Reunión del Tumin San Cristóbal: Sábado 14 marzo

A los miembros del Tumin, la moneda comunitaria, y para los que quieran información o quieran formar parte, les invitamos a una reunión:

EL SABADO 14 DE MARZO 2015
En la Cafetería Relax (Diego de Mazariegos 19), Centro Histórico, en San Cristóbal de Las Casas.

¿Sabías que la cafetería Relax acepta hasta el 100% de tumin en el consumo? Sabias que en El Espinal, Veracruz, las autoridades aceptan Túmin para el pago del agua al municipio? Sabías que cada vez más comunidades, regiones y estados van sumándose al Túmin?

Toda persona que tenga algo que ofrecer está invitado a formar parte. Cualquier productor o prestador de servicios. Por ejemplo, quien vende pan, tortillas, comida, artesanías, café, miel, huevo, frutas, plantas, ropa, muebles, paletas, pasteles, libros, pinturas, esculturas, pósters, publicaciones (revistas, periódicos, etc.), impresiones, camisetas, serigrafía, carne, quesos, tamales, comida, medicina tradicional, plantas, pollos, gallinas, conejos, abonos, los frutos de tu patio, etc., etc.. O quien presta servicios; lavandería, carpintería, taxista, doctor, enfermería, inyecciones, sastrería, traducciones, veterinaria, mecánico, limpieza, chofer, soldadura, pintura, guía de turistas, asesoría, papelería, consultoría, diseños, reparaciones, albañilería, talleres, jardinería, relojería, cuida perros, cursos de lo que sea, ediciones, fotografía, arreglo de compus, diseño de webs y blosgs, diseño gráfico, clases de idiomas o de cualquier cosa, peluquería, tatuajes, cuida niñas-niños, chofer, plomería, electricista, hospedaje, fletes, servicios religiosos, consultas (médicas, psicológicas, masajes, acupuntura, legales, etc.), renta de sillas, espacios para eventos, o cualquier cosa; etc. etc.

Es para todos y todas que deseen sumarse a la Economía Solidaria frente a la crisis actual que vivimos.

Puedes venir a preguntar e informarte sin compromiso. También pueden traer lo que desean vender en Tumin.
Pasa la voz y avísale a tus amigos, amigas, parientes…

http://www.tumin.org.mx/

TE ESPERAMOS!

TUMIN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

 

 

Ley de Aguas: Carta abierta a diputados desde las OSC

Carta abierta a diputados

Las organizaciones y personas abajo firmantes, con fundamento en los artículos primero, cuarto quinto párrafo, octavo y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23.1 a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 11, 12 y 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; comparecemos ante Usted para exponer:

1) Es de nuestro conocimiento que la Cámara de Diputados está por iniciar la discusión sobre la iniciativa de la Ley General de Aguas, la cual tiene por objeto respetar, promover, proteger y garantizar el derecho humano al agua. Es de destacarse que el pasado 7 de febrero investigadores e integrantes de organizaciones civiles entregaron a las y los legisladores federales una iniciativa ciudadana de Ley, en cuya elaboración participaron más de 450 académicos, investigadores, especialistas, junto con comunidades y comités de usuarios; y que Ustedes  han presentado su iniciativa de Ley General de Aguas, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4223 del jueves 26 de febrero de 2015.

2) En este contexto queremos recordarle que la legitimidad del Estado mexicano y por ende la legitimidad de todas las autoridades en el país depende directamente del respeto, protección, promoción y garantía que se le dé a los derechos humanos. La satisfacción y garantía del derecho humano al agua en México impone importantes retos para el Estado mexicano, por lo cual la Ley General de Aguas, que debe ser expedida a la brevedad, debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares, esto es, proporcionando la protección más amplia a todas las personas y para ello debe orientarse en la Observación General 15 del Comité de Derechos Sociales y Culturales (DESC), pues dicha Observación es el mapa y el texto más evolucionado sobre los contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua.

3) En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 177 inciso 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicitamos que las Comisión que preside tenga a bien acordar una serie de audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas en la materia, de los grupos interesados, de los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, de las organizaciones de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las empresas. México es un país sumamente rico y complejo cultural e hidrológicamente, sólo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos.

4) Amén de lo anterior, recordemos que el Estado mexicano es un estado multicultural como se reconoce en el artículo segundo constitucional y en el Convenio 169 de la OIT, por virtud de lo cual las autoridades están obligadas a respetar y fomentar todas las formas de ser y estar que existen en México. En este sentido es evidente que la Ley General de Aguas podría afectar de manera directa a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, particularmente en lo que se refiere a el acceso de agua potable y saneamiento, por lo cual es necesario que se les respete y garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada conforme mandata el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT; hacer lo contrario es incurrir en responsabilidad internacional.

5) Por lo cual y con fundamento en los artículos segundo constitucional y sexto del Convenio 169 de la OIT, le solicitamos que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas de México y las comunidades equiparables respecto de esta medida legislativa, para lo cual se deberá de proveer todo lo necesario bajo la luz del principio pro persona. Ningún foro de discusión satisface los extremos que el derecho a la consulta previa impone.

Por lo anterior expuesto,

A Usted atentamente le solicitamos:

PRIMERO. Tener por presentado el presente escrito.

SEGUNDO. Considerar las peticiones que se hacen en el presente escrito y por lo mismo en el momento oportuno realizar los foros solicitados a fin de que se construya la mejor Ley General de Aguas.

TERCERO. Garantizar el derecho a la consulta previa respecto de esta medida legislativa a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, en términos de lo dispuesto por el artículo segundo constitucional, sexto del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CUARTO. En caso de no estimar procedentes las peticiones anteriores, haga de nuestro conocimiento la fundamentación y motivación, jurídica y/o técnica, que esa autoridad considere como sustento de sus determinaciones, haciéndonos entrega de copia certificada de los documentos que haya empleado para arribar a ellas.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.
Alianza Internacional de Habitantes
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.)
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.)
Asociación Ecológica Santo Tomás
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.
Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)
Colectivas
Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR)
Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES
Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH)
Colectivo La Roca
Comité Promotor de Aguas para Todos Puebla
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Controla tu Gobierno A.C.
DECA Equipo Pueblo A.C.
DEMATAC
Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC)
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Food First Information and Action Network sección México (FIAN México)
Fronteras Comunes
Guardianes de los Volcanes A.C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
LAVIDA
Litiga
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos – Amigos de la Tierra
Pobladores
Pronatura Veracruz
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres
Red Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)
Sendas A.C.
Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C.
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
y como aliados internacionales: Food & Water Watch, Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Proyecto Planeta Azul (Blue Planet Project)
Cristina Almazán
Guillemo Rodríguez
Luisa Paré
Eckart Boege

Cherán Keri: un pedacito de utopía

Mayra I. Terrones Medina, La Jornada del Campo. ESPECIAL BOSQUES.

En mayo próximo se realizarán las elecciones por usos y costumbres de Cherán para renovar a las autoridades comunales vigentes desde 2012. Para quienes resistimos el embate capitalista-neoliberal de estos tiempos, tal proceso es, creo yo, de mayor importancia que las elecciones intermedias que protagonizarán los grupos de poder este 2015. Cherán ejerció su derecho a manejarse por usos y costumbres tras rebelarse a la lógica en que se encuentran comunidades aledañas, como son Nahuatzen y Paracho.

En 2008 los pobladores de esta comunidad purépecha vieron cómo se intensificaba la entrada del narcotráfico en su territorio; los tala montes eran cuidados y recibían protección del crimen organizado para destruir el bosque. La devastación era dolorosa para toda la comunidad, pero el miedo a reaccionar era grande. Para 2011 la deforestación alcanzaban las ocho mil hectáreas, y los aserraderos particulares pagaban cuotas, así como las tiendas y locales. De 500 resineros que trabajaban en el bosque, sólo quedaban cien. El Comisariado de Bienes Comunales estaba al servicio de crimen organizado; sin embargo, antes del levantamiento habían asesinado al secretario de acuerdos, al tesorero y a un miembro del consejo de vigilancia. Los miembros del Comisariado se auto exiliaron, no se sabe si porque se negaron a colaborar o porque rompieron el acuerdo que habían hecho con los malos.

El miedo a transitar sus propias tierras era grande; las desapariciones, amenazas y extorsiones estaban a la orden del día, a tal grado que los campesinos dejaron de sembrar en las tierras más alejadas de la comunidad. Resineros, campesinos y tala montes de la comunidad eran amenazados para que no subieran al bosque. Esta situación la siguen viviendo hoy día las comunidades vecinas de Cherán, sin encontrar salida; siguen permitiendo la devastación de sus bosques y el sometimiento de su población ante el crimen organizado. En Cherán hay cuando menos 11 desaparecidos, y las viudas de los muertos siguen sin respuesta, ni justicia.

