Autor: Otros Mundos AC

Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México

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Informe publicado por la Fundación por el Debido Proceso – Agosto 2018

Autores: Gabriela Torres Mazuera, Jorge Fernández Mendiburu, Claudia Gómez Godoy

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INTRODUCCIÓN:

Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.

Nos interesa plantear recomendaciones y destacar la importancia de concebir a los ejidos y comunidades en términos de patrimonio colectivo, fundamental para la reproducción sociocultural de los pueblos indígenas y campesinos del país. Esto es, nos interesa destacar la función de los ejidos y comunidades no solo para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa, lo cual conlleva necesariamente a extender la noción restrictiva de tierra hacia la de territorio.

El argumento central del presente informe es que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo para regular la propiedad social de la tierra constituida por ejidos y comunidades, no ha garantizado una protección cabal de la propiedad indígena -entendida como territorio colectivo-. Hasta la fecha no existen mecanismos legales bien establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México. A ello se suma que tampoco existe una institución gubernamental que en la práctica esté protegiendo la dimensión social de la propiedad ejidal y de bienes comunales en territorios indígenas, ni que ofrezca asesoría dirigida a fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad, menos aún que respete la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio.

Aunque existen instancias gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos agrarios e indígenas, que por disposición legal deberían salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los hechos se alejan de su misión favoreciendo intereses privados. Como mostraremos en este informe con algunos casos documentados, estas instituciones han facilitado la privatización y mercantilización de las tierras ejidales de uso común y las tierras de comunidades.

En el mismo sentido, sostenemos que los Tribunales Agrarios -cuya misión es brindar justicia en el sector agrario- no están cumpliendo con su cometido en la medida en que muchos magistrados han optado por una interpretación basada en criterios y principios que corresponden al derecho civil pasando de largo mecanismos de protección especial de los territorios indígenas, cuya dimensión y protección de manera colectiva es fundamental.

Hoy en día, en un contexto de fuerte presión por parte de empresas nacionales e internacionales interesadas en diversos recursos asociados a la tierra ejidal y de bienes comunales, existe una falta de protección a las tierras y al territorio de pueblos indígenas y campesinos a nivel nacional por parte de autoridades responsables del sector agrario. Como mostraremos en este informe, el desconocimiento, indiferencia y/o negación a la libre determinación de los pueblos indígenas asociada a un territorio persiste como enfoque al interior de la jurisdicción agraria en México.

Todo esto a pesar de las múltiples reformas legales en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos, así como la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y las reformas en materia indígena y derechos humanos en México que han establecido el reconocimiento del carácter pluricultural de la población mexicana (artículo 4 constitucional), el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (artículo 2 constitucional) y la obligación de las autoridades de todos los niveles a considerar, en el ejercicio de sus funciones, el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos y las resoluciones que se han derivado de los tribunales internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han interpretado de manera progresiva los derechos de los pueblos originarios.

Actualmente, las principales batallas legales en la defensa de los territorios colectivos indígenas y campesinos se sustancian en los juzgados de distrito, por la vía del juicio de amparo, incluso en tribunales civiles -mucho más abiertos a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que los propios Tribunales Agrarios-. En efecto, de acuerdo a su misión, los Tribunales Agrarios tendrían que estar más cerca y resolver la conflictividad que se genera en el sector campesino e indígena, pero se han negado sistemáticamente a adaptar su actuar a los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación ya había sido alertada por el entonces Relator Especial de Naciones Unidas Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen, al emitir su informe respectivo derivado de su visita a México en el año 2003 [1].

En aquella ocasión, el funcionario de las Naciones Unidas señaló lo siguiente:

17. Una de las causas principales de los conflictos radica en la cuestión de la tierra. La reforma agraria, que benefició a más de 3 millones de campesinos a partir de 1917, dejó en su cauda un sinfín de problemas no resueltos. La desigualdad social y económica se mantuvo mediante formas de corrupción y simulación a favor de la gran propiedad, aunada a la creciente presión demográfica sobre los recursos agrícolas. Un número cada vez mayor de campesinos pobres carece de acceso a la tierra, teniendo que buscarse la vida como jornaleros agrícolas, trabajadores migratorios en el país y en Estados Unidos, y emigrantes a los centros urbanos. Ello se debe también a la falta de una política efectiva de apoyo a la economía campesina durante muchas décadas.

18. Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión. (…)

20. En algunas partes las comunidades indígenas no poseen seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, por la lentitud y la corrupción que ha caracterizado a los trámites agrarios, así como los intereses de diversos particulares. El Relator Especial fue informado de casos que involucran a los indígenas yaquis de Sonora, huicholes de Jalisco, tarahumaras de Chihuahua, y huaves de Oaxaca, entre otros. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), que fue creado para resolver estos problemas, no ha contribuido a mejorar la situación de la tenencia, según informes recibidos [2].

En dicho documento, el Relator hizo referencia a diversos conflictos y situaciones de despojo que estaban viviendo diversos pueblos originarios en el país, derivados en buena medida de la falta de certeza jurídica sobre el territorio que poseían y de la incapacidad de las instituciones agrarias para dar respuesta, desde una perspectiva que incorporara los derechos de los pueblos originarios, a dichos conflictos. Tan es así, que emitió diversas recomendaciones en las que instaba a incorporar la perspectiva indígena al ámbito agrario:

73. La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.

74. Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.

76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios [3].

A quince años de la emisión de dicho documento, la situación no sólo no ha variado, sino que los conflictos derivados de los procesos de despojo se han agudizado por la implementación de múltiples «proyectos de desarrollo» en territorio indígena, donde la justicia agraria no ha significado un espacio que permita la protección plena de los derechos de las comunidades.

En este informe describimos el desempeño actual de autoridades agrarias de dependencias que conforman lo que aquí llamaremos la jurisdicción agraria (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Tribunales Unitarios Agrarios). Nuestra perspectiva es desde los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. La elaboración de este informe se apoya en doce entrevistas a profundidad realizadas a abogadas y abogados que litigan en Yucatán, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, así como en una revisión bibliográfica, de archivo, y por medio de solicitudes de información al portal de infomex (www.infomex.org.mx).

Metodológicamente, nos aproximamos a los conflictos considerando no solo su dimensión meramente jurídica sino también social. Para ello realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios de caso que describen conflictos agrarios asociados a procesos de despojo con una mirada etnográfica.

Esta revisión nos ha permitido definir el despojo como un proceso de corta, mediana y larga duración en la que participan muchos actores. El despojo no solo significa la privación o pérdida permanente de la posesión, goce y aprovechamiento de un recurso o un bien. Con esta noción nos referimos, por un lado, al proceso de privatización e individualización de un patrimonio comunitario, el ejido y la comunidad, que se convierte en «propiedad» de algunos (los ejidatarios y comuneros).

Por otro lado, consideramos el despojo como: la transformación forzada de un modo de vida asociado a un territorio con efectos diferenciales al interior de ejidos y comunidades. Por tanto, el despojo significa una transformación en las relaciones de propiedad que a su vez son también relaciones sociales, de ahí que cuando nos remitimos a esta noción resaltamos las maneras diferenciales en que la pérdida de tierra y recursos asociados a ésta, afecta a los diferentes miembros de un mismo grupo social (hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores) y altera las relaciones sociales al interior de una comunidad.

