El Escaramujo 80: LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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El gobierno ha establecido la obligación a las empresas de presentar a la Secretaría de Energía una Evaluación sobre el Impacto Social (EIS) de sus proyectos extractivos en el Sector Energético, según se establece en los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica. Para ello ha diseñado 4 formatos que deben usar para recabar la información según el tipo de proyecto extractivo. Se podría pensar que la EIS es un buen mecanismo, sin embargo, podemos adelantar algunas apreciaciones y conclusiones:

     1) La EIS incluye proyectos de pozos petroleros, extracción de gas, represas desde las supuestas «minis» hasta las mayores, parques eólicos o de energía solar, gasolineras y expendios de venta de gas, oleoductos, gasoductos, entre otros muchos proyectos del sector de hidrocarburos y de electricidad.

     2) Se crecerá un nuevo sector de sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y similares; Ong’s, universidades y facultades, centros de investigación o los nuevos despachos de consultores que tendrán un negocio jugoso para vender sus servicios a las empresas extractivas con el fin de elaborar sus EIS. (Artículo 7) Esto va a generar un nuevo frente de confrontación entre estos sectores y los opositores a los proyectos extractivos.

     3) Las empresas, los gobiernos y los consultores llevarán a cabo un trabajo de inteligencia aguda donde podrán concentrar toda la información física, política, económica y cultural de las comunidades campesinas e indígenas, de los conflictos internos de los movimientos así como de los sectores a favor y en contra del proyecto extractivo. Para los opositores a estos proyectos extractivos, todavía tienen vigencia en su contra la Ley de Seguridad Interior y la Ley para Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, como parte de la Reforma Energética que el próximo gobierno pretende mantener.

     4) La EIS recaba información de los afectados, pero no su opinión sobre si aceptan o no el proyecto. La supuesta consulta no va de la mano con el consentimiento de los afectados. La aceptación o no del Proyecto la define la Secretaría de Energía.

     5) La EIS ayudará a reforzar la propuesta de legislar las «consultas previas, libres e informadas» que es un mecanismo para justificar e imponer los proyectos extractivos.

     6) Se incluyen conceptos de derechos humanos, perspectiva de género, participación equitativa de hombres y mujeres, entre otros, sin embargo, la tendencia que se constata es que los feminicidios de defensoras de los derechos humanos van en aumento y que tanto gobiernos como empresas siguen criminalizando y judicializando a las mujeres que están al frente de las resistencias contra los megaproyectos que afectan a sus territorios. Sobre el respeto a los derechos humanos, consulta y equidad de género, ¿confiamos en que esto lo tomarán en cuenta Grupo México, Texaco, Chevron, British Petroleum, Unión Fenosa, Gas Natural, Shell, Endesa, AES, Iberdrola, etc.? Cuando éstas son algunas de las principales violadoras de los derechos humanos, lo que ha dado a la necesidad de impulsar el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

     7) Que las empresas petroleras y de electricidad tengan que respetar en sus Proyectos extractivos los derechos humanos desde la perspectiva de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (Artículo 3), haría imposible el mismo proyecto que busca maximizar las ganancias y transferir los costos sociales y ambientales. Por otro lado, implicaría tomar en cuenta todos los derechos humanos desde salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación, medio ambiente, entre otros. La máximización de las ganancias de las empresas trasnacionales tienden no sólo a omitir la protección a los derechos humanos sino a violar las leyes ambientales, incumplir contratos con las comunidades y ejidos, ignorar sin consecuencias las resoluciones judiciales en su contra, hacerse del apoyo de la seguridad pública y del ejército para reprimir las protestas sociales, entre otras prácticas. ¿Y con este instrumento se espera que cumplan, protejan, prevean y garanticen los derechos humanos?

     8) No existe un marco regulatorio y vinculante que garantice que la empresa respetará, prevendrá y protegerá los derechos humanos a menos que se logre la firma del polémico Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Lo que la empresa está supuestamente obligada es a cumplir la ley laboral ya muy flexible a favor de las empresas, así como otras leyes que más bien las beneficia en lugar de favorecer los derechos humanos de las personas. La experiencia con los proyectos petroleros, de gas, represas y otros similares muestra que la contaminación, los problemas de salud, de acceso al agua, de desplazamiento de población con mucha violencia entre otros saldos, son la práctica común.

     9) La participación equitativa, la inclusión estadística y diferenciada de las mujeres que se propone, no es sinónimo de perspectiva de género.

     10) No se toman en cuenta las afectaciones psicosociales.

     11) No se toman en cuenta a los pequeños pescadores ni las afectaciones en sus zonas de pesca.

     12) Las zonas de amortiguamiento de 500 metros alrededor del polígono del Proyecto extractivo, y de 100 metros a cada lado de los oleoductos, gasoductos o tendidos eléctricos, fragmentarán más los territorios.

     13) ¿Qué pasaría si las comunidades afectadas no dan su consentimiento para que su información sea incluida en la EIS?

     14) La información sobre las comunidades campesinas e indígenas, sobre las organizaciones y movimientos y cualquier otro sector es muy detallado. Sin embargo, los afectados no cuentan con la información del Promovente, de la empresa que pretende extraer los recursos de su territorio. Ignora los antecedentes de la empresa, si ha violado o no derechos humanos en otros lugares y países; si ha sido acusada de corrupción o narcotráfico; o quiénes son los miembros de su Junta Directiva, sus datos y antecedentes; si alguno de sus miembros dueños tienen antecedentes penales; si su capital e ingresos son lícitos o ilícitos; cuáles son sus fuentes de ingreso y financiamiento, etc.

Para una mejor comprensión y consulta, presentamos por temas y títulos un resumen del «ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético» emitido por la Secretaria de Energía en Junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y que consta de 48 Artículos.

Este resumen abarca los siguientes temas: datos de la empresa y el Proyecto; la versión pública del Proyecto; el consentimiento, la participación y la confidencialidad; la perspectiva de género, la calidad de la información, la identificación de las comunidades, la Consulta Previa, los proyectos de hidrocarburos y del sector eléctrico, el Área de Influencia del Proyecto, los Actores de Interés, los Formularios, el Impacto Social, el Plan de Gestión, la Resolución Final y un Glosario de los conceptos que se usan.

