PRONUNCIAMIENTO
En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, nos reunimos organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca, con representación de organizaciones de Chiapas y el Distrito Federal para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país, mismas que carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado.
Desde 1917 no se habían realizado modificaciones constitucionales tan profundas como las que se están implementando a partir de la gestión de Enrique Peña Nieto, las cuales favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras: Ley de Hidrocarburos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley Hacendaria, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Amparo, Ley de Expropiación, Ley de Bienes Nacionales, Ley Laboral, Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética, Ley de Asociaciones Público y Privadas, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, Ley General de Educación y por último, la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones, han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país, representando un despojo territorial legalizado.
Un ejemplo de este despojo lo representan los proyectos en nuestro estado de Oaxaca, como la construcción de la Presa Acueducto Bicentenario, mejor conocida como Paso Ancho, que busca privatizar el abasto de agua en la capital del estado; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, instrumentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la presa derivadora Flores Magón (CONAGUA), que continuamente provoca inundaciones a poblaciones negras-afromexicanas, en la región de la costa de Oaxaca; la política de concesiones que afecta a campesinos y campesinas organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en el Valle de Ocotlán y los proyectos mineros “San José” impuesto por la compañía Fortuna Silver Mines, “Natividad” por la compañía Minera Natividad y Anexas y Sundance y el proyecto “Plata Real” impulsado por la empresa del mismo nombre.
A pesar de que se ha intentado por las vías legales y pacificas resistir y defender nuestros territorios, la respuesta de las autoridades en el mejor de los casos ha sido la omisión, así como mesas de diálogo inútiles e ineficaces.
Desafortunamente para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias.
Ante este escenario de amenaza, DENUNCIAMOS:
Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características previstas en la Observación General N° 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para el acceso al agua: cantidad, calidad, suficiencia y asequibilidad, ya que la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas.
Para el gobierno mexicano el derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, tal es el caso del borrador de la Ley de Aguas presentado por la CONAGUA en 2013, en el cual no contempla ninguna de las propuestas realizadas por la sociedad civil en el proyecto “Agua para todos, agua para la vida” Por el contrario la agenda de dicha dependencia se traduce en enormes proyectos de infraestructura, como presas, trasvases, tratadores, pozos profundos, etc., que tienen una afectación de alto impacto para las poblaciones donde se instrumentan.
CONAGUA, uno de los organismos más denunciados por parte de las comunidades en el país por brindar servicios a intereses privados, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos. Tal es el caso que enfrenta la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Aunado a esta situación, dichas comunidades están siendo presionadas mediante el cobro excesivo por el servicio de la luz eléctrica.
La CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a las comunidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para la aceptación del proyecto Paso de la Reina, aun cuando existen actas de asamblea firmadas por 43 comunidades rechazando el proyecto. De igual forma se ha intentado coaccionar la decisión de estas comunidades a través de la limitación de recursos y entrega de proyectos dirigidos a los municipios que son generados con recursos públicos.
La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. en su proyecto “Recuperación de muestra y captura de la información de campo del inventario nacional forestal” desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios. En el caso de la comunidad de San Miguel Chongos se denuncia que a pesar de la negativa de la comunidad, dicha empresa realizó estudios en árboles.
Nos hermanamos con la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) de Guerrero y exigimos la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente del mismo e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos (MAPDER). Asimismo exigimos la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente.
Reconocemos que el respeto al derecho a la consulta es un logro importante de nuestros pueblos y movimientos, por lo que exigimos deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país. El desarrollo no puede entenderse a costa de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte nuestros territorios. Tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos.
En consecuencia seguiremos construyendo iniciativas de protección, cuidado y defensa de nuestros territorios a través del manejo participativo y comunitario del agua y nuestros bienes comunes, la recuperación de nuestras cuencas y la protección de nuestras fuentes de agua,
“SI A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de julio de 2014.
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Prodh A.C.; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde(COPUDEVER); Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA); Capulálpam de Méndez; Magdalena Teitipac; Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez UZACHI; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Blue Planet Project;, Otros Mundos-Chiapas A.C.; Hij@s de la Tierra.