COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS: “LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO”

Enero 2014

“Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano”.

Nosotras y nosotros como Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático consideramos fundamental profundizar en el análisis y denuncia del contenido y consecuencias de dichas reformas, así como en la articulación de espacios de información, discusión y organización popular que den como fruto propuestas colectivas de resistencia y construcción de alternativas al modelo expropiador de la vida que imponen los gobiernos y corporaciones transnacionales para los que éstos trabajan.

Éste Comunicado es una de nuestras propuestas de análisis y así abonar a la información que nos permita caminar la autodeterminación de los pueblos, comunidades y colectividades diversas que están caminando para construir y defender otros mundos y relaciones posibles, con justicia y dignidad para todas y todos.

Nota:

Organizaciones del MOVIAC-Chiapas llaman a “insurrección nacional” tras la reforma energética

Por Isaín Mandujano, en ChiapasParalelo

 

COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS “LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO” Enero 2014

DESCARGAR: http://www.scribd.com/doc/201503757/COMUNICADO-Ref-Energ-2014-doc

Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacífico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano.

La Reforma Energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado dando preferencia a sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y de la apropiación de grandes extensiones de tierra. Privilegia las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población, la protección y garantía de los derechos humanos. El Artículo transitorio 8° de la Reforma de Ley, establece: “Que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico. Y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”.

Para garantizar la imposición de la Reforma Energética, el gobierno y los partidos políticos impulsan paralelamente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley Agraria, a la Ley de Amparo; y a la Ley de Expropiación con el fin de incluir como causal de utilidad pública las obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los Artículos 27 y 28 Constitucionales, que estén contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sin necesidad de un Dictámen Técnico. Por si los comuneros o ejidatarios pretenden recurrir a un amparo, se prevé modificar la Ley de Amparo con el fin de no conceder la suspensión del acto reclamado. Los ejidatarios y comuneros sólo podrán recibir una indemnización determinada por una Institución de Crédito a la que se le otorga el poder de determinar el monto de la indemnización.

Por tanto, la Reforma Energética entrega el sector a las trasnacionales, favoreciendo el acaparamiento de tierras en total indefensión de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esto generará desplazamiento forzoso, pobreza, pérdida de acceso al agua, a la producción de alimentos; aceleramiento de la deforestación y de la emisión de Gases Efecto Invernadero y por tanto agudización del Cambio Climático. Por ello, esta Reforma Energética y su consecuente acaparamiento de tierras es un crimen de guerra.

Es indignante que tanto el gobierno mexicano como las empresas nacionales y extranjeras antepongan sus intereses económicos a los derechos de los pueblos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al consentimiento previo, libre e informado, entre muchos otros poniendo en riesgo a gran parte de la población que se asienta en las regiones donde se pretende explotar diferentes fuentes energéticas. Hay que recordar el desastre producido por la empresa transnacional British Petroleum que contamino la parte norte del Golfo de México o los innumerables derrames de petróleo que se registran cada año en México.

Asimismo las afectaciones a la flora y fauna tampoco serán contabilizadas dentro de los análisis de costos de inversión de las empresas, dado que el actual contexto de reformas en nuestro país permitirá la violación sistemática de las legislaciones ambientales, exonerando de sus delitos a las mismas y fomentando la impunidad al permitir el ecocidio, como en el derrame ocasionado en el rio Coatzacoalcos a principios de 2012, donde se derramaron más de mil 500 barriles y la empresa Caprimex S.A de C.V, después de varios meses, todavía no indemnizaba a los pescadores afectados.

Un dato más, que quizás es nuevo en México es el hecho que la reforma impulsa la extracción de Gas de Lutita (Gas Shale) la cual es muy peligrosa utilizando un procedimiento denominado fractura hidráulica o fracking, gastando cantidades desorbitantes de agua mezclada con arena y químicos para romper la roca y liberar los hidrocarburos. Se habla de cinco millones de galones de agua por fractura, es decir, casi veinte millones de litros. Los daños inmediatos es la inminente filtración del agua contaminada que llega al subsuelo depositándose en acuíferos y que tendrían un efecto directo en la salud de los pobladores de ciudades y pueblos que consumen el agua directamente de estos. Además, algo que no se ha mencionado es que no existe una tecnología para tratar las aguas residuales, por tal motivo no podrán ser utilizadas para otra actividad. Por otro lado, la realidad y experiencia en Estados Unidos ha dejado ver que las empresas que se perfilan para desarrollar la extracción de gas shale en México, tienen el interés económico de recuperar sus pérdidas en ese país, pues por afectaciones que han ocasionado, han pagado multas millonarias en dólares, mientras que en México ante alguna contingencia solo tendría que enfrentan amonestaciones de algunos cientos de pesos. Las zonas donde pueden explotar ese gas de lutita están sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León, pero también se hallan en los alrededores del puerto de Veracruz y otras regiones densamente pobladas del país. En muchas de ellas, sobre todo las que están en el norte, hay escasez de agua.

Las empresas multinacionales saben muy bien que en México, por medio de esta reforma tendrán acceso a una riqueza en reserva de hidrocarburos que equivale a un aproximado de 3 billones (millones de millones) de dólares, de los cuales el 50% de los recursos prospectivos del país se localiza en la cuenca del Golfo de México, lo que implicaría recuperar 29 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo, volumen de hidrocarburos superior a la reserva original total de Cantarell. Al mismo tiempo nuestro país cuenta con abundantes reservas de gas natural convencional que rondan el orden de los 61 billones de pies cúbicos, cuenta con la tercera reserva más grande en el mundo de gas de lutitas que aún no se ha explotado, con aproximadamente más de 600 billones de pies cúbicos y Pemex se mantiene como el quinto productor mundial de petróleo, es también el quinto exportador y las reservas mexicanas se ubican en el decimotercer lugar mundial; los costos de extracción son los más bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de Statoil, 9.55 de Exxon o 13.62 de Petrobras.

La reforma energética ha sido elevada a rango constitucional, por tal ha dado un golpe letal a la soberanía nacional ya que el Estado mexicano renunció a su soberanía sobre el viento, el sol, el agua y los recursos renovables mediante los cuales vivimos los pueblos. Esta reforma es un atentado directo contra la vida, los pueblos, la cultura. Un atentado directo en contra de nuestra madre tierra.

Enrique Peña Nieto y los actuales senadores y diputados federales y estatales que se han prestado a sacrificar al país y los derechos humanos, son los responsables de tal decisión histórica que impacta a más de 100 millones de mexicanos y mexicanas. Por ello, hacemos eco del llamado a la insurrección nacional en contra la guerra desatada de la clase política contra las mexicanas y los mexicanos. De igual manera hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, productivas, sociales; a redes y movimientos, a ejidatarios y comuneros, a todo el pueblo de México a declarar tierras, territorios y cualquier espacio libres de megaproyectos y ejercer mecanismos de defensa y protección de los mismos.

!!! NO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES !!!
!!! LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE !!!
!!! PRESOS POLITICOS, LIBERTAD !!!

Atentamente,
Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC/Chiapas)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA/Chiapas)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rìos (MAPDER/Chiapas)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH A.C)
Otros Mundos AC/Chiapas
Movimiento Campesina Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN)
Central de Organizaciones Campesinas y Populares – Chiapas (Cocyp – Chiapas)
Centro de Educación Integral de Base, A. C. (Ceiba A. C.)
Mujeres de Maíz A. C.
Kinal Antzetik A. C.