Por: Miguel Guevara y Lucía Vergara. En Animal Político
El gobernador Javier Lozano cuelga el teléfono; acaba de hablar con su amigo, el jefe de los servicios de inteligencia mexicana. Lozano le pidió un favor: enviarle un archivo electrónico con toda la información que se tenga de Natalia Zuvire, conocida activista de la capital poblana por su oposición a una mina a cielo abierto en Tetela de Ocampo y por sus exigencias sobre transparencia en el gasto público. Natalia se ha convertido en una piedra en el zapato para el ex senador Lozano, que gustaría de gobernar sin grillos que hagan “ruido” por todo.
Dos horas después, en el correo del gobernador, hay un archivo de varios gigabytes. Contiene los lugares que ha visitado Natalia desde julio del 2014, fecha en la que el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones. El archivo, además, contiene los registros de todas las llamadas que ha hecho la activista desde entonces, la duración de las llamadas, los nombres de aquellos con quienes se comunicó, las páginas de internet que ha visitado, la información de los correos electrónicos que ha mandado, los registros de sus chats de WhatsApp y todas las marcas digitales que ella ha dejado.
El correo contiene un link con un nombre de usuario y contraseña al sistema que le permitirá al gobernador seguir en tiempo real la ubicación de Natalia, saber con quién habla. La información le servirá al mandatario para amedrentar a la activista para que le baje. En caso contrario, el Ejecutivo le ha comentado a sus asesores que escalará la intimidación “hasta las últimas consecuencias.”
Esto es lo que podría pasar en México, en unos años, si el Congreso aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto, en su artículo 190, otorga a las agencias de seguridad del Estado mexicano (Procuradurías, CISEN, Ejército, Marina, PF, Segob) la capacidad de recolectar todos los datos que nuestras comunicaciones y actividad en línea generen sin control judicial. Es decir, el ejército podrá exigirle a nuestro proveedor de acceso a internet el registro de nuestras comunicaciones. Además, se tendrá una plataforma que monitoree en tiempo real cada paso que damos, dónde estamos, con quién nos reunimos y cualquier huella digital que generemos.
En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a las autoridades quienes frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.
El proyecto de ley es un cheque en blanco para la vigilancia masiva. No existe en la propuesta un cuerpo independiente y ciudadano que supervise la recolección de datos. Los ciudadanos tampoco sabrán al finalizar la investigación quién los investigó, por cuánto tiempo o qué datos fueron recolectados. Mucho menos se nos otorga la garantía de apelar la investigación judicial. En suma, no hay elementos para garantizar el debido proceso. Ésta, es la receta para establecer un Estado vigilante basado en el abuso, que facilite la represión de la protesta social y el camino a una nueva forma de dictadura articulada desde internet.
Si parece lejano este escenario, no es así, ya empezó. Mientras se discutía en el Senado el proyecto de ley, activistas fueron expulsados a golpes y con violencia de la discusión. Parece que al Senador Lozano (quien pidió que fueran expulsados), le incomoda desde hoy la presencia de voces disidentes.
En ARTICLE 19 se han señalado puntualmente las áreas de preocupación del proyecto. Creemos necesaria una profunda revisión y un verdadero debate público y abierto sobre estos puntos basándose en la máxima garantía de los derechos humanos. El proceso democrático de nuestro país está en riesgo, nos toca a todos hacernos escuchar.