La madrugada del 15 de abril de 2011, mujeres apoyadas por los jóvenes se cansaron de tanta injusticia y se decidieron a sacar a los tala montes protegidos por el crimen organizado; éstos hacían tres viajes al día, más o menos en unas 200 camionetas y se llevaban la madera de mejor calidad; dejaban una devastación tal que los ojos de los cheranenses no alcanzaban a mirarla en toda su magnitud.

Las mujeres sabían que serían el próximo botín de los narcotraficantes. Como objetos que se toman para usarse y desecharse, las mujeres en Michoacán no han tenido tregua en la situación que vive la meseta purépecha, creo que no hay una contabilidad real de las muertas, torturadas, violadas y desaparecidas. Algunas mujeres de Cherán escucharon el rumor que los malos hacían correr por las calles: “ahora vamos por sus mujeres”, también se dolían por la situación en general: su comunidad estaba siendo destruida, los narcos se paseaban por el pueblo impunemente y no se podía salir después de las 7 de la noche.

Cuando estas mujeres y los jóvenes decidieron sacar a los tala montes de su comunidad, no se imaginaban todo lo que vendría. Sin armas de alto calibre, sólo con palos, piedras y lo que encontraron a la mano, sacaron al narcotráfico de su comunidad. Los tala montes entendieron que no iban a poder seguir devastando el bosque más, por nueve meses los pobladores se organizaron, armaron grupos de vigilancia como les dijeron los viejos de la comunidad, bloquearon todas la entradas a la comunidad, con aproximadamente 400 comuneros por barricada; luego se formaron las fogatas en cada cuadra, éstas respondían a una manera también antigua de comunicarse. Ya que la luz y el teléfono habían sido cortados, los cuetes y las vigilancias en las fogatas ayudaban a que toda la comunidad estuviera enterada de que los malos venían.

Ese mismo año Cherán decidió retomar su forma de organización social comunitaria y ponerla al servicio de la resistencia; los comuneros que se ofrecieron a vigilar la comunidad, entrenar y trabajar para la seguridad de la misma son los que luego estructurarían la Ronda Comunitaria, que estuvo al servicio de la comunidad durante todos estos meses de manera voluntaria.

También surgió una comisión que tomó las riendas de la comunidad; inició una labor para buscar la forma de organizarse sin que estuvieran los representantes oficiales. Casi toda la comunidad considera que la entrada de los partidos políticos provocó la división y descomposición de los espacios de organización comunal. Comentan que tales espacios servían para quien ostentara el cargo y no para ver las necesidades de todos. Relatan los robos que hacían y el poco interés por hacer crecer los mecanismos productivos de la comunidad, como el aserradero comunal, el vivero y la regulación de la tala, además de que abandonaron al sector resinero. En 2008 ganó el PRI en su comunidad, después de tres administraciones perredistas, mismas que se comportaron, según relatan, igual que los priistas. Pero cuando el PRI llegó de nuevo al poder dejó pasar a los malos ya sin simulaciones.

De igual manera, jóvenes profesionistas y no iniciaron la tarea de reforestar el bosque; la devastación era grande pero las ganas de reconstruir eran más. La ronda comunitaria subía al bosque y verificaba que no estuvieran los malos para que los voluntarios pudieran hacer los trabajos de reforestación, unos 400 o 500 comuneros hacían las labores. Ya en 2012 después de haber estructurado su gobierno comunitario, el Consejo de Bienes Comunales sufrió la baja de dos de sus miembros, identificados por el crimen organizado como parte de quienes impulsaban la nueva forma de organizarse.

En 2011 los cheranenses reforestaron 400 hectáreas; en 2012, 450, y para 2013 llevaban 600. Esto es un total de casi mil 500 hectáreas. Hoy día son los primeros productores de composta con corteza de pino; han hecho baños secos. En el año que se levantaron tenían que traer la planta de otras regiones, para el 2013 había producido un millón de plantas y tenían 400 mil en bolsa.

La forma en la que ejercen la justicia desde el 2012, cuando lograron efectuar la elección de sus representantes por medio de usos y costumbres, es un ejemplo para muchas otras comunidades que buscan luchar contra el crimen organizado y los partidos políticos coludidos con ellos. La organización del Gobierno Comunal tiene como máxima instancia la Asamblea General, en donde todas propuestas son escuchadas y se van consensando por barrios. Cherán tiene cuatro barrios y un número de representantes en cada uno de los seis consejos operativos, igual que en el Consejo Mayor. La toma de decisiones es a mano alzada y los consejos están obligados a dar cuenta en cada barrio de las acciones que llevan a cabo.

La comunidad de Cherán no sólo supo organizarse para sacar al crimen organizado, sino que ha logrado establecer mecanismos comunitarios para reconstruir su comunidad; los trabajos de reforestación, en el vivero y en el aserradero comunal generan empleos temporales y permanentes para la propia comunidad, que han permitido a jóvenes, mujeres, niños y ancianos reintegrarse a la producción y reproducción de su vida, aportando en los espacios de su comunidad un trabajo colectivo que les permite vivir dignamente.

Cherán tiene sus elecciones comunales este mayo y para quienes defendemos la tierra y el territorio es de suma importancia este momento. La continuación de su reconstrucción comunitaria se sostiene desde el trabajo de los consejos mandatados por su propia comunidad; que ellos decidan sobre su destino y el de sus recursos naturales es algo que parece un lujo hoy día para muchas otras comunidades. Un pedacito de utopía que puede ayudarnos a encontrar caminos para reconstruir un México sin impunidad, con verdad y justicia.

Agua y minerales: trasfondo del conflicto en Zacualpan

Gian Carlo Delgado Ramos, La Jornada de Oriente

Zacualpan, municipio de Cómala, es un territorio estratégico pues el manantial ahí localizado abastece alrededor de 4/5 partes del agua que demanda la ciudad de Colima (con 105 localidades) y Villa de Álvarez (con 57 localidades). Del manantial, a 27.5 km de esta zona urbanizada, se captan por medio del Acueducto Zacualpan unos mil litros por segundo.

Según las autoridades comunales de Zacualpan, los detalles sobre el acuerdo de usufructo del agua a favor de la Comisión Intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) se desconocen, tanto el plazo como los volúmenes, todo al tiempo que se asegura que no reciben compensación alguna. En cambio, la comunidad generan ingresos propios por tener dentro de su propiedad un ojo de agua al cual le dan uso recreativo (el denominado Parque Ecoturístico de Zacualpan), precisamente punto de conflicto entre las autoridades actualmente en funciones, electas el 30 de noviembre de 2014 por Asamblea y reconocidas por diversas autoridades del Estado de Colima, y las autoridades depuestas, entre otras razones –se asegura– por el uso indebido de los ingresos generados durante su mandato y su resistencia a permitir el usufructo del dicho bien común a beneficio de la comunidad (un pequeño grupo controla desde hace meses el camino al manantial contradiciendo la orden ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario de  Distrito 38 que entregó la administración del parque a la actual presidencia de bienes comunales); ello además de que en su momento tales autoridades depuestas permitieron actividades de exploración minera.

Zacualpan cuenta, además de agua, con yacimientos de oro–plata y cobre, así lo reconoce el “Panorama Minero del Estado de Colima” para el caso del lote Heliotropo de unas 100 hectáreas (concesión número 201872) y donde el Servicio Geológico Mexicano ha estimado concentraciones de 1 a 2 gramos de oro por tonelada de tierra y entre 0.5 por ciento y 12 por ciento de cobre, es decir, concentraciones económicamente explotables.

Cabe precisar que a nivel estatal, al cierre de 2014, el grueso de concesiones mineras otorgadas ya cubrían 37.5 por ciento del territorio, el grueso centradas en hierro, el principal producto metálico de Colima con casi 3 millones de toneladas extraídas en 2012 (además de diversos materiales no–metálicos, sobre todo de construcción). Pese a ello, recientemente ya se identifican concesiones con interés en la explotación de oro, plata y manganeso, al tiempo que se habla del potencial para la extracción de titanio presente en las arenas negras de las playas del Estado (se trata de un material estratégico para ciertas industrias de alta tecnología).

Los principales intereses económicos del hierro son Ternium y Arcelor Mittal Steel, a los que se suman en los últimos años otros capitales de EUA (Cotton & Western Mining, Jaguar Mining, Tara Minerals), China (Gan Bo Investment y Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade) y Reino Unido (London Mining). En el caso del oro, aparece la canadiense Macmillan Gold Corp y otros capitales aparentemente locales como Gabfer, SA de CV quien supuestamente detenta la concesión del mencionado lote, Heliotropo, ubicado al suroeste del manantial de Zacualpan. Su promotor, Rigorberto Verduzco Rodríguez, ha detallado a los medios que el beneficio o procesamiento se haría en otro lugar y que ahí sólo se extraería la roca mineralizada por la cual pagaría 4 dólares la tonelada como regalías, un monto que en 50 por ciento se destinaría al municipio de Comala, a visitas médicas y en el establecimientos y dotación de una farmacia.

