El Escaramujo 53: Violencias contra periodistas, censura y resistencia en México

 Otros Mundos, A.C./Chiapas – Amigos de la Tierra México
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

 

  25 de febrero 2015

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Introducción: sin periodistas, no habrá nuevos mundos

Sin periodistas, la voz de los pueblos en defensa de sus territorios permanecería en el silencio. No tendría resonancia la resistencia que las comunidades, la mayoría indígenas y marginalizadas, construyen día a día para proteger sus derechos y el medioambiente contra los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos o agrícolas; las políticas conservacionistas y la mercantilización de los bienes comunes y naturales. El resto de la sociedad se quedaría ignorante y condenado a pensar que no hay salida ni alternativas al sistema capitalista y su modelo corporativo.

Desgraciadamente, en México, donde los ciudadanos en lucha y los defensores de los derechos humanos están reprimidos por los tres niveles de gobierno, los hombres y las mujeres que les quieren ofrecer un lugar en el espacio mediático a su vez se ven agredidos o criminalizados, cuando no son asesinados. Lo ilustra bien el caso del periodista quintanarroense Pedro Canché, detenido el 30 de agosto de 2014 y quien permanece hoy en la cárcel, acusado de “sabotaje”. Su delito: cubrir, el 19 de agosto, el violento desalojo policíaco de unos cien indígenas mayas que permanecían en plantón en frente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del municipio de Felipe Carrillo Puerto (Zona Maya de Quintana Roo) para protestar contra el alza de las tarifas. Cabe recordar que cuatro días antes de su detención, el reportero había recibido una amenaza de parte del funcionario local Lino Magos, director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial de Quintana Roo, quien le escribió vía Twitter: “Quien delinca, Pedro, tendrá que atenerse. Ni leyes ni tribunales especiales.”

«El silencio es caldo de cultivo de los dictadores, disfrazados en una falsa democracia, y son la minoría quienes producen los cambios, esa minoría a quienes los periodistas debemos darle voz», escribió Pedro Canché el 9 de febrero en su «Diario de un preso de Conciencia», blog abierto a fines del mes de enero con la ayuda de la organización internacional Articulo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión en varios países del mundo incluso en México, después de que se retardó la resolución de un amparo a su favor. El reportero independiente, que enviaba informaciones a corresponsales de revistas nacionales desde su municipio de Felipe Carillo Puerto, colaboraba con el portal de información local Noticaribe y subía sus informaciones, fotos y videos en redes sociales. ¡Tiene que salir de la cárcel ya!
                                                       
La indignante historia de Pedro Canché ilustra tristemente la fuerte represión que viven los y las periodistas en Quintana Roo desde la toma de poder en 2011 del gobernador Roberto Borge (PRI), uno de los mayores enemigos de la libertad de expresión y de prensa en el país. En 2014, la asociación Artículo 19 documentó 30 casos de agresiones a periodistas en este estado, el segundo más peligroso del país para la profesión, después de Veracruz.

En casi todas las entidades estas libertades fundamentales están violadas, aunque las garantizan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos («Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión»), y los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana. «La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado», dice el artículo 6. «Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos», añade el articulo 7.

Porque la libertad de expresión y de prensa son imprescindibles para la construcción de nuevos mundos, dedicamos El Escaramujo No. 53 a los y las periodistas de nuestro estado de Chiapas y de todo el país que trabajan cada día para la verdad. Queremos alertar a nuestros lectores y seguidores sobre la grave situación en la cual se encuentra hoy esta profesión y denunciar el clima de represión que nos está ahogando a todos nosotros ciudadanos, defensores, soñadores, y que se vuelve cada día más sofocante desde la toma de poder de Enrique Pena Nieto en diciembre de 2012.

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Exigen se prohíba maíz transgénico y glifosato en alimentos y se etiqueten todos los productos que contengan transgénicos

BOLETÍN DE PRENSA

El maíz transgénico importado e incorporado en alimentos de alto consumo para los mexicanos representa un riesgo para la salud, entre otros, por la presencia de glifosato y otros agro-tóxicos.

Los mexicanos tenemos derecho a: (A) Una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y por lo tanto libre de tóxicos. (B) La información clara y completa sobre el contenido en nuestros alimentos; por ello exigimos etiquetado de todos los alimentos que contengan transgénicos, como ocurre en 61 países.

 

“Es muy preocupante que se estén importando 10 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos y que no haya seguridad de que éste y sus agrotóxicos (glifosato, 2,4D, glufosinato, etc., y combinaciones) asociados nos estén llegando a nuestro alimento. Una parte importante de este maíz es transgénico y la mayor parte tiene glifosato y otras substancias nocivas. Los alimentos derivados de cultivos transgénicos de algodón, soya, canola también pueden tener estos tóxicos. A pesar de la evidencia de toxicidad, La Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario (COFEPRIS) ha autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo humano y un porcentaje alto de ellas son tolerantes al glifosato. Los más recientes resisten también al glufosinato, y el 2,4D (cancerígeno), entre otros.

