Compartimos esta nota publicada en el diario Perimetral sobre la presa Zapotillo – A 11 de septiembre de 2020
Por Jade Ramírez
Temacapulin, Jalisco 10 de agosto 2020.- “Estamos muy contentos porque el presidente de la República nos ha instruido de que no habrá más presupuesto para la presa del Zapotillo dado que ha pedido a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco que se sienten a trabajar alternativas con los pueblos, con los productores, con la ciudadanía en en general”, así resonó la voz de Gabriel Espinoza, vocero de los afectados ambientales por la presa Zapotillo, la noche del 13 de agosto de 2019 en Palacio Nacional.
Salían de reunión con Andrés Manuel López Obrador quien se convirtió en el primer presidente de México en recibir una lucha longeva como es la de Temacapuli y Acasico contra la presa El Zapotillo; antes se sentó con los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Diego Sihue de Guanajuato con quienes acordó: no destinarle más recursos al megaproyecto del trasvase del río Verde y trabajar en conjunto “las alternativas. Eso no pasó.
Al revisar el proyecto de Egresos de la Federación para 2021 se lee en la página 128 que a la presa El Zapotillo se le destinarán 300 millones de pesos “con la cual se podrá continuar con la construcción de un proyecto que incluye el sistema de captación, conducción, potabilización y distribución de hasta 3.8 m3/s de agua potable en su primera etapa”, cita el párrafo que se encuentra en el apartado Infraestructura Hidroagrícola, agua potable y saneamiento, dentro del apartado 1.2.3.1 titulado “prioridades de inversión 2021” donde encabeza la lista el Tren Maya.
En agosto del año pasado explica Claudia Gómez, el presidente fue claro con los dos grandes grupos alrededor del conflicto socio-ambiental entre Jalisco y Guanajuato: no se desmantela la represa, pero no se incrementa la altura. No se derriba la obra ni se opta por la iniciativa de pozos profundos, pero también se pretende “salvar” a los pueblos.
¿Ese recurso para qué se usa? pues básicamente para obras de mantenimiento aunque había el compromiso saliendo de la renión con el presidente de que no se iban a etiquetar recursos para la presa mientras no se resolviera el conflicto. Nos pidieron en una reunión con el presidente y después la secretaria de la presidencia y Conagua que necesitaban ese recurso para evitar accidentes o el derrame de una ladera con un deslave, esos conductos se podrían tapar y producir un llenado prematuro de la presa; las comunidades aceptaron esas obras de mantenimiento para evitar un accidente.
CONAGUA insiste en 105 metros de altura en la cortina e inundar los pueblos
La información a la que se ha acercado Perimetral, es que la Comisión Nacional del Agua es la dependencia que insiste en incrementar la altura de la cortina de 80 metros a 105 metros de altura como lo exigen los gobernadores de ambos estados; la idea es captar agua del río Verde para acumular el mayor flujo de agua, aunque no existe Medición de Impacto Ambiental aprobada por la SEMARNAT para ello.
Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 resolvió una controversia constitucional que mantiene detenida la obra a una altura de 80 metros. Es importante recordar que a 105 metros de altura, los tres poblados desaparecerían.
Gómez Godoy, asesora legal de los pueblos en oposición al megaproyecto pone luces en cuidar cómo se usan los 300 millones de pesos, tomando en cuenta que para terminar la presa al proyecto ejecutivo se requieren 3 mil millones.
Sí lo que vamos a solicitar es monitorear ese recurso en qué se va. Esos 300 millones es lo que se gastan como en 10 días y sabemos que el proyecto no está cancelado, está latente. No se han podido iniciar las mesas de negociación por la pandemia y porque estamos esperando la entrega de información. Nosotros creemos que es momento de dejar de apostar a los grades proyectos de desarrollo, de obra hidraúlica y apostar por soluciones pequeñas que puedan resolver los conflctos que hay y las necesidades en las ciudades: es momento de repensar qué tipo de almacenamiento de agua y generación de energía necesitamos.