Según informó el delegado estatal de la Secretaría de Economía el pasado 2 de marzo, la concesión que aparentemente detenta la empresa, y cuya composición de capital se asegura se desconoce pues no está registrada ante esa Secretaría, no ha sido aprobada debido a una serie de irregularidades. La concesión en cuestión fue originalmente otorgada en 1995 al ahora difunto Adolfo Pineda Martínez y todos los movimientos de la misma se hicieron directamente en la Ciudad de México, no en la delegación local. Según el expediente 624/ 2014 del 18 de Julio de 2014, se presentó formalmente el contrato de asociación para la exploración y explotación entre el “heredero” (Justino Pineda Larios) que abogó por una sucesión testamentaria y la interesada empresa Gabfer. Considerando diversas cuestiones administrativas, tales como la falta de un contrato que indique el periodo de exploración / explotación y las contraprestaciones convenidas con los comuneros, la Secretaría de Economía afirma haber negado el permiso de explotación, no obstante, la concesión se mantiene vigente. Pese a este panorama, afirman los comuneros y autoridades de Zacualpan, ya hubo extracción de material en más de una treintena de camiones de volteo. Todo ello ha llevado a la demanda no sólo de Zacualpan, territorio libre de minería, sino a la cancelación definitiva de dicha concesión minera. El gobierno en turno, capitaliza la situación, sosteniendo que no habrá minería en Zacualpan mientras estén en el cargo. Las elecciones son en junio de 2015.

El conflicto de Zacualpan, en efecto, se ha profundizado por la presencia de la Policía municipal y estatal que es acusada de favorecer al grupo que ha tomado el camino al manantial. Según un documento entregado el 16 de enero de 2015 al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por parte del presidente de bienes comunales actualmente en funciones, se pide la intervención de tal Secretaría, “…ante el abuso excesivo y arbitrario de la autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos, mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta comunidad permitan ello”.

Ante tal situación, cada vez más compleja y tensa y en la que las fuerzas del estado, en los hechos no resuelven al tiempo que colabora en el proceso de erosión del tejido social, la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan, integrada por organizaciones diversas de derechos humanos, académicos y cineastas tanto de EUA, Canadá y México (por ejemplo el Fund for Global Human Rights, Mining Watch Canada, Environmental Defender Law Center, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Mineria, entre otros), se autoconvocó para atender el problema mediante una visita presencial con la cual se buscaría dialogar con los actores, incluyendo los de gobierno, para así plantear un diagnóstico y recomendaciones.

Si bien ha logrado el diálogo con actores de gobierno, no ha podido visitar a la comunidad debido a la toma de la ruta hacia Zacualpan por parte de un pequeño grupo, presuntamente ligados al presidente de bienes comunales depuesto, Carlos Guzmán Teodoro. El desenlace el día 3 de marzo fue el intento por parte del gobierno del Estado de hacer valer “el Estado de derecho”, no antes sino justo durante la visita de la misión y ante medios televisivos que fueron convocados por el propio gobierno, al plantear el desalojo mediante el uso de la fuerza pero con el aval de una Misión que ante todo le preocupan los derechos humanos y aboga por resoluciones pacíficas y políticamente negociadas. Ante ello dicha Misión decidió retirarse y no prestarse a tal situación, funcional a un desenlace violento e indeseable. Los policías fueron retirados.

El caso Zacualpan no puede exponerse en su cabalidad en pocas palabras. Lo que es cierto es que en el fondo parecen estar fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse del usufructo de los recursos naturales de dicho territorio, algo que sin duda pasa por el desgaste y fractura de la comunidad y que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. “Validado” el conflicto, el uso de la fuerza es visto en algún momento como algo justificable. Con ello, la restructuración de la gestión concreta del territorio se establece, incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza”.

La disputa por el usufructo del agua y los minerales, una vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión.

Informe de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan

INFORME PRELIMINAR DE LA MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

Colima, México, 4 DE MARZO DEL 2015

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA FAVORECE LA IMPUNIDAD, LA FALTA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS.

URGIMOS EL RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA

Descargar INFORME COMPLETO .PDF

En nuestra visita, hemos constatado la divergencia total entre el discurso de los funcionarios y su práctica concreta. Lamentamos enormemente que no hayamos podido entrevistarnos con ninguna de las dos partes del grupo en conflicto en Zacualpan, lo cual no quiere decir que no dispongamos de información sobre la situación que viven, a la vez que nos ayuda a ratificar que acá en Colima prevalece el contubernio, la impunidad la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y federal, además de la criminalización, persecución y amenazas contra las y los defensores de los derechos humanos. Esperamos que estas conclusiones ayuden al menos a aclarar un poco el distorsionado proceso informativo en el cual han sido envueltos y que logramos escuchar durante la misión.

Finalmente, esta Misión se retira con gran preocupación resaltando:

Desde este momento hacemos responsable al gobernador del estado de Colima sobre cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantía para la aplicación del derecho.

Exigimos sean retiradas de manera inmediata todas las mantas, carteles y demás expresiones de hostigamiento y amenazas de muerte ubicadas en el sitio de bloqueo, en los cuales se hace un claro señalamiento para los integrantes de Bios Iguana Esperanza Salazar Zenil, Víctor Andrés Cruz Chi, Alejandro Bueno Salazar, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Gabriel Martínez Campos y Misael Andrade Simental, a quienes de manera inmediata se les deben asignar e implementar medidas cautelares.

La restitución inmediata del usufructo de os bienes naturales para el pueblo de Zacualpan conforme a derecho y en manos de la autoridad agraria en turno el Sr Taurino Rincón Lorenzo, lo cual requiere una respuesta conforme a sus funciones del Tribunal Unitario Agrario, notoriamente una de las dos instancias de gobierno del Estado que nos concedieron una entrevista.

El levantamiento inmediato de libre tránsito y acceso para cualquier persona a la comunidad de Zacualpan.

El cumplimiento de la ley y la restitución del estado de derecho.

La cancelación definitiva de las concesiones mineras en el territorio de Zacualpan.

La misión se mantendrá vigilante, atenta y dará seguimiento a los compromisos que han adquirido. Para lograr esto, estableceremos una Comisión de Verificación que se mantendrá en contacto para exigir de los funcionarios municipales, estatales y federales que cumplan con sus compromisos, para seguir complementando la información ya recopilada con los informes prometidos y otras fuentes de información que podría abonar nuestros hallazgos, y especialmente para seguir atentos a la implementación de medidas que aseguren la procuración de justicia y respeto de los derechos del pueblo de Zacualpan y la integridad física, de la vida y el derecho a realizar su trabajo de defender los derechos humanos de la organización Bios Iguana y de todos sus integrantes.

MISIÓNINTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

Descargar INFORME COMPLETO .PDF

EL GOBIERNO PROMETE SOLUCIÓN AL CASO ZACUALPAN

BOLETÍN DE PRENSA

3 de Marzo 2015, Colima, México

Los integrantes de la Misión de Observación Internacional y Nacional para el Caso Zacualpan en el estado de Colima, informamos sobre algunos de los compromisos adquiridos por los tres niveles de gobierno para solucionar el conflicto en los Bienes Comunales de Zacualpan. Para ello, esta Misión se entrevistó con el Lic. Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaria de Gobernación; el Dr. José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado de Semarnat en Colima; el Ing. Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; el Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Srio. General de Gobierno; Rafael Gutiérrez, Srio. de Fomento Económico; el Lic. Roberto Chapula, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal de Comala, y los integrantes de su cabildo.

En un marco de respeto logramos establecer un diálogo fructífero, toda vez que escuchamos y escucharon la información, posición y los argumentos de los integrantes de la Misión, todas dentro del contexto del conflicto derivado por el otorgamiento de una concesión minera en el territorio comunal y pueblo indígena de Zacualpan.

