Sudamérica: el triunfo del post extractivismo en el 2015

Joan Martínez Alier. La Jornada

Mientras algunos dirigentes políticos sudamericanos, tanto neoliberales como nacionalistas populares, se empecinan en fomentar las exportaciones primarias e incluso aseguran que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo (en opinión del presidente Rafael Correa), se acumulan datos que indican un fracaso económico.

Comprobamos que Brasil registró en 2014 un déficit de 3 mil 930 millones de dólares en su balanza comercial, el primer saldo rojo en 14 años. Mientras las exportaciones alcanzaron 225 mil 101 millones de dólares (7 por ciento menos que el año anterior), el monto de las importaciones fue de 229 mil 31 millones. La causa: el menor precio del mineral de hierro y de la soya. Brasil sigue exportando muchísimas más toneladas que las que importa, pero vende barato, «a precio de banana», como se dice en portugués. La reacción irracional de algunos ministros es fomentar más las exportaciones primarias.

En Colombia, entre enero y noviembre de 2014 el déficit comercial alcanzó 4 mil 807 millones de dólares, y eso no va a mejorar, pues los precios del carbón y del petróleo siguen bajos, ya que existe sobreoferta mundial. El valor de las importaciones subió 7.5 por ciento en los 11 meses analizados de 2014, a 55 mil 868 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del año previo. En contraste, las exportaciones colombianas totalizaron 51 mil 60 millones de dólares, lo que equivale a una caída de 4.7 por ciento.

Hace pocos años se hablaba en América del Sur de la «enfermedad holandesa»: crecía la entrada de divisas por el buen precio de las exportaciones. Eso hacía subir el valor de la moneda nacional y perjudicaba la industria frente a importaciones baratas (como había ocurrido en Holanda en su momento, hace décadas, mucho antes del euro, cuando el florín se apreció por la exportación de gas). Ahora no hay enfermedad holandesa, sino depreciación del peso o del real. Hay un «contagio chino». La economía china estornuda y va a estornudar más, y Sudamérica agarra una gripe y hasta una pulmonía.

Perú registró en 2014 el mayor déficit comercial de su historia, debido a la caída de los precios internacionales de los metales, los cuales representan 60 por ciento de sus exportaciones. El déficit comercial de Perú el año pasado (2014) se ubicó en 2 mil 555 millones de dólares, mientras en 2013 la cifra era de solamente 40 millones de dólares. Las exportaciones peruanas en 2014 cayeron 9.3 por ciento, para ubicarse en 38 mil 252 millones de dólares, mientras sus importaciones sumaron 40 mil 807 millones de dólares, una caída de 3.3 por ciento. En Colombia las importaciones aumentaron, pero en Perú ya cayeron.

Sin embargo, Perú, Brasil y Colombia exportan, en toneladas, mucho más de que lo importan, y no consiguen ni pagar sus importaciones. Lo mismo ocurre en Ecuador, que registró en 2014 un déficit en la balanza comercial de 727 millones de dólares por la caída en los ingresos por la venta de petróleo, según ha informado en febrero el banco central. Aquí, en Ecuador, el «contagio chino» se nota de manera particular: un menor ritmo de la economía china disminuye en general la demanda de materias primas y en Ecuador (y otros países sudamericanos) aumentan al mismo tiempo las deudas financieras con los chinos, encubiertas a veces de ventas anticipadas de materias primas.

Muchos daños ambientales y sociales en los lugares de la extracción y transporte de materias primas, mucha contaminación de agua, muchos agrotóxicos que afectan la salud y, sin embargo, esos países no alcanzan ni a pagar las importaciones. Se ha llamado «post extractivistas» a los autores, activistas y algunos ex ministros que, en pleno boom de los precios de las materias primas, alejados de los gobiernos neo-libs o nac-pops, gente como Eduardo Gydynas, Maristella Svampa, Alberto Acosta, Carlos Monge, Edgardo Lander, Raúl Prada Alcoreza, ha advertido de los males sociales, ambientales y económicos de las políticas extractivistas, incluso si han ido unidas a una mayor captura de rentas y a su reparto entre la población. Señalaron que los términos de intercambio eran estructuralmente negativos (en promedio, una tonelada importada ha sido siempre más cara que una tonelada exportada, incluso en pleno boom de precios de materias primas) y que además podía llegar un ciclo de baja de las materias primas. Apoyaron los cientos de protestas sociales del ecologismo popular. Se llamaron «post extractivistas». Su hora está llegando.

Joan Martínez Alier ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona

Documental: Agua Sagrada – Minería en Wirikuta

Vía Naranjas de Hiroshima

Durante cinco días el «desierto» de Wirikuta fue el hogar de un dispar equipo de colaborador@s de medios libres del país, que nos dimos cita en el sagrado lugar para documentar a quienes siguen en pie de lucha por la defensa de su territorio. A pesar de los recientes triunfos que ha obtenido el pueblo Wirárika en la defensa de sus sitios sagrados, en la zona aun persisten otros proyectos mineros que amenazan el sustento de las comunidades que realmente habitan esos territorios. Sus argumentos y alegatos por defender sus tierras quedan registrados en este trabajo colaborativo y experimental.

