Compartimos con tod@s la presente investigación sobre el extractivismo en Honduras, un proceso investigativo de las organizaciones Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y Jubileo Sur Américas (JS/A), que ha contado con el apoyo técnico del Transnational Institute (TNI).
El documento recopila información recabada en el año 2017, recoge las percepciones y experiencias de algunos actores comunitarios afectados por el modelo extractivo que impera en Honduras, un reflejo de las realidades del sur global.
Su realización ha sido una forma de aportar el legado de la compañera Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo del 2016, como resultado de sus luchas contra el modelo extractivo, capitalista, sexista y patriarcal.
A la memoria de Berta, a la memoria de los tantos mártires de la hermana nación Hondureña que con su lucha han dejado abierta la senda para la construcción de un mundo mejor.
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Presentación
El extractivismo, como etapa del modelo de desarrollo basado en la explotación de territorios vivos y acumulación económica por parte de capitales nacionales y actores transnacionales, es un tema amplio y profundo. Con la información acá presentada se busca propiciar y acompañar algunos debates sobre sus fuentes, financiamiento, actores involucrados e impactos en la vida de las comunidades de Honduras, que son quienes están día a día en defensa de los bienes comunes.
Elaborado por: Susy Nuñez, Fabricio Herrera y Martha Flores
Los casos presentados
El pueblo Lenca: Desde las luchas del COPINH, se presenta en particular el caso de la comunidad de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, afectada negativamente por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El pueblo Garífuna: Se presenta la experiencia de OFRANEH, en la comunidad Garífuna de Guadalupe, en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, que enfrenta una lucha frente al despojo de sus territorios ancestrales por parte de las corporaciones de turismo.
El Aguán: Cuenta la experiencia de las organizaciones campesinas, en especial del Movimiento Campesino del Aguán y la comunidad campesina de la finca El Tumbador, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde las y los campesinos han sido víctimas de procesos continuos de asedio y criminalización por parte de terratenientes, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia del Estado de Honduras.
El modelo depredador
El Estado de Honduras presenta como una de sus principales estrategias de desarrollo la profundización del modelo extractivo, lo cual se manifiesta en el hecho de que en su política pública priorice proyectos de explotación y acumulación de los bienes comunes de la naturaleza, que ocasionan la desaparición forzada de las estructuras organizativas y las diferentes manifestaciones de cultura y espiritualidad ancestral de los pueblos. Ello se hace evidente en la existencia de un conjunto de proyectos1 que cuentan con todo el respaldo y compromiso del Estado para su implementación, operación y funcionamiento: minerías, hidroeléctricas, monocultivos y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), solo por mencionar algunas.
Este modelo, que constituye la representación hondureña del extractivismo que tiene lugar a nivel mundial, se caracteriza por la extracción de bienes naturales cuya propiedad es comunitaria, con el fin de generar acumulación económica en beneficio de terceros (generalmente inversores locales o extranjeros, empresas transnacionales, fondos de pensiones, etc.). En la mayoría de los casos, los productos extraídos constituyen materias primas o fuentes de energía para satisfacer las necesidades de consumo de las élites y del Norte Global. Sin embargo, los costos operativos son cubiertos en gran medida por el Estado, y según este, las personas y comunidades deben ceder el espacio tierra, agua, aire y vida para implementar estos proyectos, pues se consideran proyectos de interés público.
De esta manera, y reproduciendo un esquema de extracción global que se expresa localmente en distintos países (principalmente del Sur Global), en lugar de cumplir con su rol de garante de derechos de la población al agua, un ambiente sano y a la vida misma, el Estado ha actuado en función de los intereses de empresas (nacionales o transnacionales). Así, el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades a sus territorios a través, por ejemplo, del respeto del consentimiento libre, previo e informado, es desconocido bajo el argumento del interés público que se alcanzaría con los distintos proyectos extractivos. El resultados es, entonces, la generación e intensificación de conflictos socioambientales debido a la presión (económica, social y militar) que se ejerce sobre las comunidades que históricamente defienden su territorio.
Asimismo, es importante resaltar el rol de instituciones financieras internacionales en el fomento y reproducción de este modelo. Nuevamente, usando el argumento de la promoción del desarrollo nacional y local, instituciones como el FMO2 (Banco de Desarrollo Holandés)3 financian proyectos extractivos que proveen materias primas y fuentes de energía al Norte Global, en muchos casos sin contar con el consentimiento de las comunidades locales, lo cual intensifica los conflictos socioambientales.4 Así, se constituye una cadena de extracción cuyos eslabones en el nivel internacional (instituciones financieras internacionales y empresas importadoras de materias primas), nacional (Gobierno, élites y empresas nacionales) y local (administraciones locales) coadyuvan en la generación de dichos conflictos, que al final perjudican directamente a las comunidades locales y a la naturaleza.
