Artículo de Azalia Espinoza, Jazziel Baca y Martha Silva, publicado en el informe «Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central» de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018
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1. Introducción
Latinoamérica se ha convertido en el objetivo clave para que empresas transnacionales de los países llamados «Desarrollados» extraigan materias primas, pero estás son exportadas a Europa o Estados Unidos para ser procesadas en estos países y ser vendidas como producción propia, estableciendo así el modelo binomial de la modernidad, desarrollo y subdesarrollo, dos caras de una misma moneda. En el caso de Centroamérica, esta moneda lleva resonando en los discursos de todo mandatario desde que se forjaron nuestras naciones en la segunda década del siglo XIX.
2. Antecedentes
Honduras es un país con una amplia riqueza en bienes naturales, biodiversidad y minerales valiosos. Sin embargo, la riqueza natural sólo lo disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad. Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina: cerca del 66 por ciento de la población vive en la pobreza, según datos oficiales de 2016. En zonas rurales, aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema con menos de US$1.90 al día.
En Honduras, bajo la premisa del «desarrollo», entramos al engañoso modelo extractivista a partir de los años 1990, pero luego del golpe de Estado de 2009, toma un especial interés en la agenda de gobierno. En este mismo año se aprueba una nueva Ley General de Aguas, que permite la concesión de los recursos hídricos del país a manos privadas, inmediatamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) convoca a un proceso de licitación para 47 proyectos (decreto No. 100-1293/2009), de los cuales 40 quedan a manos de empresas privadas extranjeras (1). Posteriormente, se aprueba la Ley General de Minería mediante decreto 238-201 que permite la masiva concesión de territorios para la instalación de empresas mineras metálicas y no metálicas) y reformas a la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables por medio de decreto de ley 138-2013 la concesión de ríos para la construcción de represas hidroeléctricas en el país.
Abriendo así una nueva etapa de explotación de los bienes comunes y despojo territorial inconsulto, manifestado en proyectos mineros, fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos, que desde el 2010 han ido en un imparable crecimiento, sumando «más de 837 proyectos mineros potenciales, lo cual en términos territoriales significaría casi el 35% del territorio nacional. Además que hay 76 proyectos hidroeléctricos con estudio de factibilidad finalizado y/o contrato de operación aprobado en 14 de los 18 departamentos del país (Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Patuca, Santa Bárbara y Yoro)».
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha mencionado que «una de las redes de corrupción más relevante, es la que tiene que ver con el concesionamiento de las Alianzas Público Privado, particularmente con la construcción de obras públicas, como carreteras, peajes, servicios públicos como la energía eléctrica a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Agregó que en la concesión de proyectos hidroeléctricos hay fuertes indicios para que la MACCIH haga un
trabajo de investigación porque es evidente que ha existido corrupción y eso se puede probar con las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público».
En este sentido, las organizaciones ambientales, sociales e indígenas, se han sumado a la tarea de resistencia de estos proyectos, pero se ha pagado un alto precio, desde el 2009 han sido asesinados por proteger la tierra 123 activistas. En este contexto de persecución y asesinatos, se han unido para resistir varias organizaciones, entre ellas el Movimiento Indígena Independiente de la Paz-Honduras (MILPAH), que nace precisamente en el 2010 para defender a las comunidades lencas en el departamento de La Paz, integrado por hombres y mujeres indígenas. MILPAH ha estado bajo constante ataque por oponerse a la construcción de varias de las hidroeléctricas.
Sólo en 2015, cinco defensores ambientales de los derechos humanos en Santa Elena fueron asesinados, debido a su trabajo para llamar la atención y hacer valer sus derechos humanos en el contexto de las concesiones mineras e hidroeléctricas que afectan sus tierras ancestrales. Por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a 12 miembros de MILPAH medidas cautelares. Por otro lado es necesario resaltar que la mayoría de los proyectos extractivistas se han ubicado en zonas rurales, en donde el 60% de la población de los 8 grupos étnicos de Honduras vive o sobrevive (2), por lo que son los pueblos indígenas y afrodecendientes los que sienten directamente la inequidad, despojo y represión que estos proyectos suelen generar en el ámbito social y ambiental como la deforestación y contaminación; o la falta de las fuentes de agua, en varios casos (3) ha sido demostrado con las construcciones de las Hidroeléctricas en esta etapa extrativista hondureña.
Sin embargo, hay un sector importante que la integran los pueblos originarios que resulta ser la oprimida entre los oprimidos: la mujer indígena y garífuna (heterosexual o gay), sobre sus hombros carga los impactos inmediatos de la escasez o cautiverio del agua producto de los proyectos hidroeléctricos, debido a los roles impuestos, ya que es ella las que se ha encargado históricamente de la reproducción social, como nos mencionan varias mujeres organizadas en los Consejos Indígenas y Juntas de Agua, afectadas por las hidroeléctricas en el departamento de La Paz.