     1. DATOS DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO: La EIS debe contener los datos generales de la empresa; la descripción técnica del Proyecto (objetivos, características generales y componentes técnicos), sus etapas (construcción, operación, desmantelamiento), la descripción de las obras y actividades, sus obras asociadas, la ubicación geográfica, el tipo de uso de suelo y localidad, el tipo de zona (nave industrial, conjunto industrial, parque industrial u otra zona con actividad industrial) y la superficie requerida (temporal, permanente y total del Proyecto y sus obras e instalaciones asociadas). (Articulo 12 y 13)

     2. PROYECTO, VERSIÓN PÚBLICA: El Promovente deberá elaborar y presentar una copia electrónica en versión consulta pública, que cuente con la leyenda «Versión Pública» de la Evaluación, o en su defecto su autorización a que la información confidencial incluida en el documento puede manejarse públicamente. (Artículo 35)

     3. CONSENTIMIENTO, PARTICIPACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: La empresa «observará» la participación voluntaria y equitativa de las mujeres y los hombres de las comunidades o Actores de Interés para identificar, caracterizar, predecir y valorar los posibles Impactos Sociales que afecten su modo de vida; para definir las medidas de mitigación y cómo prevenirlos; así como su consentimiento de que la información sea incluida en la EIS con mecanismos de confidencialidad y protección de datos, sin prácticas coercitivas y discriminatorias; proporcionando información adecuada, pertinente y accesible; y conduciéndose con probidad y veracidad. (Artículo 3 y 4)

     4. PERSPECTIVA DE GÉNERO. La empresa debe garantizar que sea transversal e incluida en el Plan de Gestión. Significa incluir la información desagregada por sexo en la Evaluación; que los Impactos Sociales y las medidas para prevenirlos, mitigarlos y ampliarlos estén diferenciados para hombres y mujeres, y promover mecanismos para que las mujeres participen en un plano de igualdad en la implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto. (Articulo 5)

     5. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La empresa debe incluir en la EIS «información reciente, fidedigna y comprobable», con estadísticas oficiales, desagregada por sexo; información bibliográfica y hemerográfica especializada, del producto de mediciones y observaciones en campo, de la EIS a que se refieren los artículos 119 de la Ley de Hidrocarburos y 78 de su Reglamento, de las comunidades; de entrevistas, grupos focales, encuestas y/o talleres en los que se asegure la participación igualitaria de hombres y mujeres, y/o información de otras fuentes oficiales. La empresa debe señalar qué fuentes usó y qué estrategia utilizó para que mujeres y hombres participaran en igualdad de condiciones. (Articulo 6)

     6. COMUNIDADES, SU IDENTIFICACIÓN: Se debe identificar a las comunidades con la información geográfica oficial (municipios, localidades, Áreas Geoestadísticas Básicas y unidades mínimas del Marco Geoestadístico Nacional) (Artículo 18); y donde se caractericen las comunidades a partir de indicadores sociodemográficos (características generales de la población, los hogares y las viviendas; conflictos de tenencia de la tierra, la infraestructura, acceso y cobertura en materia de salud y educación); rasgos socioeconómicos y socioculturales y los relacionados con la forma de vida de las mujeres y los hombres que incluya aspectos sobre su cultura, costumbres, valores y creencias; elementos relacionados con la gobernanza, cohesión y capital social de las comunidades, y las formas de participación social y política; el entorno y patrimonio socioambiental, de los recursos naturales que aprovecha la comunidad; la descripción de las condiciones del desarrollo humano de la comunidad en función de indicadores de pobreza y marginación; el levantamiento de una Línea de Base que contenga la medición de indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales que podrían registrar cambios a causa de las actividades del Proyecto, verificados en campo y comparables en el tiempo. (Artículo 19)

(…)

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La política minera de AMLO, una continuidad incoherente

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de septiembre de 2018

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a principios del presente mes que implementará medidas para «reducir» los efectos de la extracción minera. Estas medidas no son otra cosa que medidas cosméticas para paliar los efectos de la minería a tajo abierto por metales, lo que equivale a permitir que continúe una actividad que genera daños severos, múltiples e irreversibles ya documentados, incluso desde las etapas previas al inicio de las explotaciones.

Anunciar «remediaciones» que forman parte de la mentira sistemática que emplean las empresas para encubrir el despojo, gravar a esas empresas y destinar esos recursos fiscales a las comunidades a cambio de permitir las afectaciones y con ello legitimarlas, constituye más de lo mismo: una medida de continuidad que no sólo denota ignorancia y servilismo hacia intereses ajenos a la salud e integridad de nuestras comunidades y territorios, sino que mina el futuro y pone en entredicho el respeto elemental al mandato popular del pasado primero de julio.

Las palabras del Presidente electo no ayudan a enfrentar la grave situación que vive el país por el extractivismo minero que además ha causado desplazamientos de población, pobreza, migración y asesinatos. Con ello solo se operarían mecanismos con el fin de que unos raquíticos impuestos que pagan las empresas mineras se destinen a mitigar los graves e irreparables daños. [1]

 

México no está en venta. Nuestra integridad no está en venta. Exigimos sin titubeos ni falacias una posición digna y una política pública inequívoca de rechazo al modelo extractivo minero.

¡ALTO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

[1] «Desde 2014, se estableció que las empresas mineras tienen que pagar un impuesto por la extracción de minerales y que ese impuesto tiene que utilizarse para mitigar daños en comunidades mineras», declaró AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre 2018.

Foto: AMLO en rueda de prensa el 6 de septiembre en la Ciudad de México.

Más información:

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Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

Firma esta petición para exigir un juicio justo para Berta Cáceres y el COPINH

ITALIANODEUTSCHFRANÇAIS

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.

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Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.

Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.

Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?

Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.

Atentamente,

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Más información:

El juicio por el asesinato de Berta Cáceres se suspende tras exigencia del COPINH de cambiar de tribunal

#DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres

 

 

16-18 de noviembre: ¡Celebremos los 15 años del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos!

EL MAPDER CUMPLE 15 AÑOS DEFENDIENDO RÍOS

REALIZARÁ SU ENCUENTRO NACIONAL DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE EN GUERRERO

Comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 17 de septiembre 2018

Al cumplir quince años de resistencia, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) realizará su treceavo encuentro nacional del 16 al 18 de noviembre del 2018 en la comunidad de Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, estado de Guerrero.

Compartiremos experiencias y conocimientos desde las distintas comunidades, organizaciones y personas que integramos el MAPDER para fortalecer la resistencia nacional y brindar solidaridad al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

Nos reuniremos en el lugar que nos vio nacer en el año 2003 en torno al CECOP, que defiende la cuenca del río Papagayo y resiste a una nuevaofensiva de persecución, encarcelamientos y asesinatos.

Los campesinos de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, han expresado contundentemente durante quince años su rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad, pero sus derechos siguen siendo pisoteados por las instancias de poder federal y del estado de Guerrero.

Enfrenta el MAPDER numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de los pueblos al agravarse las amenazas de despojo de tierras y del desplazamiento forzado de poblaciones para la construcción de presas.

Delegaciones procedentes de las cuencas hídricas de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Puebla, Valle de México, La Laguna, entre otras, reflexionaremos sobre la organización y el papel del MAPDER en los nuevos escenarios que enfrentaremos en los siguientes años, particularmente en materia de agua, proyectos de presas, energía y resistencia de los pueblos.

Comunidades afectadas exigimos la cancelación inmediata de los proyectos de presas La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, cuenca de La Antigua en Veracruz, al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en las cuencas de Chiapas, y nos solidarizamos con los pueblos que resisten la imposición de embalses en la Sierra Negra de Puebla y en Milpillas, Zacatecas.

Reclamamos la libertad de presos del CECOP, justicia a los asesinados y presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, opositor del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala de Minera Autlán en Puebla.

Recuperaremos aprendizajes y logros que hemos tenido como movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en nuestros primeros quince años de vida.