El caso de Honduras es un ejemplo palpable de cómo, mediante la imposición de los mecanismos de endeudamiento, control y de las estructuras militares en cada uno de los espacios de la gestión pública y privada, se amedrenta a los diversos y amplios sectores que emprenden una lucha por la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos ancestrales de las comunidades, en donde de forma siniestra se violentan los derechos humanos de su población y se imponen diversas manifestaciones de extractivismo.
De por sí, e históricamente reconocido, el Estado hondureño ha depositado en el sector militar la garantía de la obtención de ganancias de las empresas nacionales y transnacionales. Basadas en políticas de violencia de ocupación territorial y de extracción de los bienes naturales, han venido desplazando de sus propios territorios a comunidades enteras conformadas por campesinos, indígenas y afrodescendientes, para poder dar paso al gran capital, a la implementación de los agrocombustibles, la represa de las aguas y la narcoactividad, entre otras, y de lo que hoy se teme que son las “ciudades modelos”, que atentan contra todos los derechos fundamentales de la población hondureña, dejando en manos de los empresarios el destino de las y los ciudadanos.
Es importante recalcar que esta situación se agrava en el contexto del golpe militar orquestado en 2009 contra del Gobierno de José Manuel Zelaya, que, ya transcurridos casi ocho años, ha venido desbordando la criminalización de los sectores populares que luchan por la defensa de la tierra, de sus bienes, de su cultura, del acceso a los servicios básicos y, en definitiva, que luchan por la vida, en un contexto donde las garantías mínimas de respeto por la vida humana son inexistentes.
Tipos de proyectos extractivos en el país
Proyectos hidroeléctricos:
Son todos aquellos que tienen como fin la generación de energía eléctrica, utilizando la fuerza de las fuentes de agua, principalmente los ríos. Honduras tiene 19 cuencas hidrográficas conformadas por 45 ríos, lo cual equivale al 11 % de las 172 cuencas hidrográficas de la región centroamericana.5 Los ríos son concesionados a empresas privadas con financiamiento internacional,6 bajo la fórmula de “aguas nacionales”, para que se construya en ellos represas hidroeléctricas.
Proyectos turísticos:
Son aquellos en los que el Estado concesiona territorio, agua, biodiversidad y paisajes a inversores nacionales y extranjeros, para el uso y explotación de las llamadas ofertas turísticas: hotelería, entretenimiento, vivienda y turismo de aventura, entre otras. Estos proyectos ocasionan el despojo de todos los bienes comunes, que histórica y ancestralmente hacen parte de la vida de las comunidades, el desplazamiento de estas e incluso su expulsión, a través de diferentes mecanismos que se se describen en este documento.
Usualmente, estos proyectos concesionan segmentos de áreas protegidas y territorios indígenas o negros, contraviniendo el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que señala que los recursos existentes en tierras indígenas deberán protegerse, y que además los pueblos, cuando son consultados y aprueban la concesión, deben participar de la administración y conservación de estos recursos.7
Proyectos de monocultivos y monopolio agrario:
El monocultivo es uno de los principales agentes de daño por cambio de suelo y se considera una «de las principales causas en contribuir al cambio climático en Centroamérica».8
En Honduras se promueve, patrocina e impone el monocultivo de la palma africana, que tiene un alto nivel de agotamiento de la fertilidad del suelo, en las tierras de cultivo del litoral atlántico, una de las zonas con mayor cantidad de tierras para la agricultura.9
Durante mucho tiempo, el Estado ha promovido el monocultivo masivo, sin medidas que consideren estos impactos a la fertilidad del suelo y sobre el ecosistema. Peor aún, ha promovido e incluso impuesto en gran medida la acumulación de la mayor cantidad de tierra para esos cultivos en pocas manos. Esta tendencia es especialmente visible en la zona del Valle del Aguán, pero se reitera en todos los lugares del país.10
Proyectos mineros:
El proceso de minería promovido actualmente es el de tajo abierto: descombra el lugar y escarba, sometiendo grandes cantidades de tierra subterránea a procesos de lixiviación. Es decir, se riega la tierra escombrada con agentes químicos que desprenden oro, plata y otros minerales (litio, uranio), lo mezclan con el agua y luego, nuevamente, lo separan del agua para ser juntado en una broza de la cual se recuperan los minerales. Este proceso (extracción y lixiviación) implica destruir todo ecosistema y capa orgánica en el área de explotación, ya que se escarba hasta 600 y 800 metros de profundidad o más.
También agotan las fuentes de aguas superficiales y subterráneas (acuíferos, pozos, lugares de descarga, ríos, riachuelos, arroyos, quebradas) y los ecosistemas que allí existen. Como consecuencia, se generan profundos daños (si no la extinción) sobre otras formas de producción, como la agricultura, la pesca, la ganadería (carne, lácteos y cuero) y la avicultura y, en consecuencia, las fuentes de sustento para las comunidades locales.11
«Ciudades modelo» o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE):
Son concesiones de territorio que tienen como objetivo habilitar y facilitar la explotación, principalmente industrial y financiera. Son como burbujas territoriales, casi Estados, pero separados de este. Los dueños de las concesionarias tienen casi control absoluto del territorio, imponen derecho, autoridades y estructura administrativa (PIB, presupuesto, sistema tributario, sistema de justicia, control de aire, tierra y mar, etc.).12
En las ZEDE, el Estado se reserva una presencia mínima de control electoral y fuerzas armadas, a tal punto que la Constitución misma resulta vigente ¨solo en lo que sea aplicable¨. El control real se reserva para el Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), creado por el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, mediante el Acuerdo Ejecutivo 003-2014 y elevado por el Congreso a nivel de Decreto Legislativo (DL-368-2013). El Comité está conformado por 22 personas, de las que solo tres son hondureñas (de la línea de grupos de poder liderada por el expresidente Ricardo Maduro Joest, integrante del CAMP), y el resto, extranjeras, que pertenecen a poderosos grupos neoliberales.13
Bonos REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación), REDD+, Avafleght y otros mecanismos de valoración económica de la naturaleza para convertirla en mercancía:
Son diferentes propuestas que se presentan como formas de protección de los bienes comunes o recursos naturales a través de la delimitación de zonas “protegidas”, en las cuales se limita el acceso a las poblaciones nativas, al tiempo que se garantiza acceso a algunas empresas.14 15 Los pueblos indígenas, negros (Garífunas), y comunidades que se oponen a este tipo de proyectos argumentan que estos transforman la naturaleza en mercancía, a través de mecanismos de cuantificación de carbono.
En la práctica, estos proyectos han ocasionado despojo de territorios indígenas, Garífunas y campesinos, para concesionarlos a terceras personas que obtienen de ellos beneficios económicos.16
Notas
1. Políticas públicas: Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS), concesiones otorgadas por el Congreso Nacional y demás instrumentos del Estado como decretos y acuerdos del poder ejecutivo. Ver páginas: 1) Del Congreso Nacional, reportes de decretos anuales, allí identificar decretos de concesiones para generación de energía hidroeléctrica; 2) Página de las ZEDES ; 3) Páginas de la Secretaría de Estado, «Miambiente» ; 4) Página de Finanzas, «SEFIN» ; 5) INHGEOMIN
2. https://www.fmo.nl/about-fmo
3. Página del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)
4. Banktrack, página sobre el FMO
5. Programa Estado de la Nación (2011) Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, Costa Rica
6. Ver los contratos de generación de energía eléctrica entre la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) y las diferentes empresas receptoras de concesiones como las contenidas en el Decreto 159-2010. Este proceso es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
7. Conforme al artículo 18 de la Constitución de Honduras, los tratados y convenciones internacionales ratificadas por el país prevalecen sobre la ley hondureña. En consecuencia, se puede afirmar que las concesiones constituyen decretos legislativos que violan esos tratados y convenciones.
8. Programa Estado de la Nación (2011) Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, Costa Rica
9. Fabricio Herrera (2017) Cambio y Justicia Climática en Honduras. Tres estudios de caso: Masca, Sambo Creek, La Tigra. Fundación Friedrich Ebert, Instituto Hondureño de Derecho Ambiental, Organización Fraternal Negra y Fundación Amigos de la Tigra
10. Ibid.
11. Eduardo Chaparro Ávila (2009) Los procesos mineros y su vinculación con el uso del agua
12. Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada mediante Decreto Legislativo N° 120-2013, el 5 de septiembre de 2013
13. Fernando García Rodríguez (2014) Las ciudades burbuja. Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE en Honduras. Análisis Político Jurídico e la Legislación de las ZEDE.
14. Ver más en: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (2014) REDD: Una colección de conflictos, contradicciones y mentiras
15. Presentación de los Programas: ONUREDD y REDD+, el 29 de septiembre de 2015. Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Minas, Medioambiente.
16. «Somos un enclave del colonialismo ese hace 500 años, y la situación empeora cada vez más. Somos víctimas de un modelo energético completamente depredador que socava los derechos colectivos y viola constantemente los derechos humanos. El 30% el territorio nacional ha sido cedido a las trasnacionales…» Palabras Proféticas: «Nuestra vida pende de un hilo». Última entrevista con Berta Cáceres, 6 de marzo. Ver también: COPINH (2016) «Cumbre de los Pueblos contra el Extractivismo», 16 de noviembre
Querido Rafa,
El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado en Toronto, Canadá, por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo 
La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.