Informe de la visita de una delegación parlamentaria suiza a México (14 al 26 de julio de 2012)
Resumen
El Programa de paz PROPAZ, y los viajes de las delegaciones realizados en paralelo, se han centrado sobre todo estos años en el conflicto entre los zapatistas y el Gobierno. Entre tanto la guerra de la droga, el tráfico de personas en aumento y otras agresiones a los derechos humanos provocadas por grandes inversiones han distraído la atención de la opinión pública mundial. Los zapatistas siguen desempeñando un papel importante en los procesos colectivos dentro de sus comunidades. Sin embargo el Gobierno, según viejas costumbres, ha socavado con intervenciones monetarias sus procesos encaminados hacia la administración autónoma.
Las regiones indígenas suelen ser también zonas estratégicas para los cárteles de la droga y para las grandes multinacionales. En este sentido el narcotráfico, los megaproyectos y las violaciones de los derechos humanos suelen tener una estrecha relación con los indígenas y las tierras en disputa. La mayoría de los indígenas vive en la pobreza. El racismo estructural, fuertemente enraizado, se observa por ejemplo en el sistema judicial, donde la misma questión del idioma dificulta el acceso para los indígenas.
Los grandes proyectos en zonas indígenas prometen puestos de trabajo, ganan la simpatía de las autoridades de la comunidad con dinero y éstas firman contratos con empresas que son desconocidos para la comunidad. Ello provoca divisiones en las comunidades y la destrucción del tejido social. Estos métodos suponen el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, ratificado por México, que prevé un proceso de consulta previo. Así se producen conflictos antes incluso de que las comunidades puedan ocuparse a profundidad con un tema especifico.
El asunto es complicado. Los procesos de consulta dentro de las comunidades indígenas suelen ser difíciles, pues las estructuras comunitarias en parte ya no funcionan según los ancestrales usos y costumbres. Además, la organización interna de las comunidades indígenas no es necesariamente democrática, y las autoridades indígenas actúan a menudo al margen de los miembros de la comunidad. Una vez que se hayan firmado los contratos es difícil proceder legalmente contra los proyectos planificados.
Los procesos de consulta, allí donde se llevan a cabo, se limitan a menudo a la transmisión de una información escasa. Pero las comunidades deberían recibir una información completa, imparcial y, sobre todo, en un formato comprensible. El objetivo de un proceso de consulta de este tipo según el derecho de los indígenas debería ser el consentimiento de la población. Allí donde se efectúan correctamente estos procesos, como muestran algunos casos en el estado de Guerrero, hay menos divisiones dentro de las comunidades, incluso cuando éstas se pronuncian a favor de un proyecto.
No obstante, con procesos de consulta correctamente desarrollados la mayoría de las comunidades se pronunciaría en contra de los proyectos. En todo caso, no siempre está muy claro lo que quieren los miembros de las comunidades. A menudo se oye decir que una participación correcta en los beneficios, que permitiera realmente el desarrollo de las comunidades, superaría la resistencia contra los proyectos. En realidad los grandes proyectos apenas aportan algo a las comunidades. Las carreteras de los proyectos turísticos no conectan a las comunidades (ejemplo de Chiapas), la energía obtenida no se utiliza para electrificar los pueblos, sino para la producción de bienes, de los que los pueblos no obtienen beneficio (ejemplo de Oaxaca), y la minería de oro y de plata deja tras de sí
daños medioambientales y ningún tipo de desarrollo de las comunidades que viven en la pobreza (ejemplo de Oaxaca).
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