Autor: Otros Mundos AC

Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio

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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 24 de agosto 2018

Faltan pocos días para que inicie el juicio oral y público de las 8 personas acusadas en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro, perpetrados el 2 de marzo 2016. Se debe llevar a cabo en Tegucigalpa, capital de Honduras, del 10 al 28 de septiembre 2018. La presión es alta y la agenda muy apretada, ya que el 2 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los acusados.

El problema es que aún falta que el Ministerio Público analice y entregue informaciones claves antes de que pueda desarrollarse el juicio de manera justa para las víctimas, las cuales son los familiares de Berta y la organización que coordinaba hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El Ministerio Público omitió analizar elementos recolectados en los allanamientos realizados a los imputados y en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA). Esta empresa es la encargada del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» contra el cual luchaba Berta para defender al pueblo lenca y al río Gualcarque con el COPINH, y sabemos que tiene una alta responsabilidad en el crimen. En una investigación independiente publicada en noviembre 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) documentó la estrategia de DESA para eliminar cualquier oposición a «Agua Zarca». Por ello, urge analizar estas informaciones, almacenadas principalmente en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros y computadoras. Además, falta peritar el arma de fuego encontrada en la vivienda de Mariano Díaz Chávez, que podría ser el arma del crimen. Esto es lo que no ha hecho el gobierno de Honduras en dos años.

Un obstáculo a la Audiencia de Proposición de Pruebas

La omisión del Ministerio Público está obstaculizando el desarrollo de la Audiencia de Proposición de Pruebas, ya que las víctimas requieren que toda esta información esté disponible poder construir una acusación sólida y ejercer plenamente su derecho a la verdad. La audiencia estaba prevista ayer 23 y hoy 24 de agosto, pero el tribunal decidió posponerla al viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre, debido a la abundancia de la información que aún falta por analizar.

Es la segunda vez que la Audiencia de Proposición de Pruebas se cancela a causa de las omisiones del Ministerio Público. Debía llevarse a cabo inicialmente el pasado 27 de julio, pero se pospuso debido a que el Ministerio Público no había entregado la información necesaria. En total, el Ministerio Público hondureño ha negado 35 requerimientos de información solicitados por la organización y la familia de Berta desde el inicio del proceso. Estas irregularidades «evidencian la falta de voluntad política para resolver el asesinato de la compañera Berta Cáceres, crimen de alto impacto a nivel nacional e internacional y que desde el COPINH consideramos un crimen de Estado», denunció la organización en un comunicado publicado el 23 de agosto.

Ocultamiento de la verdad y revictimización de las víctimas

Según el abogado del COPINH, Victor Fernández, entrevistado por Radio Progreso el 22 de agosto, esto contribuye a la «revictimización de las víctimas». «El no haber realizado esta serie de diligencias a este momento del proceso implica un ocultamiento por parte del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente en el crimen y de negar verdad y justicia integral», agregó el abogado.

En esta búsqueda de justicia integral, el COPINH contempla llegar a los autores intelectuales del crimen, y no solo a los autores materiales, para que se reconozca que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa de los derechos y el territorio y que se trató de un crimen de estado. No solo quiere hacer la luz sobre los hechos ocurridos la noche del 2 al 3 de marzo 2016 en la casa de Berta en La Esperanza, Honduras, donde ella fue asesinada y su amigo Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C., sobrevivió a un intento de asesinato. Exige que se acepten pruebas que permitan develar también lo sucedido antes del 2 de marzo 2016, durante la persecución y criminalización que sufrió Berta por parte de DESA y el estado.

Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos

«Estamos en un momento crítico donde o se va a tener la verdad en su integralidad, o se tendrá que pensar si seguimos participando, y cómo, en un proceso legal que está violando el derecho a la verdad de las víctimas», advirtió Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del COPINH.

En un contexto en el que más de 200 personas son asesinadas cada año en el mundo por defender el territorio, hacer justicia para Berta significa hacer justicia para los pueblos y las mujeres en defensa de sus territorios. La actuación del Ministerio Público cobra una dimensión nacional e internacional ante la impunidad que se acerca.

*Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.

Más información:

[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: «Justicia para Berta, Justicia para los pueblos»

Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

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Artículo publicado en La Jornada del Campo por Gustavo Lozano Guerrero, miembro de Acción Colectiva A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de agosto 2018

Foto: Asamblea agraria, comunidad Vergel de Bernalejo, San Luis de la Paz, Guanajuato.

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó «Tierra Arrasada», su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé «REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios», a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez años del surgimiento de la REMA– es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’- mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer «Territorios Libres de Minería». Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país han logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear «Territorios Libres de Minería», sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear «Territorios Libres de Minería», por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, «solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades».

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir «Territorios Libres de Minería», sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

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La Red Mexicana de Afectados por la Minería celebra 10 años en defensa de la vida y el territorio

Emisiones imposibles: Cómo están calentando el planeta las grandes empresas de carne y lácteos

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Informe de GRAIN y el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)

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Las más grandes compañías de cárnicos y de lácteos del mundo podrían superar a Exxon, Shell y BP como los contaminadores climáticos más grandes del mundo en los próximos decenios. En un momento en que el planeta debe reducir drásticamente sus emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI), estas corporaciones gigantes de las proteínas animales globales están impulsando el consumo mediante el aumento de la producción y las exportaciones. GRAIN y el IATP examinaron las 35 compañías más grandes del mundo y encontraron que la mayoría de ellas no está reportando los datos de sus emisiones de GEI y pocas se han fijado metas con el fin de reducir sus emisiones totales. Necesitamos con urgencia construir sistemas alimentarios que satisfagan las necesidades del planeta, los agricultores y los consumidores. Para hacerlo, debemos romper el poder de los grandes conglomerados productores de carne y lácteos, y lograr que rindan cuentas por su inmensa huella climática.

