, al favorecer los transgénicos, y pone en riesgo las cosechas de las milpas.
El pasado martes, varios miles de pobladores de Sololá, bloquearon la ruta Interamericana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en demanda de que ese mismo día fuera derogada la normativa, lo que fue posible hasta este jueves; los campesinos argumentaban que los pueblos originarios, a través de las abuelas y los abuelos, han desarrollado sus propias semillas durante más de 7 mil años.
“Cuando se habla de establecer normas que privaticen nuestra biodiversidad se habla también del exterminio de las culturas, un nuevo genocidio, un nuevo etnocidio, porque el objetivo es acabar con las culturas milenarias y dominar el sistema de alimentación”, señalaron.
En tanto, Israel Macario, director de la Plataforma Agraria, manifestó su satisfacción por la derogación de la normativa, que atentaba contra la salud y la seguridad alimentaria de todas y todos los guatemaltecos.
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