En este sentido, es fundamental aclarar que las comunidades indígenas no son grupos homogéneos e integrados, compuestos por personas que forzosamente comparten los mismos valores, intereses y marcos de interpretación de la realidad. Por lo común, se ignora o se evade el hecho de que los grupos indígenas son, en muchos casos, entidades heterogéneas, fragmentadas políticamente, atravesados por diferencias de clase, de género, religiosas, partidistas e incluso de tipo étnico.

Una aproximación detallada del despojo requiere tomar en cuenta la complicidad, colaboración y cooptación de los mismos ejidatarios/comuneros indígenas y/o campesinos en los procesos de despojo, así como los diferentes tipos de despojo de acuerdo a los sujetos implicados, además de la acción de empresarios foráneos a los núcleos agrarios indígenas. En particular, es importante considerar el despojo desde la perspectiva de las mujeres y de los jóvenes que residen en los núcleos agrarios, quienes, en el contexto ejidal y comunal, son generalmente excluidos de la toma de decisiones de la asamblea general de ejidatarios o de bienes comunales y afectados, no se toma en cuenta su posición y tampoco reciben beneficios cuando el patrimonio colectivo es enajenado.

En esta misma dirección es importante señalar que en este informe la categoría de indígena no será tomada como una categoría objetiva ni estable en el tiempo y espacio nacional. Por un lado, es una categoría de clasificación social que en muchos casos es rechazada por aquellas personas hablantes de lenguas nativas y pertenecientes a comunidades étnicas debido a su carga de dominación colonial. Uno de los argumentos de este trabajo es que justamente es a partir del reconocimiento por parte de una legislación internacional de un conjunto de derechos para personas y grupos «indígenas» que la categoría comienza a ser reivindicada por organizaciones y movimientos sociales en ciertas disputas por los recursos naturales y agrarios en México. Este fenómeno ha sido descrito por antropólogos, en diversos contextos nacionales (por ejemplo, en Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y México por mencionar algunos) quienes identifican procesos de re-etnización, revitalización o renovación étnica asociados a nuevos derechos vinculados a la categoría de indígena [4].

La categoría indígena es una herramienta de lucha por el acceso y control a ciertos recursos y derechos por parte de personas que históricamente han sido marginadas de la toma de decisiones de los proyectos de desarrollo nacional. Esta posición nos aleja de ciertas concepciones adjetivadas como esencialistas y románticas atribuidas a los grupos indígenas, en particular, el supuesto según el cual los indígenas son esencialmente ecológicos, comunitarios o anti desarrollistas. También nos permite considerar grupos campesinos que experimentan procesos de revitalización étnica y evitar una distinción tajante entre indígena o no indígena.

El informe está organizado en cinco secciones. La primera sección es una breve descripción histórica del reparto agrario, la tenencia de la tierra y los grupos indígenas en México (1915-2017). Lo que nos permite comprender por qué el proyecto agrarista posrevolucionario significó la disociación entre tierra y territorio. Y también nos permite explicar las razones por las cuales en México no existe una asociación directa entre tipo de tenencia de la tierra y grupos indígenas.

En la segunda sección hacemos una revisión de las principales reformas legales y nuevas legislaciones promovidas entre 1992 y 2013 que afectan a ejidos y comunidades indígenas y campesinos. Destacando el carácter contradictorio de este conjunto de leyes que, por un lado, abren al mercado recursos indispensables para el sustento de la vida indígena y campesina en México, a la par que reconocen el carácter multicultural de la nación mexicana y se proponen definir los derechos de personas y colectivos indígenas a fin de permitirles determinar los términos de su propio desarrollo como grupo socio-cultural.

En la tercera sección realizamos una descripción esquemática de tres instituciones que conforman parte de la jurisdicción agraria en México (PA, RAN, TUAs) para señalar sus objetivos institucionales, características en términos de presupuesto y organización.

En la cuarta sección, analizamos patrones de despojo de las tierras ejidales y de bienes comunales de poblaciones indígenas y campesinas. Nos interesa señalar la complejidad de estos procesos y la variedad de actores involucrados, en particular la actuación de empresarios, empresas o corporaciones nacionales e internacionales y los gobiernos en sus tres ámbitos de competencia.

En la quinta sección, nos referimos a la violación al derecho al debido proceso en procedimientos agrarios en los que se dirimen controversias de comunidades indígenas en relación a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Finalmente, en la sexta sección se demostrará cómo la política agraria -que ha facilitado el despojo de territorio en perjuicio de comunidades indígenas- representa una violación al derecho a la libre determinación. El informe culmina formulando algunas recomendaciones.

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Notas:

[1] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[2] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[3] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[4] Ver, por ejemplo, Ramos, R.A. (1992). The Hyperreal Indian. Serie Antropología 135; Bastos, S. y Cumes, A. (Coords). (2007). Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Guatemala: Flacso; Agier, M. y Hoffmann, O. (1999). Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico colombiano: interpretaciones de la ley, estrategias de los actores. Territorios, Revista de estudios Regionales y urbanos, 53-76; Canessa, A. (2007). Who is Indigenous? Selfidentification, indigeneity, and claims to justice in contemporary Bolivia. Urban Anthropology, 36(3),14-48; Torres-Mazuera, G. (2018). Nosotros decimos Má: La lucha contra la soya transgénica y la rearticulación de la identidad Maya en la Península de Yucatán. The Jornal of Latin American and Caribbean Anthropology, 23(2)

Más información:

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[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

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Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

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Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 28 de agosto de 2018

Análisis crítico del Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, publicado en mayo 2015

Antes de iniciar surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué si desde el año 2015 se publicó un Estudio de Factibilidad de más de 500 páginas, hasta ahora el Gobierno del Estado de Zacatecas busca «dialogar» con las y los ejidatarios? Además, dicho estudio tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, y aun así le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas.

Por otro lado, ¿por qué el Gobierno Estatal falsificó el Acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018? Esta acta tiene como asunto: Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 ha de tierras ejidales. E incluso la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, el ombudsman de los campesinos encargado de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y garante de la legalidad, solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas. Son muchos los atropellos y engaños que se han presentado en esta promesa de progreso y desarrollo.

El Estudio de Factibilidad enuncia cuatro áreas amenazadas y dedica centenares de páginas a describir y justificar los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora en los ocho municipios afectados. Estos impactos no son despreciables. Por otra parte, falta información básica, por ejemplo: sobre la altura y anchura de la cortina, sobre el caudal del río Milpillas durante las diferentes temporadas, y sobre los impactos hidrológicos y sociales aguas abajo de la presa. De esta manera, el Estudio de Factibilidad no analiza algunos de los impactos socioambientales más importantes del proyecto. Estos tienen que ver con la extracción de docenas de millones de metros cúbicos de agua de una cuenca que ya sufre estrés hídrico, para transportarla a otras cuencas entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe (ZCZG), donde el manejo del agua se caracteriza por la falta de contabilidad, ineficiencia, pérdidas y desigualdad. El Estudio afirma que la presa Milpillas aliviará la presión sobre los acuíferos en el corredor Fresnillo-ZCZG, pero no presentan los cálculos para respaldar esta afirmación. Resulta ser una falacia.

