VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Compartimos este video realizado por Ojo de Agua Comunicación durante el Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente», organizado en la ciudad de Oaxaca de Juárez en junio 2017

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El Dr. Alberto Arroyo Picard es investigador de la UAM-Iztapalapa.

Legalmente, los Tratados de Libre Comercio (TLC) internacionales son Ley Suprema pero no están por encima de la Constitución. Pero en los hechos, sí lo están, porque uno de los derechos que adquieren los capitalistas extranjeros cuando vienen a invertir en un país que ha firmado uno de esos tratados, como es el caso de México, es que cualquier conflicto en torno a sus intereses no se dirime en tribunales de nuestro país, sino en tribunales especiales de arbitraje, ni siquiera por jueces. Se resuelve en un espacio que creó el Banco Mundial: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la Inversión (CIADI). Tiene mecanismos para hacer valer las sentencias. Esto es lo que hace que en los hechos, los tratados internacionales están por encima de nuestra Constitución.

Ni siquiera es un juez que resuelve el caso, sino un arbitro. Lo único que va a hacer es agarrar el TLC y decir: «A ver, ¿quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo con el Tratado?» No se está preguntando si es justo o no, ni si es legal o no. Lo único que está diciendo es: «Tú firmaste, entonces tengo que ver si estás cumpliendo con lo que se firmó».

Es en este marco de los tratados de libre comercio firmados por México que quieren traer inversiones extranjeras en las Zonas Económicas Espeiales (ZEE), con el argumento de traer desarrollo. Para nosotros, no es desarrollo, es perdida de derechos, de nuestro territorio y de nuestra soberanía. El problema es que los proyectos de muerte que traen las inversiones adquieren un significado aún más grave cuando se implementan dentro del marco legal de un tratado de libre comercio que les hace más peligrosos y más difíciles de romper.

En realidad, los tratados de libre comercio son mucho más que comercio. ¿Qué derechos tienen los inversionistas que ahora quieren invertir en las ZEE?

          1- El «Trato de Nación más favorecida»: si invierto en tu país, me tienes que tratar como el mejor de tus amigos. (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, Parte V: «Inversión, Servicios y Asuntos relacionados», Capitulo XI: «Inversión», Articulo 1103: «Trato de nación mas favorecida»).

La inversión puede ser prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, aún cuando yo no he invertido ni un solo dólar todavía, la concesión que me fue otorgada ya es considerada como una inversión. Y por tanto, si me la quieren quitar, puedo demandar a los que me la quitaron, en el marco del TLCAN, no en el marco de la ley.

El «Trato de Nación más favorecida» está impidiendo todos los procesos de integración en América latina en términos de acuerdos más complementarios y de apoyo mutuo, como se intenta en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por ejemplo, que propone una forma de integración sin competencia salvaje entre los países, basada en la complementación entre países hermanos.

          2- La ausencia de «requisitos de desempeño»: no se le puede exigir ningun requisito al inversionista extranjero. (TLCAN, Parte V: «Inversión, Servicios y Asuntos relacionados», Capitulo XI: «Inversión», Articulo 1106: «Requisitos de desempeño»).

Esos «requisitos de desempeño» son: la obligación que tiene el inversionista de cuidar el medio ambiente, de pagar buenos salarios, de comprar sus insumos dentro del país en lugar de importarlos, etc. Se trata de pedir al inversionista que viene a hacer negocios aquí, que deje algo en el país: que contrate mano de obra de la localidad, que la capacite, etc. Ahora, no existen esos «requisitos de desempeño» y el que viene a invertir puede hacer lo que se le da la gana, sin tener ningun tipo de obligación.

          3 – El derecho del inversionista a ser compensado ante cualquier medida gubernamental que tenga por resultado disminuir sus ganancias: el inversionista puede impugnar cualquier cambio legislativo que signifique la disminución de sus derechos previstos en el TLCAN. Una política pública, cualquier cosa que decida el gobierno del país receptor de la inversión, que tenga por resultado la disminución de la ganancia soñada por el inversionista, se puede considerar como una expropiación, por la que el gobierno debe pagar.

          4- El derecho a que ninguna empresa pública represente una competencia desleal para el inversionista. Consiste en someter a las empresas públicas a criterios del mercado, como si fueran empresas privadas cuyo único objetivo fuera ganar dinero y no garantizar derechos.

          5 – La protección aún después de que se rompiera el tratado. La idea es que la amortización de una inversión lleva muchos años para que el inversionista recupere lo que invertió. Si se rompe el Tratado, éste tendrá una vigencia hasta que el inversionista recupere su inversión.

Todos esos derechos que adquieren los inversionistas en el marco de los TLC están en los hechos por encima de los Derechos Humanos, y en este sentido son ilegales. La legislación internacional dice que los Derechos Humanos deben estar por encima de cualquier otro derecho. Pero como tenemos enormes dificultades para hacer valer los Derechos Humanos en tribunales, y como a cambio los inversionistas tienen tribunales muy efectivos para hacer valer sus propios derechos, los Derechos Humanos se convierten en derechos de papel, y los otros en derechos reales.

Las ZEE son políticas públicas para atraer inversión extranjera. Una vez que esa inversión extranjera se instala, tiene todos estos derechos. Este es el tamaño del problema. Si se instalan las ZEE, la situación se vuelve mucho más complicada. Ya se trata de una lucha internacional y no solo una lucha local o nacional.

Pero donde los inversionistas han tenido su Talón de Aquiles es cuando se topan con nosotro/as, con la gente en los territorios, en la defensa de nuestra Tierra. Todo inversionista, por más derechos que tenga, cuando llega a un territorio donde la resistencia le impide instalarse, prefiere irse porque no hay negocio. Así hemos derrotado mineras y proyectos eólicos.

El TLC más ambicioso que se ha tenido, fue el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y fue derrotado por los movimientos sociales y no entró en vigor. Más recientemente, se trató de firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y por ahora está congelado. Entonces se pueden parar.

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