Los estudios científicos muestran que el glifosato es un disrruptor endócrino, que puede causar daño hepático y renal, así como malformaciones y otros daños en animales experimentales. Los químicos de los herbicidas y surfactantes penetran a las plantas y NO se pueden lavar. Los granos (Ejemplo: maíz transgénico) y oleaginosas (Ejemplo: soya transgénica) importados de Estados Unidos tienen concentraciones altas de glifosato no permitidas en Europa” señaló la Doctora Elena Álvarez-Buylla, experta en genética molecular del Instituto de Ecología de la UNAM, Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS; Programa Agricultura y Alimentación).

La COFEPRIS ha otorgado autorizaciones para el consumo de transgénicos, de las cuales el 50% son de maíz, exponiéndonos a las y los mexicanos a un grave riesgo, pues en México el maíz es la base de nuestra dieta: consumimos 329 gramos de maíz al día, que representa más del 50% de la ingesta calórica y 39 % de la ingesta de proteínas. Los datos científicos que hoy se exponen nos alertan sobre la necesidad de atender de inmediato la calidad de nuestros alimentos y llamar la atención a la Secretaria de Salud. El derecho a la alimentación inscrito en la Constitución en 2011 señala que los mexicanos debemos contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
No podemos permitir que se nos exponga a un experimento al obligarnos a consumir cotidianamente maíz transgénico que, además de las secuencias genéticas incorporadas, tiene un alto contenido de herbicidas y otros tóxicos, y una muy baja calidad. El maíz que se importa de Estados Unidos tiene mayor contenido de almidones y azúcares, y menos proteína y fibra que el nativo mexicano; pues está hecho para engordar ganado. Por ello, el consumo humano aumenta el riesgo de padecer obesidad e incluso diabetes. Hoy más del 50% del maíz que se come en México es aún producido por los campesinos a partir de variedades nativas (criollas), este maíz es mucho mejor para la salud, incluso se ha demostrado que los maíces de colores contienen antioxidantes, que ayudan a prevenir enfermedades; además está libre de transgénicos y tiene hoy un sobreprecio en el mercado. Este maíz ha sido protegido por los campesinos que se han opuesto a la siembra de transgénicos, sin embargo hoy la autoridad de salud parece desconocer el tema y actúa con indiferencia e irresponsabilidad”. Declaró Adelita San Vicente, Directora de la Fundación Semillas de Vida y miembra de la Campaña Sin maíz no hay país.

Por ello, exigimos que: 1. Se prohíba el maíz transgénico y/o glifosato en alimentos. 2. Se etiqueten todos los alimentos que se hayan hecho a partir de cultivos transgénicos y/o tratados con faena (glifosato) u otros herbicidas (por ejemplo, el 2,4D). 3. Se regule el uso de estos tóxicos de manera más estricta; en beneficio de la salud pública, evitando que lleguen a nuestros alimentos.

Estas demandas se sustentan en evidencia científica que será entregada a COFEPRIS, y se resume en:

  1. Casi 9 de cada 10 de las líneas transgénicas en el mercado son tolerantes al glifosato, el principio activo del herbicida más usado en México, el llamado Faena. Los granos (Ej., maíz transgénico) y oleaginosas (Ej., soya transgénica) importados de Estados Unidos tienen concentraciones muy elevadas de este tóxico. Hasta hace poco más de 20 años en que no había transgénicos, los herbicidas se asperjaban en los campos antes de la siembra, y los cultivos raramente estaban en contacto con estos tóxicos. En las transgénicas tolerantes al Faena se asperja el tóxico directamente. Los cultivos transgénicos sobreviven con altas concentraciones de estos tóxicos, contaminando a los alimentos que se hacen con ellos.

  2. El glifosato también se asocia con mayor incidencia de malformaciones en bebés de madres que viven cerca de siembras de transgénicos en Argentina y otros países. Se ha asociado con mayores alteraciones celulares y genéticas en trabajadores de soya transgénica. En Sudamérica y Estados Unidos, en donde se han sembrado y consumido masivamente los transgénicos los últimos 20 años, se ha reportado aumento en incidencia de enfermedades renales, hepáticas y cáncer en zonas cercanas a siembras de transgénicos y en la población en general.

  3. El glifosato se acumula en el agua, suelo y en aerosoles; puede llegar al agua que tomamos.

  4. Se ha detectado glifosato en orina, sangre y leche materna; los afectados, más propensos a enfermedades.

  5. En algunos casos se usa este herbicida para facilitar la cosecha; incluso en no transgénicos (Ej., trigo).

  6. El 2,4D, al cual son tolerantes las transgénicas recién aprobadas por COFEPRIS, es un probado cancerígeno y teratógeno (causa malformaciones al nacer) y se acumulará en estos cultivos.

Por su parte, la Alianza por la Salud Alimentaria exigió que se informe en el etiquetado de todos los alimentos y bebidas si contienen organismos genéticamente modificados como ocurre ya en 61 países, entre ellos los estados miembro de la Unión Europea, Rusia, China, Brasil, Australia, Turquía y Sudáfrica. “Es un derecho de los ciudadanos el acceso a la información y este derecho está violado por el gobierno mexicano que ha permitido que los transgénicos entren en nuestros alimentos sin ninguna información al consumidor”, señaló Alejandro Calvillo miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Desde abril del 2011 el Codex Alimentarius aprobó la posibilidad, a escala internacional, para que los países que lo deseen puedan identificar en las etiquetas los alimentos que contienen transgénicos. La Organización Mundial de Comercio, OMC, hacía 20 años que se oponía a la posibilidad de etiquetar los alimentos argumentando que era una barrera al libre comercio. En 2011, los Estados Unidos que eran el principal opositor al etiquetado, apoyando a las grandes empresas como Monsanto, lo aceptó. “Con la autorización del Codex Alimentarius al etiquetado de transgénicos ya no existe ningún argumento comercial para impedir su aplicación” subrayó Alejandro Calvillo.