Dicen que el agua será sólo para el sector público urbano. Hay que desnudar que, aun siendo el caso, el proyecto sirve para entregar por completo las aguas subterráneas al gran capital. Es decir, las aguas de mejor calidad y las más accesibles en términos técnicos y económicos seguirán siendo explotadas por la cervecera (No olvidamos que Tello era el representante del Grupo Modelo para negociar con el Gobierno de Zacatecas, antes de que se incorporara en el equipo de Miguel Alonso Reyes). Y sirve también para abandonar el agua subterránea a los grandes agricultores. ¡Más del 90% de las agua subterráneas en la región centro del estado se consume en el sector agrícola!

La superficie afectada, dentro del ejido El Potrero, para la construcción de la presa es de 11 hectáreas aproximadamente. ¿Cómo pueden convivir el Megaproyecto de la presa Milpillas y la comunidad del Potrero? Si la superficie afectada es la zona de uso común del Ejido y el proyecto contempla claramente la afectación de asentamientos humanos, es decir la comunidad donde viven ejidatarias y ejidatarios, avecindadas y avecindados y la ciudadanía en general.

Además, como ya lo advertimos, no es sólo el ejido El Potrero el que debe de otorgar el permiso al Gobierno del Estado para el megaproyecto sino 19 ejidos. Dos de Jiménez del Teúl: Atotonilco y El Potrero; cuatro en Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México; 11 ubicados en Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia. Dos ejidos más están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.

Finalmente, al respecto de las declaraciones y acusaciones de Luís Fernando Maldonado, encargado de SAMA, sobre los mitos que se han creado en torno al proyecto Milpillas, queremos señalar lo siguiente. El riesgo de inundación es latente en todo proyecto de esta envergadura, no se puede desestimar esa posibilidad con sus argumentos tan débiles y la medida de la cortina, que ha generado dudas sobre si será de 87.5 m de altura o no. Del mismo modo, y como lo hemos señalado a través de un mapa donde se describe la trayectoria del acueducto, se corrobora que serán 19 los ejidos impactados y no sólo dos, El Potrero y Atotonilco son los afectados directamente por el embalse, pero los demás sufrirán daño por la construcción del conductor de agua.

También, sobre la escasez de agua río abajo y el argumento de que la presa retendrá sólo el 15 por ciento del flujo total de la cuenca, y que por eso los impactos ambientales serán mínimos, el investigador Darcy Tetreault de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señala al respecto: al extraer 42 millones de metro cúbicos al año (Mm3/año) del río Atenco denominado para el proyecto como Milpillas, incrementaría el estrés hídrico en la sub-cuenca Milpillas, sobre todo
aguas abajo de la presa. El proyecto implica un transvase entre cuencas, de la cuenca Bajo Santiago (específicamente la subcuenca Milpillas) a las cuencas en la región centro del estado: Alto Aguanaval y El Salado. Según el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, elaborado durante la primera parte del sexenio de Miguel Alonso Reyes, la zona hidrológico-administrativa Bajo Santiago sufre de un déficit de agua de 34 Mm3/año. El Estudio de Factibilidad para la presa Milpillas reconoce que aguas abajo de la presa, «habrá de modificar las condiciones hidrológicas, con menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río» (p. 237). Sin embargo, ¡no incluye un análisis de estos impactos!

Entonces ¿de quiénes son los mitos y los engaños, si en nombre del progreso se está mintiendo y agrediendo a comunidades y ejidos enteros? Engaño, corrupción, discriminación, ecocidio, despojo y el riesgo de desplazamiento forzado envuelven el megaproyecto Milpillas. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos exigimos que Gobierno Federal y del Estado, así como SAMA y SEMARNART rindan cuentas por los crímenes cometidos y que se suspenda de inmediato el Proyecto. Del mismo modo, nos deslindamos de las acciones y/o declaraciones que hagan otras organizaciones sobre la problemática como la UNTA o el propio Ignacio Fraire.

¡No a los megaproyectos de muerte!
¡Ríos para la vida no para la muerte!

Atentamente,

Red de Afectados por la Minería
Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas

Más información:

Zacatecas: ejidatarios logran anular asamblea que pretendía imponer la presa Milpillas

Zacatecas: rechazan la presa Milpillas, destinada a transferir agua al corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe

La diversidad de nuestras voces expresada en la diversidad de nuestros medios

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Texto escrito por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), publicado originalmente en francés en el Número 32 de la revista «Caminando» del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) en 2017

En la actualidad los medios masivos de comunicación a los que hoy también hacemos referencia como «tradicionales» continúan ocupando un espacio importante en la política pública de los países, marcando agenda y definiendo, en muchas ocasiones, el sentir y pensar de la opinión pública. Si bien es cierto que muchos de ellos hoy miran ya con interés las voces que se expresan en Internet, lo hacen a su vez de una manera sesgada y nada reflexiva.

En efecto, Internet vino a mostrarnos hace ya más de 20 años que cada una y uno de nosotros podíamos plasmar nuestra voz y seríamos escuchados por otras y otros. El interés democratizador de Internet que nació con ánimo de ser multidireccional (en contraposición a la unidireccionalidad que poseen los medios tradicionales) hoy aún se mantiene.

Para los movimientos sociales, quienes históricamente han visto acallados sus reclamos, estas plataformas digitales dan la posibilidad de estar presentes de forma permanente en las pantallas (y las vidas) de otras y otros y amplificar las voces de las y los defensores ambientales.

Gracias a estos nuevos medios de comunicación es hoy más accesible transmitir información en tiempo real y desde las voces de las propias personas protagonistas a la vez que cuestionar la desinformación.

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), una red de organizaciones, comunidades y grupos que luchan contra la minería en los territorios que van desde México hasta Panamá, Colombia, Perú y Paraguay se planteó, desde sus inicios allá por el año 2012, contar con una plataforma web que le permitiera ser el canal de comunicación con otros procesos y con aquellas personas interesadas en la defensa territorial en contra del extractivismo minero.

Desde allí compartimos nuestros comunicados, análisis, publicaciones y contenido multimedia, pero también nos hemos esforzado por recopilar materiales de otros procesos y organizaciones que trabajan por la defensa de los territorios. La intención es ser puente entre esos materiales didácticos, que nos apoyan en nuestras luchas, y los grupos que los generaron para a su vez, estrechar lazos en la defensa de la tierra.

Por aquel entonces también se abrieron otros canales que nos permitieron difundir toda esta información: elegimos un correo electrónico institucional, listas de correos y perfiles en redes sociales comerciales como Twitter y Facebook. De esta manera lograríamos tener una comunicación más directa con personas y procesos. Más tarde, sumamos algunos canales más. A través de todos los espacios mencionados pudimos comprobar que las plataformas digitales tienen un rol importante hoy en día en la difusión de los sucesos y situaciones que viven constantemente las y los defensores de la naturaleza. También hemos visto crecer los debates y las acciones que se emprenden para la búsqueda de formas de vida digna y han sido espacios a través de los cuales hemos generado alianzas con investigadores académicos, periodistas y personas sensibles a estos temas.