3. La lucha que libran las mujeres
Las mujeres organizadas se enfrentan a múltiples opresiones, luchas y resistencias, ya que batallan en contra de la colonización capitalista, en contra del patriarcado que muchas veces comparte el espacio con las mismas organizaciones en las que se milita. El trabajo de la mujer ha quedado en el anonimato, siempre han estado allí aunque no las veamos.
El rol que históricamente la sociedad ha obligado cumplir a la mujer, es el de reproductora de la fuerza de trabajo. Este papel no es remunerado ni reconocido, además esta tarea convierte a la mujer en la principal usuaria del agua y cuando hay escasez es la que carga la responsabilidad de abastecer a la familia del vital líquido, como lo manifiesta María Lorenzo, integrante de MILPAH que
habita cerca de una de las hidroeléctricas:
«Me afectó porque yo vivo debajo de esa máquina (refiriéndose a la turbina de la hidroeléctrica). Cuando yo quise luchar por sacar el agua y fui a entrevistar a don Arnol, ¿qué me dijo don Arnol?. Se engavetó las solicitudes que yo le di… ‘Sí abuela, le vamos a poner el agua, usted no se preocupe’. Así quedó y nunca me puso el agua. ¿Y él cómo está? Está bebiendo buena agua y nosotros agua sucia, bebiendo agua lodosa, bañandonos con agua lodosa… Solicitudes ¿cuántas? Como tres le entregamos y las engavetó… No nos cumplió lo que dijo y cuando andaban sacando esa cosas (mediciones antes de la construcción), llegaron unos hombres a la casa… me dijo ‘aquí van pasar las líneas para que pase (la represa) y usted va a vivir en una buena casa, por otro lado para Granadilla’… Yo no soy de Granadilla, yo me muero aquí… Pero ustedes no (van a pasar)… ‘¿Y su esposo qué opina?’… No, ¡yo opino sola porque soy mujer!… Mire cuando se hace lodo no hayamos por dónde agarrar un poquito de agua limpia”… (Escuchar esta entrevista en Radio Mundo Real)
Gladis García (4) menciona que «la diferencia que he sentido en la comunidad es el impacto del agua, no hay agua, imagínese… (los niños) que tienen de cinco para abajo, ahorita con diarreas, fiebres, están padeciendo ahorita en San Francisco, hoy que venía en la mañana… Me preocupa con la demás gente que no tiene agua y está consumiendo el agua del río y esa agua está contaminada, usted sabe que todas las heces, animales muertos y basura, todo lo que es contaminación cae al río y a veces la gente tiene que beber de esa agua, lavar de esa agua, bañarse de esa agua y me parece que eso es que está contaminando ahorita a los niños que están padeciendo de enfermedades crónicas… Es zona seca, no hay pozos de agua limpia, nosotros la recibimos de otras comunidades de montañas altas».
Proteger los bienes comunes como el agua se ha convertido en la agenda de las mujeres organizadas, por ser las principales afectadas, sin embargo, se ha pagado un alto precio, desde fuertes amenazas, pasando por agresiones psicológicas y físicas, con especial énfasis hacia la mujer indígena y garífuna organizada como el caso de Ana Miriam Romero (5), hasta muertes, en su mayoría de hombres pero también mujeres de organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Paula Gonzales (2013), Berta Cáceres (2016) o Lesbia Yaneth Urquia (2016), madre de tres hijos y militante activa del COPINH quien desde el 2009 se dio a conocer como férrea defensora de los bienes comunes oponiéndose a la construcción de la hidroeléctrica Aurora I en municipio de San José. Lesbia se encontraba inmersa en un contexto suspicaz, en el marco de un proceso de «consulta» llevado a cabo por el gobierno de Honduras, acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada», los días 4 y 5 de Julio, en Marcala, La Paz.