Con invitados internacionales festejaremos colectivamente la vida y el aniversario del MAPDER al grito de

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

Mayor información en el correo electrónico: encuentromapder15@gmail.com

Más información:

¿Uno más en la cuenta de muerte por defender la vida? ¡Exigimos la aparición con vida del defensor Sergio Rivera Hernández!

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

#10AñosCompartiendo: Manualito para las radios en defensa de los ríos

 

 

Quintana Roo: Nueva fumigación con producto agrotóxico provoca mortandad de abejas

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 14 de septiembre 2018

  • El saldo preliminar es de 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados
  • La fumigación ocurrió el 10 de septiembre pasado, días después de la firma de un convenio para pagar parcialmente los daños provocados en agosto pasado
  • Lo ocurrido vuelve a poner en la agenda de discusión la no regularización de agroquímicos
  • En ese contexto, la SAGARPA entregó hoy paquetes de agroquímicos tóxicos a apicultores del municipio de José María Morelos, Quintana Roo

Más de 200 colmenas, en los Ejidos de San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron afectadas por una nueva fumigación en el plantío de chile habanero propiedad de un empresario de Yucatán, que el mes pasado provocó la muerte de cientos de miles de abejas y la pérdida de 357 colmenas en el Ejido Candelaria, en donde siguen muriendo las abejas por el impacto residual del tóxico.

Apicultores afectados informaron esta mañana a la sociedad Coopertiva U Lool Che y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible-Península de Yucatán (CCMSS-PY) que, al revisar sus apiarios, encontraron el suelo tapizado de abejas.

El saldo preliminar, arroja -hasta el momento- 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados, pero la cifra podría aumentar. Los muestreos se realizan con apoyo de especialistas en la materia.

Los productores atribuyen lo ocurrido a que el empresario, originario de Yucatán, Pedro Pablo Erosa Manrique, volvió a fumigar su cultivo de chile habanero el 10 de septiembre pasado, días después de haber firmado un ventajoso convenio que lo compromete sólo a resarcir el daño parcial que ocasionó a los apicultores del Ejido Candelaria, el 13 de agosto pasado.

Erosa Manrique sólo pagará mil 300 pesos por colmena, cuando el precio real es de mil 700 pesos y sólo se hizo responsable de 250, de las 357 colmenas que afectó, lo que implica que pagará 281 mil pesos menos por el daño que provocó.

El convenio, que gozó del aval de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía del estado, que coaccionaron a los apicultores para aceptar firmarlo, permite a Erosa Manrique seguir usando agroquímicos.

De acuerdo con el testimonio de Wilson Ayala Mex, del Ejido Candelaria, aunque verbalmente Pablo Erosa les aseguró que no usaría químicos tóxicos, les recomendó que «cerraran sus piqueras» cada vez que hubiera una nueva fumigación a cargo de su personal.

En ese contexto, autoridades locales y federales se han abstenido de regular el uso de agroquímicos y productos nocivos para la tierra, las abejas y, en general, la biodiversidad y, por el contrario, fomentan su utilización en detrimento de la salud humana y de los ecosistemas, con los impactos económicos que ello conlleva.

Como ejemplo, esta mañana, la Sagarpa entregó agroquímicos en plena cabecera municipal, como parte del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2018.

Los paquetes entregados contienen DAP, AMINA, PARAQUAT, FOLIAR y GLIFOSATO, este último, altamente cuestionado por contaminar la tierra, los cultivos, el polen de las plantas, cuyo polen es alimento de las abejas, y contaminando a su vez la miel que producen.

Incluso, se han denunciado casos en la Península de Yucatán, de mortandad de las abejas, a partir de la presencia y uso del Glifosato.

La Sedarpe también formó parte del evento, en donde se repartió a cada agricultor, un vale equivalente a mil 500 pesos, por hectárea, para canjearlo por estos agroquímicos.

Más información:

Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

[VIDEO] Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo

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El pasado 1 de mayo, cuatro mujeres integrantes de Amigos de la Tierra Internacional participaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un conversatorio titulado «Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado por Otros Mundos A.C. en el marco de su Seminario Permanente de la Sustentabilidad. Las participantes fueron: Ivana Kulić, del Centro para el medioambiente/ Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina; Rita Uwaka, de Acción para los derehos ambientales/ Amigos de la Tierra Nigeria; Syeda Rizwana Hazan, de la Asociación de abogados ambientales bangladesís/ Amigos de la Tierra Bangladés; y Marília de Madeiros Gonçalvez, de Amigos de la Tierra Brasil. Cada una habló del vínculo entre la defensa del territorio y la lucha por los derechos de las mujeres en su respectivo continente.

El evento formó parte de las actividades de la segunda reunión del grupo de Trabajo de la federación Amigos de la Tierra Internacional sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 4 de mayo en el Centro Alter Natos de Otros Mundos A.C. «Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad», declara la federación en su página web.

Los testimonios de las cuatro compañeras permitieron visibilizar los impactos diferenciados que tienen los megaproyectos en la salud y la vida cotidiana de las mujeres, tanto en terminos de daños directos sobre sus territorios, cuerpos y trabajos, como de represión y criminalización de su labor en defensa del territorio. También dieron a entender el gran papel que juegan las mujeres por la defensa de la soberanía alimentaria en el mundo y la injusticia a la cual se enfrentan al no tener tanto acceso a las tierras cultivables como los hombres. Explicaron que «el modelo extractivo tiene su origen en el patriarcado y el sistema capitalista», como lo resumió Rita Uwaka en su presentación.

El panel fue complementado por la participación de dos compañeras chiapanecas, Guadalupe Vásquez Luna, de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y Rosalinda Santiz del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), quien nos habló de las cooperativas de mujeres artesanas como una manera de «defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales». También contamos con la presencia de la feminista afro-colombiana Astrid Cuero, quien nos compartió la experiencia de las mujeres afro-colombianas en lucha contra la minería en su país.

—– ENGLISH VERSION —–

[VIDEO] Environmental Justice and Fight against Patriarchy: Body, Territory and Work

On May 1st, 2018, four women members of Friends of the Earth International (FoEI) took part in San Cristobal de las Casas, Chiapas, in a public talk called «Environmental Justice and Fight against Patriarchy: Body, Territory and Work», organized by Otros Mundos A.C. The speakers were: Ivana Kulić, from the Center for Environment/ Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina; Rita Uwaka, from Environmental Rights Action (ERA)/ Friends of the Earth Nigeria; Syeda Rizwana Hazan, from the Bangladesh Environmental Lawyers Association/ Friends of the Bangladesh; and Marília de Madeiros Gonçalvez, from Friends of the Earth Brazil. Each of them talked about the link between the defense of the territory and the struggle for women’s rights in her continent.

The event was part of the activities of the second reunion of FoEI’s Working Group on Gender Justice and Dismantling Patriarchy, which took place from April 30th to May 4th, 2018, in the Ecological Center «Alter Natos» of Otros Mundos A.C. «We seek justice and freedom from all systems that devalue and exploit women, peoples and the environment, including patriarchy, racism, (neo)colonialism, class oppression, capitalism and heteronormativity», states the federation.