Con el tiempo, fuimos enlazándonos a otras luchas. Fue entonces cuando a finales del año 2014 decidimos migrar nuestra plataforma web y listas de correos a servidores más seguros. Desde entonces nuestros contenidos habitan en el espacio de la cooperativa tecnológica Mayfirst/Primero de Mayo. Otro cambio que hicimos, fue migrar gran parte de nuestros contenidos a la plataforma libre archive.org. Sabemos que en cuestiones tecnológicas nos quedan muchos pasos por dar, sin embargo, lo vamos haciendo en el convencimiento de que necesitamos transitar hacia otros modelos que estén en consonancia con los principios de autonomía y autodeterminación que defendemos.

Nuestra fuerza va de lo local a lo global.

Algunos ejemplos de la comunicación en la defensa de nuestros territorios:

→ Acciones urgentes y acciones prevención contra la criminalización:

Diferentes grupos de base que conforman el Movimiento M4 sufren diariamente criminalización, hostigamientos, difamaciones. Si desde el inicio se planteó la plataforma web como el espacio más importante desde el cual lanzar nuestras denuncias, felicitaciones y vinculaciones, hacia mediados de 2013 vimos que era desde allí desde donde queríamos lanzar nuestras acciones urgentes, de denuncia y/o prevención. Inauguramos el espacio con la acción para detener el Consorcio Minero Peña Colorada en un territorio en disputa entre los estados de Colima y Jalisco, en México.

Más tarde, las acciones urgentes que se hicieron para apoyar a la comunidad de Zacualapan y a Víctor Chí, Gabriel Martínez, Esperanza Salazar y el Consejo Indígena, a través de nuestra plataforma web fueron fundamentales para visibilizar la violencia que desde el gobierno estatal se volcaba contra los compañeros, lo que ayudó a minimizar los riesgos y fortalecer su seguridad. En sus palabras:

«La difusión de eventos importantes para nuestra lucha como el Foro Nacional contra la Minería que se llevó a cabo en la comunidad indígena de Zacualpan en 2015 o la Misión Nacional e Internacional de Observación para el caso Zacualpan, fue decisiva para internacionalizar nuestra lucha, lo que ha logrado, junto a muchas estrategias más, que hasta el momento el proyecto extractivo no se haya llevado a cabo.

Para Bios Iguana A.C y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan el apoyo que hemos recibido desde 2013, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, ha sido clave para enfrentar las amenazas, la criminalización, la estigmatización y la violencia a lo largo de nuestra lucha contra el proyecto minero a cielo abierto.»

Las acciones se siguieron sucediendo según se necesitaba. El 3 de marzo del año 2016 nos despertamos muy de madrugada con la tristísima noticia de que nuestra compañera Berta Cáceres había sido vilmente asesinada. Tampoco encontrábamos sosiego para la situación de persecución y criminalización que estaban viviendo las demás compañeras y compañeros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Pero nuestro dolor y preocupación no acaban allí. Nuestro compañero Gustavo Castro, quien se encontraba en casa de Berta para impartir talleres de alternativas al modelo extractivista, también había sufrido un intento de asesinato y se encontraba retenido injustificadamente en Honduras.

Desde la plataforma del Movimiento en M4, en contacto directo con sus compañeras y compañeros de la organización Otros Mundos A.C. de Chiapas, México, nos pusimos a disposición para sacar en tiempo real acciones e informaciones sobre la situación de Gustavo. Necesitábamos decirle al mundo entero que nuestro compañero y único testigo del asesinato de Berta no podía continuar en Honduras a merced de un estado que no garantizaba su integridad física y psicológica. Nos mantuvimos todo el mes en que nuestro compañero estuvo retenido allí, exigiendo #SeguridadParaGustavo.

Las acciones emprendidas recibieron un fuerte apoyo. La comunidad internacional se mantuvo vigilante de la situación y seguimos con el convencimiento de que nuestro compañero salió de Honduras gracias al apoyo de las personas, organizaciones y autoridades de todo el mundo que expresaron su indignación y apoyo. Al día de hoy continuamos exigiendo #JusticiaParaBerta.

Finalmente a finales del año 2016 cuando el grupo Acción Ecológica fue criminalizado por el gobierno ecuatoriano, nos sentimos honrados de que contaran con nuestra plataforma para poder lanzar su denuncia al mundo y pedir solidaridad en sus reclamos en contra de la minería en defensa del pueblo Shuar.

→ Desde el sureste mexicano

El equipo de Otros Mundos A.C., con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, tiene su propia área de comunicación para fortalecer su trabajo de defensa del territorio tanto como su espacio área de Alternatos, dedicada a la búsqueda de alternativas locales al sistema capitalista. Alimenta cotidianamente su sitio web, portal informativo alternativo que permite al público en general, a organizaciones sociales y a comunidades en resistencia entender mejor los impactos del modelo extractivo en los territorios, y conocer a los pueblos que resisten día a día al despojo en México y el mundo. Contiene comunicados, denuncias de diversos pueblos organizados, así como muchas producciones de Otros Mundos en acceso libre: análisis, videos, audios, notas informativas, manuales, ilustraciones y mapas. Los lectores están invitados a descargarlos y reproducirlos para su uso propio o para repartirlos.

Desde Otros Mundos A.C. consideramos que el video es una herramienta particularmente potente, como lo vimos con el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), un grupo que acompañamos en su resistencia a la minería en la costa de Chiapas. Cuando sus integrantes instalaron campamentos en septiembre 2016 para exigir la clausura de la mina Casas Viejas explotada por El Puntal S.A. de C.V., realizamos un video para contarlo, lo cual se volvió útil contra la desinformación y los intentos de criminalización del movimiento, al mostrar que los miembros del FPDS eran hombres y mujeres luchando pacíficamente por una vida digna y sana.

El sitio y las redes sociales de Otros Mundos siguen siendo el principal canal de información sobre la lucha del FPDS. Por un lado le permite tener impacto mediático y contar con una buena red de aliados en situaciones de emergencia (hostigamiento policíaco por ejemplo). Por otro lado, vemos que es difícil que las defensoras y defensoras se integren a la estrategia de comunicación, tomando ellas mismas una cámara y manejando las redes sociales de su movimiento cuando se trata de personas adultas no particularmente interesadas en la comunicación, el audiovisual o Internet, sin embargo a través de los materiales que se generan desde la organización reproducimos su voz y su palabra como instrumentos importantes del acompañamiento.

→ El COPINH habla a través de la radio comunitaria la Voz del Gualcarque

En el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la comunicación popular, alternativa, en manos de las comunidades en resistencia, ha sido un arma fundamental para la lucha en todas las comunidades a las que se ha podido llegar. En muchas de las comunidades que conforman el COPINH no hay electricidad, sin embargo en cada casa hay una radio.

En este contexto, la radio comunitaria ha sido un elemento importante de formación política de la comunidad, compartiendo los programas y productos de otras radios y medios alternativos y estableciendo un espacio libre de discusión e información, buscando alejarse de las malas prácticas y vicios amarillistas y tergiversadores de los medios corporativos. La radio ha sido un instrumento de lucha para la liberación de las mujeres quienes encuentran en ella un espacio de incidencia, denuncia y expresión.