Las mujeres organizadas en MILPAH han creado sus propios espacios de construcción, pero también han logrado mayor participación dentro de las estructuras de toma de decisión y dirección. Tal es el grado de participación que han obtenido, que en la comunidad Simpinula, la repartición de las tierras comunales se hace independientemente del género, cada hombre y mujer tiene su parcela por igual para trabajarla y la labor es colectiva. En este sentido la participación de las mujeres en la lucha ha sido fundamental, así lo expresó María Felicita López, dirigente de MILPAH; sin embargo, no se puede negar que las mujeres en diversos aspectos se enfrentan de una forma muy diferente pero contundente, con una crisis muy fuerte en todos los niveles tales como: el desempleo, el despojo, el fracaso del salario masculino, la violencia psicológica, amenazas e intimidación por fuerzas represoras del Estado, la discriminación, la criminalización de la lucha, violencia sexual y la violencia física sólo por considerarlas inferiores a los hombres, todo esto ha obligado a muchas mujeres a salir de la casa, tomar un segundo trabajo que se ha añadido al trabajo doméstico no pagado, así que ahora la jornada laboral de las mujeres es una jornada sin fin, esto como consecuencia del fracaso de las pocas políticas sociales del Estado hondureño y como resultado del machismo que impera en este país.
La construcción de las represas ha provocado o genera efectos negativos como: que el nivel de pobreza vaya en ascenso, que exista represión violenta de parte de los órganos de seguridad del estado y de las mismas empresas y de igual manera la criminalización de la protesta social, además que el índice de mujeres asesinadas por defender el medio ambiente cada año se eleva, que cada vez sean mayores los impactos en la salud como problemas respiratorios y oculares, debido al polvo producido durante su construcción, la contaminación de los recursos hídricos, y ha provocado impactos negativos en los medios de vida y alimentación del pueblo indígena Lenca.
4. Propuesta
En fusión con MILPAH y con miras a la búsqueda de una justicia social para las mujeres indígenas en la lucha; el Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de incidencia política de las mujeres, tanto organizadas como no organizadas, a través de la formación permanente en temáticas de: negociación, derechos humanos y particularmente derechos de la mujer, el convenio 169 de la OIT e incidencia política, se promueve y apoya espacios de consulta libre previa e informada en donde se logre una inclusión significativa de la mujer, es decir; que ellas formen parte de la toma de decisiones en la organización, aplicación y beneficios de la misma.
Se hace sinergias con diferentes organizaciones sociales, (entre ellas organizaciones feministas) y con tomadores de decisiones, para construir políticas públicas que contribuyan a la protección del ambiente y al desmantelamiento de los proyectos hidroeléctricos. Como Movimiento Madre Tierra, se establecerá contacto directo con el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), para darle seguimiento a las denuncias de torturas en general y especialmente violaciones sexuales y otras violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres que están en la lucha, así como las mujeres en general, que ocurren debido a la negligencia existente por parte de la institucionalidad, particularmente de la municipalidad para atender los casos de esta naturaleza; la población se siente indignada y particularmente las mujeres porque la mayoría de los casos por no decir todos se quedan en la impunidad. Para realizar este trabajo se capacitará a un grupo de mujeres pertenecientes a los consejos comunitarios que tiene organizado MILPAH, para que sean ellas quienes documenten y hagan la remisión al CPTRT, así como a los entes del estado responsables de atender estos casos.
5. Conclusiones
En los últimos años, el gobierno de Honduras, de tendencia neoliberal, ha profundizado el modelo económico basado en la explotación sin reserva de los bienes naturales de los territorios, sobre todo de territorios indígenas dado su abundante riqueza natural. Al pretender la explotación de los recursos naturales para generar capital privado, el Estado entra en conflicto con las comunidades indígenas que se manifiestan en contra de los proyectos, a lo que el Estado responde con la militarización de las comunidades, la violación de derechos humanos, la criminalización de la protesta y el asesinato de activistas ambientales.
En este escenario de conflicto, la mujer indígena ha sido quién ha sufrido no solo por su condición de mujer en una sociedad patriarcal y machista, sino que también por su condición de mujer indígena que acarrea pobreza, rechazo y discriminación. La mujer indígena lenca sufre las consecuencias directas del despojo y la explotación de los territorios, al ser ésta la que abastece su hogar, por lo que cuando las comunidades se manifiestan en contra de los proyectos extractivos, las mujeres indígenas son las que llevan adelante la resistencia.
Notas:
(1) PBI (S/F) «Concesiones de ríos, represas hidroeléctricas y exclusión: el conflicto social a partir de las represas en los valles del norte de Santa Bárbara» Diponible aquí.
(2) PNUD (2012). «Informe sobre desarrollo humano, Honduras 2011, Reducir la inequidad: un desafío impostergable», Página 179.
(3) Hidroeléctricas como Corral de Piedras, Los Encinos, Aurora I y II en La Paz o la represa Petacón en Reitoca, Francisco Morazán
(4) Vecina de San Francisco del municipio de Santa María, pertenece al Consejo indígena de su comunidad, es parte de MILPAH.
(5) Vecina de San Francisco del municipio de Santa María, pertenece al Consejo indígena de su comunidad, es parte de MILPAH.
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