Pese a ser América Latina una región bendecida con abundantes riquezas naturales, la explotación de esos recursos se convierte en una maldición que atrapa a los países en dinámicas de las que es muy difícil salir, que benefician a las élites y marginan y criminalizan a los directamente afectados; los campesinos y los pueblos indígenas, los más pobres y vulnerables que se resisten a ser despojados de sus territorios.
Observatorio de Conflictos Mineros -OCMAL
Más de una veintena de académicos y activistas latinoamericanos y europeos acudieron a un debate convocado por la Fundación Heinrich Böll, cercana al Partido de Los Verdes, que discutió el retorno de los países de América Latina al modelo de explotación y exportación de materias primas como motor de desarrollo.
Los organizadores cuestionaron si este camino ofrece una solución a las demandas sociales, como afirman incluso los gobiernos de centroizquierda de la región, o si es más bien una ‘maldición’ que profundiza la brecha de desigualdad, mina la participación política y anula las conquistas sociales ancladas en las reformas constitucionales. Neoextractivismo: una trampa
“Es un debate muy polémico en América Latina hoy en día. Los gobiernos llamados progresistas, desde los que se autodenominan revolucionarios hasta los socialdemócratas, Uruguay, Argentina y Brasil, han acentuado la lógica extractivista para responder a las demandas sociales de la gente que votó por ellos. Aunque en algunos casos se ha reducido la pobreza, la desigualdad, y hay políticas de mayor acceso a la educación y a la salud, el problema es hasta qué punto es posible concebir este ‘neoextractivismo’ como una etapa que puede ser superada”, afirma el sociólogo venezolano Edgardo Lander, encargado de abrir la conferencia con un repaso sobre el papel histórico de América Latina como proveedor de materias primas en la división internacional del trabajo desde el surgimiento del capitalismo.
“Se argumenta, con lo que estoy de acuerdo, que el extractivismo no es sólo una forma de producción sino que es una forma de organización de la sociedad. Crea relaciones sociales, instituciones, formas de organización del Estado, crea escenarios imaginarios y expectativas, intereses, trabajadores y sindicatos. Estas lógicas tienen una inercia de autorreproducción y de autodefensa que profundizan este modelo bajo nuevas condiciones históricas, en donde la producción está dirigida hacia otros mercados, ya no hacia Estados Unidos y Europa sino crecientemente hacia China y el sur Asiático”, afirma Lander.
El intelectual venezolano, que participa activamente en los movimientos sociales que se opusieron al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), mencionó como ejemplo a su país, que lleva cien años en esa lógica ‘rentista’, pero también lamentó el caso de Ecuador. “Venezuela está atrapada en una lógica rentista de la que no encuentra una salida. Es muy lamentable que Ecuador, un país que tiene una historia petrolera de décadas, pero que no tiene historia minera, abra la minería como paso hacia una sociedad post extractivista, con la instalación de un orden social que posteriormente será extraordinariamente difícil de romper”, advierte.
Muchos recursos al Mundial
La activista brasileña Julianna Malerba, representante de las organizaciones FASE (Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional) y RBJA (Red Brasileña de Justicia Medioambiental), recordó que su país ha invertido millones de dólares de recursos provenientes de la industria extractiva para la organización de la Copa Mundial de Fútbol, pero las condiciones de vivienda, de salud, de educación y de movilidad en las ciudades son muy precarias. La activista cuestionó lo que llamó ‘visión occidental desarrollista hegemónica’.
“El modelo de desarrollo urbano e industrial está mostrando sus limitantes en las ciudades, es ahí donde se ven las aspiraciones de la gente a tener su propio coche, casa, y más bienes de consumo”. Malerba mostró un mapa con la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, recortada por gasoductos, oleoductos y puertos que sirven a ese modelo extractivo, que tiene un impacto sobre la vida de la población urbana y de los pescadores que viven de la bahía. La activista destacó que las fuerzas sociales, ya sea desde el campo o desde las ciudades, deben incidir en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales y los modelos de gestión del suelo urbano.
Comunidades que resisten
En el debate fueron presentados casos de comunidades que se han resistido a la presión de las autoridades y consorcios trasnacionales, rechazando la entrada de proyectos de megaminería. Uno de ellos fue el caso de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, en Guerrero, México, presentado por María Luisa Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los Me’phaa es una comunidad tlapaneca que habita desde tiempos prehispánicos una región de la Montaña Alta de Guerrero. En esa región está concentrada la población indígena con los niveles más bajos de desarrollo de México. Pese a que logró el reconocimiento de sus tierras comunales y su carácter eminentemente indígena en 1994, sus pobladores no fueron consultados sobre una concesión minera otorgada a minera Hochschild Mining con sede en Perú, especializada en la extracción de plata. Se enteraron por ‘rumores’.
Asistida por Tlachinollan la comunidad interpuso una demanda de amparo ante las instancias jurídicas de la entidad. Según Tlachinollan, la concesión otorgada contraviene la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta a comunidades indígenas. “Se concedió la suspensión y hasta que no se decida sobre el caso no puede haber ninguna actividad”, dijo María Luisa Aguilar, que destacó el negativo impacto de la minería, que destruye el tejido social en la región, lo que permite la entrada a grupos criminales en un Estado en donde crecen las redes de narcotráfico.
Argentina: ¡Famatina no se toca!
En Argentina el cerro de Famatina, en el noroeste del país, es orgullo de sus pobladores que disfrutan verlo en las mañanas, que atraiga turismo ecológico y que sea destinado a la producción de frutas. Ana Di Pangracio, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), contó la lucha de sus pobladores contra un proyecto de megaminería otorgado a la multinacional canadiense Barrick Gold, la mayor a nivel mundial especializada en la extracción de oro.
“Se organizaron, resistieron ataques de la empresa y de las autoridades, fueron víctimas de espionaje y de causas judiciales contra los líderes de la resistencia, y una militarización de la zona con el objetivo de intimidar la protesta. Al final, Barrick Gold, acabó retirándose”.
Estos movimientos de resistencia fueron calificados por Edgardo Lander como luz de esperanza. “Todos los grandes proyectos de minería a cielo abierto en América Latina están encontrando resistencia, igual está ocurriendo con las grandes represas hidroeléctricas o la expansión de la frontera petrolera. Este modelo extractivo afecta territorios de pueblos campesinos, indígenas, de pequeñas comunidades urbanas. La defensa del territorio y la protección en términos ambientales y sociales ante la invasión de esta lógica depredadora extractiva es la mayor luz de esperanza”.