The testimonies of all four speakers shed light on the different impacts that megaprojects have on women’s health and daily lives, not only regarding the direct effects they have on their territories, bodies and works but also the repression and criminalization of their struggle in defense of the territory. The participants talked about the great role women play in the defense of world’s food sovereignty and the injustice they are facing, due to the fact that they don’t have as much acces to croplands as men. They helped us undersatand that «extractivism is rooted in patriarchy and capitalism», as Rita Uwaka said during her lecture.

The talk of the four members of FoEI was complemented by the participation of two women from Chiapas, Guadalupe Vásquez Luna, from the grassroot organization La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, and Rosalinda Santiz, from the Formation and Training Center for Women K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), who shared her vision of craftswomen’s cooperatives as a way of «defending our territory, our lands and our own natural resources». There was also a presentation by the Afro-Colombian  feminist Astrid Cuero, who told the story of Afro-Colombian women who fight against mining in her country.

Más información:

[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

[AUDIOS] Mujeres de Amigos de la Tierra Internacional trabajan por la Justicia de Género y el Desmantelamiento del Patriarcado

[INFOGRAFÍA] ¿Cuánta agua consumen los proyectos extractivos?

Todos y todas necesitamos agua para vivir. Las empresas extractivas también necesitan agua para llevar a cabo sus proyectos de producción industrial en los territorios urbanos, campesinos e indígenas. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Equivale a 65,000 garrafones de 20 litros.

Da click en la imágen para descargarla

En la comunidad de Ribera Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo, en medio del Área Natural Protegida del Cañon del Sumidero, está funcionando desde el año 1963 una mina de cal operada por Cales y Morteros de Grijalva S.A. de C.V., que requiere cada día 177,500 litros de agua, es decir 8,875 garrafones. Además, contamina el aire con polvo tóxico enfermando a la población y fractura las paredes del Cañon por estar usando materiales explosivos.

En 2017, el pueblo zoque logró parar 12 pozos de extracción de hidrocarburo en los que se pretendía recurrir al método de la fracturación hidráulica (o fracking). Fue una gran victoria para el agua en Chiapas ya que el fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, y cientos de agentes tóxicos para funcionar.

Este año, tras la divulgación del borrador de la «Ley Pichardo» que buscaba imponer una Ley General de Aguas privatizadora, y la firma de diez decretos de levantamiento de vedas el 6 de junio por el presidente de la República, se conformó la Plataforma por el derecho humano al agua en Chiapas. Con el fin de sensiblizar a la población sobre la importancia de cuidar el agua y defenderla de los proyectos extractivos, lanzamos la campaña de información #AguasChiapasConElAgua.

¡Tu también puedes ser parte de la defensa! ¡Imprime y comparte esta inforgrafía!

Blog: http://pdhagua.blogspot.com/

Facebook: Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas

Más información:

[AUDIO] Jesús Carmona: «Con los decretos, al levantar las vedas, todos sabemos que se viene el fracking»

[AUDIO + INFOGRAFÍA] ¿Qué tienen que ver los decretos de reservas de agua con los derechos de las mujeres?

En una ciudad con poca agua, la Coca-Cola y la diabetes se multiplican

En la prensa:

Coca Cola extrae más de 1 millón de litros de agua al día de San Cristóbal de las Casas

 

El Escaramujo 79: LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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La capacidad biofísica del planeta está ya en riesgo. El Sistema Capitalista no cabe en el Planeta en su carrera por la acumulación incesante de capital y poder bajo un «desarrollo» infinito sobre bienes finitos. El extractivismo, el consumismo y el desperdicio voraz ha puesto al Planeta en una crisis climática y ambiental irreversible. La pérdida de biodiversidad marina y terrestre es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad y que amenaza los ecosistemas y la reproducción de alimentos.

Pese a ello, ni gobiernos ni corporaciones pretenden frenar lo que están ocasionando y avanzan incluso en la lógica de aumentar los negocios y ganancias con la misma crisis climática que han provocado, con la economía verde, con la financiarización de la naturaleza, con las compensaciones y los supuestos Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), entre otras políticas.

El reciclaje del CO2 se ha convertido en otro negocio y su reabsorción ya tiene un precio en el mercado. Las supuestas soluciones no llegan a la raíz del problema. El sistema de gobernanza global no lo detiene sino que lo acelera. Muchos intentos para supuestamente detener este deterioro ambiental siguen siendo espejismos. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, las Conferencias de las Partes (COP), el Protocolo de Kioto, los prgramas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú del Principio 10, entre otras tantas y tantas iniciativas para paliar el cambio climático, reducir el CO2 o detener la deforestación.

Pero siempre los objetivos son a 20 o 30 años, cuando ya quizás sea imposible hacer mucho, y además sin sacrificar la maquinaria del «desarrollo» aparentando que es posible que dicho desarrollo sea «sustentable». Llevamos prácticamente treinta años desde que se advirtió, se gritó y se urgió a hacer algo para desacelerar este proceso.

Si bien ante esta realidad es necesario adaptarnos, no es la solución del problema. Y la mitigación es sólo un paliativo. Hay que revertir esta tendencia, transitar ya a otro sistema que se pueda sustentar a sí mismo. Es necesario buscar alternatos, otras formas de vida, donde el replanteamiento de nuestra relación-reincoporación a la Naturaleza sea desde otra perspectiva.

Urge relacionarnos con los demás seres naturales como sujetos de derechos y no como meros objetos e instrumentos para la acumulación y solo en función de la humanidad. Pero, ¿qué implica la «Naturaleza»? ¿Tiene «Derechos»? ¿Cuáles? ¿Es objeto de Derechos? ¿Cuáles son sus Derechos? ¿Quién le reconoce esos Derechos? ¿Qué significa Derechos para la Naturaleza? ¿Qué diferencias hay con el Conservacionismo? Estas y más preguntas están en el debate de la ecología y el ambientalismo, de las políticas ambientales y de la ecología política. Así, muchos conceptos son necesarios debatir, reflexionar, deconstruir o se debe generar nuevos.

Algunas voces ya cuestionan por ejemplo el concepto de «Madre Naturaleza» contra la idea del rol que se les impone a las mujeres de «dadoras», «cuidadoras», únicas responsables y pasivas de otorgar vida. Pero también hay otras reflexiones en torno a las mujeres y los conflictos ecoterritoriales o del ecofeminismo. También se está poniendo al escrutinio intelectual el concepto de «Bienes» «Comunes» «Naturales» o de la «Naturaleza», o «Bienes» «Naturales» «Comunes». O la lucha por lograr una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

Por otro lado se han incorporado a la reflexión los conceptos y realidades como la «ecologización del pensamiento», los «procesos ecopedagógicos», «ecodesarrollo», «ecodependencia», «ecosustentable», «ecoteología» y «ecopopular». Y para todo, «eco»: ecotienda, ecobici, ecombustible, ecoturismo, ecolavandería, etc. Y muchas de estas adaptaciones conceptuales solo camuflan la realidad y pintan de verde la misma lógica del capital.