Aunque resta la verificación de cada compromiso, a manera de síntesis, hasta el momento se lograron los siguientes acuerdos y compromisos:

    Se garantizará el libre tránsito y seguridad de los integrantes de la Misión para que, el día 03 de marzo, las y los integrantes de la Misión logremos desarrollar una reunión de trabajo con la representación de la autoridad agraria de Zacualpan y los integrantes del Consejo Indígena de la comunidad, toda vez que esta reunión es fundamental para entender la situación, dado que el día 1 de marzo nos fue imposible desarrollarla por el bloqueo al libre tránsito impuesto por el grupo que recurre a la violación del Estado de Derecho, el cual hemos denunciado en contubernio con la policía ministerial y estatal.
-Se levantará el bloqueo hacia el manantial Ojo de Agua en el cual colabora la policía estatal y el grupo protegido por éstos, para que la autoridad agraria reconocida por el Estado de Derecho finalmente logre para con sus representados, hacer pleno el ejercicio el usufructo de manera libre y plena su derechos al territorio.
-Se realizará un pronunciamiento por parte del gobierno del estado, antes de que la Misión se retire, y en todos los medios masivos posibles, en donde se haga un pleno reconocimiento para la organización Bios Iguana, por la incansable defensa de los derechos individuales y colectivos de muchos colimenses que ni se imaginan el potencial daño que tendrían un proyecto minero en su territorio.
-El gobierno del estado se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria de Zacualpan, el abogado asesor de la comunidad y los integrantes de la organización Bios Iguana, de tal manera que se tenga información de primera mano y se pueda desarrollar una agenda para atender todos los hechos y pormenores que están relacionados con la violación de los derechos del pueblo de Zacualpan, de los integrantes del Consejo Indígena y de Bios Iguana. A la vez, que se de fin a la campaña de difamación y persecución que se ha implementado contra ellos, y se otorguen las medidas de protección que este caso requiere de manera urgente a favor de el pueblo de Zacualpan, el Consejo Indígena, de Bios Iguana y su abogado Benjamín Luna Alatorre. De manera especial se debe atender a la brevedad los casos de los integrantes de Bios Iguana quienes han tenido que dejar el estado debido a las amenazas de muerte y de detención que se han implementado en su contra, de tal manera que ellos puedan reintegrarse de manera libre y plena a sus funciones y recobren su vida privada y su trabajo social con pleno goce de sus derechos.
-El Secretario de Gobierno se comprometió a impulsar un proceso de trabajo interinstitucional, en donde participe la comunidad de Zacualpan a través de su representante legal, integrantes de Bios Iguana y el abogado de la comunidad, para que se inicie un trabajo colegiado que tenga como propósito cancelar de manera permanente la concesión minera que, pese a que no es un proyecto implementado, ha sido la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado la división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a las promoventes mineras.
-El Secretario General de gobierno se compromete a entregar a la Misión, un informe que describa el despliegue policiaco estatal y ministerial en torno a la comunidad de Zacualpan, aclarando el quehacer concreto de cada una de las fuerzas ahí desplegadas. Al mismo tiempo se compromete a entregar a la autoridad agraria un oficio que describa las funciones y atribuciones de la policía estatal cada vez que esté circulando o actuando en el territorio y pueblo de Zacualpan, de tal manera que la población tenga la certeza de su quehacer y se evite que unidades policiacas sean dedicadas al traslado de quienes violan el Estado de Derecho, de comida y refrescos para ellos, y que no logren evadir sus responsabilidades por la carencia de un mandato claro y dentro de las atribuciones que para ello están definidas.
-Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a las y los integrantes de la Misión así como a la comunidad de Zacualpan.
-El Secretario de Fomento Económico se comprometió a entregar la documentación referente a la entrega de más de un millón de pesos a la administración del depuesto comisariado, Carlos Guzmán, para proyectos en el Ojo de Agua, como parte de la investigación de supuesta corrupción de fondos recibidos tanto federales como estatales.
-El Gobierno Federal, a través del titular de Gobernación en el estado, se compromete a participar, en coadyuvancia con el gobierno estatal, de tal forma que se logre resarcir la paz social, la gobernabilidad y el estado de derecho, y ello contribuya a una mejor vida social y comunitaria
-También se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria reconocida, el abogado Benjamín Luna Alatorre de la comunidad e integrantes de Bios Iguana.
-Por su parte, el delegado de Semarnat hace un reconocimiento a los defensores del ambiente como Bios Iguana y el pueblo de Zacualpan.
-Se compromete a coordinarse con Profepa para que se investigue cómo es que una empresa realizó extracción de minerales sin tener Manifestación de Impacto Ambiental y el resto de los permisos vinculados a la extracción minera.
-Semarnat trabajará para que la comunidad de Zacualpan adquiera medidas de protección ambientales y ello inhiba el ingreso presente y futuro de empresas extractivas de cualquier tipo, y menos si éstas no tienen un acuerdo de la comunidad.
-El delegado de Economía realizará una investigación para dar seguimiento a una investigación minera en Zacualpan de la cual tienen desconocimiento.
-El Ayuntamiento del municipio de Comala, a través de su presidente el C. Braulio Arreguín Acevedo, se comprometió a: (1) coordinarse con el gobierno del Estado de Colima para garantizar el derecho al libre tránsito de manera permanente; (2) reabrir el proceso mediante el cual se valorará la destitución del presidente de la junta municipal, el señor Enrique Carpio; (3) revisar para refrendar o en su caso elaborar el proceso para declarar al municipio de Comala, en sesión solemne del Ayuntamiento, como Territorio Libre de Minería, y así mismo, asentar que ésta administración no otorgará cambio de uso de suelo para la  explotación minera.

Agradecemos a los tres niveles de gobierno la intención de solucionar el conflicto en la comunidad indígena de Zacualpan.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

INTEGRANTES

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México; Fund for Global Human Rights, Washington, Estados Unidos; MiningWatch Canadá, Ottawa, Canadá; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Morelos; Environmental Defender Law Center (EDLC), Montana, Estados Unidos; Greenpeace; Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos(Red TDTT), México; PEACE ACTION, Estados Unidos; Iglesia Menonita Evergreen de Seattle, Washington, Estados Unidos; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (SITRAJOR); Colectivo de Abogados, Jalisco. Dr. Gilberto López y Rivas; Dr. Gian Carlo Delgado y Dana Rotberg Goldsmith.

¿Qué es el Fracking?

Por Alianza Mexicana contra el fracking

Checa la Infografía.

¿Qué son los hidrocarburos de lutitas o shale?

Se trata del petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo. Suelen encontrase a profundidades de entre mil y cinco mil metros.

¿Qué es la fractura hidráulica o fracking?

Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.

 

Impactos socioambientales del uso de la fracturación hidráulica

• Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/año) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Ello acarreará la disminución de la cantidad de agua disponible, lo que pondría en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la alimentación. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, regiones donde esta actividad ya se está realizando, la disponibilidad de agua es limitada al tratarse de regiones con alto estrés hídrico (donde la demanda es mayor a la disponibilidad).

• Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Además, el agua de desecho conocida como agua de retorno no sólo contiene los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo. A la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo se busca aislarla e injectarla en pozos letrina, pero no es una solución ya que se ha comprobado que estos pozos filtran y se han contaminado acuíferos enteros (ej.California, EEUU).

• Impactos sobre la salud: Los expertos señalan que al menos 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Los pozos de agua potable que abastecen a la población situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación hidráulica tienen altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. Por otro lado, la población que habita cerca de los pozos tiene 66% de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica. Igualmente, la toxicidad y los riesgos de accidentes asociados a esta actividad repercute en la salud y la vida de las y los trabajadores de la industria.

• Emisión de gases y su contribución al calentamiento global: 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano (CH4), aunque también se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono (CO2) que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano producidas durante su extracción. Estas emisiones pueden alcanzar 8% de la producción total de un pozo, es decir, 30% más que en los proyectos de gas convencionales. El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 25 veces superior al CO2 en el corto plazo, por lo que en 20 años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar en 20% el del carbón.

• Otras afectaciones: Debido al deterioro ambiental que provoca, la explotación del gas de lutitas es incompatible con otras actividades económicas como la ganadería, la agricultura y el turismo. A ello se suma el deterioro de la infraestructura carretera por el impacto de los 250 viajes diarios por pozo de camiones de gran tonelaje, así como la proliferación de sismos que se ha vinculado al efecto que tienen los pozos letrina en las placas tectónicas. Todo ello afecta calidad de vida, salud y tranquilidad de las poblaciones.

Alternativa energética costosa e inviable
La industria gasífera de Estados Unidos ha reconocido que 80% de los pozos fracturados no son económicamente viables. Ello debido a i) tasas de declinación de situadas entre 29% y 52% anual, que hacen necesario seguir invirtiendo grandes sumas de dinero cada año para mantener la producción; ii) baja recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos, situada en el caso del gas entre 4.7%- 10% frente al 75%-80% de los proyectos convencionales; y, iii) un deficiente rendimiento energético. Mientras los proyectos tradicionales obtienen 20 unidades de energía por cada unidad invertida, los de fracturación hidráulica sólo generan 5. Además, la complejidad de esta técnica sitúa los costos de cada pozo en 20-25 millones de dólares en México. De esta manera, sólo produce ganancias a través de la especulación financiera, las cuales se quedan en pocas manos a costa del futuro de la población y el planeta. Por todas estas razones, la explotación de hidrocarburos mediante esta técnica no es una opción para producir energía de manera sostenible, mientras que su uso desvía recursos que deberían dirigirse a las energías renovables y sostenibles, obstaculizando su desarrollo.