Esta nueva investigación de GRAIN y el IATP demuestra que:

  • En su conjunto, las cinco principales corporaciones productoras de carne y lácteos del mundo, son actualmente responsables de un mayor número de emisiones anuales de gases con efecto de invernadero que Exxon, Shell o BP.
  • Para el año 2050 debemos reducir las emisiones globales en 38 mil millones de toneladas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Si todos los demás sectores siguen esta tendencias en tanto las industrias productoras de carnes y productos lácteos continúan creciendo según lo previsto, el sector ganadero podría dar cuenta de hasta el 80% de los GEI permisibles en sólo 32 años.
  • La mayoría de los 35 gigantes productores de carne y productos lácteos subregistran o de plano no reportan sus emisiones. Sólo cuatro de ellos ofrecen cálculos completos y fidedignos de las emisiones.
  • Catorce de las 35 compañías han anunciado algún tipo de objetivos de reducción de emisiones. De éstas, tan sólo seis tienen objetivos que incluyen emisiones de la cadena de suministro, aun cuando estas emisiones pueden representar hasta el 90% del total de las emisiones. Las seis compañías que prometen recortes de emisiones en la cadena de suministro están presionando simultáneamente hacia un crecimiento de la producción y de las exportaciones, impulsando un aumento en sus emisiones globales más allá de su intención de reducir las emisiones por kilo de leche o carne producida.

Para evitar la catástrofe climática, debemos reducir la producción y el consumo de carne y productos lácteos en países superproductores y superconsumidores, en las poblaciones opulentas en todo el mundo, y al mismo tiempo apoyar la transición hacia la agroecología.

Ganancias versus el planeta

El 25 de marzo de 2014, los altos ejecutivos de JBS, la gigante brasilera productora de carne, estuvieron en Nueva York para celebrar el «Día JBS», encuentro anual de la compañía, donde anunciaron los resultados financieros del año. El mayor productor mundial de carne tenía un mensaje triunfal para Wall Street: El consumo mundial de carne estaba subiendo y JBS se iba a beneficiar inmensamente de este crecimiento. [1] La compañía, con sede en Brasil, dijo a sus accionistas que el pilar de su estrategia era que se proyectaba un aumento del 30% en el consumo mundial de carne per cápita, pasando, de un máximo de 37 kg por persona en 1999, a 48 kg para 2030. [2]

Aquél día, JBS olvidó mencionar a sus inversionistas el crítico problema subyacente en su estrategia de crecimiento: el cambio climático. Si la producción mundial de carne aumentara a 48 kg per cápita, sería imposible evitar el aumento de la temperatura global a niveles peligrosos. [3] Para poner en perspectiva las cifras de JBS, un nuevo informe de Greenpeace considera que el promedio de consumo de carne per cápita debe bajar a 22 kg en 2030, y luego a 16 kg en 2050, para evitar un cambio climático peligroso. [4]

En su presentación, JBS no hizo ninguna mención acerca del cambio climático pero, como con los otros conglomerados mundiales de productos cárnicos y lácteos, es su deber conocer el impacto climático que conlleva el aumento de la producción. Hace más de una década, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) publicó el primer informe mundial de contabilidad de emisiones de gases con efecto de invernadero procedentes de la industria de productos cárnicos y lácteos, en el cual se demostró el papel global del sector pecuario mundial que exacerba el cambio climático. [5] Algunos estudios posteriores respaldan esta evaluación inicial. [6] A pesar de estas conclusiones, las más grandes compañías cárnicas y lácteas siguen comprometidas con niveles de crecimiento que van en total contradicción con el acuerdo logrado por los gobiernos del mundo en París en 2015 con el fin de mantener el aumento de la temperatura mundial «por debajo de 2 grados centígrados (°C)», con el objetivo de limitarlo a 1.5 °C. [7]

Si queremos alcanzar el objetivo de 1.5 °C, el total de las emisiones mundiales debe declinar rápidamente de 51 gigatoneladas a 13 gigatoneladas [8] en 2050. Si sectores como la energía, el transporte y otros reducen exitosamente las emisiones en conformidad con los objetivos de París, mientras las compañías cárnicas y lácteas continúan aumentando su producción, el sector ganadero representará una porción cada vez más grande de las emisiones disponibles de GEI de 13 gigatoneladas. En el escenario sin cambios donde todos quieren seguir con el negocio, el sector ganadero puede consumir más del 80% del presupuesto, por lo que resulta virtualmente imposible impedir que la temperatura suba a niveles peligrosos por encima de 1.5 °C.[9]

En directa contradicción con las perspectivas de un fuerte crecimiento de JBS, los imperativos del cambio climático exigen una reducción pronta y significativa de la producción por parte de las más grandes compañías cárnicas y lácteas del mundo.

Este informe se centra en los más grandes actores de la industria cárnica y de lácteos. Lo que está en juego es de gran importancia: sin recortes drásticos en sus emisiones de GEI, el mundo bien podría fracasar en su intento de evitar un cambio climático catastrófico. Estas compañías generan no solamente una enorme huella climática —comparable a las grandes compañías de combustibles fósiles— sino que dominan la producción de carne y productos de lácteos en aquellos lugares del mundo donde se presentan excedentes de producción y altos niveles de sobreconsumo de carne y productos lácteos.[10] Éstos son los lugares del mundo donde se hace más necesario implementar abruptas reducciones de emisiones procedentes de la producción de carne y productos lácteos. Esto incluye las exportaciones que alimentan el consumo excesivo entre las más opulentos clases medias y altas de los países en desarrollo.