Dirección: Este documental fue realizado de manera colaborativa entre diversos medios libres:
Koman Ilel (Mirada Colectiva) Naranjas de Hiroshima La Sandía Digital Subversiones · Agencia Autónoma de Comunicación emergenciamx.org Hijos de la Tierra Caravana Climática por América Latina

País de producción: México
Año: 2015
Duración: 28 min
Licencia: Creative Commons BY-NC-SA

 

  • Wirikuta es el fundamento material y cultural sobre el que se basa la identidad del pueblo wixarika (huichol). La destrucción de Wirikuta implicaría la destrucción del pueblo wixarika como tal.
  • Wirikuta posee un ecosistema único en el mundo. Forma parte de una porción del desierto chihuahuense en donde se concentra la mayor biodiversidad y riqueza de cactáceas por metro cuadrado del planeta. Es mucho más que un desierto: es un jardín. La mayor parte de las cactáceas de Wirikuta figuran en la Norma Oficial Mexicana de Plantas Amenazadas y en Peligro de Extinción. Una gran proporción de su flora y fauna es endémica, es decir que se da solamente allí. En Wirikuta se encuentra también el Águila Real, símbolo de nuestro país, y que encabeza la lista del programa nacional de conservación de especies prioritarias.
  • El Reglamento de la Reserva establece que dentro de las más de 140,000 hectáreas del territorio sagrado de Wirikuta están prohibidas las actividades contaminantes. La mega minería, siendo la actividad industrial humana más contaminante que existe, quedaría excluida de Wirikuta en base al reglamento de la Reserva. Este Plan de Manejo, elaborado en conjunto con el pueblo wixarika,  establece la protección del agua, tierra, flora y fauna del sitio sagrado, y un uso tradicional del suelo tradicional. Se prohíbe “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero; interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; así como modificar de forma sustancial el paisaje”. Aun en la zona denominada de Amortiguamiento de Aprovechamiento Especial, en la cual se pretende llevar a cabo explotación minera.
    ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN WIRIKUTA?
  • En este territorio sagrado, que también ha conquistado los corazones de miles de mexicanos no wixaritari y de miles de ciudadanos de todo el mundo, el gobierno mexicano ha entregado al menos 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp en el área de Real de Catorce, a través de la empresa mexicana Real Bonanza SA de CV. El 70 % de las 6 mil 326.58 hectáreas de la superficie concesionada está dentro de la Reserva de Wirikuta.

Más información: http://www.naranjasdehiroshima.com/2015/02/agua-sagrada-mineria-en-wirikuta.html

Ver en Youtube.

Ley de Aguas: el peor de los mundos posibles para las mujeres

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias

La Ley General de Aguas, cuya discusión fue “congelada” en la Cámara de Diputados ante las críticas de la sociedad civil de que su contenido es violatorio del Derecho Humano (DH) al vital líquido, no está diseñada desde una perspectiva de género para eliminar los problemas que enfrentan las mexicanas para acceder a este recurso natural.
 
Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la organización civil Mujer y Medio Ambiente, realizó esta lectura sobre el contenido de la iniciativa y concluyó que la propuesta elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no resuelve los problemas de disponibilidad, calidad y distribución del líquido que afectan en mayor medida a las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la especialista señaló que si bien la iniciativa establece que las mujeres deben participar en la toma de decisiones relacionadas con el agua –tema en el que las feministas han sido insistentes–, no estipula los mecanismos necesarios para esta participación y tampoco para que ellas puedan gozar del DH al agua.
 
El artículo cuarto de la iniciativa señala que “la participación de las mujeres y poblaciones indígenas y marginadas deberá asegurarse en la toma de decisiones sobre el sistema de gestión del agua, así como la priorización de estrategias que incorporen en dichos sistemas de gestión a las mujeres urbanas y rurales, así como las cosmovisiones, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas”.
 
“Aunque esté enunciado (en la ley) el DH al agua, no se encuentran los mecanismos para su ejercicio pleno, sino todo lo contrario, siguiendo esa lógica, el tema de mujeres –que no es lo mismo que perspectiva de género– también está tergiversado, pues una cosa es que estén mencionadas y otra que con todo lo que se planea hacer las mujeres dejen de enfrentar los problemas que ahora resisten en relación a disponibilidad, calidad, mala distribución y tarifas de agua”, precisó la experta.
 
La también integrante de la Red Género y Medio Ambiente de México recordó que son las mujeres, especialmente las de menores recursos, las que deben compensar los déficits de los servicios de agua y quienes acaban pagando más por acceder al recurso.
 
Brenda Rodríguez detalló que son ellas las que, cuando el agua no está disponible, dedican mucho de su tiempo para conseguir el recurso; recorren grandes distancias para su recolección, lo que además de desgastarlas las pone en riesgo de sufrir agresiones sexuales, pues los caminos no son seguros; son ellas las encargadas de comprar pipas, y si alguien de la familia se enferma por la mala calidad del agua, destinan parte de su tiempo en buscar servicios médicos.
 
En ese sentido, la especialista señaló que la ley no busca transformar el modelo de gestión del agua, “mucho menos incluye una mirada de DH, ni de género”, por lo que las problemáticas que se enfrentan seguirán agudizándose.
 
Para la feminista, al igual que para las organizaciones civiles que se han pronunciado en contra de esta iniciativa, uno de los principales punto de preocupación es que se considere que el derecho al agua corresponde a los asentamientos humanos y no a las personas.
 
“Si nos remitimos a lo que es considerado un asentamiento humano, las comunidades en donde apenas viven tres familias no tendrían derecho al servicio, y debido a los roles de género persistentes, serían las mujeres las encargadas de buscar el recurso”, explicó Rodríguez Herrera.
 
A lo que se suma que de aprobarse la propuesta, debido a que se permite la entrada de empresas privadas, los costos por el servicio de agua podrían incrementarse. “Esto implicará un esfuerzo doble o triple para aquellas mujeres que encabezan los hogares mexicanos, y para algunas implicaría prescindir de otros servicios”, alertó.
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 24.6 por ciento de los hogares mexicanos tienen jefatura femenina.
 
Agregó que en el tema de los trasvases (obras hidráulicas que buscan incrementar la disponibilidad de agua en una población desviando la cuenca de un río vecino) también se plantea movilidad de personas y “estos desplazamientos tienen cara de mujer”, pues son ellas las que se han quedado solas en las comunidades indígenas y rurales, y no se prevé de qué manera se realizarán estos desplazamientos.
 
En este punto –resaltó la investigadora–, las autoridades deben considerar que las mujeres actualmente “no son dueñas de la tierra”, lo que se traduce en que tampoco pueden decidir sobre todos los recursos naturales que están dentro de un predio, por lo que en caso de expropiaciones ellas no tendrían herramientas jurídicas para defender sus propiedades.
 