Desde esta perspectiva del desastre climático que estamos generando, se debaten también los conceptos de «transición», «transición ecológica», «postextractivismo», «alternativas», «derechos de los ríos», «deconstrucción», «extractivismo histórico», «alienación socio-ecológica», «territorialización extractiva», y así muchos más.

Otro análisis asociado a esta temática es la apropiación corporativa de los territorios y la violación corporativa de los derechos humanos pero también de la naturaleza. La humanidad pretende intervenir y dominar la naturaleza, manipularla, alterarla, consumirla en exceso y con lujuria; modificarle cualidades genéticas y apropiarse de ella; ponerle dueño y precio convirtiéndola en una mercancía para la acumulación sin respetar sus ritmos de reproducción. Esta es la lógica del sistema capitalista, la dominación, la explotación, la expropiación y extracción de plusvalía que va desde la relación con la naturaleza como con el trabajo. Es la extracción asociada con el proceso de acumulación, ganancia y desigualdad de clases.

Por lo visto, ser ambientalista y ecologista implica necesariamente ser anticapitalista. Y ser anticapitalista significa defender los Derechos de la Naturaleza y vincular los temas ambientales con los derechos humanos.

El conflicto no es entre la humanidad y la naturaleza, cuya articulación y unidad es inevitable y connatural, por ser un ser natural. Y es en esta interrelación como se conforma la construcción socio-natural en el territorio. El conflicto estriba en ese modelo de relación humanidad y naturaleza. Obviamente se resignifican elementos de la naturaleza al incorporarlos en esta relación y unidad, pero la valoración capitalista es exclusivamente para el mercado y la acumulación donde la naturaleza pasa a ser principalmente un objeto de usufructo y de maximización de ganancias.

Así, la contradicción fundamental es entre capital-naturaleza, que estriba en el proceso por el cual la naturaleza y su espacio territorial, acuático y aéreo, pero también su esencia como es su información genética, se convierten en mercancía y por lo tanto en precio, dueño, competencia, monopolio, control y poder. Este extractivismo alienante socio ecológico, merma la base natural que le da sustento al capitalismo y su sistema de producción, ya que no toma en cuenta el tiempo de reproducción de la naturaleza y su metabolismo con el fin de no interrumpir la maximización de las ganancias, y la acumulación articulada por el despojo y la reproducción ampliada del capital. Y es que el extractivismo es una parte e instrumento de la acumulación que es el motor fundamental del capitalismo.

El Observatorio de los Derechos de la Naturaleza

Frente a esta problemática planetaria, en junio de 2018 se ha creado el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza (ODN, http://naturerightswatch.com/) con el fin de identificar y señalar las violaciones de los Derechos de la Naturaleza.

Esta iniciativa impulsada por Eduardo Gudynas es un espacio de reflexión, análisis y debate que se hace urgente en este contexto. Es «un programa independiente de partidos políticos, gobiernos y organizaciones empresariales. Se apoya en un Comité Asesor con personalidades destacadas de distintos países, y un colectivo de organizaciones y centros.»

La premisa fundamental para el Observatorio es que «la más reciente e importante innovación en ese nivel es el reconocimiento de la Naturaleza como un sujeto de derechos». Esta perspectiva ha sido origen para el diseño de nuevas políticas y gestión social como el que se ha realizado en Ecuador en su nueva Constitución en 2008. Un debate que recoge Bolivia o la definición de derechos ambientales específicos como en Nueva Zelanda, India y Colombia.

Para el Observatorio es necesario abordar el problema con un enfoque más profundo ya que «las respuestas políticas y tecnológicas a la presente crisis ecológica han sido insuficientes para alcanzar una sustentabilidad ecológica». Por ello es necesario reconocer y asignar valores a la Naturaleza.

Para el Observatorio, el concepto de «Derechos de la Naturaleza» implica reconocer «la diversidad de valoraciones humanas de la Naturaleza», más allá del aspecto económico que invisibiliza los aspectos culturales, estéticos, religiosos, ecológicos, entre otros. Sin embargo, hay otro elemento fundamental que es el reconocer los valores propios e intrínsecos en la Naturaleza y que son independientes de la utilidad o de cualquier otra apreciación humana. Con ello pasa de ser objeto a ser sujeto de derechos.

En el Observatorio se está consciente de cómo en los debates sobre los recursos naturales o la conservación por lo general terminan enfocados en las valoraciones económicas. E incluso muchas comunidades originarias tienen la dificultad de visibilizar o hacer valer frente a los gobiernos y empresas que la Naturaleza y el territorio donde habitan tiene otras dimensiones culturales, religiosas, estéticas o sociales. O se pretende cuantificar la indemnización del despojo con el precio económico de los bienes tangibles de la naturaleza pero no los intangibles, incluso aquellas acciones sociales que se llevan a cabo en el territorio y que sin él no serían posibles. Todavía más, también quedan relegadas aquellas especies o ecosistemas que no tendrían ninguna «utilidad» para los humanos.

Las comunidades campesinas y originarias, en su lucha por defender los territorios y los Derechos de la Naturaleza, también se encuentran con el cuestionamiento de ofrecer otra narrativa, otra alternativa científica y técnica a la propuesta por lo proyectos de despojo que venden «desarrollo», bienestar, empleo, salud, educación, resarcimiento y mejores condiciones de vida con el arribo de los proyectos de muerte como son las minas y represas; o los monocultivos de palma de aceite, soja y maíz transgénicos; pero también gasoductos, oleoductos, super carreteras, nuevos y más enormes aeropuertos, pozos petroleros, fracking, regasificadoras, Zonas Económicas Especiales, parques industriales y eólicos, turismo de élite, y otras tantas inversiones pintadas de «verde», «sustentable», «desarrollo», «mecanismos limpios», «energía limpia», «responsabilidad social corporativa», entre otras.

El Observatorio está convencido que la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza es una solución a muchos de estos problemas. «Permite y además requiere una apertura a la diversidad de las valoraciones humanas mientras que al mismo tiempo reconoce los valores intrínsecos independientes». Esto promueve un debate más democrático en el reconocimiento y entendimiento de las distintas valoraciones y sensibilidades en juego en las interacciones con la Naturaleza.

Para el Observatorio, «el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza no excluye ni compite con los derechos humanos de tercera generación relacionados con la calidad del ambiente o de la vida. Este tipo de derechos opera en paralelo y permite coordinaciones y complementaciones con los derechos de la Naturaleza.»

Se considera que los Derechos de la Naturaleza no son un sinónimo de los derechos de los animales. Y que no se excluye ni se condena el uso de los llamados «recursos naturales», pero impone que las estrategias de desarrollo deben estar enmarcadas en objetivos de sustentabilidad ecológica, en el sentido de asegurar la sobrevida de las especies.

En el sitio web se ofrecen textos sobre los Derechos de la Naturaleza desde muy diversas miradas. Se puede consultar la sección y las subsecciones de Documentos donde se encuentran Artículos, Libros y Notas de Opinión.