Contacto Prensa: Rosa Elena Luna cel. 55-2271-5686; Diana Turner cel. 55-8580-6525,Denise Rojas cel. 55-1298-9928

Firma Por el Retiro de las Tropas de Ocupación en Haití

Campaña de Firmas Avazz.org.

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CARTA A JOSÉ MUGICA:

Señor Presidente de Uruguay

Somos simples ciudadanos de este país, orgullosos de su tradición democrática y pacifista, de su defensa de los principios básicos de autodeterminación y soberanía, que no son simples palabras.

Es claro para todos nosotros y también para usted que la intervención en la tierra hermana de Haití es injustificable, insostenible, y que además ha fracasado y no tiene ninguna perspectiva de aportar algo positivo al pueblo haitiano, ni tampoco al uruguayo. No vamos a repetir de nuevo los argumentos por todos conocidos, y de los que usted mismo ha sido un claro vocero al decir que «no seremos guardia pretoriana de una dictadura».

Luego de eso, señor presidente, no caben los eufemismos ni buscar matices ni palabras para evadir la realidad. Tal vez no podamos y no tengamos potestad para decir quien tiene la razón en Haití y quien no, pero entonces, por eso mismo, no tenemos nada que hacer allí con tropas de ocupación.

Si son altos los motivos para forjar compromisos y relaciones estrechas y recíprocas con los países de la región, causa que todos queremos, con más razón podemos decir que ninguna hermandad entre pueblos podrá construirse empezando con el abuso del hermano más débil, como es en este caso.

No puede haber cálculo ni interés particular ni sectorial ni excusa alguna que justifique ya continuar la presencia de las tropas uruguayas en Haití, en una ocupación que la sociedad haitiana rechaza día a día por todos los medios por los que puede hacerlo, porque los medios institucionales para que que ese pueblo exprese su propia opinión les han sido negados y se les sigue negando.

Se compartan o no los esfuerzos que su gobierno ha hecho en Haití, hoy, ya agotados por completo, resulta más que evidente que la única actitud de coherencia en la defensa de los principios que siempre ha sostenido nuestro país, solo puede ser el retiro total, inmediato e incondicional de las tropas uruguayas

Por lo anterior y por todo lo que usted ya sabe, señor presidente, le pedimos que antes de terminar su mandato sea el vehículo para que el país tenga un gesto supremo de dignidad, y deje de ocupar la tierra haitiana.

(Solicitamos que todos los adherentes a estos conceptos reproduzcan esta carta por todos los medios posibles, incluyendo redes sociales y listas de contacto, y la reenvíen a comunicacion@presidencia.gub.uy y a todos los destinos que les parezcan útiles)

Más de una década de resistencia contra empresa extractiva en el Cañón del Sumidero, Chiapas

Desinformémonos

Ciudad de México, 18 de febrero del 2015. Durante más de cincuenta años la empresa Cales y Morteros del Grijalva se ha dedicado a la extracción de materiales pétreos para la construcción, a pesar de no contar con estudios ni manifiesto de impacto ambiental, ni la autorización del cambio de uso de suelo. La organización Salvemos al Cañón, le solicitó en días pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) una audiencia para que evalúe el impacto ambiental y los daños a las comunidades que habitan esta región en la capital chiapaneca.

“La maquinaria obsoleta que utiliza la empresa en sus procesos de producción, aunado al mal manejo de operación, permite las emisiones fugitivas de partículas contaminantes a la atmósfera de humo, polvo, vapores y ruido, dañando severamente el medio ambiente y la salud de la población”, denunció el colectivo en un documento enviado a la SEMARNAT y agregó que la empresa está afectando severamente la pared oriente del Cañón del Sumidero, área protegida desde 1980.

Las rocas en las paredes del Cañón se comenzaron a formar hace más de 136 millones de años en Tuxtla Gutiérrez. Este cañón es considerado uno de los más imponentes en el mundo y fue declarado Parque nacional en 1980 y fue nominado para ser una de las siete maravillas del mundo.

El director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, respondió a las denuncias de los pobladores que viven del turismo y su economía se ha visto seriamente afectada, argumentando que esa institución no tiene competencia para evaluar el impacto ambiental de la empresa Cales, porque la extracción en el cañón inició antes de que existiera la Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y por lo tanto no están obligadas a contar con autorizaciones en materia de impacto.

A pesar de haber dos averiguaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con sede en Chiapas, no le ha dado seguimiento al caso y la empresa continua trabajando sin los estudios y permisos requeridos en la obra y que fue concesionada por diferentes instancias gubernamentales.