Es prácticamente seguro –dijo– que el uso empresarial permitido en la ley derive en contaminación de los cuerpos de agua, por lo que “las primeras afectadas en su salud serían las mujeres, porque ellas son las primeras en estar en contacto con el líquido”.
 
Rodríguez Herrera indicó que existen muchos otros puntos de preocupación en la ley, por lo que –desde la sociedad civil– “no se va a bajar la guardia”, pues no basta con la suspensión de la discusión de la norma, ya que ésta debe ser desechada y en colaboración con especialistas y organizaciones se debe redactar una nueva iniciativa.
 
Finalmente anunció que este sábado 14 de marzo, con motivo del Día Internacional de Acción Contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida –iniciativa ciudadana convocada por ecologistas a nivel global–, se realizará una manifestación en el Monumento al Ángel de la Independencia, en esta ciudad, para demandar al Poder Legislativo una ley que verdaderamente garantice el derecho al agua a mujeres y hombres.

La REMA deplora el resultado del Gobierno canadiense sobre el caso Blackfire en Chicomuselo, Chiapas

11 de Marzo 2015, Chicomuselo, Chiapas, México

    En una misiva del Jefe Sargento Les Dolhun, responsable de la División K, de la Policía Federal Sur  y del Equipo de la Integridad Financiera, con sede en Calgary, AB. Canadá, fechada el 18 de febrero 2015 (Archivo: 2009-479985) y dirigido a la organización MiningWatch Canadá, el gobierno canadiense responde al caso de la Blackfire Exploration Ltd. y Blackfire Exploration Mexico S. de R.L. de C.V. en torno al soborno y corrupción que ésta empresa minera cometió con el entonces Presidente Municipal del PRD en Chicomuselo Julio César Velázquez Calderón, en el año 2008.

    “Gracias por su referencia. Hemos terminado nuestra investigación sobre este asunto. Nuestra evaluación de la evidencia no nos da los fundamentos para cargos criminales, por lo tanto, vamos a concluir este proceso. Por favor, sea avisado que la Policía Federal de Canadá no hace comentarios sobre las investigaciones concluidas cuando no terminan en cargos criminales”, es la respuesta al caso dando por cerrrado totalmente la investigación de un conflicto que culminó con el asesinato del miembro de la REMA, Mariano Abarca Roblero. Todo ello pese a que desde el 2010 se vió la necesitdad de que la policía canadiense hiciera investigación in situ, lo que nunca se realizó.

    Cinco años después de que las organizaciones canadienses como MiningWatch Canadá, Fronteras Comunes, Steel Workers presentaran con pruebas fehacientes los cheques entregados por esta empresa al entonces Presidente Muncipal, el gobierno canadiense sigue mostrando su parcialidad a favor de las acciones impunes de sus empresas allende sus fronteras y su falta de compromiso por los derechos humanos. Luego del caso de Excellon en Durango y otros más en México, queda demostrado el apoyo del gobierno canadiense a las violaciones a los derechos humanos de sus empresas, convirtiéndose en cómplice de la violencia, la corrupción y el soborno.

    La Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA) y Otros Mundos, A.C. de la REMA en Chiapas, denunciamos la falta de compromiso del gobierno de Canadá en proteger y velar los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales en el marco de las Naciones Unidas. Esta resolución impune deja las vías abiertas para que Blackfire, que todavía cuenta con concesiones vigentes en Chiapas, siga operando de la misma forma en un municipio donde se ha anunciado el día de hoy la nueva instalación del Cuartel Militar de la VII Región Militar del Estado en el Predio Piedra Blanca, con una extensión de 60 hectáreas para albergar un Batallón y una unidad habitacional. Por ello, denunciamos también la militarización de la región plagada de concesiones mineras.

    Los pueblos, organizaciones y movimientos sociales seguiremos luchando por la defensa de la tierra y el territorio. No permitiremos que arriben más empresas mineras canadienses en nuestros territorios.

¡POR UN CHIAPAS LIBRE DE MINERIA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)/CHIAPAS

Chiapas se suma al Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; 13 de marzo 2015

Este sábado 14 de marzo, se celebra en el mundo entero el Día Internacional de Acción por los Ríos y Contra las Represas. Nosotros integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos en Chiapas (MAPDER Chiapas), unimos nuestras voces a las de todos los pueblos en resistencia contra la privatización del agua y la acaparación de nuestras fuentes de vida que son los ríos por parte de las empresas extractivas.

Reafirmamos nuestro rechazo de todos los proyectos de presas hidroeléctricas en nuestro estado que se imponen sin respectar el derecho a la consulta de nuestros pueblos, ponen en riesgo su sobrevivencia y no les beneficien en términos de acceso a una energía a bajo costo:

NO a la actual construcción de la presa “Chicoasén II” en el río Grijalva en el municipio de Chicoasén y al proyecto de presa “La Angostura II” que amenaza este mismo río;
NO a los cinco proyectos de presas planeados sobre el río Usumacinta, que alimenta Tabasco, Chiapas y Guatemala, empezando con la presa “Tenosique” en las aguas de nuestro vecino del norte;
NO a la construcción de la presa “Rompepicos” en el río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez;
NO a la presa “Itzantún” en el río Tacotalpa que pone a los habitantes de Huitiupán en riesgo de desplazamiento forzado;
NO a la construcción de la presa “Chespal” en el río Coatán que afectaría a los municipios de Tapachula y Cacahoatán;
NO a la presa “Cuilco” sobre el río del mismo nombre que también afectaría a comunidades del municipio de Tapachula,
NO a la presa “Chacté” en el río del mismo nombre que amenaza al pueblo tseltal de San Juan Cancuc.