Un ejemplo claro es el proceso de la radio comunitaria La Voz del Gualcarque en Río Blanco, Intibucá, Honduras, que, entre otros temas, brinda información en contra de la construcción de la represa asesina «Agua Zarca».

Tal ha sido la fortaleza que la radio ha dado a la comunidad que la empresa pagó para montar una radio en la misma frecuencia y entorpecer la frecuencia de La Voz del Gualcarque. Sin embargo, lo que no puede pagar el dinero sucio de esa represa es el trabajo comunitario y la alegría de la gente de poner su antena, construir su cabina y organizarse para que cada quien, desde sus posibilidades, participe en la radio de toda la comunidad.

Es por eso que desde allí se sigue construyendo comunicación popular y denunciando el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, quien perdió la vida por incentivar la organización y rebeldía del pueblo Lenca.

Día tras día constatamos que la comunicación en manos de los procesos y en los diversos formatos que adopta es una herramienta fundamental para caminar las luchas. Juntando ésta a otras formas de organización podemos hacer frente a las embestidas del capital para seguir construyendo día a día la vida digna que merecemos vivir.

Más información:

[INFORME] Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

Libro en PDF: «Aire, no te vendas» cuenta la experiencia de la radio comunitaria Totopo en Oaxaca (AUDIO)

Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio

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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 24 de agosto 2018

Faltan pocos días para que inicie el juicio oral y público de las 8 personas acusadas en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro, perpetrados el 2 de marzo 2016. Se debe llevar a cabo en Tegucigalpa, capital de Honduras, del 10 al 28 de septiembre 2018. La presión es alta y la agenda muy apretada, ya que el 2 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los acusados.

El problema es que aún falta que el Ministerio Público analice y entregue informaciones claves antes de que pueda desarrollarse el juicio de manera justa para las víctimas, las cuales son los familiares de Berta y la organización que coordinaba hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El Ministerio Público omitió analizar elementos recolectados en los allanamientos realizados a los imputados y en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA). Esta empresa es la encargada del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» contra el cual luchaba Berta para defender al pueblo lenca y al río Gualcarque con el COPINH, y sabemos que tiene una alta responsabilidad en el crimen. En una investigación independiente publicada en noviembre 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) documentó la estrategia de DESA para eliminar cualquier oposición a «Agua Zarca». Por ello, urge analizar estas informaciones, almacenadas principalmente en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros y computadoras. Además, falta peritar el arma de fuego encontrada en la vivienda de Mariano Díaz Chávez, que podría ser el arma del crimen. Esto es lo que no ha hecho el gobierno de Honduras en dos años.

Un obstáculo a la Audiencia de Proposición de Pruebas

La omisión del Ministerio Público está obstaculizando el desarrollo de la Audiencia de Proposición de Pruebas, ya que las víctimas requieren que toda esta información esté disponible poder construir una acusación sólida y ejercer plenamente su derecho a la verdad. La audiencia estaba prevista ayer 23 y hoy 24 de agosto, pero el tribunal decidió posponerla al viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre, debido a la abundancia de la información que aún falta por analizar.

Es la segunda vez que la Audiencia de Proposición de Pruebas se cancela a causa de las omisiones del Ministerio Público. Debía llevarse a cabo inicialmente el pasado 27 de julio, pero se pospuso debido a que el Ministerio Público no había entregado la información necesaria. En total, el Ministerio Público hondureño ha negado 35 requerimientos de información solicitados por la organización y la familia de Berta desde el inicio del proceso. Estas irregularidades «evidencian la falta de voluntad política para resolver el asesinato de la compañera Berta Cáceres, crimen de alto impacto a nivel nacional e internacional y que desde el COPINH consideramos un crimen de Estado», denunció la organización en un comunicado publicado el 23 de agosto.

Ocultamiento de la verdad y revictimización de las víctimas

Según el abogado del COPINH, Victor Fernández, entrevistado por Radio Progreso el 22 de agosto, esto contribuye a la «revictimización de las víctimas». «El no haber realizado esta serie de diligencias a este momento del proceso implica un ocultamiento por parte del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente en el crimen y de negar verdad y justicia integral», agregó el abogado.

En esta búsqueda de justicia integral, el COPINH contempla llegar a los autores intelectuales del crimen, y no solo a los autores materiales, para que se reconozca que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa de los derechos y el territorio y que se trató de un crimen de estado. No solo quiere hacer la luz sobre los hechos ocurridos la noche del 2 al 3 de marzo 2016 en la casa de Berta en La Esperanza, Honduras, donde ella fue asesinada y su amigo Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C., sobrevivió a un intento de asesinato. Exige que se acepten pruebas que permitan develar también lo sucedido antes del 2 de marzo 2016, durante la persecución y criminalización que sufrió Berta por parte de DESA y el estado.

Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos

«Estamos en un momento crítico donde o se va a tener la verdad en su integralidad, o se tendrá que pensar si seguimos participando, y cómo, en un proceso legal que está violando el derecho a la verdad de las víctimas», advirtió Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del COPINH.

En un contexto en el que más de 200 personas son asesinadas cada año en el mundo por defender el territorio, hacer justicia para Berta significa hacer justicia para los pueblos y las mujeres en defensa de sus territorios. La actuación del Ministerio Público cobra una dimensión nacional e internacional ante la impunidad que se acerca.

*Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.

Más información:

[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: «Justicia para Berta, Justicia para los pueblos»

Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

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Artículo publicado en La Jornada del Campo por Gustavo Lozano Guerrero, miembro de Acción Colectiva A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de agosto 2018

Foto: Asamblea agraria, comunidad Vergel de Bernalejo, San Luis de la Paz, Guanajuato.

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó «Tierra Arrasada», su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé «REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios», a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez años del surgimiento de la REMA– es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’- mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer «Territorios Libres de Minería». Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país han logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear «Territorios Libres de Minería», sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear «Territorios Libres de Minería», por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, «solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades».

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir «Territorios Libres de Minería», sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

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La Red Mexicana de Afectados por la Minería celebra 10 años en defensa de la vida y el territorio

Emisiones imposibles: Cómo están calentando el planeta las grandes empresas de carne y lácteos

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Informe de GRAIN y el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)

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Las más grandes compañías de cárnicos y de lácteos del mundo podrían superar a Exxon, Shell y BP como los contaminadores climáticos más grandes del mundo en los próximos decenios. En un momento en que el planeta debe reducir drásticamente sus emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI), estas corporaciones gigantes de las proteínas animales globales están impulsando el consumo mediante el aumento de la producción y las exportaciones. GRAIN y el IATP examinaron las 35 compañías más grandes del mundo y encontraron que la mayoría de ellas no está reportando los datos de sus emisiones de GEI y pocas se han fijado metas con el fin de reducir sus emisiones totales. Necesitamos con urgencia construir sistemas alimentarios que satisfagan las necesidades del planeta, los agricultores y los consumidores. Para hacerlo, debemos romper el poder de los grandes conglomerados productores de carne y lácteos, y lograr que rindan cuentas por su inmensa huella climática.