En más de una década de lucha, las comunidades informaron que han agotado todas las vías legales posibles, sin que el Estado tome cartas en el asunto, al contrario es cómplice de las violaciones a los derechos humanos y ambientales de la empresa.

Las comunidades que habitan esta región denunciaron las afectaciones y daños irreversibles causados por la empresa Cales y Morteros. “El agua está contaminada con cal, la microcuenca Cahuaré esta atascada de lodos grises y material triturado, contaminación del aire, derrumbes recientes en la pared del cañón, ruidos y vibraciones de camiones y maquinaria pesada, casas fracturadas, obstrucción vehicular en la autopista Chiapas- Tuxtla, tala de vegetación recientemente y sin permiso, extenso hueco en una superficie de 40 hectáreas y la Pared Oriente del Cañón del Sumidero fracturadas con el riesgo de desplomarse en cualquier momento, lluvia permanente de hollín y polvo de cal y enfermedades entre la población”.

La organización Salvemos al Cañón del Sumidero exigieron se termine este ecocidio, pues aún están a tiempo de rescatar algo, ya se presentan daños irreparables y la población sufre cada vez más de enfermedades, además su economía que se basa en el ecoturismo está siendo afectada enormemente.

Con información de Radio Pozol

Gobierno y trasnacionales de transgénicos ya perdieron cinco de seis amparos

Angélica Enciso L., La Jornada

El gobierno federal y empresas trasnacionales productoras de transgénicos ya perdieron cinco de seis amparos que interpusieron en contra de la demanda para evitar la siembra de maíz transgénico en México, interpuesta por 53 ciudadanos y organizaciones, por lo que el juicio comenzaría en unas semanas.

El viernes pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) perdió el amparo que presentó en contra de la demanda, según resolvió el segundo tribunal unitario en materia civil.

Esta instancia en dos semanas deberá resolver un último amparo, interpuesto por la empresa Pionner Dupont. En caso de que ésta pierda el recurso, luego de 19 meses de que se inició la demanda, podría comenzar el juicio, explicó el abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo.

La demanda colectiva fue presentada el 5 de julio de 2013 por el sacerdote Miguel Concha, los investigadores Antonio Turrent, y Víctor Toledo; Bernardo Bátiz, Raúl Hernández Garciadiego, Adelita San Vicente y las actrices Jesusa Rodríguez y Regina Orozco, entre otros, con el fin de evitar el cultivo de maíz transgénico, centro de origen del grano y alimento básico de los mexicanos.

El gobierno actúa como una empresa más. «No es que haya dicho vamos a revisar qué estuvo mal, sino que ha rehuido el juicio y no quiere un debate», sostuvo en entrevista Adelita San Vicente, de Semillas de Vida.

Explicó que en los amparos el argumento de las secretarías es que los quejosos no se debieron acoger a las acciones colectivas, sino a la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida como ley Monsanto, que es «deficiente y está acotada a lo que empresas y gobierno quieren».

Sánchez Galindo detalló que hay 91 impugnaciones en contra de la demanda, así como de la medida precautoria que estableció en 2013 el juzgado federal décimo segundo de distrito en materia civil en el Distrito Federal. Con esta medida se ordenó a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Agricultura (Sagarpa) abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado; prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de estas semillas, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial.

Abundó en que los procesos se llevan en 17 tribunales distintos, ya que estas secretarías así como Monsanto, Syngenta, Dow y Pionner Dupont presentaron diversos recursos legales en contra de la demanda y de la medida precautoria. Agregó Monsanto, Syngenta y Dow, la Sagarpa, y ahora Semarnat, perdieron el amparo.

Concluyó que el caso ya llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre la medida precautoria se espera que en los próximos días sean resueltos siete amparos, indicó.

Miembros mexicanos formulan estrategias para el proceso del Tratado para regular los abusos corporativos

Red-DESC

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (CAWG) de la Red-DESC organizó el 28 de enero de 2015, en Ciudad de México, una reunión de concienciación y elaboración de estrategias en relación al nuevo proceso de la ONU para establecer un tratado para regular las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Más de 15 organizaciones de la sociedad civil de México participaron en la reunión.

El objetivo del encuentro en Ciudad de México era informar sobre el progreso del proceso de la ONU para empezar a desarrollar un tratado, y discutir maneras en que las organizaciones nacionales pueden participar de manera activa en su elaboración.

 

Un grupo de miembros mexicanos de la Red-DESC participó en la reunión, entre ellos: PODER, ProDESC, Proyecto AliMente, Equipo Pueblo, FIAN Mexico y CEMDA. También asistieron algunas organizaciones de otras regiones que se encontraban en México para participar en otra reunión de la Red-DESC sobre la captura corporativa, como Defend Job Philippines y Habi Centre for Environmental Law (Egipto).

Durante el evento, los participantes plantearon sus preocupaciones sobre la existencia de vacíos legales en la legislación nacional, que facilitan la impunidad y hacen que las corporaciones puedan influir en el sistema judicial. Todos estuvieron de acuerdo en que el proceso de creación del tratado puede brindar nuevas oportunidades estratégicas para crear una agenda de incidencia local, fortalecer los esfuerzos colectivos existentes para abordar las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y ejercer una presión efectiva sobre el gobierno mexicano para que tome medidas proactivas hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia corporativa.

