A 5 años del feminicidio de Berta Cáceres; David Castillo va a juicio

Compartimos este artículo informativo de Radio Mundo Real en el marco del 5to aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, un ex funcionario público del ente estatal de energía, que luego pasó a ser presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cuya instalación sobre el río Gualcarque se oponía Berta Cáceres y toda la comunidad lenca de Río Blanco. Ese proyecto extractivista contaba con la concesión por 20 años sobre el río, un acuerdo aprobado durante la dictadura que siguió al golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.

Castillo también es un oficial de la inteligencia militar hondureña, en condición de retiro, graduado de la academia militar estadounidense de West Point. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, dos años después del asesinato de Cáceres en su hogar de La Esperanza (Intibucá); pretendía huir del país, acusado como uno de los autores intelectuales del femicidio.

El empresario cumplía desde entonces prisión preventiva y su defensa logró suspender hasta once veces las audiencias preliminares en las que el Ministerio Público y los representantes legales del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) iban a presentar unas 88 pruebas en su contra.

Finalmente, este lunes 1º de marzo, horas antes de conmemorar un nuevo aniversario del crimen contra quien fuera la coordinadora del COPINH, la Justicia de Honduras estableció que había pruebas suficientes para llevar al acusado a juicio oral y público y que esta instancia se llevará adelante del 6 al 30 de abril en un juzgado de Tegucigalpa.

SOBRAN LOS MOTIVOS

El COPINH informó que en las audiencias preliminares de proposición de pruebas, la fiscalía propuso 51 medios de pruebas entre los que se encuentran: «las extracciones de los celulares del imputado, las escuchas telefónicas, actas de allanamientos, y análisis de las comunicaciones de David Castillo con personas que ya fueron condenadas por el asesinato de Berta«, entre las que se encuentran otros militares retirados y sicarios pagos presuntamente por ejecutivos de DESA para asesinar a Cáceres.

Las acusaciones privadas (que representan a la familia Cáceres) propusieron 21 y 16 medios de prueba respectivamente, en los que se encuentran los peritajes de personas expertas sobre telecomunicaciones, redes indebidas de poder, análisis antropológicos y de género, y testimonios de testigos de los ataques de Castillo a Berta Cáceres.

Los abogados de la familia Cáceres también solicitaron que los miembros de la familia Atala vinculados con la empresa DESA se presenten como testgos «para que hablen sobre los hechos del asesinato». La Justicia determinó que Daniel Atala sea llamado como testigo calificado, pero rechazaron convocar a Jacobo Atala, Jose Eduardo Atala y Pedro Atala, que también ocupaban roles en la dirección de DESA.

Desde el COPINH criticaron que el Tribunal «rechace» los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «en los que nuestra compañera Berta Cáceres daba a conocer las amenazas y ataques vividos por parte de empleados de DESA incluido David Castillo», así como «rechazó el peritaje con perspectiva de género propuesto por la acusación privada con el que se pretendía demostrar la condición de Berta como mujer y lideresa como un agravante del crimen».

“David Castillo es una pieza clave que conecta a los autores materiales con los autores intelectuales que continúan en la impunidad. Queremos que sea un juicio con todas las garantías, porque todo lo que se haga mal será en detrimento de la búsqueda de justicia”, dijo Bertha Zúniga, hija de la defensora lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en esta entrevista con Radio Mundo Real.

Imagen. Radio Mundo Real

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