Un nuevo flanco de lucha en el plano social y político se abre en torno al Acuerdo Transpacífico (TPP), a propósito de su reciente firma por 12 países, el 4 de febrero en Nueva Zelanda.
Si bien es prematuro señalar que el nivel de consciencia en las calles es grande, protestas como las que tuvieron lugar el jueves en Chile, México y Perú, dejan entrever que el camino se irá poblando a medida que más ciudadanos se vayan enterando en frío del daño que le podría significar dicho acuerdo en temas como salud, trabajo y ambiente.
Dicho esto, organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, profesionales de la salud y del sector químico-farmacéutico, expertos en derecho, entre otros, han hecho suyo el tema y un grupo de ellos se dieron cita en Lima como antesala a una marcha que solo en la capital peruana llegó a movilizar a más de dos mil personas.
El objetivo en este momento, como bien exclamaron los marchantes en su recorrido, es evitar que los Congresos ratifiquen el tratado, en un espacio de tiempo máximo de dos años.
Lo primero que cabe precisar es que si bien son 12 los países que integran el TPP, son Estados Unidos y Japón los que tienen casi todo el peso.
«Hay que terminar con esa falacia que dice que todos hacemos el 40 por ciento de la economía mundial. Estados Unidos y Japón son el 80 por ciento de ese 40», explica Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC) y miembro del grupo juvenil Las Zonas.
Lo segundo es señalar que se trata de un «acuerdo» cuyo contenido nunca fue abierto al público, sino solo a los negociadores de los Estados y a un grupo de 500 grandes empresas, según reporta el Observatorio Ciudadano de Chile en un reciente informe.
El mismo se enfoca en el impacto que tendrá el polémico acuerdo en los derechos humanos en Chile, México y Perú, el bloque latinoamericano del grupo. Esto en contraste con los anuncios triunfalistas de los gobiernos sobre que el TPP será bueno para sus ciudadanos.
«Se trata de una afirmación que no solo no tiene fundamento empírico que lo respalde, sino que es rebatida por diversos estudios que demuestran que las bondades económicas que para los estados de América Latina tendría el TPP son, al menos, dudosas», señala.
Juan Carlos Vargas, del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), sostiene que en el plano laboral el tratado perjudicará a algunos sectores económicos del país, principalmente al «ya golpeado sector textil».
Esto se dará, explica, porque países como Vietnam tendrán vía libre para posicionarse sobre los mercados a los que habitualmente Perú atiende. Señala así que este país, que tiene una legislación laboral sumamente débil frente a la peruana, tiene todas las de ganar. Lo mismo ocurriría con países como Singapur, Malasia y Brunei, que también forman parte del TPP.
Pero el riesgo se prolonga mucho más. Y sin duda el capítulo que por el momento más preocupa, al menos en Perú, es el que afecta el derecho a la salud. Vale precisar que hasta el fin de las negociaciones del TPP, que se cerraron el 5 de octubre pasado en Atlanta, EE.UU., el Ministerio de Salud mantuvo su negativa a firmar el tratado.
Los negociadores de esta cartera se oponían a la protección de los llamados datos de prueba de fármacos biológicos para el cáncer, que debido al monopolio tienen precios astronómicos.
De acuerdo a Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, el mecanismo de datos de pruebas, seudopatentes para algunos, aún no se implementa en el Perú.
Lo cierto es que con el TPP en vigencia, dicho mecanismo será impuesto por un plazo de 8 años, lo que hará que los pacientes no se beneficien de los últimos avances en medicamentos, debido a que solo una empresa tendrá la exclusividad para su elaboración.
El capítulo de inversiones es igual de preocupante a raíz de que establece la obligación de los Estados de otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”.
En este punto llama la atención el futuro que le espera a las comunidades y pueblos originarios. Luis Hallazi sostiene que dichas inversiones representan un peligro ya que territorialmente hablando no se sabe dónde se van a ejecutar estas inversiones.
Al respecto, advierte que el 47 por ciento del territorio peruano abarca superficie de pueblos indígenas, según estudios del IBC, y de ese porcentaje una parte significativa aún está pendiente de reconocimiento, es decir, de titulación.
No obstante, apuntando al tratado en sí, José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile, sostiene que una dimensión no abordada por los Estados latinoamericanos en el proceso que llevó a la aprobación del TPP, es la de la afectación que este acuerdo tiene sobre los citados pueblos.
«Se trata de una realidad crítica puesto a que los 3 estados de la región involucrados en el TPP se encuentran entre los de mayor demografía indígena en América Latina», explica Aylwin. Se trata además de Estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas
En ese sentido, por tratarse de un acuerdo que los afectará directamente procede la consulta previa, señala el experto jurídico. Lo concreto hasta el momento es que tanto Chile como Nueva Zelanda lograron incluir salvaguardas al polémico tratado.
En el caso del primero, sus negociadores establecieron una salvaguarda al capítulo de inversiones en la que se señala que el Estado de ese país “se reserva a adoptar o mantener cualquiera medida conforme a los derechos o preferencias de los pueblos indígenas”. Se desconoce si México y Perú han incluido algo parecido.
“Si el tratado es tan beneficioso (como dicen los Gobiernos) por qué se mantiene en secreto”, se pregunta Flora Luna, médico-pediatra y representante del colectivo Perú Libre de Transgénicos. Es la misma pregunta que se hacen los opositores al tratado.
Para Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, quien finalmente fue la que estampó su firma el 4 de este mes en Auckland, Nueva Zelanda, en representación de Perú, se trató de un tema de «estrategias» para lograr términos más favorables en las negociaciones.
En ese marco, Luna plantea la necesidad de encarar a las autoridades de los sectores claves por su conveniente silencio. Apuntó directamente al Ministerio del Ambiente, a cargo de Manuel Pulgar-Vidal, el cual tendría mucho que explicar respecto al capítulo que le concierne en el tratado.
El TPP involucra una serie de temas aún difíciles de abordad y explicar con total claridad -propiedad intelectual, solución de controversias, compras gubernamentales, entre otros-, lo que explica en parte que mucha gente aún no conecte o advierta todas sus amenazas. Gabriela Delgado y Ciro Salazar, jóvenes de la Plataforma Peruanos contra el TPP consideran que es así.
«Necesitamos más creatividad para la creación de contenidos, para poder traducir el TPP», afirma Salazar, quien ha sido blanco de los abusos de las fuerzas del orden que incluso han llegado a detenerlo, cuando participaba en marchas contra el TPP.
«El TPP no es un acuerdo de comercio, es un acuerdo de derechos de los inversionistas», sostiene el activista a la vez que recibe el respaldo de un auditorio atento y con muchas preguntas.
Lo que sigue ahora, explican representantes de diversos frentes ciudadanos, es una batalla en diversos ámbitos. El social parece garantizado, el que se debe trabajar ahora es el político, señalaron. Por ello plantearon buscar el apoyo de un número importante de congresistas, y por otro lado fortalecer una estrategia internacional, con Chile, México y eventualmente otros países.
En ese sentido ya han dado algunos pasos, el Gobierno por su parte a nivel interno recién lo hará, tal es así que la ministra de Comercio Exterior de Perú reconoció en conferencia de prensa desde Nueva Zelanda que lo que le toca al Gobierno hacer ahora, es convencer al Congreso de las bondades del TPP. En poco tiempo se verá quién acelera más el paso.