La huella climática de los grandes productores de carne y lácteos

A diferencia de sus homólogos en el sector de la energía, las grandes compañías cárnicas y de lácteos han escapado hasta ahora al escrutinio público acerca de su impacto en el cambio climático. La falta de información pública sobre la magnitud de sus huellas de GEI es uno de los factores que contribuyen a esto. GRAIN y el IATP han examinado los esfuerzos emprendidos por las 35 compañías más grandes del mundo [11] productoras de carne de res, cerdo, aves de corral y las compañías de lácteos, con el fin de cuantificar sus emisiones de GEI. Encontramos que los datos disponibles públicamente acerca de sus emisiones son incompletos, incomparables entre compañías o años y, en la mayoría de los casos, simplemente son inexistentes. Tan sólo cuatro compañías —NH Foods (Japón), Nestlé (Suiza), FrieslandCampina (Países Bajos) y Danone (Francia)— ofrecen cálculos completos y confiables acerca de las emisiones. Sin embargo, en las actuales circunstancias, incluso estas cuatro compañías no están obligadas a reducir sus emisiones. La mayor parte de las compañías que informan acerca de las emisiones han infravalorado seriamente sus emisiones y no han incluido en sus cálculos la mayor parte de las emisiones de su cadena de suministro.

Estas emisiones de la cadena de suministro, que abarcan todo, de la producción de cultivos para la alimentación animal al metano emitido por el ganado, generalmente representan del 80% al 90% de las emisiones de la industria cárnica y láctea. [12] Sin embargo, las grandes compañías de cárnicos y lácteos tienen la responsabilidad particular de incluir en su contabilidad estas emisiones ascendentes de la cadena de suministro. Siendo compañías integradas verticalmente ejercen un importante control, a menudo directo, sobre sus cadenas de suministro, incluyendo las unidades de engorda y las operaciones de procesamiento, los sistemas de agricultura por contrato y las unidades de producción de piensos. Por ello es imprescindible que las grandes compañías cárnicas y de lácteos sean consideradas directamente responsables de las emisiones de la cadena de suministro ascendente, y se les niegue la posibilidad de trasladar la responsabilidad (y los costos) a sus proveedores agrícolas o al público.

En ausencia de datos completos y transparentes de las compañías más grandes, GRAIN y el IATP realizaron cálculos aproximados de las emisiones procedentes de las divisiones de producción de carne y lácteos de estas compañías. Para ello utilizamos una nueva metodología para el cálculo de emisiones y de datos regionales acerca de las emisiones procedentes de la producción ganadera, desarrollada por la FAO, llamada Modelo Interactivo de Contabilidad Ambiental para la Ganadería Mundial (Global Livestock Environmental Assessment Model, GLEAM), combinado con datos corporativos de los volúmenes de producción disponibles públicamente (véase el anexo). Las cifras son estremecedoras: las emisiones combinadas de las cinco principales compañías están a la par de las de Exxon y significativamente superiores a las de Shell o BP (ver Gráfica 4). En su conjunto, los 20 principales emisores de industria cárnica y de lácteos producen más emisiones que muchos países de la OCDE.

(…)

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[1] JBS, JBS Day New York, 4Q13 and 2013 Results Presentation, 25 de marzo de 2014. Http://jbss.infoinvest.com.br/enu/2892/JBSDayNY_4Q13_eng.pdf

[2] JBS, «JBS Day Transcription – 2013 and 4Q13 results», 25 de marzo de 2014. Https://docslide.com.br/documents/jbs-day-transcription-2013-and-4q13-results.html

[3] Para un buen resumen de literatura revisada por pares, que asocia el aumento del consumo de ganado con un cambio climático catastrófico, véase Kim, B., Neff, R., Santo, R. & Vigorito, J. «The importance of reducing animal product consumption and wasted food in mitigating catastrophic climate change», Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for a Livable Future, 2015. https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/2015-12-07e-role-of-diet-food-waste-in-cc-targets.pdf

Las cifras de crecimiento citadas por JBS se basan en los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación acerca del aumento de la producción de carne de vacuno, cerdo, aves de corral y carne ovina, datos que constituyen también la base de las proyecciones de las emisiones presentadas en la Figura 1 del presente informe.

[4] Greenpeace International, «Less is more: Reducing meat and dairy for a healthier life and planet,» 2018. http://www.greenpeace.org/livestock_vision.

[5] FAO, «Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options», 29 de noviembre de 2006. Http://www.fao.org/3/a-a0701e.pdf

[6] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. Http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

[7] «El objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer la respuesta mundial frente a la amenaza del cambio climático, manteniendo un aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de 2 °C, por encima de los niveles pre-industriales y continuar los esfuerzos para limitar aún más el aumento de temperatura hasta hacia 1.5 °C.» https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

[8] 1 gigatonelada = 1 mil millones de toneladas

[9] Aquí nos referimos a un presupuesto basado en la cantidad acumulada de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas durante un periodo de tiempo para mantener los aumentos promedio de la temperatura global dentro de 1.5 °C.

[10] Con base en las emisiones de las compañías de productos de ganadería, incluyendo las emisiones de los sistemas de ganadería y los sistemas de combustibles fósiles que incluyen las emisiones finales.

[11] En términos de volumen de producción.

[12] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

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[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

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Rosalinda Santiz, presidenta del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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Foto: Rosalinda Santiz durante el seminario de Otros Mundos A.C. el 1 de mayo 2018 (Crédito: Otros Mundos A.C.)