Los participantes también hicieron hincapié en la ineficiencia de los mecanismos actuales a la hora de abordar las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y se mostraron de acuerdo con que un nuevo mecanismo podría ayudar a impulsar una agenda local, a la vez que conectarían las iniciativas de la sociedad civil mexicana con acciones similares en otros países. 

También se debatió cómo sería posible participar de manera efectiva en el proceso de desarrollo del tratado. Algunas de las ideas propuestas sugerían oportunidades coordinadas de incidencia en los litigios nacionales e internacionales, actividades de presión sobre el gobierno mexicano y diplomáticos de la ONU, la creación de conciencia entre otros activistas mexicanos e internacionales sobre casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y la promoción del reconocimiento y el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales (ETO).

Durante la reunión también se anunció que la Red-DESC y la FIDH han lanzado un proyecto conjunto que facilitará la participación de los miembros y los aliados en el desarrollo del contenido para el tratado, mediante consultas con un grupo de expertos legales que viajará a las principales regiones del mundo y se reunirá con las comunidades afectadas y las organizaciones que trabajan en temas de rendición de cuentas y transparencia. Los resultados de estas consultas se traducirán en la producción de propuestas legales por parte del grupo de expertos, compuesto por miembros de la Red-DESC y de la FIDH y sus aliados. Las propuestas legales formarán la base de las propuestas de contenido sobre temas pertinentes para el tratado.

A modo de clausura de la reunión, las organizaciones participantes se comprometieron a continuar la conversación entre ellas como un primer paso hacia una participación y una coordinación de los esfuerzos más significativa en relación al proceso del tratado.

 

Chiapas: Pantelho se moviliza en contra de los proyectos de minas

espoir chiapas

Fotos @AreaDeComunicacionDeLasAbejas

El pueblo creyente de la Parroquia Santa Catarina de Pantelho organizo una marcha en la cabecera municipal para anunciar su total rechazo a la venida de la empresa GYMSA que tiene planificado de hacer sus trabajo y servicio geologico para empiezar a construir su proyecto de mina.

Igual en su comunicado añadieron su rechazo al trago y a las drogas.

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
PARROQUIA SANTA CATARINA, PANTELHO’
11 de Febrero de 2015

Nosotros, hombres y mujeres del Pueblo Creyente de Nuestro Señor, hemos venido para decir la verdad sobre los problemas que ya están entre nosotros en estos días, de los grandes empresarios y gobernantes.

Porque nos duele en nuestro corazón que ya está el problema en nuestras comunidades: hay división por las ayudas que da el gobierno en cada una de nuestras comunidades.

Por eso, sabemos que somos hijas e hijos de Dios y que él no quiere que tengamos duros sufrimientos. Sólo él es nuestra fuerza, sólo él es nuestro Libertador. Así nos lo dice en su Palabra: Dichoso el hombre que confía en el Señor (Salmo 1).

Así pues, hemos venido a decir abiertamente que NO QUEREMOS QUE VENGA A HACER SUS TRABAJOS EL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO A TRAVES DE LA EMPRESA GYMSA (Geoquímica y Perforación Sociedad Anónima), porque sabemos que ellos están buscando las riquezas de nuestra santa madre tierra.

¿Por qué no queremos que entre en nuestras comunidades?
Porque explotan nuestra vida y la vida de nuestra madre tierra.

También queremos denunciar de nuevo que NO QUEREMOS LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES. NO QUEREMOS LA VENTA Y EL CONSUMO DE MARIGUANA. Por eso han aumentado los ladrones y asesinos en nuestro municipio.

Hermanas y hermanos todos: ahora estamos reunidos aquí. Tenemos fuerza con la Eucaristía en nuestra peregrinación para mirar nuestros problemas y sufrimientos, para que tengamos fuerza en nuestros corazones para hacer nuestro trabajo que recibimos de Nuestro Señor.

Que Dios Padre y Madre, nos ayude y mantenga viva nuestra esperanza.

Esta es la voz del Pueblo Creyente. Parroquia Santa Catarina, Pantelho’

Exhortan a ciudadanía a quitar anuncios electorales que violan la Ley

Por Sandra de los Santos, ChiapasParalelo.com   

Los anuncios electorales federales que son colocados en árboles, áreas verdes, semáforos, puentes, casetas telefónicas, postes de luz y alumbrado, postes de telefonía, paradas de autotransporte, señalamientos viales, buzones de correo y monumentos históricos están prohibidos y por lo tanto están violando la Ley.

Jesús Robles Maloof activista de los derechos políticos de la ciudadanía está promoviendo la campaña “#Quitaunanuncio” y publicó en su blog personal la guía ciudadana para unirse a esta acción.

En la publicación detalla que la propia legislación electoral federal en su artículo 250 señala que la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos tendrán que sujetarse a diferentes reglas y la mayoría de ellos están incumpliendo.

La campaña “#Quitaunanuncio” consiste en formar brigadas ciudadanas para retirar la propaganda electoral de los lugares que están prohibidos. Las autoridades de justicia no pueden castigar por ello ya que la ciudadanía lo que está haciendo es hacer cumplir la Ley.

