El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento llega hoy a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para reunirse con organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, les compartimos este informe publicado ayer por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Pretende ser una fuente de información tanto para ustedes como para el relator al momento de redactar su informe y hacer recomendaciones al gobierno mexicano.
El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.
A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y a megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.
Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.
Redes y comunidades que han animado este proceso:
La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.
Portada: Mujer en Filomeno Mata, Veracruz. Foto: Alianza Mexicana contra el Fracking
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Extracto:
VI. Extractivismo y megaproyectos: violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
6.2. Extractivismo y sus impactos en el derecho humano al agua y al saneamiento
Las empresas mineras no solo gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación entera solo beneficien a unos cuantos, sino que con las recientes reformas a la ley minera y la energética (que cabe recalcar, permite el fracking -o fracturación hidráulica), refuerzan el estatuto de estas industrias, reconociendo que son una «industria de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos son de interés nacional y orden público priorizando éste uso por encima de cualquier otro uso.» [Análisis de leyes de reforma energética: Artículo 96 de Ley de hidrocarburos. Alianza Mexicana contra el Fracking. 24 Julio 2014]
Las licitaciones para explotación de hidrocarburos vía fracking iniciaron y representan un peligro inminente para lograr el acceso universal alagua potable. El fracking conlleva una contaminación tóxica e irreversible del agua así como la fractura del ciclo mismo del agua por la contaminación de ecosistemas hídricos y el secuestro de grandes volúmenes de agua que se hace cuando se inyecta el agua de retorno del proceso, en pozos letrina (uno de los métodos para «deshacerse» del agua tóxica).
Por otro lado, se otorgan concesiones de explotación de acuíferos a embotelladoras como Coca Cola, Pepsi Cola y Danone (siendo estas las que acaparan el 82 % del valor del mercado en términos de ventas totales), las cuales no solo no son reguladas y fiscalizadas adecuadamente, sino que los pagos anuales de estas concesiones son absolutamente ridículas en relación a las ganancias que tienen estas empresas a partir del agua. Por ejemplo: Coca Cola FEMSA paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y tan solo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos60. Esta falta de proporción de pago por derechos de explotación y utilidades revela como el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales, el pago adecuado de estos volúmenes podría, por ejemplo, financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella. [Esas concesiones se otorgan también a cerveceras como Constellation Brands, que acaba de inaugurar la planta más grande de Latino-América en Coahuila y tiene el proyecto de construir otra en Mexicali, B.C.]
Aunque a nivel nacional, México experimenta un grado de presión (agua empleada en usos consuntivos respecto al agua renovable) del 19.2%, lo cual se considera bajo; sin embargo, existe una gran diversidad regional: el mínimo es de 1.7% en la Frontera Sur y el máximo 138.7% en el Valle de México. El grado de presión sobre el recurso hídrico incrementa la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático, pues en estados con la mayor actividad minera, como Zacatecas y San Luís Potosí, por ejemplo, el impacto de la sequía derivado del cambio climático, «puede tener consecuencias desde leves hasta catastróficas». (CONAGUA, 2014).
De acuerdo con la misma institución la calidad del agua, tomando en cuenta el indicador de demanda química de oxígeno, el 26.6 % de las aguas está contaminada y el 5.8% fuertemente contaminada:
[Las RHA son las Regiones Hidrológico-Administrativas de México: I: Península de Baja California; II: Noroeste; III: Pacífico Norte; IV: Balsas; V: Pacífico Sur; VI: Río Bravo; VII: Cuencas Centtrales del Norte; VIII: Lerma-Santiago Pacífico; IX: Golfo Norte; X: Golfo Centro; XI: Frontera Sur; XII: Península de Yucatan; XIII: Aguas del Valle de México]
A lo anterior se suma que el territorio cuenta con áreas extensas de cuencas hidrológicas con veda. Ante este panorama a nivel nacional existe una gran la vulnerabilidad para cubrir las necesidades de la población, aún más considerando que todavía existe un porcentaje importante de la población que carece de los servicios básicos para acceder al agua. No obstante, al igual que en otros países de Latinoamérica el camino por el que han optado las políticas públicas del país han sido por el desarrollo a partir de la industria extractiva generando legislaciones que sobreponen el agua para este tipo de industria al consumo humano. Esto es claramente visible a partir de la Ley Nacional de Aguas de México de 1992 que sienta los precedentes tanto para la privatización del agua como el preparar las condiciones para dar preferencia a la industria en las concesiones. Posteriormente, la reforma a la Ley Minera y la reforma Energética han continuado en esta vía.
En la Figura 3, se muestran las concesiones mineras vigentes y los campos de exploración y explotación considerados en el plan quinquenal. Es notorio el crecimiento que se pretende para la minería (en particular una de los tipos de minería que se desarrollarán más será la de cielo abierto para la extracción de metales como el cobre y la plata. Si bien los efectos de estas políticas cobrarán importancia en los próximos años, muchos de éstos ya son evidentes. Por ejemplo, en la Figura 4, se pueden observar los volúmenes concesionados por sector, en donde se hace evidente que el agua dedicada a las actividades industriales es cerca del 50% del agua dedicado al sector Público Urbano.
Para finalizar, incluimos algunos puntos importantes sobre la industria minera, que afectan o podrían afectar los derechos humanos al agua y al saneamiento.
La industria minera impacta en el uso y calidad de aguas superficiales y subterráneas amparadas bajo el artículo 19 de la ley Minera, que otorga al concesionario el derecho de:
V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;
VI.-Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;
Durante 2014, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo temporal. (Cartocrítica, 2016).
La reforma al artículo 27 de la Constitución permitió la expropiación de la tierra, al agua y el uso del suelo por razones de «utilidad pública» (que incluyen la industria minera -además de los hidrocarburos), y ello propició un cambio de orientación en la legislación minera: se simplificó el otorgamiento de concesiones mineras, facilitando la entrada de inversión extranjera directa a la minería.
Más lectura sobre el impacto de la industria extractiva sobre el agua:
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