La electricidad producida a partir de represas hidroeléctrica no es una energía limpia: destruye los ecosistemas de los ríos, poniendo en riesgo la sobrevivencia alimentaria de los pueblos, y provoca inundaciones, forzándoles a desplazarse. Por ello seguiremos promoviendo la producción de energía limpia y la búsqueda de la autonomía energética, tanto en el campo como en la ciudad, a partir de la construcción de bicimáquinas entre otras innovaciones que permiten construir viviendas sustentables.

Reafirmamos también nuestro rechazo de todos los proyectos mineros en nuestro estado, que cuenta con 99 concesiones mineras vigentes. Las minas usan millones de litros de agua diarios y secan nuestros ríos. Además, usan millones de litros de químicos como el cianuro que contaminan nuestras fuentes de vida. No queremos derrames de aguas tóxicas en Chiapas, como los que ocurrieron en el estado de Sonora en agosto de 2014 y otra vez este mes de marzo.
 
Nos oponemos a la versión actual de la Ley General de Aguas, que facilita explícitamente los trasvases y la construcción de presas hidroeléctricas en el país, autoriza la contaminación de los ríos y atribuye más derechos a las empresas extractivas que a los ciudadanos. Queremos que ese día 14 de marzo el Congreso de la Unión escuche la voz del pueblo mexicano para revisar esta ley junto con organizaciones de la sociedad civil para que beneficie a la población.

¡ RIOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER-CHIAPAS)

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Indígenas de Chiapas, entre los grupos originarios más desplazados de América Latina

Investigadora de la UNAM destaca la importancia de los derechos humanos de grupos vulnerables del continente.

Aristegui Noticias

De México a Brasil el mayor número de individuos forzados a moverse de su territorio pertenece a comunidades originarias, señaló Katherine Isabel Herazo González, profesora de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM.

Esto se puede ver en Chiapas, con el movimiento zapatista; en Nicaragua, con los miskitos; en Colombia, con los nasas y embera katios, o en Perú, con los ashánincas, cada uno asociado a un proceso sociopolítico, refirió la egresada del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), informó la UNAM.

La difícil situación se extiende a países de la región por los conflictos comunitarios, políticos y económicos. El fenómeno se empieza a presentar como una forma de ganar guerras internas, es decir, el desplazamiento se vuelve una estrategia político-militar.

Indicó que trabajó con población tzotzil y tzeltal y que en el primer grupo su lengua no tiene palabras para designar a los derechos humanos, lo que constituyó el primer dilema epistemológico, porque los conciben como algo lejano y venido de Occidente.

“Desde su cosmovisión los derechos humanos no sólo son construidos por la normatividad o la regularización humana, sino que existen otros de índole consuetudinaria, basados en usos, costumbres y maneras de entender la realidad”, detalló.

Primer lugar

Esa noción se afianza en su afinidad política, como en el grupo de la sociedad civil Las Abejas, que defiende su tierra, autonomía y territorio, pero pacíficamente. Al desplazarse los elementos éticos y religiosos juegan un papel fundamental.

La investigadora fue primer lugar en el V Concurso de Tesis sobre América Latina y el Caribe 2013 —convocado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)—, en la categoría Doctorado.

En su trabajo para obtener el grado, Los que huyeron (jataveletik). Representaciones sociales y derechos humanos de los indígenas desplazados, la universitaria argumenta que estos movimientos cambian a medida que las fuerzas sociales y los poderes hegemónicos y contrahegemónicos entran en tensión.

Herazo González rescata la historia y las voces de quienes se vieron obliga a abandonar su sitio y establece que los derechos humanos son un pilar por el cual luchar.

“Si alguien se desplaza no sólo pierde su tierra, sino también su trama social e historia, lo que provoca una desestructuración de identidades. Además, para los indígenas la relación con su territorio es sagrada”, externó la académica en un comunicado de la máxima casa de estudios.

La egresada del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras indicó que también hay otras poblaciones desplazadas no indígenas, aunque la investigación se enfocó a ese núcleo por ser, históricamente, el más vulnerable.

“A nivel micro mi idea fue resaltar cómo se experimentan las garantías individuales en estas comunidades, qué tan vulnerables son y estudiar sus representaciones sociales en el rubro. Eso demostró por qué persiste el debate sobre su violación y vulneración”.

REMA: Los pueblos en resistencia siguen impulsando territorios libres de minería

LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA SIGUEN IMPULSANDO TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

 Miércoles 11 de marzo de 2015

 REMA SE SUMA A LAS FELICITACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS CABILDOS DE XOCHITEPEC Y MIACATLÁN EN EL ESTADO DE MORELOS

Las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a los Presidentes Municipales de Xochitepec y de Miacatlán, en el estado de Morelos, los señores Rodolfo Tapia López y Sergio Arias Carreño respectivamente, así como a todas y todos los integrante de sus cabildos, quienes en pleno uso de sus atribuciones y en sesión ordinaria de cabildo han declarado “El Territorio Libre de Minería a Tajo Abierto por Metales”, ante la eventual amenaza que la empresa minera Álamos Gold Inc., destruya la salud, el ambiente y el patrimonio histórico de Xochicalco, ya que las más de 15 mil hectáreas que ocupa la concesión de dicha empresa, contempla la destrucción total del cerro “El Jumil” del municipio de Temixco, además de extenderse hacia la zona arqueológica de Xochicalco y ronda los territorios entre Temixco, Miacatlán y Xochitepec.

Sin duda alguna se han interpuesto por sobre la prevalecencia de una política economicista y depredadora, para salvaguardar los intereses más elementales de la vida comunitaria de los pueblos a los que actualmente representan como gobierno. Nos congratulamos al saber que también se han comprometido a “No Autorizar el Cambio de Uso de Suelo o a Retirarlo en su Caso” y con ello hacer más complicado el ingreso a nuestro país de estas empresas tóxicas y depredadoras que acaban con el medio ambiente y la salud de la población que vive inmersa en un proyecto como la que habita en los alrededores.