El Observatorio «promoverá la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza por medio de investigaciones, capacitación, difusión y apoyo a distintos movimientos e instituciones. Del mismo modo mantendrá un Observatorio de las violaciones a los Derechos de la Naturaleza, especialmente a los relacionados con incumplimientos a los derechos humanos, así como las respuestas ciudadanas y los instrumentos legales que operan.»

Las metas del Observatorio incluyen:

1) «El seguimiento de la situación de los derechos de la Naturaleza, incluyendo una revisión de los marcos legales, las violaciones, y las respuestas ciudadanas y gubernamentales.»

2) «Identificar las mayores violaciones de esos derechos, y en especial cuando están asociadas a violaciones de los derechos de las personas, incluyendo tanto las que representan ilegalidades como las que se aprovechan de alegalidades.»

3) «Promover esta perspectiva, con investigaciones, capacitación, difusión y apoyo distintos movimientos e instituciones.»

«El Observatorio parte de reconocer los derechos de la Naturaleza, asumiendo que éstos se deben aplicar en todos los países. A partir de allí identificaremos los casos de violación de esos derechos, independientemente de las implicaciones para la utilidad humana. Esto permite la articulación de defensas de la Naturaleza que no necesariamente se argumentan desde la economía u otra variedad de utilitarismo, con lo que se recuperan muchas expresiones que son actualmente desestimadas. Además, nos enfocaremos en las violaciones que a su vez están asociadas a incumplimientos de los derechos humanos.»

«Nuestro trabajo apuntará presentar reportes sobre esos distintos casos, y apostará a acompañar a movimientos sociales y otros actores sociales a revertir esos incumplimientos. Paralelamente, el Observatorio trabajará en la promoción de este marco conceptual, las herramientas de evaluación, los intercambios de experiencias, elaboración de indicadores, apoyo a reformas legales y capacitación.»

«Mantendremos una activa presencia en los medios y redes sociales, y nuestro sitio web servirá como una biblioteca de recursos e información

El Observatorio siempre estará abierto a recibir informaciones, análisis, reflexiones, aportes, publicaciones, noticias relevantes y también información para dar seguimiento a los casos.

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Sierra Tarahumara: Minera canadiense incumple contrato y reprime

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 5 de septiembre 2018

En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.

La minera Coeur Mexicana S.A. de C.V., de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de una mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.

Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.

Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.

También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.

La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar el desplazamiento a toda costa.

A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.

Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio.

En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.

REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.

Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Con disparos, agentes disuelven protesta contra minera en Chihuahua

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

Foto: la mina de plata de Coeur Mexicana en Guazapares (Crédito: Coeur Mining)

El Escaramujo 78: LA «MINI REPRESA» SANTO DOMINGO, UN PROYECTO INVIABLE

Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Una nueva tendencia de la supuesta energía limpia y renovable es la sustitución de los grandes embalses por las «mini» hidroeléctricas. Bajo este esquema, la empresa en México no pierde, su inversión es subsidiada por el gobierno y los bancos y mecanismos multilaterales, su ganancia es segura por décadas, y las aguas superficiales y las cuencas se ponen a su disposición para el negocio.

De cualquier manera la afectación social y ambiental es considerable y se convierte en irreversible cuando se instalan varias «mini» represas en la misma cuenca. El argumento central ahora es que no inundan, no afectan a poblaciones ni al medio ambiente y combaten el cambio climático.

Las represas se pueden clasificar de varias formas, según el tamaño de la cortina, la cantidad de agua embalsada o la cantidad de energía que generan. Así, existen presas mayores, grandes, pequeñas, micro y minis. Según la «Comisión Internacional de Grandes Represas», define a las grandes represas aquellas cuya cortina mide 15 o más metros de altura.

La represa: La represa Santo Domingo, de construirse, mediría 12 metros. Una supuesta «mini» hidroeléctrica sobre el Río Lacantún produciría 110 Mw. Para ello la Empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. DE C.V. presentó en junio de 2018 un «Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable Santo Domingo» con muchas deficiencias técnicas y de información. La empresa dice que no generar. Gases Efecto Invernadero, lo que obviamente es imposible.

¿Quién es ENERSI?: Es una empresa mexicana productora de energía que tiene proyectos en varios estados del país. Entre ellos en el estado de Puebla. En Colima su proyecto hidroeléctrico en el río Almería en el municipio de Comala fue rechazado por la SEMARNAT. En Oaxaca pretende construir otra presa con el rechazo de las comunidades del municipio de San Felipe Usila. En Guerrero se ha encontrado con la oposición a la represa de riego Andrés Figueroa, en el municipio de Ajuchitlán.

¿En qué consiste el Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo? Veamos algunos de sus componentes según su Manifiesto de Impacto Ambiental:

¿Dónde se ubicaría?: Entre las comunidades Loma Bonita y Las Nubes, en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Coordenadas 16º12’12.66″N; 91º19’43.34″O y 16º12’18.66″N; 91º19’34.60″O. Se pretende desviar parte del Río Lacantún que cuenta con un flujo constante de agua. La cuenca de escurrimiento pertenece a la Región Hidrológica No. 30 Rio Grijalva-Usumacinta. El río principal es el Rio Lacantún producto de la confluencia de los Ríos Pojom, en la República de Guatemala y Santo Domingo, en México, a 4 km al sur de la comunidad de Nuevo San Juan Chamulla (El Pacayal). Y confluye el Río Seco a 2 km al noroeste de la comunidad Nuevo Marzám. Luego se unen los Ríos Dolores, Calinete, Euseba y Jatat.

Duración de la represa: El proyecto hidroeléctrico tendría una duración de 34 años donde la empresa pretende tardar 2 años en preparar el sitio y en construir la represa. Luego 30 años de vida útil en que estará operando y produciendo energía; y por último dos años de restitución ambiental y restitución del paisaje en sus condiciones iniciales incluida el abandono de las instalaciones y restauración del cauce intervenido por obra de descarga, algo imposible, pero solo en caso necesario, ya que pretende mantener la presa indefinidamente.

¿Quiénes son los actores involucrados? La Secretaria de Energía, La Comisión Reguladora de Energía, La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, El instituto de Investigaciones Eléctricas, La Comisión Federal de Electricidad, La Compañía de Luz y Fuerza del Centro, La Secretaria del Medio Ambiente y Recurso Naturales, La Secretaria de Desarrollo Social, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, y diversas asociaciones que actualmente promueven la explotación de las Energías Renovables.

¿Cómo funcionaría? El proyecto se compone de 5 partes.

1. Estructura para la toma de agua. En un punto del Río Lacantún se represará el agua y se canalizará una parte hacia otro punto del río aguas abajo. En el intermedio de 5.5 km, el caudal de agua disminuiría afectando a los ejidos Ni.os H.roes, las Nubes, Loma Bonita, Santa María Agua Azul y La Fortuna del Gallo Giro. Por otro lado, el ejido Loma Bonita sería cruzado de lado a lado por el túnel de desviación del agua del río. La presa tendría una elevación de 200 m.s.n.m., con una dimensión de 50 x 100 m, y una superficie de 4,800 m2. La toma de agua tendrá un canal de llamada, una estructura de entrada, otra de transición y tendra una superficie de 500 m.. La superficie requerida para la obra derivadora sería de 1,440 m2., con una altura de cortina de 12 m y un ancho de cause de 60 m.