Nuestras demandas:

1. México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica con base en el principio precautorio, tal como lo han hecho Francia y Bulgaria y numerosos gobiernos regionales y locales alrededor del mundo. Tal es el caso del estado de Nueva York, quien la prohibió en diciembre de 2014 con base en las evidencias existentes sobre los riesgos que representa para la salud.

2. En la planeación e implementación de la política energética, las entidades públicas deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos y en específico el de los pueblos indígenas y campesinos al manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales.

3. El Estado debe garantizar el derecho humano al agua tal como lo establece el artículo 4° constitucional, el PIDESC y la resolución A/RES/64/292 de Naciones Unidas, y no permitir actividades que lo pongan en riesgo. La política energética debe alinearse a estos preceptos.

4. El Estado debe garantizar el derecho al medio ambiente sano, el cual es también reconocido por nuestra Constitución.

5. El Estado debe establecer los cambios legales e institucionales pertinentes para impulsar el desarrollo de energías renovables que asegure el respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Igualmente, debe establecer medidas para la reducción del consumo de energía y la eficiencia energética.

Descárgala en pdf: Hoja informativa fracking

Mapa donde se pretende llevar a cabo el fracking en México

Mapa México

En Colima el gobierno del Estado no garantizó el libre tránsito a la Misión Internacional de observación sobre caso Zacualpan

BOLETIN DE PRENSA
EL GOBIERNO DEL ESTADO NO GARANTIZÓ EL LIBRE TRANSITO
A LA MISION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACION
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

2 de Marzo 2015, Colima, Colima, México

mision-internacional-zacualpan-colima-mexicoEl día primero de marzo del año en curso, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando la Misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan se dirigía a dicha comunidad para entrevistarse con las autoridades legalmente constituidas, el gobierno del estado permitió el bloqueo de la carretera estatal correspondiente por parte de un pequeño grupo vociferante y agresivo, ligado al depuesto Carlos Guzmán, e impidiendo así la visita de la Misión.

Las autoridades estatales contaban con numerosos policías apostados en la carretera y sin intervenir en absoluto para hacer cumplir el derecho de libre tránsito, atestiguaron el bloqueo y las agresiones verbales y físicas a los miembros de la Misión. En tanto, numerosos integrantes de la comunidad de Zacualpan, en un acto de prudencia y de sensatez, se abstuvieron de desalojar por sus propios medios a quienes incurrían en la arbitrariedad de impedir el paso a su propia comunidad protegidos por la actitud omisa de las autoridades.

 

Cabe hacer notar que con anticipación suficiente, se dio aviso a las autoridades de que se llevaría a cabo dicha visita. La omisión de los actos de autoridad de la policía y del representante del gobierno del estado que se apersonó, demuestran fehacientemente su complicidad en contra de la decisión mayoritaria de la población de Zacualpan, que se ha opuesto sistemáticamente y en diversas instancias a la apertura de una mina a tajo abierto en su territorio y también por el control del balneario Ojo de Agua.

Los integrantes de la Misión lamentamos la actitud facciosa del gobierno del estado al impedir el libre tránsito por la vía de interpuestas personas, no solo de la Misión misma, sino el de los pobladores indígenas de la comunidad.

Para todos los miembros de la Misión se constata la impunidad con que el grupo minoritario ejerce ilegalidades y delitos federales con el apoyo y protección del gobierno estatal. En otras circunstancias y ante grupos de población que no le sean afectos, el gobierno no hubiera dudado en aplicar la ley, por lo que se evidencia la doble cara en el ejercicio del Estado de Derecho.

Nos queda claro que el problema básico no reside en una lucha interna en la comunidad, sino en el apoyo gubernamental a un grupo minoritario que le confiere impunidad a sus acciones delictivas.

La Misión intentó dialogar con quienes violan la ley y el libre tránsito y solicitarles una entrevista para escuchar sus puntos de vista sobre el conflicto, a todo lo cual se negaron. Su cerrazón evidencia la falta de argumentos que justifiquen sus acciones ilegales y delicuenciales. Bajo la observación de la seguridad pública y de los representantes del gobierno del estado, la Misión recibió insultos y dos de sus miembros fueron sometidos a violencia física. El gobierno del estado viola la autonomía del pueblo indígena y el resguardo de su patrimonio.

Consideramos que el factor esencial del conflicto es la pretensión de abrir una mina de tajo abierto por metales, con graves, persistentes y múltiples efectos tóxicos, siguiendo la tónica de la ingeniería de conflictos manifiesta actualmente. Los integrantes de la Misión rechazamos a su vez la campaña de satanización y tergiversación que se ha desencadenado en contra de la Asociación Bios Iguana, cuando el desempeño de ésta es reconocido ampliamente en términos positivos por la mayoría de los comuneros y habitantes de Zacualpan.

Demandamos que el gobierno del Estado de Colima brinde a la brevedad las garantías suficientes y necesarias para el libre tránsito de la Misión en su visita a la comunidad de Zacualpan y suspenda de inmediato su actitud omisa en el cumplimiento de la Ley.

Responsabilizamos al gobierno del Estado y a las autoridades de la Federación por cualquier acto de violencia que resulte su omisión en la aplicación de la justicia.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

Misión de Observación Internacional al conflicto minero de Zacualpan, Colima

«Hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.»

BOLETÍN DE PRENSA

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN, COLIMA, MÉXICO

Ontario, Canadá, 26 de Febrero 2015

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La sociedad de México y el Mundo, durante todo el 2014 y lo que va del 2015, ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, en el estado de Colima, debido a la imposición y apoyo irrestricto, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V. pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.

Desde entonces, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, como el Gobernador Constitucional, la Procuraduría Agraria del estado, el Presidente Municipal de Comala, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluso el propio Congreso del Estado, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso, con el propósito de que les sean aclaradas las recurrentes negativas a sus demandas, a la vez que han exigido les sean respetados sus derechos, además de exigir que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como se reconozca que el gobierno federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado, mismo derecho que como los otros que se han citado, están adscritos tanto en la Constitución Mexicana, como en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que, de respetarse, ayudarían a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.

La información que tenemos señala que, quienes promueven el proyecto minero, han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera. Sabemos también sobre la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana, A. C. por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental.

Es en el contexto de un país que vive actualmente una fuerte crisis política y de credibilidad de sus instituciones causada por la violencia de Estado y por la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos -con  su cauda en el incremento de desapariciones forzadas, desplazados, ejecuciones extrajudiciales, persecución y asesinato de periodistas-, que diversos actores nacionales e internacionales hemos decidido visitar la región, con la intención de llevar a cabo una Misión de Observación que nos permita documentar, de forma directa, la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables.

Por las razones expuestas hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.

Mucho agradeceremos la divulgación de este comunicado, así como los invitamos a que se mantengan atentos a los resultados y conclusiones de las y los integrantes de La Misión de Observación.

MISION NACIONAL E INTERNACIONAL  DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN (2 y 3 de Marzo de 2015)
INTEGRANTES:
1) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México.
Representante: Abel Jesús Barrera Hernández.
2) Fund for Global Human Rights. Washington, Estados Unidos.
Representante: Ana Paula Hernández.
3) MiningWatch Canadá. Ottawa, Canadá.
Representante: Jennifer Moore.
4) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), con sede en todos los países Mesoamericano. (Mesoamérica)
Representante: Miguel Angel Mijangos Leal.
5) Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Oaxaca.
Representante: Lucina Betina Cruz Hernández.
6) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Con sede en 13 estados de la República mexicana.
Representante: Gustavo Lozano.
7) Instituto Nacional de Antropología e HIstoria (INAH). Morelos
Representante: Dr. Paul Hersch Martínez.
8) Dr. Gilberto López y Rivas. Morelos.
9) Dr. Gian Carlo Delgado. Ciudad de México.
10)  Environmental Defender Law Center (EDLC). Montana, Estados Unidos.
Representante: Alison Wright.
11) Greenpeace.
Representante: María Colin.
12) Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua). América Latina.
13) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT). México
Representante: María González Valencia.
14) PEACE ACTION. Estados Unidos.
Representante: Mario Galvez.
15) Iglesia Menonita Evergreen de Seattle. Washington, Estados Unidos.
Representantes: Peter y Margaret Lumsdaine
16) Dana Rotberg Goldsmith.
17) Rosa Rojas García.

Embajada canadiense respalda represión a mineros y ejidatarios mexicanos

Nota de Marcela Turati y Alejandra Guillén, Revista Proceso.