La guía sólo da recomendaciones para quitar anuncios en lo que se refiere a las campañas federales. En lo que respecta a las campañas locales para elegir alcaldes y diputados locales se tiene que revisar la Ley Local vigente sobre el tema.

Quita un anuncio. Guía ciudadana 2015.
Por Jesús Robles Maloof

Resistencia Minera: Lecciones de Guatemala y México

Vía Movimiento M4

La labor de incidencia de Base en Centroamérica  generalmente no es un trabajo que produzca muchas historias asombrosas de éxito. A menudo, más bien se compara tristemente con el esfuerzo desesperado de un debilucho de noveno grado de unos 5 pies 2 pulgadas y 100 libras que incesantemente practica su tiro en suspensión en un día de invierno, mientras sueña con jugar algún día en la NBA y que con tristeza se da cuenta de que su sueño probablemente nunca se volverá realidad. Esa metáfora podría o no ser auto-biográfica.

 

En Guatemala, acompañar a la población indígena maya en su lucha persistente para mantener el control sobre sus territorios ancestrales, los recursos y las formas tradicionales de vida es frustrante, cuando menos. A pesar de la jurisprudencia anclada en la legislación nacional e internacional que supuestamente reconoce, respeta y defiende los derechos de la mayoría de la población maya, el gobierno de Guatemala, la oligarquía a la que sirve, y los intereses de las empresas transnacionales constantemente triunfan sobre los derechos y el bienestar del pueblo maya. Cuando las comunidades mayas se atreven a defender con determinación sus derechos y territorios, el derramamiento de sangre patrocinado por el gobierno usualmente es más común que la negociación o el diálogo.

Dada esta realidad tan deprimente, es importante destacar el ocasional éxito de la labor de incidencia, por pocas y distantes que sean. Por lo tanto, compartimos este breve relato de la resistencia del pueblo maya Ixil no para echarnos flores, sino más bien para compartir la esperanza de que la labor de incidencia no es completamente inútil.

Desde la década de 1970, las comunidades Mayas Ixiles en Nebaj, Guatemala se han resistido a la explotación de una mina de barita situada en un bosque comunal en la parte norte de su territorio ancestral. La Barita es un mineral que se usa principalmente para la perforación de pozos de petróleo. Con el ascenso de la industria del fracking, la barita está en alta demanda. En 2001, el gobierno de Guatemala emitió una licencia de extracción de la mina de barita. Como es el caso con todos los permisos de explotación minera en Guatemala, la comunidad local nunca fue consultada ni informada sobre la mina propuesta.

La licencia de la mina de barita rebotó de compañía en compañía hasta que finalmente cayó en manos de Jorge Luis Avalos, un empresario guatemalteco nacido en México con enormes vínculos con las industrias mineras y químicas de Guatemala. Avalos comenzó la explotación de la mina en 2005, pero cuando un manantial de agua del lugar misteriosamente se secó, las comunidades locales expulsaron a la empresa minera.

Recientemente, Avalos intentó vender la licencia a Double Crown Resources, una compañía minera con sede norteamericana. Debido a la mala trayectoria de las corporaciones mineras multinacionales en América Central (Goldcorp, por ejemplo), las comunidades locales comenzaron a preocuparse. Cuando esta noticia salió a la luz, el Comité Central Menonita (CCM) junto con otras ONGs nacionales e internacionales apoyaron el llamado de las comunidades mayas Ixiles para anular la licencia. Debido a la presión de los medios nacionales e internacionales, Avalos canceló el acuerdo con Double Crown.

CCM México apoya a ¨Otros Mundos¨, una ONG mexicana que entre otras cosas, ha apoyado a la comunidad de Chicomuselo, Chiapas en su resistencia hacia otra mina de barita operada por Blackfire Exploration, una compañía minera con sede en Canadá. Las comunidades de Chicomuselo, después de años de resistencia, fueron capaces de expulsar a la compañía canadiense de su municipio después de que Mariano Abarca, un prominente organizador comunitario anti-minería, fuera asesinado por personas vinculadas a la empresa minera y el gobierno local. En septiembre de 2014, CCM ayudó a organizar una visita de las autoridades ancestrales mayas Ixiles a las comunidades en Chicomuselo, Chiapas.

Durante la visita de dos días, José Luis Abarca, hijo del martirizado Mariano, y otros líderes de la comunidad compartieron sus experiencias relacionadas con el negocio de la minería de barita y el largo proceso de resistencia. Una visita a la antigua mina confirmó la destrucción ecológica que la minería inevitablemente provoca. Durante la última noche de la visita, José Luis lamentó que “resistir a grandes empresas mineras a menudo trae consigo la muerte de aquellos que defendemos nuestros derechos y nuestra tierra. En nuestro caso, fue mi padre quien fue asesinado. En sus comunidades, hay que preguntarse quién va a morir por la causa de la tierra y de la comunidad. ” Las autoridades ancestrales mayas Ixiles regresaron a sus comunidades determinados a seguir defendiendo sus tierras comunales, sus comunidades y sus derechos.