Esta nueva investigación de GRAIN y el IATP demuestra que:

  • En su conjunto, las cinco principales corporaciones productoras de carne y lácteos del mundo, son actualmente responsables de un mayor número de emisiones anuales de gases con efecto de invernadero que Exxon, Shell o BP.
  • Para el año 2050 debemos reducir las emisiones globales en 38 mil millones de toneladas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Si todos los demás sectores siguen esta tendencias en tanto las industrias productoras de carnes y productos lácteos continúan creciendo según lo previsto, el sector ganadero podría dar cuenta de hasta el 80% de los GEI permisibles en sólo 32 años.
  • La mayoría de los 35 gigantes productores de carne y productos lácteos subregistran o de plano no reportan sus emisiones. Sólo cuatro de ellos ofrecen cálculos completos y fidedignos de las emisiones.
  • Catorce de las 35 compañías han anunciado algún tipo de objetivos de reducción de emisiones. De éstas, tan sólo seis tienen objetivos que incluyen emisiones de la cadena de suministro, aun cuando estas emisiones pueden representar hasta el 90% del total de las emisiones. Las seis compañías que prometen recortes de emisiones en la cadena de suministro están presionando simultáneamente hacia un crecimiento de la producción y de las exportaciones, impulsando un aumento en sus emisiones globales más allá de su intención de reducir las emisiones por kilo de leche o carne producida.

Para evitar la catástrofe climática, debemos reducir la producción y el consumo de carne y productos lácteos en países superproductores y superconsumidores, en las poblaciones opulentas en todo el mundo, y al mismo tiempo apoyar la transición hacia la agroecología.

Ganancias versus el planeta

El 25 de marzo de 2014, los altos ejecutivos de JBS, la gigante brasilera productora de carne, estuvieron en Nueva York para celebrar el «Día JBS», encuentro anual de la compañía, donde anunciaron los resultados financieros del año. El mayor productor mundial de carne tenía un mensaje triunfal para Wall Street: El consumo mundial de carne estaba subiendo y JBS se iba a beneficiar inmensamente de este crecimiento. [1] La compañía, con sede en Brasil, dijo a sus accionistas que el pilar de su estrategia era que se proyectaba un aumento del 30% en el consumo mundial de carne per cápita, pasando, de un máximo de 37 kg por persona en 1999, a 48 kg para 2030. [2]

Aquél día, JBS olvidó mencionar a sus inversionistas el crítico problema subyacente en su estrategia de crecimiento: el cambio climático. Si la producción mundial de carne aumentara a 48 kg per cápita, sería imposible evitar el aumento de la temperatura global a niveles peligrosos. [3] Para poner en perspectiva las cifras de JBS, un nuevo informe de Greenpeace considera que el promedio de consumo de carne per cápita debe bajar a 22 kg en 2030, y luego a 16 kg en 2050, para evitar un cambio climático peligroso. [4]

En su presentación, JBS no hizo ninguna mención acerca del cambio climático pero, como con los otros conglomerados mundiales de productos cárnicos y lácteos, es su deber conocer el impacto climático que conlleva el aumento de la producción. Hace más de una década, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) publicó el primer informe mundial de contabilidad de emisiones de gases con efecto de invernadero procedentes de la industria de productos cárnicos y lácteos, en el cual se demostró el papel global del sector pecuario mundial que exacerba el cambio climático. [5] Algunos estudios posteriores respaldan esta evaluación inicial. [6] A pesar de estas conclusiones, las más grandes compañías cárnicas y lácteas siguen comprometidas con niveles de crecimiento que van en total contradicción con el acuerdo logrado por los gobiernos del mundo en París en 2015 con el fin de mantener el aumento de la temperatura mundial «por debajo de 2 grados centígrados (°C)», con el objetivo de limitarlo a 1.5 °C. [7]

Si queremos alcanzar el objetivo de 1.5 °C, el total de las emisiones mundiales debe declinar rápidamente de 51 gigatoneladas a 13 gigatoneladas [8] en 2050. Si sectores como la energía, el transporte y otros reducen exitosamente las emisiones en conformidad con los objetivos de París, mientras las compañías cárnicas y lácteas continúan aumentando su producción, el sector ganadero representará una porción cada vez más grande de las emisiones disponibles de GEI de 13 gigatoneladas. En el escenario sin cambios donde todos quieren seguir con el negocio, el sector ganadero puede consumir más del 80% del presupuesto, por lo que resulta virtualmente imposible impedir que la temperatura suba a niveles peligrosos por encima de 1.5 °C.[9]

En directa contradicción con las perspectivas de un fuerte crecimiento de JBS, los imperativos del cambio climático exigen una reducción pronta y significativa de la producción por parte de las más grandes compañías cárnicas y lácteas del mundo.

Este informe se centra en los más grandes actores de la industria cárnica y de lácteos. Lo que está en juego es de gran importancia: sin recortes drásticos en sus emisiones de GEI, el mundo bien podría fracasar en su intento de evitar un cambio climático catastrófico. Estas compañías generan no solamente una enorme huella climática —comparable a las grandes compañías de combustibles fósiles— sino que dominan la producción de carne y productos de lácteos en aquellos lugares del mundo donde se presentan excedentes de producción y altos niveles de sobreconsumo de carne y productos lácteos.[10] Éstos son los lugares del mundo donde se hace más necesario implementar abruptas reducciones de emisiones procedentes de la producción de carne y productos lácteos. Esto incluye las exportaciones que alimentan el consumo excesivo entre las más opulentos clases medias y altas de los países en desarrollo.

La huella climática de los grandes productores de carne y lácteos

A diferencia de sus homólogos en el sector de la energía, las grandes compañías cárnicas y de lácteos han escapado hasta ahora al escrutinio público acerca de su impacto en el cambio climático. La falta de información pública sobre la magnitud de sus huellas de GEI es uno de los factores que contribuyen a esto. GRAIN y el IATP han examinado los esfuerzos emprendidos por las 35 compañías más grandes del mundo [11] productoras de carne de res, cerdo, aves de corral y las compañías de lácteos, con el fin de cuantificar sus emisiones de GEI. Encontramos que los datos disponibles públicamente acerca de sus emisiones son incompletos, incomparables entre compañías o años y, en la mayoría de los casos, simplemente son inexistentes. Tan sólo cuatro compañías —NH Foods (Japón), Nestlé (Suiza), FrieslandCampina (Países Bajos) y Danone (Francia)— ofrecen cálculos completos y confiables acerca de las emisiones. Sin embargo, en las actuales circunstancias, incluso estas cuatro compañías no están obligadas a reducir sus emisiones. La mayor parte de las compañías que informan acerca de las emisiones han infravalorado seriamente sus emisiones y no han incluido en sus cálculos la mayor parte de las emisiones de su cadena de suministro.

Estas emisiones de la cadena de suministro, que abarcan todo, de la producción de cultivos para la alimentación animal al metano emitido por el ganado, generalmente representan del 80% al 90% de las emisiones de la industria cárnica y láctea. [12] Sin embargo, las grandes compañías de cárnicos y lácteos tienen la responsabilidad particular de incluir en su contabilidad estas emisiones ascendentes de la cadena de suministro. Siendo compañías integradas verticalmente ejercen un importante control, a menudo directo, sobre sus cadenas de suministro, incluyendo las unidades de engorda y las operaciones de procesamiento, los sistemas de agricultura por contrato y las unidades de producción de piensos. Por ello es imprescindible que las grandes compañías cárnicas y de lácteos sean consideradas directamente responsables de las emisiones de la cadena de suministro ascendente, y se les niegue la posibilidad de trasladar la responsabilidad (y los costos) a sus proveedores agrícolas o al público.