Su pronunciamiento y claridad con la que han actuado sobre el destino que apuestan para los pueblos de su región, son fundamentales para continuar demostrando que los pueblos organizados con sus autoridades locales, son capaces de frenar a las empresas más poderosas del mundo, de tal manera que esta importante decisión que han tomado, alienta a todas las luchas y resistencias que hay tanto en el país como en el continente. Nos congratula también que lo hacen de forma pacífica, conforme a derecho y asumiendo su rol principal de dar bienestar permanente a ésta y las generaciones subsecuentes.

 En REMA estamos totalmente conscientes de que la resistencia no puede ser un compromiso individual sino colectivo, y por ello también celebramos que el Cabildo de Xochitepec “exhorte” para que se posicionen al respecto, a los cabildos de Miacatlán -quienes de manera elocuente se han sumado a ese llamado-, así como de Cuernavaca y Temixco, este último, sin duda alguna quien más sufrirá de los terribles impactos que deja.

En ese mismo sentido, El ayuntamiento de Xochitepec también hace un llamado al Congreso de Morelos para que se pronuncie “LEGISLANDO CONTRA ESTE TIPO DE MINERÍA EN TODO EL TERRITORIO MORELENSE”, lo cual si se logra sería un hecho inédito en este país.

Reconocemos aun más su acto y toma de acuerdos, porque lo hacen en contracorriente a las recientes reformas estructurales, como la energética y de hidrocarburos y la actualmente en receso ley de aguas, entre otras, que han sido elaboradas para facilitar aun más el ingreso de empresas extractivas, quienes pretenden todos nuestros bienes naturales a cambio de un falso discurso de desarrollo y progreso, el cual ya ha fracasado según el último balance realizado en el TLCAN, en el cual se muestra un incremento significativo de las asimetrías entre Estados Unidos, Canadá y México.

Consideramos que el posicionamiento de Xochitepec y Miacatlán, debe ser escuchado y tomado en cuenta por más gobiernos municipales, porque su actuar es clave en el contexto del otorgamiento de permisos para que no entren las empresas extractivas. La actuación de ambos cabildos no sólo representa la voz del ayuntamiento, sino de la sociedad civil morelense ya que se suma a la resistencia y defensa que realiza “El Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto”. Sólo el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil puede ser fructífero y llevar a acciones favorables para la población, sobre todo si aspiramos a que la democracia no sea una acción de votos y matemáticas mayoritarias, sino sea un proceso permanente y libre de discusión armónica, que nos permita disponer de información relevante, transparente y con valor de uso para con ello dirimir sobre nuestra propia acción para modificar nuestra realidad, si es que ello fuera necesario.

Desde REMA festejamos que los pueblos de Xochitepec y Miacatlán se unan a la cada vez más larga lista de territorios mexicanos organizados contra el avance y el saqueo perpetrados por las empresas extractivas en el país, tal como también ha sucedido con la comunidad de Zacualpan (municipio de Comala, Colima), oficialmente reconocido “TERRITORIO LIBRE DE MIERÍA” por un Tribunal Unitario Agrario en mayo de 2014. También a los 95 ejidos, comunidades, bienes comunales y organizaciones reunidos en el movimiento “La Voz del Pueblo” que firmaron la Segunda Declaración de Tapachula, Chiapas, por Territorios Libres de Represas y Minería en la Región Sierra Madre y Llanura Costera el pasado 8 diciembre. Pero del mismo modo los territorios liberados en Guerrero, Oaxaca, entre otros rincones del país.

Apoyamos los esfuerzos de los cabildos de Xochitepec y Miacatlán para con su lucha contra Álamos Gold Inc. y nos sumamos a los exhortos de exigencia para que los cabildos subsecuentes mantengan la elocuencia y respeto para apoyar y sostener la voz del pueblo, y refrendar que la vida comunitaria, el ambiente sano y la salud de la población, porque ello está muy por encima de esta política entreguista y depredadora.

 FRATERNALMENTE,

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Convocatoria para puesto de Recaudación de Fondos en Tlachinollan

Convocatoria para puestO de Recaudación de Fondos en Tlachinollan

– Marzo 2015 –

 

 

Sobre Tlachinollan

 

 El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, es una organización de la sociedad civil dedicada desde hace 20 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de la población indígena Me’phaa, Naua, Nnancué Ñomnda y Na Savi. Su centro de acción se ubica en la Montaña de Guerrero, región conformada por 19 municipios y más de 600 pequeñas comunidades, donde se ubican algunos de los municipios más empobrecidos de México. Por su labor, Tlachinollan ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el Premio MacArthur para las Instituciones Creativas y Efectivas, la reciente concesión del Premio Robert. F. Kennedy y el premio otorgado a su fundador, Abel Barrera, por la sección Alemana de Amnistía Internacional.

 

 

Descripción del puesto:

 

 

La persona responsable de procuración de fondos es quien se encargará de  diseñar e implementar estrategias para consolidar la sustentabilidad financiera de Tlachinollan, principalmente mediante la planeación, elaboración, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos. Las tareas se desempeñan desde la oficina principal de Tlachinollan en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

 

Funciones:

 

  • Diseñar estrategias de procuración de fondos a mediano y largo plazo.
  • Elaborar y presentar proyectos a agencias de cooperación, en coordinación con las áreas operativas de la organización.
  • Elaborar informes narrativos para agencias cooperantes y otros actores.
  • Monitorear, dar seguimiento y evaluar los proyectos presentados a las agencias cooperantes, en coordinación con las áreas operativas de la organización.
  • Fortalecer la sostenibilidad  y sustentabilidad financiera de la organización.
  • Establecer, fortalecer y preservar los vínculos con las agencias cooperantes y otros donantes.
  • Dar seguimiento a los requerimientos de las agencias de cooperación y crear alianzas estratégicas con nuevas agencias.
  • Colaborar en la coordinación de los procesos administrativos guiados a procurar fondos, para dar cumplimiento a los objetivos de la organización.
  • Revisar continuamente el estado financiero y el presupuesto institucional, en coordinación con la Dirección y el área de Administración.
  • Contribuir en la planeación estratégica de la organización.

