Los manifestantes rechazan la corrupción y piden la renuncia de Otto Pérez tras la defenestración de la vicepresidenta Baldetti
elpais.com
El grito de “Otto Pérez, renuncia” fue el más coreado este martes por una manifestación de campesinos que, desde las 6.00 de la mañana, recorrió las principales vías de acceso a la capital de Guatemala. Los manifestantes acusaron al presidente de corrupción. Aunque concurrida —entre 12.000 y 15.000 participantes, en su mayoría indígenas—, el número quedó lejos de los 60.000 que habían adelantado los organizadores.
A las demandas que han caracterizado al movimiento —rechazo a la corrupción y la petición de renuncia de Otto Pérez tras la defenestración de la vicepresidenta Baldetti—, los campesinos claman porque no se reduzca a “un cambio de caras”, sino que se proceda a una reforma profunda del Estado, y que se convoque a una asamblea constituyente que redacte una Carta Magna más acorde a la nueva realidad de Guatemala. Añaden pedidos más acordes con sus necesidades, como la nacionalización de la energía eléctrica y la prohibición de la minería a cielo abierto.
Este clamor, no obstante, se vio eclipsado por un nuevo escándalo de corrupción. La cúpula entera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue capturada después de que el Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destaparan un escándalo de tráfico de influencias que permitió que los tratamientos de hemodiálisis para enfermos renales se adjudicaran a una empresa que no cumplía los requisitos mínimos. Hasta 17 pacientes han muerto, y más de 100 sufren serios quebrantos de salud como consecuencia de los medicamentos administrados.
Entre los detenidos se encuentra el Presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, quien hasta su nombramiento para ese cargo se desempeñó como secretario privado de la Presidencia, y el presidente del Banco de Guatemala (central), en su calidad de asesor económico. Como la mayoría de altos cargos, ambos fueron nombrados por Pérez Molina.
En una rueda de prensa, el comisionado de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, explicó el procedimiento anómalo para otorgar el contrato a una empresa claramente no calificada, pero por el que las autoridades del IGSS cobraron una comisión que oscila entre el 15% y el 17% del monto total del contrato.
Pérez Molina dijo que los funcionarios por él nombrados traicionaron su confianza. “No admitiré culpa. Los que fallaron fueron ellos”, expresó, y añadió que respetará “la independencia de poderes, por lo que el desenlace solo corresponde a los tribunales de justicia”.