Documentos confidenciales de la embajada canadiense en México muestran el apoyo que le brindó a la empresa minera Excellon Corporation para acabar con la protesta de mineros y ejidatarios de La Sierrita, Durango que demandaban el saneamiento de las aguas contaminadas y el cumplimiento de derechos laborales.

En Español, descargar INFORME COMPLETO

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No es ningún secreto que los servicios de la diplomacia canadiense respaldan los intereses de empresas del mismo origen a nivel internacional. De hecho, se considera éste un aspecto normal de las actividades consulares. También se entiende que este tipo de esfuerzos se basan en el marco de principios y estándares de comportamiento que un país ha acordado aceptar y promover a nivel internacional, ya sea en materia de corrupción, militarización, protección ambiental, trabajo o derechos humanos e indígenas. Sin embargo, existen pruebas contundentes en el comportamiento de representantes del Gobierno Canadiense en México que estas suposiciones no son válidas en los casos donde se ve involucrada una empresa minera canadiense. 
 
Mediante una solicitud de acceso a la información, se han procurado documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) que implican de forma directa a la Embajada de Canadá en México al intentar de Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones al contrato pactado con el ejido en cuyas tierras opera la mina La Platosa en el estado de Durango. Esto incluye la tolerancia y el apoyo de la Embajada en la violenta represión estatal de una protesta pacífica en el ejido La Sierrita a mediados del 2012. 
 
El entender el comportamiento de la Embajada Canadiense en México es un importante indicador de la manera en que las misiones canadienses operan en el extranjero, puesto que México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería al exterior de Canadá y que las empresas canadienses conforman alrededor del 70% de las empresas mineras extranjeras que operan en el país. La frma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994 y, con esto, las reformas constitucionales que posibilitan la renta de tierras comunales, abrieron las puertas del sector minero mexicano a la inversión extranjera. El conficto entre el ejido La Sierrita y Excellon Resources es uno de los muchos ejemplos de conflictos con empresas mineras canadienses en México y en toda la región. 
 
Los resultados que arroja nuestro análisis en este informe incrementan nuestra preocupación de que las misiones canadienses promueven y protegen los intereses de las empresas mineras canadienses a costa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas. En este caso, los mecanismos de rendición de cuentas de parte del Estado canadiense sobre los abusos que ocurren también brillan por su ausencia. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es el hecho que la Embajada no exige incluso la protección más elemental a los derechos humanos para la comunidad afectada, sabiendo que se recurrirá a la represión estatal a favor de la empresa minera canadiense en el contexto mexicano donde las fuerzas policíacas y castrenses se ven implicadas en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos.
 

Minustah en Haití al servicio del capitalismo

Entrevista Beverly Keene :”La Minustah busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan”

Beverly Keene, de Jubileo y Dialogo 200 Argentina

Resumen Latinoamericano/ Por Mario Hernandez.

M.H.: Se cumplieron 5 años del terremoto que costara entre 250.000 y 300.000 vidas y también un nuevo aniversario de la independencia de Haití, primer país independiente de Latinoamérica, en 1804, 6 años antes de nuestro 25 de mayo. Con la característica particular de convertirse en la primer República negra que, entre otras cosas, eliminó la esclavitud. A estas efemérides se suma el hecho coyuntural que el Comité por el retiro de las tropas de Haití, en representación de una serie de organizaciones de nuestro país y latinoamericanas, se hizo presente en la Embajada de Chile con el objetivo de entregar una carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que visitó Haití entre los días 23 y 25 de enero y este mes está presidido precisamente por Chile. Esta declaración lleva una serie de firmas, como las de Jubileo Sur, Diálogo 2000 Argentina, Encuentro Sindical Nuestra América, Comité Argentino de Solidaridad por el retiro de las tropas de Haití, el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Mirta Baravalle de la misma organización, Frente Popular Darío Santillán, etc. Para conversar sobre esta carta al Consejo de Seguridad que aborda varias temáticas que queremos profundizar, hoy hemos invitado a Beverly Keene de Jubileo Sur, Diálogo 2000, miembro también del Comité argentino por el retiro de las tropas de Haití.

Una carta al Consejo de Seguridad que creo es una pintura bastante ajustada de la situación que vive el pueblo haitiano, donde se han producido algunas novedades de la coyuntura política de ese país como ser lo que humildemente he denominado un golpe de Estado, porque el pasado día 13 de enero han caducado las autoridades parlamentarias del Senado y la Cámara de Diputados y el actual presidente Martelly se ha hecho de la suma del poder público estableciendo un gobierno que funcionará por decreto, a través de la designación de un Primer Ministro, Evans Paul, quien reemplazó a Laurent Lamotte y que ha prometido en su asunción convocar a elecciones durante el transcurso del corriente año. Mientras tanto esa situación se produzca, lo cierto es que Michelle Martelly va a gobernar por decreto. ¿Qué nos podés comentar respecto de esta situación?

-B.K.: En primer lugar agradecer el espacio para hablar sobre Haití, a veces parece algo muy lejano a nosotros, pero aquí en Argentina tenemos muy presentes las estrategias diversas de intervención de Estados Unidos, Canadá y Francia, los poderes centrales en nuestro mundo hoy, en lo que son las vidas y las decisiones políticas de los pueblos de América Latina. Sin ir más lejos, tenemos el golpe de Estado que se produjo en Paraguay hace unos años atrás, el golpe en Honduras en 2009, y también el golpe de Estado en Haití en 2004, que llevó a la constitución de la Minustah, esta misión que se suponía era para la estabilización de Haití, cuando en realidad lo que se percibió en ese momento y que se ve con mucha más fuerza hoy, es que busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan.

Efectivamente, el golpe de Estado que se está dando en este momento en Haití, por las vías más modernas, no hace falta que los marines estadounidenses ocupen Haití como lo hicieron en 1915 porque se pueden dar el lujo de tercerizar la ocupación militar, como en este caso con las tropas de nuestros países de América Latina, de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etc., una serie de países que se utilizan no por un decreto del Departamento de Estado de Estados Unidos sino a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que recientemente el Presidente boliviano bautizó muy correctamente como “Consejo de Inseguridad”. En este caso se lo utiliza para imponer la voluntad de los poderes de siempre. En Haití esto significa en este momento el inicio de un período de gobierno por decreto. Justamente esta visita que se realizó el fin de semana el Consejo de Seguridad, sin duda tiene como objetivo legitimarlo, rodear esta nueva situación de un nuevo Primer Ministro, que puso un gabinete que los medios llaman “de consenso”, buscando legitimar este proceso que no es la voluntad del pueblo haitiano, sino de los poderes que en este momento ocupan Haití a través de las tropas de la Minustah.

Esta es una situación a la que tenemos que prestar mucha atención, en la que estamos involucrados directamente a través de la presencia de tropas argentinas en Haití, por ende, apoyando esta situación, y tenemos que escuchar la voluntad que expresan las voces de las organizaciones sociales y populares haitianas, reconociendo que tanto en Haití como en todos nuestros países hay una gran diversidad de opiniones políticas.

Hay partidos que se llaman y se dicen de la “oposición” que están acordando con Martelly para poner en marcha este nuevo golpe de Estado y hay partidos de la oposición que están en contra de esto y siguen manifestándose día por medio de manera masiva en las calles de Puerto Príncipe y en otras partes del país. También hay otros partidos, organizaciones sociales, movimientos populares en Haití que siguen reclamando lo que es lógico, su soberanía, el derecho del pueblo haitiano de hablar y poder decidir por sí mismo sin la intromisión de Estados Unidos, Francia, Naciones Unidas, la OEA o la Minustah, en sus asuntos internos. Muchas de estas organizaciones con las que tenemos un contacto permanente expresan su preocupación, no solamente por esta pérdida de soberanía sino por lo que está sucediendo por detrás de esto, un proceso de recolonización donde la política de mantener los salarios de Haití como los más bajos de todo el hemisferio, favoreciendo la instalación de la maquila, industrias sobre todo textiles que exportan a Estados Unidos a precios de miseria y favoreciendo la instalación de grandes empresas de exploración petrolera y aurífera.

En estos momentos han llevado una queja formal al Banco Mundial por su apoyo al gobierno de Haití por la posibilidad de reformar la Ley minera para que las empresas mineras ingresen y consoliden su posición sin ninguna posibilidad que el Parlamento las supervise o controle.

También hemos visto en estos últimos meses muchas manifestaciones y protestas de parte de comunidades pesqueras costeras en algunas partes de Haití, que han sido señaladas como sedes de futuras inversiones para el turismo de lujo, oponiéndose a la política de desplazar a las comunidades locales y quitar al pueblo no solamente los medios de su subsistencia sino también cualquier posibilidad de decir algo al respecto.