 

Perfil

 

 

*  Licenciatura en ciencias sociales, relaciones internacionales, relaciones públicas, administración o carreras afines, con formación en derechos humanos o cooperación internacional.

 

*  Experiencia en el trabajo con organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

 

*  Conocimiento de herramientas de planeación, elaboración, monitoreo y evaluación de proyectos sociales, así como experiencia en elaboración de informes narrativos.

*  Habilidad para el manejo de presupuestos.

 

*  Sensibilidad cultural, de género y edad.

 

*  Habilidad para trabajar en equipo y trabajar bajo presión.

 

 

Requisitos:

 

  • Manejo de paquetería básica (Word, Excel, Power Point e internet)
  • Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
  • Excelente ortografía y redacción en ambos idiomas.
  • Disposición de vivir en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

 

 

Procedimiento para la selección:

 

 

La persona interesada deberá enviar al correo electrónico: internacional@tlachinollan.org  antes del lunes 23 de marzo lo siguiente:

 

a)             Currículum vitae.

 

b)            Carta de exposición de motivos.

 

c)             Dos cartas de recomendación (una de ellas, de preferencia, deberá ser de su último lugar de trabajo).

 

Inicio estimado de actividades: 1º abril 2015

Los acuerdos de San Andrés: 19 años

Magdalena Gómez. La Jornada

El pasado 16 de febrero se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996, en el marco del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, suspendido por los zapatistas siete meses después sin que el gobierno de Ernesto Zedillo hiciera nada por rencauzarlo. Más bien provocó la crisis con el incumplimiento a los acuerdos y el virtual sabotaje a la mesa sobre democracia y justicia. El espejismo del gobierno foxista pronto condujo a la imposibilidad de reanudar el diálogo ante la contrarreforma indígena de 2001, que se distanció de los históricos acuerdos en aspectos fundamentales.

Han transcurrido 14 años y tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto definieron la línea de aplicar el carácter de «cosa juzgada» sin abrir la posibilidad de otra reforma constitucional que enderece los entuertos. En cambio, las múltiples concesiones mineras y megaproyectos del anterior gobierno, y sobre todo el actual, que avanzó con reformas como la energética, plantean un desafío a la subsistencia misma de los pueblos indígenas. Ante ello los movimientos indígenas se rearticularon regionalmente con otros nuevos a fin de enfrentar la dinámica de conflictos desatados por la agresión a sus territorios. Por cierto, hay que destacar que el Estado no ha logrado cooptar al movimiento político indígena organizado. La decisión que anunció el EZLN tras la marcha del silencio, en diciembre de 2012, de reactivar vínculos con el Congreso Nacional Indígena (CNI) forma parte también de otra etapa del mismo movimiento, aún armado, en la cual se retoma la centralidad de la causa indígena, si bien no exclusiva en la agenda zapatista.

No se debe olvidar que durante casi 20 años el EZLN ha enfrentado la continuidad de la contrainsurgencia por diversas vías, pese a que está vigente la Ley para el Diálogo y éste se suspendió, pero formalmente no está roto. Dos décadas que encierran agravios ominosos, como el intento de desmantelar los municipios autónomos, la creación de grupos paramilitares, la impune masacre de Acteal, el divisionismo propiciado activamente mediante la zanahoria de los programas gubernamentales. Este factor debe tenerse presente cuando valoremos el proyecto autonómico de las juntas de buen gobierno en Chiapas, construido por el zapatismo a contrapelo del Estado.

El balance que ofreció la primera compartición EZLN-CNI en agosto de 2014 es muy significativo, pues los 29 espejos de despojo y movimientos de resistencia en curso fueron acompañados por un informe sobre criminalización que dio cuenta detallada de los asesinados, los desaparecidos, los presos, los perseguidos con orden de aprehensión y los casos de hostigamiento.

Tras una densa reconstrucción histórica señalaron: «En la actualidad los capitalistas neoliberales, con el apoyo de todos los partidos políticos y los malos gobiernos encabezados por el criminal y jefe paramilitar Enrique Peña Nieto, están aplicando las mismas políticas de despojo a gran escala que aplicaron los liberales del siglo diecinueve, los carranzas o los obregones, apuntalándose en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadunidense, en aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo».

Y concluyeron que se reafirma el rompimiento del EZLN y el CNI con toda la institucionalidad: «Nadie va venir a salvarnos, nadie absolutamente nadie va a luchar por nosotros. Ni partidos políticos, ni políticos, ni leyes, ni nada hay para nosotros». En síntesis, ofrecieron un fiel retrato de la política de Estado de reprimir antes que resolver y dar cauce a los conflictos. Este panorama nos muestra que la mira de la lucha de estos pueblos está en la defensa de sus derechos autonómicos y territoriales y al acercar la lupa a cada uno se puede observar que su resistencia se apoya en diversas estrategias. Algunos mantienen en jaque al Poder Judicial, a tribunales agrarios, y lamentablemente su experiencia demuestra que no se logran concretar los triunfos jurídicos, por lo que las vías de hecho se imponen.

Los acuerdos de San Andrés se convirtieron en el programa de los pueblos, que se expresa en la resistencia y estrategias de defensa y ni hablar de la razón de Estado que definió el suyo desde 2001 para ofrecer a los pueblos políticas asistencialistas, culturalistas que nada tienen que ver con la autonomía y la libre determinación. Por ello no respetan sentencias de la Corte a favor de la tribu yaqui ante la violación a su derecho territorial al agua sin pasar siquiera por el derecho a la consulta; por ello están presos Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria en Guerrero; Marco Antonio Suástegui, del consejo opositor a la construcción de la presa La Parota, y Mario Luna y Fernando Jiménez, de la tribu yaqui. Por ello los pueblos no esperan que se cumplan los acuerdos de San Andrés.