Lo que llama la atención en la narración del proyecto que envía el presidente López Obrador a discutir entre diputados, es que el discurso se mantiene completamente alejado del concepto de gestión integral del agua y sigue siendo extractivista como acaparador de recursos naturales; el gobierno federal y la Cuarta Transformación no rompen con el modelo de desarrollo basado en la depredación, pues justifica que el proyecto “beneficiará a 1.4 millones de habitantes en León, Guanajuato y forma parte de la reactivación económica del país al generar muchos empleos”. Un argumento escuchado durante 13 años a la CONAGUA.
En un año no se eligieron alternativas a la millonaria represa
Lo que parecía claro en septiembre de 2019 no se logró. Al no realizarse las reuniones de trabajo para definir alternativas de una gestión integral del agua que permitiera asomar la posibilidad de desmantelar el megaproyecto transexenal, a los 70 mil millones de pesos erogados hasta 2020, se le suman 300 más para el próximo año.
Lo que hubo fueron reuniones en la Cd de México y un foro en Guadalajara donde desfilaron opiniones de académicos sobre cómo administran el agua en Estados Unidos y una propuesta de crear una red de pozos profundos para sostener la necesidad de abastecimiento de agua.
Se trató de mesas de trabajo de sociedad civil y el movimiento antirrepresas, pero no asistieron los gobernadores o la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros de quien se cuestiona si es aliada de la gestión integral del agua y los pueblos o de los empresarios.
Aunque se ha pretendido retomar los diálogos y mesas de trabajo, por la pandemia se ha sugerido por la vía virtual, pero para Temacapulin eso resulta imposible. De nuevo está sin telefonía celular y a decir de la abogada, en el contexto rural las cosas se manejan diferente.
Por décimo tercer año consecutivo, la presa El Zapotillo es un megaproyecto del que han quedado documentados los daños en dos sexenios, pero al que se le siguen destinando recursos y definitivamente, no se va a desmantelar la represa, entrará en algún momento en operación y Jalisco va a tener que resolver de otra forma, cómo alimenta las demandas de agua para Guadalajara y la zona de los Altos de Jalisco, la agrícola, líder productora de huevo y en clara aceleración de desertificación.
A los 300 millones de pesos para la presa Zapotillo sin uso, aparecerán otros rubros como millones para terminar la construcción del centro de reubicación en Acasico, regularizar los predios ilegales a donde desplazaron familias de Palmarejo, e inyección financiera, de nuevo, para el Acueducto Zapotillo-León que ni siquiera ha iniciado su construcción, por estar también, impugnado y congelado jurídicamente.
Guanajuato sin saneamiento
Gustavo Lozano de Acción Colectiva, agrupación que inició un litigio contra la industria curtidora en León en la contraloría del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable porque 259 millones de litros diarios en “La capital de los negocios”, no son tratados , califica que el gobierno federal etiquete más dinero en 2021 a la represa, como de innecesario.
Nos parece un gasto innecesario en un contexto en el que las inversiones se deben cuidar mucho y el Sistema de Agua Potable de la ciudad de León contribuye a la contaminación a la cuenca del río Turbio, que es la ruta por la cual el SAPAL debería regresar aguas limpias al estado de Jalisco cuando llegara a recibir agua del Zapotillo; esto significa que ni León está listo para, de llegarse a concluir el proyecto y operar, cumplir con la parte que le corresponde a León respecto de Jalisco.
Justo en la tabla de asignación de recursos por sector, subsector y fuentes de financiamiento, los más de 3 mil millones de pesos en infraestructura hidroagrícola, salen de la captación fiscal.
A la presa Zapotillo lo respaldan las bancadas de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional por los beneficios que representa para los dos gobernadores que heredaron de otros panistas, la conclusión del proyecto.
Difícilmente habrá contrapeso o negativa entre los diputados para excluir 300 millones de pesos del proyecto de egresos que el presidente López Obrador a través de su operadora del agua, Blanca Jiménez, le destina al megaproyecto en 2021.
Imagen: Carlos Domínguez
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