Sin embargo, toda la Cuenca Lacantún-México tiene una disponibilidad de 515.13 m./s, y la represa pretende tomar 238 m3/s para captar y desviar, que equivale a casi el 50% de toda la cuenca, cuando en el punto de la toma de agua para el desvío solo se dispone de 92.72 m./s. Esto significar.a que el río se quedaría seco en los siguientes 5.5 km en que encuentra nuevamente el punto de descarga. O sea, es inviable.

2. Conducción: una tubería a presión conducirá el agua cruzando el Ejido Loma Bonita de lado a lado para alcanzar el mismo Río Lacantún en el otro punto a 52 metros menos de altura, donde estaría la Casa de Máquinas. Este túnel de desviación tendrá una pendiente de inclinación de 5%, e introduciría el agua en las tuberías insertadas en túneles a la Casa de Máquinas a razón de 238 metros cúbicos por segundo. La tubería sería de concreto reforzado con un diámetro nominal de 2.50 m y 1.80 m con remoción de vegetación de 1440 m2. Sin embargo, en el punto de toma no hay toda esta agua disponible para desviar.

3. Casa de Maquinas con subestación elevadora: La Casa de Máquinas es el edificio que recibe el agua y es donde se instalan las turbinas, bancadas, generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de control, etc. Tendría una extensión de 6 mil m2. Tendría 4 turbinas que recibirían el agua para obtener una potencia instalada de 110 Mw. La Casa de Máquinas estaría conectada a una subestación eléctrica con un transformador. Se llama subestación eléctrica «elevadora» porque está situada en las inmediaciones de la central generadora de energía y eleva el nivel de tensión. Además, se construiría el desagüe hacia el canal de descarga que contaría con una superficie de 60 m2, con estructuras encajonadas de concreto de 60 A x 10 L x 3.50 H, 4 tuberías de 2.00 m de diámetro y descarga a superficie libre.

La estructura estaría diseñada para que se pueda retornar el agua al río en caso de que las turbinas se detuvieran. Tendría compuertas para regular la cantidad de agua que llegue a las turbinas y equipamiento que impida el acceso a objetos extraños como ramas, troncos, rocas, etc. que puedan provocar desperfectos en las instalaciones o da.os en los alabes de las turbinas.

Se construiría un muro de contención perimetral de mampostería. La construcción del edificio de la Casa de Máquinas sería a base de cimentación de concreto armado, block de concreto ligero, techos a dos aguas de losa armada. Para este mismo, se construiría también un área de servicios donde se concentrarían las oficinas, bodega, taller y sanitarios con descarga hacia una fosa séptica.

4. Línea de transmisión hasta el punto de Interconexión: La línea de conducción de la energía por los ejidos hasta encontrar la conexión con la CFE tendría una longitud de 1,584 metros. Esto implicaría despalme y desmonte; perforación de pozos para la construcción de los cimientos de las torres donde va el cableado. Las líneas eléctricas también tendrán que cruzar varios ríos, uno de ellos es el mismo Río Lacantún. Encontrada la conexión con la CFE, de ese punto la energía sería transmitida a lo largo de 5 municipios con un total de 96 kilómetros desde los municipios de Maravilla Tenejapa pasando por Las Margaritas, La Trinitaria, La independencia hasta la Subestación de Energía Eléctrica en Comitán interconectándose con el sistema de la CFE.

La construcción de las torres de la línea de transmisión comenzará con la limpieza un área de 20 x 20m en donde se emplazará cada estructura, y de la franja central de 2 m que será posteriormente utilizada para el tendido de cables. La limpieza consistir.a principalmente en el roce y despeje de la vegetación y la remoción del material superficial (piedras u otros). Se realizaría la restauración de caminos en una longitud de 20.37 kilómetros en un ancho de 15 metros.

5. Caminos de acceso y operación: Se aprovecharían los caminos, principalmente el que conecta a la localidad de Loma Bonita del Municipio de Maravilla Tenejapa con el Centro Ecoturístico Loma Bonita. Se construirían otros caminos para el acceso a la construcción de la toma de agua, el Túnel para la Conducción, el acceso a la Casa de Maquinas y a la Subestación.

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Más información:

Rechaza SEMARNAT presa hidroeléctrica Santo Domingo, en Chiapas

#DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres

Hoy, 5 de septiembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) dió a conocer en conferencia de prensa el lanzamiento de su campaña «DESA Culpable». Eso para recordar que los autores intelectuales del asesinato de la excoordinadora del COPINH Berta Cáceres en marzo 2016 se encuentran en la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», contra el cual resistitía la defensora.

Ayer, segundo día de la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó la solicitud del COPINH de llamar a testificar a los directivos de DESA, conocidos como la familia Atala.

En conferencia de prensa hoy en Tegucigalpa, Honduras, la coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga, invitó a apoyar la campaña difundiendo los siguientes tres mensajes en las redes sociales en texto o en video:

     1. DESA constituyó una estructura criminal apoyada por el estado de Honduras, responsable del asesinato de Berta Caceres y los ataques sistemáticos al COPINH.

     2. Este es solo el primer juicio. Exigimos que se juzguen y castiguen a quienes ejecutaron el asesinato de Berta, pero la justicia solo llegara hasta que se alcanza a quienes planificaron y ordenaron el crimen. no pararemos hasta alcanzarlos

     3. Berta Cáceres reivindicó la dignidad del pueblo lenca y su derecho a la autodeterminación. Su asesinato es producto de la política extractivista del estado de Honduras y de la imposición de proyectos de muerte.

El COPINH lanzó una nueva página web en la que se concentra toda la información sobre el caso, el juicio, y la empresa DESA: https://berta.copinh.org/.

Estamos invitad@s a enviar por Twitter los dos mensajes siguientes:

1) @JuanOrlandoH ¿Por qué DESA, una empresa criminal, aún tiene la concesión del Río Gualcarque? #JusticiaParaBerta #DESACulpable

2) @MP_Honduras ¿Por qué no han capturado a TODOS los asesinos intelectuales de Berta Cáceres? #JusticiaParaBerta #DESACulpable

Podemos también descargar estos materiales gráficos para apoyar la campaña en nuestras redes sociales o actos públicos.

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A continuación, compartimos el último comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que resume las conclusiones de la Audiencia de Proposición de Pruebas:

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto con la familia de la compañera Berta Cáceres y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) informa a la comunidad nacional e internacional las conclusiones de la audiencia de proposición de pruebas en el primer proceso judicial contra 8 personas acusadas por arrebatarle la vida, o propiciar las condiciones para ello, a nuestra hermana Berta Cáceres y atentar contra el compañero Gustavo.

Esta audiencia que se desarrolla a pocos días de la apertura del juicio que dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas, ha ocupado varias sesiones, demoradas por la falta de resolución ante la información faltante.