Yo voy a hablar sobre el tema de las cooperativas como una alternativa al sistema capitalista. En 2016, se conformó la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR), una red de cooperativas en diferentes estados del país (Quintana Roo, Oaxaca, Michoacan, Guerrero y Chiapas). Nosotras no nos llamamos feministas, porque al final este concepto no nace desde aquí, desde los pueblos. A lo mejor se puede decir de otra manera, no lo sé, tampoco lo hemos encontrado todavía. Sin embargo, las mujeres creemos que las luchas de las mujeres han sido de muchas maneras. El caminar de las mujeres es super importante.

Para nosotras es muy importante ver cómo desde las cooperativas podemos defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales. Es una forma de luchar, de unirnos como mujeres y también de lograr la autonomía económica porque antes no existía. El que administraba los pocos pagos que las mujeres recibían de sus productos o tejidos eran los hombres. A las mujeres no nos educan a participar, ni siquiera a tomar decisiones. Sin embargo, uno de los logros que han habido dentro de las cooperativas es la toma de decisiones y también el hecho de que las mujeres conozcan sus propios derechos, aunque han habido diferentes dificultades en el camino. Hasta han habido muertes de mujeres. Las quisieron violar porque estaban participando y tomando decisiones.

Una de las cosas que queremos también defender es nuestro patrimonio cultural, porque se ha ido perdiendo de muchas maneras. Otra de las cosas que estamos defendiendo como red de cooperativas es la defensa de la propiedad intelectual de nuestros diseños. Es un problema muy grande que está pasando en el país, no solo en México, sino también en Guatemala y otros países. Todos nuestros diseños se los están llevando a otros países y cada vez es menos lo que nos está quedando.

Y otra de las cosas que estamos empezando a construir en nuestra red entre todas es valorar el trabajo entre nosotras, las mujeres, rescatando el trabajo de las pocas mujeres mayores que quedan. Uno de los trabajos que queremos seguir haciendo es que se sumen otras cooperativas de mujeres, otros esfuerzos, otros colectivos. Si somos más grupos de mujeres, tendremos más fuerza para enfrentar las situaciones.

Actividades organizadas con la cooperativa de mujeres Jolom Mayaetik en Chiapas (Crédito: CEFOCAM)

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Pensar desde los comunes, un libro colaborativo disponible en .PDF

Nicaragua: alto a la criminalización y represión de las defensoras de derechos humanos

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Pronunciamiento lanzado por la Iniciativa Mesoamerica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Agosto 2018

>> Organizaciones y articulaciones locales, nacionales e internacionales pueden firmar el pronunciamiento en línea aquí <<

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.

Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como reflejan las veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos tres meses y que afectan a más de cien defensoras.

Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva», claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.

Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca – Campamento de Vida Joven, organizaciones de Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se las acusa de apoyar a «terroristas» y se pide que «les hagan auditorías y las cierren por ser parte de los vándalos y los delincuentes».

Este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos ya que muchas veces son el preámbulo de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos. En relación a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de expertos de la ONU (1) expresa su preocupación ante el hecho que «estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas».

Ante ello, las organizaciones firmantes señalamos al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país, y le exigimos:

  • En sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, el cese inmediato de la «caza de brujas» contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia y represión contra actores de movimientos autoconvocados.
  • La derogación de las anticonstitucionales «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva».
  • El cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CIDH el 21 de mayo tras su visita al país.
  • Proporcionar todo el apoyo a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI), para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a cabalidad con su papel crucial ante esta crisis.
  • La libertad inmediata y sin cargos de todas las defensoras víctimas de detención arbitraria y criminalización por ejercer su legítimo derecho a la protesta social y a defender derechos.
  • Apoyar el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental.

(1) Los Expertos: El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; el Sr. Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; la Sra. Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; la Sra. Fionnuala Ní Aoláin; Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; el Sr. Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; el Sr. Seong-Phil Hong, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

Foto:Una estudiante se cubre con una bandera de Nicaragua mientras realizaba vigilancia en una barricada, ubicada en semáforos de la Rafaela Herrera. Carlos Herrera| Niú (más fotos aquí)

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Mujica sobre Nicaragua: «Siento que algo que fue un sueño, se desvía»

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Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Artículo del periodista Giorgio Trucchi, publicado en la Agencia latinoamericana de Información (ALAI) el 6 de agosto 2018

Del 10 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante años, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

El largo conflicto generó enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.

Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.

Faltan los autores intelectuales

Tanto el COPINH como los familiares de la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.

Durante una entrevista con Radio Mundo Real, Bertha Zúñiga, actual coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, habló de la importancia del juicio. «No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia. Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ‘justicia para Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la impunidad”, manifestó durante la entrevista.

Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indígena.

Como distorsionar la realidad

Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo sobre el asesinato de Cáceres realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). El objetivo sería sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal asesinato.

La investigación del Grupo de expertos internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.

Pese las fuertes acusaciones y a la decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.

«DESA mantiene la ilegal concesión de 50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados«, explicó el COPINH en un comunicado.

La decisión de no cerrar el proyecto hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más amplia, «que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias líneas de investigación«.

Tampoco ha parado «el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco«, así como «el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas» para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el COPINH en la nota.

La organización indígena lenca alertó también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha información. «La falta de acceso a la información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia», denunció el COPINH el 3 de agosto.

La información que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el COPINH. También oculta la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.

El mismo año en que asesinaron a Berta Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global Witness como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Negocios que matan

Dos años después, el nuevo informe de la organización británica «¿A qué precio?» señala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes en el mundo. Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.

La agroindustria resulta ser el sector de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.

América Latina es la región más peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13) encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación con el 2016.

Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. «Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales”, se lee en el informe.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores, advirtió Global Witness.

Negocios irresponsables

Para la organización británica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. «Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible», increpó.

Gobiernos cómplices

La colusión o la inacción de los gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de derechos humanos. «Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria», señala el informe.

Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos más. «A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en políticas convincentes y cambios concretos».

Ante esta situación, Global Witness pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.

También exigió apoyo y protección para defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación, captura y castigo para los responsables de los ataques. «Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia”, concluye el informe «¿A qué precio?».

Información relacionada:

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[AUDIO] Bertha Zúñiga: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben «poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas»

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Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

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Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 16 de agosto 2018

  • Fumigación con fipronil, un producto agrotóxico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, afectó a 335 colmenas en 18 apiarios ubicados en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo
  • Daños económicos ascienden a más de dos millones de pesos
  • La cosecha de miel del segundo semestre del año se perdió

José María Morelos, Quintana Roo.- Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, fueron afectadas por un empresario, quien aplicó un químico altamente tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero, lo cual provocó la muerte de cientos de miles de abejas en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, no duda en ubicar la tragedia, como la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del Ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental. «Cada colmena tiene capacidad para brindar abrigo a 50 mil abejas y, su muerte, representa un golpe económico devastador, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.»

Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II, echaron a andar la iniciativa «Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos».

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio, para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

 

«Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores», narró.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalla que desde el miércoles ocho de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento «inusual» en las abejas, que fue traduciéndose en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas -dijo- fueron totales. «También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado», expresó.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de Clase II.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad -inicialmente- les negó ese derecho, bajo dos argumentos.

Uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; otro, que la muerte de abejas no es un delito. «Luego también nos dijeron que como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito», agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo, posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito, los que «destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas».

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes, uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones. Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas, para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

(Foto: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible)

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

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Astrid Cuero, feminista afro-colombiana, fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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«Lo que más conozco es la experiencia del Pacífico colombiano, en la costa occidental de Colombia. Es un territorio selvático con salida al mar, con mucha diversidad y muchos recursos naturales, donde la minería ha tenido una función esencial dentro del capitalismo y la economía extractivista.

Este territorio está habitado por una población afro-colombiana e indígena. Desde los años 1990 ha sido objeto de la presencia de multinacionales, en especial mineras como la AngloGold Ashanti (de capital sudafricano). Este territorio está siendo disputado por muchos actores, incluso armados, porque allí también se siembran cultivos ilícitos como la cocaína, la amapola, la mariguana, en complicidad con el estado.

Es un territorio disputado por las guerrillas y por paramilitares que han sido pagados por narcotraficantes como por las empresas multinacionales. Esto ha generado una situación de destierro en las poblaciones afro-colombianas. Los hombres negros han sido los que han sido más asesinados en todo el conflicto en el pacífico colombiano. En particular las mujeres negras son las que quedan sobreviviendo y resistiendo, intentando reconstruir su vida. Han sufrido violencias de todo tipo porque aparte de que destruyen a sus familias, matan a sus esposos y sus compañeros, también han sido violadas y violentadas por los actores armados, sobre todo militares y paramilitares.

Además, muchas de ellas han sido desplazadas, desterradas de sus territorios, han tenido que llegar a las ciudades con sus hijos, para intentar sobrevivir, enfrentándose a condiciones de pobreza y de racismo. Es una lucha muy profunda y muy dura contra un sistema que es patriarcal, y capitalista, pero que también es racista. Es fundamental darnos cuenta de ese racismo estructural que las mujeres negras tienen que enfrentar para sobrevivir y defender sus territorios. Algunas han podido seguir intentando defender su territorio desde sus lugares, pero a muchas les ha tocado salir.

Mujeres como Francia Márquez (Premio Goldman 2018) y Marilyn Machado, entre otras, hacen parte de todo un proceso de comunidades negras y de la Red de movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, quienes no se definen como feministas pero están ejerciendo un feminismo negro. Estas mujeres negras que han defendido la vida, el territorio y la relación integral que existe entre la naturaleza y el humano, son mujeres que no se definen como feministas, pero que en sus practicas políticas están generando una vida alternativa al sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista.»

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Más información:

Así es Francia Márquez, la colombiana que ganó el «Nobel» ambiental

La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio (comunicado de la REMA)

PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida

AUDIO: «Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres»

Foto: Astrid Cuero tomando la palabra en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. A su lado, están: Marilia de Madeiros Gonçalvez, Guadalupe Vásquez Luna y Rosalindo Santis.

No, Carlos Slim no es un «ejemplo a seguir», como lo pretende AMLO: REMA

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro «Ingeniería es soberanía», presentando ahí 25 «proyectos estratégicos» que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona «honesta», como «modelo a seguir» y «un ejemplo para México y el mundo».

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como «presunto evasor» en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de «desarrollo» extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene «inversiones», como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto «ejemplar» para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué «desarrollo» estamos hablando, y ese «desarrollo», es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los «proyectos estratégicos» a impulsar por el gobierno de AMLO, están también los de desarrollo minero. ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

1. Que las mineras «cuiden el medio ambiente» en su actuar;

2. Que «se les pague mejor» a los trabajadores;

3. Que «se paguen más impuestos al Estado».

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de «desarrollo»: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía.

Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO!

¡NO AL FRACKING!

¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO!

¡LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR!

ATENTAMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Información relacionada:

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Foto: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Carlos Slim (Crédito: Jessica Espinosa / Notimex)

Melel Xojobal: Auxiliar Administrativo (hasta el 24 de agosto de 2018)

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Título del puesto: Auxiliar Administrativo
Ubicación del puesto: Área de Administración
Puesto al que informa: Coordinadora del área de Administración

Propósito :

Apoyar en las tareas diarias para la adecuada administración de los recursos de la organización.

Principales Funciones

  • Control de Cajas Chicas y recibos internos.
  • Recepción y revisión de comprobaciones de gastos
  • Elaboración y registro de cheques
  • Ejecución de pagos de cheque en bancos.
  • Integrar la documentación del paquete contable
  • Elaboración de instrumentos para control interno: lista de asistencia, solicitud de gastos, formatos varios.
  • Actualizar expedientes y directorio del personal.
  • Registro de uso de prestaciones y obligaciones (listas de asistencia, permisos y vacaciones).
  • Elaborar y actualizar directorio de proveedores
  • Programar y realizar la compra de insumos: papelería, oficina, limpieza y alimentos.
  • Registro y ejecución del mantenimiento del vehículo, oficinas y equipo de oficina.
  • Ejecución pago de servicios de mantenimiento de oficina: (jardinería, predial, tenencia, gas, agua, luz, teléfono, pensión vehicular)
  • Registro y seguimiento de préstamos de equipo de cómputo, vehículo y mobiliario, tanto interno como externo.
  • Realizar acciones de mensajería.
  • Realizar servicios de chofer para traslados de personal y recolección de bienes y productos de servicios contratados.

Funciones de apoyo

  • Apoyo en cotizaciones y compra de equipo, insumos y servicios
  • Apoyo en procesos de auditoría
  • Apoyo en actualización de inventario
  • Apoyo logístico para eventos educativos e institucionales
  • Apoyo en las actividades generales del área.

Responsabilidades

  • Colaborar con el equipo de administración para el óptimo funcionamiento de los procesos administrativos
  • Aplicar las normas y procedimientos establecidos en el Manual de Control Interno

Perfil

  • Título técnico en contabilidad o administración.

Habilidades

  • Conocimientos básicos de administración
  • Manejo de vehículo con licencia vigente.
  • Manejo de equipo de cómputo y software (Microsoft Office)
  • Buena ortografía y redacción
  • Manejo de equipos de oficina (sumadora, fotocopiadora, fax, proyector).
  • Manejo de internet

Actitudes

  • Responsabilidad
  • Discreción en el manejo de información institucional
  • Disponibilidad para moverse fuera de horarios de trabajo en casos de emergencia o situaciones especiales.
  • Orden
  • Honestidad
  • Constancia
  • Iniciativa

Requisitos

  • Medio tiempo: 25 horas de trabajo a la semana, turno matutino.
  • Compromiso mínimo de 2 años de trabajo
  • Presentar currículum vitae, carta de motivos y dos referencias laborales.
  • Enviar con atención a Rosalba Hidalgo Aguilar administracion@melelxojobal.org.mx y Jennifer Haza Gutiérrez direccion@melelxojobal.org.mx

Procedimiento

  • Fecha límite para recibir documentos vía electrónica: 24 de agosto de 2018
  • Selección pre-candidatas(os) y periodo de entrevistas: 27 de agosto al 07 de septiembre
  • Inicio de actividades: Lunes 17 de septiembre de 2018

Center for International Environmental Law (CIEL): Senior Campaigner

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POSITION TITLE: Senior Campaigner
PROGRAM: People, Land & Resources LOCATION: Washington DC
SUPERVISOR: People, Land & Resources Program Director SALARY: D.o.E.

To Apply: Please send a resume, cover letter, two references, and a writing sample to info@ciel.org (include «People, Land & Resources Senior Campaigner» in subject line). The writing sample should represent the applicant’s own, unedited writing. Note that CIEL does not sponsor visas of any kind. You must have authorization to work in the US in order to be considered for this position.

Application Deadline: Accepted on a rolling basis. Only shortlisted candidates will be contacted. Ideal start date for this position is September 2018.

SUMMARY DESCRIPTION:

CIEL’s People, Land, and Resources (PLR) Senior Campaigner will be a skilled advocacy expert and seasoned campaigner. The PLR program uses environmental and human rights standards and tools in innovative ways to: strengthen legal protections, equip communities to use international law and instruments to defend their rights and protect their environment, ensure international financial flows safeguard the environment and human rights, and increase corporate accountability.

The ideal candidate has knowledge of and demonstrated experience with human rights, environment and/or international development finance, as well as creating and mobilizing local and international campaigns to support case work. Responsibilities include: providing policy analyses and other technical support; preparing reports, briefing notes, and other documents; organizing workshops; participating in and contributing to advocacy efforts and coalition-building; and undertaking other programmatic work as assigned. The Senior Campaigner will develop communications and campaign materials that respond to and build upon local and international advocacy efforts of partner organizations and communities challenging harmful development projects and defending their rights. Effective communication and public speaking with diverse stakeholders, and extensive experience working in collaborative processes, and fluency in both English and Spanish are required for this position. The position also requires significant international travel.

The Senior Campaigner will work with the PLR Program Director and other CIEL staff to develop and implement campaigns, strategies, and activities to achieve the program objectives. This includes collaborative work to support the Early Warning System (EWS), a web platform and advocacy tool that centralizes information on development projects funded by multilateral development banks that are most likely to negatively impact human rights worldwide. The Senior Campaigner will report to the Program Director frequently, at least bi-weekly.