Asociación Transpacífica: garantizar ganancias e impunidad

El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, impulsado formalmente por el gobierno de Estados Unidos parece ser un cheque en blanco para el gran capital. En secreto, los gobiernos firman impunidad para las grandes empresas y los bancos de Wall Street. El objetivo del documento: eliminar cualquier ley o regulación que se interponga en el camino de las ganancias de las trasnacionales.

Vía Revista Contralínea

Martha Andrés Román/Prensa Latina

La Cuba. El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), en cuyas negociaciones participan hasta el momento 12 países, continúa generando una creciente polémica, motivada por las dimensiones del pacto y el secretismo con el cual se ha abordado.

El mecanismo, encabezado por Estados Unidos, incluye además a la tercera economía del orbe, Japón, y a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Todos ellos tienen una población conjunta de 792 millones de personas y representan alrededor del 40 por ciento del producto interno bruto mundial, lo que podría convertir al TPP en el principal pacto de libre comercio de la historia.

El gobierno estadunidense espera que el instrumento, aún en proceso de negociación después de varios años, pueda complementarse con otro proyecto tremendamente ambicioso e igual de controvertido: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con la Unión Europea.

Las rondas de conversaciones sobre el TPP comenzaron en 2010, y aunque el objetivo era sellar el acuerdo en 2013, ese plazo no fue suficiente, debido, en gran medida, a la fuerte oposición generada en diferentes sectores de los territorios involucrados.

El pasado año la Casa Blanca señaló la meta de concretar el convenio durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrado en China en noviembre último, pero nuevamente ese intento resultó fallido y varios analistas se atreven a señalar, incluso, que hasta 2017 es improbable su aprobación.

Puntos polémicos y secretismo

Aunque Estados Unidos ya tiene acuerdos comerciales con seis de los países comprendidos en la propuesta del TPP, uno de los mayores premios del instrumento es la posibilidad de una apertura con Japón, según consideran varios analistas.

Sin embargo, el convenio no está destinado sólo a desmantelar barreras comerciales, sino que abarca gran gama de asuntos, lo cual constituye una de las principales causas de la avalancha de críticas que ha recibido.

Impacto ambiental, salvaguardas laborales, fijación de precios de medicinas, normas relativas a patentes y la capacidad de los inversores de eludir las leyes nacionales son algunos de los temas incluidos en los textos preliminares del instrumento.

Para Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Campaña Ciudadana para el Comercio Justo, el presidente estadunidense, Barack Obama, sigue incumpliendo los plazos del TPP porque está impulsando una agenda extremadamente impopular, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones.

Según el líder de la organización contraria al pacto, tanto la sociedad civil como los parlamentarios de naciones con costas en el Pacífico están empezando a darse cuenta de que el mecanismo será una mala noticia para sus Estados, con repercusiones en áreas como la economía, el medio ambiente y la salud pública.

Uno de los puntos que ha generado mayor polémica y está considerado entre los más sensibles del TPP es el relacionado con la propiedad intelectual, un capítulo que abarca desde los precios de los medicamentos hasta la libertad con la cual las personas navegan por internet.

En ese apartado se propone cambiar el plazo de protección de los derechos de autor: si actualmente una obra permanece amparada durante 70 años y luego pasa a ser patrimonio público, la petición estadunidense es aumentar el plazo a 95 años, lo que no es respaldado por varios territorios.

A finales de 2013, el portal digital Wikileaks denunció que, en el más alto secretismo, Estados Unidos gestionaba con los otros países implicados en el TPP la aplicación de sanciones contra aquellos proveedores de servicios de internet que no realicen tareas de fiscalización.

Según el borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, el mecanismo establece la creación de tribunales supranacionales para regular la aplicación de nuevas normas en materia de derechos de autor, lo que, a decir de Wikileaks, dañaría significativamente el acceso libre a la cultura y a la educación en la red.

Pero las regulaciones recogidas en el tratado no afectarían sólo a internet, pues también regularían el comercio de fármacos, el copyright, la legislación sobre patentes y la industria sanitaria, indicó la página digital.
Los intereses detrás del TPP

De acuerdo con el senador estadunidense Bernie Sanders, el TPP es un convenio comercial desastroso diseñado para proteger los intereses de las multinacionales a expensas de los trabajadores, los consumidores, el medio ambiente y algunas de las personas más pobres del planeta.

Este mecanismo fue escrito a puerta cerrada por el mundo corporativo e, increíblemente, mientras las compañías, los bancos, la industria farmacéutica y los grandes medios tienen amplios conocimientos sobre su contenido, el pueblo y los miembros del Congreso han quedado fuera del proceso, apuntó.

A decir del político estadunidense, el TPP es mucho más que un acuerdo de libre comercio, pues forma parte de una carrera global para aumentar los beneficios de las corporaciones y socavar los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el profesor Robert Reich, de la Universidad de California en Berkeley, señaló recientemente en un artículo publicado por el periódico The Huffington Post que el TTP podría ser un desastre.

Si tras la Segunda Guerra Mundial el debate giraba en torno a la oposición entre libre comercio y proteccionismo, ahora las grandes empresas y centros financieros quieren un poco de ambas fórmulas, reflexionó.

Ellos desean más protección internacional cuando se trata de su propiedad intelectual y otros bienes, por lo cual han estado buscando normas comerciales que aseguren y extiendan sus patentes, mercados, marcas y derechos de autor en el exterior.

Pero, al mismo tiempo, explicó, esas entidades desean menos amparo a los consumidores, trabajadores, pequeños inversionistas y medio ambiente, porque todos ellos interfieren en sus dividendos y, por consiguiente, buscan reglas que les permitan anular esas protecciones.

Al mismo tiempo, advirtió Reich, la administración de Obama ha expresado que el acuerdo impulsará las exportaciones estadunidenses en la cuenca del Pacífico, donde Estados Unidos enfrenta la creciente competencia de China, por lo que el pacto también pretende contener la destreza estratégica y económica de la nación asiática.