Concluye, entonces, con la negación del tribunal de gran parte de la prueba de nuestra acusación que pretendía contextualizar el clima de ataque sistemático que sufrió Berta por cumplir su papel como coordinadora de COPINH, que era parte del plan para neutralizar y atacar la lucha en defensa de los territorios contra el saqueo de la empresa privada.

Esto en lo concreto significa el rechazo del testimonio de quienes son parte de la Junta directiva de la empresa Desarrollo Sustentable S.A (DESA) y tenían voz de mando frente a todo el trabajo operativo desplegado por DESA para atacar la labor de Berta Cáceres: Pedro, José Eduardo y Jacobo todos de apellido Atala Zablah y del señor Daniel Atala Midence. La «justicia» hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa.

Además, el tribunal ha rechazado la pericia de contexto social y político, que sería realizada por expertos para desarrollar un análisis especializado sobre la situación en la que Berta, como lideresa frente a un proceso popular del pueblo Lenca, realizaba su trabajo y por ende determinar los intereses que ella adversaba.

Esta es una laceración a la perspectiva de búsqueda integral de la verdad ya que no debe desconocerse que Berta fue asesinada por su trabajo organizativo y labor como defensoras de derecho humanos y he aquí la necesidad de reinvidicar al COPINH como víctima formal del ataque.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que «la ejecución de un líder sindical […] no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor«.

Eso es lo que el Estado sigue desconociendo, el peso político de la figura de Berta en integralidad y por eso reduce el juzgar los hechos del 2 de marzo únicamente y no ver la cadena de hechos que querían parar su trabajo y al no poder es que se decide darle muerte.

Más información:

Desafiar al sistema de justicia (reporte en Radio Mundo Real)

A 30 Meses de la siembra de Berta

Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio

[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: «Justicia para Berta, Justicia para los pueblos»

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[INFORME] Geoingeniería: el gran fraude climático

Informe publicado por el Grupo ETC, Biofuelwatch y la Fundación Heinrich Böll en castellano en agosto 2018

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The Big Bad Fix (El gran fraude climático – Argumentos contra la geoingeniería), informe publicado hoy por el Grupo ETC, Biofuelwatch y la Fundación Heinrich Böll, advierte que la geoingeniería (la manipulación del clima a gran escala) está ganando aceptación en países altamente contaminantes, como una «solución» tecnológica al cambio climático, ya que esos países se niegan a cambiar sus economías basadas en combustibles fósiles. Por ello proliferan los programas y proyectos de investigación sobre geoingeniería, planeados y financiados por la industria e instituciones privadas, principalmente en los países que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, Reino Unido y China. El gran fraude climático analiza el contexto y riesgos de la geoingeniería, revela sus actores, intereses creados y las políticas que subyacen al avance de esquemas tecnológicos a gran escala para manipular los sistemas naturales de la Tierra.

Pese a que sea considerada muy peligrosa y hasta inaceptable para muchos expertos científicos y políticos, la geoingeniería se posiciona cada vez más en los debates y negociaciones sobre cambio climático, porque crea la ilusión de que hay atajos tecnológicos con los que se podría manejar los síntomas del cambio climático, sin tener que enfrentar las causas de raíz.

Sin embargo, como detalla el informe, la geoingeniería plantea muchos riesgos para la gente, los ecosistemas y la seguridad. Se basa en un consumo excesivo de tierra, agua y recursos, amenaza por tanto la seguridad alimentaria y erosiona el control democrático de los bienes comunes del planeta, también debido a que estas tecnologías las están desarrollando principalmente quienes buscan lucrar con patentes y desarrollos comerciales de las mismas. Por lo tanto, enfatiza el documento, es altamente probable que se incurra en daños irreversibles a la biodiversidad y a la integridad de los ecosistemas. También existen graves preocupaciones sobre la gobernanza de la geoingeniería, incluyendo el potencial que tiene de que se despliegue unilateralmente, el riesgo de conflictos ante la posibilidad de impactos adversos y daños laterales en algunas regiones, y el riesgo de utilizar las tecnologías de la geoingeniería con fines hostiles.

«La geoingeniería es una defensa peligrosa de un status quo fallido, no una necesidad técnica o científica. De hecho, las técnicas que la geoingeinería desarrolla tienen mayores posibilidades de empeorar que de resolver los diversos problemas ocasionados por el cambio climático. Asegurar que ‘debemos desplegar la geoingeniería equivale a asumir que preferimos dañar irreparablemente nuestro planeta antes que alterar el sistema económico que beneficia solo a los que se encuentran en la cima.» Rachel Smolker, Co-Directora de Biofuelwatch.

El gran fraude climático se presentó el 22 de agosto 2018 en Nairobi, durante la 3a Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el periodo previo a una reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) también de la ONU, en Montreal. La geoingeniería se encuentra bajo una moratoria de facto en el CDB, y la geoingeniería marina está prohibida por el Protocolo de Londres del Convenio de Londres sobre la Prevención de la Contaminación del Mar. Los autores del informe argumentan que esas decisiones se deben mantener y deben constituir el punto de partida de cualquier discusión legítima, internacional y democrática sobre la gobernanza de la geoingeniería.

«La geoingeniería exacerbará el desequilibrio de poder global, creará ganadores y perdedores. Sería una locura permitir que un grupo de países tomaran control del termostato global», afirma Silvia Ribeiro, Directora para América Latina del Grupo ETC. «La gobernanza no debe mal-entenderse como el establecimiento de regulaciones para legalizar y permitir el desarrollo de tales tecnologías. Prohibir tecnologías sumamente riesgosas y peligrosas es un enfoque legítimo y prudente hacia la gobernanza, como se la puso en práctica con el Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares y la adopción por la ONU del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en julio de 2017″, agrega Ribeiro.

En vez de poner el foco en arreglos técnicos, no probados, riesgosos, el informe llama a la implementación de una visión con justicia climática para limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 °C.

«Quienes proponen la geoingeniería alientan la ilusión de que podemos escapar de nuestras crisis climáticas sin tener que ajustar nuestros estilos de vida, que en muchos casos son altamente emisores de gases. Pero la realidad no es tan simple. Las técnicas de geoingeniería no solo vienen con nuevos riesgos y efectos laterales, sino que también distraen de la única solución probada para el cambio climático: la reducción radical de las emisiones de gases que cambian el clima. Antes de poner en marcha la geoingeniería, necesitamos regulaciones claras y vinculantes para esas tecnologías. Un marco internacional para la regulación debe basarse en un estricto principio de precaución, y las tecnologías con riesgos asociados que no son predecibles, justificables o manejables deben directamente prohibirse”, afirma Barbara Unmüssig, Directora de la Fundación Heinrich Böll.

El informe concluye que los numerosos riesgos de alto impacto que puede tener la geoingeniería, y los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, éticos, morales, intergeneracionales y de derechos que implica, la vuelven inaceptable. Más aún, los autores argumentan que constituye una peligrosa distracción de las alternativas viables que se requieren urgentemente: reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo y transformar nuestras economías, para abrirle posibilidades a un futuro sostenible justo social y ecológicamente, en vez de confinar al mundo a una dependencia de largo plazo a tecnologías de alto riesgo, que además aún no existen.

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