RESPONSIBILITIES:

Programmatic Responsibilities:

1. Develop, lead, and implement campaigns and strategies that achieve measurable progress towards CIEL’s strategic priorities and programmatic objectives, ensuring the highest quality work product. a. Maintain a working knowledge of relevant political and regulatory frameworks and issue areas;
  b. Assist in the research and drafting of briefing documents, written comments and publication-ready materials for submission to governments, NGO partners, and communities;
  c. Organize, coordinate, and participate in events to support the project goals;
  d. Assist in the design and implementation of strategies to educate and mobilize various constituencies about project issues and goals;
  e. Assist in the development of fact sheets, press releases, online communication materials and other informational materials to educate, inform and engage CIEL funders, supporters, and the public through traditional and social media;
  f. Represent CIEL in coalitions, public meetings, hearings, workshops, and other processes;

2. As directed by the Program Director, assist in the development of workplans and budgets, in line with agreed project objectives;

3. Establish and maintain effective working relationships with relevant partner organizations, agencies, intergovernmental organizations, and other NGOs to achieve CIEL’s project related goals;

4. Assist in information flow within the program, as well as with other CIEL programs.

5. Perform other job related duties as requested or assigned by the Program Director.

Administration:

1. Assist in the preparation of annual project and program plans, and operating budgets in line with both short term and long term goals and objectives;

2. Meet periodically as requested with the President, Director of Finance and Administration, Director of Communications, and other team members;

3. Assist in timely preparation of proposals and reports to funders;

4. Maintain timesheets contemporaneously and submit them on time;

5. Participate in weekly staff meetings and other organizational activities, including an annual staff performance evaluation.

QUALIFICATIONS:

Minimum Qualifications:

1. Bachelor degree in a relevant field;

2. Four to seven years of experience in designing and leading effective advocacy campaigns in an international human rights or environmental context;

3. Strong organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously;

4. Exceptional research, writing and communication skills; demonstrated ability to write clearly and compellingly for a variety of audiences, including policy makers and the general public;

5. Demonstrated experience working with a diversity of people, groups, local communities and organizations;

6. Experience with a variety of communication technologies and formats, including social media;

7. Ability to work both independently and in close coordination with a team;

8. Has necessary immigration status or permit to work in the United States; and

9. Ability to travel frequently and for extended periods.

10. Proficiency working in both English and Spanish.

Desired Qualifications:

1. Experience in human rights or environmental issues (strongly preferred);

2. Graduate degree or other advanced training in a relevant field (e.g., human rights, international environmental policy, international development)

3. Proficiency in two or more foreign languages.

About CIEL:

For almost 30 years, CIEL has used the power of law to protect the environment, promote human rights, and ensure a just and sustainable society. CIEL’s dynamic team of international attorneys and experts work together in a collaborative and supportive work environment to tackle some of the most interesting and challenging issues facing people and the planet. CIEL is an equal opportunity employer.

El Escaramujo 77: AMLO, ¿Progresista o de Izquierda?

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en El Escaramujo 77: AMLO, ¿Progresista o de Izquierda?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 77<<

El primero de Julio de 2018 se llevaron a cabo unas históricas elecciones donde el pueblo mexicano otorgó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que, en coalición con otros partidos, arrasó en prácticamente todo el país las candidaturas a elección popular. Muchas reflexiones, pronósticos y diagnósticos se han hecho y se siguen haciendo sobre su significado hoy, a mediano y largo plazo. Y aunque todavía no toma posesión de la presidencia, para muchos ya no cumplió con sus promesas y para otros nunca lo hará. Para otras personas el cambio radical por fin ha llegado. Y hay quien dice que es necesario esperar más tiempo para ver en realidad si se producen esos cambios esperados. En fin, por ello quien escribe sobre estos pronósticos se arriesga a recibir aceptaciones o críticas. Nos arriesgamos.

México ha pasado por unas elecciones históricas.

AMLO ganó la presidencia con el 53.19% de las preferencias -seguido por Ricardo Anaya con 22.27%-, y con más de 30 millones de votos a su favor. Este es su tercer intento por llegar a la presidencia (2006, 2012 y 2018). Luego de 12 años después de su primera candidatura, se encuentra con un México más devastado por la violencia, los feminicidios, los desaparecidos, la corrupción, el crimen organizado, la pobreza, el extractivismo, la deuda externa disparada, así como cambios constitucionales y de leyes secundarias por medio de las cuales se ha vendido al país a las corporaciones transnacionales que disputan los territorios a los pueblos indígenas, campesinos e incluso urbanos.

Es originario del estado de Tabasco y quien fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de quienes se separó años atrás. Fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005. En 2011 inicia la génesis de lo que será luego el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que obtiene su registro en 2014.

De una lista nominal de 89.2 millones de personas, votaron más de 56 millones de mexicanos y mexicanas, datos récord en la historia del país. Es la primera vez que se eligen a tantas autoridades en todas las 30 entidades del territorio mexicano, más de 3,000 cargos públicos: el Presidente de la República, el 100% de la Cámara de Diputados compuesto por 500 diputados, 128 senadores, 8 gubernaturas, la Jefatura de la ciudad de México y sus 16 alcaldías, 972 diputaciones locales, 1,596 ayuntamientos y 184 juntas municipales.

Los fraudes en los procesos electorales anteriores en México han sido descomunales y en el contexto de una creciente violencia. Y éste no es la excepción. El año 2017 fue el año más violento registrado en las últimas décadas. Previo a las elecciones de julio 2018 se dieron más asesinatos y durante la jornada se registraron robo de urnas y amedrentamientos por parte de grupos armados. Según el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultoría Etellekt, se registraron 774 agresiones a políticos entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio 2018, de las cuales 152 fueron asesinatos. Otras fuentes señalan que de las aproximadamente 90 personas asesinadas durante el proceso preelectoral hasta la fecha, todos miembros de partidos o candidatos a diversos cargos públicos, más de 30 han sido de MORENA. Pese a todo ello, estas elecciones fueron calificadas sin violencia ni fraude. Y es que la contundencia de los millones de votantes a favor de AMLO opacó el hecho de que este proceso electoral ha sido el más violento en los últimos 20 años.