Hay protestas casi todos los días frente a estos avances en lo que es un proceso de recolonización y saqueo, porque aunque no lleguen a nuestros diarios hay una sociedad muy activa y alerta. Tenemos una situación muy compleja, de la que nos llega poca información, la clave es entender que hay un golpe de Estado en curso en Haití y la Minustah, la Misión de estabilización de las Naciones Unidas, es cómplice de ese golpe.

Las tropas de Argentina, Brasil y otros países no están cumpliendo misiones humanitarias, sino cumpliendo como guardia pretoriana de la verdadera ocupación de Estados Unidos, Canadá y Francia. La situación es de mucha dificultad para un pueblo que es el más empobrecido de nuestra América Latina y el Caribe. Es importante recordar que en su época de colonia francesa fue la más rica de Francia, entonces no es que Haití, como todos los países de América Latina seamos pueblos pobres, hay un proceso concreto de empobrecimiento que el pueblo haitiano sigue sufriendo. No podemos aceptar que esos países extranjeros sigan determinando su destino y menos aceptar tropas de nuestros países ayudando en ese cometido.
 

La presencia de la Minustah forma parte de una industria rentable para las Fuerzas Armadas latinoamericanas

-M.H.: Luego vamos a volver sobre la realidad interna de Haití. Has mencionado la presencia de tropas argentinas, y las has denominado como tropas de ocupación, no son las únicas tropas que forman parte de la Minustah, recientemente se ha producido un debate entre el gobierno saliente y entrante en Uruguay, el futuro Canciller Nin, quien fuera vicepresidente de Uruguay habló del inminente retiro de las tropas uruguayas y rápidamente el Canciller Almagro y el Ministro de Defensa, Huidobro, salieron a desautorizar ese punto de vista. Más allá de estas “contradicciones” me gustaría que le expliques a nuestros oyentes cuáles son los fundamentos por los cuales las autoridades argentinas sostienen la presencia de tropas de nuestro país en Haití.

-B.K.: En cierto sentido te podría responder que es muy fácil, en septiembre del año pasado le tocó al Congreso Argentino aprobar la salida de las tropas que participan en Haití de la Minustah, es una autorización que tiene que dar el Congreso en cualquier situación en la que Argentina quiera enviar tropas fuera del país o recibir dentro del país la visita de tropas de otro. En ese debate que se hizo en septiembre en la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Defensa de la Cámara de Diputados, un debate que el partido oficialista no esperaba, ya que esperaba un trámite como en anteriores oportunidades, varios partidos se presentaron para reclamar y exigir que hubiera un debate sobre la participación de Argentina en la Minustah y acordaron que los funcionarios del gobierno que fueron a defender la posición de la participación de Argentina en la Minustah no tenían argumentos, pero es una decisión que se sigue manteniendo.

Esa sería la respuesta más fácil. Otra es la que nos dio el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en marzo del año pasado visitó Haití durante 36 horas haciendo un saludo de rutina a las tropas estacionadas en Haití, cuando volvió de este viaje, al que lo acompañaron un batallón de periodistas, alrededor de 50 de casi todos los medios masivos, el mensaje fue muy claro y lo repitieron todos los medios, diciendo que la Minustah y la participación Argentina es una misión humanitaria, más o menos dando a entender que se había establecido después del terremoto y no 5 años antes del mismo. Se mostraban escenas de las tropas argentinas entregando agua en bidones a la población, como ejemplo de misión humanitaria. Esos son los argumentos oficiales.

En la Cancillería, a la que hemos ido durante los últimos años en repetidas ocasiones distintas organizaciones populares y sociales, para insistir en nuestro reclamo de retiro de las tropas, por lo general tampoco defienden mucho la presencia, sí hacen mucho hincapié en que no es una decisión de la cual Argentina se hace cargo sola, afirman que están ahí con otros países de América Latina y que el retiro sería en conjunto, no se tomaría una decisión unilateral.

Podría resultar respetable o entendible esta posición, pero no quita la responsabilidad de cada gobierno de estar defendiendo una situación para la que no tienen argumentos de peso. Si el motivo por el cual tenemos tropas de Argentina en Haití durante 11 años es para seguir entregando agua a la población, podemos concluir que ha sido un fracaso total, porque supongamos que esa fuese su misión, la verdad es que tanto tiempo y que no se haya podido resolver nada respecto a un problema que obviamente es real, porque el suministro de agua se sigue manejando con camiones y con bidones con agua y no se ha ido más allá de eso, lo que de por sí sería reconocer el fracaso de la misión.

Está claro que ese no es el objetivo. Según el Consejo de Seguridad, Haití representa un peligro para la seguridad de la región. Muchos gobiernos siguen aprobando eso en octubre cuando revén el mandato de la Minustah, y ese peligro se pone en boca de Estados Unidos, que dice que si la situación se complica en Haití van a tener muchos inmigrantes haitianos en las costas de Florida y como no pueden permitirlo la situación debe ser controlada.

Esa es la defensa oficial que se hace en el Consejo de Seguridad. Pero, en realidad, lo que vemos es que la permanencia se da por objetivos de control, dominación, saqueo y colonización del pueblo haitiano. Podemos mirar un poco más los argumentos que esgrimen distintos gobiernos en nuestra América Latina, podemos reconocer que hoy en día existen debates, como el que hemos visto entre el gobierno saliente y el entrante en Uruguay, que significa que hay preocupación sobre esta presencia de tropas latinoamericanas en Haití. Más de uno ha llegado a la conclusión de que se han metido en un callejón sin salida, en una trampa que puso Estados Unidos y Francia cuando invitaron a los gobiernos “progresistas” liderados en 2004 por Lula de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina, de hacerse cargo de esa ocupación y que ahora no saben cómo salir con elegancia.

El segundo problema, que puede ser muy pedestre, es que la presencia de los latinoamericanos hoy en Haití, en cualquiera de estas misiones de paz, es una industria, significa recursos, posibilidades de viajar para los efectivos que se anotan, es un privilegio, un premio monetario en su carrera.

En Argentina en estos últimos días, cosa que no sale en los noticieros, las Fuerzas Armadas han creado una escuela de capacitación y entrenamiento para los efectivos que participen en misiones de paz. Todo esto forma parte de una industria y cortar la presencia de Argentina en la Minustah la pone en peligro. Ese es un tema que se ve en la discusión, por ejemplo, con Uruguay. Las Fuerzas Armadas uruguayas tienen muchos más antecedentes en la participación en estas misiones de paz de Naciones Unidas, y es un reducto que también vemos en Brasil, incluso en Bolivia, Paraguay, Ecuador, donde se ponen en juego las relaciones entre los distintos sectores de nuestros propios gobiernos. Aquí, entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Cancillería y Presidencia, no todos tienen la misma postura. Y en más de un gobierno de América Latina en voz baja se ha planteado que no pueden sacar las tropas de Haití porque pueden crear un problema con las Fuerzas Armadas de su país. Esto es importante y lo tenemos que tener presente, si volvemos a los argumentos que los gobiernos esgrimen para sostener esa presencia en Haití, en los inicios se hablaba de la posibilidad de crear una política distinta, de cooperación regional con América Latina, que es algo que la mayoría de nosotros quisiéramos apoyar, como hace Cuba con la presencia de sus misiones médicas desde hace muchos años, como ha sido la política de Venezuela a través de Petrocaribe, un apoyo muy concreto a la vida cotidiana del pueblo haitiano. Pero lo que estamos viendo es que los gobiernos de América Latina están repitiendo los mismos errores, las mismas políticas de dominación y presencia de los poderes centrales. Por eso entendemos que este año, 2015, el centenario de la primera invasión y ocupación de Estados Unidos a Haití, es un momento crítico en la vida del pueblo haitiano, porque las organizaciones sociales haitianas están reivindicando la necesidad de avanzar en la refundación de su país, no con la ocupación de tropas de toda América Latina, sino con políticas realmente de cooperación, solidarias, de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos, es el momento para avanzar en ese plano y eso significa, primero, retirar las tropas y luego avanzar en políticas de apoyo en aspectos humanitarios, las cuales sin dudas se pueden ofrecer y también en todo lo que pueden ser políticas de apoyo a la institucionalidad haitiana, pero la que decida su pueblo, no Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OEA o la Comunidad Internacional.

-M.H.: Uno de los argumentos esgrimidos por nuestros gobernantes ha sido el factor que implica que la Minustah ayuda a detener la violencia en Haití. Yo me tomé el trabajo de investigar al respecto y la tasa de homicidios en Haití es de 7 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio en el Caribe es de 17, en México ese índice llega a 24 y en Honduras a 91. Una de las cosas que llama la atención es que, a pesar de las políticas asistencialistas y de las donaciones que proporcionaron ayuda a los damnificados del terremoto, el país sigue inmerso en la pobreza. Mencionaste en alguna de tus intervenciones anteriores, la construcción de hoteles de lujo. ¿Cómo se entiende esto?