En noviembre de 2014, los líderes maya Ixiles fueron capaces de traer a Jorge Luis Avalos, el titular de la licencia de explotación minera, a Nebaj para las negociaciones. Avalos llegó decidido a convencer a las comunidades de los “beneficios” que la minería barita traería a la comunidad local. Su presentación en power point estaba elaborada sobre las oportunidades de trabajo que la mina crearía y la falta de impacto ambiental que la mina tendría. Durante un momento de la presentación, Avalos mencionó la mina en Chicomuselo.

Cuando afirmó que “hay otra mina de barita en Chicomuselo, México que ofreció grandes ventajas para la población local”, una ronda de risa escéptica llenó la habitación. Lu Pa’l, miembro de las autoridades indígenas del pueblo Maya Ixil interrumpió Avalos y en tono de reproche le preguntó: “¿Cómo puedes decir que la mina en Chicomuselo era buena para la gente de allí? Hemos estado en Chicomuselo y hemos visto la mina y sus efectos. Lo único que trajo a la comunidad era muerte, y eso no lo vamos a aceptar”.

En ese momento de la negociación, Avalos reparó en que no iba a tener éxito en convencer a las comunidades de los supuestos beneficios de la minería de barita. Varios miembros de las autoridades Ixiles agradecieron a Avalos por venir, pero insistieron en que la comunidad se oponía vehementemente a la mina de barita y que no toleraría la presencia de cualquier empresa minera sin invitación. Avalos aceptó con desánimo (por ahora) la decisión de las comunidades Ixiles y prometió que él y su compañía minera respetarían la decisión de la comunidad y que no procederían con los planes para la mina de barita.

Esta supuesta historia de “éxito” está lejos de haber terminado. Avalos todavía tiene la licencia minera que es oficial hasta el año 2021 y sería absurdo creer que él u otra compañía a la que él intente venderle la licencia simplemente ignore la prometedora rentabilidad de una enorme fuente de un mineral en alta demanda. Sin embargo, una victoria es una victoria y debe ser celebrada y compartida. La labor de incidencia en este caso fue exitosa gracias al uso de los medios de comunicación internacionales para exponer  acuerdos de negocios por debajo de la mesa, y a través de la conexión de comunidades que enfrentan luchas similares y comparten la misma resistencia.

Esperamos que CCM y otras organizaciones internacionales continúen el largo y tedioso trabajo de apoyar a las comunidades en toda América Central y el mundo en la defensa de sus tierras, de sus comunidades y de sus derechos.

Fuente: Comité Central Menonita América Latina

Nota relacionada:
(en inglés) Breakthrough Regarding Legal Liability of Canadian Mining Corporations for Abuses Overseas

CONVOCATORIA SEGUNDO FORO UNIVERSITARIO: REALIDADES EMERGENTES EN MÉXICO

CONVOCATORIA SEGUNDO FORO UNIVERSITARIO: REALIDADES EMERGENTES EN MÉXICO.
“Nuevos conocimientos y viejos compromisos desde las ciencias sociales”

Los diversos acontecimientos que actualmente se presentan en distintos escenarios sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales nos obligan a hablar, criticar pero también a proponer nuevos rumbos y alternativas. Por ello, el segundo foro universitario ha surgido desde este nuevo amanecer ideológico, plasmado y rodeado de la “emergencia nacional”, haciendo un llamado desde nuestro espacio particular hasta llegar más allá de nuestros alcances. Unidos todos por el afán de ser escuchados, expresar y crear espacios de debate, visualizando a la realidad desde distintas perspectivas. Explorando también los caminos del conocimiento mediante estrategias diseñadas y propuestas por cada uno de nosotros.

 

En el marco del SEGUNDO FORO UNIVERSITARIO: REALIDADES EMERGENTES EN MÉXICO. “Nuevos conocimientos y viejos compromisos desde las ciencias sociales”, se pretende crear un espacio de expresión para los jóvenes universitarios y académicos, comprometidos con el campo de la investigación científica-social en México, para que estos puedan participar y crear un diálogo interactivo con los distintos actores sociales que en él participen.
Generar el intercambio académico, con el fin de abrir a la discusión y el debate de las diferentes temáticas que se expongan. Dar a conocer entre la comunidad participante, las problemáticas sociales en diferentes contextos y momentos históricos. Coadyuvar al ejercicio del replanteamiento en las ciencias sociales, pensadas desde nuestros contextos. Generando rupturas y coyunturas históricas.
Además abrimos este espacio de reflexión y debate de las diversas temáticas y problemáticas generadas en los distintos niveles: locales, nacionales e internacionales.

Lugar y fechas:
Facultad de Ciencias Sociales C-III, UNACH, Colonia Revolución San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Todas las actividades se llevaran a cabo a partir de las 09:00 am a las 14: horas y de las 16:00 horas a las 20:00 horas de los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2015.