Sin embargo, no hay que olvidar que no todo fue a favor de AMLO, sino a favor del hartazgo de la sociedad mexicana frente a los gobiernos presidenciales siempre del PRI y los dos únicos del Partido Acción Nacional (PAN) (2000-2006 y 2006-2012), que generaron en la población un anhelo de cambio hasta en los estados en que nunca se había visto, menos en uno, en Guanajuato. Lo jamás visto. Por ello, el Presidente más impopular, ridiculizado y vilipendiado por la sociedad mexicana, al ver el tsunami electoral en su contra, se apresuró a firmar diez decretos que suprimen vedas para facilitar la extracción del agua por las empresas y amarrar otras acciones que garantizaran la continuidad del entreguismo del país al mercado transnacional. Y por cierto, tampoco se produjo la crisis en la bolsa tan anunciada ni la fuga de capitales masivos. No se fueron las empresas del país y tampoco se devaluó terriblemente la moneda.

Sí habrá “cambios”: el maquillaje político y social.

AMLO ejecutará acciones que significarán mucho para la población mexicana, pero serán simbólicas ya que no van a tocar, ya no digamos modificar, la raíz del problema. Y ello no significa que no sean buenos y necesarios. Lo son dentro de un proceso de transición de largo plazo ya que no se logra enfrentar a tantos intereses enquistados en el aparato de gobierno. Sin embargo, pronto no serán suficientes para el pueblo mexicano que exige un cambio de rumbo en la política económica del país.

De cualquier modo, el maquillaje político y social tendrá su atractivo y la tentación a que su gobierno sea intocable a las críticas. Por ejemplo, las propuestas que ha expresado AMLO ahora y desde hace años: no usar el avión presidencial de lujo, vender la flota de transporte aéreo de la presidencia, reducir salarios a los funcionarios, vivir en austeridad, no aceptar guardaespaldas, no vivir en la casa presidencial de Los Pinos y convertirlo en parte del Bosque de Chapultepec. Otorgar becas para estudiantes o eliminar los sueldos vitalicios a los ex presidentes; decretar que nadie gane más sueldo que el presidente de la República que lo definirá en 108 mil pesos mensuales. Quitarle inmunidad al Presidente para que sea juzgado por delitos electorales y de corrupción así como eliminar fueros y privilegios a funcionarios públicos. Tipificar como delitos graves el tráfico de influencias y la asociación entre empresas y funcionarios públicos para defraudar a Hacienda. Lograr la autonomía de la Fiscalía General; combatir la corrupción y acabar con la impunidad; combatir el fraude electoral; no comprar más bienes inmuebles y disminuir la planta de asesores de las secretarías; eliminar los bonos a los funcionarios y las estructuras y programas duplicados en el gobierno; disminuir viáticos, viajes al extranjero y personal de confianza. Prohibir el uso de vehículos públicos para fines personales; no contratar a familiares y reducir el 50% el gasto de publicidad del gobierno. Los funcionarios públicos no podrán convivir en fiestas con contratistas, grandes empresarios o proveedores a la función pública. Los choferes solo serán para secretarios y subsecretarios; y los policías y militares ya no estarán al servicio de funcionarios o particulares. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa; cancelar toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecta a la privacidad de las personas; ahorrar en gastos operativos en todas las oficinas de gobierno; transparentar las licitaciones públicas; limitar las partidas en los presupuestos de diputados y senadores. Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos mayores a 5 mil pesos y eliminar la contratación de despachos de asesores. En las relaciones comerciales con empresas trasnacionales se priorizarán aquellas cuyos países y gobiernos se caractericen por su honestidad y combatan la corrupción y se eliminará la figura de la “Primera Dama”, entre otras medidas.

Incluso anuncia que retomará los Acuerdos de San Andrés firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal en 1996, lo que ha desatado una polémica y respuesta de los zapatistas que se enfrentaron con él en 2006 para evitar que llegara AMLO a la presidencia según anunciaron en sus comunicados de aquél entonces. Sin embargo, no hay que olvidar que los resultados de la Mesa 1 sobre “Derechos y Cultura Indígena” contradecían radicalmente la política impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el sentido de privatizar la educación, la salud, las tierras o los monumentos históricos del país. Por ello, el gobierno traicionó los Acuerdos de San Andrés sobre la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios, ya que la agenda de los Tratados de Libre Comercio incluía la privatización del 52% el territorio nacional que se encontraban en manos de ejidatarios y comuneros donde la inversión extranjera esperaba arribar con sus proyectos extractivos. Y eso es algo que muchos sectores del país no lograron entender, que los zapatistas luchaban por toda la población mexicana en contra de las políticas neoliberales. Razón tienen en no creer en las promesas del “mal gobierno”. Pero si AMLO efectivamente quiere cumplir con los Acuerdos de San Andrés tendría que echar atrás las reformas constitucionales, la Ley de Seguridad Interior, la Reforma Energética, otras leyes secundarias así como muchas privatizaciones y los proyectos extractivos del país. Sin embargo, ha afirmado en varias ocasiones que sus acciones se realizarán dentro del “marco legal actual”, por lo que no habrá cambios.

Su futura Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, así como el futuro titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de lamentables antecedentes políticos, han anunciado que no se echará abajo la Reforma Energética votada en diciembre del 2013, la cual aceleró el despojo de los territorios acabando con la nacionalización de la producción petrolera y abriendo las puertas al fracking. Así, el cumplimiento con los Acuerdos de San Andrés implicaría oponerse frontal y radicalmente al capitalismo atroz que galopa impune en el país, por lo que se antoja imposible, y muy probablemente sus acciones en la materia no pasarán de algunos elementos de maquillaje. Y mucho menos se vislumbra que los otros temas que quedaron pendientes en el proceso de paz se continúen.

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