-B.K.: Uno piensa en los intereses económicos que están en juego, tanto Haití como Cuba, están cerca de las costas de Estados Unidos, y es un destino caribeño muy atractivo, con aguas cálidas y hermosas. Esa atracción juega un rol en lo que es la codicia, la política hacia un país al cual efectivamente al poder no le importa que tiene un pueblo con mucha historia, de respeto hacia sí mismo, de resistencia, siendo el primer país en poner fin a la esclavitud, tal vez el único pueblo que logró tanto su liberación de la esclavitud como del yugo colonial.

Haití sigue siendo muy codiciado, sus playas, su sol, la riqueza de su suelo, que si bien ya está muy deteriorado por las políticas de saqueo que se sostienen hace varios siglos, ahora se apunta al subsuelo y las riquezas ahí escondidas. Ese es el problema, el pueblo haitiano estorba, está de más, sea yendo para la costa de Florida en sus barquitos buscando sobrevivir al hambre y la miseria que reina, o el que quiere vivir en su país y seguir luchando.

La política de dominación tiene intereses geopolíticos muy claros, de Estados Unidos a Venezuela tenés que pasar por encima o alrededor de Haití, si se quiere seguir bloqueando a Cuba, Haití está en un lugar privilegiado y como hemos visto históricamente a Estados Unidos le es suficiente con decir que es el “patio trasero” para seguir manteniendo el dominio. Desde todos esos puntos de vista el pueblo haitiano sigue sufriendo esta política de control y dominación.

La novedad de estos últimos casi 11 años de la presencia de la Minustah es la participación de las tropas de América Latina en ese proceso, lo cual lo torna doblemente inaceptable. La política de Estados Unidos, Canadá y Francia sigue más o menos sus canales de siempre, y han encontrado a muy bajo precio la posibilidad de involucrar tropas de otros países para llevar a cabo el trabajo sucio. Digo esto, porque hay varias declaraciones de los Embajadores de Estados Unidos en los debates del Consejo de Seguridad, e incluso hay un estudio hecho por una oficina de auditoría del Congreso de Estados Unidos que ha arrojado como información que para ese país mantener las tropas de la Minustah es mucho más barato que pagar la presencia de tropas propias. O sea, lo que para los militares de América Latina es un gran premio, por los recursos que se mueven detrás de su presencia en Haití, para Estados Unidos es muy barato.

Para hablar de una realidad que tiene que ver con la actualidad del pueblo haitiano, Estados Unidos, Francia y Canadá son los países que más contribuyen al presupuesto de la Minustah, en este momento están invirtiendo alrededor de U$S 500 millones anuales para mantenerla. Les costaría muchísimo más mandar tropas de sus propios países. Esos mismos gobiernos han sido incapaces, con todo el conjunto de la llamada Comunidad Internacional, de poner U$S 50 millones para agua potable y la erradicación de la epidemia de cólera que fue introducida por la Minustah, es su responsabilidad aunque la ONU está escondiéndose detrás de que las tropas tienen inmunidad.

-M.H.: Quisiera señalar que el cólera había desaparecido de Haití hace 50 años. Hace pocos días un Tribunal Superior de Nueva York, donde se presentaron los damnificados a exigir indemnizaciones, se pronunció en este sentido que mencionabas, que las tropas no son imputables, por lo tanto, no corresponde el pago de ningún tipo de indemnización ni cargo a las Naciones Unidas, por la reintroducción del cólera en Haití.

La prensa mundial tiende a presentar los problemas de Haití de manera tendenciosa, extrapolándolos de su historia y del contexto neocolonial en que se engendraron. Como si la pobreza endémica, la desforestación, el cólera, los daños de las catástrofes nacionales y el arrebato de la soberanía hubieran sido producidos por un pueblo inconsciente o por un clima adverso, poco se habla de los despilfarros y costos logísticos de las más de 10.000 ONGs presentes en Haití que en la mayoría de los casos constituyen más del 60% de su presupuesto.

-B.K.: Yo no conozco exactamente la cifra, pero la presencia de grandes ONGs existe y me consta que es avasallante. No solamente por los informes y las versiones periodísticas y las denuncias de las organizaciones haitianas, sino porque te das cuenta llegando a Haití desde el propio aeropuerto. La presencia principalmente de las grandes organizaciones que se dedican supuestamente al desarrollo o reconstrucción después de una catástrofe como el terremoto, que son una industria que mueve mucha plata, tal vez en algunos casos con mejores intenciones otras con peores, y ve cualquier situación de este tipo como un campo fértil de ganancias, en prestigio, en plata y en la posibilidad de seguir su cometido.

También hay una enorme presencia de organizaciones más chicas pero que pertenecen a los sectores religiosos muy conservadores de Estados Unidos, algunos independientes y otros que forman parte de conglomerados con una clara intencionalidad política. Otros tienen una intencionalidad política menos clara pero sirven a los mismos fines. Esa presencia en Haití que fue terriblemente multiplicada después del terremoto ha sido denunciada por las organizaciones haitianas de manera sistemática. En cierto sentido sienten que detrás de ese ejército llamado de cooperación o de desarrollo, se les escapaba de las manos cualquier posibilidad de opinar sobre la reconstrucción de su propio país.

Las decisiones y la plata siempre se mueven por fuera del presupuesto del gobierno haitiano y el Estado ha sido muy marginado. Es un proceso que lamentablemente no es único en Haití, se puede ver en muchos otros países, como Indonesia después del tsunami en 2005, y lo vimos en Irak, porque las guerras significan una destrucción descomunal de la población y su reconstrucción son industrias de gran escala. En el caso de Irak, las denuncias de la tercerización de la guerra a empresas contratistas de parte del gobierno de Estados Unidos, y luego la reconstrucción de esos desastres realizadas por las mismas empresas. Esta es una realidad de nuestro siglo XXI, la destrucción y la reconstrucción son industrias y significan una exclusión de la población de cualquier posibilidad de participación en la toma de decisiones, en el diseño de esas reconstrucciones, en la construcción de su futuro.

Hoy en Haití esto forma parte importante del contexto, entonces cuando escuchamos a las organizaciones populares haitianas o las manifestaciones callejeras pidiendo el retiro de los extranjeros, tenemos que ubicarnos en esa realidad, están hartos de esa intervención porque están en todos lados, desde lo más cotidiano hasta el debilitamiento del Estado Haitiano. No hay organización popular haitiana que defienda la capacidad del Estado haitiano o del gobierno para resolver los problemas del pueblo, reconocen grandes debilidades, pero en ese reconocimiento también está que, tanto los gobiernos de la llamada “comunidad internacional” como las ONGs, las empresas contratistas y las instituciones financieras, participan con políticas deliberadas en ese debilitamiento del Estado.

Parte de lo que reclaman las organizaciones populares haitianas en este momento es que cambiar simplemente los nombres en el gobierno y en el gabinete y seguir excluyendo al pueblo haitiano de cualquier posibilidad de tomar las decisiones, no va a resolver los problemas políticos y sociales. Es el propio pueblo el que tiene que resolverlos y construir su propia fortaleza con organizaciones populares para lograr esos objetivos.

-M.H.: Personalmente los argumentos me han convencido de que Haití no es una amenaza para la paz mundial ni regional. No sé si a los que han escuchado este programa les ha sucedido lo mismo, pero el objetivo de esta entrevista era justamente clarificar sobre algunos aspectos poco conocidos de la realidad haitiana. Si ha quedado algún tema sobre el que desearías ampliar te invito a que lo hagas.

-B.K.: Algo que me gustaría agregar es una invitación, realmente tenemos una posibilidad y un privilegio pero que es también una necesidad de ir conociendo a este pueblo que ha contribuido tanto a la historia no solamente propia sino de América Latina y el mundo en la lucha por la independencia, por los derechos humanos y el fin de la esclavitud. Es un pueblo que tiene una cultura impresionante en lo que tiene que ver a sus contribuciones en el arte, la música, el teatro, el cine. Tenemos mucho para disfrutar de este pueblo y para aprender de sus luchas y su resistencia hoy en día. Es un deber que tenemos para ir consolidando los lazos de hermandad y de lucha conjunta con otros pueblos de América Latina.

Este año desde el Comité argentino de solidaridad por el retiro de las tropas de Haití esperamos poder avanzar con actividades, para lo cual nos ponemos a disposición de cuanta organización o casa cultural, para acercar la cultura de este pueblo y ver cómo podemos vincular más estrechamente las luchas, conflictos y resistencias también del pueblo argentino por su supervivencia, por su soberanía, por su autodeterminación con las luchas del pueblo haitiano. Va esa invitación, más allá de la presentación mañana de esta nueva carta en la Embajada de Chile.

-M.H.: Justamente aquí, en el barrio de Barracas, la Escuela 11 se llama República de Haití.