Para mayor información sobre esta convocatoria enviar mensaje al correo electrónico forouniversitariomexico2015@gmail.com

DESCARGAR CONVOCATORIA COMPLETA pdf

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SE NEGOCIA EN LO OSCURITO LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Nos llegó por correo electrónico:

Aviso urgente:

Los legisladores están circulando diversos dictámenes de la Ley General de Transparencia para evitar que las organizaciones puedan advertir a tiempo sobre las regresiones que contiene su propuesta.  Entre las principales regresiones que quieren aprobar está: que no se puedan invocar violaciones graves a los derechos humanos para hacer pública la información; que el plazo de reserva de la información sea indefinido; que los comisionados del IFAI puedan ser sancionados por hacer pública la información; que los sujetos obligados puedan argumentar excesiva carga de trabajo para no responder a las solicitudes; que NO se obligue a los servidores públicos a documentar sus decisiones… Entre otras lindezas.  Por favor: difundan, compartan, tenemos unos cuantos días (menos de una semana) para defender QUINCE AÑOS de trabajo ciudadano y hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Difundan, compartan. Cada quien puede hacer algo.

VIDEO: http://youtu.be/-P41VwK40Qc

¿Por qué estamos muy enojados?

Lilia Saúl en El Universal (4/feb/2015) LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

En estos días de conocer temas tan escandalosos como la compra de casas a través de un grupo empresarial, de saber que no hay obligación en el tema del conflicto de interés, de saber que no hay apertura en las declaraciones patrimoniales, “por temor o inseguridad”, de saber que hay muchos que dicen que hacen, pero no hacen nada (“hemos apoyado a tres víctimas”), quisiera dedicar el blog el día de hoy a todos aquellos funcionarios que nos han hecho enojar mucho.

Pero también dejarles en claro que si ellos no se cansan, nosotros tampoco. Pero regreso un poco al contexto. En México Infórmate participamos en un proceso que, desde un inicio, advertí –como bien sabe mi colega Gabriela Morales—un tanto complicado. No somos legisladores y para eso ganan su dieta día tras día, para hacer el trabajo que nosotros no tenemos que hacer.

Pues bien. Se decidió que las organizaciones de la sociedad civil “podían” acompañar en el proceso a los integrantes y responsables de redactar la nueva Ley General de Transparencia. Que claro. Como ocurre siempre, no son los senadores mismos los que arrastran el lápiz en primera instancia. Son sus secretarios técnicos, sus asistentes, sus acompañantes, sus fieles compañeros.

Ok. Todo iba bien. Se sostuvieron sesiones maratónicas por alrededor de 250 horas –de las cuales sólo estuve presente en dos, el resto tuvo a bien estar mi colega Gabriela Morales, quien se ganó ya un gran mérito por el simple hecho de haber estado defendiendo la postura y agenda de México Infórmate—para que al final, ya después de tanta tarea, se tratara de modificar partes sensibles de este documento que concluyó con una muy desangelada conferencia de prensa. Expreso aquí mi enojo doble. Tanto trabajo para que los senadores no se dignaran a escuchar la postura de las organizaciones sociales. ¿Eso es apertura? ¿Eso es parlamento abierto? En fin.

Y lo peor del asunto es tratar de cambiar ideas y pensamientos de personas y funcionarios que aún consideran como información reservada los correos electrónicos de los mismos funcionarios. Que cuestionan cada milímetro de petición, al señalar que se pide demasiado o que eso no está permitido por “práctica parlamentaria”.

A mí lo único que me quedó claro desde un inicio es que este tipo de ejercicios no debieran volver a repetirse. Que sólo quisieron un “acompañamiento” ficticio para terminar con sus frases en las cuales “la sociedad civil” también fue incluida.

Todo esto suena muy mal y más cuando sabemos por los mismos integrantes de este equipo de secretarios técnicos, que hubo reuniones con gente del Banco de México, para evitar que datos delicados de la economía de este país se supieran con tan sólo una petición de información.

Y el colmo de los colmos. Todavía no podemos saber cómo se hicieron las investigaciones en masacres como las de El Charco en Guerrero y otros delitos de lesa humanidad y se atreven a dar un salto cuántico doce años atrás para intentar cerrar la información relacionada con averiguaciones previas de esa índole.

¿No están viendo el agravio en el que vivimos todos los mexicanos? ¿No ven cómo sufren las familias enteras por ver a las madres y padres recorriendo este país por encontrar a sus hijos desaparecidos como es el caso Ayotzinapa? ¿Y Tlatlaya? ¿Y los asesinatos de los periodistas? ¿No tenemos derecho a saber qué pasó con todas esas investigaciones y con la responsabilidad de nuestras autoridades?

¿Tanto miedo tienen? ¿Tanta irresponsabilidad hubo en la ejecución de acciones que les da miedo que nos enteremos de lo que realmente pasó?

Y no explico aquí la serie de agravios que aún, sin Ley General de Transparencia, siguen cometiendo los funcionarios públicos, pues con el marco actual, siguen negando información que ni siquiera –sí, léanlo bien funcionarios públicos—debiera ser objeto de una solicitud de información.

Debiera ser información pública, que sólo a un tris pudiera cualquier mexicano conocer el Registro Público de la Propiedad y no tener que pagar por búsquedas y esperar semanas para enterarnos que nuestros más altos funcionarios compraron casas a empresarios que contrataron mientras estaban en funciones.

Creo que la gente está enojada. Están enojados. Y todavía tienen tiempo de resarcir el daño, reparar un dictamen que a todas luces es desproporcionado, que incluye regresiones y dejar al menos, el trabajo que ya se hizo junto con el resto de los colegas de las organizaciones de la sociedad civil.