En ausencia de datos completos y transparentes de las compañías más grandes, GRAIN y el IATP realizaron cálculos aproximados de las emisiones procedentes de las divisiones de producción de carne y lácteos de estas compañías. Para ello utilizamos una nueva metodología para el cálculo de emisiones y de datos regionales acerca de las emisiones procedentes de la producción ganadera, desarrollada por la FAO, llamada Modelo Interactivo de Contabilidad Ambiental para la Ganadería Mundial (Global Livestock Environmental Assessment Model, GLEAM), combinado con datos corporativos de los volúmenes de producción disponibles públicamente (véase el anexo). Las cifras son estremecedoras: las emisiones combinadas de las cinco principales compañías están a la par de las de Exxon y significativamente superiores a las de Shell o BP (ver Gráfica 4). En su conjunto, los 20 principales emisores de industria cárnica y de lácteos producen más emisiones que muchos países de la OCDE.

(…)

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[1] JBS, JBS Day New York, 4Q13 and 2013 Results Presentation, 25 de marzo de 2014. Http://jbss.infoinvest.com.br/enu/2892/JBSDayNY_4Q13_eng.pdf

[2] JBS, «JBS Day Transcription – 2013 and 4Q13 results», 25 de marzo de 2014. Https://docslide.com.br/documents/jbs-day-transcription-2013-and-4q13-results.html

[3] Para un buen resumen de literatura revisada por pares, que asocia el aumento del consumo de ganado con un cambio climático catastrófico, véase Kim, B., Neff, R., Santo, R. & Vigorito, J. «The importance of reducing animal product consumption and wasted food in mitigating catastrophic climate change», Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for a Livable Future, 2015. https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/2015-12-07e-role-of-diet-food-waste-in-cc-targets.pdf

Las cifras de crecimiento citadas por JBS se basan en los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación acerca del aumento de la producción de carne de vacuno, cerdo, aves de corral y carne ovina, datos que constituyen también la base de las proyecciones de las emisiones presentadas en la Figura 1 del presente informe.

[4] Greenpeace International, «Less is more: Reducing meat and dairy for a healthier life and planet,» 2018. http://www.greenpeace.org/livestock_vision.

[5] FAO, «Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options», 29 de noviembre de 2006. Http://www.fao.org/3/a-a0701e.pdf

[6] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. Http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

[7] «El objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer la respuesta mundial frente a la amenaza del cambio climático, manteniendo un aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de 2 °C, por encima de los niveles pre-industriales y continuar los esfuerzos para limitar aún más el aumento de temperatura hasta hacia 1.5 °C.» https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

[8] 1 gigatonelada = 1 mil millones de toneladas

[9] Aquí nos referimos a un presupuesto basado en la cantidad acumulada de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas durante un periodo de tiempo para mantener los aumentos promedio de la temperatura global dentro de 1.5 °C.

[10] Con base en las emisiones de las compañías de productos de ganadería, incluyendo las emisiones de los sistemas de ganadería y los sistemas de combustibles fósiles que incluyen las emisiones finales.

[11] En términos de volumen de producción.

[12] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

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Expertos del IPCC recomiendan «cambios sin precedentes» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

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Rosalinda Santiz, presidenta del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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Foto: Rosalinda Santiz durante el seminario de Otros Mundos A.C. el 1 de mayo 2018 (Crédito: Otros Mundos A.C.)

Yo voy a hablar sobre el tema de las cooperativas como una alternativa al sistema capitalista. En 2016, se conformó la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR), una red de cooperativas en diferentes estados del país (Quintana Roo, Oaxaca, Michoacan, Guerrero y Chiapas). Nosotras no nos llamamos feministas, porque al final este concepto no nace desde aquí, desde los pueblos. A lo mejor se puede decir de otra manera, no lo sé, tampoco lo hemos encontrado todavía. Sin embargo, las mujeres creemos que las luchas de las mujeres han sido de muchas maneras. El caminar de las mujeres es super importante.

Para nosotras es muy importante ver cómo desde las cooperativas podemos defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales. Es una forma de luchar, de unirnos como mujeres y también de lograr la autonomía económica porque antes no existía. El que administraba los pocos pagos que las mujeres recibían de sus productos o tejidos eran los hombres. A las mujeres no nos educan a participar, ni siquiera a tomar decisiones. Sin embargo, uno de los logros que han habido dentro de las cooperativas es la toma de decisiones y también el hecho de que las mujeres conozcan sus propios derechos, aunque han habido diferentes dificultades en el camino. Hasta han habido muertes de mujeres. Las quisieron violar porque estaban participando y tomando decisiones.

Una de las cosas que queremos también defender es nuestro patrimonio cultural, porque se ha ido perdiendo de muchas maneras. Otra de las cosas que estamos defendiendo como red de cooperativas es la defensa de la propiedad intelectual de nuestros diseños. Es un problema muy grande que está pasando en el país, no solo en México, sino también en Guatemala y otros países. Todos nuestros diseños se los están llevando a otros países y cada vez es menos lo que nos está quedando.

Y otra de las cosas que estamos empezando a construir en nuestra red entre todas es valorar el trabajo entre nosotras, las mujeres, rescatando el trabajo de las pocas mujeres mayores que quedan. Uno de los trabajos que queremos seguir haciendo es que se sumen otras cooperativas de mujeres, otros esfuerzos, otros colectivos. Si somos más grupos de mujeres, tendremos más fuerza para enfrentar las situaciones.

Actividades organizadas con la cooperativa de mujeres Jolom Mayaetik en Chiapas (Crédito: CEFOCAM)

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[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

Pensar desde los comunes, un libro colaborativo disponible en .PDF

Nicaragua: alto a la criminalización y represión de las defensoras de derechos humanos

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Pronunciamiento lanzado por la Iniciativa Mesoamerica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Agosto 2018

>> Organizaciones y articulaciones locales, nacionales e internacionales pueden firmar el pronunciamiento en línea aquí <<

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.

Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como reflejan las veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos tres meses y que afectan a más de cien defensoras.

Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva», claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.

Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca – Campamento de Vida Joven, organizaciones de Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se las acusa de apoyar a «terroristas» y se pide que «les hagan auditorías y las cierren por ser parte de los vándalos y los delincuentes».

Este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos ya que muchas veces son el preámbulo de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos. En relación a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de expertos de la ONU (1) expresa su preocupación ante el hecho que «estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas».

Ante ello, las organizaciones firmantes señalamos al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país, y le exigimos:

  • En sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, el cese inmediato de la «caza de brujas» contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia y represión contra actores de movimientos autoconvocados.
  • La derogación de las anticonstitucionales «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva».
  • El cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CIDH el 21 de mayo tras su visita al país.
  • Proporcionar todo el apoyo a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI), para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a cabalidad con su papel crucial ante esta crisis.
  • La libertad inmediata y sin cargos de todas las defensoras víctimas de detención arbitraria y criminalización por ejercer su legítimo derecho a la protesta social y a defender derechos.
  • Apoyar el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental.

(1) Los Expertos: El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; el Sr. Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; la Sra. Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; la Sra. Fionnuala Ní Aoláin; Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; el Sr. Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; el Sr. Seong-Phil Hong, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

Foto:Una estudiante se cubre con una bandera de Nicaragua mientras realizaba vigilancia en una barricada, ubicada en semáforos de la Rafaela Herrera. Carlos Herrera| Niú (más fotos aquí)

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Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Artículo del periodista Giorgio Trucchi, publicado en la Agencia latinoamericana de Información (ALAI) el 6 de agosto 2018

Del 10 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante años, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

El largo conflicto generó enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.

Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.

Faltan los autores intelectuales

Tanto el COPINH como los familiares de la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.

Durante una entrevista con Radio Mundo Real, Bertha Zúñiga, actual coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, habló de la importancia del juicio. «No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia. Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ‘justicia para Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la impunidad”, manifestó durante la entrevista.

Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indígena.

Como distorsionar la realidad

Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo sobre el asesinato de Cáceres realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). El objetivo sería sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal asesinato.

La investigación del Grupo de expertos internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.

Pese las fuertes acusaciones y a la decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.

«DESA mantiene la ilegal concesión de 50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados«, explicó el COPINH en un comunicado.

La decisión de no cerrar el proyecto hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más amplia, «que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias líneas de investigación«.

Tampoco ha parado «el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco«, así como «el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas» para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el COPINH en la nota.

La organización indígena lenca alertó también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha información. «La falta de acceso a la información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia», denunció el COPINH el 3 de agosto.

La información que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el COPINH. También oculta la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.

El mismo año en que asesinaron a Berta Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global Witness como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Negocios que matan

Dos años después, el nuevo informe de la organización británica «¿A qué precio?» señala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes en el mundo. Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.

La agroindustria resulta ser el sector de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.

América Latina es la región más peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13) encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación con el 2016.

Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. «Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales”, se lee en el informe.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores, advirtió Global Witness.

Negocios irresponsables

Para la organización británica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. «Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible», increpó.

Gobiernos cómplices

La colusión o la inacción de los gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de derechos humanos. «Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria», señala el informe.

Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos más. «A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en políticas convincentes y cambios concretos».

Ante esta situación, Global Witness pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.

También exigió apoyo y protección para defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación, captura y castigo para los responsables de los ataques. «Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia”, concluye el informe «¿A qué precio?».

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Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

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Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 16 de agosto 2018

  • Fumigación con fipronil, un producto agrotóxico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, afectó a 335 colmenas en 18 apiarios ubicados en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo
  • Daños económicos ascienden a más de dos millones de pesos
  • La cosecha de miel del segundo semestre del año se perdió

José María Morelos, Quintana Roo.- Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, fueron afectadas por un empresario, quien aplicó un químico altamente tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero, lo cual provocó la muerte de cientos de miles de abejas en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, no duda en ubicar la tragedia, como la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del Ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental. «Cada colmena tiene capacidad para brindar abrigo a 50 mil abejas y, su muerte, representa un golpe económico devastador, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.»

Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II, echaron a andar la iniciativa «Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos».

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio, para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

 

«Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores», narró.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalla que desde el miércoles ocho de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento «inusual» en las abejas, que fue traduciéndose en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas -dijo- fueron totales. «También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado», expresó.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de Clase II.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad -inicialmente- les negó ese derecho, bajo dos argumentos.

Uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; otro, que la muerte de abejas no es un delito. «Luego también nos dijeron que como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito», agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo, posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito, los que «destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas».

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes, uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones. Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas, para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

(Foto: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible)

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

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Astrid Cuero, feminista afro-colombiana, fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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«Lo que más conozco es la experiencia del Pacífico colombiano, en la costa occidental de Colombia. Es un territorio selvático con salida al mar, con mucha diversidad y muchos recursos naturales, donde la minería ha tenido una función esencial dentro del capitalismo y la economía extractivista.

Este territorio está habitado por una población afro-colombiana e indígena. Desde los años 1990 ha sido objeto de la presencia de multinacionales, en especial mineras como la AngloGold Ashanti (de capital sudafricano). Este territorio está siendo disputado por muchos actores, incluso armados, porque allí también se siembran cultivos ilícitos como la cocaína, la amapola, la mariguana, en complicidad con el estado.

Es un territorio disputado por las guerrillas y por paramilitares que han sido pagados por narcotraficantes como por las empresas multinacionales. Esto ha generado una situación de destierro en las poblaciones afro-colombianas. Los hombres negros han sido los que han sido más asesinados en todo el conflicto en el pacífico colombiano. En particular las mujeres negras son las que quedan sobreviviendo y resistiendo, intentando reconstruir su vida. Han sufrido violencias de todo tipo porque aparte de que destruyen a sus familias, matan a sus esposos y sus compañeros, también han sido violadas y violentadas por los actores armados, sobre todo militares y paramilitares.

Además, muchas de ellas han sido desplazadas, desterradas de sus territorios, han tenido que llegar a las ciudades con sus hijos, para intentar sobrevivir, enfrentándose a condiciones de pobreza y de racismo. Es una lucha muy profunda y muy dura contra un sistema que es patriarcal, y capitalista, pero que también es racista. Es fundamental darnos cuenta de ese racismo estructural que las mujeres negras tienen que enfrentar para sobrevivir y defender sus territorios. Algunas han podido seguir intentando defender su territorio desde sus lugares, pero a muchas les ha tocado salir.

Mujeres como Francia Márquez (Premio Goldman 2018) y Marilyn Machado, entre otras, hacen parte de todo un proceso de comunidades negras y de la Red de movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, quienes no se definen como feministas pero están ejerciendo un feminismo negro. Estas mujeres negras que han defendido la vida, el territorio y la relación integral que existe entre la naturaleza y el humano, son mujeres que no se definen como feministas, pero que en sus practicas políticas están generando una vida alternativa al sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista.»

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Más información:

Así es Francia Márquez, la colombiana que ganó el «Nobel» ambiental

La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio (comunicado de la REMA)

PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida

AUDIO: «Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres»

Foto: Astrid Cuero tomando la palabra en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. A su lado, están: Marilia de Madeiros Gonçalvez, Guadalupe Vásquez Luna y Rosalindo Santis.

No, Carlos Slim no es un «ejemplo a seguir», como lo pretende AMLO: REMA

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro «Ingeniería es soberanía», presentando ahí 25 «proyectos estratégicos» que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona «honesta», como «modelo a seguir» y «un ejemplo para México y el mundo».

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como «presunto evasor» en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de «desarrollo» extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene «inversiones», como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto «ejemplar» para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué «desarrollo» estamos hablando, y ese «desarrollo», es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los «proyectos estratégicos» a impulsar por el gobierno de AMLO, están también los de desarrollo minero. ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

1. Que las mineras «cuiden el medio ambiente» en su actuar;

2. Que «se les pague mejor» a los trabajadores;

3. Que «se paguen más impuestos al Estado».

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de «desarrollo»: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía.

Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO!

¡NO AL FRACKING!

¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO!

¡LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR!

ATENTAMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Foto: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Carlos Slim (Crédito: Jessica Espinosa / Notimex)