En otras palabras, concluyó, el TPP brinda a las grandes empresas y los bancos de Wall Street la forma de eliminar cualquier ley o regulación que se interponga en el camino de sus ganancias.

Carta de Científicos: Ley de Agua pone en riesgo a la sociedad y a la naturaleza

Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)

A las Cámaras del Congreso de la Unión
A la Comunidad académica y a la sociedad en general

Los abajo firmantes alertamos a la comunidad académica y a la sociedad sobre la posible aprobación “fast-track” de la iniciativa de la Ley General de Aguas formulada por la CONAGUA y presentada por los legisladores Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Preocupados no sólo por el proceso de discusión y aprobación de la iniciativa que ha sido opaco, con acuerdos escasamente democráticos, de espalda a la sociedad, sino también por los contenidos de la misma que son contrarios al artículo 4° constitucional y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y que ponen en riesgo a la sociedad y a la naturaleza es que señalamos algunos de los graves problemas que tiene la iniciativa y que son todos violatorios de la Constitución y el derecho internacional.

1. Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social como establecen el párrafo 12 de la Observación General No. 15 del Comité DESC.

La concepción del agua en la iniciativa como un bien económico se sobrepone al concepto del agua como parte de la naturaleza en el ciclo hidrológico o como un bien cultural y social (ver Art. 82, Fracc. I). Lo anterior, habrá de potenciar la desigualdad social en el acceso al agua por el aumento de tarifas y compromete la disponibilidad de ésta para el funcionamiento e integridad de los ecosistemas, así como para uso humano en esta y las generaciones futuras.

2. Promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos

La práctica de trasvasar el agua moviendo grandes volúmenes de una cuenca hacia otra, no sólo es insustentable y afecta en el mediano y largo plazo al medio ambiente sino que provoca desplazamientos forzosos que destruyen pueblos y comunidades y marginalizan a las personas quienes quedan obligadas a trasladarse a los cinturones de miseria de las grandes ciudades. No se promueve en ningún apartado el tratamiento y reúso del agua, alternativa lógica a los problemas de escasez y disponibilidad de agua.

3. Amplia los márgenes para poder contaminar el agua

En el apartado de definiciones de la iniciativa de ley, en lugar de señalar que la contaminación supone agregar cualquier substancia física, química, biológica u otra que genere un efecto negativo en el ser humano o la naturaleza, la iniciativa remite a un listado limitado de contaminantes que constantemente estará desactualizado y no se permite el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos.

4. Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo

La iniciativa restringe de forma preocupante la posibilidad de que los académicos y la sociedad civil puedan emprender estudios sobre el agua en general. Ello atenta contra la libertad de investigación, la producción de conocimiento así como el derecho a la información. Para reforzar lo anterior la ley considera como falta grave el emprender estudios sin el permiso de la CONAGUA y establece sanciones desproporcionadas. El Artículo 267 (Fracción XXVI) faculta a la CONAGUA a sancionar hasta con 50 000 días de salario mínimo a todo aquel que realice estudios, monitoreo y remediación de las aguas como bienes nacionales sin contar con un permiso expedido por ellos. Esto implica que ningún universitario o persona podrá generar conocimiento alternativo al oficial sin su consentimiento.

Tomando en cuenta todo lo anterior y destacando que de forma paralela a esta iniciativa ha sido presentada ante las Cámaras una iniciativa ciudadana que propone alternativas viables frente a todos estos aspectos, exigimos se abra un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras para asegurar que la Ley que habrá de regir la gestión del agua en el país beneficie a la sociedad con una visión de uso y manejo del agua para el futuro inmediato y de largo plazo.

Ver Carta y Firmantes

Reunión del Tumin San Cristóbal: Sábado 14 marzo

A los miembros del Tumin, la moneda comunitaria, y para los que quieran información o quieran formar parte, les invitamos a una reunión:

EL SABADO 14 DE MARZO 2015
En la Cafetería Relax (Diego de Mazariegos 19), Centro Histórico, en San Cristóbal de Las Casas.

¿Sabías que la cafetería Relax acepta hasta el 100% de tumin en el consumo? Sabias que en El Espinal, Veracruz, las autoridades aceptan Túmin para el pago del agua al municipio? Sabías que cada vez más comunidades, regiones y estados van sumándose al Túmin?

Toda persona que tenga algo que ofrecer está invitado a formar parte. Cualquier productor o prestador de servicios. Por ejemplo, quien vende pan, tortillas, comida, artesanías, café, miel, huevo, frutas, plantas, ropa, muebles, paletas, pasteles, libros, pinturas, esculturas, pósters, publicaciones (revistas, periódicos, etc.), impresiones, camisetas, serigrafía, carne, quesos, tamales, comida, medicina tradicional, plantas, pollos, gallinas, conejos, abonos, los frutos de tu patio, etc., etc.. O quien presta servicios; lavandería, carpintería, taxista, doctor, enfermería, inyecciones, sastrería, traducciones, veterinaria, mecánico, limpieza, chofer, soldadura, pintura, guía de turistas, asesoría, papelería, consultoría, diseños, reparaciones, albañilería, talleres, jardinería, relojería, cuida perros, cursos de lo que sea, ediciones, fotografía, arreglo de compus, diseño de webs y blosgs, diseño gráfico, clases de idiomas o de cualquier cosa, peluquería, tatuajes, cuida niñas-niños, chofer, plomería, electricista, hospedaje, fletes, servicios religiosos, consultas (médicas, psicológicas, masajes, acupuntura, legales, etc.), renta de sillas, espacios para eventos, o cualquier cosa; etc. etc.

Es para todos y todas que deseen sumarse a la Economía Solidaria frente a la crisis actual que vivimos.

Puedes venir a preguntar e informarte sin compromiso. También pueden traer lo que desean vender en Tumin.
Pasa la voz y avísale a tus amigos, amigas, parientes…

http://www.tumin.org.mx/

TE ESPERAMOS!

TUMIN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS